BOLIVIA Y PERÚ SE ABREN A CHILE
La Estrella de Arica, Chile (www.estrellaarica.cl)
La anhelada aspiración de viajar de Chile a Bolivia con carné de identidad y viceversa será una realidad, gracias a los avances en materia de integración que se han materializado en el Comité de Fronteras que reúne a las autoridades de ambos países.
Así lo informó el cónsul de Bolivia en Arica, Guillermo Gutiérrez de las Heras, quien manifestó que entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre se implementará un plan piloto de ingreso de turistas entre Chile y el país altiplánico sólo con el carné de identidad por los pasos fronterizos habilitados y aeropuertos.
Esto significa que el pasaporte sería suprimido durante estos dos meses de experimentación, permitiendo así el libre ingreso de ciudadanos chilenos y bolivianos por la frontera, sólo con la presentación de la cédula de identidad. Una buena noticia si se piensa que en la actualidad los bolivianos deben desembolsar 100 dólares y los chilenos 40 mil pesos para obtener este documento.
Gutiérrez enfatizó que se trata de un período de evaluación, del cual se esperan resultados favorables con el tránsito de turistas para ambos países, tomando en cuenta las ventajas que esta medida implica, desde el punto de vista turístico y comercial. Sostuvo que el ingreso será para todas las ciudades del país.
APERTURA CON PERU
Pero no sólo Bolivia abrirá sus fronteras, ya que a contar del mes de septiembre, podrán ingresar peruanos a Chile y chilenos a Perú, sin pasaporte ni bolsa de viaje. La concesión estará vigente una vez que se ratifique el convenio binacional mediante el cual Perú y Chile acuerdan el libre tránsito de sus ciudadanos en ambos países, como una medida de confianza mutua y promoción al intercambio comercial y cultural.
EDUARDO ALFREDO FELLNER RECIBIÓ A CÓNSUL DE BOLIVIA
Diario Pegón de Argentina (www.pregon.com.ar)
Con el objetivo de fortalecer las relaciones con el vecino país, en el despacho del Gobernador de la Provincia, doctor Eduardo Alfredo Fellner tuvo lugar el encuentro con el Cónsul de Bolivia en Jujuy, doctor Horacio Romero Pringles. En ese sentido, el Cónsul en dialogo con medios locales, señaló que la visita permitió abordar varios temas con el Gobernador, sobre todo aquellos referentes al gas en ese país, como así también la problemática política que atraviesa Bolivia.
El funcionario detalló que los conflictos se generan desde la parte sur del país, es decir en La Paz con el Gobierno Central, es por ello que la reunión que se celebrará el 27 del presente mes, servirá para fortalecer los acuerdos que posee ese país con Argentina, algo primordial para ambos países.
El doctor Pringles, destacó el gran interés puesto de manifiesto por parte del primer mandatario provincial, ya que adquiere una enorme importancia el hecho de poseer una provisión de gas permanente a nuestro país. En cuanto al análisis de su gestión en Jujuy, el Cónsul puntualizó que fue una gran experiencia, teniendo en cuenta que nuestra Provincia posee muchas bellezas paisajísticas, es decir, se logró una labor positiva en reuniones de tipo internacional con empresarios y demás representantes.
EL PAÍS NEGOCIA CON BOLIVIA COMPRA DE GAS
Diario Hoy de Argentina (www.diariohoy.net/v5/verNoticia.phtml)
El gobierno aguarda para el 27 de julio la visita del ministro de Planificación argentino Julio de Vido para negociar la compra-venta de 20 millones de metros cúbicos de gas que serían bombeados desde Bolivia con un costo estimado de 1.000 millones de dólares.
El ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Jaime Dunn, el jueves confirmó la llegada a Santa Cruz del funcionario argentino. La visita había sido fijada inicialmente para el 21 de julio, pero problema de agenda impidieron que se concretara el encuentro en esa fecha.
Buenos Aires promueve la construcción de un anillo energético en el Cono Sur sudamericano del que formaría parte un nuevo Gasoducto del Noreste Argentino hasta la provincia de Santa Fe, en ese país, pasando por al menos otras seis provincias; y que también serviría para alimentar mediante distintos ramales a Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
El proyecto, conversado inicialmente en octubre por los gobiernos de Argentina y Bolivia, tropezó en los últimos meses con crecientes demandas de estatizar el gas boliviano, que derivaron en una revuelta entre mayo y junio que obligó al entonces presidente boliviano Carlos Mesa a renunciar. Por otra parte, el 17 de mayo, el Congreso boliviano promulgó una ley que incrementó la carga tributaria a las petroleras, entre regalías e impuestos, del 18 al 50%, lo que al decir de las principales transnacionales que operan en Bolivia podría desincentivar la concreción del gasoducto a Argentina.
Actualmente, Bolivia exporta al país vecino por un ducto construido en los 70 alrededor de 6,5 millones de metros cúbicos diarios de gas, totalmente insuficientes para Argentina que, además, tiene contratos de venta a Chile. Las empresas interesadas inicialmente en desarrollar el negocio son la hispana Repsol-YPF, la brasileña Petrobras y la empresa argentina Techint.
REPSOL EXPORTARÁ CON EXCLUSIVIDAD GAS DE CAMISEA A MÉXICO
La República de Perú (www.larepublica.com.pe)
La compra y exportación de gas natural proveniente de nuestro país a México se hará realidad pronto. Repsol YPF finalmente llegó a un acuerdo con el Gobierno Peruano y será el encargado, con carácter de exclusividad, de realizar la comercialización del hidrocarburo al país del norte, según informaron fuentes de la empresa al sitio América Económica, publicado en Google Noticias.
Finalmente, la empresa francesa Suez Energy se retiró del concurso descartando cualquier posibilidad de competir en este ámbito con Repsol.
A partir de ahora, el gas natural de nuestro país tendrá como destino la planta de regasificación “Lázaro Cárdenas” que la petrolera hispano-argentina está construyendo en la costa mexicana del Pacífico.
Se estima que la venta de gas peruano a México puede bordear los US$ 1,500 millones. El contrato firmado durará veinte años y contempla la exportación de 4.6 billones de pies cúbicos. No obstante, no se descarta que una parte de este gas podría tener como destino Chile.
Además de este contrato, Repsol YPF va a seguir negociando la compra de un 10% de los campos de Camisea y del 20% del consorcio Perú LNG, controlado actualmente en un 70% por la estadounidense Hunt Oil y en un 30% por la surcoreana SK Corp.
JORGE RODRÍGUEZ: "2006 Y 2007 SERÁN AÑOS DIFÍCILES PARA LAS ELÉCTRICAS"
La Tercera de Chile (www.latercera.cl)
Con el nivel de lluvias a la fecha y un abastecimiento de gas argentino casi normal en la zona central, el ministro de Economía, Jorge Rodríguez, se mostró ayer confiado en la actual situación del sector energético e incluso felicitó a las generadoras por su desempeño. No obstante, sostuvo que, probablemente, "2006 y 2007 serán años difíciles para las eléctricas (generadoras)", aunque estaba seguro que las compañías responderán mejor que lo hecho en el 2004 y 2005 por la experiencia ganada.
Para Rodríguez, mientras Chile no tenga gas natural licuado (GNL), lo que espera ocurra en el año 2008, seguirá teniendo problemas de abastecimiento gasífero, lo que golpeará los costos de la industria de generación de electricidad. No obstante, descarta que esto llegue a afectar a los consumidores.
Respecto de la creación de un anillo energético en el Cono Sur de América Latina, el titular de Economía sostuvo que los gobiernos partícipes del proyecto están comprometidos a sacar una institucionalidad legal antes de fin de año.
Asimismo, Rodríguez dijo que hay confianza en las reservas de gas que Enap tiene en Magallanes, aunque falta comprobar lo que han indicado los estudios. Podría haber gas para abastecer la zona central del país por 20 años. El trabajo de verificación podría estar listo en enero-febrero de 2006.
BOLIVIA DEBE CREAR 'ANILLO INTERNO' ANTES DE EXPORTAR MATERIA PRIMA
Antes de pensar en la exportación de gas natural como materia prima, más sus agregados, el país debe desarrollar su 'anillo interno' con miras a dotar de valor agregado al energético y crear suficientes recursos económicos que permitan superar el crónico déficit fiscal y la generación de fuentes de empleo en territorio nacional.
Argen Press de Argentina (www.argenpress.info)
El criterio corresponde al ex parlamentario e investigador nacional Andrés Soliz Rada, quien lamenta que la política nacional de hidrocarburos pretenda ser fijada en el actual gobierno, que sólo debe cumplir un papel de transición. Sin embargo, las primeras señales que esas autoridades están enviando a la Nación son las de que el país se integre cuanto antes al denominado 'anillo energético', como mero exportador de materia prima, cuando se debería orientar los esfuerzos hacia el fortalecimiento interno y el desarrollo de la industrialización del gas dentro de las fronteras.
Anillo interno
Para Soliz Rada, existe una importante cantidad de elementos que posibilitarían el desarrollo de un 'anillo interno', pero por ausencia de visión de desarrollo de las actuales autoridades lo primero que se piensa y se ejecuta es la exportación de materia prima.
En ese sentido, destaca el proyecto del ingeniero Justo Zapata que plantea instalar termoeléctricas en Tarija para vender electricidad a Chile y Argentina, y construir el gasoducto Tarija-Potosí que impulsará la actividad minera y hará rentables plantas paralizadas como la de Karachipampa (fundición de plata).
El gasoducto llegaría al salar de Uyuni, donde, gracias a la mezcla de azufre y gas, se instalará una enorme industria de fertilizantes, con mercado en el Brasil, así como la producción de quinua, una apreciada gramínea en el mercado mundial, con lo cual Bolivia comenzará a resolver sus apremiantes problemas económicos. Recuerda que el semanario cruceño 'Energy Press' (29 de marzo de 2004) informó sobre la factibilidad de instalar una planta de polietileno y polipropileno en Patacamaya, La Paz, y otra de dimetil-éter en Sica, frontera entre Oruro y La Paz.
Más gasoductos internos
Soliz Rada afirma que el 'anillo interno' boliviano debe seguir a las ciudades de Oruro y El Alto, en las que se ampliará la instalación de centenares de medianas y pequeñas empresas que exportan manufacturas en cueros, madera y oro.
Pero, además, el país necesita otro gasoducto que conecte a Santa Cruz con Beni y Pando. A la explotación del hierro del Mutún, en Santa Cruz, utilizando el gas como reductor, debe seguir la instalación de la planta de diesel ecológico en Puerto Suárez, con mercado mundial asegurado.
'La potencialidad ganadera del Beni se multiplicará con termoeléctricas, en tanto que Pando reafirmará su condición de primer productor mundial de castaña. En Pando, el departamento más abandonado del país, se encontrarían los gasoductos de sur a norte (de Tarija a La Paz, pasando por Chuquisaca, con plantas de úrea en Potosí, Oruro y La Paz) y de Santa Cruz a Beni y Pando, con lo cual el gas coadyuvará a consolidar la hoy amenazada unidad nacional; mientras que el gas de Cochabamba desarrollará el hierro de Changolla, con destino al mercado interno, ya que el del Mutún será para la exportación', puntualiza el investigador.Gasoducto vs. Cañerías
Otra de las observaciones en las que sustenta su posición Soliz Rada, es el hecho que de territorio boliviano sale a San Pablo, Brasil, un gasoducto con capacidad de 30 millones de metros cúbicos diarios (MMcd); otro que conecta a Cuiaba, Brasil, con 2.4 millones de MMcd y un tercero que llega a la frontera argentina, con 6 millones de MMcd.
En tanto que el gasoducto que conecta a Oruro y La Paz, en el occidente del país, tiene capacidad sólo para 0.4 MMcd. 'En realidad es una cañería que no merece el nombre de gasoducto. Bolivia, país 'gasífero', no cuenta con gasoductos a Beni, Pando y Potosí. El gasoducto a San Pablo tiene un diámetro 75 veces mayor que el que llega a Oruro y La Paz. Gracias a su ampliación, exportará 70 millones de MMcd, lo que significa que su capacidad será 150 veces mayor que la cañería a las citadas ciudades', afirma el entrevistado. De la misma forma deplora que el gasoducto a Cuiaba, que pasa por la mina de oro 'Don Mario', de Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL), tiene un diámetro seis veces mayor que el del occidente boliviano. En síntesis, 'hoy existe una sola cañería que transporta 0.4 millones de MMcd al Occidente de Bolivia, en tanto exportamos 31 millones de MMcd. Al finalizar la presente década, se exportará 130 millones de MMcd, si se vende 30 millones de MMcd a México, con lo que las reservas probadas de Bolivia se habrán agotado en 20 años'.
IndependenciaCon la construcción de esos nuevos gasoductos que conformarán el 'anillo interno' boliviano, el país ya no estará entre los países más pobres del planeta, al que se requiere prestar dinero para que pague rentas a sus jubilados y sueldos a sus maestros y militares.
'Ese anillo, construido por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con el mismo financiamiento que consiguen las petroleras para proyectos rentables, integrará Petroamérica -que articula a Petrobras, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y la empresa nacional argentina Enarsa- que es la mayor esperanza de detener la succión de las transnacionales' afirma el entrevistado.
Agentes de las transnacionales intentan fijar la política energética
El Estado Nacional se encuentra ante un grave riesgo, ya que los 'agentes de las transnacionales' intentan fijar una política hidrocarburífera para los siguientes 30 ó 40 años, tratándose de personajes de transición que carecen de la moral suficiente para establecer dichas políticas.
La advertencia fue hecha por el ex parlamentario Andrés Soliz Rada, quien expresó su preocupación ante las declaraciones del canciller Armando Loaiza y del ministro de Hidrocarburos Jaime Dunn Castellanos, respecto a que el país se integre cuanto antes en el denominado 'anillo energético' o forme parte del 'gasoducto sudamericano'.
'La política nacional de hidrocarburos debe ser definida por un nuevo gobierno que tenga el apoyo mayoritario y no en este gobierno que está rodeado de agentes de las transnacionales desde la Cancillería, los ministerios de Hidrocarburos y Hacienda, en Yacimientos (YPFB), donde se han enquistado estos personajes', aseveró Soliz Rada.
Los agentes
El ex parlamentario e investigador de la política nacional da cuenta que el canciller Armando Loaiza fue cónsul general en Santiago, Chile, cuando Gonzalo Sánchez de Lozada pretendía, en 1993 y 1994, construir el gasoducto Tarija (Bolivia) a Tocopilla (Chile), donde se hallan las minas de la inglesa Río Tinto Zinc (RTZ), socia del ex jefe de Estado depuesto en octubre del año 2003.
En tanto, el nuevo presidente interino de YPFB es Carlos D'Arlach, quien trabajó 23 años para la Occidental Petroleum (Oxi); mientras el vicepresidente de Negociaciones Internacionales y Contratos de YPFB es José Kreidler Gillaux, cuya empresa de servicios en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra es cliente de las transnacionales petroleras. Por: EL DIARIO - INFOMORENO
BOLIVIA Y LA INTEGRACIÓN GASÍFERA SUDAMERICANA: ¿UN PROCESO INCLUYENTE? (PARTE V)
Argen Press de Argentina (www.argenpress.info)
Este informe fue realizado en Marzo de 2005.
3. La reestructuración del sector hidrocarburífero en Bolivia
Como hemos visto, con la primera generación de reformas, el gobierno comenzó una etapa de promoción de la inversión extranjera e inició las privatizaciones de algunas empresas públicas menores. Es recién en 1994 que, luego de la promulgación de la Ley de Inversiones y la de Capitalización, se dio inicio a un proceso de transferencia de 68 empresas públicas al sector privado, se procedió a la descentralización del área energética con la sanción de las leyes sectoriales de los sectores hidrocarburífero y eléctrico y, posteriormente, a la creación de las respectivas Superintendencias; y, por último, se limitó la acción del Estado al rol de regulador, controlador y 'agregador', como se verá con posterioridad.
El sector hidrocarburífero previo a la reestructuración realizada en 1996, estaba caracterizado por la existencia de una empresa totalmente estatal que ejercía un monopolio en todos los tramos de la cadena hidrocarburífera: la exploración, explotación, refinación, transporte y distribución y comercialización. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos producía el 77% del total del petróleo y el gas producido en el país, mientras que el restante 23% era producido por compañías extranjeras (62).
El marco institucional estaba determinado por la existencia de un Ministerio y una Dirección de Hidrocarburos que, entre otras cosas, se encontraban encargados de fijar el precio de los hidrocarburos para el mercado doméstico. El Poder Ejecutivo aprobaba los programas energéticos a través del CONEPLAN.Uno de los indicadores a los que se apeló para justificar la necesidad de la reforma del sector fue el decreciente nivel de inversiones totales realizadas por YPFB, a pesar de que, como se ha dicho, esta empresa concentró la mayor parte de las inversiones públicas hasta 1993. El bajo nivel de inversiones, particularmente en las actividades de exploración, había dado lugar a que la relación reservas-producción descendiera peligrosamente a un nivel que apenas superaba los veinte años, como puede observarse en el siguiente gráfico tomado de publicaciones oficiales de YPFB.
Este indicador se vio acompañado por la reducción de la producción de combustibles líquidos razón por la cual Bolivia, que ha sido tradicionalmente productora tanto de petróleo como de gas, comenzó a importar diesel. Esta situación afectó en gran medida el consumo interno y terminó incidiendo en la tasa de inflación, dado que el precio de los combustibles líquidos estaría desde entonces indexado a los precios internacionales, como se verá en el próximo capítulo.
A pesar de la situación reseñada más arriba, la industria hidrocaburífera constituía una de las más dinámicas del país al momento de su capitalización. Por lo cual, me interesa estructurar este breve análisis en torno a los siguientes ejes:
- las características de la estructura del sector, como consecuencia de la capitalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
- los principales aspectos e implicancias del marco legal de la Ley Nº 1689 de Hidrocarburos.- la reconfiguración de la institucionalidad estatal, como marco regulador y ordenador. En especial, las nuevas funciones (residuales) de YPFB.
El sector hidrocarburífero, como hemos observado, es uno de de los que con más claridad demuestra los efectos de la aplicación de las políticas de ajuste estructural en Bolivia. Como indica Escobar de Pavón 'se ha consolidado una reestructuración productiva que traslada a manos de las empresas transnacionales y a los sectores de su interés los ejes del crecimiento económico: hidrocarburos, comunicaciones, servicios financieros' (63).
El proceso de capitalización y privatización de las empresas públicas presenta además un severo agravante en el caso del sector hidrocarburífero, tal es la transferencia de los derechos de propiedad a las empresas transnacionales. En abierta oposición a lo establecido por el artículo 139 de la Constitución Política del Estado, el Poder Ejecutivo estableció en 1997 a través del DS 24806 que las empresas que realizaran actividades de exploración, explotación y comercialización adquirirían el derecho de propiedad de la producción en boca de pozo y de la libre disposición de la misma.
Al ser libre además la importación, exportación y comercialización interna de los hidrocarburos y sus derivados, de acuerdo al artículo 5 de la Ley Nº 1689, las empresas que operan en el país no sólo son propietarias de los yacimientos extraídos a boca de pozo, sino también de su uso y del excedente económico generado por el mismo.
El ingreso obtenido por el Estado proviene únicamente del sistema tributario: impuestos directos e indirectos y regalías. Cabe destacar que una parte creciente del ingreso está constituido, de hecho, por impuestos indirectos (64). De acuerdo a datos provistos por Tania Aillón Gómez 'YPFB era la empresa estatal más importante en términos económicos en Bolivia entre 1990 y 1996, transfirió al Tesoro General de la Nación un promedio anual de 302 millones de dólares (65% del total de sus ventas internas y externas), que constituían el 40% de los ingresos del TGN' (65).
Es preciso dimensionar adecuadamente la importancia que revistieron la Ley de Inversiones y la de Capitalización como marco que posibilitó la capitalización del sector y, consecuentemente, su reestructuración.Dicha reestructuración, pensada en términos de la profunda transnacionalización que tuvo lugar, fue facilitada por la retracción del Estado de toda la cadena productiva hidrocarburífera, con las connotaciones que esto tuvo en la propia autopercepción de una comunidad que todavía conservaba la memoria histórica de un Estado centralizador y rector que había posibilitado dos nacionalizaciones en el pasado, en 1937 y en 1969 (66).
En contrapartida, podemos observar el creciente peso e influencia en la toma de decisiones ejercido por las empresas extranjeras atraídas por las condiciones favorables ofrecidas al capital inversor privado. Estos dos procesos se vieron acompañados por la ausencia de una política energética nacional pensada estratégicamente desde la política exterior y la defensa nacional. Los últimos diez años demuestran que la evolución de la política gasífera ha estado impulsada fundamentalmente por proyectos de promoción de las exportaciones tanto dentro como fuera de la región. Los programas de industrialización del recurso también han estado en gran medida orientados al aprovisionamiento del mercado externo. La política económica implementada manifiesta, de esta forma, una disociación o desvinculación de los objetivos de desarrollo socio-económico interno, tales como la ampliación del acceso a la energía de los ciudadanos bolivianos, en especial al gas natural por redes del que actualmente se ve favorecida una parte minoritaria de la población, la promoción del consumo interno tanto residencial como industrial y, desde ya, la industrialización del gas natural en el país a fin de incrementar su valor agregado.
La reestructuración del sector hidrocarburífero comienza en el año 1996, momento en el cual se aprueba la Ley Nº 1689 de Hidrocarburos y se inicia el proceso de capitalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Los objetivos declarados de la capitalización de YPFB fueron, sintéticamente los siguientes:
- contar con capital de inversión y tecnología para el desarrollo de los yacimientos de hidrocarburos- crear un régimen fiscal, contemplado dentro de la misma la nueva ley de hidrocarburos, que permita la atracción de capitales privados y garantice la rentabilidad de las inversiones
- incrementar la competencia en el sector y su competitividad respecto de otros países
- monetizar los recursos petroleros de Bolivia
- concluir e implementar el proyecto de exportación de gas natural al Brasil, procurando la obtención del financiamiento necesario
- continuar con las exportaciones de gas natural a la Argentina y abastecer el mercado nacional
- promover las exportaciones de gas natural a otros países de la región
- modernizar la comercialización de derivados de hidrocarburos
El proceso de transferencia de los activos públicos al sector privado puede ser dividido en varios momentos, desde la capitalización del sector upstream y downstream hasta la privatización de las dos refinerías y la red de poliductos.
Las limitaciones legales al ingreso del capital privado a la industria hidrocarburífera y minera, así como a las empresas públicas de servicios, se posibilitó a través de la firma de contratos de riesgo compartido o joint ventures que, ya previstos en la Ley Nº 1194 de Hidrocarburos (1991) adquirían la modalidad de contratos de asociación y operación.
Podemos definir sintéticamente el esquema general a través del cual se reorganizan las actividades del sector diciendo que la capitalización de YPFB comienza con la separación de las actividades de upstream (exploración, explotación y comercialización) de las downstream (transporte de petróleo y gas natural, distribución del gas natural por redes, refinación y comercialización al por menor), lo que conlleva la desintegración vertical de la empresa y la creación de tres sociedades anónimas mixtas (S.A.M.) o sociedades de economía mixta, de acuerdo a la denominación dada por la Ley de Capitalización, en su artículo 2. Dos de estas empresas realizarían actividades de exploración y explotación de hidrocarburos: Andina S.A.M. y Chaco S.A.M., mientras que la tercera se haría cargo del transporte de hidrocarburos y la distribución de gas natural por redes, TRANSREDES S.A.M.
A las primeras dos empresas, creadas inicialmente como Empresa Petrolera Andina S.A.M (EPAN S.A.M.) y Empresa Petrolera Chaco S.A.M (EPCHA S.A.M.) se les asignarían bloques de exploración y explotación de hidrocarburos de una manera equilibrada en el territorio nacional. La creación de dos empresas respondía al objetivo de promover la competencia y crear así incentivos para una mayor actividad exploratoria y productiva.Por su parte, la empresa de transporte, originariamente Empresa Transportadora de Hidrocarburos de Bolivia S.A.M (THB S.A.M.) estaría a cargo de todos los ductos de YPFB (oleoductos, gasoductos y poliductos) incluyendo el gasoducto de exportación a Argentina, el entonces oleoducto de exportación a Chile y una participación del gasoducto al Brasil (67). Sus actividades estarían reguladas por la Superintendencia de Hidrocarburos, la que también establecería las tarifas de transporte.
De esta forma, el Estado continúa siendo propietario de los recursos hidrocarburíferos, de acuerdo a lo establecido por la Ley de Hidrocarburos y la propia Constitución Política del Estado, pero permite la entrada del capital privado de dos formas. En primer lugar, a través de la modalidad de riesgo compartido en exploración y explotación (con libertad de venta en el mercado interno y externo, con excepción de los volúmenes requeridos para el suministro interno y el cumplimiento de los compromisos de exportación). En segundo lugar, mediante concesiones de transporte y distribución de gas natural por redes, otorgadas y supervisadas por la Superintendencia de Hidrocarburos, en tanto estas actividades económicas constituyen servicios públicos que deben ser regulados por el Estado. El resto de las actividades continuarían siendo ejecutadas provisoriamente por el Estado, aunque muchas serían privatizadas posteriormente, como es el caso de la refinación. En la actualidad, una de las pocas actividades directas que aún se encuentra a cargo de YPFB es la provisión de gas natural por redes en la región comprendida por La Paz, El Alto, Oruro y Potosí, si bien ya existen proyectos para otorgarla también en concesión al capital privado, dado que es la zona más densamente poblada del país (68).
Como indica Andrés Soliz Rada (69), el proceso de capitalización podría entenderse como un proceso de privatización diferido, en el que los inversores no se ven obligados a desembolsar la totalidad del valor de la empresa que adquieren en forma inmediata, sino que como expliqué anteriormente las empresas capitalizadoras comprometen un monto de inversión similar al valor de la empresa a realizarse a lo largo de un período de ocho años (70), al cabo del cual se supone que la nueva empresa contaría con el doble de su valor original.
El Estado boliviano permanecía, en principio, como propietario del 50% del paquete accionario de la sociedad de economía mixta, siendo distribuida la mitad restante entre las empresas capitalizadoras, activos a los cuales se sumaba la administración de las empresas capitalizadas, al delegárseles la elección de cuatro de los siete directivos.
Sin embargo, en los hechos el 50% de las acciones de propiedad pública, no quedaba en manos del Estado, sino de los ciudadanos bolivianos que hubieran cumplido la mayoría de edad al 31 de diciembre de 1995. De esta manera, los mismos verían ampliada su cobertura jubilatoria a través de la recepción de un bono que reportaría anualidades sostenidas en los dividendos generados por las empresas. Las acciones fueron puestas en un fideicomiso hasta la licitación por la cual se adjudicó la gestión de este fondo a dos Administradoras de Fondos de Pensión, de origen español. Las Administradoras no sólo administraban lo que se constituyó como un Fondo de Capitalización Colectivo no contributivo sino también los Fondos de Capitalización Individual, a lo que se sumaba su capacidad para designar a los tres representantes del Consejo Directivo de las sociedades anónimas mixtas, razón por la cual adquirieron un considerable poder.
Así se completa el esquema de privatización y transnacionalización del sector hidrocarburífero en Bolivia, un esquema en el que parece diluirse la noción de una política energética nacional diseñada desde el Estado como basamento para la promoción del desarrollo económico del país, y en el que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos es vaciada de contenido, convirtiéndose en una institución con funciones residuales.
En el Libro de Oro de YPFB se enumera las distintas razones por las cuales se mantiene la empresa estatal. La misma contaría con las siguientes atribuciones:
- la administración de refinerías, poliductos y la comercialización de hidrocarburos y productos al por mayor (hasta su privatización en 1999)
- el manejo del mapa nacional para el otorgamiento de áreas de exploración a compañías interesadas por medio de licitaciones públicas y la firma de Contratos de Riesgo compartido con las adjudicatarias- el mantenimiento de las obligaciones contractuales de provisión de gas natural a los mercados de exportación como Argentina y Brasil, así como la supervisión y fiscalización del 'upstream'.
- La prestación de servicios a las compañías capitalizadas, en actividades tales como perforación, tecnología petrolera, servicios aéreos, etc.
Andrés Soliz Rada observa que con la Ley Nº 1689, al establecerse que todas las actividades de la cadena de producción hidrocarburífera deberán ser realizadas necesariamente por los operadores privados, YPFB 'residual' se convertiría en una empresa ilegal.
Fundamentalmente, es importante entender que la forma en que YPFB se inserta en este esquema es como la empresa pública que debe firmar a nombre y en representación del Estado boliviano los contratos de riesgo compartido con los socios privados. De esta forma funciona, por una parte, como una oficina del Estado en su asociación con los inversores privados que, a través de su entrada al sector fueron concretando su progresiva transnacionalización. Por otra parte, actúa como 'agregador', al designar los volúmenes que podrá exportar cada empresa.
Proceso de capitalización de YPFB
La empresa Andina S.A.M. fue capitalizada por tres empresas de origen argentino que luego fueron adquiridas por la empresa española REPSOL YPF S.A.: YPF (20,25%), Pérez Companc (20,25%) y Pluspetrol (9.5%). Las mismas se comprometieron a realizar inversiones que ascenderían a U$S 264.77 millones en un plazo máximo de 8 años. Posteriormente, REPSOL-YPF pasa a controlar en un 100% tanto a YPF como a Pluspetrol y adquiere la participación de Pérez Companc, con lo cual se convierte en la propietaria del 50% de las acciones de Andina S.A.M., quedando el 50% restante bajo la gestión de las Administradoras de Fondos de Pensión.
Chaco S.A.M, fue capitalizada por Amocco Bolivia (30%) y por Bridas (20%), empresa luego adquirida por British Petroleum, con un compromiso de inversión de U$S 306.6 millones, a realizarse en un período de ocho años. Posteriormente se realiza la capitalización de Transredes S.A.M. que, como afirmaba anteriormente, tendría injerencia en las actividades de transporte de hidrocarburos y distribución de gas natural por redes. Esta empresa fue capitalizada por un consorcio compuesto por ENRON (25%) - Shell (25%) también 1996, por un monto de U$S 263.5 millones de dólares. Cabe destacar que estas dos empresas cuentan actualmente con una importante participación en el gasoducto Bolivia-Brasil como se verá posteriormente.
En 1997 se inicia el proceso de privatización de las dos refinerías y las dos redes de poliductos con las que contaba la empresa estatal: la Refinería Gualberto Villlarroel, la Refinería Guillermo Elder Bell, el Poliducto Palmasola-Viru-Viru y el Poliducto -Refinería Villarroel-Aeropuerto, que fueron vendidas como una sola unidad económica, la Empresa Boliviana de Refinación, al único postor, el consorcio Petrobras (70%) - Pérez Companc (30%) por un monto de U$S102 millones. Con la adquisición del 100% de las acciones de Pecom por parte de Petrobras, esta última empresa controla al presente totalmente la Empresa Boliviana de Refinación.De esta forma puede observarse como se produjo una afluencia de inversión extranjera directa sólo con motivo de la capitalización de YPFB que llegó a casi 937 millones de dólares en el período de ocho años que se extienden a partir del inicio de este proceso de capitalización y privatización.
Estas inversiones se vieron incrementadas simultáneamente, en primer lugar, por el incremento de las actividades de exploración que permitió el notable aumento de las reservas probadas certificadas de Bolivia a fines de la década de 1990, y posteriormente con los proyectos de exportación desarrollados, en especial la construcción del gasoducto a Brasil, que constituye hasta el momento uno de las obras de infraestructuras más importantes del subcontinente.
Luego de la capitalización de YPFB tiene lugar entre los años 1997 y 1999 la conversión de los antiguos contratos de asociación y operación, por los nuevos contratos de riesgo compartido que YPFB, de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 1689, subscribe a nombre del Estado boliviano con las empresas adjudicatarias de los campos en licitación para la exploración y explotación de hidrocarburos.
Los modalidades de contrato establecidas por la Ley Nº 1194, a diferencia los contratos de riesgo compartido previstos en la Ley Nº 1689 y normados también en la Ley Nº 1182 de Inversiones entre sus artículos 16 a 19. presentan las siguientes características diferenciadoras. Las empresas que hubieran suscripto un contrato de operación debían realizar las operaciones de exploración y explotación a su propia cuenta y riesgo, debiendo aportar la totalidad de los capitales, instalaciones, equipos y materiales. Al contratista se le reconocía derecho exclusivo de las actividades de exploración realizadas a nombre y en representación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Una vez finalizada la exploración, el Contratista debía seleccionar una determinada área para la explotación y, ya iniciada la producción tenía la obligación de entrega en propiedad a YPFB la totalidad de los hidrocarburos producidos, con derecho a una retribución establecida en el contrato.
Los contratos de asociación también afectan a las fases de Exploración y Explotación de hidrocarburos. Esta modalidad prevé que YPFB pueda ejercer su opción a asociarse con los mismos derechos y deberes que el contratista si se produce algún descubrimiento considerado comercial, en cuyo caso deberá reembolsar a la empresa contratista la cuota parte de los costos directos de exploración. YPFB también podrá celebrar contratos de asociación para la ejecución de las fases de refinación, industrialización y comercialización.La Ley de Hidrocarburos todavía vigente establece, en primer lugar, que para la participación en actividades de exploración, explotación y comercialización deberá necesariamente suscribir contratos de riesgo compartido por un tiempo determinado con personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras. Mientras la Ley establece la extensión de tiempo máxima de un contrato y la superficie máxima sobre la que puede realizarse la exploración y explotación del recurso no se delimita el número máximo de contratos de riesgo compartido que puede suscribir una misma empresa. Por otra parte, las empresas que con las que se asocie YPFB tendrán el derecho de explorar, explotar y comercializar libremente los recursos, con la excepción de aquellos volúmenes requeridos para la satisfacción de la demanda interna de gas natural y para el cumplimiento de los contratos de exportación que hubiera suscripto YPFB con anterioridad a la vigencia de la Ley.
Campodónico indica en un informe elaborado en 2004 que las empresas debieron establecer compromisos de inversión para poder llevar a cabo la conversión de los contratos. De acuerdo a los datos consignados por el autor, los montos comprometidos ascendieron a 56.8 millones de dólares entre 1997 y 1999.
Once contratos de operación o asociación en exploración fueron convertidos a la modalidad de riesgo compartido. Los operadores de esos contratos eran Maxus Bolivia Inc. en cuatro contratos, Petrobras en dos, Dong Wong Corporation Bolivia, Repsol Exploration Sécure S.A., Tesoro Bolivia Petroleum Company, Total Exploration Production Bolivie y Vintage Petroleum Boliviana Ltd. con un contrato cada uno.
Además otros ocho contratos de operación o asociación en explotación fueron convertidos a la modalidad prevista por la Ley Nº 1689, siendo los operadores: British Gas Bolivia Corporation y Vintage Petroleum Boliviana Ltd. con dos contratos cada uno, Maxus Bolivia Inc., Don Wong Corporation, Pérez Companc S.A. y Pluspetrol Bolivia Corporation con un contrato (71).
Con el proceso de capitalización fueron suscriptos siete contratos de riesgo compartido de explotación: siete con Andina S.A. y cinco con Chaco S.A., y catorce contratos de explotación: siete con Andina S.A. y siete con Chaco S.A. De los 82 contratos de riesgo compartido vigentes en la actualidad 38 son contratos de exploración y los restantes 44 de explotación.
Las actividades de downstream merecen algunas consideraciones por separado y serán desarrolladas también en el capítulo siguiente. Como comentaba anteriormente, la desestructuración vertical de YPFB dio lugar a la creación de la Empresa Transporte de Hidrocarburos S.A. o Transredes que, tras el proceso de capitalización en el cual adquirieron el 50% de las acciones el consorcio conformado por Enron y Shell, se haría cargo del transporte de hidrocarburos y la distribución del gas natural por redes.
A pesar del limitado acceso de los ciudadanos bolivianos a las redes de distribución del gas natural el país cuenta con un mapa de gasoductos troncales que llega a los 3676 km. (72).
La participación y regulación de las actividades de downstream presenta características diferentes. En primer lugar, como indica Campodónico en un informe comparativo realizado en 1998, mientras la producción de gas natural se rige por las normas del mercado y de la libre competencia, el transporte y la distribución del gas natural por redes tienen carácter de utilidad pública para la Ley de Hidrocarburos y, por lo tanto, se encuentran bajo la protección del Estado (artículo 11), estando sujetas a una regulación que garantice la calidad y continuidad en la provisión de estos servicios públicos, así como la defensa de los usuarios finales.
El BONOSOL, el BOLIVIDA y los efectos de la Reforma Previsional
En 1996 tiene lugar, en el marco de las reformas ya descriptas en el capítulo anterior, una reforma del sistema provisional, a partir de la nueva Ley de Pensiones Nº 1732, por la cual 'se lo transforma de un sistema de pensiones de reparto simple a un sistema de capitalización individual con administración privada' (73). Eduardo Antelo indica que uno de los objetivos de esta reforma fue la transferencia de los recursos de la capitalización, es decir, el 50% del paquete accionario de las empresas capitalizadas que se encontraban en manos del Estado boliviano y se hallaban custodiados en un fideicomiso (74).
Las cuentas individuales de los empleados, regidas bajo un sistema de capitalización individual, son administradas por Administradoras de Fondos de Pensión (AFPs) privadas. La gestión de este nuevo sistema fue adjudicada por licitación a dos empresas o consorcios españoles: el Consorcio Invesco Argentaria (AFP Futuro de Bolivia) y el Consorcio Previsión Banco Bilbao Vizcaya (AFP Previsión BBV). Estas dos AFPs iniciaron sus actividades en el año 1997. Con la fusión de los dos bancos y la consiguiente constitución de BBVA, se realiza una segunda licitación que beneficia a una Administradora de Fondos de Pensión suiza (75).
Eduardo Antelo también indica que los afiliados de las cuatro ciudades principales (La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y El Alto) fueron distribuidos en parte iguales entre los dos consorcios, mientras que se les concedió un monopolio de cinco años en sus áreas respectivas de exclusividad, las cuales fueron determinadas dividiendo al país en norte y sur y excluyendo las ciudades mencionadas antes (76). No obstante lo dicho anteriormente, considero necesario destacar el bajo porcentaje de la población económicamente activa que se encuentra trabajando formalmente en relación de dependencia, aún cuando el número total de afiliados se incrementó.
La importancia que le asigno a este tema es la vinculación entre la reforma del sistema previsional y la capitalización de las empresas públicas en Bolivia. La misma consistió en la transferencia a los ciudadanos bolivianos del 50% de las acciones de las empresas capitalizadas correspondientes al Estado boliviano, con el objeto de aumentar la cobertura para todos aquellos que al 31 de diciembre de 1995 tuvieran la mayoría de edad, a través de la creación de un fondo de capitalización colectivo.
La Ley de Capitalización autoriza al Poder Ejecutivo, en su artículo 5, 'a transferir a título gratuito, en beneficio de los ciudadanos bolivianos residentes en el país y que al 31 de diciembre de 1995 hubiesen alcanzado la mayoridad, las acciones de propiedad del Estado en las sociedades de economía mixta que hubiesen sido capitalizadas…'.
De esta forma se buscaba incrementar la cobertura y los beneficios de los ciudadanos a través de la coexistencia de un Fondo de Capitalización Individual constituido por los aportes provisionales de los trabajadores al seguro social de largo plazo y de un Fondo de Capitalización Colectivo constituido por las acciones de las empresas capitalizadas.
Es preciso tener en cuenta para entender el mecanismo articulado a través de estas reformas, así como los efectos y beneficios reales para los ciudadanos, que la gestión de ambos fondos sería adjudicada a la misma administración privada (77). En efecto, la Ley de Capitalización dispone la transferencia de las acciones a fondos de capitalización individual y la designación de las empresas que administrasen dichos fondos de pensiones de capitalización individual mediante licitación pública internacional (78).
El BONOSOL o Bono de Solidaridad, es el bono que se daría a todos los ciudadanos bolivianos a partir de los 65 años y cuyo pago anual se realizaría con la rentabilidad producida por las empresas capitalizadas. A partir de 1998 y como consecuencia de los problemas de sostenibilidad surgidos se creó el BOLIVIDA, de características similares al anterior.
Desde el inicio de la implementación de la reforma se registraron distintos problemas estructurales que es preciso destacar aquí: la insuficiencia de las ganancias producidas por las empresas para cubrir el pago de las anualidades, una rentabilidad del Fondo de Capitalización Colectivo menor a la esperada y la consiguiente transferencia de los fondos contributivos de las cuentas de capitalización individual al Fondo de Capitalización Colectivo para el pago de las anualidades, lo que estuvo facilitado por el hecho de que ambos Fondos se encuentran administrados por las mismas empresas (79).
Uno de los mayores riesgos inherentes a esta situación es la 'licuación' o desaparición progresiva del fondo de capitalización colectiva, es decir, de los activos que constituyen propiedad de los ciudadanos bolivianos. En este sentido, Andrés Soliz Rada advierte sobre la reciente venta de dos de los 24 bloques en que fue dividido el paquete accionario de las empresas de economía mixta correspondientes al Estado, luego transferidas a los ciudadanos (80).
La situación delineada anteriormente se ve afectada seriamente también por la falta de injerencia tanto del Estado boliviano como de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones de las empresas capitalizadas, aún cuando sucesivamente éstos han sido titulares del 50% de las acciones de las mismas.
Como indica nuevamente Andrés Soliz Rada, de las siete personas que componen el directorio de YPFB, cuatro son designadas por las empresas privadas capitalizadoras y los tres restantes por las Administradoras de Fondos de Pensión en nombre de los ciudadanos bolivianos (81). De esta forma, no sólo la administración y gestión de las empresas es transferida a los operadores privados, excluyéndose al Estado de cualquier decisión referente a la planificación del uso de los recursos o su producción, situación contemplada en el marco jurídico gestado en 1996, sino que además no existe ningún mecanismo de designación pública de las personas encargadas de representar los intereses de los ciudadanos bolivianos.
Efectos de la reestructuración del sector en el nivel de reservas y de producción
La actividad exploratoria y el crecimiento de las reservas
De acuerdo a un informe de la OLADE (82), Bolivia cuenta con una superficie potencialmente hidrocarburífera de aproximadamente 450.000 km2 que equivale al 42% de su territorio. De esta superficie se ha explorado aproximadamente un 20%. Dicha área se encuentra dividida en ocho provincias geológicas, como se muestra en el siguiente mapa, extraído del mismo informe: Madre de Dios, Beni, Subandino Norte, Subandino Sur, Pie de Monte, Chaco, Altiplano y Pantanal. Los primeros yacimientos importantes de gas natural de Bolivia fueron descubiertos en el Departamento de Santa Cruz a partir de 1960.
La actividad se concentró históricamente en las provincias del Subandino Sur y de Pie de Monte, zonas consideradas tradicionales. Como sostuve anteriormente, gran parte de los importantes yacimientos de Bolivia fueron descubiertos en la segunda mitad de la década del noventa, más específicamente entre 1997 y 2000, momento en el cual, tras la capitalización del sector hidrocarburífero nacional, se inició una intensa actividad exploratoria. Los principales yacimientos fueron hallados en el Departamento de Tarija, al sur de Bolivia, en campos explorados previamente por YPFB.
En 1998, fue descubierto el campo Margarita donde opera la empresa Maxus Bolivia. La reserva con la que cuenta el yacimiento se estima en 141500 MMm3. Al año siguiente, las reservas se incrementaron nuevamente con dos importantes descubrimientos realizados por la empresa Petrobras: los campos de San Alberto y San Antonio, que suman unos 220870 MMm3. Finalmente, también en 1999, la empresa Total Exploration Production Bolivie confirmó un volumen de reservas probadas de 85000 MMm3, en el campo Itaú, en el Departamento de Tarija. En base a informes oficiales de YPFB, puede afirmarse que estos descubrimientos produjeron un incremento de las reservas probadas de gas natural del 665% entre 1997 y 2003. De acuerdo a datos de año 2003 del Ministerio de Minería e Hidrocarburos, el 87.1% de las reservas de gas natural se encuentran en el departamento de Tarija, es decir, 695.180 millones de metros cúbicos aproximadamente. Santa Cruz, por su parte, aloja el 9.6% de las reservas con un volumen de 80.986,62 millones de metros cúbicos; Cochabamba un 2.1%, con 20.388,24 MMm3 y Chuquisaca un 1.2%, con 14.724,84 MMm3.
En el siguiente gráfico se muestra el notable crecimiento de las reservas de gas producido en Bolivia en la segunda mitad de la década del noventa, así como los volúmenes absolutos probados y el ligero decrecimiento que tuvo lugar de 2003 a 2004. De esta forma las reservas se ubicarían actualmente en el orden de los 781.500 millones de metros cúbicos. Cabe destacar además que, de acuerdo al informe de la OLADE al que hice referencia anteriormente Bolivia, siendo poseedora de la segunda reserva de gas natural más importante de Sudamérica, tiene el mayor volumen de gas no asociado de la región (83).
De los 82 contratos de riesgo compartido en ejecución en la actualidad, 38 de ellos son de exploración. En los mismos participan las siguientes empresas: BG Exploration & Production Ltd., BHP Boliviana de Petróleo Inc., Bolipetro S.A., Don Wong Corporation Bolivia, Elf Petroleum Bolivia B.V., Empresa Andina S.A., Empresa Chaco S.A., EPEC Ventures Bolivia Corporation, Exxon Bolivia Tuichi Ltd., Maxus Bolivia, Mobil Boliviana de Petróleos Inc., Petrobras Bolivia S.A., Petrolera Argentina San Jorge S.A., Pluspetrol Bolivia Corporation, Repsol Exploración Securé S.A., Tecpetrol de Bolivia S.A., Tesoro Bolivia Petroleum Company, Total Exploration Production Bolivia, Unión Texas de Bolivia Ltd. y Vintage Petroleum Boliviana Ltd (84).
De acuerdo a datos del Ministerio de Hidrocarburos y Minas de Bolivia las reservas certificadas (probadas y probables) se dividían entre las empresas, al 1 de enero de 2003, de la siguiente forma:
- Andina S.A. (Repsol YPF): 25.7%
- British Gas Exploration & Production: 14.9%
- Petrobras: 14.5%
- Total (ex TotalFinaElf): 14%.
- Maxus Bolivia Inc.-Repsol YPF: 9.4%
- Exxon Mobil: 6.4%
- Panamerican Energy: 6.4%
- Chaco S.A. (BP): 4%
- Otras empresas: 4.6%
Sin embargo, es importante completar este cuadro de la distribución de reservas por empresa teniendo en cuenta que Maxus Bolivia Inc. está controlada en un 100% de su capital accionario por Repsol YPF, junto al 50% de Andina S.A., y que la empresa Chaco S.A. está controlada por British Petroleum.
La evolución de la producción gasífera
Como ha podido verse, Bolivia ha tenido tradicionalmente un bajo nivel productivo, que aún habiendo experimentado un aumento a partir del año 2000, en 2003 representaba solamente el 4.46% del total regional. Esta situación contrasta notablemente con el caso de países como Trinidad y Tobago que, como lo reflejan los gráficos del Anexo I, a partir del crecimiento de sus reservas gasíferas da cuenta de casi el 35% del incremento productivo producido entre 1993 y 2003.
Este bajo nivel productivo responde en parte al reducido tamaño de su mercado interno, que en la actualidad a falta de políticas públicas sectoriales aún presenta poca potencialidad de crecimiento. Esta situación da lugar a que la mayor parte de la producción boliviana de gas natural se destine a los mercados de exportación, en particular Brasil. Como lo demuestran datos del SIEE, YPFB e INE (Instituto Nacional de Estadística), entre los años 1990 y 2002 sólo un promedio del 27% de la producción gasífera de Bolivia fue destinada al mercado interno, con considerables variaciones. Puede observarse una fuerte disminución a partir de la segunda mitad de la década del noventa de un 51% en 1999 a 18 y 19% en 2001 y 2002, respectivamente. Por otra parte, el crecimiento productivo, en especial en los últimos cinco años, ha estado asociado al aumento de las exportaciones a Brasil y en menor medida a Argentina, como se observa en el gráfico 3.
Como indica el informe de la OLADE al que hice referencia anteriormente, en Bolivia, desde el inicio de las exportaciones de gas a Argentina en 1972, la capacidad de producción del gas natural fue superior tanto a los requerimientos de la demanda interna como de la externa debido a la necesidad de producir hidrocarburos líquidos para abastecer las refinerías de petróleo. En virtud de esta situación fue posible, durante un tiempo aumentar la exportación del gas sin un incremento de inversiones en campos de producción (85).
De los 82 contratos de riesgo compartido a los que hice referencia en el apartado anterior, 44 son contratos de explotación. Algunas de las empresas que operan en esta fase de la cadena productiva hidrocarburífera son las siguientes: BG Bolivia Corporation, BHP Boliviana de Petróleo Inc., Canadian Energy Enterprises, Don Wong Corporation Bolivia, Empresa Andina S.A., Empresa Chaco S.A., Maxus Bolivia Inc., Petrobras S.A., Pluspetrol Bolivia Corporation y Vintage Petroleum Boliviana Ltd.. Una vez más destaco que las empresas Maxus Bolivia y Pluspetrol Bolivia están controladas en un 100% por Repsol YPF, junto con el 50% del capital accionario de Andina S.A. En 1997, 1998 y 2000, se suscribieron tres, dos y un contrato respectivamente (86).
De la observación de los volúmenes de producción en Bolivia, de 1993 a 2003, puede notarse que la misma experimentó una disminución hasta el año 1999, llegando a un 17% de 1998 a 1999. A partir del año 2000 comienza a crecer significativamente con incrementos del 40% de 1999 a 2000 y de 46% de 2000 a 2001, para luego desacelerar esta evolución positiva en los últimos años. El decrecimiento producido en los primeros años del período de referencia puede atribuirse a la incertidumbre generada por el proceso de capitalización del sector hidrocarburífero y al hecho de que la inversión extranjera inicial estuvo altamente volcada a actividades de exploración como lo demuestran los importantes descubrimientos realizados en 1999. De acuerdo a datos del BP Statistical Review of World Energy 2004, la producción anual en 2003 se ubicaba en el orden de 5.2 billones de metros cúbicos.
Notas:62) Barja Daza, Gover. Op. cit. Pág. 45.
63) Escobar de Pavón, Silvia (2003). Ajuste y liberalización, las causas del conflicto social. Observatorio Social de América Latina, Año IV, Nº 12, Septiembre-Diciembre 2003. Pág. 48.
64) Por ejemplo, Tania Aillón Gómez observa el aumento del impuesto especial a los hidrocarburos (IEHD), por Decreto Nº 26926 del 25 de enero de 2003. Aillón Gómez, Tania, Op. cit. Pág. 52.
65) Ibidem. Pág. 50.
66) En 1939 Enrique Toro expulsó del país a la Standard Oil y en 1969 Alfredo Ovando nacionalizó los bienes de la Royal Dutch Shell.
67) Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (S/F) Libro de Oro. Talleres Gráficos de YPFB, Bolivia.
68) En el Informe Energético 2003 de la OLADE, se indica que en el 2003 el gobierno se planteó realizar 250000 conexiones domiciliarias en cinco años a través de un proceso de privatización de las redes operadas por YPFB y la ampliación de las conexiones que estarían a cargo del sector privado. OLADE, Informe Energético 2003, Pág. 21.
69) Soliz Rada, Andrés. 'El mismo perro con distinto nombre. La capitalización boliviana y la privatización argentina'. Reportaje realizado por Félix Herrero. Info-MORENO Nº 72, noviembre de 2004.
70) En este caso, el valor total de libros de YPFB se calcularía en 834, 8 millones de dólares, en los que se incluye los valores de Empresa Petrolera Andina (EPAN) S.A.M., Empresa Petrolera Chaco (EPCHA) S.A.M. y Transportadora de Hidrocarburos de Bolivia (THB) S.A.M. No se incluye las refinerías y red de poliductos de propiedad del Estado.
71) Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, CEPAL y GTZ (2001). Los mercados de gas natural en la Comunidad Andina: Desarrollo y Perspectivas de Integración. Quito.
72) Kozulj, Roberto. Op. cit. Pág. 37.
73) Antelo, Eduardo. Op. cit. Pág. 54.
74) Ibidem. Pág. 54.
75) Soliz Rada, Andrés. 'La capitalización boliviana y la capitalización argentina'. Reportaje realizado por Félix Herrero. Info-MORENO Nº 72. Noviembre, 2004.
76) Ibidem. Pág. 55.
77) Antelo, Eduardo. Op. cit. Pág. 56.
78) Ver artículo 7 de la Ley Nº 1544 de Capitalización, del 21/03/94.
79) Antelo, Eduardo, op. cit., pág. 50 y Soliz Rada, Andrés, op. cit.
80) Soliz Rada, Andrés. Op. cit.
81) Ibidem.
82) OLADE (2004). Op. cit. Pág. 289.
83) Insertar gráfico informe OLADE Pág. 296.
84) OLADE (2000) y Kozulj (2004).
85) OLADE (2004) Op. cit. Pág. 256.
85) En 1997, se adjudicaron los campos Naranjillos, Monteagudo y Warnes a las empresas Vintage Petroleum, Maxus Bolivia y Canadian Energy Enterprises, respectivamente. En 1998, los campos Cambeiti y Tatarenda, a las empresas Repsol YPF E&P Bolivia, S.A. y Canadian Energy Enterprises. En 2000, el bloque Candúa a las empresa Pluspetrol Bolivia.
* Felicitas Torrecilla es investigadora del Area de Recursos Energéticos y Planificación para el Desarrollo del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (IDICSO) de la USAL y del MORENO.
LA FAMILIA DEL EMPRESARIO VILLANUEVA RECUERDA LAS CONDICIONES
"DEPLORABLES" DE PRESOS ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO
Europa Press de España (www.europapress.es)
La familia del empresario sevillano Javier Villanueva, encarcelado en Bolivia desde hace 13 meses acusado de quitar la vida a una fiscal con un coche-bomba y a la espera de que se inicie el proceso judicial, denunció hoy su estado de prisión preventiva y comparó su caso con el de unos 1.500 presos españoles cumpliendo penas en cárceles extranjeras en "deplorables" condiciones para los reos.
En un comunicado remitido a Europa Press, la familia recordó que "son más de 20.000 los familiares directos afectados por la situación", a la vez que explicaron que la tesitura de los presos varía dependiendo del país donde se encuentren, "pues la pena de muerte persiste en 90 países".
A este respecto, citaron varios casos de españoles con situaciones "anómalas", como el de Juan José González, que pese al convenio bilateral firmado entre España y Egipto para el cumplimiento de la condena de los presos en el país de origen, sigue en el país africano "pues los trámites son muy lentos y no existe voluntad política en el país donde cumple condena".
También se refirieron a casos más "mediáticos", como el de Pablo Ibar, en proceso de apelación por "graves inconsistencias" en la acusación que lo condenó, o el de José Joaquín Martínez, ya en libertad, "condenado sin pruebas y con testigos falsos".
Por último citaron a Paco Larrañaga, condenado a muerte en un juicio "que se considera, a todas luces, injusto por carecer de garantía alguna" en Filipinas, "donde la corrupción campa a sus anchas y hay una carencia total de ecuanimidad". Justificaron estos casos en hechos que contravienen casi siempre el principio de presunción de inocencia y en "las presiones externas que muchas veces llevan a buscar una cabeza de turco".
Según reconocidos expertos
CORRE PELIGRO LA DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA
La Nación de Argentina (www.lanacion.com.ar)
“Venezuela y Haití difícilmente califican hoy como democracia”, y en otros cuatro países “las reglas democráticas se están derrumbando”, advierte el crudo informe anual que difundió ayer el centro Diálogo Interamericano sobre las instituciones en América latina y el Caribe.
El reporte, redactado por 100 analistas y expertos de Estados Unidos, Canadá y América latina encabezados por el ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, rescata, no obstante, la situación en la Argentina. “El repunte de la actividad económica ha contribuido a un aumento del apoyo público a los líderes” argentinos, algo que se repitió en Brasil y en Chile.
Apartada Cuba como “único país de la región bajo un régimen autoritario”, el informe “Un claro en las nubes: América latina y el Caribe en 2005” advierte, además, que los riesgos de inestabilidad acechan a Bolivia, Ecuador y Nicaragua y, en menor medida, a Perú, Guatemala, Honduras y El Salvador.
“El colapso financiero devastador de la Argentina en 2001 arrojó al país a una crisis política, pero las reglas democráticas prevalecieron”, destaca el trabajo de los expertos, que también elogia los avances observados en Uruguay, Brasil, Chile y Colombia.
La situación en Venezuela aparece como la preocupación central de los redactores del informe, que incluye a dos argentinos: el ex ministro de Economía y Trabajo José María Dagnino Pastore, actual profesor de Economía de la Universidad Católica Argentina, y la economista y ex diputada nacional Beatriz Nofal. Los analistas concluyeron que el presidente Hugo Chávez se ha convertido en una "fuente potencial de inestabilidad regional". "Mientras los precios del petróleo se mantengan altos, Chávez tendrá los recursos para agitar aún más la situación política en países vecinos, que son ya inestables de por sí", anticipa el reporte, también firmado por el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias, y Mario Vargas Llosa. Aun así, y pese a las numerosas divisiones dentro de la región y de todo el bloque frente a la Casa Blanca, rescatan los analistas, "Estados Unidos y las naciones de América latina, con la excepción de Cuba y Venezuela, no se han convertido en adversarios".
"Brasil y la Argentina tienen menos en juego en sus relaciones con Washington y están siguiendo sendas de política exterior más independientes y diversas, que a veces los ponen en contra de Estados Unidos", sostienen, aunque de inmediato rescatan que "por primera vez" ambos países y otros más intervinieron en una misión de paz de las Naciones Unidas en Haití.
El mayor problema por resolver, siempre que se excluya a Fidel Castro de la evaluación, es Venezuela.
Chávez "ha restringido severamente la competencia democrática y provocó un extensivo daño en las instituciones de la nación", dice el informe.
"Chávez mantiene una cantidad significativa de apoyo y ha logrado ganar una larga serie de elecciones, incluido el referéndum de agosto pasado", aunque "ha eliminado la mayoría de los controles sobre su poder". El presidente venezolano, añaden, "ha llenado la Corte Suprema con sus simpatizantes, ha acosado a los grupos civiles, ha aprobado leyes con restricciones a la libertad de prensa". "Su gobierno ha dividido el país y puede provocar violencia política", advierten.
El informe también considera grave la situación de polarización y enfrentamiento entre grupos étnicos y entre distintas regiones en Bolivia y Ecuador, y que pone en tela de juicio el futuro de la democracia en estos países andinos. En Bolivia, "la hostilidad y la falta de confianza entre diferentes regiones y grupos étnicos están bloqueando el progreso económico y amenazan la unidad del país", después de que dos presidentes, Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, debieron renunciar en medio de masivas protestas en octubre de 2003 y junio de 2005.
En Ecuador, Lucio Gutiérrez se transformó en el tercer presidente consecutivo que terminó renunciando ante protestas populares, en una muestra de las enormes dificultades de gobernabilidad que sufre el país. Por su parte, la situación en Haití es cercana a la de un Estado fallido, con un país profundamente polarizado, un sistema político que apenas funciona y una administración provisional con poca autoridad, razón por la cual la economía está en crisis y la criminalidad goza de impunidad.
La incógnita planteada por los expertos es "por cuánto tiempo más disfrutará América latina de un crecimiento robusto", mientras dos requisitos del desarrollo sustentable continúan pendientes: mejor educación y mejor distribución del ingreso.
La bonanza económica regional, estima el ex vicepresidente del Banco Mundial para América latina David De Ferranti -que también participó del informe- "duró más de lo que se pensaba", pero desaparecerá en cuanto los precios de los commodities , excepto el petróleo, empiecen a bajar, afirmó.
CHÁVEZ, UN PELIGRO REGIONAL
El Diálogo Interamericano condenó por antidemocrático y autoritario el régimen que encabeza el presidente venezolano. "Difícilmente califica como democracia", sentenció la entidad.
Diario Infobae de Argentina (www.infobae.com)
"Venezuela y Haití difícilmente califican hoy como democracias", dijo ayer en un severo informe el centro Diálogo Interamericano, una institución que nuclea a más de cien expertos en encomomía y ciencia política los Estados Unidos, Canadá y América latina, coordinado en este caso por el ex presidente del Brasil, Fernando Henrique Cardoso.
La inestabilidad política y la debilidad económica conspiran conta el progreso social en América latina, afirma el informe, que destaca como antidemocrático y autoritaro el régimen castrita que soporta Cuba, y enciende una luz de alarma sobre por los peligros que acechan a la institucionalidad de países como Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Y en menor medida Perú, Guatemala, Honduras y El Salvador. "Venezuela y Haití apenas pueden ser llamados democracias y son fuente potencial de inestabilidad regional", señala el informe, que no usa eufemismos para calificar el régimen que el presidente Hugo Chávez, un mandatario que "ha reducido fuertemente en seis años la competencia democrática dañando las instituciones representativas de la nación".
"Chávez-continúa Diálogo Interamericano- eliminó casi todos los controles de su poder y sofocó las actividades del los grupos opositores. (...) Llenó la Corte Suprema con partidarios suyos, hostigó a los grupos de la sociedad civil y consiguió la aprobación en el Congreso de leyes que recortaron la libertad de prensa".
Respecto de la situación de Haití, el centro advierte que la polaricación extrema del sistema político hace que el estado de derecho "apenas funcione" en ese país caribeño. En positivo, Diálogo Interamericano rescata el caso de la Argentina, Brasil y Chile en donde, con desniveles, "el repunte de la actividad económica contribuyó al aumento de apoyo público a los líderes".
CONTRIBUCIÓN A UN ANÁLISIS MARXISTA DE LA REVOLUCIÓN BOLIVIANA
Diario Rebelión (www.rebelion.org)
MARCO TEÓRICO:
El marxismo NO es primariamente una ideología, sino la aplicación de un instrumento científico, el materialismo dialéctico, para el análisis de las relaciones y fuerzas sociales antagónicas de clase, a fin de proporcionar la estrategia adecuada en cada contexto histórico para la emancipación de los oprimidos. La suma del trabajo teórico y las experiencias pasadas, permiten una proyección coherente hacia la liberación, mediante la lógica dialéctica; es decir, huyendo de recetas universalmente válidas, utilizando un estudio comparativo, riguroso y no dogmático que determine el camino revolucionario a seguir en cada caso. En este marco, el presente documento pretende comparar dos momentos históricos distintos, observando similitudes y diferencias: La situación en Rusia entre Febrero y Octubre de 1917 y la crisis de la actual sociedad boliviana. Una vez más se hace preciso reiterar que esta es una aproximación flexible que remarca también las desigualdades y, en ningún caso pretende imponer lo acontecido en el primer caso sobre el segundo. En este sentido, otros análisis comparativos son necesarios, siempre que ayuden a comprender la encrucijada de Bolivia y a dar las claves para su resolución a favor de las clases sociales oprimidas.-MARCO HISTÓRICO:
El 27 de febrero de 1917, una insurrección popular depone al sangriento zar Nicolás II, instaurando un Gobierno Provisional en manos de la burguesía y la pequeña burguesía, apoyados por social-revolucionarios y mencheviques. El 3 de Abril Lenin regresa del exilio y redacta sus “Tesis de Abril”, donde expone la verdadera naturaleza de ese gobierno y traza la línea a seguir en los próximos meses.
En Octubre de 2003, una revuelta popular en Bolivia expulsa a Gonzalo Sánchez de Lozada, represor, corrupto y responsable de las leyes de “capitalizaciones” que venden el país al mejor postor y sumen al pueblo en la miseria. El vicepresidente Carlos Mesa, con apoyo explícito de los reformistas del Movimiento al Socialismo (MAS), asume, pero, viéndose atrapado entre las presiones de la oligarquía entreguista y los movimientos sociales radicalizados, dimite. Se instaura un Gobierno de Transición dirigido por el Presidente del Tribunal Supremo Eduardo Rodríguez, en Junio de 2005.
¿Qué es similar y distinto en ambos contextos históricos? ¿Cuáles son las claves para la transformación revolucionaria de Bolivia?
1.- COMPOSICIÓN POLÍTICO-SOCIAL:
En la Rusia del 17, el estrato social dominante estaba compuesto por el zar y su aristocracia, sometidos al capital extranjero y guerras de rapiña. Desplazados estos, la burguesía, pequeña pero incipiente, intenta mantener su privilegio a través del Parlamento liberal (Duma), con la aprobación esperanzada del sector popular. El trabajo perseverante de los bolcheviques demostró la imposibilidad de confiar en sus promesas y la necesidad de instaurar el Gobierno Obrero-Campesino. Muchos pretendidos izquierdistas arguyen la nula participación del campesinado, olvidando el papel vital jugado en la Revolución por los soldados, en su mayoría campesinos utilizados como carne de cañón por el régimen zarista.
En el caso de Bolivia, el opresor externo es un sistema imperialista, heredero del colonialismo, que hoy saquea el gas y la mano de obra barata, como ayer hizo con la plata, el estaño y los esclavos. En un país donde una tercera parte vive en extrema pobreza y otra tercera al límite de la misma, la clase media y la pequeña burguesía independiente es escasa. La opresión interna proviene de una “lumpenburguesía” oligarca, que a menudo funciona como simple gestora del capital foráneo. Ante la dificultad del Parlamento para hacer una defensa decidida de sus intereses, esta oligarquía enarbola el discurso artificial de la autonomía, para mantener su privilegio en el tradicional feudo de Santa Cruz.
El campo popular se compone de la masa obrera (vanguardia minera, gremios de comerciantes, maestros empobrecidos,...) y el inmenso grupo del campesinado, ambos organizados a través de una gran red de movimientos sociales. Estos fueron fragmentados en los años 80 y 90, mediante la regionalización de sus demandas para beneficio de la élite criolla de exclusividad parlamentaria. Sólo en los últimos tiempos se corrige ligeramente esta fragmentación.
Pero un poderoso agente social, no existente en el caso soviético, resurge con ímpetu en Bolivia. Los pueblos indígenas originarios, con sus demandas de identidad, autogobierno y autogestión territorial.
2.- LUCHA ANTI-IMPERIALISTA:
El imperialismo NO es una agresión militar de un país poderoso a uno débil, sino un complejo sistema de capitalismo avanzado que ejerce la opresión de clase a nivel internacional, afectando todas las esferas de la vida de los pueblos. Sin entrar en las cifras que Lenin proporciona en sus estudios, podemos decir que el imperialismo económico y social causó niveles de miseria y explotación similares a los de la actual Bolivia. Lejos de los argumentos de Lvov y demás oportunistas del Gobierno Provisional sobre el “defensismo revolucionario”, Rusia se enfrentaba a una guerra imperialista de carácter anexionista (PGM). Su paralelo boliviano se refleja en las tensiones militares con Chile y, en la amenaza velada de los ejercicios conjuntos de las fuerzas armadas norteamericana y paraguaya en el Chaco, a escasos 250km de la frontera con Bolivia.
Una vez más, Bolivia presenta la peculiaridad de la lucha contra el imperialismo cultural, protagonizada por los pueblos originarios, que representan un clara mayoría. Esta es una rebelión contra 513 años de cosificación, que impiden el acceso a foros de decisión política e imponen modelos de consumo, educativos, organizativos e identitarios ajenos a la filosofía andina. Alguna de sus expresiones rupturistas se plasman en la exigencia de autodeterminación en estos campos. Por lo tanto, la realidad boliviana es una concreción actual de la lucha contra el imperialismo, en todas y cada una de las formas que este presenta: dominación económico-financiera, segregación social, control político por el aparato inversor transnacional, represión ideológico–cultural y eventual agresión militar.
3.- REVOLUCIÓN Y MOVIMIENTOS SOCIALES:
El hecho que posibilitó el paso del socialdemócrata Gobierno Provisional al revolucionario Gobierno Obrero-.Campesino en la Unión Soviética, fue el fortalecimiento entre Febrero y Octubre de un poder paralelo extra-parlamentario. Fueron los soviets de diputados obreros, y el trabajo bolchevique en su seno, para “explicar los errores de su táctica de un modo paciente, sistemático, tenaz y adaptado especialmente a las necesidades de las masas”. Así, esta forma de gobierno embrionaria se consolidó hasta crear una dualidad de poder insostenible, de la que hablaremos más adelante.
En Bolivia, ante la inexistencia de un partido revolucionario unificador, los movimientos sociales juegan el papel que Lenin denominó “fábricas de estrategias” de poder. Su abanico incluye a organizaciones indígenas, campesinas y obreras, como Central Obrera Boliviana (COB), CSUTCB, Federación de Juntas Vecinales de El Alto, Asamblea del Pueblo Guaraní, Coordinadora del Gas, Federación Nacional Campesina,... Históricamente, esta resistencia fragmentada se caracterizó por estrategias defensivas de sus derechos, cada vez más sectorializados y corporativos, abandonando la dimensión política y nacional de las iniciativas obreras. Poco a poco, las estrategias defensivas agrarias contra la criminalización de la hoja de coca, cuajaron en movimientos con gran capacidad de movilización, pero sin proyecto político determinado ni fuerza de convocatoria nacional.
La “guerra del agua” (Abril 2000) y la “guerra del gas” (Febrero y Octubre 2003), consolidaron al movimiento indígena como el protagonista político de un clara lucha contra el imperialismo transnacional (Bechtel, Aguas del Tunari, Aguas del Illimani, Repsol-YPF, BP, British Gas,...) Este fue un salto cualitativo, desde la reacción social a los ataques del estado neoliberal, hacia la acción consciente para la erradicación del mismo. La tercera fase de esta lucha (movilización por la recuperación de los hidrocarburos, Mayo-Junio 2005) presenta, una vez más, la acumulación espontánea de fuerzas que supera la capacidad de unidad organizativa. Ante un poder capitalista tambaleante, el poder popular en estado embrionario todavía no puede determinar que papel desempeñará: mecanismo de contención de la opresión de las élites, co-participador parlamentario en minoría (ej. Febrero 1917) o liderazgo revolucionario de un nuevo sistema a construir (ej. Octubre 1917).
4.- SOCIALDEMOCRACIA Y OPORTUNISMO:
Cuando la correlación de fuerzas sitúa a una sociedad en una etapa pre-revolucionaria, resulta indispensable luchar contra los elementos reformistas u oportunistas, que pretenden mantener el status quo o reformarlo en su beneficio. En el periodo analizado, fue preciso desenmascarar la falacia del Gobierno Provisional y sus elementos socialdemócratas, kautskistas y social-chovinistas.
Si bien Bolivia tiene razones históricas para reclamar territorio y salida al mar, en los momentos en que la lucha social por la recuperación de los hidrocarburos incrementa, ciertos sectores exacerban el sentimiento del chovinismo nacionalista anti-chileno, para diluir en él el carácter de clase que tiene el alzamiento.
Otro paralelismo. Cuando Lenin sostuvo que había que luchar por un gobierno exclusivo de soviets de delegados obreros, Goldenberg y Plejánov le acusaron de “delirio febril” o de “enarbolar la bandera de la guerra civil en el seno de la democracia revolucionaria”, Cuando en Bolivia algunos sectores (sobre todo las direcciones de la FeJuVe de El Alto y la COB) hablaron de la toma del poder, o de la posible alianza de un sector del ejército con el pueblo, los nuevos mencheviques, comandados por Evo Morales, los tacharon de “locos” y “golpistas”.
El MAS y Evo representan este reformismo de carácter oportunista. Un movimiento regional que consigue su expansión debido a un plan de la derecha más reaccionaria, el MNR, que lo financió al pensar que no representaba peligro electoral alguno, para que acumulase parte de los votos de aquellos rivales que sí lo representaban (NFR y MIR). El plan de Sánchez Berzaín, mano derecha de Sánchez de Lozada, contó con el apoyo del embajador norteamericano Manuel Rocha. A partir de ese momento (elecciones 30 de junio 2002) el MAS intenta evitar la radicalización del sector cocalero, apuesta todo a la “vía electoral”, exige el “respeto constitucional”, denuncia posibles golpes de estado, apoya a Carlos Mesa y critica las movilizaciones sociales. Sólo se suma a estas últimas cuando el conjunto del campo popular lo ha hecho, y entiende que no tomar parte perjudicaría su rédito electoral. Ello se demostró en las fuertes protestas del mes de Mayo donde, en sólo cinco días, el MAS sostuvo cuatro diferentes posiciones sobre los hidrocarburos, según como fuese el panorama político.
Este oportunismo radical busca obsesivamente el voto de la clase media urbana como clave para el éxito, aunque para ello confunda o abiertamente traicione a su base campesina. Prueba de esto es que, ante la petición de las bases del MAS de realizar un frente con los sectores sociales (17/6/05), Morales se apresuró a anunciar un acercamiento de posible alianza con el MSM (partido reformista que se ha negado sistemáticamente a la nacionalización de los hidrocarburos).
A mediados de junio más del 40% de los bolivianos deseaba la clausura del Parlamento. El Presidente Rodríguez, Juan del Granado (MSM) y Evo Morales (MAS) ahogan la revolución inspirando vana confianza en la república parlamentaria burguesa. Representa la misma pequeña-burguesía edulcorada que Chjeídze, Steklov y Tsereteli, a los que los bolcheviques desenmascararon en esos meses de 1917, como única vía para avanzar en el poder de los consejos obreros, hacia la liberación.
5.- DEMANDAS:
En el programa revolucionario de Abril, Lenin subrayaba la necesidad de confiscar y nacionalizar las haciendas de los terratenientes, para ponerlas en manos de los soviets de diputados agrarios.
La consigna unificadora de la nacionalización, o más bien de la recuperación del gas boliviano, permanece carente de profundidad y concreción analítica. Los contratos de cesión a las multinacionales fueron firmados en Miami, en inglés y a espaldas de los bolivianos. Son ilegales, tanto como las leyes de exención fiscal a las empresas inversoras, la no compensación por la toma de tierras nativas,... El monto de lo robado extra-judicialmente supera el precio de la tecnología desplegada, por lo que la expropiación sin compensación es legítima.
Pero dicha recuperación requiere que su gestión y administración este en manos de los trabajadores, y no del Estado pro-oligárquico; de lo contrario, en lugar de la explotación directa, el gobierno corrupto intermediaria en la gestión del saqueo multinacional. Poco efecto tendría para el pueblo (como sucedió con la nacionalización de las minas bolivianas, 1952), a no ser que se genere un contra-poder popular como mecanismo democrático de la producción y administración de todos los recursos bolivianos. A la nacionalización, como avance hacia la planificación económica, ha de dársele un componente de clase, bien siendo controlada por asambleas de trabajadores o bien por el gobierno revolucionario de los mismos. La demanda en sí, debe ser entendida como un paso hacia la economía planificada, necesariamente acompañado de la articulación de macro-estructuras anti-capitalistas de trabajadores.
La creación de esta red interconectada de asambleas populares obreras, campesinas y de pueblos originarios es la única forma de hacer útil la segunda de las demandas: La Asamblea Constituyente. Ésta no puede basarse en delegados de partidos políticos, sino en representantes de cada sector mencionado, emanados del seno de cada asamblea popular. Conocedor y temeroso del revulsivo que este modelo de Asamblea Constituyente representa, el Gobierno de Transición la pospuso indefinidamente (exactamente igual que hiciera el gobierno ruso en 1917). Tras varias semanas de caos en el Congreso, se ha visto obligado a fijar Julio de 2006 como la fecha para su celebración, bajo la fuerte presión social.
El tercer tema pendiente, las autonomías, tiene dos vertientes opuestas. La sostenida por la oligarquía como respuesta al conflicto, que busca la autonomía segregacionista como mecanismo de defensa del privilegio, intentando exonerarse de responsabilidad colectiva, evitando la solidaridad económica y fiscal con las provincias más pobres. La oligarquía santacruceña, criollos hacendados y colonos extranjeros (sobre todo alemanes), ante la amenaza a sus intereses, se escudan en delirios de soberanía para protegerse de la rebelión. No obstante, no dudan en utilizar otros medios fuera de este discurso, como es el uso de grupos de choque racistas y fascistas (Unión Juvenil Cruceñista, Camisas Blancas, Falange Unzaguista,...).
La segunda vertiente es la del sector indígena rupturista, comandado por el Movimiento Indígena Pachacutik (MIP). Estos, no reclaman autonomía departamental dentro del Estado Boliviano, sino superar las fronteras impuestas y volver a la consolidación del Qullasuyu. Ello representaría la autodeterminación quechua, aymará y tupí-guaraní, para retornar a sus ancestrales sistemas de espiritualidad, educación, productivos y de representatividad. Pero, dados el sistema de producción comunal indígena, su cosmovisión armónica con la naturaleza y su división en comunidades de representación propia y rotativa, su filosofía no debiera ser contradictoria con las aspiraciones de la izquierda tradicional. De hecho, un diálogo profundo para sentar las bases comunes en todas las áreas, es esencial entre el eje revolucionario de clase y el eje revolucionario indígena.
6.- DUALIDAD DE PODER:
La Revolución de 1917 retomó la experiencia democrática de los soviets de 1905, consolidando su existencia hasta la creación de una dualidad de poder en Rusia. Por un lado, el poder débil y emergente de estas asambleas de delgados obreros y, por otro, el poder oficial del Gobierno Provisional, mantenido gracias al pacto indirecto pero formal con los soviets. Este es el vínculo que imposibilitaba el derrocamiento de la socialdemocracia liberal. Entendiéndolo así, Lenin instó a la reestructuración del programa y tareas del Partido Comunista, para un trabajo denodado en el interior de los soviets. Como consecuencia, las asambleas de delegados obreros revitalizaron las ideas provenientes de la experiencia de la Comuna de París, entendiendo que la fuente de poder no emana de una ley, sino de la conquista revolucionaria del mismo. Una vez destruidas públicamente las tesis de los chovinistas como Plejánov y los “centristas” (que oscilan entre el marxismo y el chovinismo) como Kautsky, la dualidad sufrió un imparable desequilibrio a favor del polo obrero y campesino.
En Bolivia, los partidos tradicionales y conservadores intentarán que las posibles reformas que conlleven las elecciones y la Constituyente, se enmarquen en decisiones ejecutivas o de imagen política, sin afectar a la base estructural del sistema neoliberal imperialista. Los movimientos sociales deben aspirar justo a lo opuesto, a que la movilización sea el medio para transformarse en instrumentos políticos de lucha, herramientas capaces de retar la estructura sobre la que reposan todos los problemas del país. Es decir, luchar por la reafirmación de una dualidad de poder antagónica, que con la práctica se muestre insostenible y se vierta del lado de los oprimidos.
La construcción de la dualidad se refiere tanto a la relación de fuerzas entre revolucionarios y reaccionarios, como a la conquista del espacio físico vital. En este sentido las posibilidades de llegar al control político, pasan también por la construcción expansiva de dicho control de manera territorial, mediante espacios liberados. Algunas partes del norte del altiplano aymará y del Chapare, el Norte de Potosí y los distritos más radicalizados de El Alto, pudieran ser los escenarios iniciales de estos procesos históricos de construcción territorial del poder político de los movimientos sociales. Por ejemplo, cuando el corrupto Hormando Vaca Díez estuvo a punto de asumir la presidencia, además de una posible guerra civil, se planteó la posibilidad de que ciertas zonas como El Alto no le reconociesen e iniciasen el autogobierno de la ciudad.
Por lo tanto, de lo que se trata es de dar un segundo salto cualitativo en la lucha e implementar estrategias ofensivas extra-parlamentarias, que puedan conformar programas unitarios entre los agentes sociales. Un ejemplo es restándole espacio de acción al poder oficial, mediante la oferta de apoyo jurídico, médico, educativo o recreativo a los ciudadanos, gestionado por los propios movimientos sociales. Resolver los problemas básicos, como palanca para concienciar e implementar la participación política. La consolidación de redes de asambleas de trabajadores y campesinos medirá las posibilidades de un frente común de lucha “legal” contra los oligarcas en los comicios programados para el 4 de Diciembre. Pero, será la solidez de la estrategia extra-parlamentaria la que determine la dirección de la estrategia parlamentaria en cualquiera de los dos casos posibles:
1.- Fraude electoral de los conservadores, manipulación de la Asamblea Constituyente para minimizar su influencia, o anular su celebración. En cualquiera de estos casos la implantación territorial y organizativa de los movimientos, sería capaz de dar una respuesta inmediata y unitaria, con la posibilidad de toma del poder por medio insurreccional.
2.- Representación parlamentaria significativa de los trabajadores o transformación real en el marco de la Constituyente. En este caso, los representantes obreros y campesinos estarían sujetos, férreamente sometidos a la voluntad popular, siendo su trabajo no más que una expresión de ésta. El tejido social a desarrollar en los próximos meses funcionará como vacuna contra las tentaciones del oportunismo futuro.
Esta necesaria táctica de unidad se ha plasmado tarde en las pasadas movilizaciones de Mayo-Junio. La creación de la Asamblea Popular Originaria llegó el 6 de Junio, al final del conflicto directo, dejando su capacidad de influencia muy mermada. Este error habrá de evitarse de cara a las futuras e inevitables confrontaciones, empezando a preparar el instrumento de lucha político que pueda operar tanto en ámbito de la legalidad como fuera de ella.
7.- CONCLUSIONES:
El problema boliviano es endémico y cíclico, ocasionado por la metodología despiadada del imperialismo. El saqueo histórico se ha producido mediante prebendas y sobornos a una minoría criolla, creando un conflicto de clase insoportable, debido a la aplastante pobreza estructural que el capitalismo no es, ni será capaz de resolver. Las condiciones objetivas para el cambio revolucionario son innegables.
La dominación económica a las mayorías es tan brutal, que su alzamiento no puede ser contenido mediante la dominación ideológica (alienación), favoreciendo un primer escenario de las condiciones subjetivas: el instinto de clase. Este se manifiesta periódicamente como resultado de crisis insalvables, orientado por necesidades materiales y factores psicológicos. Pero en los últimos cuatro años, coincidiendo con la mayor articulación de los movimientos, este instinto se está transformando en conciencia de clase con objetivos concretos, orientado por el entendimiento del conflicto de clases. Es por este motivo que la meta de la conquista del poder aparece en la escena política.
El fortalecimiento de la conciencia de clase, primero en las bases de las organizaciones, y luego en barrios, comunidades, centros de estudio, etc. es el primer factor de éxito. Habrá que luchar contra la dispersión de la dirección revolucionaria, creando ejes de trabajo y orgánicos urgentes. En las “Tesis de Abril”, Lenin ataca una de las excusas de la socialdemocracia para evitar el derrocamiento del régimen burgués: “El proletariado no está organizado, es débil, le falta conciencia”. Los dirigentes bolivianos están empezando a entender que la organización es creciente y, que la clave no es si el pueblo está o no preparado, sino en cómo y para qué se le está preparando.
Ninguno de los partidos tradicionales va a nacionalizar los hidrocarburos bolivianos, y esgrimen como razón la actual crisis económica de Bolivia. Una vez más, una de las excusas de Chjeídze, Tsereteli y Steklov para no derrocar a la burguesía era la amenaza de un crac económico, pero precisamente por esa razón se hacía urgente la eliminación de la clase opresora. Pero la Revolución de Octubre contaba con el apoyo armado de los soldados para llevarla a cabo. En el caso boliviano esa opción no es clara. Históricamente la policía se mantiene fiel al sistema, pero las Fuerzas Armadas en un país pobre de conscripción forzosa son susceptibles de fractura, debido a los jóvenes de origen humilde que engrosan sus filas. Por ejemplo, en Octubre de 2003 varios soldados fueron ejecutados por sus oficiales ante la negativa a disparar contra manifestantes desarmados. Ante la eventual necesidad de una estrategia insurreccional, evaluar la posibilidad del trabajo político con estos jóvenes, debiera ser más que una especulación.
A cinco meses para las elecciones generales y un año para la convocatoria a la Asamblea Constituyente, la vanguardia revolucionaria de los movimientos, los sindicalistas de la COB, han identificado la urgencia histórica de crear el instrumento político para el cambio con la antelación debida. En los próximos meses, están programados varios encuentros nacionales en los que se definirá el grado de cohesión de los movimientos sociales y las bases comunes para un eje programático transformador.
Por último, en el caso de una victoria popular (por cualquiera de las vías posibles) será imprescindible consolidarla en varios ámbitos:
- Llevando a cabo de forma inmediata las demandas que originaron el alzamiento (recuperación de recursos, gestión popular y transparente de los mismos, eliminación y/o reestructuración democrática de determinadas instituciones).
- Garantizando la operatividad de las asambleas populares de trabajadores y campesinos, la subordinación de los representantes a sus decisiones, impedir el enriquecimiento de delegados. Combate fiero al oportunismo.- Satisfaciendo necesidades alimenticias, educativas y de salud, mediante programas urgentes. Ello contribuirá a la definitiva alianza de los más pobres con el Gobierno Obrero-Campesino.
- Inmediata creación de un Ejército Popular comprometido con el proceso, cesando a los elementos fascistas y pro-oligárquicos existentes en el actual.
- Ante hipotéticas amenazas imperialistas de invasión militar, extorsión, bloqueo económico o guerra sucia, es imprescindible abrir con anticipación los canales que lo impidan. Esto ha de ser forzosamente creando alianzas a nivel continental, con aquellos que plantean modelos alternativos en la esfera social, política, comercial, económica y de cooperación, hoy representados fundamentalmente por la República de Cuba y la República Bolivariana de Venezuela. Esta última cuestión es fundamental para evitar revertir el proceso, para profundizarlo, pues no cabe duda de que ello tendría un efecto inmediato en Perú y Ecuador. Una alternativa basada en la cooperación de los pueblos, la independencia y el anti-imperialismo ya se está construyendo. Es imprescindible para la supervivencia en Bolivia de un modelo socialista que sus líderes piensen en plano continental, con la convicción de que se presenta la posibilidad histórica de conformar la unidad soberana y digna con la que soñaron Martí, Bolívar, Sandino y Guevara, entre muchos otros.
¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!
7 years ago
No comments:
Post a Comment