PARAGUAY APURARÁ EL GASODUCTO DESDE TARIJA

UNA PAREJA MUERE AL CHOCAR CONTRA UN ÁRBOL

Diario Los Andes de Argentina (www.losandes.com.ar)

Dos personas fallecieron luego de que el automóvil en que viajaban se estrellara contra un árbol. El hecho ocurrió ayer por la mañana en la esquina de Joaquín V González y Manso, del departamento de Godoy Cruz. Las víctimas fueron identificadas como Gabriel Mayorga (28) y Victoria Ramos (38), ambos de nacionalidad boliviana, según los datos aportados por la policía.
Por el momento, se desconocen cuáles fueron las causas del choque, y hasta donde se sabe, tampoco habría un segundo vehículo involucrado en el fatal accidente. La pareja iba por Joaquín V González con dirección hacia el sur. Cerca de las siete de la mañana, el conductor habría perdido el control del VW 1500, cruzó la acequia y chocó de frente contra un carolino. Los dos ocupantes del vehículo murieron en el acto por la violencia del golpe según pudo saberse. Estas dos víctimas se sumaron a la larga lista de muertos por accidentes de tránsito en lo que va de julio que asciende a 22.



Editorial:

¿ALTERNATIVA AL GAS?

El Mercurio de Chile (www.emol.com)

En Chile, algunas generadoras eléctricas decidieron cambiar su combustible por gas argentino, más económico. Todo marchó bien, hasta que el vecino país no siguió cumpliendo sus compromisos. Entretanto, el petróleo que alimenta a las plantas térmicas ha alcanzado precios récord, sin visos de bajar. Esto ha motivado una intensa carrera por obtener gas que, reemplazando al argentino, permita una operación más económica de estas plantas.
Hace un año, el Presidente Lagos consideró con entusiasmo la posibilidad de traer gas natural licuado desde Indonesia. Éste se transporta en buques especiales, a temperaturas muy bajas; en el lugar de llegada, debe procesarse en instalaciones especiales -flotantes o en tierra-, desde donde se inyecta como gas corriente en la red de gasoductos que lo lleva a sus lugares de empleo. La inversión en esa instalación es de varios cientos de millones de dólares. Por instrucciones del Ejecutivo, Enap ha estudiado este proyecto, optó por una planta terrestre en Quintero y está solicitando el correspondiente estudio de impacto ambiental. Asimismo, ha declarado que, con los precios actuales, le resultaría factible volver a explotar sus yacimientos abandonados de gas, para traerlo al centro del país.
Paralelamente, el Gobierno busca formar un "anillo" de gas en los países andinos y del Mercosur, que pudiera satisfacer los requerimientos de gas de Perú, Chile, Argentina y Uruguay, no descartándose que adhieran a esta iniciativa Bolivia y Paraguay (incidentalmente, cabe preguntarse si se pondera suficientemente el rechazo boliviano de entregar gas a Chile).
Pero los negocios de gas suponen numerosos actores y un largo período para hacer madurar un proyecto. Esta realidad parecesubestimarse cuando los ministros resuelven articular un "anillo" energético. Así, Petrobras ha invertido durante décadas en dar vida económica a los yacimientos de gas de Bolivia y al gasoducto que une a Tarija con Puerto Alegre. Similares plazos han requerido otras transnacionales que hicieron posible el descubrimiento de yacimientos bolivianos de gas, y algo análogo ocurre con Hunt Oil en Perú. Chile quizás no tenga petróleo, pero sí cuenta con ríos torrentosos, aptos para la generación hidroeléctrica. Es complejo comparar con riguroso fundamento técnico los costos de producción de electricidad (como lo muestra el debate por el precio de nudo), pero, si el gas se requiere principalmente para la generación eléctrica, ¿no cabría estudiar la factibilidad de un "anillo" de alta tensión en la región, en vez de uno de gas?



PARAGUAY APURARÁ EL GASODUCTO DESDE TARIJA

Diario ABC de Paraguay (www.abc.com.py)

El ministro José Alberto Alderete adelantó ayer que nuestro país impulsará en la próxima visita de autoridades gubernamentales a Bolivia la construcción de un gasoducto desde Tarija a Paraguay y con proyección al mercado brasileño. Este viernes, en la citada ciudad fronteriza, habrá un encuentro bilateral que reunirá a representantes de ambas cancillerías y entes energéticos.
El secretario de Estado recordó, asimismo, que de nuevo reclamarán un aumento de compra del cupo de gas de Paraguay. Como se recordará, Tarija reúne los mayores yacimientos de gas del vecino país y es no solamente la principal proveedora del mercado boliviano, sino también de sus potenciales clientes del exterior. Alderete sostuvo que en la oportunidad se arribará a importantes acuerdos en el marco energético.
Fuentes de la cartera informaron, por otra parte, que Alderete y su comitiva, antes de arribar a Tarija, visitarán el Chaco, específicamente la zona donde se viene perforando un nuevo pozo, el "Independencia 3", en Gabino Mendoza. Lo acompañará el viceministro de Minas y Energía, Ing. Héctor Ruiz Díaz.



DE VIDO VA POR MÁS GAS

Página 12 de Argentina (www.pagina12web.com.ar)

El ministro de Planificación, Julio De Vido, viajará mañana a Bolivia para negociar la construcción del gasoducto del noreste argentino (GNEA) y la posibilidad de que la Argentina transfiera a ese país su conocimiento sobre industrialización de gas, según informaron fuentes de Planificación. De Vido se reunirá con el ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Jorge Dunn, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La Argentina importa actualmente desde Bolivia unos 6,5 millones de metros cúbicos diarios de gas y busca ampliar la provisión a unos 20 millones de metros cúbicos, el nivel que tornaría viable la construcción del GNEA.
Bolivia, en tanto, espera de Argentina el intercambio de tecnología y su participación para la industrialización del gas y el tendido de redes domiciliarias. El viaje de De Vido surgió en el encuentro que el pasado jueves mantuvieron en Buenos Aires el funcionario argentino y el canciller boliviano, Armando Loaiza Mariaca. El pasado fin de semana, la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, que aglutina a las petroleras que operan en ese país, expresó sus dudas respecto de que Bolivia pueda aumentar sus exportaciones de gas. “Si Bolivia suscribe nuevos contratos, ya sea con Argentina u otro país, la exportación se tendría que dar a costa de las exportaciones ya comprometidas a Brasil o a costa de la provisión de gas natural para el mercado interno”, señaló el gerente de comunicaciones de esa institución, Carlos Alberto López



BOLIVIA DENUNCIA DÉFICIT COMERCIAL DE 450 MILLONES DE DÓLARES CON CHILE

El Acuerdo de Complementación Económica (ACE-22) firmado por Chile y Bolivia hace más de una década no ha conseguido equiparar el intercambio comercial entre ambos países limítrofes.

La Nación de Chile (www.lanacion.cl/prontus_noticias)

La cancillería boliviana dio a conocer ayer un desequilibrio de 450 millones de dólares en su balanza comercial con Chile, cifra que iría en claro perjuicio de la economía del país vecino.
Según el viceministro de Relaciones Económicas Internacionales, Isaac Maidana, Bolivia compra legalmente 150 millones de dólares a Chile, mientras que el contrabando que ingresa desde ese país a territorio altiplánico sería de 300 millones de dólares.
Dicho guarismo, está por encima de los apenas 50 millones de dólares que Bolivia exporta a Chile.
En este desequilibrado escenario, ambos gobiernos iniciarán negociaciones entre el 15 y el 17 de agosto en La Paz y Santa Cruz, para lograr equiparar la balanza comercial mediante la profundización del Acuerdo de Complementación Económica (ACE-22). Este convenio firmado en 1993, no consiguió igualar las exportaciones e importaciones entre Chile y Bolivia, lo cual significó un déficit acumulado de 2.000 millones de dólares hasta la fecha. “Bolivia pensó que podía dar un salto cualitativo y cuantitativo en su comercio con Chile, pero lastimadamente no se dieron las cifras esperadas y, en cambio, se acumuló ese déficit equivalente a un año de exportaciones totales bolivianas” sostuvo Maidana.
El contrabando desde los puertos chilenos de Iquique y Arica constituye uno de los mayores perjuicios contra los intereses económicos bolivianos, aún más con el producto nacional, incapaz de competir con los bajos precios que presenta el comercio informal proveniente de Chile.
En los primeros cinco meses de 2005, las estadísticas indican que Bolivia exportó 16 millones de dólares, mientras que las importaciones chilenas alcanzaron los 53 millones de dólares, provocando un saldo negativo para Bolivia de 37 millones de dólares, 16 millones más que en el mismo período de 2004.



LA CARNE DE LLAMA Y LA QUINUA DE BOLIVIA BUSCAN MERCADOS EXTERNOS

Diario Portafolio de Colombia (www.portafolio.com.co)

Las sopas instantáneas, están en la novedad de la oferta.
Los alimentos que hacen parte de las tradiciones de los países en la mayoría de casos se catalogan como exóticos en los mercados externos, convirtiéndose en una oportunidad de negocio para los productores.
Ese es el caso de los bolivianos que están el tarea de impulsar su quinua real y la carne de llama.
Martín Soria, gerente de la Empresa de Alimentos Andinos, Andean Food Interprises, del país suramericano explica que su oferta supera la tradicional porque tiene procesos agroindustriales que pueden ser más atractivos para los mercados de exportación y que no les hace perder la calidad nutricional.
La sopa instantánea, el cereal tipo hojuela para consumir con leche o yogurt, y el producto precocido son las opciones para el consumidor.
El empresario destaca que los dos últimos productos tienen la condición de orgánicos, mientras que la sopa está en el proceso de certificación.
Corea, Alemania y Estados Unidos, son países que han mostrado interés por esta línea de productos que se hace a base de la mejor variedad del cereal, que se cultiva en forma intensiva en el sur de Bolivia, especialmente. En cuanto a la carne de llama, animales que viven en esa zona de los Andes, este producto se coloca precocido y en presentación crocante tipo snack.
Ya cuentan con un comprador en Estados Unidos, y esta pendiente de concretar con un cliente en Suiza, el envío de carne fresca.
La compañía, participó en Agroexpo que terminó ayer en Corferias y logró algunos contactos comerciales para que sus productos puedan estar próximamente en las grandes cadenas de comercio.
El empresario Martín Soria dijo que el consumidor colombiano es atractivo para sus productos porque se ha identificado el interés por la comida saludable.



ANALIZARÁN LOS IMPACTOS DE BALA

La Estrella de Arica, Chile (www.estrellaarica.cl)

La Fiscalía local está a la espera de un perito balístico, a fin de aclarar varias dudas con respecto al caso de los tres cadáveres que fueron encontrados el pasado viernes en el sector de Churiguaylla, a 25 kilómetros al suroeste del complejo fronterizo Chungará, en la frontera con Bolivia.
Los peritajes de este especialista del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones, permitirán establecer aspectos fundamentales, como la trayectoria de los proyectiles, si se utilizó una o más armas de fuego, el calibre y la posición de la víctimas y los autores de los disparos.
“La idea es aclarar varios aspectos en relación a los impactos, por eso se pretende contar con el perito balístico”, dijo Manuel González, fiscal jefe de Arica.
Una diligencia fundamental es la autopsia, que si bien estaba programada para ayer, fue suspendida por la sobrecarga de trabajo en el Servicio Médico Legal.
Por ello se decidió dar un golpe de frío a los restos, para mantenerlos y efectuar la diligencia en el transcurso de hoy, tomando en cuenta que es vital para identificarlos y saber si se trata de ciudadanos chilenos o extranjeros. En la autopsia se contempla tomar radiografías, que permitirán saber la causa de muerte, la data y cuántos impactos de bala recibieron.
BRIGADA DE HOMICIDIOS
La Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones de Arica, desarrolla una labor de inteligencia con otras unidades, a fin de establecer la identidad de las víctimas, quienes fueron encontradas por un pastor en las inmediaciones de la Quebrada del Muertito.
Estas diligencias contemplan antecedentes derivados del Departamento de Extranjería, a fin de saber si existen casos de ilegales extraviados en ese sector.
Asimismo, se pretende someter a análisis las vestimentas de los hombres.
Una vez que se cuente con la impresión de las huellas dactilares, diligencia que estará a cargo del Servicio Médico Legal, se podrían remitir, a través de Interpol, a Perú y Bolivia. El objetivo es que las unidades policiales analicen sus registros, archivos y determinar si se trata de ciudadanos de esos países.
Dicha diligencia es considerada fundamental, considerando que se presume que se trataría de extranjeros.
Investigación en Bolivia
El hallazgo de los tres cadáveres de sexo masculino en Churiguaylla, hizo que la Fiscalía de Oruro (Bolivia) abriera una investigación, tendiente a establecer si se trata de ciudadanos de ese país.
El Ministerio Público de esa ciudad podría requerir, a través de un juez cautelar, que se envíe un exhorto al Juzgado de Garantía en Arica, para gestionar la entrega de antecedentes sobre este caso.
No se descarta que un fiscal boliviano se traslade a Arica en los próximos días, a fin de sostener un contacto con el fiscal Fernando Pinto, a cargo de la investigación, para intercambiar información.



ENVIARÁN A PERÚ Y BOLIVIA EXÁMENES DACTILARES DE MUERTOS EN LA FRONTERA

La Tercera de Chile (www.latercera.cl)

La Fiscalía del Ministerio Público de Arica dispuso que los exámenes dactiloscópicos de los tres cuerpos hallados el jueves en la zona fronteriza de Chiriguaya, de la I Región, sean enviados a la lnterpol de Bolivia y Perú, para verificar si los patrones corresponden a personas de esos países, mientras, la Brigada de Homicidios (BH) de Investigaciones de Arica, revisará si existen coincidencias con huellas dactilares de chilenos. El examen de las huellas requerirá la hidratación de los dedos, para conseguir un registro. Asimismo, para evitar el avance de la descomposición de los restos, los cuerpos fueron introducidos a una cámara de frío. Se prevé que durante la semana se efectuarán estas diligencias en el Servicio Médico Legal (SML) de Arica, realizándose una necropsia por día, dado que el examen incluirá toma de radiografías, análisis de los impactos de bala, y revisión de otras partes del cuerpo para determinar la causa de muerte.



AGUAS DEL ILLIMANI CONSIDERA VENTA DE ACCIONES COMO MEJOR OPCIÓN – BOLIVIA

Revista BN Américas (www.bnamericas.com)

Las negociaciones por la rescisión de la concesión entre Aguas del Illimani, concesionaria de los servicios sanitarios de la capital boliviana, La Paz, y el gobierno se inclinan por un arreglo de compra de acciones, dijo a BNamericas Tania Jaldín, vocera de la sanitaria.
Las conversaciones se reanudaron luego de que la empresa pagara una boleta de garantía por US$3mn y declarara su intención de pagar otra por US$5mn el 19 de julio.
Pero todavía no se resuelve el obstáculo de una auditoría ordenada por el gobierno desde 1997 para determinar los niveles de inversión efectivamente concretados por la concesionaria en virtud de los términos de su contrato, sostuvo.
El período 1997-2001 ya fue abarcado por una auditoría previa ejecutada por el propio gobierno, por lo que no debiera haber necesidad de revisar eso nuevamente, indicó Jaldín.
El gobierno insiste que la auditoría debe comprender todo el período de la concesión, dado que es importante establecer el origen de los fondos utilizados en inversiones de infraestructura para asegurarse de que los fondos no provinieron de ingresos por cobros de agua, señaló recientemente el titular del regulador Sisab, Álvaro Camacho.
Aguas del Illimani, filial del grupo energético francés Suez, está en conversaciones con Sisab y funcionarios del viceministerio de Servicios Básicos por la transferencia de la concesión, luego de que el gobierno rescindiera el contrato a 30 años por protestas de los residentes respecto del supuesto mal servicio ofrecido por la sanitaria.
El Banco Mundial (BM) entregará ayuda en el proceso para devolver la concesionaria al Estado, según informó la prensa local citando al director regional del BM, Marcelo Giugale.


BOLIVIA Y EL RECURSO DEL GAS: OPORTUNIDAD HISTÓRICA Y DESAFÍO PRESENTE (PARTE III - FINAL)

Argen Press de Argentina (www.argenpress.info)

3. Breve caracterización del escenario hemisférico y regional
La delicada situación político-institucional de Bolivia se desarrolla en un escenario hemisférico y regional marcado, estructuralmente, por la presencia efectiva de los EEUU como actor con pretensiones hegemónicas y con intereses de seguridad que se han manifestado, permanentemente, en el mismo diseño, formulación y ejecución de su política exterior en la región.
Pero, la lectura que se puede hacer en el contexto de la crisis abierta en Bolivia, cruza, en verdad, dimensiones diversas en su origen como factores contribuyentes a la creación de esta 'atmósfera hemisférica' de presencia dominante de Washington. En efecto, los ejes prioritarios de la administración Bush están surcados por dos dimensiones globales de problemas e intereses, los que, en su implementación, afectan a todos los actores del Hemisferio y, más aun, a la región andina, que se ha convertido en un foco de conflicto permanente, que, si bien tiene a la grave crisis colombiana como centro neurálgico de las estrategias económicas y de seguridad estadounidenses, no deja de manifestarse, también, en Ecuador, Perú y, por supuesto, Bolivia.
Justamente, las dos dimensiones de la estrategia de los EEUU para la región son, por un lado, la económica-financiera y, por el otro, la estratégico-militar y de seguridad. Es importante señalar que, en este contexto de conflictividad creciente, parece consolidarse una tendencia de la presente administración estadounidense a encarar una lectura política crecientemente securitista del escenario político-institucional, económico-financiero y social de América Latina.
Esa lógica se complementa con una multilateralización y simplificación de la agenda interamericana, en cuyos ejes fundamentales están las preocupaciones en materia de seguridad, lo cual nos lleva a observar que, aun aquellas cuestiones que están en el orden de lo económico, financiero y comercial - léase la agenda ALCA, los distintos proyectos de acuerdos de libre comercio, tanto bilaterales como multilaterales-regionales, pendientes de aprobación definitiva - son percibidas, en sí mismas, como verdaderos intereses de seguridad nacional para los EEUU.
Ahora, las temáticas económico-comerciales constituyen toda una red de intereses que son altamente prioritarios para Washington y, en tal sentido, la estructura misma del denominado Acuerdo de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas (ATPDEA) es un claro indicador de esta tendencia a una lectura securitaria integral, ya que, liga la concesión de preferencias comerciales por parte de los EEUU a los países andinos al más estricto cumplimiento de una política de lucha contra los cultivos ilegales y la producción de narcóticos. En tal sentido, tanto Colombia, como Perú y Bolivia, se han visto permanentemente presionados por la Casa Blanca a través de una serie de instrumentos que cruzan, sustancialmente, los órdenes de la seguridad y de las relaciones económico-comerciales.
A tal punto ha sido dominante esta percepción en la dirigencia boliviana que, aun hoy en este escenario abierto de crisis política, 'el coordinador alterno de la negociación de países andinos de Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, Julio Alvarado, consideró que se debe acelerar un Tratado de Libre Comercio (TLC), con Estados Unidos, antes que concluya la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación Drogas (Atpdea) en diciembre del 2006' (9). Asimismo, reafirmando lo previamente señalado, 'sostuvo que el gran problema para el país, es que terminen las preferencias del Atpdea, ya que varias empresas que exportan a Estados Unidos, dejarán de hacerlo y ello influirá negativamente en las exportaciones del país y en las posibilidades de generar más empleo' (10). De hecho, el citado funcionario manifestó que 'los empleos de las empresas que exportan a Estados Unidos, son de mejor calidad, se pagan mejores sueldos, existe seguridad social, están regidas a varios controles y si se concluye elAtpdea, lamentablemente vamos a enfrentar una situación muy difícil' (11).
Estas aseveraciones pueden tener, en la presente coyuntura, un profundo impacto, más aún teniendo en cuenta que, entre el 18 y el 22 de julio se realizará una reunión clave en Miami entre los países andinos y los EEUU, de cara a cerrar un acuerdo integral de libre comercio. Bolivia irá a ese encuentro en calidad de observador, aunque, en función de las palabras del citado funcionario, abría expectativas de encontrar un camino de acuerdos comerciales que le permitan a Bolivia consolidar una plataforma exportadora que le genere divisas a partir de una mayor presencia en los mercados mundiales. (12)
Por cierto, esto ocurre simultáneamente a la indefinición política en una temática estratégica en el orden subregional, y que es la denominada agenda de integración gasífera sudamericana, que se ha dado en llamar 'anillo energético sudamericano'. Este proyecto está lejos de concretarse y en los próximos días se producirán reuniones en las que se abordarán aspectos políticos, legales y técnicos para la planificación e implementación del mismo, aunque, en la complejidad evidente de este escenario, no puede dejar de mencionarse el conflicto histórico entre Bolivia y Chile por la salida marítima reclamada por los bolivianos luego de la Guerra del Pacífico, factor que se constituye en una permanente usina generadora de actitudes hostiles cuando no directamente confrontativas entre ambos países.
Por otra parte, la reciente concesión de inmunidad soberana al personal diplomático y militar de los EEUU por parte del gobierno paraguayo, se ha sumado para contribuir al creciente proceso de inestabilidad regional, generando -incluso- lecturas que han asociado esa virtual presencia de fuerzas armadas estadounidenses, al establecimiento de bases militares que puedan asegurar, entre otras cosas, una cercanía estratégica a los mismos yacimientos hidrocarburíferos del oriente boliviano que, en el caso de la provincia de Tarija, limitan con el territorio del Chaco paraguayo.
Sin embargo, el Canciller boliviano, Armando Loaiza 'atribuyó a una 'especulación excesiva' y por lo tanto desechó la idea que la instalación de una base militar estadounidense en territorio paraguayo se emplee para 'monitorear' la riqueza energética del país' (13). Asimismo, manifestó que 'hay que desechar esa idea un tanto especulativa de que en ese centro de operaciones, en esa base conjunta militar y de cooperación que tiene la República del Paraguay y Estados Unidos, se ha establecido a efectos de observar o monitorear las capacidades de los hidrocarburos de Bolivia (14)'.
Lo cierto es que el gobierno y el Poder Legislativo de Paraguay, 'autorizaron el ingreso de tropas estadounidenses con inmunidad, permiso de libre tránsito y permanencia para sus soldados con vigencia hasta diciembre de 2006 y prorrogable automáticamente (15).'
Pero, estas noticias deben ser analizadas en el contexto de la última reunión de la Asamblea Anual de la OEA, realizada en Florida, EEUU, entre el 5 y el 7 de junio del 2005. En las sesiones iniciales del citado encuentro hemisférico, Washington presentó una propuesta tendiente a 'evaluar la situación de la democracia en los países del continente y poder anticipar las crisis' (16), lo cual generó el inmediato rechazo de buena parte de los países de la región, encabezados por Venezuela, México y Brasil. Ante el tenor 'cuasi intervencionista' de la propuesta de la Casa Blanca, el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, manifestó que 'no es una fiscalización ni un monitoreo ni nada por el estilo, sino adelantarnos a los hechos' (17), y consideró que la situación del hemisferio es en sí misma crítica, con indicadores sociales, económicos y político-institucionales que muestran un cuadro de crisis persistentes, con problemas estructurales relacionados a la inequitativa distribución del ingreso y a la extensión de la pobreza, todo lo cual contribuye a crear un caldo de cultivo para la inestabilidad crónica de las democracias y para el avance de la violencia en las sociedades latinoamericanas.
En ese orden de cosas, el citado funcionario explicaba que 'Es necesario revisar cuál es la agenda común que tenemos. Los títulos están bien: democracia, seguridad, desarrollo. Pero la verdad es que la negociación comercial ha estado atascada y que los temas de seguridad no atienden a cosas graves como los huracanes' (18), y afirmó que a los países latinoamericanos les falta 'mejor gobierno, mejores instituciones y seguir políticas consistentes en materia económica (19).'
En definitiva, la propuesta inicial de los EEUU trocó en la Declaración de Florida, en una preocupación compartida de los países del Hemisferio en torno a la estabilidad de las democracias, el avance del desarrollo económico y el combate a la pobreza. (20)
Para concluir, 'la actual administración estadounidense ha consolidado dos rasgos distintivos del accionar político externo de los Estados Unidos en la región. Por un lado, la reaparición de un sesgo fuertemente unilateralista complementado con una visión pesimista sobre la capacidad de respuesta de los países del continente para la resolución de las así llamadas nuevas amenazas que el Hemisferio debe afrontar: narcotráfico, terrorismo, seguridad aeroportuaria, degradación medioambiental y contaminación e inestabilidad y crisis de los regímenes democráticos.' (21)
'Por otro lado, una persistente securitización de la agenda regional que, a la vez que se extiende multilateralmente, alimenta un peligroso proceso de militarización, cuyo centro de gravedad estratégico está hoy en Colombia. Allí el conflicto político-institucional, sumado a la inestabilidad económica y a la consolidación de estructuras sociales duales (22), junto a un estado de guerra interno que es permanente, aparecen como aspectos de una realidad que se hace más compleja al compás del incremento del apoyo militar y financiero de los Estados Unidos a la administración Uribe en el marco del Plan Colombia, convertido ahora en un instrumento subregional bajo el nombre de Iniciativa Andina' (23).
Reflexiones finales
Del análisis anterior se desprende un interrogante ineludible sobre la viabilidad política y económica de la nacionalización de los hidrocarburos. En función del escenario de condicionalidades y limitaciones estructurales descripto, esta pregunta va más allá de la existencia de una voluntad política ya que, fundamentalmente, apunta a la capacidad del Estado boliviano para sostener una medida de tales características y alcances.
En este sentido, consideramos relevante y pertinente destacar una vez más la dimensión jurídica de la 'recuperación' del rol del Estado como genuino representante de todos los sectores sociales que tienen intereses que defender en el escenario político-institucional. En efecto, se trata de 'recapturar' las estructuras burocráticas del Estado como una condición ineludible para desmontar la compleja red de intereses públicos-privados que han sido la urdimbre estructural que está detrás de los procesos de decisión política y de gestión pública del Estado boliviano. Desde esta trama de poder los intereses perjudicados han tenido siempre un mismo rostro: el de los sectores políticos y sociales, rurales y urbanos, permanentemente excluidos del juego político.
Asimismo, hay un factor de orden territorial y de distribución espacial del poder que ha actuado reforzando la lógica de desapropiación de la soberanía política del pueblo boliviano con la consecuente privatización del espacio público, como ámbito natural de debate e interpelación política. Una vez más, señalamos la pertinencia de la postura de Andrés Soliz Rada, quien hace hincapié en la necesidad estratégica de vincular la explotación e industrialización del recurso gasífero con el desarrollo equilibrado y armónico de las distintas regiones del país, como una forma de terminar con las tradicionales asimetrías intra e inter-regionales que han caracterizado a la historia económica boliviana.
A su vez, la organización política unitaria y el tradicional centralismo administrativo -ejes estructurantes de la institucionalidad política boliviana- se muestran como una salida inadecuada ante el escenario de fragmentación social y radicalización política que acentúan la dualidad social y económica entre los distintos sectores del país. Podemos plantearnos, entonces, hasta qué punto esta forma de organización funcional y distribución espacial de poder puede dar cuenta e incorporar en términos de representación política la multiplicidad de fracturas e identidades sociales, culturales y étnicas que caracterizan a la sociedad boliviana.
Tal vez, entonces, el principio de una salida para la grave crisis política, económica y social del país esté asociada a la recuperación jurídica del Estado, esto es la reconcepción del derecho como un recurso institucional incuestionable, a través del cual se pueda plantear la ineludible revisión de todo lo actuado en materia de normativas legales que son las que han brindado los marcos de contención para la acción política de algunos sectores privilegiados que terminaron por apropiarse de lo público, convirtiéndolo, de hecho, en la extensión de su propia capacidad de poder e influencia. Este proceso es el que se ha operado durante más de veinte años desde las mismas estructuras del Estado capturadas por estos intereses privados, siendo la actividad hidrocarburífera el eje central a través del cual se consolidó una enajenación de la propiedad colectiva de los recursos naturales, consolidando con ello las desigualdades económicas, la dualidad social y las asimetrías territoriales de las que hablábamos más arriba.
Finalmente, entonces, por qué no hacer uso de los instrumentos jurídicos con los que el Estado boliviano cuenta para comenzar a desandar un camino de enajenación de la propiedad colectiva de los recursos, antes que plantear la nacionalización de los hidrocarburos como única alternativa posible.
En efecto, una de las primeras medidas políticas que se pueden adoptar es el control de la constitucionalidad y legalidad del ordenamiento jurídico que afecta al sector hidrocarburífero, así como de las medidas políticas concretas adoptadas bajo ese esquema. En tal sentido, debiera considerarse una decisión política altamente prioritaria dado el cuadro de situación vigente: la abrogación de las medidas que, bajo los parámetros del control aludido, sean reputadas como ilegales, aplicando incluso un criterio retroactivo, lo cual, en sí mismo, no es más que la materialización de una voluntad política concreta que recupera espacios de decisión soberanos. Tal decisión política debiera contemplar, asimismo, la revisión de los 78 contratos de riesgo compartido concretados por decreto del Poder Ejecutivo y sin la previa aprobación del Congreso. Finalmente, la opción de contralor y de regulación pública sobre el efectivo cumplimiento de las cláusulas de dichos contratos por parte de las empresas debe considerarse como otro recurso a ser implementado. Ligado a ello, se abre una compleja problemática ligada a la necesidad de control del Estado sobre las maniobras de evasión y elusión impositiva que estas empresas han realizado históricamente en la explotación de los recursos hidrocarburíferos.
Notas:9) Ver www.comunica.gov.bo SE DEBE ACELERAR UN TLC CON EEUU ANTES QUE TERMINE EL ATPDEA, 08 de julio de 2005.
10) www.comunica.gob.bo Ibidem.
11) www.comunica.gov.bo Ibidem.
12) www.comunica.gov.bo Ibidem.
13) www.comunica.gov.bo CANCILLER CONSIDERA QUE HAY 'UNA ESPECULACION EXCESIVA' SOBRE BASE EEUU EN PARAGUAY, 07 de julio de 2005
.14) www.comunica.gov.bo Ibidem.
15) www.comunica.gov.bo Ibidem.
16) Barón, Ana. 'La Asamblea de la OEA se inicia con una polémica propuesta de EEUU', Sección El Mundo, Clarín, domingo 5 de junio de 2005, p. 26.
17) Clarín. ' Insulza: ' Es más difícil tener democracia si hay pobreza', Sección El Mundo, domingo 5 de junio de 2005, p. 27.
18) Idem 12.
19) Idem 12.
20) Ver www.oas.org.
21) Lahoud, Gustavo y Rodríguez, Emilio (2005). La Agenda de Seguridad Hemisférica. Informe del Area de Relaciones Internacionales de América Latina del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (IDICSO) de la Universidad del Salvador. Buenos Aires. P. 32.
22) Véase Seitz, Mirka. El MERCOSUR Político. Fundamentos Federales e Internacionales. Buenos Aires: Fundación Juan Pablo Viscardo (2004).
23) Lahoud y Rodríguez, op. cit. p. 32.
* Gustavo Lahoud y Felicitas Torrecilla son investigadores del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (IDICSO) de la Universidad del Salvador y del Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (MORENO).



LOS GOLPES DE LA INSURGENCIA POPULAR EN BOLIVIA

Diario Rebelión (www.rebelion.org)

En Bolivia se juega algo más que un simple cambio de presidente y de gobierno. De los sucesivos golpes de la insurgencia popular en América Latina, fenómeno que da cuenta de la decadencia del sistema democrático electoral impuesto por Washington, destacan por sus características revolucionarias los dos últimos en Bolivia y por supuesto el de Venezuela, donde por primera vez en la historia de nuestras repúblicas la movilización social puso de regreso en el gobierno al legítimo presidente Hugo Chávez, derrocado durante 48 horas por un golpe militar inspirado y conducido por la CIA y los asesores de la Casa Blanca. Distinguimos estos golpes de la insurgencia popular (GIP) porque en ambos casos las revueltas sociales en la escena política del continente van vinculadas al intento básico de desensamblar, para luego destruir, el status quo del sistema político sostenido por los partidos tradicionales adictos a la sumisión antinacional, la inmoralidad y la corrupción, en cuyo tejido mortal para los pueblos se desarrollan las insaciables políticas del neoliberalismo y la globalización.
La marcha de la revolución bolivariana en Venezuela se consolida día a día alentando los objetivos de una integración latinoamericana (ALBA) diseñada exclusivamente con el propósito de salvaguardar los intereses nacionales de cada país, en contraposición a los proyectos coloniales perseguidos por la hegemonía de la superpotencia mundial, expresados en los tratados de libre comercio TLC y el ALCA; en las economías subordinadas al FMI, al Banco Mundial y al Departamento del Tesoro norteamericano; en las democracias corruptas obedientes al mandato imperial; y por último en los planes 'antiterroristas' de George W. Bush como la manera de implantar bases militares en todo el mundo. En Bolivia, en cambio, la situación está en el estado embrionario de una transformación social de características propias, donde se combinan aspectos económicos, sociales, étnicos, gubernativos y geopolíticos. En anterior oportunidad hemos señalado que el actual presidente boliviano Eduardo Rodríguez es simplemente un mediador de la enorme crisis de legalización a la fuerza del GIP que produjo la renuncia de Carlos Mesa, de ninguna manera puede ser considerado un gobernante; sin embargo alineado con la presunta legalidad administrativa de su país, viene siendo presionado por los partidos tradicionales para llevar a cabo, en diciembre de este año, elecciones generales anticipadas.
Demás está repetir que la insistencia sobre este último tema es una salida política forzada, pues obedece única y exclusivamente a los intereses de distinto origen que persisten en mantener el sistema político actual sin modificaciones. Los partidos políticos tradicionales quieren olvidar que lo fundamental en los GIP bolivianos tiene que ver con sustanciales innovaciones revolucionarias desde la Asamblea Constituyente en la dirección de derrotar al viejo Estado, a fin surjan nuevas y verdaderas instituciones representativas de la sociedad boliviana, hasta la nacionalización de los hidrocarburos y el gas en la perspectiva de construir una economía nacional mixta; además en ese caminar se atraviesa por el sendero de la reafirmación del Estado boliviano contra la amenaza de la desintegración auspiciada por la oligarquía de procedencia extranjera que domina la economía en la región de Santa Cruz.
La rebelión popular para derribar a un segundo presidente constitucional en menos de dos años y de tachar a los presidentes de las Cámaras Legislativas (Vaca Diez y Cossío) como sucesores constitucionales del saliente Carlos Mesa, mostró con claridad meridiana el punto de partida hacia la solución de problemas vigentes de profunda trascendencia histórica como son el combate a la pobreza, el empleo, el alza de los salarios, la tenencia de las tierras, el agua, el conflicto de las autonomías y por supuesto la renta y la nacionalización de los hidrocarburos. Pero es bien sabido que ninguno de estos objetivos será logrado sin el replanteamiento de la lucha popular antes de ir a las elecciones generales adelantadas, o sea, sin antes tener trazado el nuevo sistema político. Téngase en cuenta que la designación de Eduardo Rodríguez fue una especie de tregua política cuya misión mediadora terminará aniquilada si él insiste con la iniciativa de las elecciones y nada más; puesto que esta propuesta es la decisión de una institucionalidad precaria, insolvente, la misma que pretende seguir usufructuando de un poder estatal evaporado justamente en la caída de dos presidentes; y que además enfrenta a la iniciativa de las masas y la dirigencia revolucionaria. Las asambleas populares constituidas por trabajadores y vecinos no han bajado la guardia y exigen desde los bastiones de El Alto y La Paz la confluencia de una asamblea nacional representada desde abajo, la que reordene el país con la prioridad de una nueva institucionalidad democrática, participativa y directa; y que efectúe la nacionalización de los hidrocarburos.
Las urgencias de una nueva institucionalidad porque la vigente está pegada con saliva y no existe en la práctica, y la nacionalización de los emporios del gas porque el valor total de las reservas probadas alcanza a los ochenta mil millones de dólares, es decir, 16 veces el total de la deuda externa boliviana, constituyen el propósito de la concreción palpable de los GIP en Bolivia. Movilización social insurgente gestada contra la dominación económica ejercida por el neoliberalismo y la descarada actuación de las transnacionales amparadas en contratos contraproducentes y lesivos a los intereses nacionales. Los 52 trillones de píes cúbicos de gas boliviano son superiores en su conjunto a las reservas de Argentina, Chile, Brasil y el Perú; por ello no tiene sentido el acuerdo de constituir un anillo energético sin la participación del país altiplano como en extraña movida de fichas pretenden los gestores políticos de esta resolución. Y más extraño resulta que esto suceda cuando existe el intento de destruir a Bolivia como país a través de una secesión organizada por la oligarquía cruceña que ha visto con buenos ojos la aprobación del gobierno paraguayo de permitir el ingreso de tropas de Estados Unidos en la región de la triple frontera. Movilización de tropas con el objetivo de instalar en el corazón de MERCOSUR una avanzada militar persuasiva, por ahora, con la finalidad de contrarrestar la franca oposición al ALCA y además con miras a desarrollar una misión de tutelaje a las empresas transnacionales interesadas en apoderarse de los recursos naturales de la región, especialmente del agua, el gas y el petróleo.
La expectante situación innovadora en Bolivia devuelve la fe en los procesos de liberación nacional, pero al igual que en Venezuela debe lograrse la legalidad institucional requerida a través de nuevas instituciones nacionales y una constitución política acorde, vinculada al proceso de la movilización social de los GIP, la misma que debe dar vida a la democracia participativa y directa. No debe perderse de vista que Hugo Chávez en consecutivas consultas populares ha logrado volcar toda la legalidad a su lado y emprender desde allí la revolución bolivariana, consiguiendo el apoyo de la mayoría de los países de la OEA y de cierta manera la 'neutralidad' obligada de la Casa Blanca luego de la derrota sufrida en Florida por Condoleeza Rice y su tesis intervencionista del 'monitoreo a las democracias.' Tampoco debe perderse de vista que a pesar de la legalidad obtenida por Hugo Chávez y su gobierno, la lucha continúa con mayor vigor que antes contra las manifestaciones golpistas de los empresarios ricos, los partidos tradicionales, los políticos corruptos, el dominio de la prensa televisiva, radial y periodística, la curia reaccionaria del Opus Dei, etc, todos ellos financiados a manos llenas por la CIA y las manos negras del imperialismo. Manifestaciones antichavistas golpistas que son rechazadas a diario por las masas pobres, los trabajadores, los obreros, los campesinos, gran parte de la clase media y la iglesia católica progresista.
Nadie duda de la capacidad de la inversión extranjera ni de la tecnología requerida para la explotación de los recursos naturales en cada país, de lo que se duda y con mucha razón es de desnacionalización de estos recursos propios, de la riqueza natural expropiada por las empresas transnacionales con el beneplácito de los gobiernos vendepatria, inmorales y corruptos. En el caso boliviano como en el peruano, ecuatoriano o colombiano, para citar sólo algunos ejemplos, las ansiadas y fomentadas inversiones transnacionales no dejan ni para el té con galletas, porque los inversionistas escasamente pagan impuestos gracias a las gollerías otorgadas por elementos delincuenciales tales como Menem, Fujimori, Sánchez de Lozada, Lucio Gutiérrez, Toledo, Uribe, etc. En Bolivia las empresas transnacionales controlan el total de las reservas de gas de las cuales el 85% están en Tarija; la privatización de YPFB dejó en manos extranjeras el mercado de los hidrocarburos a casi nulos niveles tributarios; la inversión entre 1997 y el 2002 fue apenas de 3,035 millones de dólares en exploración y explotación y de 2,300 millones en infraestructura de transporte y se estima que por cada dólar invertido se obtendrán diez, altísima rentabilidad de la cual hasta antes de las revueltas de los GIP quedaría en Bolivia un escaso cinco por ciento. Enorme rentabilidad de ENRON, SHELL, TRANSREDES, PETROBRAS, REPSOL, BRITISH GAS, PETROL, que se incrementa debido al control absoluto que estas empresas tienen sobre la producción y el mercado interno, llegándose al contrasentido de colocar el gas para los propios bolivianos a cinco dólares por encima del precio internacional; ganancias que se incrementan también por la ausencia de fiscalización estatal respecto a los chanchullos de la contabilidad, inflar costos y no pago de impuestos.
Además un conglomerado de empresas piensa exportar el gas boliviano a Estados Unidos a una rentabilidad de un dólar invertido por veinte de utilidad queriendo la compañía PACIFIC LNG (British Gas, British Petroleum, Repsol) sacar el gas (36 millones de m3 diarios) por el puerto chileno de Patillos durante veinte años (6.26 trillones de píes cúbicos en ese período de los 52 trillones de la riqueza boliviana). De seguro esta elección será muy rentable para la PACIFIC LNG, pero ha sido hecha sin tener en consideración el sentimiento anti-chileno de los bolivianos luego de la guerra del Pacífico de 1879 donde perdieron su acceso al litoral; elección riesgosa que el consorcio transnacional piensa defender en base a los principios del libre mercado y las decisiones privadas que les corresponde como propietarios.
Como se observa en todas estas cifras la exigua inversión extranjera de ni siquiera seis mil millones de dólares a la fecha, revertirá en el futuro no menos de cinco veces el valor de los 80 mil millones de dólares de las reservas a boca de pozo calculados, esto si se tiene en cuenta el valor agregado del transporte y la conversión del gas natural en energía. Así la multimillonaria explotación de los hidrocarburos bolivianos llegaría, pues, a los 400 mil millones de dólares con una inversión en progresión que no pasará de los 20 mil millones de los cuales la mitad será fuera de Bolivia en puertos chilenos o peruanos, abultada suma de dinero que de ninguna manera puede ser expropiada a un país pobre que en todos estos primeros pasos de privilegiar la privatización sólo recibió la ridícula renta de 70 millones de dólares por año desde 1996 al 2002. Por ello el mandato popular unificador de la recuperación del gas boliviano y los hidrocarburos, anulando los ilegales y lesivos contratos con las transnacionales, va unido al creciente prerrequisito de crear un sistema político de democracia participativa y directa, de nuevas instituciones populares que liquiden al viejo Estado y los partidos tradicionales, por supuesto antes de las elecciones generales de diciembre.



EL ALTO PLANTEA CONFORMACIÓN DE EMPRESA PÚBLICA SOCIAL
Y LA RESCISIÓN CON SUBSIDIARIA DE LA TRANSNACIONAL SUEZ

La alcaldía cedió en su propuesta de empresa mixta y apoya propuesta de las organizaciones sociales de El Alto. La Fejuve exige que el titular de Sisab de una vez autorice la resolución del contrato con la subsidiaria de la transnacional Suez. Advierten que presiones pueden reactivarse si el gobierno no toma una decisión y no cumple con sus compromiso contraído con El Alto y La Paz.

Diario Rebelión (www.rebelion.org)

Las organizaciones sociales de la ciudad de El Alto exigen al actual gobierno que a través de la Superintendencia de Saneamiento Básico (Sisab) de una vez por todas ejecuten la resolución del contrato del servicio de agua potable y alcantarillado suscrita con la empresa Aguas del Illimani (Sisab), subsidiaria de la transnacional Suez, basado en el incumplimiento de sus obligaciones y para que sustituya a AISA se establezca la conformación de una empresa pública y social, donde participen las comunas de El Ato y la ciudad sede de gobierno, la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de ambas ciudades y el gobierno.
De acuerdo a los compromisos y cronogramas que se establecieron con el anterior gobierno que posibilitó que las juntas vecinales depongan sus medidas de presión, se estableció que hasta el próximo martes 26 Aguas del Illimani debe salir de los municipios de La Paz y El Alto y hasta agosto ya se debe definir la empresa que asumirá la responsabilidad del servicio de agua potable y alcantarillado.
Eliodoro Iquiapaza, vicepresidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, informó que todas las organizaciones alteñas y las autoridades están de acuerdo que se conforme una empresa pública y social, cuyas ganancias se inviertan en la ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado, sobre todo en las villas alejadas.
El dirigente reveló que la posición sobre la salida de AISA y la conformación de la mencionada empresa es apoyada por las autoridades de la comuna alteña, ya que el alcalde José Luis Paredes en una reunión que sostuvieron con los dirigentes de Fejuve el pasado martes en la tarde manifestó que decidió respetar la petición de los alteños, quienes en octubre del año pasado decidieron exigir la salida de la subsidiaria de la transnacional Suez y la conformación de una empresa pública y con carácter social. Por esa situación, Paredes declino su posición de plantear la conformación de una empresa mixta.
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
En una conferencia de prensa que se desarrolló ayer en la mañana, los dirigentes de la Fejuve informaron que AISA, al no renovar sus boletas de garantía cuyo plazo se venció hace dos días incumplió otra vez contrato para hacerse cargo del servicio del agua potable y alcantarillado en las ciudades de La Paz y El Alto. Esas boletas de garantía que tiene con el Servicio Autónomo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Samapa) tienen el valor de 3 millones de dólares. "Eso significa incumplimiento de contrato y es una causal más aparte de los muchos que cometió AISA", manifestó Abel Mamani, presidente de a Fejuve, quien anunció que enviarán una carta al titular de la Sisab para que explique sobre esa situación.
El principal dirigente informó también que ante la proximidad de la finalización de los plazos fatales, los dirigentes, asesores y representantes de la ex Samapa se hallan en constantes reuniones para hacer un análisis conjunto con la finalidad de que el gobierno central cumpla con sus compromisos en el marco de las normas que rigen en el país.
PRONUNCIAMIENTODe acuerdo a un pronunciamiento que emitieron los dirigentes de la Fejuve, hasta la fecha esperaron pacientemente la salida de AISA tanto de La Paz como de El Alto, dando todo el tiempo solicitado por el gobierno en busca de tener una transición lo más ordenada y favorable al estado.
Al hacer notar un nuevo incumplimiento con el contrato por parte de la mencionada empresa, exigen a la Sisab que conforme al contrato, las leyes 1600, 2341 y sus reglamentos y la ley 2066, proceder inmediatamente al cumplimiento de dichas disposiciones y autorizar la resolución del contrato, con la facultades que se reconocen a favor de la Sisab y de Samapa.
Finalmente, advierten que no permitirán que las autoridades del actual gobierno no cumplan con su compromiso, en caso de no ser tomados en cuenta anunciaron que reanudarán las presiones.