CHILENOS "CASTIGAN" AL CAPORAL POR "ERÓTICO"

Entredicho por castigo:
POR "ERÓTICO" CASTIGAN AL CAPORAL EN LA FIESTA LA TIRANA

El Mercurio de Chile (www.emol.com)

El año pasado los sancionaron por usar faldas demasiado cortas y este año los castigan por moverse, según se les acusa, eróticamente. La guerra fue declarada en Antofagasta e Iquique contra los 33 integrantes de "Los rebeldes del folclor", cuerpo de baile que se hace notar en las fiestas religiosas del norte.
Ya habían sido sancionados el año pasado, durante la fiesta de La Tirana, por participar junto a bailarinas que usaban faldas muy cortas, pero se enteraron recién en febrero del castigo impuesto por la Federación de Bailes Religiosos. Ahora los amonestaron mientras interpretaban una "morenaza". Ese baile proviene de Oruro, Bolivia. Consiste en una melodía que hace referencia a la relación de los esclavos y las riquezas de la tierra, como una dádiva de Dios.
La Federación no cuenta con jurisdicción por sobre los grupos musicales, pero aun así amenazó con sancionar a cualquier grupo de baile que contrate a "Los rebeldes..." o a cualquiera de sus integrantes.
Mario Tabilo, líder de los vetados, dijo que no existe una norma escrita sobre esto y que una medida como ésta impide su acceso al trabajo.



LA MUJER BOLIVIANA QUE FUE APUÑALADA EN SEVILLA POR SU EX PAREJA RECIBE EL ALTA MÉDICA

Europa Press de España (www.europapress.es)

La mujer boliviana de 25 años que en la mañana del domingo 3 de julio fue apuñalada varias veces por su ex pareja sentimental, presuntamente por un motivo de celos, recibió a última hora de la tarde de ayer el alta médica en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde se encontraba ingresada desde hacía diez días. Según informaron a Europa Press fuentes del centro sanitario, la agredida, Lidia N.C., se encuentra "perfectamente recuperada", por lo que a última hora de la tarde de ayer miércoles los médicos decidieron darle el alta.
Las fuentes consultadas ya habían declarado con anterioridad que su evolución había sido favorable durante todo el tiempo que se encontró ingresada, y se esperaba que esta semana pudiera abandonar el hospital. La víctima ingresó en el Virgen del Rocío, trasladada por efectivos del 061, tras ser apuñalada en el cruce entre La Palmera y la avenida Marqués Luca de Tena poco después de las nueve de la mañana presuntamente por su ex compañero sentimental, M.J., al parecer celoso porque ésta no le había contestado a sus llamadas telefónicas.
La Policía Nacional, por su parte, prosigue la búsqueda del presunto agresor --de unos 30 años y también de origen boliviano-- tras haber repartido pocos días atrás fotografías del sospechoso entre las distintas patrullas policiales, así como en los aeropuertos.



SE SUICIDÓ JOVEN MADRE BOLIVIANA

La Estrella de Arica, Chile (www.estrellaarica.cl)

Afectada por una profunda depresión, gatillada por dificultades económicas y los deseos de retornar a su país y reencontrarse con su familia, una ciudadana boliviana de 23 años, puso fin a su vida ingiriendo veneno. La víctima fue identificada como Ovidia Quispe Pacheco, quien había llegado hace poco tiempo a Arica, junto a su pareja, en busca de mejores perspectivas económicas.
Este caso se hace aún más estremecedor tomando en cuenta que al momento de su fatídica decisión, la joven extranjera presentaba un embarazo de 8 semanas.
PROFUNDA DEPRESION
Ovidia Quispe había llegado hace tres semanas en compañía de Javier Villarroel Calle. Ambos ingresaron a Chile en calidad de ilegales, por un paso fronterizo no habilitado, cercano a la localidad de Guallatire.
Los dos extranjeros consiguieron trabajo en labores agrícolas en una parcela del kilómetro 22 del Valle de Azapa. Sin embargo, con el correr de los días Ovidia Quispe no se logró adaptar a su nueva vida. Por el contrario, comenzó a entrar en un profundo cuadro depresivo al extrañar a su familia y su hogar en Bolivia, además de sufrir varios problemas económicos.
Esto hizo que la pareja comenzara a discutir reiteradamente, ya que la joven le pedía a su novio que volvieran a Bolivia, solicitud a la que el hombre se negaba rotundamente.
Tras una pelea, Ovidia Quispe esperó que Javier Villarroel saliera de la casa a trabajar. La mujer ingresó al baño con un jarro con pesticida y bebió una gran cantidad del elemento utilizado en labores agrícolas. Al regresar, Javier Villarroel vio a su pareja que estaba inconsciente y vomitando, por lo que fue trasladada de inmediato a la Unidad de Emergencia del Hospital Doctor Juan Noé, donde pese a todos los esfuerzos médicos falleció producto de una intoxicación aguda por órganos fosforados.
“Lo que se sabe es que se suicidó por problemas económicos. Lo más triste es que estaba embarazada”, dijo la fiscal a cargo del caso, Ana María Cortés.
OTRAS MUERTES
En el último tiempo se han registrado varias muertes trágicas de jóvenes extranjeros en el Valle de Azapa.
El pasado jueves 5 de mayo el peruano de 25 años, Dioni Yanque Tacanahui, falleció, tras ser atropellado a la altura del kilómetro 9.
Mientras que el domingo 8 del mismo mes, dejó de existir en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital, la ciudadana peruana de 20 años Judith Lope Lope, como consecuencia de la ingesta de pesticida, hecho ocurrido en el kilómetro siete de dicho valle.
La joven decidió terminar con su existencia, ya que pasaba por una fuerte depresión, motivada por problemas con su pareja, con la que cumplía diversas labores agrícolas en esa zona.




ANILLO ENERGÉTICO ES SU NUEVO FRENTE DE LUCHA

RESURGE DEMANDA BOLIVIANA DE “GAS POR MAR”

La creación de un gasoducto regional es el escenario propicio para que políticos altiplánicos reinstalen la demanda de una salida al Pacífico. En Chile, las autoridades parecen estar preparadas para enfrentar este nuevo escenario.

La Nación de Chile (www.lanacion.cl)

En guardia se puso el ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi. La razón: influyentes políticos bolivianos han levantado su voz para plantear que un futuro “anillo energético” que una al cono sur no es sólo un proyecto económico, sino que también político.
En la nación altiplánica se comienza a plantear que resulta imprescindible la participación de este país para que se haga realidad el gasoducto regional. En ese escenario, si uno de los futuros destinatarios del combustible boliviano es Chile, desde La Paz se señala que antes de cualquier negocio se debe dar solución a su demanda marítima.
Ante la eventualidad de que esta petición ponga trabas a la iniciativa gasífera, Rodríguez Grossi fue tajante. Según el jefe de cartera, el proyecto de integración energética será una operación realizada exclusivamente entre privados, donde los gobiernos se preocuparán sólo de constituir un marco legal sólido para que la idea sea viable.
“Chile nunca le ha pedido a Bolivia que le venda gas. Por ello, no vamos a entrar como país -y mucho menos como gobierno- a negociar gas con nadie, porque el gobierno no compra ni vende gas. Nuestro esfuerzo es generar las condiciones legales para que los privados, no el Ejecutivo, que quieran comprar o vender gas lo hagan a través de esta red”, sostuvo.
Respecto a posibles negociaciones bilaterales que pueda comenzar la nación limítrofe para vender sus reservas de hidrocarburo, el secretario de Estado agregó que “el anillo es un acuerdo multilateral y no se romperá por eventuales conversaciones que lleven las autoridades vecinas”.
En este sentido, dijo que el proyecto se realizará con todos los países que estén interesados en participar en él. “Con los brazos abiertos se ha invitado a Bolivia para que participe. Sin embargo, es un hecho que este país ya está interconectado, pues le vende combustible a Brasil y Argentina”, puntualizó.
Próximos pasos
Rodríguez Grossi indicó que gobiernos comprometidos con el gasoducto regional -Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay-, ya trabajan en el marco jurídico del proyecto para garantizar a los empresarios la seguridad del mercado del gas. Según la autoridad, “con los demás gobiernos hemos acordado tener listo este año la institucionalidad, que será redactada por una compañía internacional, para que los privados dispongan del tiempo suficiente para construir esta red, que estaría el 2007”.
En tanto, el secretario de Estado desmintió que las reservas del yacimiento peruano de Camisea -desde donde se extraerá el hidrocarburo para enviarlo a los países del cono sur- sean insuficientes para satisfacer la demanda energética de todas las naciones que forman parte del anillo energético sudamericano.
“Hemos estado en Perú la semana pasada y los dueños de Camisea -la empresa Plus Petrol- nos han confirmado que este depósito cuenta con 14,5 trillones de pies cúbicos de gas natural, que equivalen a 58 millones de metros cúbicos diarios por 20 años.
A Perú se le garantizarán 12 millones de metros cúbicos de gas por 20 años. México requiere 17 millones pero los solicita a nivel mundial, no solamente al país vecino. Y las naciones del cono sur requieren cerca de 30 millones de metros. Entonces, si se suma la demanda, los números cuadran”, explicó.
Bolivia
En tanto, el ex canciller de Bolivia Juan Ignacio Siles puso nuevamente sobre el tapete la estrategia de “gas por mar”. Para quien fuera ministro del renunciado Presidente Carlos Mesa, esta política respecto a Chile debe ser parte del actual Gobierno de Eduardo Rodríguez, como de las futuras administraciones.
“Las autoridades no deberían dejar cerrada la exportación de gas a Chile, siempre y cuando ese recurso estratégico -tal como dice el Referéndum y la Ley de Hidrocarburos- nos permita el logro de una salida útil y soberana al mar”, dijo Siles.
Con ese argumento básico, agregó que la venta de gas no representa sólo un asunto económico, sino que va vinculada a la reivindicación marítima.
En tanto, otro político altiplánico que no desvincula el negocio del gas a la petición de una salida al mar es el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales.
Para el líder campesino, cualquier proyecto energético en la región no se concretará si no cuenta con las reservas gasíferas de esta nación. “Es una estupidez hablar de un anillo energético sin tomar en cuenta a Bolivia. Los países vecinos saben que sin Bolivia no hay anillo”, recalcó.
Según Morales, la iniciativa concebida por el ministro de Economía chileno es un mecanismo para presionar a los movimientos sociales para que entreguen sin oposición los recursos naturales bolivianos.
AUSTRALIA SERÍA PROVEEDOR DE GAS
Lograr que Australia sea uno de los abastecedores de gas natural hacia Chile es el principal objetivo de la visita oficial que inició ayer el Presidente Ricardo Lagos al país de Oceanía.
A juicio del Mandatario, esta nación es una pieza fundamental en el plan que tiene el Gobierno para salvaguardar el suministro energético del país, y evitar lo ocurrido hace algunos meses atrás, cuando la falta de gas proveniente de Argentina originó serios problemas en el aparato productivo nacional.
“Australia ha devenido en el gran exportador de gas licuado. Actualmente ellos envían el combustible a Japón y Corea, y próximamente lo harán a China. Por esta razón, nos gustaría manifestar el interés de Chile por participar en la operación, un punto que ya conversamos el año pasado con el Primer Ministro australiano John Howard cuando estuvo en nuestro país”, expresó el Jefe de Estado.
La importación del hidrocarburo desde Oceanía se enmarca dentro del proyecto con que la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) busca asegurar la provisión de gas licuado. Esta iniciativa consiste en construir en la zona de Quintero, en la V Región, un puerto para recibir el gas natural proveniente de distintas partes del mundo.



Para el gasoducto del Nordeste

DE VIDO VIAJARÁ A BOLIVIA A NEGOCIAR LA COMPRA DE GAS

El gasoducto vinculará las reservas de Tarija con Santa Fe. Aportará 20 millones de metros cúbicos diarios.

El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.com.ar)

El ministro de Planificación, Julio De Vido, viajará el próximo 27 de julio a Santa Cruz de la Sierra, para avanzar con la máxima autoridad de hidrocarburos del vecino país, Jaime Dunn, en la compra de gas boliviano para el Gasoducto del Nordeste (GNEA). La seguridad de contar con ese gas es fundamental para la construcción del gasoducto, cuyo proyecto de construcción fue impulsado por el Grupo Techint.
La reunión entre ambos funcionarios había sido anunciada en principio para el próximo 21 de del corriente en Buenos Aires, pero el ministro Dunn le habría pedido a De Vido -según confirmó anteayer el ministro argentino- postergar esa fecha y cambiar el lugar.
"La reunión entre ambos funcionarios ya estaba acordada para el 21 de julio en la capital, pero surgieron inconvenientes en la agenda del ministro boliviano por lo que solicitaron cambios a fin de concretar la reunión", sostuvieron fuentes próximas al gobierno, "de manera que ahora se hará en la ciudad de Santa Cruz pero el 27 de julio", finalizaron diciendo las fuentes.
El Gasoducto del Nordeste posibilitará vincular las reservas gasíferas de Tarija (Bolivia) con la provincia de Santa Fe, donde concluiría el ducto, que transportaría en principio 20 millones de metros cúbicos diarios de gas. El presupuesto de construcción de ese gasoducto fue estimado en 1.000 millones de dólares, que serían aportados por las petroleras que operan en Bolivia y que se beneficiarían con la venta de ese gas, entre las que se encontraría por ejemplo, la multinacional Repsol YPF.



Integración regional:
CHILE ASEGURA QUE PERÚ TIENE GAS PARA EL ANILLO ENERGÉTICO

El Mercurio de Chile (www.emol.com)

El Gobierno chileno aseguró que Perú tiene gas suficiente para suministrar recursos al anillo energético que se creará entre los países del Cono Sur y que tendrá como principal eje el intercambio de gas y electricidad. De esta iniciativa se beneficiará el norte de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.
El ministro de Economía y Energía, Jorge Rodríguez, descartó versiones provenientes desde Lima que daban cuenta de que Perú no tenía gas suficiente para cubrir las necesidades de los países que formarán el anillo energético. El personero de gobierno explicó que la semana pasada se reunió con Plus Petrol, empresa que es propietaria de Camisea. En ese encuentro, los ejecutivos ratificaron que podrán producir unos 58 millones de metros cúbicos diarios, de los cuales cerca de 30 millones piensan destinarlos al mercado interno y México. Por lo tanto, quedará un saldo para exportar gas al norte de Chile y a los otros países de la región, que según el Gobierno chileno alcanzará a cubrir parte de las necesidades de los mercados.
Al ser consultado sobre el interés de Bolivia de negociar directamente la venta de su gas con cada país vecino, Rodríguez comentó que esa decisión no pone en riesgo la formación del anillo energético. Indicó que cada país está libre de negociar e intercambiar todo el gas que desee y que a través del anillo lo único que se busca es formar un marco jurídico común que sirva para los negocios que concretarán los privados.
Recuerda que serán finalmente las empresas las que realizarán las inversiones en gasoductos y establecerán acuerdos comerciales de suministro.
Dan apoyo a energías renovables
Un claro respaldo dio el Gobierno al desarrollo de proyectos eléctricos que exploten energías renovables, tales como la geotermia, eólica, biomasa y solar. El ministro de Economía, Jorge Rodríguez, junto con el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Óscar Landerretche, anunciaron que esta última institución ayudará a financiar estudios asociados a este tipo de proyectos, lo que aseguran dará espacio para que se instalen nuevas plantas de generación en el país. No se trata de megaproyectos, sino por el contrario de centrales pequeñas que no generarán más de 20 MW. Según el Gobierno, es factible que en los próximos años las centrales que operen con energías renovables logren aportar unos 250 MW a 300 MW al sistema eléctrico, lo que representa cerca del 4% de la generación total.



“EL PROYECTO DE EVO MORALES DEBE AMPLIARSE PARA SER VIABLE”

La Voz de Argentina (www.lavoz.com.ar)

No es lo mismo que sean las transnacionales o el Estado Nacional quienes fijen los precios de los hidrocarburos. Esa parte sustancial de la ley quedó sin modificarse. Las transnacionales fijan el precio de exportación y gracias a eso Repsol filial Bolivia, le vende gas a Repsol filial Argentina a un precio “solidario” de un dólar. Solidario entre las transnacionales, pero de gran perjuicio para Bolivia”. Así evalúa Andrés Solís Rada, abogado, ex parlamentario y periodista, una de las raíces de los problemas que ha llevado a Bolivia a una situación de conflicto permanente. Solís Rada dialogó con La voz del Interior respecto de la situación actual del país vecino, luego de la última crisis que no termina de superar.
–¿Cómo evalúa la actuación de cada uno de los protagonistas en esta última crisis que atraviesa Bolivia?
–Desde el campo popular, el actor más importante ha sido Evo Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS), que gracias a su tenacidad y a la persistencia en los planteamientos, impidió que, lo que en Bolivia llamamos la megacoalición, que es el conjunto de partidos neoliberales, capture directamente el poder a raíz de la renuncia de Carlos Mesa. Morales demostró una enorme capacidad de movilización, que se pensaba que solamente la tenía en la ciudad de La Paz para acercarse al Parlamento. Pero cuando el Parlamento se trasladó a Sucre para elegir al sucesor de Mesa, allí también hubo una movilización, y gran parte de ella, respondía a las consignas de Morales. De todas maneras, esa fuerza de Morales se ve limitada porque no tiene una gran llegada a las capas medias de la sociedad y ésta es una fuerte limitación. Tampoco tiene apoyo en el sector oriental del país y en el norte. Por otra parte, en la ciudad de El Alto, hay sectores muy radicalizados que tampoco obedecen a Evo Morales. Es decir, ha jugado un papel muy importante, pero al mismo tiempo tiene limitaciones. Por otro lado, Carlos Mesa pretendió quedarse en el gobierno acusando a Gonzalo Sánchez de Lozada (ex presidente que tuvo que huir a Estados Unidos presionado por semanas de protestas callejeras que dejaron unos 65 muertos) de conspirar contra él para derrocarlo. De alguna manera fue así, Sánchez de Lozada no puede olvidar que Mesa lo reemplazó en el poder, pero la inconsecuencia de Mesa residió en que él hablaba contra Sánchez de Lozada, pero quienes gobernaban con Mesa eran partidarios del ex presidente y sus medidas económicas eran similares a las de Sánchez de Lozada. Es decir, en los hechos no se pudo diferenciar, pese a que Sánchez de Lozada hizo todo lo posible para derrocar a Mesa debido a los sucesos del 17 de octubre de 2003 (día en que Sánchez de Lozada renunció), ya que atribuía a Mesa una gran responsabilidad en su caída. Los partidarios de Sánchez de Lozada lo consideraban un traidor y que debió renunciar también. En cuanto a los presidentes de las cámaras, Hormando Vaca Díez y Mario Cossío, ellos representan la continuidad de una partidocracia obsoleta. Esa estructura ahora está muy presionada por la gente para que renuncien los parlamentarios y haya una nueva elección, no sólo de presidente y vicepresidente de la República, sino también de parlamentarios. En medio de todo esto, hay un planteo muy fuerte del regionalismo de Oriente que pide autonomías. En el Occidente se pide más bien una Asamblea Constituyente. Y como común denominador a toda esta problemática, está el tema de los hidrocarburos, una ley petrolera que fue aprobada hace poco y que está muy lejos de satisfacer las exigencias del pueblo boliviano.
–Entonces, ¿cuáles serían los proyectos de país en pugna y quiénes son sus representantes?
–Hay un proyecto muy claro que es la continuidad de las políticas de Sánchez de Lozada y de Mesa, y como las cosas continuarían en su estatus quo, esa continuidad también la encarna el actual presidente Eduardo Rodríguez. Es decir, que si no se mueve nada continúa en vigencia el liberalismo anterior y lo mismo ocurre con el Parlamento. Hay también un segundo proyecto de país de un movimiento popular, en el que está Evo Morales, que necesita ampliarse mucho para ser un proyecto viable. Ese proyecto pasa por la necesidad de recuperar los hidrocarburos; por defender el mercado interno, los recursos naturales, en fin, lo que cada uno de nuestros países de América latina tiene para defenderse del imperio. Y hay un tercer proyecto que está encarnado por un fundamentalismo de tipo indígena cuyo máximo representante es Felipe Quispe y que plantea un retorno al Tahuantinsuyo. Pero la historia no retrocede y por eso yo lo considero inviable.
–Usted dijo que la modificación de la ley de hidrocarburos no cambió en nada la situación. ¿Por qué?
–No es lo mismo que sean las transnacionales o el Estado Nacional quienes fijen los precios de los hidrocarburos en el mercado interno y en el internacional y esa parte sustancial en la ley quedó sin modificarse. Las transnacionales fijan el precio de exportación y gracias a eso Repsol filial Bolivia, le vende gas a Repsol filial Argentina a un precio “solidario” de un dólar. Solidario entre las transnacionales pero de gran perjuicio para Bolivia. Ahora que el precio del petróleo subió a 60 dólares, los bolivianos lo estamos pagando a 60 dólares, porque según esta ley las transnacionales son dueñas de los hidrocarburos. Esto tampoco fue cambiado en la nueva ley.
–En este contexto, ¿Podría explicar de qué se trata el proyecto de Petroamérica, reflotado por el presidente venezolano, Hugo Chávez?
–Es la idea más revolucionaria que ha aparecido en América latina en los últimos 20 ó 30 años. Este proyecto plantea la articulación de las empresas petroleras estatales de América latina, para que nuestros países puedan defenderse de las petroleras europeas y norteamericanas. Por eso yo creo que debemos organizarnos en esta dirección.
–¿Qué podemos esperar para los próximos días?
–Ante la renuncia del presidente de la Nación, asumirían los presidentes de la Cámara de Senadores primero y de Diputados después. Como ambos renunciaron, la presidencia quedó en manos del presidente de la Corte Suprema que tomó el poder sólo para llamar a elecciones de presidente y vicepresidente de la República por los tres años que quedan de mandato. El martes se reunirá el Congreso para ver si se aplica esta parte de la Constitución o, mediante la presión popular, se obliga a que todos los parlamentarios renuncien a fin de que la elección sea para presidente, vice y todos los parlamentarios de la Nación.



REPSOL YPF ABRE LA PUERTA A UN PLEITO CONTRA BOLIVIA

Diario Cinco Días de España (www.cincodias.com)

Repsol YPF, British Gas y Total han pedido formalmente al Gobierno de Bolivia la aplicación de tratados internacionales de protección de inversiones, en respuesta a la nueva ley del sector que supone un incremento de los impuestos. Las tres petroleras se han acogido a los tratados bilaterales sobre inversiones firmados por Bolivia con el Reino Unido, España y Francia, respectivamente, señaló el ministro de Hidrocarburos, Jaime Dunn.
En caso de desacuerdo en las negociaciones se abriría de inmediato un proceso de conciliación de tres a seis meses. Esos pasos son necesarios antes de presentar una demanda de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que es la opción que barajan en última instancia. La Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), que agrupa a las empresas petroleras bolivianas y extranjeras que operan en el país, indicó que se ha abierto un proceso de negociación sobre la nueva ley, como paso previo. Las compañías esperan 'una solución que haga viable y sostenible el futuro desarrollo de la industria en el país'.



BOLIVIA ESTUDIA POSIBILIDAD DE VENDER GAS NATURAL A CHILE

El Comercio de Perú (www.elcomercioperu.com.pe)

Tras los anuncios de un posible abastecimiento de gas natural a Chile desde el Perú, Bolivia ha reaccionado y ahora explora la posibilidad de llegar a un acuerdo político comercial para vender gas a Chile. Al menos así lo adelantó el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Darlach.
"Solo es cuestión de que ambos países superen el problemapor medio de la vía diplomática", dijo Darlach, dando a entender que un eventual acuerdo energético pasaría por la posibilidad de que Chile otorgue una salida soberana y útil al Pacífico, tal como fue planteado inicialmente antes de que Bolivia descartara a Chile como salida para exportar su gas, así como para abastecerlo de este recurso.
Darlach señaló que Bolivia debe evitar quedar al margen del llamado anillo energético que promueven especialmente Argentina y Chile para que, mediante una red de ductos, el gas de Bolivia o Perú, o ambos, alimente a dicho país, así como a Brasil, Paraguay y Uruguay.
El diferendo diplomático entre Bolivia y Chile no ha sido el único inconveniente para que Buenos Aires y Santiago inicien sondeos para negociar la compra de gas peruano, sino también la constante inestabilidad política que ha vivido Bolivia en los últimos cinco años, con en el cambio de dos presidentes en el último bienio. Darlach manifestó su esperanza de que los gobiernos de Chile y Bolivia que nazcan de las elecciones en esos países, en diciembre, ayuden significativamente a llegar a un acuerdo en el asunto marítimo, que podría destrabar la posibilidad de acceder a un acuerdo de compraventa de gas.
¿Estrategia peruana?
El experto boliviano Carlos Alberto López ha señalado que la posibilidad de que el Perú forme parte del anillo no es positiva para Bolivia y, contrariamente, ha señalado que Lima ha desarrollado una estrategia desde hace tiempo para impedir que el gas boliviano sea exportado a América del Norte y a sus vecinos.
El Perú cuenta hasta el momento con una reserva de 14 trillones de pies cúbicos (TPC), en tanto que Bolivia tiene cuatro megacampos, y posiblemente uno más, que podrían sumar al menos 48,7 TPC, contando así con la segunda reserva más grande de gas de Sudamérica, solo superada por Venezuela.
Repsol-YPF en exclusiva
La firma española será comprador exclusivo del gas de Camisea que se exportará a México desde el 2009. Adquirirán 4,6 trillones de pies cúbicos de las reservas del gas peruano.



BOLIVIA Y LA INTEGRACIÓN GASÍFERA SUDAMERICANA: ¿UN PROCESO INCLUYENTE? (PARTE IV)

Argen Press de Argentina (www.argenpress.info)

Este informe fue realizado en Marzo de 2005.
2. La estabilización y la reestructuración de la economía boliviana (Continuación)
La reestructuración de la economía boliviana: las reformas de primera y segunda generaciónEl proceso de reestructuración de la economía boliviana puede subdividirse en dos etapas o generaciones de reformas que tuvieron lugar en su mayor medida entre 1985 y 1989, en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, y entre 1993 y 1997 - durante la primera gestión presidencial de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Antes de comenzar con la descripción puntual de las medidas, quiero referirme brevemente a las características del sistema político boliviano hasta fines de los años setenta y principios de los ochenta, el cual estuvo fuertemente signado por la impronta del proceso iniciado con la Revolución Boliviana de 1952. Los años que se extendieron desde ese momento hasta mediados de la década del ochenta, estuvieron condicionados por lo que fue, en términos de Rosario León, una cultura política hegemónica: el nacionalismo revolucionario (51).
El nacionalismo revolucionario como proyecto político promovió un concepto de modernización de la nación boliviana vinculada a una forma de capitalismo de Estado y a la creación de un mercado nacional. En otras palabras, incluyó una visión del rol económico del Estado y de lo que debiera ser su papel en esta esfera, lo cual constituye la legitimación de un proyecto político y económico de clase que entró en crisis en los ochenta.
Hasta entonces, el modelo económico promovió el desarrollo a través de un fuerte proteccionismo que impuso la sustitución de importaciones y el apoyo a la industria nacional incipiente.
Al ejercer un rol de planificador central, el Estado tuvo una importante influencia en la asignación de los recursos, mediante el otorgamiento de créditos y subsidios - que incluyó el subsidio de tasas de interés para algunos sectores -, la participación en actividades productivas y administrativas en las industrias más dinámicas de la economía y el control de los precios de los bienes básicos. En lo que se refiere a la política cambiaria se estableció un tipo de cambio fijo por períodos prolongados. El presupuesto fiscal, por su parte, dependió en gran medida de las transferencias de las empresas públicas. Por ejemplo, de acuerdo a datos consignados por Tania Aillón Gómez, YPFB transfirió al Tesoro General de la Nación entre los años 1990 y 1996 un promedio anual de 302 millones de dólares, el 65% del total de sus ventas internas y externas que, a su vez, constituyeron el 40% de los ingresos del TGN (52).
Los gastos corrientes se incrementaron a costa del endeudamiento externo y la política monetaria también se encontró supeditada a las necesidades del financiamiento público.
A modo de hipótesis, podríamos relacionar la crisis de la cultura política que se conformó luego de la Revolución Boliviana, y el liderazgo logrado por el MNR, con dos procesos. En primer lugar, un cambio en la percepción del rol que le corresponde desempeñar al Estado, a raíz de la pretendida fallida experiencia en su rol de Estado empresario e interventor. En segundo término, lo que podría ser considerado como la redefinición y reafirmación de las identidades colectivas que conduciría, progresivamente, a la emergencia de nuevas formas de expresión social y política (53).
La forma en que se buscó insertar a Bolivia en la economía internacional favoreció en última instancia la profundización de los lazos de dependencia y de las desigualdades que caracterizaban en forma orgánica la estructura social interna, situación que terminó reactivando políticamente identidades históricamente constituidas. Las medidas de reestructuración de 'primera y segunda generación' estuvieron orientadas, fundamentalmente, a la promoción de las inversiones privadas, tanto de origen doméstico como extranjero, la privatización de las empresas públicas, la creación de las bases para el incremento de la rentabilidad de los sectores económicos más dinámicos bajo el impulso de la participación de capitales privados, en un contexto competitivo y de liberalización de la economía y un mejoramiento en la eficiencia y asignación de recursos de la economía, en función del modelo anteriormente descripto. Hasta entonces, el Estado al ejercer un rol de planificador central, había tenido una importante influencia en la asignación de los recursos, mediante el otorgamiento de créditos y subsidios, la participación en actividades productivas y administrativas y el control de los precios de los bienes básicos.
El sector privado, tanto nacional como extranjero, se hizo cargo de la práctica totalidad de las inversiones requeridas por los sectores más dinámicos de la economía, notablemente las empresas de servicios públicos, los hidrocarburos y los servicios financieros. Los capitales domésticos fueron destinados, por su parte, al sector agroindustrial orientado a la exportación, bajo el impulso del crecimiento de las exportaciones no tradicionales, en especial las de soja.
La capitalización de las principales empresas públicas del país recién se inició con las reformas de segunda generación, entre los años 1993 y 1997. El propósito de aumentar la productividad y rentabilidad de estas empresas, en un momento en el que sus problemas de eficiencia interna se adjudicaban al monopolio estatal y a la integración vertical, y la decisión de los organismos internacionales de crédito de no continuar destinando fondos a empresas públicas deficitarias activó el proceso de transferencia de las mismas al sector privado, que tiene inicio con la Ley Nº 1544 de Capitalización.
En la revisión que se realizará posteriormente, se enfatizará la importancia del proceso de capitalización y privatización de las empresas públicas como elemento articulador del proceso de reestructuración de la economía boliviana.
El programa de ajuste estructural de la economía fue aplicado con continuidad a lo largo de las distintas administraciones que se sucedieron entre 1985 y 2003. El proceso de diseño, desarrollo y consolidación del mismo puede ser dividido en varios períodos que coinciden con las gestiones de los distintos presidentes. Considero relevante realizar una breve revisión de las mismas centrando la atención en los siguientes ejes, como constitutivos de una estructura de sentido que nos permitirá comprender el significado de las reformas en la historia boliviana:
- la resignificación del papel del Estado;
- la reformulación de los roles del sector público y del privado y de sus interrelaciones;
- la transnacionalización de amplios sectores de la economía.
Estos tres procesos dan lugar, por otra parte, a la configuración de un nuevo esquema de toma de decisiones que inciden en la forma en que la política conduce a la economía en la práctica. Por una parte, existen determinados indicadores económicos cuyo comportamiento queda sujeto al juego de las fuerzas del mercado, impulsándose a la vez la retracción del Estado, en el sentido de evitar en la mayor medida posible que dicho comportamiento responda al estímulo de políticas estatales. Por otra, esta reconfiguración de fuerzas marca las distintas formas de apropiación del excedente económico que predominarán en un momento dado.
En el núcleo del nuevo esquema de toma de decisiones radica una contradicción que, a mi criterio, reviste gran importancia. Me refiero a la contraposición existente entre una reforma institucional que ha promovido la descentralización administrativa y política y el estilo de gobierno centralista con un fuerte sesgo tecnocrático, que ha exacerbado en la práctica el carácter cerrado del proceso de implementación de las reformas neoliberales.
Entre 1985 y 1989, se destacan, como hemos visto, las medidas destinadas fundamentalmente a la estabilización económica y al ordenamiento de las finanzas públicas de un Estado que había acumulado un importante déficit fiscal.
El programa de estabilización, tal como fue indicado, tuvo entre otros objetivos la reinserción de Bolivia en el sistema financiero internacional y la recuperación de la confianza en el país a través de la aplicación de un modelo ortodoxo, del cual el Estado mismo se transformaba en garante. Estos dos objetivos se alcanzaron principalmente a través de la reestructuración de la deuda, proceso en el cual se destacan los acuerdos firmados con el FMI, por una parte, y a través de la creación de una serie de leyes que favorecieron claramente el ingreso y desarrollo de la inversión extranjera directa.
En el período 1989-1993, durante la gestión presidencial de Jaime Paz Zamora del Movimiento Izquierda Revolucionaria, se desarrolló el marco normativo que permitió la ya definitiva reestructuración de la economía boliviana con la privatización masiva de las empresas públicas entre 1993 y 1997. En efecto dicho marco generó las condiciones para la transferencia al capital privado de la responsabilidad por las inversiones productivas y para la posterior instrumentalización legal de la capitalización y privatización de 68 empresas públicas.
En este contexto fueron de particular relevancia tres leyes: la Ley Nº 1178 de julio de 1990, conocida como Ley SAFCO (Sistema de Administración, Fiscalización y Control Gubernamental), la Ley Nº 1182 de Inversiones, del 17 de septiembre de 1990 y la Ley Nº 1330 de Privatizaciones de abril de 1992. El objeto de la Ley SAFCO, del 20 de julio de 1990, con la cual se inicia este conjunto de reformas, fue establecer las condiciones para el control del uso de los recursos del Estado al regular los sistemas de Administración y de Control y su relación con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública.
Los sistemas de Administración y Control afectan a todas las entidades públicas. La Ley establece una serie de organismos encargados de planificar los objetivos y estrategias de cada dependencia, las tareas específicas a ejecutar y los procedimientos y recursos a utilizar. A su vez, se instituyen mecanismos para el control del uso de los recursos.
Básicamente plantea un esquema por el cual se procura centralizar en los diferentes niveles la adopción de políticas, la creación de normas y el control de su cumplimiento, mientras que se descentraliza la ejecución de dichas políticas y el manejo de los sistemas de administración. También se establece la programación de las inversiones públicas que deben responder a políticas sectoriales y regionales y ajustarse a las normas del Sistema Nacional de la Inversión Pública.
Como lo indica el artículo 13 el Control Gubernamental tendría por objetivo mejorar la eficiencia en la captación y uso de los recursos públicos y en las operaciones del Estado; la confiabilidad de la información que se genere sobre los mismos; los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta oportuna de los resultados de su gestión; y la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos del Estado.
Podríamos decir que esta ley constituye el antecedente de la reforma administrativa que tendrá lugar en el período posterior, durante la gestión presidencial de Sánchez de Losada, con la Ley de Descentralización Administrativa. Eduardo Antelo (54) indica que con posterioridad a la sanción de la Ley SAFCO se intentaron llevar adelante dos reformas profundas en 1993 y 1997 que tuvieron por objetivo que el Estado pudiera desempeñar más adecuadamente sus funciones de normador, regulador, contralor y garante de la estabilidad macroeconómica e inversor en áreas sociales y de infraestructura básica. De esta forma, podemos observar cómo la legislación antes desarrollada junto con las dos leyes que detallaré a continuación contribuyen a profundizar la instalación del nuevo modelo económico-productivo que reduce el papel rector de la política a su mínima expresión, promoviendo la disolución de las empresas públicas y una creciente participación de las fuerzas del mercado en los sectores más dinámicos.
Uno de los ejes de la modernización y adecuación del marco legal e institucional al nuevo modelo de desarrollo fue la política de promoción de la inversión privada. La misma tuvo como objetivo la creación de condiciones favorables para el ingreso e instalación de capitales privados, fundamentalmente extranjeros, comprometiendo al Estado como garante de la estabilidad económica y de los derechos de propiedad.
Con la Ley Nº 1182 de Inversiones se buscó estimular y garantizar la inversión nacional y extranjera 'para promover el desarrollo económico y social de Bolivia'. La misma establece una serie de disposiciones que dan cuenta, por una parte, de la apertura y liberalización de la economía boliviana y, por otra, de la limitación de la acción del Estado, al intentar garantizar a los inversores contra instrumentos de acción estatal que fueron muy comunes hasta 1985, tales como el control de precios, de la circulación de capitales, de la comercialización interna y externa de determinados bienes y servicios, entre otros. En contraposición, se establecen condiciones para que la distribución del ingreso responda al juego de las fuerzas del mercado, no reconociendo a su vez ninguna forma de monopolio privado.
De esta manera la Ley de Inversiones garantiza la libertad cambiaria, la libre convertibilidad de la moneda, la libre entrada y salida de capitales y remisión al exterior de dividendos, intereses y regalías. También dispone la libre comercialización interna y externa, es decir la libre importación y exportación con excepción de aquellos bienes o servicios que puedan afectar la salud o seguridad públicas, junto a la libre determinación de precios.
Los inversores nacionales y extranjeros cuentan con los mismos derechos y deberes. No sólo pueden, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 10 de la Ley, dirimir sus diferencias ante tribunales arbitrales sino que además las garantías antes detalladas son respaldadas por instrumentos bilaterales o multilaterales, tales como el CIADI, MIGA y la OPIC.
Es importante también destacar que la Ley de Inversiones establece la modalidad de contratos de riesgo compartido o joint ventures como forma de asociación entre inversionistas nacionales y/o extranjeros, ya sean sociedades constituidas en el país, entidades del Estado o personas naturales. Los contratos de riesgo compartido son regímenes estipulados mediante Decreto Supremo del Poder Ejecutivo.
Esta ley se complementa o ensambla con la Ley de Privatizaciones que constituye, a su vez, el antecedente de la Ley Nº 1544 de Capitalización, del 21 de marzo de 1994, con la cual se instrumentaliza el desmantelamiento de las principales empresas del Estado boliviano.
La Ley de Privatizaciones del 24 de abril de 1992, 'autoriza a las instituciones, entidades y empresas del sector público a enajenar los bienes, valores, acciones y derechos de su propiedad y transferirlos a personas naturales y colectivas nacionales o extranjeras, o aportar los mismos a la constitución de las nuevas sociedades anónimas mixtas'.
El concepto de sociedad anónima mixta es muy importante dado que ésta es la figura a la que serían adaptadas las empresas públicas privatizadas a través del sistema de capitalización establecido por la Ley de Capitalización. La Ley de Privatizaciones establece un órgano encargado de la planificación, regulación y control de las estrategias para la transferencia o disolución de las empresas públicas: el Consejo Nacional de Economía y Planificación.
También el destino que debía darse a los ingresos provenientes de la privatización o disolución de las empresas públicas, destacando los proyectos de inversión en infraestructura económica y social, en particular aquellos orientados a aliviar la situación de áreas de extrema pobreza, lo que es un indicador del nuevo rol que se proponía para el Estado, un Estado cuyas inversiones estarían dirigidas fundamentalmente a la infraestructura en salud y educación.
El impacto generado por esta nueva legislación puede ser visto a partir de un interesante ejercicio, realizado por Barja Daza (55), de desagregación de la formación bruta de capital fijo nacional, entre la pública y la privada, con el que se puede dar cuenta de la retracción efectiva del Estado de las actividades productivas. El estudio de la evolución de estos indicadores económicos permite ver que en 1993, la formación bruta de capital fijo privada fue por primera vez superior a la pública y continuaría siéndolo a partir de entonces, con la excepción del año 1994, por la inestabilidad inicial originada por las reformas.
A su vez, en 1995, la inversión privada extranjera superaría a la doméstica, representando en 1997 el 75,8% de la formación bruta de capital fijo privada y el 47,6% de la formación bruta de capital fijo nacional.La inversión extranjera comenzaría a llegar en los años noventa, luego de la aprobación de la Ley de Inversiones, la Ley de Privatizaciones y la Ley de Capitalización. También este proceso cobra nuevo impulso con la capitalización de las principales empresas públicas, las leyes sectoriales promulgadas y la creación del Sistema de Regulación Sectorial. Solamente en el sector hidrocarburífero, las empresas capitalizadoras comprometieron una inversión de 834,93 millones de dólares a realizarse en un período de ocho años.
De acuerdo a datos elaborados por Larrazábal et al., puede verse cómo la distribución de la inversión extranjera directa por sector económico estuvo altamente concentrada en los servicios públicos e hidrocarburos, especialmente en el período de privatización de las empresas del Estado de 1996 a 1998 (56).
Entre 1993 y 1996, durante la gestión presidencial de Sánchez de Losada , los cambios en la estructura y funciones del Estado a los que se hizo referencia antes fueron profundizados por una serie de normas de índole política y administrativa que dan continuidad a la Ley SAFCO desarrollada más arriba, pero que a la vez plantean reformas de naturaleza política. Con esto me refiero a la reforma de la Constitución Política del Estado, la Ley Nº 1654 de Descentralización Administrativa (28 de julio de 1995) y la Ley Nº 1551 de Participación Popular (20 de abril de 1994).
Por otra parte se genera un cuerpo de leyes con las cuales se articula el programa de capitalizaciones y privatizaciones que, en el marco de las legislaciones ya descriptas, inciden concretamente en la transformación del sector público y en la separación del Estado de las actividades productivas, excepto en aquellos sectores o áreas donde la actividad no fuera rentable para los inversores privados (por ejemplo, la electrificación rural) Las reformas se complementaron con la creación del Sistema de Regulación Sectorial y las respectivas leyes sectoriales.
El proceso de capitalización se completa a través su articulación con la reforma del sistema previsional, en virtud del cual se transfería a los ciudadanos bolivianos mayores de 65 años las acciones de propiedad del Estado en las nuevas sociedades de economía mixta, las cuales serían administradas por Administradoras de Fondos de Pensión Privadas.
Con la síntesis planteada en estos párrafos apunto a dar cuenta de la forma en que se fue constituyendo la nueva configuración de fuerzas que incidiría en adelante en el escenario social, político y económico de Bolivia. En lo que resta de este capítulo se hará particular énfasis en las modificaciones del marco legal, institucional y regulatorio de las inversiones privadas en los servicios públicos, así como los procesos de capitalización/privatización que interesan a los fines de describir posteriormente la evolución en la estructura y composición del sector hidrocarburífero en Bolivia.
El Proceso de transferencia de los activos públicos al sector privado como elemento articulador de la reestructuración de la economía boliviana
En primer lugar, quisiera marcar algunas breves reflexiones sobre las características del proceso político interno que posibilitó la toma de decisiones.
Gray Molina, Pérez de Rada y Yánez mencionan las siguientes tres características del proceso:
- las características de construcción estatal de las reformas institucionales en el contexto de un estado débil e inconexo.
- la naturaleza híbrida del sistema representativa del gobierno que generó amplios espacios de decisión al poder ejecutivo.
- el liderazgo caudillista y tecnocrático que jugó un papel decisivo durante los dos períodos más activos de reformas políticas y económicas, de 1985 a 1989 y de 1993 a 1997 (Gray Molina, 1999).
'Mientras que la estabilidad coalicionista depende en gran medida del uso prebendal del aparato burocrático del poder ejecutivo, el eje de la toma de decisiones tiende a circunscribirse a un número reducido de actores técnico-políticos cercanos al presidente. El sistema híbrido proporciona, además de estabilidad amplios poderes de decisión a la cúpula del poder ejecutivo. La política de coaliciones se ha beneficiado, a su vez, de la estructura caudillista/prebendal de los principales partidos políticos que garantiza un mínimo de disciplina intrapartidaria para la consecución de los objetivos del pacto ' (Gray Molina, 2001).
Una particularidad de este conjunto de reformas radica en la vinculación instrumentada entre las mismas. El corpus fue presentado como un paquete que facilitó su aprobación posterior por la vía legislativa, pero que además creó incentivos y beneficios cruzados con los que se intentó compensar a los sectores perdedores. Así, la reforma previsional dependía de la aplicación de la ley de capitalización, la cual condicionó a su vez la ley de reforma del sector hidrocarburos.
Las condiciones de viabilidad política en la adopción e implementación de las reformas a partir del gobierno de Paz Estensoro pueden sintetizarse de la siguiente manera: la existencia de alianzas interpartidarias con una amplia disciplina partidaria, el amplio margen decisorio del que gozaba el presidente y el monopolio casi exclusivo que ejercía el ejecutivo sobre la iniciativa parlamentaria. Otras consideraciones merecen las relaciones con la oposición que con frecuencia llevaron adelante acciones orientadas a promover el descrédito del gobierno y cuyo campo de movilización se hallaba fuera de las instituciones del Estado. Durante el gobierno de Sánchez de Lozada las tensiones con la oposición fueron casi incesantes, aprobándose con relativa facilidad sólo la reforma constitucional y la Ley de Participación Popular.Las diferencias de liderazgo entre las dos figuras más importantes del Movimiento Nacionalista Revolucionario, Paz Estenssoro y Sánchez del Lozada fueron bastante marcadas. El llamado 'gonismo' está relacionado a un estilo tecnocrático de gobierno, en especial la tendencia advertida por varios autores a conformar grupos independientes y políticamente aislados para la formulación y gestión de las reformas. El protagonismo de estos estrechos grupos a expensas no sólo de los partidos que conformaban la coalición sino también del propio MNR, erosionó la figura del presidente. Pero, a la vez, le garantizó amplios espacios de decisión, ejerciendo una clara primacía en cada fase del proceso de cambio.
La debilidad del Estado, la amplia tradición ligada al caudillismo y el particular sistema político garantizaron también estos amplios espacios de decisión para el presidente, que se mantuvieron asimismo por el 'cuoteo político'.Los procesos de capitalización y privatización y los efectos sobre la inversión extranjera directa
Como se ha indicado con anterioridad los objetivos principales de la Nueva Política Económica consistieron en lograr la estabilidad macroeconómica y generar las bases de un proceso de desarrollo económico continuado. Dichas bases consistirían en el incremento de las inversiones, el crecimiento de la productividad y el desarrollo de sectores competitivos para la promoción de la capacidad exportadora del país. Como se ha indicado, la promoción de inversiones requería que el Estado se convirtiera en garante de la estabilidad macroeconómica, en los términos establecidos por las medidas del programa ya descripto, y también en el generador de un marco normativo e institucional que estableciera un régimen de libre competencia, libre comercio y libre formación de los precios y a la vez, condiciones de seguridad jurídica para el empresariado tanto nacional como extranjero.
Podría afirmarse que el elemento que permitió estructurar dicho proceso de reestructuración de la economía boliviana fue la transferencia de las empresas públicas al sector privado, tanto a través de la capitalización, como de la privatización tradicional y el régimen de concesiones, en el caso de las empresas de servicios públicos.
Esta transferencia da cabida cuenta, también, de la modificación del rol del Estado en su papel director de la economía y marca los términos de la relación entre el sector público y el privado, como una nueva configuración de fuerzas que condicionará la toma de decisiones futura en el campo de las políticas públicas y el nuevo esquema de apropiación del excedente económico.
El proceso de privatización y capitalización de las empresas públicas bolivianas fue gradual, identificándose distintos momentos. Las primeras privatizaciones se produjeron durante el gobierno de Paz Zamora y afectaron principalmente a empresas que se encontraban en sectores económicos relativamente competitivos.En ese momento, diversas restricciones de carácter legal y administrativo impidieron la privatización de las empresas más importantes, relacionadas a los servicios públicos y a los hidrocarburos, por lo cual la reestructuración de estos sectores se vio postergada hasta mediados de la década del noventa, con la aprobación de la Ley de Capitalización y la creación del Sistema de Regulación Sectorial. El mecanismo adoptado para la transferencia de las empresas públicas más importante fue el de la capitalización, que será detallado más adelante.
Por último, a partir de 1998, se completa el período de reformas, con la privatización de las empresas públicas remanentes. En el caso del sector hidrocarburífero, las refinerías y las dos redes de poliductos de propiedad del Estado.
En aquellas empresas de servicios públicos que, por razones legales, no podían ser transferidas al sector privado por medio de la capitalización y de la privatización, se posibilitó la entrada de los inversores privados a través del otorgamiento de contratos de concesión. Tal es el caso, de las actividades de la distribución del gas natural por redes y de los servicios de agua y alcantarillado, entre otros.
Eduardo Antelo sostiene que en 1985, el Estado boliviano contaba con más de 170 empresas, ubicadas en prácticamente todos los sectores económicos, que podían transferirse al sector privado (57).
El mismo autor indica que entre 1992 y 1993 se privatizaron 26 empresas medianas y pequeñas con un ingreso de 30 millones de dólares. Entre 1994 y 1997, fueron 50 las empresas afectadas por un valor de 97.5 millones. De 1998 a 1999, se transfirieron al sector privado otras tres empresas, entre las cuales el autor incluye la de un tercio de la Fábrica Nacional de Cemento. En total, el Estado percibió ingresos fiscales por 163,3 millones de dólares.
El paso previo a la privatización fue la disolución de la Corporación Boliviana de Fomento (CBF), que agrupaba a un gran número de empresas industriales de propiedad del Estado, y su transferencia a entidades regionales, las Corporaciones Regionales de Desarrollo (58).
En los momentos iniciales de este proceso de reestructuración que apuntó a aumentar la eficiencia y la rentabilidad de las empresas públicas y a su racionalización, como paso previo a la privatización, uno de los casos más destacados fue el de la Comisión de Minas de Bolivia (COMIBOL). La reducción de los precios del estaño determinó el cierre de varias minas y el despido de más de 20000 trabajadores mineros.
Eduardo Antelo explica las razones por las cuales la privatización de las empresas públicas en Bolivia no fue inmediata. De acuerdo a este autor, existía la percepción de que el problema de las empresas públicas durante el período hiperinflacionario fue su accionar independiente del control del Estado, razón por la cual se apuntó inicialmente a incrementar el control estatal sobre las mismas. Inicialmente, existía además una fuerte incertidumbre en el sector inversor privado respecto a la sostenibilidad del nuevo modelo económico.
La relevancia fiscal de las empresas más grandes, que aportaban la mayor parte de los ingresos del Tesoro General de la Nación, sumadas a las restricciones legales existentes para su transferencia al sector privado y a la percepción de que la atracción de inversores extranjeros requeriría una recuperación económica en el mediano plazo, fueron las razones por las cuales se buscó inicialmente la reestructuración de estas empresas. En efecto, con la privatización de las empresas públicas, los ingresos corrientes del Estado mermaron abruptamente, reducción que se vio además acompañada por una gran limitación en los gastos sociales los cuales se mantuvieron en un promedio del 14% del total de los gastos corrientes.
El autor observa que los resultados poco satisfactorios de las medidas implementadas y la creciente renuencia de los organismos internacionales de crédito a otorgar financiamiento para el sostenimiento de empresas públicas en condiciones deficitarias, dieron lugar a que ya en el gobierno de Jaime Paz Zamora se iniciaran las primeras reformas legales e institucionales necesarias a fin de posibilitar la transferencia de estas empresas al sector privado, como expliqué anteriormente.
De acuerdo a Gover Barja Daza, la inversión pública continuaría siendo superior a la privada hasta el año 1993 y, aún cuando era altamente dependiente del endeudamiento externo, fue el motor del desarrollo interno hasta entonces (59).
En 1988 fue creada la Comisión de Transición Industrial que estuvo encargada de realizar los estudios iniciales para la implementación de los primeras privatizaciones, las cuales tuvieron como objeto un conjunto de aproximadamente 60 empresas industriales medianas y pequeñas. La inversión en este período se dirigió principalmente a cuatro sectores: los servicios públicos - que el Estado controló hasta la segunda mitad de la década del noventa -, la infraestructura básica, la exploración y explotación de hidrocarburos y las inversiones en salud, educación, entre otros. En los siguientes gráficos, puede apreciarse como la inversión en hidrocarburos fue disminuyendo hasta casi desaparecer para finales de la década, mientras que aumentó proporcionalmente el volumen invertido en el último de los sectores mencionados. En el sector minero, la retracción del Estado se inicia con la fuerte crisis experimentada por el mismo a mediados de los ochenta. Mientras en 1987, más del 70% de la inversión pública se destinaba a los sectores de infraestructura e hidrocarburos y minería, diez años después este porcentaje se ha dirigido a proyectos de infraestructura social (60).
Barja Daza también observa que si bien la formación bruta de capital fijo público en las empresas de Estado disminuyó a lo largo de todo el período de referencia, la misma estuvo mayormente concentrada en YPFB y, secundariamente en la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL). Luego de la capitalización de estas tres empresas, las inversiones en servicios públicos se concentrarían en las empresas de agua y alcantarillado y otras menores, las cuales también serían transferidas al sector privado posteriormente.
En los párrafos anteriores, puede observarse que una de las dimensiones de la promoción de las inversiones internacionales en Bolivia estuvo marcada por su entrada al ámbito se la provisión de los servicios públicos que antes se encontraba bajo la égida exclusiva del Estado. Por esta razón es necesario plantearnos cómo han sido los efectos de esta transferencia en términos políticos y desde la perspectiva de las condiciones de vida concretas de la población y cuáles son los criterios con los cuales se gestionan estos servicios.
En principio, los objetivos declarados de dicha transferencia eran lograr una mayor eficiencia y calidad en la prestación de los servicios, así como ampliar la cobertura. Los mismos pueden ser contrastados con los paradigmáticos ejemplos de los consorcios Aguas del Tunari y Aguas del Illimani, encargados de suministrar los servicios de agua y alcantarillado en Cochabamba y en La Paz y El Alto, respectivamente. Por otra parte, es importante destacar la reducción en el nivel general de cobertura de los servicios públicos entre 1997 y 2001, como se mostrará en el próximo capítulo, situación parcialmente provocada por las crecientes tarifas que imposibilitan el acceso de un amplio porcentaje de la población.
El proceso de capitalización fue pensado e implementado como una estrategia global de transferencia de las seis empresas públicas más importantes del país: Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTE), el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) y la Empresa Metalúrgica de Vinto.
Dicha estrategia que fue implementada y diseñada en sus distintas variantes sectoriales por el Ministerio de Capitalización, creado a tal efecto, fue posible gracias a la modificación del marco legal, con la aprobación de la Ley Nº 1544 de Capitalización. La misma permitió, en efecto, no sólo la entrada de capitales privados a sectores que, por su carácter estratégico, se encontraban reservados a la órbita estatal, sino que también dio lugar a la retracción definitiva del Estado de todas las actividades productivas.
La capitalización consiste en una forma de asociación entre el Estado y los inversores privados (en su mayoría extranjeros) por la cual el primero aporta sus empresas y los socios comprometen un monto de inversión similar al valor de la empresa a realizarse en un período de tiempo preestablecido, por lo general cinco a ocho años. De esta forma, al cabo de dicho plazo se creaba una empresa con el doble del valor inicial, en la cual el inversor estratégico era titular del 50% de las acciones y además tenía el control de la administración de la empresa, mientras el Estado mantenía el 50% restante. A este esquema se debe sumar la asociación realizada con la reforma de sistema provisional, en virtud de la cual el porcentaje del paquete accionario que era de propiedad pública era transferido a los ciudadanos bolivianos que tuvieran mayoría de edad al 31 de diciembre de 1995, a través de un beneficio denominado BONOSOL consistente en un pago anual vitalicio, con el que se pretendía ampliar la cobertura de los jubilados.
De esta forma, la administración del 50% de las acciones transferidas a los ciudadanos bolivianos también fue transferida al sector privado, a través de una licitación en la que fueron designadas dos Administradoras de Fondos de Pensión, que también concentran la gestión de los fondos de capitalización contributivos.En la primera fase del proceso de capitalización, luego de la creación de la Comisión de Transición Industrial, se conformaron una serie de grupos de trabajo, encargados de definir la estrategia global de capitalización. Como decía anteriormente, la ejecución de la misma se delegaría en el Ministerio de Capitalización, el cual también diseñó los proyectos de ley sectoriales (Ley de Hidrocarburos, de Electricidad, de Telecomunicaciones y de Transporte) y el del Sistema de Regulación Sectorial (posteriormente Ley SIRESE).
El mecanismo de capitalización se estructuraba en los siguientes pasos. En primer lugar, se transformó a las empresas mencionadas en sociedades anónimas de economía mixta, para lo cual se ofreció a los empleados de las mismas utilizar sus beneficios sociales para la adquisición de acciones de la empresa en condiciones preferenciales. En segundo término, se licitaba internacionalmente el 50% de las acciones que serían transferidas al socio estratégico. La ley contempla que el socio o socios no pueden adquirir más de dicho porcentaje. El pago no se realizaba 'de una sola vez' como en el caso de las privatizaciones, sino a lo largo de un período de un máximo de ocho años.
La transferencia de dichas acciones implicaba la delegación de la responsabilidad de la administración en los socios privados, con lo que posteriormente los inversionistas estratégicos se hicieron cargo del control de la empresa y establecieron su plan de inversiones. Por último, se transfirieron las acciones de propiedad del Estado a los ciudadanos bolivianos de la forma reseñada más arriba.
De esta forma fueron capitalizadas cinco de las seis empresas contempladas en la Ley de Capitalización, con la excepción de la Empresa Metalúrgica de Vinto.
La Ley del Sistema de Regulación Sectorial junto a las respectivas leyes sectoriales, en especial las Leyes de Hidrocarburos, Electricidad y Telecomunicaciones completaron la redefinición de las características de la propiedad, la estructura de la industria y su marco regulatorio.
Como indica Alvaro García Linera, 'durante 19 años, la economía boliviana sufrió una serie de cambios estructurales que si bien no modificaron el patrón productivo primario-exportador, sí cambiaron radicalmente (…) el modo de apropiación del excedente económico del país' (61).
Notas:51) Ibidem.
52) Aillón Gómez, Tania (2003) La fisura del estado como expresión de la crisis política de la burguesía en Bolivia. Observatorio Social de América Latina, Año IV, Nº 10, Enero-Abril 2003. Pág. 50.
53) En referencia a este último punto, León observa que durante todo el período de referencia las auténticas identidades colectivas quedaron subsumidas en la forma 'cliente'. A la luz de estas observaciones, cobran relevancia en la actualidad las manifestaciones de estos mismos sectores cuyo accionar se encontraba antes totalmente mediatizado por aquellos que actuaban como intermediarios con el gobierno. Puede notarse así que la consigna de defensa del gas natural originó entre los sectores movilizados no sólo protestas respecto de la privatización de los recursos estatales energéticos, la libre comercialización, la transferencia de la propiedad de los recursos a empresas transnacionales y el proyecto de exportación del gas a Estados Unidos y México por un puerto chileno, sino que también han surgido actitudes ofensivas o propositivas, por las que se demanda la inclusión de la nacionalización de los hidrocarburos bolivianos en el debate público.
54) Antelo, Eduardo. Op. cit. Pág. 52.
55) Barja Daza. Op. cit.
56) Larrazábal, Hernando et al. (2000). 'Ajuste estructural y desarrollo productivo en Bolivia', CEDLA, La Paz, en Aillón Gómez, Tania (2003). La fisura del estado como expresión de la crisis política de la burguesía en Bolivia. Observatorio Social de América Latina, Año IV, vol. 10 Enero-Abril 2003.
57) Antelo, Eduardo. Op. cit. Pág. 45.
58) Ibidem. Pág. 45.
59) Barja Daza, Gover. Op. cit.
60) Ibidem. Pág. 19.
61) García Linera, Alvaro (2004) Geopolítica de los hidrocarburos. Le Monde Diplomatique. Agosto 2004 (Edición boliviana).
* Felicitas Torrecilla es investigadora del Area de Recursos Energéticos y Planificación para el Desarrollo del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (IDICSO) de la USAL y del MORENO.



Juegos sudamericanos:
"NO PEDIMOS PERMISO"

Neven Ilic, presidente del COCh, dice que no se está solicitando autorización a Bolivia para realizar los Juegos Odesur en Chile, "porque no corresponde". Para el dirigente, sólo se trata de una deferencia que no ha sido correspondida.

El Mercurio de Chile (www.emol.com)

Se cansó Neven Ilic. El presidente del Comité Olímpico de Chile (COCh) está harto de escuchar que su par boliviano y el gobierno de La Paz no van a avalar que Chile organice los Juegos Odesur en 2006. "Quiero aclarar que en la carta que el COCh le envió al Comité Olímpico Boliviano jamás se le pidió la venia o la autorización para realizar los Juegos Sudamericanos en Santiago. Eso no corresponde, pues fue la propia Odesur la que decidió retirarle la sede a La Paz y solicitarnos que asumiéramos como sede sustituta. Es decir, fue sólo un acto de deferencia antes de aceptar", dijo.
-Pero el Presidente Lagos pidió especialmente que tanto a nivel de gobierno como deportivo, Bolivia descartara una "mala interpretación". Eso es como pedir permiso.
"Quiero decir expresamente que acá no se está pidiendo permiso a nadie. Lo que se esperaba es que Bolivia dijera que declinaba en sus intenciones de que Odesur reconsiderara el retiro de la sede. Son cosas muy distintas. Es como decir: sabes, que me ofrecieron este contrato, igual lo voy a aceptar, pero necesito tu opinión".
-La interpretación puede ser distinta, pero el resultado es el mismo: negativo.
"Puede ser, pero esto es porque el Comité Olímpico Boliviano no quiere aceptar que este tema está oleado y sacramentado, y que Chile no tuvo nada que ver en eso. Con esa postura no están ayudando al deporte en la región, porque no están acatando una decisión expresa del organismo que nos reúne a todos, la Odesur".-Pero no es sólo el COB el que entregó una respuesta dura. Su postura fue apoyada por el viceministro de Deportes boliviano...
"Lo que yo sé es que las conversaciones a nivel de cancillerías siguen en pie. Además, la Odesur nos amplió oficialmente el plazo hasta el próximo viernes 22. Hay tiempo ahora para conversar y para que el Presidente anuncie su decisión".
-¿Usted está de acuerdo con que el Gobierno haya mezclado un tema diplomático con uno deportivo?"Creo que el Gobierno actuó bien al ser deferente con Bolivia. He conversado con el canciller Ignacio Walker y estamos optimistas de que el tema será bien abordado por el gobierno boliviano. Creo que los Juegos, tal como nos pidió la Odesur, se harán en Santiago en 2006. No olvidemos que tenemos una responsabilidad ante esa organización".
-¿Pedirá el COCh que se sancione a Jorge España, titular del COB?
"No, no vamos a tomar ninguna acción en ese sentido. La Odesur tiene un Tribunal de Honor, pero a nosotros no nos corresponde tomar una iniciativa así".
A pesar de la postura de Ilic, se sabe que en Brasil, donde tiene asiento la Odesur, hay mucha molestia, especialmente con Jorge España.
Además, la extensión del plazo para que Chile responda se entiende como un "espaldarazo" a las gestiones de Ilic y compañía. Y no se descarta que Carlos Nuzman, presidente de la organización regional, envíe a España al Tribunal de Honor por su negativa a aceptar las decisiones oficiales.
CRÍTICAPara Ilic, el Comité Olímpico Boliviano "no está ayudando al deporte en la región, porque no acata una decisión expresa de la Odesur".



HASTA EVO MORALES CIERRA FILAS POR LOS ODESUR 2006

El dirigente boliviano envió un mensaje al brasileño Carlos Arthur Nuzman, presidente de Odesur, asegurando la estabilidad política en La Paz, para el desarrollo de los VIII Juegos Sudamericanos.

La Nación de Chile (www.lanacion.cl)

El pueblo boliviano sigue muy molesto por la decisión del comité ejecutivo de la Organización Deportiva Sudamericana (Odesur) de quitarles la organización de los Juegos 2006 y de entregar la primera opción como sede sustituta a Chile.
En palabras del periodista altiplánico Rafael Seretertegui, “esta fue una decisión injusta y apresurada de Odesur, por lo cual el nuevo gobierno boliviano de Eduardo Rodríguez, junto con el Comité Olímpico Boliviano (COB) no han avalado la postulación de Chile y por el contrario, están haciendo todo lo que sea posible para que se revierta la medida y que los Juegos vuelvan a su sede original”.
Incluso, los bolivianos siguen ejecutando obras de infraestructura y habilitación de los recintos deportivos que albergarían las competencias, cuyo monto supera los 7 millones de dólares. Además, advirtieron que si se les quita la sede, ningún deportista de ese país competirá en los Odesur 2006, a modo de protesta.
El cronista deportivo del diario La Razón de La Paz, Eugenio Aduviri, aseguró que “luego de haber sido despojados de la sede de los Juegos, Bolivia entera espera que la medida se revierta, porque en este momento, el clima social y político está absolutamente normal, tranquilo y ordenado. Es más, hasta el propio dirigente cocalero Evo Morales envió un mensaje abierto al presidente de Odesur, el brasileño Carlos Arthur Nuzmann, en el que aclara que tanto en La Paz como en el resto de las ciudades el sistema funciona, descartando inestabilidad política y asegurando que las condiciones están dadas para el normal desarrollo de una justa deportiva continental”.
Los plazos en la toma de la decisión final se han extendido a petición de las partes, aunque Chile seguirá la ronda de consultas con sus pares altiplánicos, mientras los bolivianos están decididos en llevar adelante su postura reivindicadora. Incluso advirtieron que si definitivamente se les quita la sede, seguirán con la construcción y habilitación de estadios, piscinas y recintos deportivos y harán unos Juegos Nacionales en la misma fecha (mayo) en que están programados los Odesur 2006.
PUCCIO ESPERARÁ RETORNO DE LAGOS
El Ministro Secretario General de Gobierno, Osvaldo Puccio comentó a La Nación que conversó telefónicamente con el Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Armando Loaiza, y que según le señaló éste “están haciendo gestiones directas con Odesur e insisten en oponerse tajantemente a la medida adoptada. Han apelado dos veces y lo van a seguir haciendo para tratar de revertir la medida”. Las conversaciones a nivel de cancillería seguirán mañana, pero el vocero de Gobierno advirtió que ninguna decisión se tomará antes del regreso del Presidente Ricardo Lagos de su gira por Australia, el sábado en la noche, aunque agregó que “lo principal es que el asunto se zanje favorablemente para mantener las relaciones bilaterales en buen pie”.



LA DERECHA AGRADECIDA

Diario Rebelión (www.rebelion.org)

Mario Ronald Duran Chuquimia
Después de los última eclosión social cuando los movimientos sociales estuvieron al borde de tocar el cielo… todo quedo en nada cuando aceptaron gato por liebre, es decir, la asunción de Rodríguez V. como presidente, quién deberá convocar a elecciones… y dejaron de lado la nacionalización de los recursos naturales y por último aceptando el llamado a elecciones generales, dejando para el año siguiente y al nuevo gobierno, dos temas de por si álgidos: la Asamblea Constituyente y el Referéndum Autonómico, en este contexto se da una nueva configuración del escenario político en Bolivia.
Contando también el intento de la Organización de Estados Americanos a instancias de la señora Rice, que pedía una resolución de dicha organización para realizar intervenciones preventivas (al estilo de Irak) en países del cono sur donde la democracia estuviese en peligro, pese a los consejos brindados por asesores del mas alto nivel proporcionados por el gobierno brasilero de Lula da Silva, entre otros. Se puede decir que para pesar de muchos, el sistema social y político boliviano a demostrado tener madurez para resolver sus conflictos a través de la renovación de dos poderes, ejecutivo y legislativo, aunque haya significado un retroceso en las demandas planteadas por los denominados movimientos sociales.
Así también los medios de prensa señalan que las encuestas de la intención de voto las encabezan, puntos mas, puntos menos, Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga, empresario el primero, tecnócrata liberal el segundo y peleando espacios, Evo Morales, dirigente cocalero, y una sombra, Carlos Mesa, quien pudo ser y no supo como. Mencionar también que las candidaturas del denominado Movimiento Social de Liberación (M-Sol) fueron rechazadas por la ex – defensora del pueblo, Ana María Romero y por el político condepista, Andrés Soliz R.. Otros actores son las fuerzas municipales quienes pretenden agruparse asumiendo un liderazgo que poseen en las ciudades de nuestro país, a la cabeza de Juan del Granado y Rene Joaquino, respectivamente, munícipes paceño y potosino.
Pero, ¿Por qué el título para el presente articulo?, “la derecha agradecida”, porque la intención de voto de la clase alta, media y relativamente de las clases populares ya tiene una inclinación, cierto sesgo… votara por los valores planteados por la derecha: orden, seguridad y trabajo, por lo que se puede decir, con temor a equivocarnos, que luego de la re-edición del cerco alteño que tiene profundas raíces en la memoria katarista, después de haber sufrido escasez de productos alimenticios y combustible, con los constantes temores ante las amenazas de quedar sin agua, electricidad y sufrir saqueos, con los nervios destrozados por las amenazas de violencia física (recuérdese los descorbatamientos y las chicoteaduras por cruce de marcha) y las explosiones de las dinamitas… ya era común escuchar los pedidos de un gobierno militar (extraño pedido que partió incluso de dirigentes de las centrales obreras como Solares y de la Cruz,) para poner en cintura a los revoltosos; cuando los llamados a la cordura por parte de la iglesia no eran escuchados y el cuando el defensor del pueblo defendía a todos menos al pueblo y cuando como en una guerra de aniquilación por hambre el nuevo zar de la ciudad de El Alto, señor de vidas y haciendas, Abel Mamani, autorizaba el envió de combustible solo a hospitales se creaban sentimientos de inseguridad.
También recordar antecedentes históricos: la agonía de la Unión Democrática y Popular (UDP), partido de izquierda y el nacimiento del modelo neoliberal “para combatir la hiperinflación” fue precedida por un mes de huelga minera… teniendo como resultado el D.S. 21060 y las actuales desigualdades sociales.
Bajo estos análisis no será casual ni cosa del otro mundo que la población boliviana vote por los nuevos embajadores del libre mercado (aunque le pongan rostro humano) y otra vez caigamos en los errores del pasado. Ningún extremismo es bueno y esta aseveración será puesta en duda en las elecciones de diciembre. En la presente configuración del escenario electoral la derecha (sea cual fuera su matiz) debe agradecer a los movimientos sociales… (*) El autor fue Secretario Ejecutivo de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB).