Editorial:
LA CARRERA ELECTORAL EN BOLIVIA
La Nación de Argentina (www.lanacion.com.ar)
Después de vivir los momentos de tensión que precedieron a la caída del ex presidente Carlos Mesa, Bolivia tiene ahora un mínimo de paz social y un calendario electoral concreto en que todos parecen encolumnarse serenamente. Con la excepción de los santacruceños, que, una vez más, han mantenido sus reclamos en dirección a la autonomía.
El presidente interino, Eduardo Rodríguez Veltzé, está conduciendo el proceso desde la cultura del diálogo, con una cuota razonable de éxito. Por esto, mientras el 29 por ciento de los bolivianos califica a su Congreso de pésimo, ese mismo porcentual aplaude abiertamente la gestión del jurista que, desde la Corte Suprema, debió pasar precipitadamente a empuñar el timón del Poder Ejecutivo.
Bolivia tendrá, de acuerdo con lo previsto, elecciones nacionales el próximo 4 de diciembre, en las que se habrán de elegir también las autoridades departamentales, mientras que las de constituyentes se celebrarán el primer domingo de julio de 2006.
Tres candidatos a la presidencia están liderando las preferencias de los bolivianos según las encuestas publicadas por la prensa local. El empresario cementero Samuel Doria Medina, del Partido Unidad Nacional; el ex presidente Jorge Quiroga (Agrupación Ciudadana Siglo XXI), y el líder indígena del Movimiento al Socialismo, Evo Morales. Los tres están muy cerca unos de otros, con porcentajes de intención de voto cercanos al 15 por ciento cada uno. Carlos Mesa, que está legalmente impedido de competir, obtiene en las mediciones un 14 por ciento de preferencias.
Sin pausa, pero sin precipitación, la situación parece estar encarrilándose. Hasta las complejas demandas de autonomía de las fuerzas vivas de los departamentos de Tarija, Pando, Beni y Santa Cruz han aceptado entrar en un razonable compás de espera. Entre ellas, se destaca el poderoso Comité Pro-Santa Cruz, liderado por Germán Antelo, en el que participan las principales cámaras empresarias del departamento que desde el 28 de enero último demanda un importante grado de autonomía.
Por esta razón, y a pesar de la decisión presidencial de designar ocho prefectos que en su nombre garantizarán en sus respectivos departamentos la imparcialidad en las elecciones, preservarán la seguridad ciudadana y asegurarán el imperio de la ley, la dirigencia cívico-empresarial de Santa Cruz asumió el control de la Prefectura de su departamento. Lo destacable de esta situación es que quien fue designado para esa función es el propio secretario técnico del Consejo Preautonómico y asesor de la presidencia del Comité Pro-Santa Cruz, Rubén Darío Cuellar.
La economía de Santa Cruz representa el 30 por ciento del PBI boliviano y sus habitantes tienen un ingreso per cápita del orden de los 1072 dólares, que es más que el doble del ingreso más bajo (el de Potosí), de tan sólo unos 466 dólares anuales. Santa Cruz, Pando, Tarija y Cochabamba son, por otra parte, los centros de atracción de migración poblacional interna, transmitiendo el sueño de un futuro mejor. Pero lo cierto es que más de dos tercios del total de los municipios bolivianos (el 69% de ellos) pierden constantemente población. Por esto, Bolivia necesita urgentemente crear empleo y tiene la posibilidad de hacerlo a través de sus recursos naturales. Para ello debe actuar serenamente, lo que supone poder apagar el peligroso fuego de la xenofobia que creció frente a los inversores.
Hoy se reunirán cancilleres en Perú
CHILE TRATARÁ SALIDA AL MAR CON BOLIVIA
EL Diario de Chil (www.eldiario.cl)
Chile y Bolivia abordarán el tema marítimo en la reunión que sostendrán hoy los cancilleres Armando Loaiza e Ignacio Walker, en Lima, en el marco de la Cumbre Andina. El ministro de Relaciones Exteriores de la nación altiplánica, Armando Loaiza, aseguró el viernes que “se han confirmado temas en una agenda de nueve puntos. Naturalmente Chile aceptó tocar el tema sobre el mar, aunque tiene sus reservas en el fondo”. Ello, en alusión a la constante negativa de Chile de acoger la demanda marítima boliviana, que aspira a lograr una salida al mar.
“La reintegración marítima siempre está en el lugar central y prioritario de nuestra agenda diplomática”, advirtió Loaiza. Este lunes ambos cancilleres dialogarán por primer vez, tras la caída del ex presidente Carlos Mesa, sobre el problema de aguas de Bolivia, que condiciona desde 1879 las relaciones entre los dos países.
SilalaEn el encuentro entre Loaiza y Walker, los ministros también abordarán temas referidos a las aguas del río Silala, el libre acceso de la carga boliviana al puerto de Iquique, y la concreción del proyecto relacionado a la eliminación de pasaportes para ingresar hacia uno y otro país.
Antepone interés en trato energético con Brasil y Argentina
BOLIVIA QUIERE MUDARSE CON SU GAS A OTRA PARTE
La creación de un anillo energético con la participación de Bolivia parece estar lejana. Esta nación ha manifestado su completa disposición de darle prioridad a los acuerdos energéticos que tiene con sus
vecinos Argentina y Brasil.
El Expreso de Perú (www.expreso.com.pe)
El país altiplánico parece que ha tomado la decisión de darse su tiempo para analizar con calma la decisión de unirse al proyecto de integración energética que impulsan Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. Al menos eso fue lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Armando Loaiza Mariaca, al declarar ante la prensa nacional e internacional que su país priorizará los acuerdos que tiene con Brasil y Bolivia para proveerlos de energía. “Mi país ya ha suscrito hace más de 30 años un acuerdo de cooperación energética con Argentina y Brasil. Bolivia va a continuar priorizando estos acuerdos, pero no dejaremos de estudiar la posibilidad de integrarnos en las modalidades que nos convengan en un sistema de integración energética internacional”.
En tanto, el canciller peruano Manuel Rodríguez Cuadros señaló durante la inauguración de la 15 Reunión Ordinaria del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores –en la que también participó la Comisaria de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea, Benita Ferrero-Waldner– que nuestro país tiene con Bolivia un acuerdo para sacar el gas de Tarija por un puerto peruano y “siendo Bolivia un país exportador de gas consideramos que es indispensable su participación”.
CompetenciaSin embargo se debe tener en consideración que según ha referido el experto boliviano en temas energéticos, Carlos Alberto López, el Perú sigue siendo un gran competidor de su país en la venta del gas hacia el mercado estadounidense y el chileno, porque tiene mejores condiciones para atraer inversión.
En medio de esta situación, el ministro boliviano aseguró que el gobierno de transición al cual pertenece, ha iniciado una serie de estudios orientados a elaborar el reglamento de la Ley de Hidrocarburos, la misma que contempla la imposición de entre 18% y 50% de regalías a la explotación de hidrocarburos, hecho que lo vuelve menos competitivo.
Esta nueva ley originó los anuncios de congelamiento de operaciones por parte de las empresas, todas europeas, Repsol-YPF, la británica British Gas y la francesa Total. Según el canciller boliviano se han iniciado una serie de conversaciones orientadas a resolver este impasse de manera amistosa. En tanto, la funcionaria de la Unión Europea ha manifestado su deseo de que luego de las elecciones en ese país se encuentren soluciones viables para todo el mundo.
El dato
Las exportaciones intracomunitarias, es decir, entre los países miembros de la Comunidad Andina, lograron una cifra récord al llegar a los US$ 7,766 millones. esto significa que en el 2004 el comercio exterior entre los países miembros se incrementó en 59% comparado con el 2003.
LAS DOS PROPUESTAS PARA EL ANILLO ENERGÉTICO SUDAMERICANO
El anillo energético para Bolivia y otros pueblos resulta una integración incompleta, fraccionadora y propiciada por las empresas multinacionales. Pero hay otra integración energética: la de los pueblos, que realmente integra, no discrimina ni fracciona. El presente artículo va dirigido a razonar sobre las dos integraciones.
Argen Press de España (www.argenpress.info)
La farsa del anillo gasífero que promueven las transnacionales
En la primera quincena de junio se publicaron diversas notas en los medios de prensa gráfica en base a declaraciones de los presidentes Néstor Kirchner y Ricardo Lagos sobre la posibilidad de construir un 'anillo energético' que asegure el abastecimiento gasífero de Argentina, Chile, Brasil, Perú y Uruguay, sumándose más adelante Bolivia y Paraguay.
En principio se estudia la posibilidad de invertir alrededor de 2.500 millones de dólares en la construcción de 1.200 kilómetros de gasoductos para satisfacer con gas natural peruano las necesidades energéticas de Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. El gas peruano provendría del reservorio Camisea y luego de atravesar 1.200 km de terreno montañoso llegaría al norte de Chile, se conectaría con los gasoductos de exportación 'argentinos' Atacama (propiedad de CMS Energy y de Repsol YPF a través de Astra y Pluspetrol) y Norandino (propiedad de Techint y Tractebel), éste último operado por Trasportadora de Gas del Norte (TGN: propiedad de Soldati, Techint, Total y CMS Energy); por medio del Subsistema Norte de nuestra red troncal se transportaría el fluido a los principales aglomerados urbanos del centro y este del país, y mediante los gasoductos Petrouruguay (propiedad de Soldati) y Uruguayana (propiedad de Soldati, Techint, Total y CMS Energy) a Uruguay y Brasil, respectivamente. También es posible que parte del volumen con destino Brasil sea transportado desde el gasoducto Norandino hasta el gasoducto troncal Norte (o un paralelo al mismo que se construya), operado por TGN, hacia Bolivia, donde a través de la red boliviana se transportaría a Brasil. No obstante, las declaraciones de los flamantes presidentes, sus funcionarios técnicos Julio De Vido (ministro de Planificación Federal, Arg.), Daniel Cámeron (secretario de Energía, Arg.), Jorge Rodríguez Rossi (ministro de Economía y Energía, Chile) y Luis Sánchez Castellón (secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Chile), no advirtieron sobre la factibilidad negativa del 'anillo energético'. Por otra parte, cabe esbozar el siguiente interrogante: ¿tal anuncio es una forma de presionar a Bolivia para asegurar las actuales exportaciones a Brasil y Argentina y para volver a renegociar una posible exportación a Chile? Como fuera mencionado en la nota de Cledis Candelaresi publicada por Página/12 el martes 14 de junio, sobre la base de información del IDICSO-USAL, Perú cuenta con aproximadamente la mitad de las reservas comprobadas de gas natural de Argentina. Más precisamente, en base al 'Informe Anual de Reservas 2003' publicado en 2004 por el Ministerio de Energía y Minas del Perú. A fines de 2003 las reservas comprobadas de gas natural del país andino señalaban 246.358 millones de m3 (incluye el gas de Camisea, reservorio que concentra casi todo el gas peruano), registros similares a los publicados por BP (junio de 2004), Departamento de Energía de EUA (abril de 2005), Oil & Gas Journal (enero de 2005), CEDIGAZ (enero de 2004) y World Oil (diciembre de 2003). A modo comparativo, Argentina contaba para enero de 2005 con 560.178 millones de m3, en base a datos de Secretaría de Energía de la Nación, y Bolivia con 764.836 millones de m3, en base a datos de YPFB. Ambos países concentran actualmente el 0,3% y 0,4% de las reservas gasíferas mundiales, respectivamente.
En relación al reservorio Camisea, 'Proyecto Camisea' reporta reservas comprobadas por 246.358 millones de m3; y reservas probables por 192.556 millones de m3, con factor de recuperación del 78%. Dichas reservas probables se comprobarán cuando las perforaciones que se lleven a cabo en los yacimientos San Martín y Cashiriari para certificar la cubicación de los mismos, permita determinar con cierta exactitud la superficie de la extensión de las acumulaciones y sus espesores productivos, con lo cual la información geológica y de ingeniería disponible demuestre si podrán ser extraídas en el futuro de los yacimientos identificados, con el equipo existente y los métodos operativos actuales. En este sentido, Proyecto Camisea estima que el potencial del reservorio sería de 311.487 millones de m3, y señala que el estimado de recuperación final de los volúmenes comprobados más los probables es, por consiguiente, de 233.332 millones de m3.
En este momento la producción gasífera anual de Perú no alcanza los 1.000 millones de m3 (864 millones fueron extraídos en 2004). Para marzo de 2005, el 98% de la producción gasífera se concentró en 3 conglomerados petroleros-financieros extranjeros: 51% Pluspetrol (filial de Repsol YPF), 40% Aguaytia Energy (propiedad de las estadounidenses Duke Energy, El Paso Energy, Illinova Generating, Scudder Latin American Power, Pennsylvania Power & Light Global y The Maple Gas) y 7% de la estatal Petrobras, correspondiendo el porcentaje restante a Tecpetrol (filial del grupo argentino Techint), a la estadounidense Hunt Oil Company of Perú y a la surcoreana SK Corp. La construcción de gasoductos en Perú está a cargo de Techint y la distribución en manos de la belga Tractebel.
La información precedente sugiere que el potencial gasífero peruano es únicamente atractivo para el mercado doméstico de este país andino, el cual necesita urgentemente de este energético para reemplazar al gas licuado de petróleo (GLP) envasado y para participar en la generación de energía eléctrica reemplazando a derivados del petróleo crudo que alimentan a las centrales térmicas, así como también es requerido por el sector industrial, además de la relevancia que cobraría a la hora de reconfigurar la matriz energética del país andino. Cabe destacar que más del 70% del suministro eléctrico es cubierto por centrales hidroeléctricas, lo que pone en riesgo la satisfacción de la estructura económica peruana durante los años hidrológicamente poco favorables. Cabe destacar, por otra parte, que los usuarios residenciales de los dos principales aglomerados urbanos del Proyecto Camisea (Lima y Callao) tendrán provisión de gas natural por redes, al igual que la mayoría de las centrales térmicas. Un porcentaje algo significativo se destinará al mercado automotor (GNV), mientras el grueso de los hogares peruanos continuarán pagando un alto precio por el GLP envasado en garrafas de 10 kg. Por consiguiente, se refleja en forma clara que el 'Negocio Camisea' beneficia solamente a los productores gasíferos mencionados y al conglomerado belga a cargo de la distribución troncal: Tractebel.
Cabe señalar que los intereses particulares de los conglomerados extranjeros a cargo de su extracción (Pluspetrol, Aguaytia Energy, Tecpetrol, Hunt Oil Company of Perú y SK Corp.), trascienden los del pueblo peruano, pues están orientados a transportar este fluido vía gasoductos a Lima y Callao, satisfacer parte de la demanda doméstica de ambos aglomerados urbanos y de otros más pequeños (Ayacucho, Huancavelica e Ica), desarrollar en cierta medida el mercado del gas natural vehicular (GNV) y, por sobre todo, exportar a partir de 2007 o 2008 el mayor volumen posible de gas natural licuado (GNL) a la Costa del Pacífico de México en desmedro del mercado peruano, para que en ese país de América del Norte sea regasificado y se transporte una porción significativa del mismo al Estado de California (EEUU). Tan importante resulta el gas natural de Camisea para estas empresas, que el Proyecto representó en 2003 el 40% de las inversiones extranjeras directas en el Perú (hasta ese año se habían invertido más de 1.200 millones de dólares de los 2.150 millones demandados para su cumplimentación).
Ahora bien, ¿qué significa esto para cualquier país de la región que desee importar gas natural de Perú? Que las reservas gasíferas peruanas son bastante inferiores a las de Argentina, y los principales destinos proyectados para su explotación serán México y EEUU., siendo en menor medida el desarrollo del mercado peruano. Es decir, considerando las líneas precedentes el gas peruano es menos atractivo que el gas argentino, incluso para el mediano plazo. Pero también cabe señalar que la 'posible' importación de gas natural peruano por parte de Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, suponiendo que algún día sea concretada, perjudicaría al pueblo peruano, y esto no debe ser considerado como un dato menor.
El cono energético sudamericano que promueve Chávez
En la XXVIII Cumbre del MERCOSUR realizada el 18 de Junio en Asunción, que reunió a los Jefes de Estado de las naciones miembros y asociados del bloque, orientada a la integración comercial, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, propuso la creación de un cono energético sudamericano (red de gasoductos y electroductos), a fin de cubrir las necesidades de los países de la región. Es en este sentido que cobra relevancia la concreción de PetroSur, propuesta de integración petrolera sudamericana (acuerdos suscriptos con Argentina, Brasil y Uruguay), Gas del Sur, propuesta de integración gasífera sudamericana, y en un sentido más amplio PetroCaribe, propuesta para suministrar derivados del petróleo crudo a precios preferenciales a los países caribeños.
En relación a los anuncios de Kirchner y Lagos sobre la creación de un 'anillo energético' (más bien gasífero), que llevaría gas natural del reservorio peruano de Camisea a Chile, Argentina, Brasil y Uruguay, el Presidente Chávez respaldó la creación de un anillo energético sudamericano desde la siguiente perspectiva:
'La idea es unir el anillo del Cono Sur con la parte norte de Suramérica para dar forma al Cono Sur energético. El anillo energético es algo muy importante porque se trata de ir tomando acciones para cubrir las necesidades energéticas de los países del Cono Sur en el futuro inmediato o mediano plazo' (Boletín electrónico de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, Resumen de Prensa, lunes 20 de junio de 2005).
En efecto, el único anillo gasífero rentable de construir y que pueda satisfacer las necesidades energéticas de las naciones sudamericanas sin perjudicar el abastecimiento de terceros pueblos (por un período superior a los 50 años) es aquel que tenga origen en Venezuela, dado que este país concentra casi el 68% de las reservas gasíferas sudamericanas y el 57% de las ubicadas en América Latina y el Caribe. A modo ilustrativo, veamos a continuación la distribución geográfica de las reservas gasíferas de los países de América Latina y el Caribe al 31 de Diciembre de 2003.
Reflexiones finales
La Unión Sudamericana puede y debe formular e implementar un plan de integración energética de largo plazo que tenga como fin satisfacer los requerimientos de sus estructuras económicas, de modo que los aparatos productivos nacionales de la región tengan acceso a fuentes de energía abundantes y baratas, a los efectos de llevar a cabo un proceso de reindustrialización y avance científico-técnico autónomo en un contexto de integración regional sudamericana (energética-industrial-tecnológica) que eleve las condiciones de vida de nuestros pueblos. Como dice Gustavo Calleja, el sector energético es a la infraestructura material básica, el equivalente de la educación para la configuración cultural esencial.
Ningún país será realmente soberano mientras no tenga asegurado el control y planificación irrestricta de estas áreas, pues la soberanía, en la práctica, se manifiesta en la elevación de las condiciones de vida del pueblo. Para tales efectos, es necesario concretar los proyectos PetroSur y Gas del Sur, construir redes de gasoductos y electroductos, compartir las riquezas gasíferas y petrolíferas de Venezuela y los recursos hídricos que abundan en gran parte de la región, socializar el conocimiento en materia de tecnología nuclear por parte de Argentina y Brasil, garantizar y declarar el acceso a la energía como un derecho humano y fijar los precios de combustibles y tarifas de gas y electricidad de acuerdo a los precios relativos de las economías locales, así como también controlar la diversificación estratégica y castigar las prácticas mafiosas de los agentes económicos privados que operan en los mercados ampliados de la energía, prohibir la exportación de hidrocarburos y derivados en países con escaso desarrollo de sus mercados domésticos, limitar la dependencia económica, tecnológica y cultural de los países centrales, interrumpir los tratados de 'libre comercio' promovidos por EEUU o por cualquier miembro del G-7, hasta tanto sean beneficiosos para las partes involucradas y rechazar los lineamientos propositivos de los organismos internacionales de crédito.
BOLIVIA Y EL RECURSO DEL GAS: OPORTUNIDAD HISTÓRICA Y DESAFÍO PRESENTE
Diario Rebelión (www.rebelion.org)
Introducción
El objeto del presente informe es describir, comprender e interpretar el escenario de crisis político-institucional y económico-social en Bolivia en relación a la intensificación de la puja por la apropiación, manejo, control y acceso a los recursos gasíferos.
En efecto, la llamada cuestión del gas constituye, en la presente coyuntura, no sólo un instrumento de poder en virtud del cual un conjunto de organizaciones políticas y sociales conforman su agenda política, económica y social, sino también, el verdadero eje vertebrador de las disputas socio-políticas que -desde hace por lo menos dos años, después de la caída de Gonzalo Sánchez de Losada- se han intensificado, con el consecuente deterioro de la institucionalidad democrática y la mayor activación y radicalización política de importantes sectores sociales que reclaman participación activa en la definición de intereses que hacen, en sí mismos, al futuro de Bolivia entendida en términos de comunidad incluyente[1].
En tal sentido, a través de una metodología descriptiva-explicativa, intentamos comprender el por qué y el para qué de las acciones y motivaciones de los actores políticos y sociales[2] que, de hecho, son los protagonistas ineludibles del proceso político boliviano, en cuyo centro estratégico está la puja por el gas como recurso natural vital pero, junto a ello, se cruzan una serie de intereses que están vinculados al estado de crisis institucional crónica que el país está sufriendo desde hace décadas, todo lo cual se ha expresado en la emergencia de fuertes fracturas étnico-territoriales que han terminado por exacerbar viejos y no resueltos clivajes en torno a la distribución espacial-territorial del poder, el grado de desarrollo relativo de las distintas regiones geográficas del país, la asignación de recursos financieros y económicos en el marco de una estructura de poder centralista y unitaria y, finalmente, las propias capacidades extractivas y regulativas del Estado como representante, articulador y combinador de las demandas efectivas de las distintas comunidades regionales del país.
Por todo ello, se estima necesario encarar un cuidadoso trabajo de descripción e interpretación que ponga en juego las múltiples dimensiones del problema que es objeto de estudio, lo cual conlleva, en sí mismo, un esfuerzo metodológico y gnoseológico en términos de reconstrucción de sentido[3] del proceso político y social boliviano en torno al acceso, control y explotación del recurso estratégico del gas.
1. Breve resumen descriptivo de la crisis política boliviana
Frente a la creciente complejidad y dinamismo de la situación interna boliviana resulta difícil tener una perspectiva comprensiva del panorama social y político y de la red de intereses, de formas de concepción del poder y de legitimidades cruzadas y superpuestas.
Un breve análisis del cambiante y multifacético momento por el que está transcurriendo Bolivia podría ser enmarcado en el contexto del proceso político que se inició con la renuncia de Gonzalo Sánchez de Losada en octubre de 2003. El ex presidente había resultado victorioso en las elecciones realizadas en junio de 2002, en las cuales se presentó con un partido histórico de Bolivia, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), cuya trayectoria se remonta a la Revolución Boliviana de 1952. Carlos Mesa Gisbert, quien contaba con una larga carrera como periodista, completó la fórmula presidencial en 2002 por fuera del MNR, es decir, sin una estructura partidaria propia.
Antes de las elecciones, Gonzalo Sánchez de Losada se había desempeñado como Ministro de Planeamiento durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, un tradicional líder del MNR, aunque con un perfil diferente al que encarnaría su sucesor. Posteriormente accedió a la presidencia entre 1993 y 1997, período en el que completaría y consolidaría el proceso de profunda liberalización y reestructuración de la economía que tuvo comienzo con el paradigmático Decreto Supremo Nº 21060, emitido por Paz Estenssoro en 1985.
Las políticas que comenzaron a implementarse en 1985 y que terminarían de consolidarse entre 1993 y 1997, entre las cuales se encuentra la privatización de las empresas públicas y la transferencia al sector privado de la gestión de las áreas de servicios públicos, afectarían profundamente los sectores estratégicos de la economía, constituyendo la industria hidrocarburífera uno de los más notables ejemplos. La reestructuración de dicho sector fue articulada a partir de dos importantes leyes: la Ley Nº 1544 de Capitalización, que afectó a las seis principales empresas estatales bolivianas, y la Ley Nº 1689 de Hidrocarburos. La política gasífera desarrollada desde 1997 al 2003, es decir durante el gobierno de Banzer-Quiroga y el segundo mandato de Sánchez de Losada, se caracterizó por una clara orientación exportadora, reflejada en el paradigmático proyecto de posible exportación de gas natural licuado (GNL) a la Costa del Pacífico de México y los Estados Unidos (Estado de California).
La elección política por la cual el desarrollo del sector gasífero se ha orientado al incremento de las exportaciones en el ámbito regional y extra-regional, ha implicado la postergación de una promoción planificada del consumo interno del gas, por una parte, y de un plan de industrialización del recurso en territorio nacional, por la otra. Esta situación se ve claramente reflejada en el sistema de transporte y distribución de gas natural al interior del país, en comparación con los gasoductos de exportación. Como bien señala el Dr. Andrés Soliz Rada, en “El Mapa Vacío”[4], mientras el gasoducto al Brasil tiene una capacidad máxima de 30 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d), la cual se piensa ampliar a más del doble de su capacidad, el que conecta a las ciudades de La Paz y Oruro, puede transportar un máximo de 0.4 MMm3/d.
Esta política extractiva y exportadora -que se manifestó tan claramente con la promoción del proyecto de exportación de GNL mencionado anteriormente durante la presidencia de Sánchez de Losada en la cual se iniciaron negociaciones con los gobiernos de Chile y Perú por la construcción del gasoducto de exportación y la planta de licuefacción- actuó como desencadenante de una cada vez más deteriorada situación social que en las regiones rurales del departamento de Cochabamba alcanzó su punto de mayor tensión con la campaña de erradicación de los cultivos de coca que constituían la fuente de subsistencia de una gran cantidad de familias campesinas y luego la concesión de los servicios de agua y alcantarillado de la ciudad de Cochabamba a la empresa Aguas del Tunari, cuyos manejos provocaron lo que se conoció como la “guerra del agua”.
Las masivas manifestaciones sociales de septiembre y octubre de 2003, que provocaron la renuncia de Sánchez de Losada el 17 de octubre de ese año, constituyeron el contexto del surgimiento de nuevas “prioridades políticas”, que Carlos Mesa debería atender una vez devenido presidente. Esta agenda incluía una serie de cuestiones que aún permanecen irresueltas, algunas por falta de acciones concretas y otras por la ausencia de un consenso respecto a las resoluciones tomadas. Entre las más importantes podemos mencionar la realización de un referendum vinculante sobre la futura política gasífera (recuperación de los recursos hidrocarburíferos, comercialización interna y externa del gas, industrialización del gas natural en territorio boliviano, abrogación del marco jurídico vigente), la convocatoria a una Asamblea Constituyente, la demanda por mayor autonomía departamental y la elección directa de prefectos, que se realizará por primera vez el 4 de diciembre de 2005.
Si bien Carlos Mesa pareció demostrar un compromiso con los ejes políticos que surgieron de la crisis de septiembre-octubre de 2003 -posiblemente por la necesidad de generar un consenso mínimo ante la heterogeneidad de las fuerzas sociales interactuantes- con el tiempo las políticas fueron cada vez menos consecuentes con los propósitos y lineamientos establecidos entonces. En línea con ello, los sectores liderados por Evo Morales, así como otras organizaciones más radicales tales como la COB dirigida por Jaime Solares, la CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia) con Felipe Quispe y la FEJUVE (Federación de Juntas Vecinales), entre otras, acusaron al gobierno de estar dando continuidad a los aspectos fundamentales de la política liberal de Sánchez de Losada y de no manifestar, asimismo, voluntad política de afectar los derechos adquiridos y las condiciones favorables reconocidas a las empresas en los años noventa durante el proceso la reestructuración del sector.
A pesar de la relativa irresolución de las cuestiones planteadas, en lo referido a la política hidrocarburífera se han tomado una serie de decisiones concretas que no cuentan con un consenso interno general. El 18 de julio de 2004, finalmente, se realizó un referendum que ya formaba parte del debate público durante la fallida gestión de Sánchez de Losada.
El referendum incluyó cinco preguntas referidas a la abrogación de la Ley Nº 1689 de Hidrocarburos, la recuperación de los derechos de propiedad de los hidrocarburos a boca de pozo para el Estado boliviano, la refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la recuperación estatal de las acciones de los ciudadanos bolivianos, la utilización del gas como un recurso estratégico para la negociación de una salida al Océano Pacífico -perdida en 1879 en la Guerra del Pacífico-, el apoyo a una política de exportación de gas natural que cubriera el consumo interno, fomentara la industrialización del recurso gasífero en territorio boliviano y cobrara impuestos por un valor no menor al 50% de la producción de los hidrocarburos. El “Sí” fue mayoritario en cada una de las preguntas, en especial las tres primeras, y si bien es preciso destacar que no existió un consenso general sobre las características y potencial efectividad de esta medida, algunas organizaciones apoyaron el referendum bajo el supuesto de que el resultado favorable conduciría concretamente a la nacionalización de los hidrocarburos.
En mayo de 2005, fue aprobada luego de un largo debate la Ley Nº 3058 de Hidrocarburos, lo que a su vez conllevó la abrogación de la ley anterior cumpliendo así uno de los mandatos del referendum. La extensa discusión en el Congreso en torno al proyecto de ley sumó un elemento de complejidad a la ya difícil situación interna. El surgimiento de una serie de proyectos, entre los cuales se destacaron la propuesta oficial, la del Movimiento al Socialismo y la de la Cámara de Diputados, dieron cuenta de los intereses diversos de sectores en pugna, los cuales fueron además vinculados estratégicamente con la demanda autonomista de los comités cívicos de Santa Cruz y Tarija y los reclamos de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC).
Una vez acordados los puntos relacionados a la declaración del gas como recurso estratégico, la refundación de YPFB, el fomento de la industrialización en territorio nacional, entre otros, la discusión pública se centró en los aspectos impositivos de la nueva ley y en la forma de imposición a la producción hidrocarburífera en términos del porcentaje de regalías y de impuestos y de la naturaleza de estos gravámenes.
Cabe mencionar asimismo que antes que la Cámara de Senadores del Congreso diera por aprobada la mencionada ley, el presidente Mesa dejó sin efecto el Decreto Supremo Nº 24806, emitido en los últimos días de la primera gestión presidencial de Sánchez de Losada, por el cual se transfería la propiedad de los hidrocarburos a boca de pozo a las empresas operadoras. Es preciso destacar, sin embargo, que como indica Andrés Soliz Rada esta medida no tiene efecto retroactivo y no afecta, en consecuencia, a los 78 contratos de riesgo compartido en su período de vigencia de 40 años. En forma paralela a la discusión sobre el proyecto de ley, el Congreso planteó la necesidad de revisar estos 78 contratos suscriptos por decreto del Poder Ejecutivo sin la previa aprobación del Congreso, bajo el marco jurídico de la Ley Nº 1689. El propio proyecto abrió una amplia discusión sobre la conversión obligatoria de los mismos a las nuevas modalidades de contratación, de acuerdo a lo indicado en el artículo 5 de la nueva Ley Nº 3058.
La actual ley de hidrocarburos finalmente aprobada no satisfizo ni las expectativas del gobierno, que se opuso firmemente al proyecto presentado en la Cámara de Diputados, ni las de los distintos grupos sociales. El nuevo sistema impositivo, que -como se comentó anteriormente- fue uno de los temas centrales del debate, finalmente se resolvió estableciendo un 32% de impuestos y un 18% de regalías (contra el 32% propuesto en el proyecto de la Cámara de Diputados). Estas diferencias se vieron reflejadas en el mecanismo de aprobación de esta legislación, la cual luego de ser elevada al Poder Ejecutivo para su ratificación, fue aprobada por la Cámara de Senadores tras mediar un plazo de tiempo en el que el presidente no realizó ninguna clase de observaciones.
Mientras esta discusión se desarrollaba, se perfilaba un panorama socio-político interno de características crecientemente complejas. Por una parte, se reinstaló la demanda planteada por distintos grupos sociales de origen indígena, campesino y obrero relativa a la nacionalización de los hidrocarburos, la expropiación a las empresas extranjeras instaladas en el país y la reformulación de la política de exportaciones. Por otra, un movimiento que tiene su núcleo en los Comités Cívicos de Santa Cruz y Tarija vinculó estratégicamente la discusión sobre el futuro del sector hidrocarburífero en Bolivia y particularmente los lineamientos de la nueva política gasífera en el contexto del renovado marco jurídico, con el reclamo autonómico y la solicitud de un referendum que ya se había planteado con firmeza a fines de 2004.
Las demandas por la autonomía regional y la realización de dicho referendum autonómico realizadas inicialmente por Santa Cruz y Tarija, fueron luego apoyadas por las dirigencias de Beni y Pando, que constituyen la zona más rezagada del país y menos integrada infraestructural y energéticamente. Al tiempo, se comenzaba a manifestar con claridad una falta de consenso interno en cada uno de estos departamentos respecto a los citados reclamos, que surgía en parte de la situación de marginación de las poblaciones indígenas del oriente.
De esta manera podemos observar que mientras el interés de algunos sectores de Tarija y Santa Cruz en las autonomías departamentales no es independiente del hecho de que estas dos circunscripciones concentren en su territorio el 85% de las reservas probadas de gas, el vínculo de este reclamo con los departamentos del norte posiblemente responda a un frente de conflicto interno diferente relacionado con la discusión sobre la propiedad de la tierra y la situación del Movimiento Sin Tierra (MST) y de las comunidades indígenas de origen quechua.
De esta forma, se ve que existe una compleja trama de intereses que parecen estar asociados en la prosecución de objetivos similares. De hecho, los Comités Cívicos están fuertemente vinculados con las federaciones empresarias Santa Cruz y Tarija, y éstas, a su vez, con las empresas petroleras a través de la Cámara de Hidrocarburos (CBH). En tal sentido el Dr. Andrés Soliz Rada también asocia estos intereses con los de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) cuyo presidente, José Céspedes, apoyó concretamente la demanda autonómica contra la corrupción y las adquisiciones de tierras[5].
Asimismo, este escenario retroalimenta una de las vertientes más radicalizadas de las propuestas autonómicas que parecen girar, en sus expectativas de máxima, en torno a una posible desmembración del territorio nacional. Aunque también, es importante señalar que no han habido declaraciones que abonaran directamente posturas maximalistas respecto a una cuestión tan estratégica para la soberanía del país como es la preservación de la integridad territorial.
Por otra parte, lo paradójico de esta situación es que sectores políticos y sociales que están diametralmente enfrentados en términos ideológicos, parecen coincidir en la formulación de posturas radicalizadas que atacan por igual la esencia misma de la “bolivianeidad”, entendida como proyecto compartido de Nación y, a la vez, la estabilidad institucional del país en el orden de las garantías que aseguren criterios eficientes y efectivos de gobernabilidad.
En este sentido, puede pensarse en los reclamos de los sectores empresariales cruceños ya concernidos y, por otro lado, en la reivindicación de movimientos como el liderado por Felipe Quispe, quien se ha referido, en no pocas ocasiones, a la “nación aymara” como una verdadera identidad político-social percibida como ajena y extraña al resto del territorio nacional. Ciertamente, no puede pensarse -racionalmente- en la existencia de una “alianza pragmática” entre estos sectores radicalizados en términos de distancia e intensidad ideológica, aunque, en los hechos, con sus posiciones maximalistas actúan erosionando el ya delicado equilibrio institucional del país.
En este contexto, las manifestaciones públicas recrudecieron en el mes de mayo, centrando las críticas no sólo en la legislación hidrocarburífera recientemente aprobada, sino también en la política de Mesa y en su forma de conducción. Asimismo, se reavivaron las demandas por una política de nacionalización de los hidrocarburos, mientras, al mismo tiempo, el Movimiento al Socialismo pedía a Mesa que se retirara.
Simultáneamente, dos importantes funcionarios de las Fuerzas Armadas aparecían en un programa televisivo instando al presidente a dar un paso al costado. Estas declaraciones generaron rumores y sospechas sobre la posibilidad de que se estuviera gestando en Bolivia un golpe de Estado, si bien es poco lo que se conoce efectivamente sobre la existencia de supuestas diferencias al interior de las Fuerzas Armadas en relación al modo de gestionar la crisis político-institucional del país. No obstante, podemos afirmar que las fuerzas militares se han pronunciado formalmente a favor de la continuidad democrática instando a la implementación de los mecanismos de sucesión establecidos en la Constitución Política del Estado.
En efecto, el presidente Mesa finalmente presentó su renuncia al Poder Legislativo, y, ante la presión de las organizaciones sociales, hicieron lo propio tanto el presidente de la Cámara de Senadores, Hormando Vaca Díez, como el presidente de la de Diputados, Mario Cossío -quienes seguían en la línea de sucesión institucional de acuerdo a la Constitución- a fin de garantizar la gobernabilidad política del Estado. Finalmente, el 09 de junio asumió Eduardo Rodríguez Veltzé, presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien se comprometió a encabezar un gobierno de transición, que tendría como prioridad la convocatoria a elecciones generales en un plazo de seis meses.
El Congreso ha promulgado recientemente dos leyes que definirán el futuro escenario electoral, en las que aprobó la convocatoria a elecciones para el 4 de diciembre de 2005, fecha en la que se unificarán los comicios para presidente, vicepresidente, legisladores y prefectos. Esta convocatoria fue precedida por la promulgación de la ley 3089 de Reforma de la Constitución Política del Estado. La elección de la Asamblea Constituyente se ha fijado para julio de 2006, junto a la realización del referendum autonómico. El Poder Ejecutivo, por su parte, dispuso la creación de dos comisiones pre-constituyente y pre-autonómica.
Actualmente el Congreso está discutiendo el proyecto de ley interpretativa del artículo 93, inciso 3, de la Constitución Política del Estado, a partir del cual se decidirá la duración del mandato de las futuras autoridades ejecutivas y legislativas, las que asumirían en el mes de enero. Es preciso destacar, sin embargo, que la elección de la Asamblea Constituyente en el escenario de fragmentación ya descripto abre un panorama sumamente incierto y genera interrogantes sobre el futuro de las próximas autoridades.
2. Algunos ejes de análisis de la crisis boliviana: la necesidad de una visión integral
A partir de la descripción de la crisis boliviana en el contexto del proceso político delimitado anteriormente, nos interesa plantear algunas líneas de reflexión como aproximación a una perspectiva que, sin dejar de considerar los datos coyunturales, permita realizar un análisis “estructural”, históricamente contextualizado.
Podemos hablar de cuatro puntos o aspectos que atraviesan la problemática de crisis político-institucional del país:
· la “captura” del Estado y las posibilidades de acción colectiva desde la esfera pública;
· el lugar y las características del debate público en Bolivia intentando identificar intereses y percepciones de los actores sociales y políticos involucrados;
· la creación de una alternativa política y económica para contrarrestar el proceso de fragmentación política, social y territorial;
· las características y modalidades que permitan reconceptualizar e implementar un modelo sustentable de gobernabilidad democrática en la actual coyuntura de crisis.
El objetivo de las reflexiones y consideraciones que siguen es, entonces, generar interrogantes y promover un debate constructivo que no se limite a interpretaciones posibles sobre el sentido y características de la actual crisis boliviana, sino que fundamentalmente busque plantear posibilidades concretas de acción. Antes proponemos considerar brevemente una serie de dimensiones de análisis que, a nuestro entender, cruzan cada uno de los temas planteados más arriba.
En primer lugar, observamos una dimensión política ligada a la capacidad o posibilidad de organizar al conjunto de la población en torno a un programa y una propuesta política alternativa que, aprovechando la importancia nacional de la consigna del gas, no se limite a la misma.
En este nivel es necesario pensar en la influencia de tal consigna en la articulación de una acción colectiva que le dé sentido y cauce a una alternativa política que tenga capacidad alterativa del orden establecido. Así, mientras el Dr. Andrés Soliz Rada considera que el gas es lo único que une a los bolivianos[6], podríamos preguntarnos si en la actualidad no existen en Bolivia múltiples consignas en torno a la cuestión del gas, en comparación con los reclamos en apariencia unívocos, nacionales y populares que permitieron unificar y profundizar la acción de los movimientos sociales en septiembre-octubre de 2003. En efecto, la consigna del gas ha ido evolucionando con el tiempo, desde el reclamo por la defensa soberana de los recursos energéticos nacionales hasta el de nacionalización de los hidrocarburos. De esta forma, la radicalización de la consigna del gas, lejos de ser un factor aglutinante en el actual estadio de la crisis política, ha dado lugar a la fragmentación y dispersión de las adhesiones y, por lo tanto, la ha afectado en tanto elemento unificador en un grado todavía incierto.
En segundo lugar, pensamos en una dimensión institucional que daría cuenta de la capacidad de organizar e instrumentar un proyecto a través de un sector político partidario que reclame para sí una legitimidad de origen que sirva, a su vez, para consolidar una propuesta de gobierno percibida favorablemente en términos de legitimidad de ejercicio, es decir, capacidad efectiva para gobernar. En este sentido, puede observarse que las fracturas étnico-territoriales han dificultado la conformación de un bloque o alianza de estas características cristalizando, más bien, la existencia de distintas perspectivas sobre el uso del poder y de los recursos.
Por otra parte, existe una dimensión simbólica de suma importancia vinculada en gran medida a otra cultural-antropológica. En la misma se inscribe, no sólo el conjunto de representaciones sociales de cada sector, sino también las autopercepciones ligadas a una determinada manera de considerar la legitimidad de los reclamos propios en relación a los de los otros grupos. La dimensión simbólica tal como se manifiesta en Bolivia, nos permite introducir el concepto de projimidad el cual cobra relevancia al momento de plantear la posibilidad de constitución de una comunidad incluyente sobre las bases de una refundación del Estado y del régimen político, entendido éste como una instancia de mediación entre grupos políticos que sostienen posturas y concepciones radicalmente diversas.
Como decíamos antes, Sánchez de Losada articuló y consolidó durante su primera presidencia un proceso de liberalización económica en el contexto de lo que podríamos considerar una transición política que tuvo comienzo en 1982 con el retorno a la democracia. Sin embargo, el proceso de cambio se tradujo en un creciente conservadurismo tanto en las políticas como en las posturas de los partidos, al menos hasta el surgimiento de las nuevas agrupaciones y manifestaciones de los últimos cinco años. Dicho proceso no es, a nuestro entender, independiente del primero, el cual contribuyó, por su parte, a través de la liberalización de la economía, la privatización de los activos estatales y la transferencia al sector privado de la responsabilidad por la gestión de los servicios públicos, a la instalación de un patrón de desarrollo y a un esquema consiguiente de distribución del ingreso que terminó profundizando la dualidad de la estructura social interna en Bolivia.
La relación orgánica entre el liberalismo económico y el conservadurismo político, encarnado en la así llamada “democracia liberal” -que ha logrado en Bolivia una continuidad de más de veinte años- remite a un planteo que se encuentra en el centro del dilema que enfrenta el sistema político en la actualidad: un cuestionamiento cada vez más profundo del régimen democrático en sus manifestaciones presentes, situación que está acompañada por una deslegitimación de las instituciones públicas. Este proceso ha conducido, a su vez, a la recuperación de antiguas tradiciones políticas que, de alguna forma, han desplazado lo que podríamos llamar el ámbito o lugar característico de la acción política. Asimismo, la dimensión simbólica, que da cuenta de las representaciones sociales y de la percepción de legitimidad de los reclamos propios y las formas de expresarlos en relación a los de otros sectores, constituye un elemento insoslayable del conflicto interno en Bolivia.
En este contexto, pueden observarse posturas disímiles respecto a la reivindicación de la esfera política en dos niveles de acción identificables: uno de decisión política y otro de gestión.
En el nivel de las decisiones podría concluirse que el conservadurismo político -en el marco de la liberalización creciente de la economía- ha sido asociado tradicionalmente a la crítica del rol interventor y dirigista del Estado, reforzando con ello los argumentos eficientistas que sostuvieron la necesidad de reducir sus estructuras burocráticas.
De esta forma, se estructuró un esquema de toma de decisiones sumamente centralizado, personalista y con fuertes sesgos tecnocráticos, que apuntó en el corto plazo al traspaso del nivel de gestión al ámbito privado, especialmente en sectores estratégicos de la economía como las empresas públicas, el transporte, las telecomunicaciones, la industria hidrocarburífera, entre otras. En virtud de la importancia económica y política de las áreas involucradas, este traspaso terminó afectando estructuralmente la toma de decisiones.
Los compromisos políticos de largo plazo adquiridos por el Estado durante todo este período, y en especial en la década del noventa, condicionaron de esta forma su capacidad de acción futura transformándose en una importante limitación que se sumaba a las vulnerabilidades estructurales propias provenientes de la situación de dualidad interna, por una parte, y de su inserción en un sistema de poder también desigual, por la otra. Esta situación que podríamos denominar de “captura funcional y administrativa” del Estado nos enfrenta en la actualidad a interrogantes relacionados a las capacidades concretas de acción desde el espacio público y al cuestionamiento de la viabilidad política y económica de algunas medidas reclamadas en la actualidad por distintos sectores de la sociedad boliviana.
Por otra parte, estas posibles limitaciones no son independientes de la quiebra jurídica del Estado, que en las relaciones entre los tres Poderes se manifestó en la poca independencia de su accionar y en la cesión de atribuciones del Congreso a favor del Poder Ejecutivo, situación que favoreció el gobierno por decreto y la toma de decisiones discrecional y personalista, sin la mediación de un control público sobre dichos procesos. El Dr. Andrés Soliz Rada indica claramente el trastocamiento del ordenamiento jurídico cuya mayor anomalía estaba en la misma fundamentación legal de las medidas de reforma del Estado y de la economía nacional originadas en un decreto, el DS Nº 21060, ya mencionado.
Es así como el sistema político en la forma de las instituciones públicas que lo componen está actualmente cuestionado como espacio de acción política, de canalización de demandas sociales y de reapropiación popular del poder en términos de acción soberana sobre un espacio y una historia común.
La quiebra jurídica del Estado subvirtió la legitimidad del orden político, junto con la corrupción estructural generada por un entramado de vinculaciones estratégicas, y hasta podría decirse orgánicas, entre los sectores público y privado, en tanto elementos constitutivos del modelo económico y político instalado en los años noventa. Por tal razón, en este trabajo se propone y enfatiza la necesidad de recomponer jurídicamente al Estado, como una de las múltiples formas tendientes a reivindicarlo en tanto espacio legítimo de acción cívica, es decir, destacando la dimensión jurídica de la refundación del Estado boliviano. El fortalecimiento estatal debe estar ligado a una mayor transparencia y capacidad de control público sobre las acciones del gobierno.
Podríamos decir que la captura del Estado tiene una faceta política y una económica. La política ha sido explicada ya y tiene que ver con los compromisos de largo plazo adquiridos por los gobiernos que se sucedieron desde 1985, la quiebra jurídica y la deslegitimación de las instituciones públicas y las relaciones políticas entre el sector público y el privado. La dimensión económica responde, por su parte, a la progresiva transnacionalización de la economía y a la transferencia al ámbito privado de la gestión de las empresas de servicios públicos, lo que favoreció la constitución de una economía de enclave, que ha caracterizado, por otra parte, la historia política y económica de Bolivia. Los balances e indicadores del Instituto Nacional de Estadísticas y del Banco Central indican claramente que los sectores más integrados a la economía internacional actualmente son la actividad energética y la agroindustria, ambas desarrolladas en la región oriente de Bolivia. Esto consolida un modelo de crecimiento y de desarrollo económico desequilibrado en términos territoriales y desigual en la asignación de recursos intrarregionales, como ha ocurrido históricamente con las actividades económicas en torno a las cuales Bolivia articuló su inserción en los mercados internacionales.
Frente a este panorama, resulta interesante reflexionar sobre el comportamiento de los diferentes actores e intentar comprender el entramado de relaciones e intereses con el objeto de analizar las posibilidades de construcción de una alternativa política concreta con capacidad de posicionamiento en el futuro escenario electoral de diciembre y, fundamentalmente, de julio de 2006, con miras a la constitución de la Asamblea Constituyente.
Asimismo, cabe tener en cuenta, en este punto, un interesante planteo realizado por la socióloga argentina Alcira Argumedo sobre las reactualizaciones del liberalismo político referidas a una nueva concepción de lo social que supere el concepto marxista de la sociedad; en efecto, esta reformulación conceptual debe partir de una observación “de la fragmentación y complejidad crecientes, de la proliferación de las diferencias entre los individuos (…) (E)l interrogante central de un nuevo tipo de sociedad se vincula con el tipo de articulaciones sociales que es posible postular teniendo en cuenta tales diferencias”[7].
En función de esto, cobra relevancia uno de los aspectos considerados inicialmente, vinculado a las características y modalidades de un modelo sustentable de gobernabilidad democrática para el país. Esto es así, ya que la existencia de articulaciones sociales que den cuenta de la dualidad de la sociedad boliviana como un problema estructural a resolver, es en sí misma, condición de posibilidad para que un proyecto político pueda consolidar un modelo de gobernabilidad sostenible.
Un síntoma importante de las dificultades señaladas es el rol mismo del sistema de partidos en Bolivia. En efecto, un sistema que, tradicionalmente había estado caracterizado por una importante fragmentación y dispersión, experimentó en los noventa una relativa concentración en términos ideológicos con la desaparición de un número de partidos de izquierda que, sin embargo, representaban a un porcentaje minoritario del electorado. Por otra parte, el núcleo de partidos entre los cuales se dirimían periódicamente las contiendas electorales compuesto mayormente por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), el Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR), la Acción Democrática Nacionalista (ADN) y, secundariamente, por la Unión Cívica Solidaridad (UCS) y por la Nueva Fuerza Revolucionaria (NFR), demostraban posturas crecientemente centristas y convergentes. Esta tendencia ha quedado acabadamente demostrada por la serie de alianzas pre y post electorales que estos partidos conformaron en distintos momentos, en particular a partir de 1985.
Este panorama nos permite observar que, al menos hasta las elecciones de 2002, las opciones partidarias se habían restringido significativamente, con lo cual un importante porcentaje de la población, en especial aquella que más duramente había sufrido el impacto de las políticas de ajuste estructural y liberalización en las áreas tanto urbanas como rurales, no contaba con una expresión política en este ámbito. En la medida en que la situación ha ido agravándose puede notarse que, en contraposición al proceso reseñado anteriormente, la polarización social ha retroalimentado un proceso de radicalización política en términos de la fragmentación de las opciones partidarias, situación que en este momento genera importantes obstáculos para la construcción de una propuesta política con un consenso mínimo que sostenga y se comprometa con un modelo de desarrollo alternativo. Éste es, tal vez, el más importante desafío al que deberá enfrentarse Bolivia en el futuro próximo.
Dentro de las manifestaciones políticas que adquirieron relieve en los últimos cinco años y, particularmente, luego de las elecciones de 2002, se destaca el cada vez más importante papel que están desempeñando las organizaciones sindicales y gremiales tanto nacionales como regionales, lo que refleja la fuerte tradición sindical que caracterizó a la historia política boliviana hasta la desmovilización de la Central Obrera Boliviana (COB) a mediados de los años ochenta con la aprobación del ya mencionado Decreto Supremo Nº 21060. En este sentido cabe plantear algunos interrogantes sobre la coherencia y relevancia presente y futura del sindicalismo en la actual crisis boliviana, a la luz de lo que Thomas Kruse observaba en 2001: la falta de un proceso claro de recomposición sindical en el ámbito urbano, la ambigüedad en la relación entre el mundo del trabajo y la acción política, ligada a la precarización e informalización del empleo, y la dispersión de estrategias que tienden a ser, de acuerdo al autor, improvisadas, reactivas y defensivas[8].
Frente a estas consideraciones podemos observar inicialmente que el panorama sindical y gremial se ha diversificado en su composición y en relación al modelo de organización y de acción de la COB que había hegemonizado este espacio. A pesar del debilitamiento de esta institución - en el que influyeron una serie de factores, entre los que se encuentra el despido de miles de trabajadores del Estado y la creciente informalización del empleo - consideramos que la actividad sindical y gremial ha adquirido relevancia y notoriedad. Las movilizaciones sociales del año 2000, por ejemplo, constituyeron una importante manifestación del crecimiento del sindicalismo rural que es pertinente destacar. Por otra parte, en los últimos tiempos ha podido verse que la Central Obrera Boliviana, bajo la dirección de Jaime Solares, ha recuperado un papel político aunque, en el contexto ya delineado, no lo hace como núcleo organizativo del movimiento sindical, sino coexistiendo con otra gran cantidad de agrupaciones a las que se hizo referencia antes. Finalmente, los desafíos político-institucionales que se abren en el futuro inmediato no permiten delinear un diagnóstico medianamente previsible sobre el rol de los actores políticos y sociales, el tipo de articulación y combinación de intereses que pueda generarse a partir de sus percepciones y las características de un modelo de gobernabilidad democrática que dé cuenta de las lógicas en confrontación permanente. Sólo de algo se puede estar seguro hoy: Bolivia es un laboratorio político en continua experimentación.
3. Breve caracterización del escenario hemisférico y regional
La delicada situación político-institucional de Bolivia se desarrolla en un escenario hemisférico y regional marcado, estructuralmente, por la presencia efectiva de los EE.UU. como actor con pretensiones hegemónicas y con intereses de seguridad que se han manifestado, permanentemente, en el mismo diseño, formulación y ejecución de su política exterior en la región.
Pero, la lectura que se puede hacer en el contexto de la crisis abierta en Bolivia, cruza, en verdad, dimensiones diversas en su origen como factores contribuyentes a la creación de esta “atmósfera hemisférica” de presencia dominante de Washington. En efecto, los ejes prioritarios de la administración Bush están surcados por dos dimensiones globales de problemas e intereses, los que, en su implementación, afectan a todos los actores del Hemisferio y, más aun, a la región andina, que se ha convertido en un foco de conflicto permanente, que, si bien tiene a la grave crisis colombiana como centro neurálgico de las estrategias económicas y de seguridad estadounidenses, no deja de manifestarse, también, en Ecuador, Perú y, por supuesto, Bolivia.
Justamente, las dos dimensiones de la estrategia de los EE.UU. para la región son, por un lado, la económica-financiera y, por el otro, la estratégico-militar y de seguridad. Es importante señalar que, en este contexto de conflictividad creciente, parece consolidarse una tendencia de la presente administración estadounidense a encarar una lectura política crecientemente securitista del escenario político-institucional, económico-financiero y social de América Latina.
Esa lógica se complementa con una multilateralización y simplificación de la agenda interamericana, en cuyos ejes fundamentales están las preocupaciones en materia de seguridad, lo cual nos lleva a observar que, aun aquellas cuestiones que están en el orden de lo económico, financiero y comercial - léase la agenda ALCA, los distintos proyectos de acuerdos de libre comercio, tanto bilaterales como multilaterales-regionales, pendientes de aprobación definitiva - son percibidas, en sí mismas, como verdaderos intereses de seguridad nacional para los EE.UU.
Ahora, las temáticas económico-comerciales constituyen toda una red de intereses que son altamente prioritarios para Washington y, en tal sentido, la estructura misma del denominado Acuerdo de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas (ATPDEA) es un claro indicador de esta tendencia a una lectura securitaria integral, ya que, liga la concesión de preferencias comerciales por parte de los EE.UU. a los países andinos al más estricto cumplimiento de una política de lucha contra los cultivos ilegales y la producción de narcóticos. En tal sentido, tanto Colombia, como Perú y Bolivia, se han visto permanentemente presionados por la Casa Blanca a través de una serie de instrumentos que cruzan, sustancialmente, los órdenes de la seguridad y de las relaciones económico-comerciales.
A tal punto ha sido dominante esta percepción en la dirigencia boliviana que, aun hoy en este escenario abierto de crisis política, “el coordinador alterno de la negociación de países andinos de Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, Julio Alvarado, consideró que se debe acelerar un Tratado de Libre Comercio (TLC), con Estados Unidos, antes que concluya la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación Drogas (Atpdea) en diciembre del 2006”[9]. Asimismo, reafirmando lo previamente señalado, “sostuvo que el gran problema para el país, es que terminen las preferencias del Atpdea, ya que varias empresas que exportan a Estados Unidos, dejarán de hacerlo y ello influirá negativamente en las exportaciones del país y en las posibilidades de generar más empleo”[10]. De hecho, el citado funcionario manifestó que “los empleos de las empresas que exportan a Estados Unidos, son de mejor calidad, se pagan mejores sueldos, existe seguridad social, están regidas a varios controles y si se concluye el Atpdea, lamentablemente vamos a enfrentar una situación muy difícil"[11].
Estas aseveraciones pueden tener, en la presente coyuntura, un profundo impacto, más aún teniendo en cuenta que, entre el 18 y el 22 de julio se realizará una reunión clave en Miami entre los países andinos y los EE.UU, de cara a cerrar un acuerdo integral de libre comercio. Bolivia irá a ese encuentro en calidad de observador, aunque, en función de las palabras del citado funcionario, abría expectativas de encontrar un camino de acuerdos comerciales que le permitan a Bolivia consolidar una plataforma exportadora que le genere divisas a partir de una mayor presencia en los mercados mundiales.[12]
Por cierto, esto ocurre simultáneamente a la indefinición política en una temática estratégica en el orden subregional, y que es la denominada agenda de integración gasífera sudamericana, que se ha dado en llamar “anillo energético sudamericano”. Este proyecto está lejos de concretarse y en los próximos días se producirán reuniones en las que se abordarán aspectos políticos, legales y técnicos para la planificación e implementación del mismo, aunque, en la complejidad evidente de este escenario, no puede dejar de mencionarse el conflicto histórico entre Bolivia y Chile por la salida marítima reclamada por los bolivianos luego de la Guerra del Pacífico, factor que se constituye en una permanente usina generadora de actitudes hostiles cuando no directamente confrontativas entre ambos países.
Por otra parte, la reciente concesión de inmunidad soberana al personal diplomático y militar de los EE.UU. por parte del gobierno paraguayo, se ha sumado para contribuir al creciente proceso de inestabilidad regional, generando -incluso- lecturas que han asociado esa virtual presencia de fuerzas armadas estadounidenses, al establecimiento de bases militares que puedan asegurar, entre otras cosas, una cercanía estratégica a los mismos yacimientos hidrocarburíferos del oriente boliviano que, en el caso de la provincia de Tarija, limitan con el territorio del Chaco paraguayo.
Sin embargo, el Canciller boliviano, Armando Loaiza “atribuyó a una "especulación excesiva" y por lo tanto desechó la idea que la instalación de una base militar estadounidense en territorio paraguayo se emplee para "monitorear" la riqueza energética del país” [13]. Asimismo, manifestó que "hay que desechar esa idea un tanto especulativa de que en ese centro de operaciones, en esa base conjunta militar y de cooperación que tiene la República del Paraguay y Estados Unidos, se ha establecido a efectos de observar o monitorear las capacidades de los hidrocarburos de Bolivia[14]".
Lo cierto es que el gobierno y el Poder Legislativo de Paraguay, “autorizaron el ingreso de tropas estadounidenses con inmunidad, permiso de libre tránsito y permanencia para sus soldados con vigencia hasta diciembre de 2006 y prorrogable automáticamente[15].”
Pero, estas noticias deben ser analizadas en el contexto de la última reunión de la Asamblea Anual de la OEA, realizada en Florida, EE.UU., entre el 5 y el 7 de junio del 2005. En las sesiones iniciales del citado encuentro hemisférico, Washington presentó una propuesta tendiente a “evaluar la situación de la democracia en los países del continente y poder anticipar las crisis”[16], lo cual generó el inmediato rechazo de buena parte de los países de la región, encabezados por Venezuela, México y Brasil. Ante el tenor “cuasi intervencionista” de la propuesta de la Casa Blanca, el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, manifestó que “no es una fiscalización ni un monitoreo ni nada por el estilo, sino adelantarnos a los hechos”[17], y consideró que la situación del hemisferio es en sí misma crítica, con indicadores sociales, económicos y político-institucionales que muestran un cuadro de crisis persistentes, con problemas estructurales relacionados a la inequitativa distribución del ingreso y a la extensión de la pobreza, todo lo cual contribuye a crear un caldo de cultivo para la inestabilidad crónica de las democracias y para el avance de la violencia en las sociedades latinoamericanas.
En ese orden de cosas, el citado funcionario explicaba que “Es necesario revisar cuál es la agenda común que tenemos. Los títulos están bien: democracia, seguridad, desarrollo. Pero la verdad es que la negociación comercial ha estado atascada y que los temas de seguridad no atienden a cosas graves como los huracanes”[18], y afirmó que a los países latinoamericanos les falta “mejor gobierno, mejores instituciones y seguir políticas consistentes en materia económica[19].”
En definitiva, la propuesta inicial de los EE.UU. trocó en la Declaración de Florida, en una preocupación compartida de los países del Hemisferio en torno a la estabilidad de las democracias, el avance del desarrollo económico y el combate a la pobreza.[20]
Para concluir, “la actual administración estadounidense ha consolidado dos rasgos distintivos del accionar político externo de los Estados Unidos en la región. Por un lado, la reaparición de un sesgo fuertemente unilateralista complementado con una visión pesimista sobre la capacidad de respuesta de los países del continente para la resolución de las así llamadas nuevas amenazas que el Hemisferio debe afrontar: narcotráfico, terrorismo, seguridad aeroportuaria, degradación medioambiental y contaminación e inestabilidad y crisis de los regímenes democráticos.”[21]
“Por otro lado, una persistente securitización de la agenda regional que, a la vez que se extiende multilateralmente, alimenta un peligroso proceso de militarización, cuyo centro de gravedad estratégico está hoy en Colombia. Allí el conflicto político-institucional, sumado a la inestabilidad económica y a la consolidación de estructuras sociales duales[22], junto a un estado de guerra interno que es permanente, aparecen como aspectos de una realidad que se hace más compleja al compás del incremento del apoyo militar y financiero de los Estados Unidos a la administración Uribe en el marco del Plan Colombia, convertido ahora en un instrumento subregional bajo el nombre de Iniciativa Andina”[23].
Reflexiones finales
Del análisis anterior se desprende un interrogante ineludible sobre la viabilidad política y económica de la nacionalización de los hidrocarburos. En función del escenario de condicionalidades y limitaciones estructurales descripto, esta pregunta va más allá de la existencia de una voluntad política ya que, fundamentalmente, apunta a la capacidad del Estado boliviano para sostener una medida de tales características y alcances.
En este sentido, consideramos relevante y pertinente destacar una vez más la dimensión jurídica de la “recuperación” del rol del Estado como genuino representante de todos los sectores sociales que tienen intereses que defender en el escenario político-institucional. En efecto, se trata de “recapturar” las estructuras burocráticas del Estado como una condición ineludible para desmontar la compleja red de intereses públicos-privados que han sido la urdimbre estructural que está detrás de los procesos de decisión política y de gestión pública del Estado boliviano. Desde esta trama de poder los intereses perjudicados han tenido siempre un mismo rostro: el de los sectores políticos y sociales, rurales y urbanos, permanentemente excluidos del juego político.
Asimismo, hay un factor de orden territorial y de distribución espacial del poder que ha actuado reforzando la lógica de desapropiación de la soberanía política del pueblo boliviano con la consecuente privatización del espacio público, como ámbito natural de debate e interpelación política. Una vez más, señalamos la pertinencia de la postura de Andrés Soliz Rada, quien hace hincapié en la necesidad estratégica de vincular la explotación e industrialización del recurso gasífero con el desarrollo equilibrado y armónico de las distintas regiones del país, como una forma de terminar con las tradicionales asimetrías intra e inter-regionales que han caracterizado a la historia económica boliviana.
A su vez, la organización política unitaria y el tradicional centralismo administrativo -ejes estructurantes de la institucionalidad política boliviana- se muestran como una salida inadecuada ante el escenario de fragmentación social y radicalización política que acentúan la dualidad social y económica entre los distintos sectores del país. Podemos plantearnos, entonces, hasta qué punto esta forma de organización funcional y distribución espacial de poder puede dar cuenta e incorporar en términos de representación política la multiplicidad de fracturas e identidades sociales, culturales y étnicas que caracterizan a la sociedad boliviana.
Tal vez, entonces, el principio de una salida para la grave crisis política, económica y social del país esté asociada a la recuperación jurídica del Estado, esto es la reconcepción del derecho como un recurso institucional incuestionable, a través del cual se pueda plantear la ineludible revisión de todo lo actuado en materia de normativas legales que son las que han brindado los marcos de contención para la acción política de algunos sectores privilegiados que terminaron por apropiarse de lo público, convirtiéndolo, de hecho, en la extensión de su propia capacidad de poder e influencia. Este proceso es el que se ha operado durante más de veinte años desde las mismas estructuras del Estado capturadas por estos intereses privados, siendo la actividad hidrocarburífera el eje central a través del cual se consolidó una enajenación de la propiedad colectiva de los recursos naturales, consolidando con ello las desigualdades económicas, la dualidad social y las asimetrías territoriales de las que hablábamos más arriba.
Finalmente, entonces, por qué no hacer uso de los instrumentos jurídicos con los que el Estado boliviano cuenta para comenzar a desandar un camino de enajenación de la propiedad colectiva de los recursos, antes que plantear la nacionalización de los hidrocarburos como única alternativa posible.
En efecto, una de las primeras medidas políticas que se pueden adoptar es el control de la constitucionalidad y legalidad del ordenamiento jurídico que afecta al sector hidrocarburífero, así como de las medidas políticas concretas adoptadas bajo ese esquema. En tal sentido, debiera considerarse una decisión política altamente prioritaria dado el cuadro de situación vigente: la abrogación de las medidas que, bajo los parámetros del control aludido, sean reputadas como ilegales, aplicando incluso un criterio retroactivo, lo cual, en sí mismo, no es más que la materialización de una voluntad política concreta que recupera espacios de decisión soberanos. Tal decisión política debiera contemplar, asimismo, la revisión de los 78 contratos de riesgo compartido concretados por decreto del Poder Ejecutivo y sin la previa aprobación del Congreso. Finalmente, la opción de contralor y de regulación pública sobre el efectivo cumplimiento de las cláusulas de dichos contratos por parte de las empresas debe considerarse como otro recurso a ser implementado. Ligado a ello, se abre una compleja problemática ligada a la necesidad de control del Estado sobre las maniobras de evasión y elusión impositiva que estas empresas han realizado históricamente en la explotación de los recursos hidrocarburíferos.
Notas
[1] Ver Friedrich, Karl. El hombre y su gobierno. Madrid: Ed. Tecnos. (1968).
[2] Ver Weber, Max. Economía y Sociedad. México: Ed. FCE. ( 1999). Adoptamos un enfoque metodológico que, en sí mismo, es tributario de una lógica de comprensión integral del problema en estudio. En efecto, importa ver cómo el mismo fenómeno es interpretado por los distintos actores políticos y sociales en función de su lugar en la comunidad política -en la que desempeñan roles vinculados al ejercicio y a la disputa por el poder-, de sus intereses y de las percepciones que, en torno a ellos, se generan en ese mismo espacio geográficamente compartido.
[3] Nuevamente, hacemos referencia ineludible a Weber, ya que estimamos que esa necesaria reconstrucción de sentido está inextricablemente ligada a la comprensión integral de las motivaciones y acciones de los actores políticos y sociales en el contexto de un sistema político en estado de crisis crónica.
[4] Soliz Rada, Andrés (2005) El Mapa Vacío. Info-MORENO Nº 106, 22 de junio de 2005.
[5] Soliz Rada, Andrés, “Bolivia: el referendum que falta”, Bolpress, 7 de julio de 2005.
[6] “Lo único que une a Bolivia es el gas”, entrevista al Dr. Andrés Soliz Rada, Diario Clarín, 6 de julio de 2005.
[7] Argumedo, Alcira (2004) Los silencios y las voces en América Latina. Ediciones Colihue, Buenos Aires. Pág. 131.
[8] Kruse Tom (2001) Transición política y recomposición sindical. Reflexiones sobre Bolivia. En de la Garza Toledo Enrique (comp.) Los sindicatos frente a los procesos de transición política. CLACSO/ASDI/ILAS. Buenos Aires, Argentina. Pág. 155.
[9] Ver www.comunica.gov.bo SE DEBE ACELERAR UN TLC CON EE.UU ANTES QUE TERMINE EL ATPDEA, 08 de julio de 2005.
[10] www.comunica.gob.bo Ibidem.
[11] www.comunica.gov.bo Ibidem.
[12] www.comunica.gov.bo Ibidem.
[13] www.comunica.gov.bo CANCILLER CONSIDERA QUE HAY "UNA ESPECULACION EXCESIVA" SOBRE BASE EE.UU. EN PARAGUAY, 07 de julio de 2005.
[14] www.comunica.gov.bo Ibidem.
[15] www.comunica.gov.bo Ibidem.
[16] Barón, Ana. “La Asamblea de la OEA se inicia con una polémica propuesta de EE.UU.”, Sección El Mundo, Clarín, domingo 5 de junio de 2005, p. 26.
[17] Clarín. “ Insulza: “ Es más difícil tener democracia si hay pobreza”, Sección El Mundo, domingo 5 de junio de 2005, p. 27.
[18] Idem 12.
[19] Idem 12.
[20] Ver www.oas.org.
[21] Lahoud, Gustavo y Rodríguez, Emilio (2005). La Agenda de Seguridad Hemisférica. Informe del Área de Relaciones Internacionales de América Latina del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (IDICSO) de la Universidad del Salvador. Buenos Aires. P. 32.
[22] Véase Seitz, Mirka. El MERCOSUR Político. Fundamentos Federales e Internacionales. Buenos Aires: Fundación Juan Pablo Viscardo (2004).
[23] Lahoud y Rodríguez, op. cit. p. 32.
* Investigadores del Área de Recursos Energéticos y Planificación para el Desarrollo del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales ( IDICSO ) de la Universidad del Salvador y del Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora ( MORENO ). Fecha: Julio de 2005. Email: idicso@yahoo.com.ar
Entrevista con Luis Gómez, de Narconews y corresponsal de La Jornada en Bolivia
LA CONFRONTACIÓN DE LAS AGENDAS
Diario Rebelión (www.rebelion.org)
Bolivia presenta luego de fijadas las elecciones nacionales para el próximo 4 de diciembre, una confrontación de agendas. Por un lado, todos los partidos políticos, tanto de izquierda como de derecha, están abocados a la campaña electoral que parece ya haber comenzado. Por otro, la larga lista de sacrificios que realizaron los sectores mas castigados de la sociedad boliviana exigiendo la nacionalización total de los recursos hidrocarburíferos, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que sirva de plataforma para refundar el país y el cese de las injerencias constantes de la diplomacia norteamericana en los asuntos internos de los bolivianos, parecen ir cediendo poco a poco ante “un proceso que se nos viene encima” según palabras del periodista Luis Gómez.
La entrevista a Luis Gómez sobre el actual proceso que está viviendo Bolivia, ya con un cronograma electoral establecido, surgió como una entrevista pautada y acordada en primera instancia con el líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales. Por diversas razones, la misma no prosperó. En primer término porque Morales manifestó que solamente agenda entrevistas con antelación con medios “como la BBC o FrancePress”, en tanto Radio Mundo Real es un medio alternativo enfocado principalmente en la agenda de los movimientos sociales. Ante la propuesta de fijar otro momento mas acorde, o aún de hacer una minientrevista de 4 minutos solamente, el dirigente declino (no muy cortésmente) tal posibilidad. Sinceramente en ese momento nunca pensamos que los conceptos vertidos por Luis Gómez y que compartió con nosotros iban a servir perfectamente a nuestro propósito de entender el contexto boliviano actual. Así por ello, gracias Evo.
Luis Gómez es mexicano y está radicado en Bolivia desde hace varios años; es Director del medio NarcoNews (www.narconews.com) y trabaja como corresponsal de La Jornada de México en Bolivia.
¿A partir de la asunción de Rodríguez como Presidente y sucesor de Carlos Mesa y de conocido el calendario electoral, como se presenta el esquema político partidario en Bolivia?
Digamos que el primer gran acuerdo es que el Poder Legislativo acorte su mandato. Es decir, por Ley, el actual mandatario Rodríguez solo podía llamar a elecciones para Presidente y Vicepresidente, y además por el tiempo que falta para que culmine el actual mandato. Sin embargo, los partidos políticos alcanzan su primer gran acuerdo -y de hecho es el primer gran acuerdo desde la elección de Gonzalo Sánchez de Losada que consiguen en las Cámaras- para acortar su mandato, es decir, logran una modificación de la Constitución, un nuevo Artículo Nº 73 que habla de las Elecciones de Emergencia, y deciden llamar a elecciones generales el 4 de diciembre para Diputados, para Senadores, para Presidente y Vice y la primera elección de Prefectos que estaba prevista para el 12 de agosto, se lanza en ese momento.
Por añadidura, colocan la Asamblea Constituyente y el Referéndum Autonómico de Santa Cruz para el mes de julio del año que viene. A partir de este momento se lanzan en una carrera electoral bastante tradicional, tanto la derecha como la izquierda bolivianas. Ya comenzaron a surgir los nombres; la derecha sigue fragmentada y débil y tiene un par de nombres que se juegan al ex Presidente Jorge “Tuto” Quiroga, que esta trabajando en algo así como un proyecto nacional pero que aún no se decide a lanzarse de lleno porque no ve con claridad el apoyo que tiene detrás suyo. Y también esta un empresario ex.mirista, ex.cementero, uno de los cementeros mas poderosos del país que es Samuel Medina y que tuvo un resonante éxito en su primera aparición electoral en diciembre, que se lanza definitivamente en la carrera presidencial, apoyado por un muy buen resultado en las elecciones municipales pasadas de diciembre. Se habla que cuenta con el apoyo y muy posible participación en la fórmula presidencial del actual Alcalde de El Alto.
Y bueno, la izquierda está en lo mismo, en lanzar pequeñas agrupaciones y frentes. Evo Morales que tiene su mayor ambición en ser Presidente y llegar al poder por esta vía. Yo diría que hasta ahora es una agenda muy tradicional.
¿Es decir que en estos momentos nadie está hablando de la Asamblea Constituyente ni de la nacionalización total de los hidrocarburos, o del sacrificio enorme que realizó el pueblo y los sectores mas castigados de la sociedad boliviana cuando salieron a las calles una y otra vez? ¿Nadie está hablando de eso excepto ellos mismos?
Excepto la gente, no. Ahora los partidos políticos y a muchos de los sectores sociales que participaron en las movilizaciones de mayo-junio pasado, no hablan de eso sino de las elecciones, es decir, de acceder a espacios de poder, de recomponer el Parlamento. El Movimiento al Socialismo (MAS) tiene una postura que se trata de reconfigurar un nuevo Estado a partir del control de la administración estatal, que no es el poder en realidad, y llegar así a una Asamblea Constituyente en julio próximo mucho mas fortalecida. Ganar tiempo, eso es todo.
Las nuevas elecciones generales han agarrado fuera de lugar a todo el mundo; y la gente esta tratando de entender, ya que nunca ha sido del todo claro si cambiamos el Estado, si destruimos el Estado, si nos hacemos de su control por la vía electoral, en fin...-también la gente se siente un poco arrastrada por este tema. Definitivamente la agenda ahora es esa.
Quizás en algunos sectores mas radicales, quizás en El Alto, en las provincias aymaras, pero en general no, aquello no se está discutiendo.
¿Tu me dices entonces que talvez en El Alto, talvez en los lugares donde el Mallku Felipe Quispe está trabajando desde hace un tiempo, ahí si se puede hablar de un descuelgue respecto al tema de la carrera electoral? ¿Es posible talvez que se esté hablando de “otro” proyecto?
Bueno, los aymaras se despliegan en todo sentido cuando se trata de poder, es decir, de controlar su territorio. Ellos están claros en que quieren la nacionalización, y si es necesario movilizarse, se van a movilizar, pero también, como parte de una estrategia mas general, pueden entrar a las elecciones –Empezaron a gobernar los aymaras por si mismos los primeros municipios en el altiplano desde diciembre, entonces están un poco en todo....-No creo que sea una cuestión de oportunismo sino de necesidad, no solo de contar con los recursos sino también con espacios políticos en todo momento y en todo lugar.
¿Y que papel tiene hoy la Central Obrera Boliviana (COB) y sus respectivas regionales en esta coyuntura?
La Central Obrera Boliviana es un fantasma que resucita en octubre, sobre todo gracias al discurso radical y fuerte de Jaime Solares. Ese levantamiento de su tumba ha servido para darle vida, pero no le da mas fuerzas....¿me entiendes? –La Central Obrera Boliviana está limitada por una cosa básica, que es que está controlada estatutariamente por mineros y no tiene mucha fuerza. La fuerza de la movilización social ahora esta en los vecinos y en los campesinos de este país, en los indígenas que son la mayoría. Entonces en la medida que no tienen mucha fuerza si están tratando de ver en que medida se pueden insertar en el espacio electoral. De hecho va a haber un gran Ampliado de obreros y mineros en unas semanas en el que van a decidir si entran en la carrera electoral y de que manera. Hasta ahora eso es lo que te puedo decir, salvo que no tienen una importancia decisiva en el terreno de lo social o lo político.
¿Y en lo que refiere a la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) si se puede decir que existe un perfil propio?Si, pero tienes que entender que la Federación de Juntas Vecinales de El Alto tiene mas de 10 años de organización. Ha logrado organizarse de una manera tan horizontal y activa que desde que se han traducido a la política desde octubre de 2003 para sacar a Sánchez de Losada del poder junto a los campesinos y aymaras, si tienen un perfil muy propio, se sienten muy seguros y por ejemplo están pidiendo la salida directa del Alcalde porque tienen una confrontación con el, pero tampoco están muy definidos. Por un lado están viendo la posibilidad de entrar en el proceso electoral que se nos viene encima en unos meses, y por otro están viendo como se hacen con el control de la ciudad de El Alto sin necesidad de pasar por el proceso electoral, pidiendo por ejemplo la renuncia del Alcalde y del Consejo Municipal. RADIOMUNDOREAL
LA TUMBA DESHABITADA DE QUIROGA SANTA CRUZ
25 años después de su asesinato y desaparición recordamos a quien no sólo fue un inclaudicable intelectual socialista. Marcelo era también uno de los mejores escritores del país y es el único novelista boliviano galardonado con el Premio William Faulkner.
Argen Press de España (www.argenpress.info)
Por: Wilson García Mérida (DATOS & ANÁLISIS, especial para ARGENPRESS.info) Cerca al medio día del 17 de julio de 1980, los paramilitares al mando del coronel narcotraficante Luis Arce Gómez -un alumno aplicado de la CIA- invadieron la sede de la Central Obrera Boliviana (COB) donde se definían acciones para defender al gobierno de Lidia Gueiler que en ese momento era prisionera del general Luis García Meza dentro el Palacio Quemado.
Los paramilitares ingresaron a la COB con la finalidad expresa de asesinar al diputado socialista y candidato presidencial Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y lo hicieron, además de matar a otros líderes populares. Luego de recibir una ráfaga de metralleta en las escalinatas del edificio obrero, todavía con vida, Quiroga Santa Cruz fue conducido al Cuartel General de Miraflores donde su cuerpo fue desaparecido sin rastros de él hasta hoy. Han transcurrido 25 años de aquel asesinato y desaparición; y Bolivia no deja de lamentar la pérdida de quien no sólo fue el político que dejó testimonio inigualable de profunda ética en su conducta y pensamiento, sino también un artista y escritor galardonado en 1962 por la Fundación William Faulkner con el Premio a la Mejor Novela Iberoamericana. Su obra premiada, 'Los deshabitados', es un bello canto a la soledad, una majestuosa metáfora que se anticipa a su muerte misma.
Ducrot, el ángel caído
'Las seis de la tarde. El padre Justiniano ha llegado a tiempo para oír el tañido de las campanas y ver el vuelo desordenado de las palomas frente a sus ventanas'. Son las líneas que dan comienzo a 'Los deshabitados', novela que Marcelo Quiroga Santa Cruz escribió en el invierno de 1957, a sus 26 años.
La obra del joven novelista aborda una temática de profundidades humanas al modo de Camus. Encuentros que son desencuentros, esperas sin esperanzas, amores de mala fe. Terribles paradojas, agridulces ironías. El propio autor se encargó de explicar esta esencia de su obra, a la que define como 'casi una secreción': 'Debo confesar que apenas si trata de algo. Su contenido argumental es insignificante. Los que buscan esa clase de emoción que procura la narración de una historia accidentada, serán defraudados. Lo que suele llamarse 'acción' no cumple más función, en este libro, que la de sostener en su frágil estructura todo el peso de mi curiosidad por algunas almas y por lo que esas almas encierran. (..). Comenzó a vivir bajo la forma de una extraña sensación de melancolía. Un poco después y a pesar mío, empezaron a tomar forma, como incubadas en esa luz tediosa y poética, algunas figuras humanas y un perro. Tuve que ponerles un nombre y después seguirlos con una culpable aunque deliciosa docilidad. Eso es todo'. Poblado de soledades, el mundo que crea Quiroga Santa Cruz es un fresco con toques surrealistas de aquella sociedad todavía rural y feudal, también clerical, en una ciudad donde 'cada vez se instalaban más fábricas'. La revolución nacional que se había instaurado en Bolivia el 9 de Abril de 1952 será el inevitable trasfondo -no político sino ético y moral- de un horizonte desolador e incierto, correlato de la decadencia que prevalece en un alma colectiva que pretende superarse a sí misma buscando los remansos de la fe. 'Tú le llamas fe, pero su nombre es miedo', dirá Fernando Ducrot, el personaje principal que, debatiéndose entre la religión y el anarquismo, desarrolla suculentos diálogos existenciales con un viejo y sabio párroco.
Ducrot se asemeja a un ángel caído de Anatale France. Es el alter ego del joven Quiroga Santa Cruz, en una visión de sí mismo no exenta de una tensión profética cuando pone en boca de su personaje estas palabras relativas a su, todavía insospechada, frustración como escritor de novelas y poemas a tiempo completo:
'35 años de edad… para un escritor son poquísimos. Todavía no he publicado nada. No importa. No es cuestión de cantidad. Ya veremos cuando comience el primero. ¿Escribiré alguno? La verdad es que empiezo a perder confianza. No es para menos. ¡Qué diablos! Si ni siquiera sé lo que quiero. A mi edad, un albañil ha hecho una casa. ¡Por lo menos! O un ladrón ha robado varias veces; estará metido en la cárcel; habrá logrado algo. Y yo, ¿qué? Sin embargo, me las arreglo para que me consideren un escritor…'.
Y es que la angustia que siente Quiroga Santa Cruz por la realidad social que le rodea pone en cuestión su rol de intelectual. Ante el dilema de escribir lo que se siente, lo que se piensa o lo que se debe, su interlocutor, el cura humanitario, interviene acusándole de ser como todos los literatos de aquella época que 'eligen ese oficio porque les repugna la gente'. Pero Ducrot, desafiado en su fuero más íntimo, dirá:
'Creí haberme convertido en escritor por una especie de vértigo social. No era la oquedad de un abismo lo que me atraía, sino un mar de cabezas y corazones humanos que podían pensar y sentir conmigo'.
Después de 'Los deshabitados', Marcelo no volvió a escribir nunca más una novela individualista. No era ya necesario, la que hizo valió por mil. Entonces esa especie de vértigo social, ese mar de cabezas y corazones humanos que podían pensar y sentir con él, esa vena marxista que se apoderó de su pluma, lo comprometió con la historia social y política de Bolivia hasta sus últimas consecuencias.
El sino dramático
La previsible decadencia de la revolución nacional, su vertiente dominantemente autoritaria y corrupta expresada por el MNR, que allanó el camino para el advenimiento de Barrientos a quien René Zavaleta Mercado llamó 'el déspota idiota', definieron una posición política en Quiroga Santa Cruz de contundente lucha anti-imperialista. Junto con Zavaleta y Sergio Almaraz Paz, Marcelo Quiroga Santa Cruz formó la triada intelectual boliviana más importante del siglo XX, insuperable aún hoy.
Cuando se produjeron las guerrillas de Ñancahuazú, Marcelo era militante de la Falange Socialista Boliviana (FSB), un partido de la casta señorial que combatía los abusos populistas del MNR y desde el cual, sin embargo, junto con otros jóvenes falangistas (como David Añez Pedraza fundador del MAS) que fueron impactados por la gesta heroica del Che Guevara, se desplazó hacia una línea socialista científica enarbolando combativamente la defensa democrática de los derechos humanos y de los recursos naturales. En 1968, el diputado Quiroga Santa Cruz instauró un juicio de responsabilidades en contra del dictador Barrientos por haber facilitado que agentes de la CIA intervengan en el asesinato del Che. A raíz de esa acción Quiroga Santa Cruz fue expulsado del Parlamento y confinado a un campo de concentración en Alto Madidi.
Tras la caída del dictador y su recambio con la corriente militar patriótica representada por Alfredo Ovando Candia, Quiroga Santa Cruz fue invitado a participar como Ministro de Minas y Petróleo; y en esa condición, el 19 de octubre de 1969 firmó el Decreto de Nacionalización de los yacimientos controlados por la Gulf Oil Company. Con la llegada de Banzer que vino para aplastar la Asamblea del Pueblo en 1971, Marcelo fue exiliado en México, donde, tras fundar el Partido Socialista-1, desarrolló una incansable labor intelectual y periodística, publicando dos obras fundamentales en su producción ensayística: 'El saqueo de Bolivia' (1972) y 'Oleocracia o Patria' (1977), libros donde se advierte su lúcida preocupación por el destino de las reservas de gas natural que entonces comenzaban a asomarse como la riqueza del futuro boliviano. En 1984 su esposa Cristina recopiló en el libro póstumo 'Hablemos de los que mueren' los artículos publicados por la prensa de México entre 1975 y 1977. También es póstuma su obra 'Otra vez Marzo'.
Retornando del exilio volvió a ser elegido Diputado nacional con una votación que estuvo a punto de llevarlo a la Presidencia de la República. En la legislatura de 1979 inició un juicio de responsabilidades contra el ex dictador Banzer y ese proceso quedó truncado con el golpe de García Meza que, como sabemos, tuvo como principal objetivo asesinar al tribuno socialista tal como sucedió el 17 de julio de 1980, cuando Marcelo murió privado de su derecho a una cristiana sepultura.
Una tumba deshabitada
En la introducción a su excelente estudio sobre 'Los mundos de los deshabitados', Giancarla Quiroga define la dimensión metafísica del término 'deshabitado' a partir de su connotación en el contexto físico, de la relación casa-hombre que se aplica a un ambiente en el que nadie mora, pero que 'resulta nuevo, inédito como tal, en cuanto se refiere a la designación -en sentido existencial y sicológico- de un estado de ánimo'. Esta dimensión, entonces, es aplicable tanto a la vida como a la muerte. Y el alma deshabitada de Marcelo Quiroga Santa Cruz es una herida todavía abierta en la conciencia de los bolivianos: su cuerpo no aparece, hay una tumba vacía esperándolo para acogerlo entre flores y plegarias que buscan a su destinatario sin hallarlo hasta ahora.
Según una revelación efectuada recientemente por el general de Ejército José Antonio Gil a través de un relato novelado que circula desde abril, sus asesinos hicieron desaparecer el cuerpo de Marcelo en un macabro acto de descuartizamiento e incineración tras las caballerizas del Regimiento Ingavi, y los restos habrían sido dispersados a lo largo de una avenida que poco tiempo después fue asfaltada por órdenes de un alcalde de la dictadura.
Hallar el cuerpo de Marcelo es una tarea que las autoridades bolivianas se muestran incapaces de cumplir con la voluntad política necesaria.
Pero Marcelo retornará, será el Pachacuti, dice un profeta aymara. Cuando aparezcan sus despojos, su alma volverá a habitar en las multitudes que no lo olvidan.
EMPRESARIOS DE BOLIVIA: "CLIMA ES ADECUADO PARA TRABAJAR"
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio de ese país, Guillermo Morales, explica que Bolivia tiene potencial para desarrollarse, por lo que espera que el nuevo Mandatario garantice las condiciones para ello.
El Mercurio de Chile (www.emol.com)
Confiado en que Bolivia aproveche su potencial económico se muestra Guillermo Morales, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia, quien vino a Chile para participar en un encuentro que convocó a los presidentes de las cámaras de Comercio de países del Mercosur, cuya organización estuvo a cargo de la entidad chilena. El dirigente empresarial también destaca la importancia de abordar los temas económicos entre Chile y Bolivia. "El Presidente Eduardo Rodríguez está interesadísimo en darles un fortalecimiento a los procesos de integración comercial, concurrentemente en fortalecer el ACE (Acuerdo de Complementación Económica) suscrito con Chile", dice.
-¿Cree que el Presidente se mostrará abierto para profundizar el ACE?
"Sí. Creo que sirve para despejar cualquier circunstancia. Una cosa son los problemas que puedan tener centenariamente los gobiernos, y otra es la realidad de la economía y quiero francamente expresarle que Bolivia y Chile son aliados estratégicos en el comercio. Lo que pretendemos es que la economía se fortalezca y obviamente llegue un momento en que la economía se constituya en el mecanismo adecuado para que los gobiernos fortalezcan o resuelvan sus problemas".
-¿Cómo a sus asociados les han afectado las inestabilidades políticas de Bolivia?
"Bolivia se ha constituido en esos dos meses (mayo y junio) en una preocupación social bastante fuerte, porque se ha dado una especie de inestabilidad política y de falta de principios de autoridad. Se ha convulsionado el país, pero no a nivel de conjunto. Ha habido problemas en las ciudades de El Alto y La Paz, pero la economía en el resto de Bolivia era básicamente normal. Esos reclamos sociales lograron paralizar la actividad productiva en esas dos ciudades. Por más o menos 21 días las actividades empresariales estuvieron prácticamente paralizadas".
-¿Tienen estimado a cuánto llegan las pérdidas por esos actos?
"Por estos hechos se habría causado más o menos US$ 80 millones en el aparato productivo. Hoy en el país se vive una calma que viene como consecuencia de que se ha nombrado un gobierno provisorio, del doctor Eduardo Rodríguez, quien tiene como función fundamental el convocar a elecciones y, además, lograr la pacificación en el país, en la institucionalidad del Estado y recuperar el principio de autoridad y respeto a la ley".
-¿Hoy Bolivia es más estable?
"Si usted va hoy a La Paz, va a encontrar un clima adecuado para el trabajo, para la inversión y el turismo. Bolivia económicamente es viable. Además de los recursos naturales, como el gas y la minería, está la riqueza de la agricultura; sector agropecuario; en manufactura y en exportación de joyas, de oro y plata, además de un turismo visionario y proyectable en cuanto hacia el ecoturismo. Tiene los ingredientes para ser un país viable económicamente. Nos preocupa mucho que esa viabilidad se vea afectada por la inestabilidad política surgida como consecuencia de estos problemas de mayo y junio. Tenemos la esperanza de que con este nuevo Presidente se logre que en Bolivia se respete la ley y se retome el camino que le corresponde".
7 years ago
1 comment:
Gracias por este servicio de buscar articulos en la prensa extranjera...podrias incluir la direccion exacta de cada articulo para poder encontrarlos mas facilmente en los sitios web?
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