El presidente chileno Sebastian Piñera ratificó que su país tiene la mejor disposición de facilitar el acceso al mar a Bolivia pero con algunas “restricciones” en lo que se refiere a soberanía.
El Mandatario derechista se olvida que su país, Chile, se apoderó de Antofagasta y Calama, no como resultado de una guerra, porque cuando se perpetró ese abominable hecho, no había ninguna guerra declarada entre ambos países. A raíz de la invasión, los chilenos robaron a Bolivia 120.000 km. cuadrados y 400 kilómetros de costa.
El Presidente chileno Sebastian Piñera ratificó que su país tiene la mejor disposición de facilitar el acceso al mar a Bolivia pero con algunas "restricciones" en lo que se refiere a soberanía.
En una entrevista que publicó ayer el diario El Mercurio sobre sus primeros cuatro meses en el Gobierno, el mandatario chileno destacó "el clima de confianza" que se ha generado con Bolivia, al referirse a la primera reunión de trabajo celebrada entre ambos países desde que llegó a La Moneda, el pasado marzo.
"Pero evidentemente, y como se lo dije al Vicepresidente de Bolivia cuando nos visitó en Santiago, Chile tiene la mejor disposición de facilitar el acceso de Bolivia a través de los puertos chilenos a todo el mundo, y vamos a ser muy creativos y perseverantes en facilitar ese acceso al mar. Pero sin duda que tenemos ciertas restricciones, particularmente en lo que se refiere a soberanía", dijo Piñera.
En La Paz, Roberto Finot, ex Cónsul General de Bolivia en Chile, afirmó que esta nueva declaración de Piñera no tiene que llamar la atención a los bolivianos en lo más mínimo, porque sólo está ratificando una posición que ya asumió en agosto de 2007 la ahora ex Presidenta Michelle Bachelet.
"Piñera está diciendo lo mismo, que está dispuesto a facilitar a Bolivia acceso al mar pero sin soberanía", dijo Finot, al indicar que es una oportunidad perdida de avanzar con negociaciones con la gestión de la ex Presidenta chilena.
Esta semana se produjo la primera reunión de trabajo entre Chile y Bolivia en lo que va del mandato de Piñera en Bolivia y el Presidente chileno destacó en la oportunidad ese encuentro.
"En primer lugar, quiero reconocer y destacar el clima de confianza mutua que se ha generado. Tengo una muy buena opinión del Presidente Evo Morales, y hemos logrado desarrollar una relación de confianza y de franqueza entre los dos, que yo aprecio y destaco", sostuvo Piñera.
Agregó que de esta primera reunión entre los Vicecancilleres, se lograron resultados muy fecundos. En primer lugar, se puso en marcha el tren Arica-La Paz, que ya está licitado, para favorecer el comercio de Bolivia a través del puerto de Arica. Se logró un acuerdo para habilitar el puerto de Iquique, que sea otro puerto al servicio del comercio internacional boliviano.
"Logramos también un acuerdo para cerrar las fronteras contra la droga. Recordemos que en Perú y Bolivia se produce el 50% de la cocaína del mundo y que está penetrando a Chile y destruyendo a nuestra juventud. Éste va a ser un acuerdo muy importante para ganar la batalla contra la droga", enfatizó.
Puntualizó que del mismo modo se acordó la instalación de un agregado policial de Chile en La Paz para facilitar este trabajo. "Se puso en marcha la comisión mixta de drogas, que hacía años que no funcionaba. Por lo tanto, estamos avanzando".
BOLIVIA TENDRÍA SALIDA AL MAR POR CHILE
Revista Generación de Chile (www.generaccion.com)
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, remarcó hoy la voluntad de su gobierno de trabajar a favor de darle las facilidades a Bolivia para que tenga un acceso al Oceáno Pacífico, pero aclaró que este será con ciertas restricciones sobre la soberanía.
En una entrevista que publica hoy el diario El Mercurio, Piñera precisó que Chile facilitará dicho acceso a Bolivia a través de los puertos chilenos a todo el mundo. “Vamos a ser muy creativos y perseverantes en facilitar ese acceso al mar. Pero sin duda que tenemos ciertas restricciones, particularmente en lo que se refiere a soberanía”, subrayó el mandatario chileno.
De esta manera respondió sobre los resultados alcanzados durante la reunión de vice cancilleres de Bolivia y Chile, que concluyó el pasado jueves, 15 de julio, en la ciudad de La Paz. En esa cita se pasó revista a la agenda de trece puntos establecida en 2006 por los Gobiernos de Michelle Bachelet y Evo Morales, en la que por primera vez se incluyó la demanda boliviana de un acceso al Pacífico, que el país andino perdió en una guerra del Siglo XIX.
Piñera, que destacó la buena opinión que tiene del presidente Morales, aseguró que en la reunión se obtuvieron resultados “muy fecundos”, como la reactivación del ferrocarril Arica-La Paz y la habilitación del puerto de Iquique como nuevo foco del comercio internacional boliviano, así como un acuerdo para cerrar la frontera común al tráfico de drogas.
PIÑERA ESTÁ DISPUESTO A DAR ACCESO AL MAR A BOLIVIA
El presidente chileno, Sebastián Piñera, declaró que está dispuesto a facilitar el acceso marítimo a Bolivia a través de sus puertos, aunque con determinadas restricciones, y valoró positivamente las relaciones bilaterales "de confianza y de franqueza" con el presidente boliviano, Evo Morales, de quien Piñera asegura tener una "buena opinión".
EUROPA PRESS de España (www.ecodiario.eleconomista.es)
El presidente chileno, Sebastián Piñera, declaró que está dispuesto a facilitar el acceso marítimo a Bolivia a través de sus puertos, aunque con determinadas restricciones, y valoró positivamente las relaciones bilaterales "de confianza y de franqueza" con el presidente boliviano, Evo Morales, de quien Piñera asegura tener una "buena opinión".
"Chile tiene la mejor disposición de facilitar el acceso de Bolivia a través de los puertos chilenos a todo el mundo, y vamos a ser muy creativos y perseverantes en facilitar ese acceso al mar. Pero sin duda que tenemos ciertas restricciones, particularmente en lo que se refiere a soberanía", afirmó Piñera en una entrevista al diario chileno 'El Mercurio'.
Piñera coincide en que en la reunión del pasado lunes entre los viceministra de Exteriores boliviana, Mónica Soriano, y su homólogo chileno, Fernando Smith, sobre una agenda de trece puntos concluyó con resultados fructíferos.
De la reunión Piñera destaca la puesta en marcha del plan de construcción de una línea ferroviaria entre la ciudad portuaria de Arica y el acuerdo para habilitar el puerto de Iquique para que también dé servicio comercial a Bolivia, además de la firma un convenio para frenar el tráfico de drogas transfronterizo y la apertura de una comisión mixta antidrogas, que no funcionaba desde hace años.
UN MAGNATE BOLIVIANO APUESTA POR EL FUTURO DEL LITIO
Con un fondo ETF, encontró una manera de invertir en el metal que no cotiza en ninguna bolsa
La Nación de Chile (www.lanacio.com.ar)
Considerémoslo un fondo ETF hecho a medida.
Durante un tiempo, el magnate boliviano de telecomunicaciones R. Marcelo Claure pasó apuros para encontrar la manera de hacer una sólida apuesta por el litio. Un fondo de cobertura en el que invierte le propuso una.
El fondo, MC Capital Advisors, recurrió este año a una compañía que crea fondos de inversión que cotizan en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés). El resultado fue Global X Lithium, un ETF que sigue a los productores de este metal blando y los fabricantes de baterías, cuyo debut está programado para esta semana.
MC Capital aportó el capital inicial para que Global X Management Co., con sede en Nueva York, pusiera en marcha el fondo ETF, por lo que recibirá la mitad de las ganancias que genere.
Global X Lithium es un caso bastante inusual dentro de la creación de fondos ETF. Pero también forma parte de una tendencia en que las firmas de ETF unen fuerzas con otras para lanzar fondos que sigan partes cada vez más crípticas de los mercados financieros. Normalmente, los fondos ETF son valores que se pueden comprar y vender fácilmente, diseñados para seguir un índice de acciones, bonos o materias primas.
Claure, de 39 años, asegura que había pasado años buscando una manera fácil de invertir en litio. Es el fundador de Brightstar Corp., uno de los mayores distribuidores de teléfonos celulares del mundo, con US$3.000 millones en ingresos en 2009. Sus raíces lo llevaron a interesarse por el litio, dice, porque Bolivia tiene una de las mayores reservas del mundo.
Este metal altamente reactivo no se cotiza en ninguna bolsa de materias primas. Las compañías que lo producen suelen ser grandes multinacionales donde el litio representa una pequeña porción de sus negocios, o nuevas mineras que están todavía a años de empezar a producir.
Aunque el litio es comúnmente usado para baterías de celulares y otros electrónicos, su futuro más prometedor parece estar en los autos eléctricos. El modelo Roadster de Tesla Motors Inc., por ejemplo, funciona con miles de pequeñas células de batería de litio.
Los precios del litio se han triplicado desde 1999, según Credit Suisse. Se espera que la demanda global por el metal se más que duplique para fines de esta década, calcula TRU Group Inc., una consultora canadiense.
Entre los ETF que serían lanzados próximamente en Estados Unidos se destacan fondos diseñados para seguir pequeñas compañías en Tailandia, productores de metales raros como el galio y el selenio, y acciones de compañías relacionadas a la pesca.
"Cada vez es más difícil producir nuevas ideas que sean simples, obvias y buenas", sostiene John Hyland, director de inversiones de U.S. Commodity Funds, que maneja ocho fondos ETF de energía. La compañía de Hyland está a punto de estrenar un ETF diseñado para seguir las materias primas cuyos contratos actuales estén operando a un precio superior a los contratos a futuro, generalmente una señal de escasez de suministros, además de tendencias a largo plazo.
Todas estas nuevas firmas están reaccionando ante una creciente demanda de fondos ETF. En EE.UU., a fines de junio había 914 fondos ETF que cotizaban en bolsa, un alza de 21% frente al año anterior, según la National Stock Exchange, un proveedor de información financiera. Desde 2007, los ETF han recaudado US$480.000 millones en flujo de efectivo neto, llevando los activos totales a US$780.000 millones.
Al principio, los ETF se basaban en amplios índices como el Standard & Poor?s 500, pero luego se expandieron para abarcar grupos industriales y mercados como los del oro y el petróleo. Ahora están buscando nichos más pequeños.
En febrero, Guillermo Trías, gerente de portafolio de MC Capital, llamó a Global X para sugerirle la idea de crear un ETF relacionado al litio. El fondo de cobertura no estuvo implicado en los detalles específicos de la configuración del índice ni contará con acceso privilegiado a ninguno de los datos con los que operará el fondo, señalo Trías.
"Lo que todos quieren es construir el mejor y más representativo índice para el litio", afirma Bruno del Ama, presidente ejecutivo de Global X. Según él, la firma de Nueva York ya estaba contemplando la creación de un fondo semejante. Global X contrató a Structured Solutions AG para desarrollar un índice que abarcara unas 20 compañías. Claure dice que ve el litio como "la materia prima del futuro" y que seguirá invirtiendo con regularidad en la industria en los próximos años. Precios más altos para el litio, dijo, también llevarán más inversiones a su país de origen.
VIAJE AL CORAZÓN DE LA COCA
Luego de décadas de probar con sustitución de cultivos y erradicación forzosa, Bolivia ya lleva cuatro años de implementar una política de control social de la producción de coca en la región que, hasta los ’90, fue la de mayor producción de cocaína.
La Nación de Chile (www.lanacion.cl)
En el Museo de la Droga se ha detenido el tiempo. Las hojas de coca de una maqueta de un laboratorio clandestino están secas; en una esquina el óxido corroe los fusiles y metralletas requisadas a los narcos; y el polvo cubre los televisores, ovillos de lana, máquinas de coser, patas de muebles, plantillas de zapatos o rollos de fotos llenos de cocaína incautados. Afuera, un letrero de Coca-Cola indica que estamos en el cuartel de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de la Policía de Bolivia, distante a cinco kilómetros del poblado de Chimoré, región del Chapare de Bolivia. Adentro, un viejo policía vestido como militar y que no deja de portar su fusil hace de guía de la instalación.
El guía explica que los laboratorios clandestinos se delatan por el fuerte olor producido por la mezcla de ácido sulfúrico, amoníaco, bicarbonato, cal y bencina, usados para producir cocaína. Otras veces por el ruido del motor usado, “claro que la misma comunidad tapa los sonidos encendiendo motores”, relata.
El reloj no sólo se detuvo en dicho museo, sino que se lo está comiendo. La deglución también alcanza los 30 años del “desarrollo alternativo” y los casi 10 de la “erradicación forzosa”, políticas implementadas para la lucha contra el narcotráfico en el Trópico de Cochabamba. Ahora la dieta se llama Control Social de la Producción y sus agentes no son policías ni militares, sino que los mismos cocaleros.
A no más de cinco kilómetros del cuartel está el poblado de Shinaota, donde el clima semitropical escarcha las descuidadas fachadas coronadas por antenas parabólicas. Sus calles de ripio y piedra soportan cada domingo una bullente feria que se extiende por German Busch, la calle principal, entre Los Tajibos y la carretera que une Cochabamba con Santa Cruz de la Sierra.
En total, son nueve manzanas que comprimen más de 20 hostales, más de 100 tiendas de alimentos, una veintena de peluquerías, unos 10 dentistas, varios centros nocturnos y hasta juegos mecánicos en un pueblo de no más de 14 mil habitantes. ¿Quién paga la fiesta? Lautaro Serna, alcalde de Shinahota, responde que “la economía agrícola de plátanos, yuca, palmitos y cítricos. La economía de la coca es sólo de los que tienen inscritos un cato de coca”.
Pero la historia oral dice que en 1981 se podía comprar cocaína a granel en Shinahota. El peak de la venta de la hoja de coca llegó en 1986, llegando a cotizarse en ocho mil bolivianos las 100 libras. Hoy se comenta que es fácil hallar cocaína a no más de 10 dólares el kilo.
La región del Chapare alberga unas 9.500 hectáreas de cultivo de hoja de coca, según datos oficiales. Otras 20.700 hectáreas están en la zona de Los Yungas, en las cercanías de La Paz. Si bien el gobierno de Evo Morales admite unas 12 mil hectáreas en total, los cálculos de la ONU acusan que en el país hay unas 30.500 hectáreas. Bolivia es el tercer productor en América del Sur después de Colombia y Perú.
Preparar la mente
El cultivo de hoja de coca en la región se remonta a la época prehispánica y las sucesivas oleadas de colonos adoptaron la ancestral práctica de acullicar, mascar la coca. Plácido Plasi, cocalero, cuenta que heredó la costumbre de sus padres y desde los 15 años acullica. “Quita el sueño, el hambre; da voluntad y prepara la mente más rápido para opinar”, asegura.
En 1975 ocurre un boom en la producción por la demanda de cocaína. Si en 1971 eran 2.695 las hectáreas cultivadas, en 1982 ya eran 16.252. Un crecimiento de 600%. Si en 1971 el PIB de la región se estimaba en 170 millones de dólares, cerca de 300 millones de dólares entraron en 1982. Fernando Salazar, sociólogo y autor de “Movimientos sociales en torno a la producción de coca en Bolivia”, cuenta que “cualquier colonización se consolida en unas seis generaciones, en cambio el trópico cochabambino consolidó su asentamiento en no más de seis años. La base de esto fue el cultivo de coca”.
Hasta allí acudió en 1982 Evo Morales y su padre Dionisio, luego de perder todo en su natal Orinoca. Se instaló en el pueblo Laucaeñe y se afilió al sindicato de productores, organizados ya en los años ‘60, pero que cobraron fuerza con la erradicación forzosa iniciada a principios de los ’80.
Así lo cuenta Eduarda Medrano, quien se instaló en la zona de Chipiri hace 44 años. Llegó desde Cochabamba y se dedicó a los cultivos tradicionales de la zona: arroz, maní, maíz, cítricos y coca. María Eugenia Ledesma (en la foto), secretaria de la Federación de Mujeres, también cuenta que emigró desde Potosí a Eterazama, donde cultiva arroz, yuca, plátano, naranjas y, como todos, coca.
Dos décadas de palmitos
En 1961, el Presidente Víctor Paz Estenssoro firmó la Convención de Viena y anunció que en 25 años se pondría fin al cultivo de hoja de coca y el acullico, considerada una “práctica de pueblos degenerados”. Para terminar con el cultivo de coca, desde 1975 se implementaron programas de sustitución de cultivos, pagándose compensaciones en dinero.
En 1987 se pagaban 350 dólares por hectárea más semillas para el cultivo de palmitos, plátanos maracuyá y piña. La inversión total de los programas de desarrollo alternativo alcanzó entre 1984 y el 2000 la suma de 480 millones de dólares, según datos de la Presidencia. El 92% llegó al Trópico de Cochabamba
Ledesma recuerda que tuvieron cinco hectáreas de palmitos y que “los mismos técnicos que nos trajeron las semillas, al tiempo instalaban las tiendas de fertilizantes y abonos en Villa Tunari. Al final ganábamos lo mismo que costaba la inversión en todos esos químicos”. Pero no había ganancias, “porque si la coca la cosechabas tres veces en un año, el palmito era sólo una vez, además que la coca se vendía en el mercado, servía para hacer trueques por chuño, papas, habas secas o verduras”, cuenta Ledesma.
Romaldina Paco, del Sindicato Bartolina Sisa de Eterazama, cuenta que pese a que cultivaron piña, maracuyá y palmitos, “no había venta, las frutas se podrían antes de que alguien las comprara”. Medrano recuerda que “nos ofrecían cortar la coca a cambio de palmitos, pero no funcionaba porque no había mercado y la gente volvía a la coca. Había plátanos para botar”, sostiene Ledesma.
El Plan Dignidad de 1998 redujo el pago por hectárea y entregó el dinero a través de obras para la zona, manejadas por ONG. Salazar comenta que “pese a ser una danza de millones de dólares y que se llegó a tener un alto nivel agronómico y de transferencia tecnológica, falló el mercado para vender esos productos. Se pagaron casi 200 millones de dólares directo al bolsillo de los campesinos, pero ellos firmaban el acuerdo y seguían cultivando coca”.
Pese a los optimistas informes de las agencias norteamericanas, el censo del 2001 dio el batatazo final a más de una década de desarrollo alternativo, acusando que los niveles de pobreza en el Trópico de Cochabamba alcanzaban el 85%: 55,21% de pobreza moderada y 29,67% indigencia. Ese mismo año el cultivo de la hoja de coca representaba el 80% de los ingresos de las familias campesinas. Era que no, si la venta de plátanos alcanzaba a lo más los 15 bolivianos ($1.200) las 150 libras, unos cinco racimos; en cambio la coca les reportaba 20 bolivianos la libra.
Pese al fracaso, el gobierno boliviano, presionado por EEUU, reacciona igual que un adicto. Exige más dosis de la misma medicina y ya no serán ahora las ONG las encargadas de convencer a los campesinos de que dejen de cultivar coca. Ahora serán los militares.
Picotas y fusiles
En 1988 la Ley 1.008 declaró la guerra a la coca, legislación que obedece a una serie de planes que buscan eliminar la “degeneración ancestral”: el Plan Trienal (1985-1989), que puso como objetivo erradicar la coca en tres años; el Plan Coca Por Desarrollo (1989-2003); el Plan Dignidad (1997-2002); el Plan Coca 0 (1998), que estrena la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), integrada por militares y policías; o el Plan Bolivia (2002-2004).
Todos fracasan y diversifican la producción del Chapare: ahora no sólo se producirá coca, sino que la región será además una factoría de mutilados, viudas y hectáreas quemadas. “Para la lógica militar de la FTC, las organizaciones sindicales campesinas del Chapare serán delincuentes, siendo un fin complementario al de la erradicación, el acabar con el sindicalismo”, comenta Salazar. Para el gobierno de Hugo Banzer (1997-2001) y la embajada norteamericana, se enfrenta una guerra de baja intensidad.
En 2002 estrena a los Lobos y Leopardos, militares y policías que recorren los campos y la selva buscando cocales. Una vez que hallan alguno avisaban a los “coca tiras”, quienes de madrugada llegaban con picotas y fusiles. Por cada 10 conscriptos con picota había uno con fusil. Hasta en las paradas militares se marchaba con dichas herramientas.
“Cuando hallaban un cocal medían el contorno al máximo, no importando si uno tenía naranjos o piñas. Luego cortaban todo y anotaban toda la extensión como hectáreas de cocales erradicadas. Incluso lo hacían boleando coca”, cuenta Mario Castillo, de la Central 15 de Diciembre, quien sufrió la poda los años 1997, 1999 y 2004. Ledesma recuerda que cuando tenía ocho años una madrugada llegaron los Leopardos a su casa. Secuestraron a su mamá (Eudora) y a su hermana de siete años (Felicia), bajo acusación de narcotráfico. “Todo lo nuevito que había se lo llevaban, si encontraban dinero también. A la semana las soltaron porque no tenían pruebas”, recuerda.
La respuesta de los sindicatos fue hacer vigilias cuidando los cocales, tomarse caminos y hasta enfrentar a los militares. Los soldados les decían: “Por nosotros no pelearíamos, pero están los de la DEA”, cuenta Ledesma. En 1986 habían entrado en escena 160 marines norteamericanos, equipados con seis helicópteros, dirigiendo las operaciones. Medrano recuerda que “una vez llegaron hartos militares con la DEA. Tenía cuatro surcos de coca y entraron a cortarlas. Querían barrer todo y sacar a los productores”.
La Defensoría del Pueblo de Villa Tunari reportó que entre 1997 y el 2003, 35 cocaleros murieron, 587 fueron heridos gravemente y 700 encarcelados. Pero no fueron las únicas víctimas: 27 militares resultaron muertos y 135 quedaron heridos, ya que los sindicatos comenzaron a responder a las erradicaciones con balas y dinamitazos.
Salazar comenta que “en sus momentos más intensos el 50% de la capacidad bélica de Bolivia estuvo concentrada en el Chapare. Se buscaba la erradicación del cultivo de coca, quebrar a los sindicatos cocaleros y la eliminación de los dirigentes”. El resultado fue un verdadero tiro por la culata.
Industrialización
La llegada al poder de Evo Morales el 2006 fue efecto de las políticas de erradicación forzada. Si bien ya el 2002, los cocaleros habían conseguido que se permitiera el cultivo de un cato de coca por familia (1.600 m2), con Evo ocurre un giro radical en las políticas sobre la coca.
Ahora los propios sindicatos regulan la producción de coca en la llamada política de control social. Julio Salazar, senador del Movimiento al Socialismo,MAS, la define como “un control interno de las organizaciones que deja las decisiones en las bases sociales. Apostamos por la racionalización del cultivo de coca. Con el control social no hay muertos ni heridos, menos criminalización de los campesinos”.
También se busca industrializar la planta a través de productos como harina, licores, mate, jarabes y remedios, ya que diversos estudios dan cuenta de importantes cualidades nutritivas, lo que conformó un estudio de la Universidad de Harvard divulgado en 1975.
La coca es la única planta que posee 14 alcaloides y se comprobó que el acullico diario de 100 gramos de hoja satisfacen la ración alimentaria diaria. “Se podría decir que la coca es el laboratorio natural más completo que existe en el mundo”, sostiene el investigador Salazar. Medrano comenta que la planta “sirve para los viajeros nocturnos porque no hay sueño, sed ni hambre; y la uso para la diabetes de la aflicción”.
Ahora se permiten los mercados de comercialización de hoja de coca, manejados por las centrales y federaciones. Sólo en Shinahota existen 18 de este tipo. Hasta allí acude Teresa Quiroz, quien vende su producción a 19 bolivianos la libra. En un día normal se pueden transar cinco bolsas (cada una de 50 libras) y cuando está bueno llegar a vender unas 30.
“Hay que asumir que ninguna familia del Chapare puede vivir con un cato de coca”, sostiene el sociólogo Salazar, quien fue uno de los diseñadores de la actual política. Si bien reconoce que es poco probable que no haya desvío hacia la producción de cocaína, considera que “es una alternativa muy consistente a lo que fue la erradicación forzosa. Se trata de evitar los altos niveles de violaciones de los derechos humanos que hubo”.
Pero la propuesta que los países productores monopolicen la producción de coca y se la vendan directamente a los países consumidores, no han sido acogidas por el gobierno de Evo, quien se ha limitado a sostener que la hoja de coca no es droga. Su viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, anunció recientemente que se erradicarán los cocales que sobrepasen el cato.
Desde el 2006 que los representantes de los sindicatos negocian con los oficiales del comando militar para planificar los ingresos a las comunidades. Claro que no siempre sucede así. A fines de abril en una villa de La Paz, cuando los vecinos ingresaron a una de las casas sospechando que se fabricaba droga. El olor los había alertado y decidieron entrar sorprendiendo un laboratorio clandestino en horario de trabajo. Apresaron a dos mujeres, quemaron las hojas y al final llamaron a la policía, la que llegó a hacer el parte.
“El control social hace que ya no haya maltratos y persecuciones a los cocaleros. No hay matanzas ni erradicaciones forzadas”, sostiene Medrano. Lo otro sería volver a revolver la selva chapareña de 37 mil km2 buscando laboratorios clandestinos, como ocurrió en décadas pasadas. Claro que Medrano advierte señalando un tupido monte: “Mientras la prohíban, los narcos van a esconderse en el monte. Así fue antes y es hoy. Y puede que se sienta el olor de los laboratorios clandestinos, pero en la selva de montaña a 50 metros no ves nada”.
PUNO OCUPA CUARTO LUGAR EN PRODUCCIÓN DE HOJA COCA
En el país la primera región productora de hoja de coca es Huánuco, con 17 mil 900 hectáreas de cultivo de las cuales el 80% son destinadas para el procesamiento de droga. - Le siguen a ésta, Ayacucho y en cuarto lugar la región de Puno con alrededor de 560 hectáreas de cultivo.
Los Andes de Perú (www.losandes.com.pe)
Según el último estudio realizado por el Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), en la región Puno, específicamente en las provincias de Sandia y Carabaya, la producción de hoja de coca se incrementó durante los años 2006 al 2008 que representa el 21%; mientras que del 2008 al 2009 esta cifra se incrementó a 23%.
Según Fabián Novak, director del instituto de la PUCP, y que dirigió el estudio en 12 regiones productoras de hoja de coca en el país, estas cifras son alarmantes ya que un gran porcentaje de la producción de la hoja sagrada, es destinada a la producción de droga.
Señaló que la producción anual de coca en el Perú, tiene un crecimiento de 6.5% y que el último informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), respecto a que el Perú ocuparía uno de los primeros lugares en la producción de hoja de coca serían ciertas, debido al gran incremento de estos cultivos.
En el país, la primera región productora de hoja de coca es Huánuco, con 17 mil 900 hectáreas de cultivo, de las cuales cerca del 80% son destinadas para el procesamiento de droga. El segundo lugar lo ocupa Cusco, que pese a tener 18 mil hectáreas de cultivo, más que Huánuco, solamente el 70% de su producción lo destina para el procesamiento de droga.
Le siguen a ésta, Ayacucho y en cuarto lugar se ubica la región Puno con alrededor de 560 hectáreas de cultivo. Sin embargo, Novak señaló que en el distrito de San Gabán la producción cocalera durante el año 2008 al 2009 se incrementó en más del 48%, mientras que en la zona del Alto Inambari, éste creció en 18.9% del 2008 al año 2009.
Dijo además, que urge una lucha integral contra el narcotráfico, que implica la erradicación de estos cultivos de coca a través de cultivos alternativos que han beneficiado por ejemplo a zonas como Madre de Dios, en donde desde el año 1983 hasta la fecha, han logrado erradicar más del 50% del cultivo de coca, con cultivos como cacao, café, entre otros.
PROMUEVEN DURA LEY CONTRA EL CONTRABANDO EN BOLIVIA
Xinhua de China (www.spanish.china.org.cn/international)
El gobierno y Asamblea Legislativa promueven una ley para confiscar los bienes utilizados en el contrabando, el aumento de las condenas en prisión y la modernización de las aduanas con el fin de combatir este delito en Bolivia, adelantó el vicepresidente Alvaro García Linera.
"Tenemos que ser drásticos contra el contrabando, el contrabando desangra nuestro país y cada vez que ingresa un artículo sin pagar impuestos se pierde la posibilidad de construir escuelas y hospitales", afirmó el además presidente de la Asamblea Legislativa.
La ley en ciernes castigará la importación ilegal y establece que un proceso sobre cualquier presunción de delito de contrabando no durará más de 60 días, cuando en la actualidad puede extenderse hasta tres, cuatro o más años.
En el caso de la confiscación de bienes y/o mercancía ilegal, el decomiso no será "de facto", apuntó la autoridad y aclaró que le antecederá un proceso jurídico para determinar una acción precisa.
Asimismo, la ley estipula que la sentencia por contrabando será mínimo de 5 y máximo de 10 años de prisión.
Para el caso de defraudación aduanera establece una pena de entre 4 y 8 años de cárcel. Si un funcionario de la Aduana Nacional se ve involucrado en el delito de contrabando, será condenado a 13 años de prisión.
CONTRABANDO MILLONARIO
El contrabando maneja montos millonarios en Bolivia. La viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos, en entrevista con Xinhua, afirmó que se estima que el contrabando mueve alrededor de 230 millones de dólares por año y las pérdidas por el pago de aranceles en favor del Estado son incalculables.
Hay estudios que dicen que la actividad ilícita mueve 850 millones de dólares, otros hablan de 600 millones y los menos de 350 millones año. El rgano Ejecutivo presentó a la Asamblea Plurinacional un proyecto de ley que modifica el Código Tributario y la Ley General de Aduanas, con el objetivo de endurecer las sanciones en la actividad ilícita del contrabando.
El proyecto de ley contra el contrabando no contempla la libertad provisional o el arresto domiciliario, al contrario, prevé el inmediato arresto del acusado mientras dure el proceso en la administración de justicia, explicó la entrevistada.
Desde el momento en que la Fiscalía turna el caso al juez, el acusado tendrá tres días para presentar pruebas en su defensa o efectuar el pago correspondiente de sus tributos, de lo contrario será sometido a un proceso que no durará más de 45 días.
COMERCIANTES VS EMPRESARIOS
Los importadores han manifestado ya su rechazo al proyecto de ley por considerar que atenta contra sus intereses y "matará en vida" al sector.
Los comerciantes aseguraron que su actividad no está relacionada con el contrabando y exigieron "leyes justas y claras que no pasen por encima de las garantías constitucionales".
El proyecto de ley plantea la confiscación de herramientas, inmuebles o vehículos utilizados por contrabandistas, además de la detención de personas involucradas directa o indirectamente en el hecho, sanciones que se aplican en casos de narcotráfico.
Jhonny Huanca, dirigente de los comerciantes de la central Eloy Salmón, dijo a la Xinhua que el gobierno en lugar de aprobar leyes draconianas debería busca soluciones de fondo al desempleo.
"Lamentablemente en el país no hay fuentes de empleo y esta nueva ley va a poner en peligro nuestra forma de supervivencia", advirtió.
Por su parte el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Oscar Calle Rojas, dijo que los empresarios dedicados formalmente a la actividad del comercio, los servicios y el turismo, aplauden y celebran que el Estado boliviano haya decidido aprobar una norma rígida para abatir el contrabando, delito que perjudica la economía del país andino.
"Es acertada la disposición del Estado para aprobar una Ley similar a la 1008, ya que el delito del contrabando no sólo que es un castigo a la formalidad de las empresas sino que se ha convertido en una verdadera mafia que ha abarcado grandes extensiones del país", aseveró Calle.
Los empresarios adelantaron que apoyarán todas aquellas acciones que tengan como fin contribuir al desarrollo económico y social del país.Por su parte el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez, afirmó a la Xinhua que espera una buena reglamentación de la ley para no perjudicar a los importadores legalmente establecidos y a los transportistas.
El gobierno de Evo Morales abrió la propuesta para recibir sugerencias y mejorar el proyecto de ley que modifica el Código Tributario y la Ley de Aduanas, a fin de evitar conflictos sociales.
BOLIVIA CONCLUYE EL REDISEÑO DEL ESTADO
BBC Mundo de Londres (www.bbc.co.uk/mundo)
Con la aprobación de la Ley Marco de Autonomías, Bolivia completa un paquete de cinco leyes estructurales que ponen en plena vigencia la nueva Constitución Política del Estado y que dan nacimiento a un nuevo aparato estatal.
Estas leyes regulan los órganos de la justicia, los procesos electorales y la aplicación de las autonomías en los departamentos, regiones, municipios y territorios indígenas.
En promedio, los parlamentarios aprobaron una ley por semana, todo un récord, según el vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García Linera.
"Esta Asamblea ha trabajado en un tiempo récord para sancionar cinco leyes estructurales y fundamentales para cimentar los cinco pilares de la estructura orgánica del Estado Plurinacional", dijo García Linera al término de las maratónicas sesiones.
El plazo para la aprobación de estas leyes tenía como límite el 22 de julio, pero el presidente Evo Morales promulgará este lunes la última norma del paquete legislativo.
Ya no será necesario que se declare en huelga de hambre, tal como había amenazado para presionar a los legisladores.
Sin embargo, los opositores rechazaron cada una de estas leyes con el argumento de que contribuyen a la concentración del poder en manos del presidente Morales.
Dos visiones
El analista político y ex constituyente de la oposición, Jorge Lazarte, en entrevista con BBC Mundo considera que, con la aprobación de las cinco normas, el partido oficialista ha pasado "del control del gobierno, al control de la totalidad del poder".
En cambio, la jefa del frente oficialista, la diputada quechua Emiliana Aiza, le dijo a BBC Mundo que con estas leyes "se reconoce a todos, a los pobres, a los ricos, a las mujeres…y se reconoce a Bolivia de rincón a rincón con la Ley de Autonomías".
Las leyes aprobadas permiten la presencia de los indígenas en los poderes Judicial, Electoral y Legislativo y abren la puerta a la autonomía en territorios ancestrales.
Sin embargo, los indígenas del oriente boliviano rechazaron al menos dos de las cinco leyes con el argumento de que limita su participación en el Poder Legislativo y le pone trabas a la autonomía en sus comunidades.
Por eso, iniciaron una marcha de protesta el 21 de junio rumbo a La Paz. No obstante, esa marcha que avanzó poco más de 300 kilómetros, ahora espera por el diálogo.
Lazarte opina que "se ha puesto en marcha un nuevo proyecto de poder" y pone como ejemplo la forma en la que se escogerán a los miembros de los poderes Judicial y Electoral que, a su entender, terminarán en manos del oficialismo.
Los magistrados del Judicial serán electos por voto popular luego de una preselección de candidatos en la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista; al tiempo que los miembros del Órgano Electoral serán nombrados directamente por la Asamblea Legislativa.
Los cambios
En materia judicial, el cambio más polémico tiene que ver con la legalización de la justicia indígena. Los opositores rechazaron la norma porque creen que, en primera instancia, debe aprobarse una ley que delimite los alcances de la jurisdicción originaria para evitar linchamientos y otras formas de tortura.
Entretanto, la Ley Marco de Autonomías pretende descentralizar el poder hacia los departamentos, las regiones, los municipios y los territorios indígenas.
Sin embargo, los opositores tienen al menos tres observaciones: La falta de reconocimiento a los estatutos autonómicos de las regiones que se adelantaron en el proceso autonómico; la asignación de nuevas competencias sin aumentar los recursos económicos y la ratificación de una norma que permite suspender a las autoridades regionales que tengan acusaciones formales ante la justicia.
Incluso, el diputado opositor Adrián Oliva dijo que esta ley será demandada por ser inconstitucional.
El oficialismo ha reclamado a los opositores porque no presentaron un proyecto alternativo para las autonomías y se limitaron a la consigna política, según la presidenta de la comisión de Autonomías de Diputados, Betty Tejada.
Más allá del debate político, las cinco leyes están aprobadas y ponen en marcha el nuevo estado plurinacional, que nació con la Constitución impulsada por Evo Morales. La Carta Magna, a su vez, entró en vigencia en febrero de 2009.
APROBADA LEY MARCO DE AUTONOMÍAS PARA ESTRUCTURA DEL NUEVO ESTADO PLURINACIONAL BOLIVIANO
Luego de varias horas de sesión por parte de los parlamentarios de la Asamblea Legislativa, se aprobó la Ley de Autonomías y Descentralización para cumplir con una demanda que pondrá en funcionamiento un moderno Estado inclusivo en el que todos los ciudadanos tengan acceso a sus derechos.
Telesur de Venezuela (www.telesurtv.net/noticias)
La Asamblea Legislativa de Bolivia aprobó en la noche del sábado la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez, luego de unas 30 horas de sesión, norma que se enmarca en la creación de una nueva estructura del Estado Plurinacional.
La nueva legislación fue ampliamente debatida por los sectores políticos del país andino y finalmente fue aprobada a las 19H55 locales (23H55 GMT) por más de dos tercios de los 166 asambleístas que se mantuvieron al frente durante las largas sesiones.
La Ley fue remitida al Órgano Ejecutivo para ser promulgada por el presidente Evo Morales posiblemente para el próximo lunes, según fuentes locales. Con esta Ley se cumple la emisión de los cinco reglamentos orgánicos cuyo plazo final vence el 22 de julio.
Con la norma Andrés Ibáñez, la Asamblea Legislativa boliviana cumplió con los preceptos de la Constitución Política del Estado que ofreció un lapso de 180 días para aprobar cinco leyes estructurales y orgánicas que se constituyan en los pilares del Estado Plurinacional.
Anteriormente, las Leyes de los Órganos Electoral y Judicial, del Régimen Electoral y del Tribunal Constitucional, fueron sancionadas por la Asamblea Legislativa y promulgadas por el jefe de Estado.
Una vez culminada la sesión en la Asamblea, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, resaltó el desempeño de las personas de ambos bandos políticos, oficial y de oposición que laboran en el Órgano Legislativo. "En otros períodos, el debate y la aprobación de una Ley demandaba años y mucho dinero para el país, mientras que en la actualidad la Asamblea ha logrado sancionar cinco leyes en un tiempo récord", resaltó García Linera al dar cuenta de la aprobación realizada en menos de 180 días.
"Para cumplir con los mandatos de la Carta Magna tuvimos que trabajar largas jornadas con el fin de perfeccionar las cinco Leyes que serán el basamento en el que se sustentará el Estado Plurinacional", agregó. García Linera recordó que la Constitución Política del Estado, promulgada en febrero de 2009 "es como una maqueta de una construcción, mientras que la Ley Marco de Autonomías, que fue aprobada este sábado, es una realidad tangible que permitirá construir el nuevo Estado".
El Vicepresidente de Bolivia, enfatizó que ahora que el Estado cuenta con las cinco leyes orgánicas se podrá avanzar con mayor celeridad hacia el desarrollo.
BOLIVIA AMENAZA CON ROMPER CONTRATO CON MINERA CANADIENSE SI NO HAY INVERSIÓN
Agencia EFE de España (www.google.com/hostednews)
El Gobierno de Bolivia advirtió hoy que podría romper su contrato con la minera canadiense Atlas Precious Metals si la compañía no se pronuncia sobre su permanencia y falta de inversión en una fundición de metales en el sur del país.
El ministro boliviano de Minería, José Pimentel, dijo en una entrevista a los medios estatales que su país optará por la mejor decisión para que el Gobierno siga en su proceso de industrialización de sus recursos naturales.
"Si no existe un pronunciamiento de parte de la empresa (Atlas) romperemos el contrato y encontraremos la mejor opción para poner en funcionamiento una planta que el pueblo boliviano la recibió en 1985 de un consorcio alemán y que hasta la fecha no entró en funcionamiento debido a las políticas neoliberales", aseguró.
Sin embargo, el ministro explicó que esperarán una respuesta de la firma canadiense para que decidan si "quieren o no continuar con las operaciones para las que se comprometió".
El Estado boliviano cobró el mes pasado una garantía de 850.000 dólares de la minera canadiense debido a que, según el Gobierno, no hubo avances en el proyecto y la inversión de 80 millones de dólares prometida para reactivar el complejo metalúrgico de Karachipampa, en el departamento de Potosí (suroeste), apenas llegó a dos millones.
La planta fue construida en 1985 para procesar plomo y plata con créditos alemanes y belgas por 200 millones de dólares, pero nunca llegó a funcionar porque se necesitaba un nivel de producción de esos dos minerales que no existía en Bolivia.
Atlas, que también tiene socios estadounidenses, se comprometió en 2009 a realizar una inversión en el complejo metalúrgico para que funcione una fundición de plomo y plata, una refinería de zinc y una planta de producción de ácido sulfúrico.
La firma canadiense replicó a las acusaciones bolivianas que sus inversiones no avanzaron por un problema con indígenas de la zona para adquirir terrenos, y decidió demandar a la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol) ante el centro de arbitrajes de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) del país.
La pasada semana, el asesor jurídico de Atlas, Alejandro Guerra, declaró que la compañía tiene la intención de alcanzar una "solución amigable" por la controversia de sus inversiones.
EJÉRCITO DE ESE PAÍS INCAUTÓ MAQUINARIA PESADA EN LÍNEA DE FRONTERA
INTROMISIÓN BOLIVIANA
Correo de Perú (www.correoperu.com.pe/correo)
Cerca de un centenar de maquinarias pesadas que venían siendo utilizadas por mineros peruanos para la explotación informal de oro en el sector Trapiche-Suches, hito 18 y 19, del distrito de Cojata-provincia de Huancané, límite con la localidad de Cantón Suches-Bolivia, fue incautada en una intromisión militar por el ejército del vecino país.
La información la dio a conocer a Radio Pachamama José Chambilla Quispe, uno de los socios de la concesión Santa Inés, quien señaló que el sábado al mediodía más de cien miembros del Ejército boliviano llegaron al referido sector. "En la madrugada de hoy (ayer) los militares intervienen en territorio peruano, incautando maquinaria pesada, sus operadores fueron detenidos y encerrados en un canchón", mencionó José Chambilla.
Por su parte, la socia de la concesión Santa Inés, Gladys Arias Quispe, hizo un llamado a la cancillería peruana para que investigue este atropello a la soberanía nacional.
Al respecto, el general de la XII Dirtepol, Javier Sanguineti Smith, sostuvo a la prensa que el hecho se suscitó en el lado boliviano y que la incursión no debió de hacerla el ejército sino la policía.
MINEROS DE SÚCHEZ DENUNCIAN INTROMISIÓN BOLIVIANA
QUE INTERVENGA LA CANCILLERÍA
El Correo de Perú (www.correoperu.com.pe)
Tras la denuncia de que el ejército boliviano habría ingresado a territorio peruano para incautar maquinaria pesada que opera en la minería informal en la zona de Súchez, los lugareños demandaron la intervención de la Cancillería, en vista que además habrían detenido a muchos compatriotas.
Uno de los socios de la concesión Santa Inés, José Chambilla Quispe, en comunicación con Pachamama Radio, señaló que los bolivianos ingresaron al sector Trapiche-Suches, hito 18 y 19, para incautar maquinaria y encerrar a sus operarios en un canchón. Gladys Arias Quispe, otra socia de la minera, hizo un llamado a la Cancillería peruana para que “investigue este atropello a la soberanía nacional, ya que en la zona no hay ninguna autoridad del Perú”.
Correo intentó comunicarse con le general PNP Javier Sanguineti, pero no pudimos. Sin embargo, al corresponsal de TV Perú le dijo que en la zona había un destacamento policial peruano, pero nosotros sabemos que no es así.
LA COMUNIDAD ENVÍA A BOLIVIA LOS EJEMPLARES DONADOS EN LA CAMPAÑA 'LIBRO SOLIDARIO 2010'
Madrid Liberal de España (www.madridliberal.es)
La Comunidad ha entregado a la Embajada de Bolivia los libros donados por los madrileños en la campaña 'Libro Solidario 2010', en la que, con el lema 'Pon tu libro en Bolivia' han participado 192 voluntarios. El acto ha tenido lugar en el Complejo El Águila, donde todos los volúmenes recogidos han sido almacenados, clasificados y empaquetados para su envío.
Allí han estado el viceconsejero de Inmigración y Cooperación, Gabriel Fernández Rojas, acompañado por la viceconsejera de Cultura, Concha Guerra y la embajadora de Bolivia, Maria del Carmen Almendras Camargo. Los libros se han recogido a través de diversas acciones, la más importante de ellas es la celebración del Día del Libro Solidario.
Así, cada 2 de mayo se instala una gran carpa de recogida de publicaciones. Además, y desde 2008, durante las semanas previas a este día, se pone en marcha una colaboración con diversos municipios. En 2010 se han sumado a la campaña: Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Parla, San Lorenzo de El Escorial, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz y Tres Cantos.
Tras el Día del Libro Solidario, se ha continuado con la recogida de donaciones en la sede de la Biblioteca Regional, el Complejo El Águila. En esta edición, en la que el expurgo ha afectado sólo a un 16% de los libros recogidos, se van a enviar 62.655 ejemplares. De los libros que se enviarán a Bolivia, el 41% son publicaciones para adultos, el 29% dirigidos al lector infantil y juvenil, y el 30% son los considerados 'materias', entre los que se encuentran enciclopedias, historia, biografías, etc.
Envío prioritario a un país de habla hispana
La undécima edición de la campaña 'Libro Solidario' ha tenido como objetivo dotar de fondos a 50 bibliotecas de Bolivia de 22 municipios. La elección de este país proporciona continuidad a las intervenciones realizadas en los últimos diez años, que tienen como objetivo el envío de fondos bibliográficos, de manera prioritaria, a un país de habla hispana.
El proyecto de cooperación internacional tiene como objetivo colaborar con el Gobierno boliviano para la promoción de la lectura y el fortalecimiento de los recursos bibliográficos. La mala situación de la Red de Bibliotecas Públicas en el país andino permite identificar debilidades que condicionan negativamente el alcance y la calidad de los servicios prestados por las bibliotecas, y en consecuencia provocan un bajo interés por la lectura y la poca utilización de los servicios por parte de los potenciales usuarios.
Participan en este proyecto la Asociación de Cooperación Bolivia-España (Acobe), que ha colaborado en la selección de las bibliotecas destinatarias y ha aportado voluntarios para la recogida de libros. Además, la Agencia Española de Cooperación Internacional (Aecid) garantiza el seguimiento y entrega de los libros en Bolivia. Asimismo, colaboran la Fundación Amibe-Codem y los Institutos de Enseñanza Secundaria de Madrid, así como Telemadrid, y cuenta con el patrocinio de Obra Social Caja Madrid, El Corte Inglés y Fundación Seur.
ORGANIZAN EXCURSIÓN “PATRIÓTICA”
ABC de Paraguay (www.abc.com.py/abc)
Una excursión a diversos puntos del Chaco paraguayo y boliviano es organizado en conmemoración a los 72 años de la firma del Tratado Definitivo de Paz con el país limítrofe al término de la Guerra del Chaco (1932-1935). Se trata de la tercera edición de la denominada “Expo patriótica. Yo voy al Chaco. Allende el Parapiti”. El viaje incluye llegar hasta el río Parapiti, posteriormente al departamento de Santa Cruz de la Sierra hasta la ciudad de Camiri, capital petrolera de Bolivia. La actividad es idea de la agencia de turismo Finatur cuyo número telefónico para las averiguaciones pertinentes es 0981-454705 o el sitio web www.finantur.galeon.com. El mismo tendrá un precio de G. 1.200.000 y se realizará del miércoles 28 de julio al domingo 1 de agosto. “La idea nuestra es recorrer gran parte del vasto Chaco, tanto el boliviano –otrora nuestro– y el paraguayo. Además de los escenarios de guerra, también conocer las productivas colonias menonitas”, señalaron. Agregaron finalmente que para la excursión darán participación “a nuestros hermanos bolivianos a través de la Embajada Boliviana en Paraguay, con quienes, en testimonio de amistad entre nuestros pueblos y a fin de respirar paz, hemos de plantar árboles en el hoy deforestado Chaco y que también se visitarán las Misiones con los nativos de la Región Occidental”.
"LAS ACCIONES EN MATERIA ENERGÉTICA FORMAN PARTE DE UNA PLANIFICACIÓN Y NO MEDIDAS DE EMERGENCIA"
El Ministerio de Planificación Federal aseguró ayer que todas las acciones adoptadas en materia energética "forman parte de una planificación y no constituyen medidas de emergencia, como afirma hoy el diario Clarín".
Telam de Argentina (www.telam.com.ar)
En ese sentido señaló que "tanto la importación de gas natural licuado (GNL), la de fuel oil y gasoil para las centrales eléctricas, el gas de Bolivia y la energía eléctrica de Brasil, son decisiones planificadas y ejecutadas con el fin de sustentar y acompañar el crecimiento del consumo residencial, mejorando el nivel de vida de los ciudadanos y sosteniendo el crecimiento de la industria, que se ve reflejado en el incremento de más de un 60 por ciento del PBI desde 2003 a la fecha".
En un comunicado dado a conocer ayer, la cartera que conduce Julio De Vido aclaró que "en el caso de la importación de gas de Bolivia no se hizo más que recuperar el viejo acuerdo que tenía YPF, que la era neoliberal dejó de lado porque no le interesaba contar con mayores volúmenes de gas para desarrollar la industria". "Todas las acciones realizadas en el marco del Plan Energético Nacional, presentado en 2004, han permitido que el sistema eléctrico suministre energía sin mayores dificultades en el marco de una ola de frío polar, batiendo récords de potencia tres días consecutivos. Ello es producto de la planificación que permitió que la generación de electricidad creciera en un 35 por ciento", señaló el pronunciamiento.
Agregó que también es política del Gobierno "subsidiar las diferencias de precios que pudieran existir, dado que así se le brinda a la industria niveles de competitividad nunca antes alcanzados, permitiendo así fortalecer el mercado interno y exportar productos con mayor valor agregados, dado que no aspira a ser un país petrolero sino industrial".
"La falta de información y conocimientos de Clarín -afirmó- es más que evidente, dado que las principales potencias del mundo importan combustibles para exportar productos de mayor valor agregado. Caso contrario se volvería a décadas pasadas, cuando el gas era exportado a valores irrisorios para que otros países desarrollasen sus industrias".
Por último, el Ministerio de Planificación aseguró que "aplica desde hace algunos años programas para incentivar mayor producción, tanto de gas como de petróleo y sus derivados, como es el caso de Petróleo Plus y Gas Plus". "Para información de ese matutino y sus opinólogos, el precio reconocido a este gas adicional (por mayores inversiones o aplicación de nuevas tecnologías) es cercano a los valores internacionales, por lo que estos programas permitirán en los próximos años sumar importantes reservas", apuntó.
LA FALTA DE GAS COSTARÁ AL ESTADO ESTE AÑO US$ 2.300 MILLONES
Es por la importación de combustible para las usinas, la compra de gas boliviano, los barcos regasificadores y la electricidad que llega de Paraguay y Brasil. La producción local de gas cae, y no alcanza a cubrir la suba de la demanda.
Clarín de Argentina (www.clarin.com/politica)
Mientras el ministro de Planificación, Julio De Vido sigue negando la existencia de problemas energéticos y califica los cortes como algo “habitual y programado”, la real falta de gas que se verifica día a día promete dejar sus huellas en las cuentas fiscales.
Así como ha repercutido en la producción industrial y en la actividad laboral, la escasez de gas también tendrá un impacto económico que el Gobierno no puede ocultar.
Las importaciones de combustibles alternativos y de energía eléctrica que se deben hacer para paliar la falta de gas le costarán a las arcas estatales unos US$ 2.300 millones anuales.
La caída de la producción local de gas que se viene registrando desde 2003 obliga a buscar fuentes energéticas alternativas para afectar lo menos posible la marcha de la economía, cuando la demanda de energía crece.
Para cubrir el bache creciente que se produce entre la oferta y la demanda de gas, el Gobierno instrumentará este año 4 medidas de emergencia que se asientan en la provisión externa de combustibles sustitutos y energía eléctrica.
En primer lugar se encuentran las importaciones de fuel oil y gasoil para las centrales de generación térmica. A los precios actuales, los volúmenes de compra programados para 2010 ascenderán a unos US$ 800 millones.
En segundo término aparecen las importaciones de gas natural de Bolivia. Actualmente el precio que se paga a la administración de Evo Morales es de US$ 7,40 por millón de BTU y la provisión promedio diaria es de unos 6 millones de metros cúbicos. Con esos números, la factura anual que se tendrá que pagar a Bolivia es de US$ 600 millones.
A continuación se ubican las adquisiciones de GNL (gas natural licuado) que arriban por barco al puerto de Bahía Blanca. Esta opción que se había diseñado como transitoria para el invierno de 2008, ya se transformó en permanente y con cargamentos que no paran de crecer. De 11 buques contratados en 2009 se pasó ahora a 14 y no se descartan más compras antes de que termine el año. En total, las importaciones de GNL se llevarán unos US$ 500 millones.
Por último figura la provisión externa de energía eléctrica que las centrales locales no pueden producir por falta de gas. Los vendedores son Brasil y Paraguay y, según las proyecciones que se manejan en el sector eléctrico, este año habrá que pagar por esa energía importada unos US$ 400 millones.
Frente a una demanda real que supera los 150 millones de metros diarios (MM3), hoy el sistema gasífero sólo está en condiciones de operar una oferta promedio total de 120 MM3 diarios.
El sistema entró en estado de default operativo no bien aparecieron los primeros días de frío que provocaron un fuerte repunte en el consumo de los hogares y los pequeños comercios, a los cuales no se les puede cortar el suministro.
Para cubrir esa mayor demanda residencial, el Gobierno decidió elevar los niveles de cortes de suministro que venía aplicando desde fines de mayo a las grandes industrias y las centrales térmicas.
Desde el lunes, unos 300 grandes usuarios de todo el país conviven con cortes casi totales que en la mayoría de los casos les impide producir. En la región metropolitana, la poda alcanzó a 50 grandes industrias ubicadas en la zona de Metrogas y a otras 85 localizadas en el área de concesión Gas BAN.
En el interior, las industrias más afectadas fueron las ubicadas en el polo petroquímico de Bahía Blanca y en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Tucumán. También sufrieron la falta de combustible los usuarios de gas en garrafas y varias estaciones de GNC del interior del país.
FIRMARÁ LA BUAP CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE BOLIVIA
En breve se firmará un convenio de colaboración entre la Facultad de Ingeniería de la BUAP y la Universidad de Bolivia con el objetivo de promover programas de intercambio estudiantil y académico en los niveles de licenciatura y posgrado, informó el director de la unidad académica, José Ignacio Morales Hernández.
El Periódico Digital de México (www.periodicodigital.com.mx)
Al mismo tiempo dijo que uno de los puntos importantes que se tienen proyectados con este tratado es darle impulso y seguimiento a los pactos que se firmaron el año pasado de las maestrías de Construcción y Estructuras que se van a impartir en la Universidad Popular de la Chontalpa y en Veracruz.
Morales Hernández señaló que es un buen indicador el que instituciones tanto nacionales como extranjeras tengan interés de promover los programas de enseñanza que se imparten en la Facultad de Ingeniería, explicó que esto se debe principalmente a la calidad de los mismos, además de la experiencia de los cuerpos académicos.
Finalmente agregó que esta vinculación que se ha logrado con instituciones educativas de nivel superior de Bolivia, beneficiará a la comunidad universitaria de ambas universidades.
Arica, Tarapacá y Antofagasta buscan financiamiento conjunto a través de ley de gobiernos regionales:
REGIONES DEL NORTE GRANDE ACUERDAN ALIANZA PARA PROTEGER DEL NARCOTRÁFICO A LA FRONTERA
El plan, con un costo estimado en US$ 50 millones, contempla cubrir los 1.125 kilómetros de límites con Perú y Bolivia con radares que detecten el paso de contrabandistas.
El Mercurio de Chile (www.diario.elmercurio.cl)
Las tres regiones del Norte Grande iniciaron un inédito programa conjunto para proteger del tráfico de drogas sus 1.125 kilómetros de límites con Perú y Bolivia, que contempla buscar unidas financiamiento para instalar dispositivos electrónicos en puntos fronterizos críticos que alerten sobre el paso de contrabandistas.
La región más avanzada es la de Tarapacá, donde el trabajo coordinado con Carabineros y expertos en seguridad ha definido en las comunas de Pica y Colchane 12 lugares de emplazamiento de torres radares dotadas de cámaras, cuya finalidad será cubrir 111 pasos no habilitados usados por el narcotráfico para ingresar droga a Chile desde Bolivia.
Los intendentes de Arica y Parinacota, Rodolfo Barbosa; y de Antofagasta, Álvaro Fernandez, se reunieron la semana pasada en Arica con su similar de Tarapacá, Luz Ebensperger, para acordar extender hacia sus regiones los avances alcanzados en la I Región.
Acompañados de los respectivos jefes zonales de Carabineros y del senador UDI Jaime Orpis, impulsor de la iniciativa, concordaron en la exigencia de concluir la elaboración de mapas con la totalidad de los pasos ilegales, y la definición de puntos críticos aprovechados por las mafias del narcotráfico.
La idea de los intendentes es recurrir a convenios interregionales de la Ley de Gobiernos Regionales para conseguir financiamiento conjunto, estimado en unos US$50 millones.
"Si no atacamos en conjunto, las soluciones van a ser parciales (...) Si lo trabaja sólo Arica o Tarapacá, entonces van a desviarse (los cargamentos y los narcos)", dijo el intendente de Antofagasta, Álvaro Fernández.
En tanto, su similar de Arica, Rodolfo Barbosa, dijo que el trabajo se realiza en estrecha coordinación con el nivel central del Ministerio del Interior, inspirado en la "guerra a las drogas" declarada por el gobierno.
Sobrevuelos realizados por el avión antidrogas de Carabineros que opera en el norte, iniciados hace un año, han permitido identificar con sus respectivas coordenadas geográficas los pasos no habilitados potencialmente usados por el narcotráfico en las tres regiones.
La vecindad con dos de los tres mayores países productores de droga hace que en Arica, Tarapacá y Antofagasta los decomisos de cocaína superen las 5 toneladas anuales, más del 60% del total incautado en el país.
El Plan Colombia está desplazando el centro de gravedad de la producción de cocaína hacia Perú y Bolivia, que hoy concentran el 54% de la elaboración de esa droga en el mundo.
Chile está sumando a su condición de territorio de tránsito a los mercados mundiales el ser el segundo centro de consumo de Latinoamérica, según ha señalado el gobierno.
En contrapartida, las incautaciones anuales en el país han ido bajando. Si en 2007 se decomisaron 8,7 toneladas de cocaína, el año siguiente la cifra bajó a 6,9 toneladas y el año pasado se redujo a 5,6.
La tecnología de radares en torre y cámaras permitiría detectar el paso de vehículos en un diámetro de 45 km y de personas en 8 km. Se combinarían con radares móviles para abordar puntos ciegos y estarían conectados en tiempo real a centrales en las capitales regionales y Santiago. El plan de Tarapacá, que se busca extender a sus vecinos, es combinar los radares con pórticos de detección de patentes para mayor control al tránsito vehicular por carreteras, y detectar movimientos sospechosos.
Plazo
El plan completo debería estar implementado en las tres regiones, en cuatro años. También se pedirá apoyo a Vialidad para que bloquee los pasos fronterizos ilegales, cuando esto sea posible.
DURO GOLPE PANDINO A “ENCLAVE” ESTADOUNIDENSE EN BOLIVIA
Pando, sin que lo sepa la mayor parte de los bolivianos, incluyendo a la mayor parte de los habitantes de ese departamento, empezó a ser uno de los territorios en Sudamérica desde donde Estados Unidos desarrolla una estrategia amazónica de componentes políticos, militares y culturales. Una resolución de alcaldes pandinos derrumbó uno de sus pilares.
Rebelión de España (www.rebelion.org/noticia)
El 8 de julio, la asociación de alcaldes del departamento de Pando ha decidido declarar a esa parte del país como “Territorio amazónico libre de USAID”. Esa determinación representa un paso más –quizá el más decisivo- para continuar el desmontaje esa suerte de enclave –político, cultural y militar- que Estados Unidos había construido en cerca de una década.
Y ahí radica precisamente la dimensión de la resolución adoptada por los titulares de doce de quince municipios de ese departamento situado al norte de La Paz, la sede del gobierno plurinacional que no deja de ver con desconfianzas, por sobradas razones, las acciones de la embajada de Estados Unidos en Bolivia y de las instituciones dependientes del Departamento de Estado.
La noticia sorprendió en la tarde del miércoles en La Paz, pues se daba en un momento en que tres hechos acaparaban la atención política y mediática: la marcha indígena encabezada por la CIDOB, las tensiones en la Asamblea Legislativa Plurinacional por el tratamiento de la Ley Marco de Autonomías –la última de las cinco leyes orgánicas que deben ser aprobadas hasta antes del 18 de julio por mandato constitucional- y la temeraria acusación del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, contra el vicepresidente del Estado Plurinacional, Alvaro García Linera, por narcotráfico y terrorismo.
Pero además, para no perder el contexto, la decisión de expulsar de ese departamento amazónico a USAID y las ONG que reciben financiamiento estadounidense se produce en medio de dos escenarios contradictorios: por un lado, el anuncio que el 1 de junio pasado hicieron el canciller David Choquehuanca y el Secretario Adjunto de Estados Unidos para Latinoamérica, Arturo Valenzuela, en sentido de que Bolivia y EE.UU. tenían registrado un avance del 99% para la firma de un Acuerdo Marco. Eso implica diálogo político, cooperación de Estado a Estado, responsabilidad compartida en la lucha contra el narcotráfico y fortalecimiento del comercio.
Por otro lado, las denuncias –antes y después del arribo del representante estadounidense, quien tuvo que resignarse a la imposibilidad de una entrevista con el presidente Evo Morales- de la injerencia de USAID en el conflicto que enfrentó a dos poblaciones en el norte de La Paz: Caranavi y Pablos Blancos, por el lugar en el cual se iba a instalar una planta procesadora de cítricos y, ahora, por su influencia –según ha señalado el gobierno-, en la marcha de la CIDOB, no han aminorado. Todo lo contrario, han crecido.
En el caso de Caranavi, lo que parecía una denuncia infundada y al calor de la intención de construir una cortina de humo ante la impotencia política oficial de resolver adecuadamente el conflicto, una parte de la verdad –que es mucho más compleja- se fue abriendo paso al identificar la relación de USAID con algunos dirigentes de esa provincia paceña, pero también del vínculo de la agencia estadounidense con dirigentes de la FESPAI –bastante cercanos al núcleo fundacional del Instrumento Político, a través de WCS, Wildlife Conservation Society (Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre).
La primera vez que USAID fue expulsada de un territorio determinado de Bolivia fue el 24 de junio de 2008, cuando una ampliado de las seis federaciones de los productores de coca del departamento central de Cochabamba y la mancomunidad de municipios de esa región le dieron un plazo de 48 horas para salir. La agencia salió del Trópico, pero continuó operando –en una práctica bastante habitual en otras partes del mundo donde también se cuestiona su papel-, a través de otras subcontratistas.
¿Pero cuál es el alcance o la dimensión de la resolución aprobada por los doce alcaldes de Pando, de los que 6 pertenecen al Movimiento Al Socialismo (MAS) y otros 5 electos en listas de la oposición en abril pasado?
La respuesta hay que empezar a rastrear, como se sostenía al principio, en que los alcaldes del departamento de Pando –que en total no tiene una población superior a las 55.000 habitantes, según el Censo de Población y Vivienda 2001-deciden poner un alto a la aplicación de una estrategia estadounidense de dimensiones internacionales y que involucra a Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador y Venezuela. Es decir, es un golpe muy fuerte a la Iniciativa de Conservación de la Cuenca Amazónica (ABCI por sus siglas en inglés), que para sus primeros cinco años (2006-2011) tiene presupuestado 65 millones de dólares, de los cuales $us 50 millones representan un aporte de USAID y $us 15 millones de organizaciones socias de Europa.
La puesta en marcha de esta iniciativa estadounidense para conservar la biodiversidad y el medio ambiente, que se contrapone a la negativa de la Casa Blanca por ratificar el Tratado de Kioto y reducir la emisión de gases de efecto invernadero, tal como Barak Obama y los presidentes de los países desarrollados han sostenido en Copenhague en diciembre de 2009, ha demandado una fuerte presencia –calificada como penetración por el pronunciamiento de los alcaldes- de ONG, sin que se haya logrado impactar –desde estos programas- en la disminución de los índices de pobreza y otros problemas sociales y ambientales.
La afirmación no pierde sentido, sobre todo cuando se considera que llegan a 13 –si no más- las ONG que operan en el territorio de ese departamento, todas con financiamiento de USAID o de otras agencias europeas con fuertes vínculos con la estadounidense. Las ONG cuestionadas son: Armonía, CSF, Herencia, Puma, WCS, Rainforest Alliance y otras.
De los cinco “consorcios” que forman parte de la ABCI, tres involucran directamente a Bolivia: Conservación del Corredor de Conservación Madidi-Manu de Bolivia y Perú, Gestión Ambiental en la Región MAP (Madre de Dios –Perú-, Acre –Brasil- y Pando –Bolivia-) y Formas de Vida Sostenibles en la Amazonía Occidental.
Antes de iniciar la ejecución de ABCI, un trabajo de evaluación de necesidades y formulación de estrategias fue realizado durante dos años con el financiamiento y monitoreo de USAID y la participación de 30 consorcios que representaban a instituciones de EE.UU. y de países de la amazonía.
El interés de los Estados Unidos en la suerte de la Amazonía del continente no es reciente ni está fuera de una estrategia global contenida en varios documentos, de los cuales los dos más importantes en los últimos diez años son: el Santa Fe IV y el Plan Colombia, rebautizado luego como Iniciativa Regional Andina.
En Santa Fe IV –elaborado en el gobierno de Bush (hijo)-, los estrategas del Departamento de Estado –todos ellos con relaciones carnales con el Departamento de Defensa-, identifican en “nueve D” las “Amenazas” para los Estados Unidos desde América Latina: Defensa, Drogas, Demografía, Deuda, Desindustrialización, Democracia Populista, Desestabilización, Deforestación, Declinación de Estados Unidos.
En lo que respecta a la amenaza de la “Deforestación”, no sin antes apuntar la fuerte presencia de “las otras Ds” en los discursos estadounidenses, es bueno subrayar que el documento Santa Fe IV hace la siguiente relación: “El hemisferio ha sido bendecido con recursos naturales y un clima que lo convierte en un paraíso único y virtual para quienes usen sabiamente tales recursos. A lo largo de las últimas décadas se ha vuelto evidente que la destrucción de nuestros bosques, tanto de la mitad norte del hemisferio como, especialmente, de las selvas del sur, debe controlarse. Este no es un tema bipartidario. Más aún, exigirá los mejores esfuerzos de organizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales (ONG)”.
Más claro, agua. Es más, si no se conociera el origen del texto arriba entrecomillado, su redacción fácilmente sería suscrita por dirigentes y activistas que propugnan organizar la vida social y la relación del ser humano con la naturaleza por un rumbo distinto al capitalista. Ideas buenas, objetivos malos, reza una aforismo popular que quizá ayuda a entender el interés estadounidense en los enormes reservorios de biodiversidad, oxígeno, agua y otros recursos. Las instalación de nuevas bases militares en Colombia, la activación de la IV Flota, la ocupación de Haití y la pronta llegada de 7.000 soldados a Costa Rica, representan apenas algunas pruebas inobjetables.
Pero el golpe que los alcaldes pandinos de Bolivia han propinado a uno de los componentes de la estrategia de Estados Unidos para esta parte del continente se suma, casi dos años después, al desmontaje que el gobierno del presidente Morales hizo al componente militar en 2008, inmediatamente después de que declaró “estado de sitio” en ese departamento a raíz de la “masacre del Porvenir”, en la que se produjo casi una treintena de bajas, entre muertos y heridos.
Y no es una exageración lo que se está diciendo. A pesar de la naturaleza ideológico-política con la que Evo Morales asumió la conducción de Bolivia el 22 de enero de 2006, la “estrategia amazónica” de Estados Unidos no sufrió ninguna interrupción. Al trabajo que se iba elaborando con las ONG se sumaba el Southern Command (SOUTHCOM), responsable de todas las actividades militares –abiertas y encubiertas- de Estados Unidos en América Latina.
La presencia del grupo militar de los Estados Unidos se concretó en un convenio directo entre el entonces prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, y la embajada de los Estados Unidos encabezada por Philip Golberg, quien fue expulsado por el presidente boliviano luego de presentarse pruebas de sus reuniones permanentes con la oposición de ultraderecha atrincherada en Santa Cruz y que pretendió –luego de la ratificación de Morales con un 67 por ciento- concretar un golpe cívico-prefectural entre septiembre y octubre de 2008.
El grupo militar estadounidense dependiente del Comando Sur desarrollo sus programas de “Acción Cívica” principalmente en las provincias de Cobija, Porvenir y Bolpebra. Es poco probable, sin embargo, que el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Bolivia o al menos una parte de esa instancia militar haya desconocido la presencia de los militares de Estados Unidos. ¿Cómo explicar eso? La respuesta no es sencilla pero quizá los rastros hay que encontrarlos en la existencia de un “Estado aparente” como señalaba el pensador boliviano René Zabaleta, cuya elaboración intelectual le sirve, en parte, al vicepresidente García Linera, para desarrollar su propuesta del “Estado integral”, como el puente entre el capitalismo y el socialismo comunitario.
Una aclaración necesaria. La “Acción Cívica”, cuyo concepto no ha sufrido modificaciones en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos desde la década de los 60, hace referencia a un componente “no militar” de una estrategia militar y política, y consiste –como señalaba el general Summers- en “conquistar las mentes y el corazón de las gentes” a través, entre otras cosas, de la apertura de letrinas, prestación de servicios de odontología, comunicaciones y transporte que la población necesita.
Sin embargo, el trabajo de las ONG y la presencia del Comando Sur, cuyo número debería ser un tema a investigar por la Asamblea Legislativa Plurinacional, no pudo evitar un crecimiento progresivo del narcotráfico, el comercio ilegal de oro, contrabando de madera, tráfico de especies biológicas, contrabando de combustible y comercio ilegal de armas.
En ese contexto hay que explicar los hechos violentos del Porvenir y la resistencia, incluso armada, de la que fueron objeto los entonces ministros Juan Ramón Quintana y Luis Tapia, el 13 de septiembre de 2008, cuando se desplazaron en un operativo político-militar hasta Cobija, para restablecer, por efectos del estado de sitio, el orden y la paz. Las primeras 24 horas ambos altos funcionarios de Estado tuvieron que permanecer en el aeropuerto por la dureza de la reacción de grupos paramilitares organizados y financiados desde la Prefectura, según explicó semanas después Juan Ramón Quintana, quien luego se hizo cargo de las campañas electorales de diciembre de 2009 y abril de 2010 en ese departamento y su vecino Beni.
El desmontaje de esa estructura política que le allanó el camino a esa suerte de enclave estadounidense ha demandado su tiempo. Ante la ausencia del viejo Estado monocultural, la “guerra cultural” la gana por lo general Estados Unidos y sus aparatos no gubernamentales. El fuerte conservadurismo, trabajado durante años por las fuerzas políticas de derecha y una práctica prebendal, no ha sido fácil de cambiar y el partido de gobierno ha tenido que esperar hasta las elecciones locales de abril pasado para ganar la gobernación y seis alcaldías, de la cual la de Cobija concentra cerca del 60 por ciento del electorado de ese departamento. El miércoles pasado cinco alcaldes opositores se han desmarcado de sus partidos y han firmado el pronunciamiento de condena a USAID.
De hecho, el gobierno ha constituido hace poco una agencia para el desarrollo de las macro regionales y zonas fronterizas con el objetivo de ir sentando soberanía en aquellos departamentos y zonas descuidadas por el “Estado aparente” que, por eso mismo, le brindaba condiciones favorables al establecimiento y reproducción de relaciones clientelares en esas regiones.
El Estado Plurinacional está dando sus primeros pasos para sentar soberanía a lo largo y ancho de todo el territorio. Victorias políticas acompañan a esa expansión de la hegemonía, pero todavía deberán darse varios pasos para construir presencia económica y productiva, pero sobre todo para cambiar la manera de pensar y reproducir la vida.
Bolivia-Ecuador
EL ESTADO CONTRA LOS PUEBLOS INDIOS
“Son gringuitos que ahora vienen en forma de grupitos en ONG. A otros con ese cuento. Esta gente ya tiene la pancita bien llena”, dijo el presidente de Ecuador, Rafael Correa, al referirse a los manifestantes que pertenecen a la Confederación de Nacionalidad Indígenas del Ecuador (CONAIE). Evo Morales dijo casi lo mismo: “Como la derecha no encuentra argumentos para oponerse al proceso de cambio, ahora recurre a algunos dirigentes campesinos, indígenas u originarios, quienes son pagados con prebendas de algunas ONG”.
Rebelión de España (www.rebelion.org/noticia.)
Al parecer los presidentes de ambos países pasaron por alto que están usando los mismos argumentos de sus enemigos, cuando acusaban a los movimientos sociales de formar parte de la “subversión comunista internacional” o de estar financiados por el “oro de Moscú”. Dos errores en uno: creer que los indios pueden ser manipulados, y que lo son desde fuera del país. No es extraño que hayan sentido las afirmaciones de sus presidentes como agravios que buscan desviar la atención de los verdaderos problemas.
Puede ser cierto, como afirmó el vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, que la agencia de cooperación de Estados Unidos, USAID, está infiltrando algunos movimientos sociales para que se manifiesten contra el gobierno. Aseguró que de 100 millones de dólares que invierte USAID en su país, 20 se usan en gastos técnicos y el resto “para sus amigotes, para su clientela política, patrocinando cursos, publicaciones y grupos que promueven conflictos”[3].
Las organizaciones sociales involucradas rechazaron estar financiadas por USAID, pero lo que más llama la atención es que se haga esa crítica justo en el momento en que realizan movilizaciones contra el gobierno y no antes. El primer ministro de Hidrocarburos del gobierno de Evo, fue más lejos y le recordó al presidente que debe explicar porqué permitió que USAID, el Banco Mundial y ONGs europeas diseñaran el Estado Plurinacional vigente. En efecto, “USAID financió en 2004 la Unidad de Coordinación para la Asamblea Constituyente”, además de otras actividades oficiales[4].
La marcha indígena en Bolivia
El 17 de junio se concentraron centenares de indígenas de tierras bajas en Trinidad, capital del departamento del Beni, a unas cinco horas de Santa Cruz de la Sierra. Su intención era realizar una marcha de 1.500 kilómetros a pie hasta La Paz, ascendiendo desde las regiones selváticas hasta los cuatro mil metros. La Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) que reúne a 34 naciones del oriente organizados en once regionales[5], convocó a los marchistas siendo apoyados por el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ).
Estas son dos de las cinco principales organizaciones indígenas que en 2006 formaron el Pacto de Unidad durante la Asamblea Constituyente, y hasta ahora eran un sólido apoyo al gobierno de Evo Morales. Las otras tres, la poderosa Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Confederación de Comunidades Originarias de Bolivia (CSCB) y la Federación de Mujeres de Bolivia Bartolina Sisa, siguen apoyando al gobierno.
Desde principios de año la CIDOB venía negociando con el ministro de Autonomías, Carlos Romero, la Ley Marco de Autonomías llegando al consenso en 50 artículos mientras en otros trece había diferencias[6]. Los puntos en desacuerdo fueron básicamente dos: los pueblos indígenas reclamaban que los acuerdos se aprobaran por usos y costumbres mientras el Estado exige referéndum. El segundo se refiere a los territorios indígenas que traspasan los límites departamentales, ya que los pueblos piden que las autonomías traspasen esos límites.
En el fondo se trata de una cuestión de soberanía: los pueblos de tierras bajas exigen que las comunidades tengan capacidad de vetar los emprendimientos que afecten a sus territorios, en particular las concesiones mineras e hidrocarburíferas, y que los asientos en la Asamblea Plurinacional se eleven de siete a 18. Iniciada la marcha el gobierno decidió negociar por separado con algunas regionales de CIDOB para dividir al movimiento. Por ese motivo, la marcha que partió de Trinidad el 22 de junio se detuvo días después en Asunción de Guarayos, a 400 kilómetros de Santa Cruz, donde una delegación oficial llegó a un acuerdo de ocho puntos con CIDOB[7].
La segunda estrategia del gobierno fue lanzar indios contra indios. Evo Morales acudió a una asamblea de los seis sindicatos de cocaleros que repudiaron la marcha de CIDOB y se mostraron dispuestos a impedirla[8]. El ex vocero del gobierno, Alex Contreras Baspineiro, apuntó que “antes de encontrar una solución pacífica y concertada, el gobierno comenzó una campaña mediática millonaria para tratar de desacreditar la movilización indígena[9]. “En cinco años de gobierno, nunca se había visto este tipo de división y menos las amenazas de enfrentamiento”, agregó.
La tercera fue la difamación, al acusarlos de estar financiados por USAID. Por eso el presidente de CIDB, Adolfo Chávez, no sólo rechazó la acusación y recordó que los marchistas tienen problemas de alimentación y medicamentos, sino que desafió al gobierno: “Retamos al gobierno a que expulse del país a la USAID y veremos quienes son los afectados”[10].
Contreras es un reconocido periodista social boliviano que acompañó la I Marcha Por el Territorio y la Dignidad, en 1990, que supuso el comienzo de la recomposición de los movimientos en pleno período neoliberal. Por su compromiso y su especial cobertura de las marchas indígenas fue homenajeado por los principales medios del país. En esa marcha que se inició también en Trinidad conoció a Pedro Nuni, representante del pueblo mojeño y ahora diputado del MAS, quien le dijo que “algunos ministros del gobierno indígena nos están haciendo enfrentar a indígenas contra indígenas”[11].
Uno de los resultados de la marcha es que el gobierno perdió su mayoría de dos tercios en el parlamento (111 votos sobre 166), ya que ocho diputados indígenas decidieron alejarse del MAS (Movimiento al Socialismo). En suma, Contreras cree que si el gobierno persiste en no negociar puede estar en peligro la propia gobernabilidad del país. Por eso cree que no hace falta “un enfrentamiento entre organizaciones indígenas, ni la satanización de algunos dirigentes”, sino sobre todo negociar y “rescatar un pilar de este proceso de cambio: la cultura de la vida, de la paz, del diálogo y la concertación social”[12].
Sin embargo, el gobierno rechazó las principales demandas de la CIDOB, argumentando que si lo hiciera violaría la Constitución. El ministro Romero argumentó que algunas de esas demandan “no respetan los derechos de todos los bolivianos”, porque sólo benefician a ese sector, y que no se les puede dar a los pueblos mayor representación que el porcentaje de población que representan en el país[13]
La CONAIE contra Correa
El 25 de junio se realizó la cumbre de presidentes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), uno de cuyos temas centrales fue la cuestión de la plurinacionalidad. La reunión de los ochos presidentes se realizó en Otavalo, unos 60 kilómetros al norte de Quito, una ciudad mayoritariamente quichua. Pese al tema que se iba a debatir, las organizaciones indígenas no fueron invitadas. Por eso la CONAIE decidió instalar en la misma ciudad su Parlamento Plurinacional, para denunciar que no puede haber plurinacionalidad sin los indígenas.
Unas tres mil personas realizaron una marcha pacífica por la ciudad, entre cantos y bailes que celebraban el Inty Raymi, el año nuevo andino, y a la vez recordaban el 20 aniversario del primer levantamiento indio, que comenzó el proceso de movilizaciones que finalmente llevó a Rafael Correa a la presidencia. La cumbre estaba protegida por policías a caballo que se espantaron al llegar los manifestantes, que alcanzaron la puerta del recinto para entregar una carta a su “hermano” Evo Morales.
Los indígenas están enfrentados al gobierno por la ley de aguas y las concesiones a las empresas mineras, lo que ha provocado numerosas movilizaciones, paros, bloqueos y levantamientos[14]. El conflicto entre la CONAIE y el gobierno no es nuevo, aunque ahora adquiere un tinte más grave por las acusaciones de la justicia contra los dirigentes. Al día siguiente de la cumbre, la fiscalía de la provincia de Imbabura, donde está Otavalo, inició una indagatoria contra las organizaciones indígenas.
En la misma se dice que “un grupo de ciudadanos de raza indígena” rompió el cerco policial donde se reunía la ALBA “gritando consignas que atentan contra la seguridad del orden público” y que el principal daño fue que a un policía le “sustraen las esposas”. Con ese fundamento se acusa a los dirigentes de CONAIE y Ecuarunari (la organización quichua de la sierra) nada menos que de “sabotaje y terrorismo”[15]. Se trata de una acusación de extrema gravedad que busca intimidar a los dirigentes.
Según el abogado y profesor universitario Mario Melo, el problema de fondo es que la presencia de la CONAIE fuera del recinto donde se reunían los presidentes “evidenció ante la opinión pública nacional e internacional que las organizaciones representativas de las nacionalidades y pueblos del Ecuador están siendo excluidas de la definición de políticas públicas que les competen”[16]. Por eso se produce una respuesta política disfrazada de acción jurídica, para “amedrentar y desmovilizar” a los movimientos.
Los dirigentes indígenas respondieron al desafío. Marlon Santi, presidente de la CONAIE, se presentó ante la fiscal para conocer los cargos y dar su versión. El 5 de julio un comunicado conjunto de Ecuarunari y CONAIE señala que las acusaciones de terrorismo carecen de fundamento jurídico y que se trata de “una persecución política al movimiento indígena y a los dirigentes por el simple hecho de discrepar con las políticas del gobierno”[17].
El comunicado recuerda que el artículo 98 de la nueva Constitución reconoce el “derecho a la resistencia” cuando estén amenazados los derechos. Y finaliza con una frase que anticipa más confrontaciones: “Los procesos judiciales contra los dirigentes no hacen otra cosa que evidenciar la bajeza de espíritu de los gobernantes y una grave amenaza para la democracia y la paz de los y las ecuatorianas”.
Pérez Guartambel, presidente de la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del Azuay (Cuenca), también fue acusado de sabotaje y terrorismo a raíz de una masiva protesta en su pueblo, Tarqui, el 4 de mayo. El Frente de Mujeres Defensa de la Pachamama, por su parte, formula denuncias similares. Todo indica que el proceso que se vive en Ecuador implica una ruptura profunda entre movimientos y gobierno, cuestión que en Bolivia no ha llegado tan lejos.
Hay un abismo que los separa, cuya línea divisoria es el proyecto de país y el denominado “desarrollo”. Correa está convencido que la mayor amenaza a su proyecto, que denomina “Socialismo del siglo XXI, viene de lo que él denomina la izquierda “infantil” y grupos ambientalistas e indígenas que, dice, rechazan la modernidad. Por eso critica al que “le dice no al petróleo, a las minas, a no utilizar nuestros recursos no renovables. Eso es como un mendigo sentado en un saco de oro”[18].
El Estado Plurinacional en cuestión
Los procesos políticos y sociales en los dos países son como dos gotas de agua. Ambos aprobaron un Estado Plurinacional y nuevas constituciones, pero a la hora de aplicarlas encuentran fuertes trabas. Son las bases sociales indígenas y de los sectores populares urbanos, que llevaron al gobierno a Evo Morales y a Rafael Correa, las que están resistiendo a “sus” gobiernos. En los dos casos, los gobiernos optaron por el extractivismo minero y petrolero para asegurarse ingresos fiscales, en vez de apuntar hacia el Buen Vivir como dijeron en su momento.
La FEJUVE (Federación de Juntas Vecinales de El Alto), una de las más importantes organizaciones sociales de Bolivia, emitió un duro documento, el Manifiesto Político del XVI Congreso Ordinario[19]. Dice que “pese a tener un presidente indígena como es Evo Morales, el Estado sigue gobernado por la oligarquía criolla” ya que “sigue manteniendo el sistema económico capitalista y el sistema político neoliberal”. Asegura que el pueblo pobre sigue siendo “dominado políticamente”, “explotado económicamente” y “marginado racial y culturalmente”.
Más grave aún. “El gobierno del MAS, luego de asumir el mando, sólo ha utilizado a los pueblos indígenas y sectores populares para sus campañas políticas, pero éstos siguen siendo excluidos de las decisiones políticas y son utilizados solamente por el gobierno para legitimarse y encaramarse en el poder”. Además exige que el gobierno no se entrometa en las organizaciones sociales, que haya un cambio en la conducta del vicepresidente Alvaro García Linera y su entorno, que define como “enemigos de la clase campesina e indígena”, y apoya la marcha de los pueblos de oriente.
El tono y el contenido son muy fuertes. La FEJUVE no es cualquier organización, sino una de las protagonistas de la Guerra del Gas, en octubre de 2003, que provocó la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada y hundió el neoliberalismo. Ahora evalúa pedir la renuncia de Evo. En Ecuador, la CONAIE es también muy importante, fue la protagonista de una decena de levantamientos desde 1990, derribando tres gobiernos. Una ruptura con estas organizaciones es muy grave para cualquier gobierno, más aún para quienes se apoyan en ellas.
En el fondo, están naciendo las primeras grietas en el Estado Plurinacional, un edifico que aún no se ha terminado de construir. ¿Porqué surgen esas grietas? Porque hay una potente disputa de poder, ya que los pueblos originarios no tienen porqué aceptar el marco del Estado-nación, que es a lo que se remite el Estado Plurinacional. En este punto aparecen dos miradas que intentan dar cuenta de los procesos en curso.Alberto Acosta, economista ecuatoriano y ex presidente de la Asamblea Constituyente, estima que se atraviesa el proceso de aprobar las leyes que aterricen el texto en la vida cotidiana. Si eso no se hace, la Constitución por más avanzada que sea queda en nada. El problema es que el presidente Correa cree que las leyes de agua y comunicación no son importantes, lo que para Acosta es tanto como decir que “la Constitución no es fundamental ni prioritaria”. Se pregunta: ¿Será acaso que la Constitución comienza a convertirse en camisa de fuerza para el presidente Correa?”[20].
Cree que la oposición de derecha, que se opuso a la Constitución, está obstaculizando cada ley para impedir cualquier avance. Por otro lado, “la manera de gobernar de Correa, que es un liderazgo atropellador en esencia, no da espacio para el debate”. La conclusión es que la Constitución que iba a refundar el país, “está atada a un manejo político que no garantiza su plena vigencia”. La sociedad no la defiende, pero desde el gobierno “hay una suerte de contrarrevolución legal”.
El escritor y filósofo boliviano Rafael Bautista sostiene que refundar el Estado en Bolivia sin potenciar las naciones originarias es no cambiar nada o “pura cosmetología”. Pero si no hay refundación, o sea descolonización, “lo que acontece es una pura recomposición del carácter señorial del Estado”[21]. En suma, más Estado colonial asentado en la creencia de la superioridad sobre los indios que se perpetúa en el Estado Plurinacional, porque es un modelo que en los hechos no ha sufrido modificaciones.
Bautista dice que “el cambio ya no consiste en una transformación de los contenidos del nuevo Estado”, sino en “una adecuación subordinada de lo plurinacional a las necesidades funcionales de la institucionalidad estatal”. Esto es, precisamente, lo que revela la marcha: el sentimiento de superioridad sobre los indios (son manipulados, no actúan por ellos mismos, dice el gobierno) y la imposibilidad de que el Estado deje de estar “arriba” y en el centro.
La esencia de lo plurinacional pasa por una ampliación del ámbito de decisiones, una ampliación del poder. “Lo plurinacional no quiere decir suma cuantitativa de los actores, sino el modo cualitativo de ejercer la decisión: somos efectivamente plurales cuando ampliamos el ámbito de decisión”. Y eso es lo que no sucede, por eso Bautista dice que el gobierno actual “manda mandando, no manda obedeciendo”.El gobierno no traspasa poderes a los pueblos originarios sino que los desconcentra entre gobernaciones y alcaldías, o sea reproduce la lógica de los privilegios porque desde la Colonia esos son los espacios de las elites locales. La marcha está mostrando una renuncia a transformar el Estado para limitarse a mejorar su performance, lo que se implica “la actualización de la paradoja señorial”, concluye Bautista. La marcha indígena no hace más que mostrar la desnudez de la proclamada descolonización del Estado.
Los pueblos originarios, que crearon las nuevas condiciones para su libertad, no van a seguir tolerando la marginación política. Saben que los Estados necesitan explotar los recursos naturales para pagar sus cuentas. Pero también saben que esa lógica los conduce a la destrucción. Por eso se han puesto en marcha: porque tuvieron la fuerza para frenar el neoliberalismo y ahora no quieren perder la oportunidad.
Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe cada mes para el Programa de las Américas (www.cipamericas.org)
RecursosAlberto Acosta, “Rafael Correa nos invita a violar la Constitución”, diario Expreso, Guayaquil, 26 de junio de 2010.Alex Contreras Baspineiro, “Indígenas contra indígenas”, ALAI, 29 de junio de 2010.Andrés Soliz Rada, “Evo y Usaid”, Bolpress, 3 de julio de 2010.FEJUVE El Alto, “Manifiesto político del XVI Congreso Ordinario”, 27 de junio de 2010.“Lucha Indígena” No. 47, julio de 2010, Cuzco.María José Rodríguez, “El iceberg tras las luchas por los recursos”, Bolpresss, 2 de julio de 2010.Mario Melo, “La justicia penal como arma de represión política”, Red de Comunicadores Interculturales Bilingües del Ecuador, 1 de julio de 2010.Patricia Molina, “Crónica d ela VII Marcha Indígena por la autonomía y ladignidad”, Bolpress, 7 de julio de 23010.Rafael Bautista, “Bolivia: ¿Qué manifiesta la marcha indígena?”, Bolpress, 30 de junio de 2010.[1] Telesur TV, en www.telesurtv.net 25 de junio de 2010.[2] “La mano de EE.UU. en el conflicto indígena”, en www.prensamercosur.com.ar 2 de julio de 2010.[3] La Jornada, 26 de junio de 2010.[4] Andrés Soliz Rada, “Evo y USAID”, Bolpress, 3 de julio de 2010.[5] Son mojeños, guaraníes, trinitarios, tacanas, izozeños, yukis, mosetenes, guarayos, sirionós, y matacos entre otros.[6] Patricia Molina en Bolpress, 7 de julio de 2010.[7] “Detienen temporalmente la marcha indígena”, Bolpress, 7 de julio de 2010.[8] Agencia Boliviana de Información (ABI) 5 de julio de 2010.[9] “Indígenas contra indígenas”, ALAI, 29 de junio de 2010.[10] Idem y agencias.[11] Idem.[12] Idem.[13] Agencia Boliviana de Información, 8 de julio de 2010.[14] Ver “Ecuador: Se profundiza la guerra por los bienes comunes”, Programa de las Américas, 19 de octubre de 2009.[15] Mario Melo, “La justicia penal como arma de represión política”, 1 de julio, www.redci.org[16] Idem.[17] “La ‘revolución ciudadana’ persigue a los dirigentes indígenas y sociales del país”, CONAIE y Ecuarunari, 5 de julio de 2010.[18] Agencia Reuters, 6 de julio de 2010.[19] FEJUVE, 27 de junio de 2010 en www.alminuto.com.bo[20] Entrevista a Alberto Acosta en Expreso, Guayaquil, 26 de junio de 2010.[21] Rafael Bautista, “¿Qué manifiesta la marcha indígena?”, Bolpress, 30 de junio de 2010.
OPINION
IZQUIERDA Y DIVERSIDAD
Página 12 de Argentina (www.pagina12.com.ar)
Ni el pluralismo ni la apertura eran características propias de la izquierda clásica, que tendía a ignorar a las minorías, prestaba poca atención a las demandas particularistas y nunca contempló a la discriminación como un verdadero problema.
Algunos ejemplos latinoamericanos ilustran esta afirmación. La Revolución Nacional Boliviana de 1952, que algunos califican como la más radical del siglo XX en Sudamérica, encaró un breve pero muy ambicioso proyecto de inclusión social, con base en los sindicatos mineros, que produjo algunos avances notables, como la nacionalización de los recursos naturales, el voto universal y el reemplazo del ejército por milicias de obreros y campesinos. Y si bien es cierto que eliminó algunas normas segregacionistas (los indígenas, por ejemplo, tenían prohibido pisar la Plaza Murillo, equivalente paceño de la Plaza de Mayo), lo hizo a partir de un proyecto de homogeneización en clave mestiza, al estilo de la Revolución Mexicana, dentro del cual la cuestión étnica no ocupaba ningún lugar.
Otro ejemplo. Entre febrero de 1981 y diciembre de 1983, después de derrocar a la dictadura más longeva de Centroamérica, el gobierno de Daniel Ortega, en su afán de imponer la reforma agraria y eliminar cualquier vestigio de resistencia somocista, chocó contra la resistencia de las comunidades de indígenas miskitos de la orilla del Río Coco. Con el argumento de que muchos de ellos colaboraban con la Contra, el sandinismo forzó una relocalización masiva. Los miskitos denunciaron varios episodios de represión, en particular el conocido como “Navidad roja”, que derivó en el exilio de 10 mil indígenas a Honduras. Algunos de estos acontecimientos se encuentran razonablemente documentados y le valieron acusaciones a Ortega en tribunales locales, así como una advertencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pero el caso más interesante es, sin dudas, el de Cuba, que siempre consigue ubicarse en los extremos. En 1961, dos años después de la toma del poder, el gobierno de Fidel Castro lanzó una serie de redadas masivas en La Habana con el objetivo de detener, según la documentación oficial, a pederastas, prostitutas y homosexuales. Este proceso llegó a su punto máximo en 1965, con la organización de las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), que funcionaron como campos de trabajo forzado de aquellos considerados “antisociales”, entre los que se incluía a militantes católicos, testigos de Jehová y homosexuales. Para estos últimos se sancionó la Ley de Ostentación Homosexual, que permitía detenerlos sin mucho trámite. Como explica la investigadora cubano-americana Frances Negrón-Muntaner (“Mariconerías de Estado”, Nueva Sociedad 218), el machismo caribeño, el estalinismo soviético y el catolicismo español se conjugaron para crear una poderosa “homofobia de Estado”, que también se explica por la identificación de los homosexuales con el turismo estadounidense prerrevolucionario, considerado burgués y decadente.
Por supuesto, sería injusto reclamarles a los viejos comandantes revolucionarios que se pusieran al día con demandas de inclusión étnica, reconocimiento a las minorías sexuales o aceptación de la diversidad que recién estaban comenzado a surgir. Sin embargo, detrás de estos ejemplos aparentemente aislados hay un hilo invisible, un motivo estructural por el cual los ciclos de transformación más radical del siglo XX latinoamericano excluyeron sistemáticamente este tipo de planteos: me refiero a la idea, propia de un izquierdismo superficial, de que la igualación económica acabará de manera mecánica con todas las demás inequidades, y que, por lo tanto, cabe sólo ocuparse de esta primera y fundamental desigualdad, pues el resto viene después, automáticamente.
Es esta noción la que ha cambiado. La globalización, la fragmentación social y la expansión de las nuevas tecnologías de la comunicación, entre otros macrofenómenos contemporáneos, definen un mundo completamente distinto al del pasado, y a menudo contradictorio: las tendencias actuales uniformizan (sobre todo el consumo), pero también permiten un mayor conocimiento del otro, lo cual abre espacios de tolerancia que antes no existían; articulan grandes regiones económicas (ahí están los esfuerzos integracionistas tipo Mercosur) pero también implican una revalorización de lo local; borronean las fronteras nacionales (mediante, por ejemplo, las migraciones masivas) pero a la vez cargan al Estado-nación de una cantidad inédita de demandas; producen nuevas formas de exclusión, pero también una horizontalización de las relaciones sociales (lo que Manuel Castells denomina la “sociedad red”).
En América latina, estas transformaciones se produjeron en simultáneo con las primaveras democráticas experimentadas entre mediados de los ’80 y principios de los ’90. Así, los movimientos propios del mundo globalizado –indígenas, feministas, de afrodescendientes, etc.– se superpusieron, y a veces se articularon, con aquellos nacidos de la resistencia a las dictadura militares (fudamentalmente de derechos humanos).
La izquierda ha sido permeable a estos cambios. Hoy, además de las clásicas cuestiones de desigualdad económica y social, incluye en su agenda los temas de etnia y raza, género, diversidad cultural y sexual, ecología. Esto define un abanico de temas más amplio, diseñado un poco para adaptarse a los nuevos tiempos y otro poco como respuesta a un argumento tan evidente como novedoso: las diferentes desigualdades complementan o potencian la clásica desigualdad social, tal como revela el repaso de algunos datos básicos: en Brasil, por poner un ejemplo entre miles, la tasa de desempleo de los hombres blancos en 2006 era de 5,6 por ciento, la de los hombres negros de 7,1, la de las mujeres blancas de 9,6, y la de las mujeres negras de 12,5; ese mismo año, la informalidad laboral afectaba a 42,8 por ciento de los hombres blancos y, en el otro extremo, a 62 por ciento de la mujeres negras, y ni siquiera la educación alcanza a nivelar estas diferencias: a igual nivel de instrucción, los hombres negros reciben 73,9 por ciento de los ingresos de los blancos y las mujeres negras 54,9 (todos los datos son de IPEA).
Este tipo de estadísticas confirma la idea de que las desigualdades se reatroalimentan y que para acabar con una es necesario enfrentarlas a todas. Y ya sea por esta constatación, o por la necesidad de dar cuenta de la nueva agenda globalizada, lo cierto es que, como sostiene el politólogo uruguayo Daniel Chávez, el derecho a la diferencia comenzó a ocupar un lugar tan relevante como el derecho a la igualdad en el imaginario de la izquierda.
Apenas asumió el gobierno, en enero de 2003, Lula creó la Secretaría de la Mujer, orientada a impulsar políticas de igualdad de género, y en 2009 la convirtió en ministerio. También creó la Secretaría Especial de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial, que implementa una serie de medidas de “acción afirmativa”, como cupos para negros e indígenas en las universidades públicas, exenciones fiscales para los centros de estudios privados que incluyan cierto porcentaje de estudiantes negros y cuotas en el empleo público. Aunque no asistió a la última reunión de la Asociación Brasilera de Gays, Lesbianas y Trans, Lula envió una carta en la que ratifica su apoyo a la organización y recuerda las leyes antidiscriminación impulsadas por su partido, en particular por Marta Suplicy, médica sexóloga, ex alcaldesa de San Pablo y conocida militante por los derechos de las minorías sexuales.
En Uruguay, el Frente Amplio consiguió la aprobación de la unión concubinaria, el cambio de sexo en el registro civil y una norma que habilitaría la adopción legal por parte de parejas homosexuales. En Chile, Michelle Bachelet cumplió su promesa de gobernar con un gabinete integrado en partes iguales por hombres y mujeres, impulsó una ley para equiparar la representación de género en los partidos políticos y una campaña de educación sexual en los colegios y de anticoncepción de emergencia en los hospitales públicos.
El régimen cubano, cuya capacidad de sintonizar los nuevos tiempos nunca conviene subestimar, derogó las leyes discriminatorias e incluso lanzó una ambiciosa y muy moderna política de inclusión de las minorías sexuales desde el Centro Nacional de Educación Sexual, cuya directora es nada menos que Mariela Castro, la hija de Raúl.
Por supuesto, no se trata de avances lineales. Dos años atrás, Tabaré Vázquez vetó la ley de despenalización del aborto aprobada por un acuerdo interpartidario impulsado por su propia coalición; Bachelet ha sido acusada por las organizaciones gays chilenas de hacer poco y nada en defensa de sus derechos; el PT, en cuyo origen se encuentran corrientes de cristianismo de base, se niega a hablar de aborto, y alcanza con echarles un vistazo a las blancas caras de la nomenklatura cubana para comprobar que la desigualdad racial está lejos de haberse resuelto.
En Bolivia, la Justicia comunitaria, que la reforma impulsada por Evo Morales elevó a rango constitucional como complemento de la Justicia ordinaria (“occidental”), ha sido acusada de penalizar conductas propias de la vida privada, como el adulterio (femenino). Y aunque sus defensores insisten en que las versiones más arcaicas, en donde por ejemplo la mujer adúltera era sometida a un corte de pelo como escarmiento, no están ya vigentes, de todos modos hay que reconocer que puede generar problemas: la tensión entre derechos humanos universales y multiculturalidad, una de las grandes contradicciones del mundo contemporáneo sobre la cual viene advirtiendo con lucidez Carlos Escudé (aunque Escudé, occidentalista militante, piensa más en las sociedades islámicas).
Por otra parte, no sólo la izquierda ha asumido como propias este tipo de banderas. Algunos partidos de derecha moderna, como el Partido Liberal alemán, se muestran abiertos a las demandas de tolerancia a la diversidad, aunque, al mirar el resto de las fuerzas de derecha europeas (el integrismo del PP español, el conservadurismo de los tories británicos o el reaccionarismo de cabaret estilo Berlusconi), hay que reconocer que es una excepción.
En general, se trata de cuestiones que la izquierda ha asumido como propias, como se confirma en Argentina al repasar los alineamientos legislativos: el centroizquierda (Proyecto Sur, Encuentro, Socialismo) votó unánimemente a favor, el centroderecha (PRO, Peronismo Federal) mayoritaria, aunque no unánimemente, en contra, y los dos partidos de centro, radicalismo y peronismo, divididos.
En cuanto al rol del Gobierno, es cierto que la iniciativa original no fue elaborada por el Frente para la Victoria y que el apoyo fue transversal. Pero también es verdad que el Gobierno destrabó el proyecto primero y lo impulsó con fuerza después, y que sin ello difícilmente hubiera sido aprobado. Si se miran con atención los comentarios previos, es fácil comprobar que quienes están en contra del Gobierno pero a favor del matrimonio gay (legisladores socialistas y radicales, algunos periodistas de televisión) defendieron la tesis de que se trata de una iniciativa de todo el arco político, no atribuible exclusivamente al kirchnerismo, en tanto que aquellos que se oponen por igual al proyecto y al Gobierno (el diario La Nación, la Iglesia) acusaron a este último de presionar para su aprobación. Por si hacía falta, esto confirma el rol clave desempeñado por el kirchnerismo, que con esta decisión se sitúa a la altura de la más moderna izquierda latinoamericana.
SURAMÉRICA RECUPERA EL RASTRO DEL PLAN PARA EXTERMINAR A LA IZQUIERDA
Los actuales procesos por delitos de lesa humanidad en el Cono Sur se nutren de los archivos del 'Plan Cóndor', que detallan la operación de eliminación de opositores por las dictaduras de los 70.
Público de España (www.publico.es)
Es una de las huellas más siniestras que ha dejado la historia del siglo XX en el Cono Sur latinoamericano, pero tuvieron que pasar muchos años para que aquel horror, que intentó desvanecerse en la impunidad, quedara desvelado por su propia documentación.
Es el Plan Cóndor, el pacto de coordinación que existió entre las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay en las décadas de los setenta y ochenta. Los archivos existentes son hoy indispensables para conocer sus detalles, le otorgan una concreción, un rostro, una identidad. Su descubrimiento fue el único modo de acallar a quienes durante mucho tiempo negaban la existencia misma del plan o recelaban de un supuesto objetivo conjunto de aniquilar a todos los opositores a los regímenes dictatoriales derechistas de la región.
"El tributo generado por la represión en el Cono Sur fue de unos 50.000 asesinatos, 30.000 desaparecidos la mayoría en Argentina y 400.000 encarcelados. Entre los asesinados y los desaparecidos se cuentan unos 3.000 niños", según resume la periodista argentina Stella Calloni, autora de dos libros sobre el operativo, Los años del lobo y Operación Cóndor, pacto criminal. Calloni considera que el plan fue una política de Estado terrorista "cuya base estuvo diseñada en Washington".
Juicio a Videla
Muchos de los procesos sobre delitos de lesa humanidad que ahora se llevan a cabo en América Latina se nutren de expedientes que esclarecen al detalle el funcionamiento de un sistema represivo impecable.
El ex dictador argentino Jorge Rafael Videla, que ya tiene múltiples procesos abiertos en su contra, deberá en breve rendir cuentas en la causa del Plan Cóndor, elevada ya a fase de juicio. Los archivos, que mencionan su nombre como partícipe de aquel operativo criminal, pueden ser fundamentales a la hora de dictar sentencia.
Los documentos sobre el Plan Cóndor aparecieron allá por 1992, cuando una de las víctimas de la dictadura paraguaya de Alfredo Stroessner (1954-1989), Martín Almada, descubría en una comisaría lo que luego se conocería como los archivos del terror, los registros más completos sobre el pacto de las dictaduras que se han encontrado hasta ahora.
"Yo estuve por Europa tratando de saber por qué el ex dictador chileno Augusto Pinochet usó la palabra cóndor", relata Almada. "Al parecer, viene de España, de cuando Hitler envió la Legión Cóndor a tirar bombas sobre Guernica. Es ahí cuando por primera vez aparece ese nombre".
Gracias a las cuatro toneladas de archivos encontrados en Paraguay, se puede deducir que la operación Cóndor tenía dos cabezas. "El ejecutor fue Pinochet, pero el cerebro o mentor fue el ex secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger, que elaboró las bases de lo que sería el Plan Cóndor. Premiado con el Nobel de la Paz, Kissinger es el terrorista más grande del mundo, pues ordenó en aquellos años la limpieza del aparato del Estado, de la sociedad civil y la política de comunistas", aclara Almada. "Kissinger no puede viajar ahora a Europa, porque tiene un juicio abierto en Francia, y mucho menos a América Latina, porque yo he interpuesto una querella criminal en su contra", añade.
Otra de las personas que participó en el descubrimiento de los archivos del terror es María Stella Cáceres, directora del Museo de las Memorias, Dictadura y Derechos Humanos en Paraguay. "Gracias a estos archivos, se ha podido saber que el Plan Cóndor tiene su propia acta de creación, que es la convocatoria realizada por el ex dictador Augusto Pinochet para la reunión que se efectuó en octubre de 1975 en Santiago de Chile y a la que acudieron todos los jefes policiales de la región", explica.
"También se encuentra el organigrama de qué función le corresponde a cada país, el modus operandi e incluso los nombres de las personas que participaron. Así se pudo estudiar y leer la función de cada país", sostiene la experta.
"En los archivos añade, hay libros de guardia con las novedades de todo lo que ocurría en las comisarías: hay fichas de detenidos, al estilo nazi, que tienen la indicación de circulación internacional; hay informes de los delatores que iban a los distintos países e informes de los embajadores que seguían y delataban a ciudadanos en el exterior. Toda la vida del país estaba allí".
Casos trágicos como el de una maestra que delató a su alumno de 6 años por haber llevado a clase un diario del Partido Comunista aparecen igualmente entre los documentos.
Fotos de las torturas
El Plan Cóndor tuvo además la siniestra peculiaridad de completar las fichas policiales de los detenidos con fotos tomadas después de las sesiones de tortura. "En sí, los archivos son una radiografía de la vida de la gente y del país en aquellos años, y de cómo la intervención violenta partió por en medio a la comunidad paraguaya", añade la investigadora.
Los golpes de Estado se sucedieron en la segunda mitad del siglo XX en América Latina. El dictador Alfredo Stroess-ner sólo tuvo que esperar diez años desde que se hizo con el poder en Paraguay para ver cómo el Gobierno brasileño de Joao Goulart era derribado por un golpe militar. En 1971, le llegaría el turno a Bolivia de mano del general Hugo Banzer, que impondría una dictadura durante siete años. En 1973, el ataque del general Pinochet al Palacio de la Moneda acabó con la vida del presidente Salvador Allende, y con un incipiente socialismo que había llamado la atención de la CIA y que Pinochet se encargó de sepultar sin piedad.
También ese año comenzó la dictadura de Juan María Bordaberry en Uruguay. En 1975, se marcaba el inicio de otro régimen militar en Perú y, al año siguiente, Argentina dijo adiós a la democracia con el golpe de la Junta Militar encabezada por el general Jorge Videla, el cual daría paso a un régimen represivo que dejó 30.000 desaparecidos y un país sumido en el espanto.
Ya en democracia, los países de América Latina aprendieron a reconstruir su tejido social, y empezaron a surgir las preguntas de por qué, quiénes, y cómo. Se buscaron archivos sobre el Plan Cóndor, que aparecieron con el tiempo en Bolivia, en Brasil, en Perú, en Paraguay e incluso en Uruguay. Las naciones latinoamericanas volvían a hacer uso del intercambio de información, pero esta vez para ayudarse mutuamente a reconstruir un pasado que no querían dejar atrás.
"La verdad gruesa ya la tenemos", relata Alicia Pierini, Defensora del Pueblo de Buenos Aires, que ha investigado gran parte de la información relativa al Plan Cóndor. "Lo que vale es mostrar la cooperación de las Fuerzas Armadas entre sí en el marco de lo que era en ese momento la Doctrina de la Seguridad Nacional y los planes para América Latina, como la Escuela de las Américas".
Pero el proceso es lento. "La investigación sobre desapariciones es difícil, porque quien hace desaparecer los cuerpos, también hace desaparecer los rastros. Lo que se ha logrado hasta ahora es lo máximo que se podía conseguir. Yo creo que desde que se recompuso la democracia en Argentina no se ha cesado de investigar".
Este país es el que más personas ha llevado a juicio por crímenes de lesa humanidad. Hasta ahora, 649 personas han sido procesadas y 68 más han sido ya condenadas.
El camino a la Independencia
LA REBELIÓN AMERICANA DE 1810
El Espectador de Colombia (www.elespectador.com)
Hay años que parecen destinados. 1810 es uno de ellos, porque marca la historia de América Latina. Pero todo acontecimiento es producto de un proceso y 1810 no fue la excepción. Si bien el sueño de la Independencia fue un objetivo que cobró forma en el siglo XVIII con la Ilustración, los Derechos del Hombre, la Revolución Francesa o la República de Estados Unidos, el momento para concretarla tuvo como detonante un hecho inesperado: el apresamiento del rey de España y la invasión francesa de Napoleón Bonaparte a la Península Ibérica en 1808.
La reacción española se expresó básicamente en dos formas: la resistencia militar y la creación de juntas de gobierno en las distintas provincias, invocando la soberanía del rey Fernando VII y en oposición al ideario francés. Como era de esperarse, esta última postura política no demoró en trasladarse a las colonias. El primer movimiento se presentó en septiembre del mismo 1808, con la convocatoria a un cabildo abierto en Montevideo (Uruguay). Y rápidamente, en el alto Perú, con cierto sabor independentista, se dio la revolución de Chuquisaca en mayo de 1809.
Esta población, hoy llamada Sucre (Bolivia), era sede de la Real Audiencia y los criollos, en parte para neutralizar los rumores de que la infanta Carlota —hermana del rey Fernando VII— se tomara el poder a nombre de la junta de Sevilla (España) y también en radical oposición a Napoleón y los franceses, formaron una junta para gobernar a nombre del monarca español. Hacia julio, producto de un nuevo cabildo, en La Paz (Bolivia), se consolidó otra junta autónoma. Cuando España recobró su imperio, las tropas virreinales ahogaron en sangre este intento soberano.
Sin embargo, el frenesí independentista ya se había tomado América. El 10 de agosto de 1809, el turno le correspondió a Quito (Ecuador). La aristocracia criolla se reveló contra el gobierno colonial y declaró su junta soberana de gobierno. Ocho meses después, el 19 de abril de 1810, en Caracas (Venezuela), los patriotas destituyeron al jefe militar de la capitanía y crearon su junta suprema. Y el 25 de mayo del mismo año, la hora le llegó a Buenos Aires, donde el virrey tuvo que entregar el mando a una junta autónoma. Con más o menos distancia frente a Fernando VII, la idea era alejarse de Francia y acariciar la libertad.
Obviamente, esta oleada social y política no demoró en asomarse al virreinato de la Nueva Granada (hoy Colombia) y le cabe a la ciudad de Cali el privilegio de ser la primera ciudad que dio su grito de independencia. Ocurrió el 3 de julio de 1810, 17 días antes de Santafé de Bogotá. El cabildo caleño aprobó el Acta de Emancipación del Consejo de Regencia de España y se organizó como junta suprema. Y después vino la junta provincial del Socorro (Santander), el 11 de julio. Su idea fue respirar un nuevo aire de libertad frente al corregidor, sin tomar distancia total del virrey. Así quedó consignado en el acta.
Con estos antecedentes, en Santafé de Bogotá, ocurrieron los hechos del 20 de julio de 1810. Primero, el pretexto del Florero de Llorente, después el cabildo extraordinario y luego la junta suprema de gobierno que reemplazó el virreinato, se declaró independiente del Consejo de Regencia y dio el primer paso hacia la distancia absoluta frente a Fernando VII. A los tres días se creó el primer batallón patriota, antes de un mes el virrey Amar y Borbón iba camino a España y, antes de concluir 1810, ya sesionaba el primer congreso de las provincias del Nuevo Reino de Granada que le abrió el camino al Colegio Constituyente y a la primera Carta Política.
La fiebre de las juntas se amplió con entusiasmo. El 6 de agosto de 1810, Mompox declaró su independencia de España. El 10 de agosto, el cabildo de Santa Marta sesionó de forma extraordinaria. Un día antes lo hizo Cartagena, pero hasta el 11 de noviembre de 1811 se declaró independiente. Acciones semejantes vinieron luego en Cauca, Cundinamarca y Antioquia. Simultáneamente, en México, el 16 de septiembre, el cura Miguel de Hidalgo emprendió una revolución popular con indios y mestizos, y dos días después, en Santiago de Chile, hubo junta suprema. La libertad de América cobró forma en las primeras repúblicas.
HIPOTERMIA DEJA 15 MUERTOS
Hoy de Ecuador (www.hoy.com.ec/noticias-ecuador)
La ola de frío que se extiende por la Argentina, Chile, el Uruguay, Bolivia, el Paraguay, el sur de Perú y la región amazónica del Brasil ya ha dejado al menos 15 muertes a su paso por estos países.
La zona más afectada por el frío es el sur argentino, en donde el intenso invierno ha provocado nevadas en regiones en donde no se producían desde hacía al menos tres décadas. Esto ha causado al menos 10 muertes por hipotermia, debido a las bajas temperaturas que se han ubicado en menos 14 grados al sur de la Argentina y menos 5,6 grados en el Uruguay.
Todos los fallecidos por hipotermia han sido indigentes que no tiene donde refugiarse del intenso frío. A estas muertes se suman otros 33 fallecimientos por intoxicación con monóxido de carbono, debido al uso de sistemas precarios de calefacción.
Mientras tanto, en el Uruguay, en donde ya se registran dos muertes por hipotermia, la Dirección Nacional de Meteorología mantiene una alerta de color amarillo. En Bolivia, se han suspendido las clases hasta el miércoles próximo para evitar que los estudiantes adquieran enfermedades.
El descenso de la temperatura también ha generado un incremento en el consumo de la energía eléctrica y de gas en estos países, además que se presenta una mayor demanda de los aparatos de calefacción.
Como consecuencia, ya existen pérdidas en la economía de la Argentina pues, debido a la alta demanda de gas, el Gobierno ha recortado el suministro a industrias. Las más afectadas son aquellas que no pueden utilizar combustibles alternativos, según informa diario español El Mundo.
Por otro lado, la crisis energética argentina repercute en dos países vecinos que se abastecían de su gas. El Paraguay ha comenzado a racionar la venta de gas licuado de petróleo. En el Uruguay, 10 industrias se quedaron sin suministro, por lo que han importado cerca de 5 000 toneladas de gas de los EEUU. La ola de frío ha dejado hasta el momento 15 muertes: 10, en Argentina; 2, en Uruguay; 2, en Bolivia; y uno, en Paraguay.
En una entrevista que publicó ayer el diario El Mercurio sobre sus primeros cuatro meses en el Gobierno, el mandatario chileno destacó "el clima de confianza" que se ha generado con Bolivia, al referirse a la primera reunión de trabajo celebrada entre ambos países desde que llegó a La Moneda, el pasado marzo.
"Pero evidentemente, y como se lo dije al Vicepresidente de Bolivia cuando nos visitó en Santiago, Chile tiene la mejor disposición de facilitar el acceso de Bolivia a través de los puertos chilenos a todo el mundo, y vamos a ser muy creativos y perseverantes en facilitar ese acceso al mar. Pero sin duda que tenemos ciertas restricciones, particularmente en lo que se refiere a soberanía", dijo Piñera.
En La Paz, Roberto Finot, ex Cónsul General de Bolivia en Chile, afirmó que esta nueva declaración de Piñera no tiene que llamar la atención a los bolivianos en lo más mínimo, porque sólo está ratificando una posición que ya asumió en agosto de 2007 la ahora ex Presidenta Michelle Bachelet.
"Piñera está diciendo lo mismo, que está dispuesto a facilitar a Bolivia acceso al mar pero sin soberanía", dijo Finot, al indicar que es una oportunidad perdida de avanzar con negociaciones con la gestión de la ex Presidenta chilena.
Esta semana se produjo la primera reunión de trabajo entre Chile y Bolivia en lo que va del mandato de Piñera en Bolivia y el Presidente chileno destacó en la oportunidad ese encuentro.
"En primer lugar, quiero reconocer y destacar el clima de confianza mutua que se ha generado. Tengo una muy buena opinión del Presidente Evo Morales, y hemos logrado desarrollar una relación de confianza y de franqueza entre los dos, que yo aprecio y destaco", sostuvo Piñera.
Agregó que de esta primera reunión entre los Vicecancilleres, se lograron resultados muy fecundos. En primer lugar, se puso en marcha el tren Arica-La Paz, que ya está licitado, para favorecer el comercio de Bolivia a través del puerto de Arica. Se logró un acuerdo para habilitar el puerto de Iquique, que sea otro puerto al servicio del comercio internacional boliviano.
"Logramos también un acuerdo para cerrar las fronteras contra la droga. Recordemos que en Perú y Bolivia se produce el 50% de la cocaína del mundo y que está penetrando a Chile y destruyendo a nuestra juventud. Éste va a ser un acuerdo muy importante para ganar la batalla contra la droga", enfatizó.
Puntualizó que del mismo modo se acordó la instalación de un agregado policial de Chile en La Paz para facilitar este trabajo. "Se puso en marcha la comisión mixta de drogas, que hacía años que no funcionaba. Por lo tanto, estamos avanzando".
BOLIVIA TENDRÍA SALIDA AL MAR POR CHILE
Revista Generación de Chile (www.generaccion.com)
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, remarcó hoy la voluntad de su gobierno de trabajar a favor de darle las facilidades a Bolivia para que tenga un acceso al Oceáno Pacífico, pero aclaró que este será con ciertas restricciones sobre la soberanía.
En una entrevista que publica hoy el diario El Mercurio, Piñera precisó que Chile facilitará dicho acceso a Bolivia a través de los puertos chilenos a todo el mundo. “Vamos a ser muy creativos y perseverantes en facilitar ese acceso al mar. Pero sin duda que tenemos ciertas restricciones, particularmente en lo que se refiere a soberanía”, subrayó el mandatario chileno.
De esta manera respondió sobre los resultados alcanzados durante la reunión de vice cancilleres de Bolivia y Chile, que concluyó el pasado jueves, 15 de julio, en la ciudad de La Paz. En esa cita se pasó revista a la agenda de trece puntos establecida en 2006 por los Gobiernos de Michelle Bachelet y Evo Morales, en la que por primera vez se incluyó la demanda boliviana de un acceso al Pacífico, que el país andino perdió en una guerra del Siglo XIX.
Piñera, que destacó la buena opinión que tiene del presidente Morales, aseguró que en la reunión se obtuvieron resultados “muy fecundos”, como la reactivación del ferrocarril Arica-La Paz y la habilitación del puerto de Iquique como nuevo foco del comercio internacional boliviano, así como un acuerdo para cerrar la frontera común al tráfico de drogas.
PIÑERA ESTÁ DISPUESTO A DAR ACCESO AL MAR A BOLIVIA
El presidente chileno, Sebastián Piñera, declaró que está dispuesto a facilitar el acceso marítimo a Bolivia a través de sus puertos, aunque con determinadas restricciones, y valoró positivamente las relaciones bilaterales "de confianza y de franqueza" con el presidente boliviano, Evo Morales, de quien Piñera asegura tener una "buena opinión".
EUROPA PRESS de España (www.ecodiario.eleconomista.es)
El presidente chileno, Sebastián Piñera, declaró que está dispuesto a facilitar el acceso marítimo a Bolivia a través de sus puertos, aunque con determinadas restricciones, y valoró positivamente las relaciones bilaterales "de confianza y de franqueza" con el presidente boliviano, Evo Morales, de quien Piñera asegura tener una "buena opinión".
"Chile tiene la mejor disposición de facilitar el acceso de Bolivia a través de los puertos chilenos a todo el mundo, y vamos a ser muy creativos y perseverantes en facilitar ese acceso al mar. Pero sin duda que tenemos ciertas restricciones, particularmente en lo que se refiere a soberanía", afirmó Piñera en una entrevista al diario chileno 'El Mercurio'.
Piñera coincide en que en la reunión del pasado lunes entre los viceministra de Exteriores boliviana, Mónica Soriano, y su homólogo chileno, Fernando Smith, sobre una agenda de trece puntos concluyó con resultados fructíferos.
De la reunión Piñera destaca la puesta en marcha del plan de construcción de una línea ferroviaria entre la ciudad portuaria de Arica y el acuerdo para habilitar el puerto de Iquique para que también dé servicio comercial a Bolivia, además de la firma un convenio para frenar el tráfico de drogas transfronterizo y la apertura de una comisión mixta antidrogas, que no funcionaba desde hace años.
UN MAGNATE BOLIVIANO APUESTA POR EL FUTURO DEL LITIO
Con un fondo ETF, encontró una manera de invertir en el metal que no cotiza en ninguna bolsa
La Nación de Chile (www.lanacio.com.ar)
Considerémoslo un fondo ETF hecho a medida.
Durante un tiempo, el magnate boliviano de telecomunicaciones R. Marcelo Claure pasó apuros para encontrar la manera de hacer una sólida apuesta por el litio. Un fondo de cobertura en el que invierte le propuso una.
El fondo, MC Capital Advisors, recurrió este año a una compañía que crea fondos de inversión que cotizan en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés). El resultado fue Global X Lithium, un ETF que sigue a los productores de este metal blando y los fabricantes de baterías, cuyo debut está programado para esta semana.
MC Capital aportó el capital inicial para que Global X Management Co., con sede en Nueva York, pusiera en marcha el fondo ETF, por lo que recibirá la mitad de las ganancias que genere.
Global X Lithium es un caso bastante inusual dentro de la creación de fondos ETF. Pero también forma parte de una tendencia en que las firmas de ETF unen fuerzas con otras para lanzar fondos que sigan partes cada vez más crípticas de los mercados financieros. Normalmente, los fondos ETF son valores que se pueden comprar y vender fácilmente, diseñados para seguir un índice de acciones, bonos o materias primas.
Claure, de 39 años, asegura que había pasado años buscando una manera fácil de invertir en litio. Es el fundador de Brightstar Corp., uno de los mayores distribuidores de teléfonos celulares del mundo, con US$3.000 millones en ingresos en 2009. Sus raíces lo llevaron a interesarse por el litio, dice, porque Bolivia tiene una de las mayores reservas del mundo.
Este metal altamente reactivo no se cotiza en ninguna bolsa de materias primas. Las compañías que lo producen suelen ser grandes multinacionales donde el litio representa una pequeña porción de sus negocios, o nuevas mineras que están todavía a años de empezar a producir.
Aunque el litio es comúnmente usado para baterías de celulares y otros electrónicos, su futuro más prometedor parece estar en los autos eléctricos. El modelo Roadster de Tesla Motors Inc., por ejemplo, funciona con miles de pequeñas células de batería de litio.
Los precios del litio se han triplicado desde 1999, según Credit Suisse. Se espera que la demanda global por el metal se más que duplique para fines de esta década, calcula TRU Group Inc., una consultora canadiense.
Entre los ETF que serían lanzados próximamente en Estados Unidos se destacan fondos diseñados para seguir pequeñas compañías en Tailandia, productores de metales raros como el galio y el selenio, y acciones de compañías relacionadas a la pesca.
"Cada vez es más difícil producir nuevas ideas que sean simples, obvias y buenas", sostiene John Hyland, director de inversiones de U.S. Commodity Funds, que maneja ocho fondos ETF de energía. La compañía de Hyland está a punto de estrenar un ETF diseñado para seguir las materias primas cuyos contratos actuales estén operando a un precio superior a los contratos a futuro, generalmente una señal de escasez de suministros, además de tendencias a largo plazo.
Todas estas nuevas firmas están reaccionando ante una creciente demanda de fondos ETF. En EE.UU., a fines de junio había 914 fondos ETF que cotizaban en bolsa, un alza de 21% frente al año anterior, según la National Stock Exchange, un proveedor de información financiera. Desde 2007, los ETF han recaudado US$480.000 millones en flujo de efectivo neto, llevando los activos totales a US$780.000 millones.
Al principio, los ETF se basaban en amplios índices como el Standard & Poor?s 500, pero luego se expandieron para abarcar grupos industriales y mercados como los del oro y el petróleo. Ahora están buscando nichos más pequeños.
En febrero, Guillermo Trías, gerente de portafolio de MC Capital, llamó a Global X para sugerirle la idea de crear un ETF relacionado al litio. El fondo de cobertura no estuvo implicado en los detalles específicos de la configuración del índice ni contará con acceso privilegiado a ninguno de los datos con los que operará el fondo, señalo Trías.
"Lo que todos quieren es construir el mejor y más representativo índice para el litio", afirma Bruno del Ama, presidente ejecutivo de Global X. Según él, la firma de Nueva York ya estaba contemplando la creación de un fondo semejante. Global X contrató a Structured Solutions AG para desarrollar un índice que abarcara unas 20 compañías. Claure dice que ve el litio como "la materia prima del futuro" y que seguirá invirtiendo con regularidad en la industria en los próximos años. Precios más altos para el litio, dijo, también llevarán más inversiones a su país de origen.
VIAJE AL CORAZÓN DE LA COCA
Luego de décadas de probar con sustitución de cultivos y erradicación forzosa, Bolivia ya lleva cuatro años de implementar una política de control social de la producción de coca en la región que, hasta los ’90, fue la de mayor producción de cocaína.
La Nación de Chile (www.lanacion.cl)
En el Museo de la Droga se ha detenido el tiempo. Las hojas de coca de una maqueta de un laboratorio clandestino están secas; en una esquina el óxido corroe los fusiles y metralletas requisadas a los narcos; y el polvo cubre los televisores, ovillos de lana, máquinas de coser, patas de muebles, plantillas de zapatos o rollos de fotos llenos de cocaína incautados. Afuera, un letrero de Coca-Cola indica que estamos en el cuartel de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de la Policía de Bolivia, distante a cinco kilómetros del poblado de Chimoré, región del Chapare de Bolivia. Adentro, un viejo policía vestido como militar y que no deja de portar su fusil hace de guía de la instalación.
El guía explica que los laboratorios clandestinos se delatan por el fuerte olor producido por la mezcla de ácido sulfúrico, amoníaco, bicarbonato, cal y bencina, usados para producir cocaína. Otras veces por el ruido del motor usado, “claro que la misma comunidad tapa los sonidos encendiendo motores”, relata.
El reloj no sólo se detuvo en dicho museo, sino que se lo está comiendo. La deglución también alcanza los 30 años del “desarrollo alternativo” y los casi 10 de la “erradicación forzosa”, políticas implementadas para la lucha contra el narcotráfico en el Trópico de Cochabamba. Ahora la dieta se llama Control Social de la Producción y sus agentes no son policías ni militares, sino que los mismos cocaleros.
A no más de cinco kilómetros del cuartel está el poblado de Shinaota, donde el clima semitropical escarcha las descuidadas fachadas coronadas por antenas parabólicas. Sus calles de ripio y piedra soportan cada domingo una bullente feria que se extiende por German Busch, la calle principal, entre Los Tajibos y la carretera que une Cochabamba con Santa Cruz de la Sierra.
En total, son nueve manzanas que comprimen más de 20 hostales, más de 100 tiendas de alimentos, una veintena de peluquerías, unos 10 dentistas, varios centros nocturnos y hasta juegos mecánicos en un pueblo de no más de 14 mil habitantes. ¿Quién paga la fiesta? Lautaro Serna, alcalde de Shinahota, responde que “la economía agrícola de plátanos, yuca, palmitos y cítricos. La economía de la coca es sólo de los que tienen inscritos un cato de coca”.
Pero la historia oral dice que en 1981 se podía comprar cocaína a granel en Shinahota. El peak de la venta de la hoja de coca llegó en 1986, llegando a cotizarse en ocho mil bolivianos las 100 libras. Hoy se comenta que es fácil hallar cocaína a no más de 10 dólares el kilo.
La región del Chapare alberga unas 9.500 hectáreas de cultivo de hoja de coca, según datos oficiales. Otras 20.700 hectáreas están en la zona de Los Yungas, en las cercanías de La Paz. Si bien el gobierno de Evo Morales admite unas 12 mil hectáreas en total, los cálculos de la ONU acusan que en el país hay unas 30.500 hectáreas. Bolivia es el tercer productor en América del Sur después de Colombia y Perú.
Preparar la mente
El cultivo de hoja de coca en la región se remonta a la época prehispánica y las sucesivas oleadas de colonos adoptaron la ancestral práctica de acullicar, mascar la coca. Plácido Plasi, cocalero, cuenta que heredó la costumbre de sus padres y desde los 15 años acullica. “Quita el sueño, el hambre; da voluntad y prepara la mente más rápido para opinar”, asegura.
En 1975 ocurre un boom en la producción por la demanda de cocaína. Si en 1971 eran 2.695 las hectáreas cultivadas, en 1982 ya eran 16.252. Un crecimiento de 600%. Si en 1971 el PIB de la región se estimaba en 170 millones de dólares, cerca de 300 millones de dólares entraron en 1982. Fernando Salazar, sociólogo y autor de “Movimientos sociales en torno a la producción de coca en Bolivia”, cuenta que “cualquier colonización se consolida en unas seis generaciones, en cambio el trópico cochabambino consolidó su asentamiento en no más de seis años. La base de esto fue el cultivo de coca”.
Hasta allí acudió en 1982 Evo Morales y su padre Dionisio, luego de perder todo en su natal Orinoca. Se instaló en el pueblo Laucaeñe y se afilió al sindicato de productores, organizados ya en los años ‘60, pero que cobraron fuerza con la erradicación forzosa iniciada a principios de los ’80.
Así lo cuenta Eduarda Medrano, quien se instaló en la zona de Chipiri hace 44 años. Llegó desde Cochabamba y se dedicó a los cultivos tradicionales de la zona: arroz, maní, maíz, cítricos y coca. María Eugenia Ledesma (en la foto), secretaria de la Federación de Mujeres, también cuenta que emigró desde Potosí a Eterazama, donde cultiva arroz, yuca, plátano, naranjas y, como todos, coca.
Dos décadas de palmitos
En 1961, el Presidente Víctor Paz Estenssoro firmó la Convención de Viena y anunció que en 25 años se pondría fin al cultivo de hoja de coca y el acullico, considerada una “práctica de pueblos degenerados”. Para terminar con el cultivo de coca, desde 1975 se implementaron programas de sustitución de cultivos, pagándose compensaciones en dinero.
En 1987 se pagaban 350 dólares por hectárea más semillas para el cultivo de palmitos, plátanos maracuyá y piña. La inversión total de los programas de desarrollo alternativo alcanzó entre 1984 y el 2000 la suma de 480 millones de dólares, según datos de la Presidencia. El 92% llegó al Trópico de Cochabamba
Ledesma recuerda que tuvieron cinco hectáreas de palmitos y que “los mismos técnicos que nos trajeron las semillas, al tiempo instalaban las tiendas de fertilizantes y abonos en Villa Tunari. Al final ganábamos lo mismo que costaba la inversión en todos esos químicos”. Pero no había ganancias, “porque si la coca la cosechabas tres veces en un año, el palmito era sólo una vez, además que la coca se vendía en el mercado, servía para hacer trueques por chuño, papas, habas secas o verduras”, cuenta Ledesma.
Romaldina Paco, del Sindicato Bartolina Sisa de Eterazama, cuenta que pese a que cultivaron piña, maracuyá y palmitos, “no había venta, las frutas se podrían antes de que alguien las comprara”. Medrano recuerda que “nos ofrecían cortar la coca a cambio de palmitos, pero no funcionaba porque no había mercado y la gente volvía a la coca. Había plátanos para botar”, sostiene Ledesma.
El Plan Dignidad de 1998 redujo el pago por hectárea y entregó el dinero a través de obras para la zona, manejadas por ONG. Salazar comenta que “pese a ser una danza de millones de dólares y que se llegó a tener un alto nivel agronómico y de transferencia tecnológica, falló el mercado para vender esos productos. Se pagaron casi 200 millones de dólares directo al bolsillo de los campesinos, pero ellos firmaban el acuerdo y seguían cultivando coca”.
Pese a los optimistas informes de las agencias norteamericanas, el censo del 2001 dio el batatazo final a más de una década de desarrollo alternativo, acusando que los niveles de pobreza en el Trópico de Cochabamba alcanzaban el 85%: 55,21% de pobreza moderada y 29,67% indigencia. Ese mismo año el cultivo de la hoja de coca representaba el 80% de los ingresos de las familias campesinas. Era que no, si la venta de plátanos alcanzaba a lo más los 15 bolivianos ($1.200) las 150 libras, unos cinco racimos; en cambio la coca les reportaba 20 bolivianos la libra.
Pese al fracaso, el gobierno boliviano, presionado por EEUU, reacciona igual que un adicto. Exige más dosis de la misma medicina y ya no serán ahora las ONG las encargadas de convencer a los campesinos de que dejen de cultivar coca. Ahora serán los militares.
Picotas y fusiles
En 1988 la Ley 1.008 declaró la guerra a la coca, legislación que obedece a una serie de planes que buscan eliminar la “degeneración ancestral”: el Plan Trienal (1985-1989), que puso como objetivo erradicar la coca en tres años; el Plan Coca Por Desarrollo (1989-2003); el Plan Dignidad (1997-2002); el Plan Coca 0 (1998), que estrena la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), integrada por militares y policías; o el Plan Bolivia (2002-2004).
Todos fracasan y diversifican la producción del Chapare: ahora no sólo se producirá coca, sino que la región será además una factoría de mutilados, viudas y hectáreas quemadas. “Para la lógica militar de la FTC, las organizaciones sindicales campesinas del Chapare serán delincuentes, siendo un fin complementario al de la erradicación, el acabar con el sindicalismo”, comenta Salazar. Para el gobierno de Hugo Banzer (1997-2001) y la embajada norteamericana, se enfrenta una guerra de baja intensidad.
En 2002 estrena a los Lobos y Leopardos, militares y policías que recorren los campos y la selva buscando cocales. Una vez que hallan alguno avisaban a los “coca tiras”, quienes de madrugada llegaban con picotas y fusiles. Por cada 10 conscriptos con picota había uno con fusil. Hasta en las paradas militares se marchaba con dichas herramientas.
“Cuando hallaban un cocal medían el contorno al máximo, no importando si uno tenía naranjos o piñas. Luego cortaban todo y anotaban toda la extensión como hectáreas de cocales erradicadas. Incluso lo hacían boleando coca”, cuenta Mario Castillo, de la Central 15 de Diciembre, quien sufrió la poda los años 1997, 1999 y 2004. Ledesma recuerda que cuando tenía ocho años una madrugada llegaron los Leopardos a su casa. Secuestraron a su mamá (Eudora) y a su hermana de siete años (Felicia), bajo acusación de narcotráfico. “Todo lo nuevito que había se lo llevaban, si encontraban dinero también. A la semana las soltaron porque no tenían pruebas”, recuerda.
La respuesta de los sindicatos fue hacer vigilias cuidando los cocales, tomarse caminos y hasta enfrentar a los militares. Los soldados les decían: “Por nosotros no pelearíamos, pero están los de la DEA”, cuenta Ledesma. En 1986 habían entrado en escena 160 marines norteamericanos, equipados con seis helicópteros, dirigiendo las operaciones. Medrano recuerda que “una vez llegaron hartos militares con la DEA. Tenía cuatro surcos de coca y entraron a cortarlas. Querían barrer todo y sacar a los productores”.
La Defensoría del Pueblo de Villa Tunari reportó que entre 1997 y el 2003, 35 cocaleros murieron, 587 fueron heridos gravemente y 700 encarcelados. Pero no fueron las únicas víctimas: 27 militares resultaron muertos y 135 quedaron heridos, ya que los sindicatos comenzaron a responder a las erradicaciones con balas y dinamitazos.
Salazar comenta que “en sus momentos más intensos el 50% de la capacidad bélica de Bolivia estuvo concentrada en el Chapare. Se buscaba la erradicación del cultivo de coca, quebrar a los sindicatos cocaleros y la eliminación de los dirigentes”. El resultado fue un verdadero tiro por la culata.
Industrialización
La llegada al poder de Evo Morales el 2006 fue efecto de las políticas de erradicación forzada. Si bien ya el 2002, los cocaleros habían conseguido que se permitiera el cultivo de un cato de coca por familia (1.600 m2), con Evo ocurre un giro radical en las políticas sobre la coca.
Ahora los propios sindicatos regulan la producción de coca en la llamada política de control social. Julio Salazar, senador del Movimiento al Socialismo,MAS, la define como “un control interno de las organizaciones que deja las decisiones en las bases sociales. Apostamos por la racionalización del cultivo de coca. Con el control social no hay muertos ni heridos, menos criminalización de los campesinos”.
También se busca industrializar la planta a través de productos como harina, licores, mate, jarabes y remedios, ya que diversos estudios dan cuenta de importantes cualidades nutritivas, lo que conformó un estudio de la Universidad de Harvard divulgado en 1975.
La coca es la única planta que posee 14 alcaloides y se comprobó que el acullico diario de 100 gramos de hoja satisfacen la ración alimentaria diaria. “Se podría decir que la coca es el laboratorio natural más completo que existe en el mundo”, sostiene el investigador Salazar. Medrano comenta que la planta “sirve para los viajeros nocturnos porque no hay sueño, sed ni hambre; y la uso para la diabetes de la aflicción”.
Ahora se permiten los mercados de comercialización de hoja de coca, manejados por las centrales y federaciones. Sólo en Shinahota existen 18 de este tipo. Hasta allí acude Teresa Quiroz, quien vende su producción a 19 bolivianos la libra. En un día normal se pueden transar cinco bolsas (cada una de 50 libras) y cuando está bueno llegar a vender unas 30.
“Hay que asumir que ninguna familia del Chapare puede vivir con un cato de coca”, sostiene el sociólogo Salazar, quien fue uno de los diseñadores de la actual política. Si bien reconoce que es poco probable que no haya desvío hacia la producción de cocaína, considera que “es una alternativa muy consistente a lo que fue la erradicación forzosa. Se trata de evitar los altos niveles de violaciones de los derechos humanos que hubo”.
Pero la propuesta que los países productores monopolicen la producción de coca y se la vendan directamente a los países consumidores, no han sido acogidas por el gobierno de Evo, quien se ha limitado a sostener que la hoja de coca no es droga. Su viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, anunció recientemente que se erradicarán los cocales que sobrepasen el cato.
Desde el 2006 que los representantes de los sindicatos negocian con los oficiales del comando militar para planificar los ingresos a las comunidades. Claro que no siempre sucede así. A fines de abril en una villa de La Paz, cuando los vecinos ingresaron a una de las casas sospechando que se fabricaba droga. El olor los había alertado y decidieron entrar sorprendiendo un laboratorio clandestino en horario de trabajo. Apresaron a dos mujeres, quemaron las hojas y al final llamaron a la policía, la que llegó a hacer el parte.
“El control social hace que ya no haya maltratos y persecuciones a los cocaleros. No hay matanzas ni erradicaciones forzadas”, sostiene Medrano. Lo otro sería volver a revolver la selva chapareña de 37 mil km2 buscando laboratorios clandestinos, como ocurrió en décadas pasadas. Claro que Medrano advierte señalando un tupido monte: “Mientras la prohíban, los narcos van a esconderse en el monte. Así fue antes y es hoy. Y puede que se sienta el olor de los laboratorios clandestinos, pero en la selva de montaña a 50 metros no ves nada”.
PUNO OCUPA CUARTO LUGAR EN PRODUCCIÓN DE HOJA COCA
En el país la primera región productora de hoja de coca es Huánuco, con 17 mil 900 hectáreas de cultivo de las cuales el 80% son destinadas para el procesamiento de droga. - Le siguen a ésta, Ayacucho y en cuarto lugar la región de Puno con alrededor de 560 hectáreas de cultivo.
Los Andes de Perú (www.losandes.com.pe)
Según el último estudio realizado por el Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), en la región Puno, específicamente en las provincias de Sandia y Carabaya, la producción de hoja de coca se incrementó durante los años 2006 al 2008 que representa el 21%; mientras que del 2008 al 2009 esta cifra se incrementó a 23%.
Según Fabián Novak, director del instituto de la PUCP, y que dirigió el estudio en 12 regiones productoras de hoja de coca en el país, estas cifras son alarmantes ya que un gran porcentaje de la producción de la hoja sagrada, es destinada a la producción de droga.
Señaló que la producción anual de coca en el Perú, tiene un crecimiento de 6.5% y que el último informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), respecto a que el Perú ocuparía uno de los primeros lugares en la producción de hoja de coca serían ciertas, debido al gran incremento de estos cultivos.
En el país, la primera región productora de hoja de coca es Huánuco, con 17 mil 900 hectáreas de cultivo, de las cuales cerca del 80% son destinadas para el procesamiento de droga. El segundo lugar lo ocupa Cusco, que pese a tener 18 mil hectáreas de cultivo, más que Huánuco, solamente el 70% de su producción lo destina para el procesamiento de droga.
Le siguen a ésta, Ayacucho y en cuarto lugar se ubica la región Puno con alrededor de 560 hectáreas de cultivo. Sin embargo, Novak señaló que en el distrito de San Gabán la producción cocalera durante el año 2008 al 2009 se incrementó en más del 48%, mientras que en la zona del Alto Inambari, éste creció en 18.9% del 2008 al año 2009.
Dijo además, que urge una lucha integral contra el narcotráfico, que implica la erradicación de estos cultivos de coca a través de cultivos alternativos que han beneficiado por ejemplo a zonas como Madre de Dios, en donde desde el año 1983 hasta la fecha, han logrado erradicar más del 50% del cultivo de coca, con cultivos como cacao, café, entre otros.
PROMUEVEN DURA LEY CONTRA EL CONTRABANDO EN BOLIVIA
Xinhua de China (www.spanish.china.org.cn/international)
El gobierno y Asamblea Legislativa promueven una ley para confiscar los bienes utilizados en el contrabando, el aumento de las condenas en prisión y la modernización de las aduanas con el fin de combatir este delito en Bolivia, adelantó el vicepresidente Alvaro García Linera.
"Tenemos que ser drásticos contra el contrabando, el contrabando desangra nuestro país y cada vez que ingresa un artículo sin pagar impuestos se pierde la posibilidad de construir escuelas y hospitales", afirmó el además presidente de la Asamblea Legislativa.
La ley en ciernes castigará la importación ilegal y establece que un proceso sobre cualquier presunción de delito de contrabando no durará más de 60 días, cuando en la actualidad puede extenderse hasta tres, cuatro o más años.
En el caso de la confiscación de bienes y/o mercancía ilegal, el decomiso no será "de facto", apuntó la autoridad y aclaró que le antecederá un proceso jurídico para determinar una acción precisa.
Asimismo, la ley estipula que la sentencia por contrabando será mínimo de 5 y máximo de 10 años de prisión.
Para el caso de defraudación aduanera establece una pena de entre 4 y 8 años de cárcel. Si un funcionario de la Aduana Nacional se ve involucrado en el delito de contrabando, será condenado a 13 años de prisión.
CONTRABANDO MILLONARIO
El contrabando maneja montos millonarios en Bolivia. La viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos, en entrevista con Xinhua, afirmó que se estima que el contrabando mueve alrededor de 230 millones de dólares por año y las pérdidas por el pago de aranceles en favor del Estado son incalculables.
Hay estudios que dicen que la actividad ilícita mueve 850 millones de dólares, otros hablan de 600 millones y los menos de 350 millones año. El rgano Ejecutivo presentó a la Asamblea Plurinacional un proyecto de ley que modifica el Código Tributario y la Ley General de Aduanas, con el objetivo de endurecer las sanciones en la actividad ilícita del contrabando.
El proyecto de ley contra el contrabando no contempla la libertad provisional o el arresto domiciliario, al contrario, prevé el inmediato arresto del acusado mientras dure el proceso en la administración de justicia, explicó la entrevistada.
Desde el momento en que la Fiscalía turna el caso al juez, el acusado tendrá tres días para presentar pruebas en su defensa o efectuar el pago correspondiente de sus tributos, de lo contrario será sometido a un proceso que no durará más de 45 días.
COMERCIANTES VS EMPRESARIOS
Los importadores han manifestado ya su rechazo al proyecto de ley por considerar que atenta contra sus intereses y "matará en vida" al sector.
Los comerciantes aseguraron que su actividad no está relacionada con el contrabando y exigieron "leyes justas y claras que no pasen por encima de las garantías constitucionales".
El proyecto de ley plantea la confiscación de herramientas, inmuebles o vehículos utilizados por contrabandistas, además de la detención de personas involucradas directa o indirectamente en el hecho, sanciones que se aplican en casos de narcotráfico.
Jhonny Huanca, dirigente de los comerciantes de la central Eloy Salmón, dijo a la Xinhua que el gobierno en lugar de aprobar leyes draconianas debería busca soluciones de fondo al desempleo.
"Lamentablemente en el país no hay fuentes de empleo y esta nueva ley va a poner en peligro nuestra forma de supervivencia", advirtió.
Por su parte el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Oscar Calle Rojas, dijo que los empresarios dedicados formalmente a la actividad del comercio, los servicios y el turismo, aplauden y celebran que el Estado boliviano haya decidido aprobar una norma rígida para abatir el contrabando, delito que perjudica la economía del país andino.
"Es acertada la disposición del Estado para aprobar una Ley similar a la 1008, ya que el delito del contrabando no sólo que es un castigo a la formalidad de las empresas sino que se ha convertido en una verdadera mafia que ha abarcado grandes extensiones del país", aseveró Calle.
Los empresarios adelantaron que apoyarán todas aquellas acciones que tengan como fin contribuir al desarrollo económico y social del país.Por su parte el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez, afirmó a la Xinhua que espera una buena reglamentación de la ley para no perjudicar a los importadores legalmente establecidos y a los transportistas.
El gobierno de Evo Morales abrió la propuesta para recibir sugerencias y mejorar el proyecto de ley que modifica el Código Tributario y la Ley de Aduanas, a fin de evitar conflictos sociales.
BOLIVIA CONCLUYE EL REDISEÑO DEL ESTADO
BBC Mundo de Londres (www.bbc.co.uk/mundo)
Con la aprobación de la Ley Marco de Autonomías, Bolivia completa un paquete de cinco leyes estructurales que ponen en plena vigencia la nueva Constitución Política del Estado y que dan nacimiento a un nuevo aparato estatal.
Estas leyes regulan los órganos de la justicia, los procesos electorales y la aplicación de las autonomías en los departamentos, regiones, municipios y territorios indígenas.
En promedio, los parlamentarios aprobaron una ley por semana, todo un récord, según el vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García Linera.
"Esta Asamblea ha trabajado en un tiempo récord para sancionar cinco leyes estructurales y fundamentales para cimentar los cinco pilares de la estructura orgánica del Estado Plurinacional", dijo García Linera al término de las maratónicas sesiones.
El plazo para la aprobación de estas leyes tenía como límite el 22 de julio, pero el presidente Evo Morales promulgará este lunes la última norma del paquete legislativo.
Ya no será necesario que se declare en huelga de hambre, tal como había amenazado para presionar a los legisladores.
Sin embargo, los opositores rechazaron cada una de estas leyes con el argumento de que contribuyen a la concentración del poder en manos del presidente Morales.
Dos visiones
El analista político y ex constituyente de la oposición, Jorge Lazarte, en entrevista con BBC Mundo considera que, con la aprobación de las cinco normas, el partido oficialista ha pasado "del control del gobierno, al control de la totalidad del poder".
En cambio, la jefa del frente oficialista, la diputada quechua Emiliana Aiza, le dijo a BBC Mundo que con estas leyes "se reconoce a todos, a los pobres, a los ricos, a las mujeres…y se reconoce a Bolivia de rincón a rincón con la Ley de Autonomías".
Las leyes aprobadas permiten la presencia de los indígenas en los poderes Judicial, Electoral y Legislativo y abren la puerta a la autonomía en territorios ancestrales.
Sin embargo, los indígenas del oriente boliviano rechazaron al menos dos de las cinco leyes con el argumento de que limita su participación en el Poder Legislativo y le pone trabas a la autonomía en sus comunidades.
Por eso, iniciaron una marcha de protesta el 21 de junio rumbo a La Paz. No obstante, esa marcha que avanzó poco más de 300 kilómetros, ahora espera por el diálogo.
Lazarte opina que "se ha puesto en marcha un nuevo proyecto de poder" y pone como ejemplo la forma en la que se escogerán a los miembros de los poderes Judicial y Electoral que, a su entender, terminarán en manos del oficialismo.
Los magistrados del Judicial serán electos por voto popular luego de una preselección de candidatos en la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista; al tiempo que los miembros del Órgano Electoral serán nombrados directamente por la Asamblea Legislativa.
Los cambios
En materia judicial, el cambio más polémico tiene que ver con la legalización de la justicia indígena. Los opositores rechazaron la norma porque creen que, en primera instancia, debe aprobarse una ley que delimite los alcances de la jurisdicción originaria para evitar linchamientos y otras formas de tortura.
Entretanto, la Ley Marco de Autonomías pretende descentralizar el poder hacia los departamentos, las regiones, los municipios y los territorios indígenas.
Sin embargo, los opositores tienen al menos tres observaciones: La falta de reconocimiento a los estatutos autonómicos de las regiones que se adelantaron en el proceso autonómico; la asignación de nuevas competencias sin aumentar los recursos económicos y la ratificación de una norma que permite suspender a las autoridades regionales que tengan acusaciones formales ante la justicia.
Incluso, el diputado opositor Adrián Oliva dijo que esta ley será demandada por ser inconstitucional.
El oficialismo ha reclamado a los opositores porque no presentaron un proyecto alternativo para las autonomías y se limitaron a la consigna política, según la presidenta de la comisión de Autonomías de Diputados, Betty Tejada.
Más allá del debate político, las cinco leyes están aprobadas y ponen en marcha el nuevo estado plurinacional, que nació con la Constitución impulsada por Evo Morales. La Carta Magna, a su vez, entró en vigencia en febrero de 2009.
APROBADA LEY MARCO DE AUTONOMÍAS PARA ESTRUCTURA DEL NUEVO ESTADO PLURINACIONAL BOLIVIANO
Luego de varias horas de sesión por parte de los parlamentarios de la Asamblea Legislativa, se aprobó la Ley de Autonomías y Descentralización para cumplir con una demanda que pondrá en funcionamiento un moderno Estado inclusivo en el que todos los ciudadanos tengan acceso a sus derechos.
Telesur de Venezuela (www.telesurtv.net/noticias)
La Asamblea Legislativa de Bolivia aprobó en la noche del sábado la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez, luego de unas 30 horas de sesión, norma que se enmarca en la creación de una nueva estructura del Estado Plurinacional.
La nueva legislación fue ampliamente debatida por los sectores políticos del país andino y finalmente fue aprobada a las 19H55 locales (23H55 GMT) por más de dos tercios de los 166 asambleístas que se mantuvieron al frente durante las largas sesiones.
La Ley fue remitida al Órgano Ejecutivo para ser promulgada por el presidente Evo Morales posiblemente para el próximo lunes, según fuentes locales. Con esta Ley se cumple la emisión de los cinco reglamentos orgánicos cuyo plazo final vence el 22 de julio.
Con la norma Andrés Ibáñez, la Asamblea Legislativa boliviana cumplió con los preceptos de la Constitución Política del Estado que ofreció un lapso de 180 días para aprobar cinco leyes estructurales y orgánicas que se constituyan en los pilares del Estado Plurinacional.
Anteriormente, las Leyes de los Órganos Electoral y Judicial, del Régimen Electoral y del Tribunal Constitucional, fueron sancionadas por la Asamblea Legislativa y promulgadas por el jefe de Estado.
Una vez culminada la sesión en la Asamblea, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, resaltó el desempeño de las personas de ambos bandos políticos, oficial y de oposición que laboran en el Órgano Legislativo. "En otros períodos, el debate y la aprobación de una Ley demandaba años y mucho dinero para el país, mientras que en la actualidad la Asamblea ha logrado sancionar cinco leyes en un tiempo récord", resaltó García Linera al dar cuenta de la aprobación realizada en menos de 180 días.
"Para cumplir con los mandatos de la Carta Magna tuvimos que trabajar largas jornadas con el fin de perfeccionar las cinco Leyes que serán el basamento en el que se sustentará el Estado Plurinacional", agregó. García Linera recordó que la Constitución Política del Estado, promulgada en febrero de 2009 "es como una maqueta de una construcción, mientras que la Ley Marco de Autonomías, que fue aprobada este sábado, es una realidad tangible que permitirá construir el nuevo Estado".
El Vicepresidente de Bolivia, enfatizó que ahora que el Estado cuenta con las cinco leyes orgánicas se podrá avanzar con mayor celeridad hacia el desarrollo.
BOLIVIA AMENAZA CON ROMPER CONTRATO CON MINERA CANADIENSE SI NO HAY INVERSIÓN
Agencia EFE de España (www.google.com/hostednews)
El Gobierno de Bolivia advirtió hoy que podría romper su contrato con la minera canadiense Atlas Precious Metals si la compañía no se pronuncia sobre su permanencia y falta de inversión en una fundición de metales en el sur del país.
El ministro boliviano de Minería, José Pimentel, dijo en una entrevista a los medios estatales que su país optará por la mejor decisión para que el Gobierno siga en su proceso de industrialización de sus recursos naturales.
"Si no existe un pronunciamiento de parte de la empresa (Atlas) romperemos el contrato y encontraremos la mejor opción para poner en funcionamiento una planta que el pueblo boliviano la recibió en 1985 de un consorcio alemán y que hasta la fecha no entró en funcionamiento debido a las políticas neoliberales", aseguró.
Sin embargo, el ministro explicó que esperarán una respuesta de la firma canadiense para que decidan si "quieren o no continuar con las operaciones para las que se comprometió".
El Estado boliviano cobró el mes pasado una garantía de 850.000 dólares de la minera canadiense debido a que, según el Gobierno, no hubo avances en el proyecto y la inversión de 80 millones de dólares prometida para reactivar el complejo metalúrgico de Karachipampa, en el departamento de Potosí (suroeste), apenas llegó a dos millones.
La planta fue construida en 1985 para procesar plomo y plata con créditos alemanes y belgas por 200 millones de dólares, pero nunca llegó a funcionar porque se necesitaba un nivel de producción de esos dos minerales que no existía en Bolivia.
Atlas, que también tiene socios estadounidenses, se comprometió en 2009 a realizar una inversión en el complejo metalúrgico para que funcione una fundición de plomo y plata, una refinería de zinc y una planta de producción de ácido sulfúrico.
La firma canadiense replicó a las acusaciones bolivianas que sus inversiones no avanzaron por un problema con indígenas de la zona para adquirir terrenos, y decidió demandar a la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol) ante el centro de arbitrajes de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) del país.
La pasada semana, el asesor jurídico de Atlas, Alejandro Guerra, declaró que la compañía tiene la intención de alcanzar una "solución amigable" por la controversia de sus inversiones.
EJÉRCITO DE ESE PAÍS INCAUTÓ MAQUINARIA PESADA EN LÍNEA DE FRONTERA
INTROMISIÓN BOLIVIANA
Correo de Perú (www.correoperu.com.pe/correo)
Cerca de un centenar de maquinarias pesadas que venían siendo utilizadas por mineros peruanos para la explotación informal de oro en el sector Trapiche-Suches, hito 18 y 19, del distrito de Cojata-provincia de Huancané, límite con la localidad de Cantón Suches-Bolivia, fue incautada en una intromisión militar por el ejército del vecino país.
La información la dio a conocer a Radio Pachamama José Chambilla Quispe, uno de los socios de la concesión Santa Inés, quien señaló que el sábado al mediodía más de cien miembros del Ejército boliviano llegaron al referido sector. "En la madrugada de hoy (ayer) los militares intervienen en territorio peruano, incautando maquinaria pesada, sus operadores fueron detenidos y encerrados en un canchón", mencionó José Chambilla.
Por su parte, la socia de la concesión Santa Inés, Gladys Arias Quispe, hizo un llamado a la cancillería peruana para que investigue este atropello a la soberanía nacional.
Al respecto, el general de la XII Dirtepol, Javier Sanguineti Smith, sostuvo a la prensa que el hecho se suscitó en el lado boliviano y que la incursión no debió de hacerla el ejército sino la policía.
MINEROS DE SÚCHEZ DENUNCIAN INTROMISIÓN BOLIVIANA
QUE INTERVENGA LA CANCILLERÍA
El Correo de Perú (www.correoperu.com.pe)
Tras la denuncia de que el ejército boliviano habría ingresado a territorio peruano para incautar maquinaria pesada que opera en la minería informal en la zona de Súchez, los lugareños demandaron la intervención de la Cancillería, en vista que además habrían detenido a muchos compatriotas.
Uno de los socios de la concesión Santa Inés, José Chambilla Quispe, en comunicación con Pachamama Radio, señaló que los bolivianos ingresaron al sector Trapiche-Suches, hito 18 y 19, para incautar maquinaria y encerrar a sus operarios en un canchón. Gladys Arias Quispe, otra socia de la minera, hizo un llamado a la Cancillería peruana para que “investigue este atropello a la soberanía nacional, ya que en la zona no hay ninguna autoridad del Perú”.
Correo intentó comunicarse con le general PNP Javier Sanguineti, pero no pudimos. Sin embargo, al corresponsal de TV Perú le dijo que en la zona había un destacamento policial peruano, pero nosotros sabemos que no es así.
LA COMUNIDAD ENVÍA A BOLIVIA LOS EJEMPLARES DONADOS EN LA CAMPAÑA 'LIBRO SOLIDARIO 2010'
Madrid Liberal de España (www.madridliberal.es)
La Comunidad ha entregado a la Embajada de Bolivia los libros donados por los madrileños en la campaña 'Libro Solidario 2010', en la que, con el lema 'Pon tu libro en Bolivia' han participado 192 voluntarios. El acto ha tenido lugar en el Complejo El Águila, donde todos los volúmenes recogidos han sido almacenados, clasificados y empaquetados para su envío.
Allí han estado el viceconsejero de Inmigración y Cooperación, Gabriel Fernández Rojas, acompañado por la viceconsejera de Cultura, Concha Guerra y la embajadora de Bolivia, Maria del Carmen Almendras Camargo. Los libros se han recogido a través de diversas acciones, la más importante de ellas es la celebración del Día del Libro Solidario.
Así, cada 2 de mayo se instala una gran carpa de recogida de publicaciones. Además, y desde 2008, durante las semanas previas a este día, se pone en marcha una colaboración con diversos municipios. En 2010 se han sumado a la campaña: Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Parla, San Lorenzo de El Escorial, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz y Tres Cantos.
Tras el Día del Libro Solidario, se ha continuado con la recogida de donaciones en la sede de la Biblioteca Regional, el Complejo El Águila. En esta edición, en la que el expurgo ha afectado sólo a un 16% de los libros recogidos, se van a enviar 62.655 ejemplares. De los libros que se enviarán a Bolivia, el 41% son publicaciones para adultos, el 29% dirigidos al lector infantil y juvenil, y el 30% son los considerados 'materias', entre los que se encuentran enciclopedias, historia, biografías, etc.
Envío prioritario a un país de habla hispana
La undécima edición de la campaña 'Libro Solidario' ha tenido como objetivo dotar de fondos a 50 bibliotecas de Bolivia de 22 municipios. La elección de este país proporciona continuidad a las intervenciones realizadas en los últimos diez años, que tienen como objetivo el envío de fondos bibliográficos, de manera prioritaria, a un país de habla hispana.
El proyecto de cooperación internacional tiene como objetivo colaborar con el Gobierno boliviano para la promoción de la lectura y el fortalecimiento de los recursos bibliográficos. La mala situación de la Red de Bibliotecas Públicas en el país andino permite identificar debilidades que condicionan negativamente el alcance y la calidad de los servicios prestados por las bibliotecas, y en consecuencia provocan un bajo interés por la lectura y la poca utilización de los servicios por parte de los potenciales usuarios.
Participan en este proyecto la Asociación de Cooperación Bolivia-España (Acobe), que ha colaborado en la selección de las bibliotecas destinatarias y ha aportado voluntarios para la recogida de libros. Además, la Agencia Española de Cooperación Internacional (Aecid) garantiza el seguimiento y entrega de los libros en Bolivia. Asimismo, colaboran la Fundación Amibe-Codem y los Institutos de Enseñanza Secundaria de Madrid, así como Telemadrid, y cuenta con el patrocinio de Obra Social Caja Madrid, El Corte Inglés y Fundación Seur.
ORGANIZAN EXCURSIÓN “PATRIÓTICA”
ABC de Paraguay (www.abc.com.py/abc)
Una excursión a diversos puntos del Chaco paraguayo y boliviano es organizado en conmemoración a los 72 años de la firma del Tratado Definitivo de Paz con el país limítrofe al término de la Guerra del Chaco (1932-1935). Se trata de la tercera edición de la denominada “Expo patriótica. Yo voy al Chaco. Allende el Parapiti”. El viaje incluye llegar hasta el río Parapiti, posteriormente al departamento de Santa Cruz de la Sierra hasta la ciudad de Camiri, capital petrolera de Bolivia. La actividad es idea de la agencia de turismo Finatur cuyo número telefónico para las averiguaciones pertinentes es 0981-454705 o el sitio web www.finantur.galeon.com. El mismo tendrá un precio de G. 1.200.000 y se realizará del miércoles 28 de julio al domingo 1 de agosto. “La idea nuestra es recorrer gran parte del vasto Chaco, tanto el boliviano –otrora nuestro– y el paraguayo. Además de los escenarios de guerra, también conocer las productivas colonias menonitas”, señalaron. Agregaron finalmente que para la excursión darán participación “a nuestros hermanos bolivianos a través de la Embajada Boliviana en Paraguay, con quienes, en testimonio de amistad entre nuestros pueblos y a fin de respirar paz, hemos de plantar árboles en el hoy deforestado Chaco y que también se visitarán las Misiones con los nativos de la Región Occidental”.
"LAS ACCIONES EN MATERIA ENERGÉTICA FORMAN PARTE DE UNA PLANIFICACIÓN Y NO MEDIDAS DE EMERGENCIA"
El Ministerio de Planificación Federal aseguró ayer que todas las acciones adoptadas en materia energética "forman parte de una planificación y no constituyen medidas de emergencia, como afirma hoy el diario Clarín".
Telam de Argentina (www.telam.com.ar)
En ese sentido señaló que "tanto la importación de gas natural licuado (GNL), la de fuel oil y gasoil para las centrales eléctricas, el gas de Bolivia y la energía eléctrica de Brasil, son decisiones planificadas y ejecutadas con el fin de sustentar y acompañar el crecimiento del consumo residencial, mejorando el nivel de vida de los ciudadanos y sosteniendo el crecimiento de la industria, que se ve reflejado en el incremento de más de un 60 por ciento del PBI desde 2003 a la fecha".
En un comunicado dado a conocer ayer, la cartera que conduce Julio De Vido aclaró que "en el caso de la importación de gas de Bolivia no se hizo más que recuperar el viejo acuerdo que tenía YPF, que la era neoliberal dejó de lado porque no le interesaba contar con mayores volúmenes de gas para desarrollar la industria". "Todas las acciones realizadas en el marco del Plan Energético Nacional, presentado en 2004, han permitido que el sistema eléctrico suministre energía sin mayores dificultades en el marco de una ola de frío polar, batiendo récords de potencia tres días consecutivos. Ello es producto de la planificación que permitió que la generación de electricidad creciera en un 35 por ciento", señaló el pronunciamiento.
Agregó que también es política del Gobierno "subsidiar las diferencias de precios que pudieran existir, dado que así se le brinda a la industria niveles de competitividad nunca antes alcanzados, permitiendo así fortalecer el mercado interno y exportar productos con mayor valor agregados, dado que no aspira a ser un país petrolero sino industrial".
"La falta de información y conocimientos de Clarín -afirmó- es más que evidente, dado que las principales potencias del mundo importan combustibles para exportar productos de mayor valor agregado. Caso contrario se volvería a décadas pasadas, cuando el gas era exportado a valores irrisorios para que otros países desarrollasen sus industrias".
Por último, el Ministerio de Planificación aseguró que "aplica desde hace algunos años programas para incentivar mayor producción, tanto de gas como de petróleo y sus derivados, como es el caso de Petróleo Plus y Gas Plus". "Para información de ese matutino y sus opinólogos, el precio reconocido a este gas adicional (por mayores inversiones o aplicación de nuevas tecnologías) es cercano a los valores internacionales, por lo que estos programas permitirán en los próximos años sumar importantes reservas", apuntó.
LA FALTA DE GAS COSTARÁ AL ESTADO ESTE AÑO US$ 2.300 MILLONES
Es por la importación de combustible para las usinas, la compra de gas boliviano, los barcos regasificadores y la electricidad que llega de Paraguay y Brasil. La producción local de gas cae, y no alcanza a cubrir la suba de la demanda.
Clarín de Argentina (www.clarin.com/politica)
Mientras el ministro de Planificación, Julio De Vido sigue negando la existencia de problemas energéticos y califica los cortes como algo “habitual y programado”, la real falta de gas que se verifica día a día promete dejar sus huellas en las cuentas fiscales.
Así como ha repercutido en la producción industrial y en la actividad laboral, la escasez de gas también tendrá un impacto económico que el Gobierno no puede ocultar.
Las importaciones de combustibles alternativos y de energía eléctrica que se deben hacer para paliar la falta de gas le costarán a las arcas estatales unos US$ 2.300 millones anuales.
La caída de la producción local de gas que se viene registrando desde 2003 obliga a buscar fuentes energéticas alternativas para afectar lo menos posible la marcha de la economía, cuando la demanda de energía crece.
Para cubrir el bache creciente que se produce entre la oferta y la demanda de gas, el Gobierno instrumentará este año 4 medidas de emergencia que se asientan en la provisión externa de combustibles sustitutos y energía eléctrica.
En primer lugar se encuentran las importaciones de fuel oil y gasoil para las centrales de generación térmica. A los precios actuales, los volúmenes de compra programados para 2010 ascenderán a unos US$ 800 millones.
En segundo término aparecen las importaciones de gas natural de Bolivia. Actualmente el precio que se paga a la administración de Evo Morales es de US$ 7,40 por millón de BTU y la provisión promedio diaria es de unos 6 millones de metros cúbicos. Con esos números, la factura anual que se tendrá que pagar a Bolivia es de US$ 600 millones.
A continuación se ubican las adquisiciones de GNL (gas natural licuado) que arriban por barco al puerto de Bahía Blanca. Esta opción que se había diseñado como transitoria para el invierno de 2008, ya se transformó en permanente y con cargamentos que no paran de crecer. De 11 buques contratados en 2009 se pasó ahora a 14 y no se descartan más compras antes de que termine el año. En total, las importaciones de GNL se llevarán unos US$ 500 millones.
Por último figura la provisión externa de energía eléctrica que las centrales locales no pueden producir por falta de gas. Los vendedores son Brasil y Paraguay y, según las proyecciones que se manejan en el sector eléctrico, este año habrá que pagar por esa energía importada unos US$ 400 millones.
Frente a una demanda real que supera los 150 millones de metros diarios (MM3), hoy el sistema gasífero sólo está en condiciones de operar una oferta promedio total de 120 MM3 diarios.
El sistema entró en estado de default operativo no bien aparecieron los primeros días de frío que provocaron un fuerte repunte en el consumo de los hogares y los pequeños comercios, a los cuales no se les puede cortar el suministro.
Para cubrir esa mayor demanda residencial, el Gobierno decidió elevar los niveles de cortes de suministro que venía aplicando desde fines de mayo a las grandes industrias y las centrales térmicas.
Desde el lunes, unos 300 grandes usuarios de todo el país conviven con cortes casi totales que en la mayoría de los casos les impide producir. En la región metropolitana, la poda alcanzó a 50 grandes industrias ubicadas en la zona de Metrogas y a otras 85 localizadas en el área de concesión Gas BAN.
En el interior, las industrias más afectadas fueron las ubicadas en el polo petroquímico de Bahía Blanca y en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Tucumán. También sufrieron la falta de combustible los usuarios de gas en garrafas y varias estaciones de GNC del interior del país.
FIRMARÁ LA BUAP CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE BOLIVIA
En breve se firmará un convenio de colaboración entre la Facultad de Ingeniería de la BUAP y la Universidad de Bolivia con el objetivo de promover programas de intercambio estudiantil y académico en los niveles de licenciatura y posgrado, informó el director de la unidad académica, José Ignacio Morales Hernández.
El Periódico Digital de México (www.periodicodigital.com.mx)
Al mismo tiempo dijo que uno de los puntos importantes que se tienen proyectados con este tratado es darle impulso y seguimiento a los pactos que se firmaron el año pasado de las maestrías de Construcción y Estructuras que se van a impartir en la Universidad Popular de la Chontalpa y en Veracruz.
Morales Hernández señaló que es un buen indicador el que instituciones tanto nacionales como extranjeras tengan interés de promover los programas de enseñanza que se imparten en la Facultad de Ingeniería, explicó que esto se debe principalmente a la calidad de los mismos, además de la experiencia de los cuerpos académicos.
Finalmente agregó que esta vinculación que se ha logrado con instituciones educativas de nivel superior de Bolivia, beneficiará a la comunidad universitaria de ambas universidades.
Arica, Tarapacá y Antofagasta buscan financiamiento conjunto a través de ley de gobiernos regionales:
REGIONES DEL NORTE GRANDE ACUERDAN ALIANZA PARA PROTEGER DEL NARCOTRÁFICO A LA FRONTERA
El plan, con un costo estimado en US$ 50 millones, contempla cubrir los 1.125 kilómetros de límites con Perú y Bolivia con radares que detecten el paso de contrabandistas.
El Mercurio de Chile (www.diario.elmercurio.cl)
Las tres regiones del Norte Grande iniciaron un inédito programa conjunto para proteger del tráfico de drogas sus 1.125 kilómetros de límites con Perú y Bolivia, que contempla buscar unidas financiamiento para instalar dispositivos electrónicos en puntos fronterizos críticos que alerten sobre el paso de contrabandistas.
La región más avanzada es la de Tarapacá, donde el trabajo coordinado con Carabineros y expertos en seguridad ha definido en las comunas de Pica y Colchane 12 lugares de emplazamiento de torres radares dotadas de cámaras, cuya finalidad será cubrir 111 pasos no habilitados usados por el narcotráfico para ingresar droga a Chile desde Bolivia.
Los intendentes de Arica y Parinacota, Rodolfo Barbosa; y de Antofagasta, Álvaro Fernandez, se reunieron la semana pasada en Arica con su similar de Tarapacá, Luz Ebensperger, para acordar extender hacia sus regiones los avances alcanzados en la I Región.
Acompañados de los respectivos jefes zonales de Carabineros y del senador UDI Jaime Orpis, impulsor de la iniciativa, concordaron en la exigencia de concluir la elaboración de mapas con la totalidad de los pasos ilegales, y la definición de puntos críticos aprovechados por las mafias del narcotráfico.
La idea de los intendentes es recurrir a convenios interregionales de la Ley de Gobiernos Regionales para conseguir financiamiento conjunto, estimado en unos US$50 millones.
"Si no atacamos en conjunto, las soluciones van a ser parciales (...) Si lo trabaja sólo Arica o Tarapacá, entonces van a desviarse (los cargamentos y los narcos)", dijo el intendente de Antofagasta, Álvaro Fernández.
En tanto, su similar de Arica, Rodolfo Barbosa, dijo que el trabajo se realiza en estrecha coordinación con el nivel central del Ministerio del Interior, inspirado en la "guerra a las drogas" declarada por el gobierno.
Sobrevuelos realizados por el avión antidrogas de Carabineros que opera en el norte, iniciados hace un año, han permitido identificar con sus respectivas coordenadas geográficas los pasos no habilitados potencialmente usados por el narcotráfico en las tres regiones.
La vecindad con dos de los tres mayores países productores de droga hace que en Arica, Tarapacá y Antofagasta los decomisos de cocaína superen las 5 toneladas anuales, más del 60% del total incautado en el país.
El Plan Colombia está desplazando el centro de gravedad de la producción de cocaína hacia Perú y Bolivia, que hoy concentran el 54% de la elaboración de esa droga en el mundo.
Chile está sumando a su condición de territorio de tránsito a los mercados mundiales el ser el segundo centro de consumo de Latinoamérica, según ha señalado el gobierno.
En contrapartida, las incautaciones anuales en el país han ido bajando. Si en 2007 se decomisaron 8,7 toneladas de cocaína, el año siguiente la cifra bajó a 6,9 toneladas y el año pasado se redujo a 5,6.
La tecnología de radares en torre y cámaras permitiría detectar el paso de vehículos en un diámetro de 45 km y de personas en 8 km. Se combinarían con radares móviles para abordar puntos ciegos y estarían conectados en tiempo real a centrales en las capitales regionales y Santiago. El plan de Tarapacá, que se busca extender a sus vecinos, es combinar los radares con pórticos de detección de patentes para mayor control al tránsito vehicular por carreteras, y detectar movimientos sospechosos.
Plazo
El plan completo debería estar implementado en las tres regiones, en cuatro años. También se pedirá apoyo a Vialidad para que bloquee los pasos fronterizos ilegales, cuando esto sea posible.
DURO GOLPE PANDINO A “ENCLAVE” ESTADOUNIDENSE EN BOLIVIA
Pando, sin que lo sepa la mayor parte de los bolivianos, incluyendo a la mayor parte de los habitantes de ese departamento, empezó a ser uno de los territorios en Sudamérica desde donde Estados Unidos desarrolla una estrategia amazónica de componentes políticos, militares y culturales. Una resolución de alcaldes pandinos derrumbó uno de sus pilares.
Rebelión de España (www.rebelion.org/noticia)
El 8 de julio, la asociación de alcaldes del departamento de Pando ha decidido declarar a esa parte del país como “Territorio amazónico libre de USAID”. Esa determinación representa un paso más –quizá el más decisivo- para continuar el desmontaje esa suerte de enclave –político, cultural y militar- que Estados Unidos había construido en cerca de una década.
Y ahí radica precisamente la dimensión de la resolución adoptada por los titulares de doce de quince municipios de ese departamento situado al norte de La Paz, la sede del gobierno plurinacional que no deja de ver con desconfianzas, por sobradas razones, las acciones de la embajada de Estados Unidos en Bolivia y de las instituciones dependientes del Departamento de Estado.
La noticia sorprendió en la tarde del miércoles en La Paz, pues se daba en un momento en que tres hechos acaparaban la atención política y mediática: la marcha indígena encabezada por la CIDOB, las tensiones en la Asamblea Legislativa Plurinacional por el tratamiento de la Ley Marco de Autonomías –la última de las cinco leyes orgánicas que deben ser aprobadas hasta antes del 18 de julio por mandato constitucional- y la temeraria acusación del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, contra el vicepresidente del Estado Plurinacional, Alvaro García Linera, por narcotráfico y terrorismo.
Pero además, para no perder el contexto, la decisión de expulsar de ese departamento amazónico a USAID y las ONG que reciben financiamiento estadounidense se produce en medio de dos escenarios contradictorios: por un lado, el anuncio que el 1 de junio pasado hicieron el canciller David Choquehuanca y el Secretario Adjunto de Estados Unidos para Latinoamérica, Arturo Valenzuela, en sentido de que Bolivia y EE.UU. tenían registrado un avance del 99% para la firma de un Acuerdo Marco. Eso implica diálogo político, cooperación de Estado a Estado, responsabilidad compartida en la lucha contra el narcotráfico y fortalecimiento del comercio.
Por otro lado, las denuncias –antes y después del arribo del representante estadounidense, quien tuvo que resignarse a la imposibilidad de una entrevista con el presidente Evo Morales- de la injerencia de USAID en el conflicto que enfrentó a dos poblaciones en el norte de La Paz: Caranavi y Pablos Blancos, por el lugar en el cual se iba a instalar una planta procesadora de cítricos y, ahora, por su influencia –según ha señalado el gobierno-, en la marcha de la CIDOB, no han aminorado. Todo lo contrario, han crecido.
En el caso de Caranavi, lo que parecía una denuncia infundada y al calor de la intención de construir una cortina de humo ante la impotencia política oficial de resolver adecuadamente el conflicto, una parte de la verdad –que es mucho más compleja- se fue abriendo paso al identificar la relación de USAID con algunos dirigentes de esa provincia paceña, pero también del vínculo de la agencia estadounidense con dirigentes de la FESPAI –bastante cercanos al núcleo fundacional del Instrumento Político, a través de WCS, Wildlife Conservation Society (Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre).
La primera vez que USAID fue expulsada de un territorio determinado de Bolivia fue el 24 de junio de 2008, cuando una ampliado de las seis federaciones de los productores de coca del departamento central de Cochabamba y la mancomunidad de municipios de esa región le dieron un plazo de 48 horas para salir. La agencia salió del Trópico, pero continuó operando –en una práctica bastante habitual en otras partes del mundo donde también se cuestiona su papel-, a través de otras subcontratistas.
¿Pero cuál es el alcance o la dimensión de la resolución aprobada por los doce alcaldes de Pando, de los que 6 pertenecen al Movimiento Al Socialismo (MAS) y otros 5 electos en listas de la oposición en abril pasado?
La respuesta hay que empezar a rastrear, como se sostenía al principio, en que los alcaldes del departamento de Pando –que en total no tiene una población superior a las 55.000 habitantes, según el Censo de Población y Vivienda 2001-deciden poner un alto a la aplicación de una estrategia estadounidense de dimensiones internacionales y que involucra a Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador y Venezuela. Es decir, es un golpe muy fuerte a la Iniciativa de Conservación de la Cuenca Amazónica (ABCI por sus siglas en inglés), que para sus primeros cinco años (2006-2011) tiene presupuestado 65 millones de dólares, de los cuales $us 50 millones representan un aporte de USAID y $us 15 millones de organizaciones socias de Europa.
La puesta en marcha de esta iniciativa estadounidense para conservar la biodiversidad y el medio ambiente, que se contrapone a la negativa de la Casa Blanca por ratificar el Tratado de Kioto y reducir la emisión de gases de efecto invernadero, tal como Barak Obama y los presidentes de los países desarrollados han sostenido en Copenhague en diciembre de 2009, ha demandado una fuerte presencia –calificada como penetración por el pronunciamiento de los alcaldes- de ONG, sin que se haya logrado impactar –desde estos programas- en la disminución de los índices de pobreza y otros problemas sociales y ambientales.
La afirmación no pierde sentido, sobre todo cuando se considera que llegan a 13 –si no más- las ONG que operan en el territorio de ese departamento, todas con financiamiento de USAID o de otras agencias europeas con fuertes vínculos con la estadounidense. Las ONG cuestionadas son: Armonía, CSF, Herencia, Puma, WCS, Rainforest Alliance y otras.
De los cinco “consorcios” que forman parte de la ABCI, tres involucran directamente a Bolivia: Conservación del Corredor de Conservación Madidi-Manu de Bolivia y Perú, Gestión Ambiental en la Región MAP (Madre de Dios –Perú-, Acre –Brasil- y Pando –Bolivia-) y Formas de Vida Sostenibles en la Amazonía Occidental.
Antes de iniciar la ejecución de ABCI, un trabajo de evaluación de necesidades y formulación de estrategias fue realizado durante dos años con el financiamiento y monitoreo de USAID y la participación de 30 consorcios que representaban a instituciones de EE.UU. y de países de la amazonía.
El interés de los Estados Unidos en la suerte de la Amazonía del continente no es reciente ni está fuera de una estrategia global contenida en varios documentos, de los cuales los dos más importantes en los últimos diez años son: el Santa Fe IV y el Plan Colombia, rebautizado luego como Iniciativa Regional Andina.
En Santa Fe IV –elaborado en el gobierno de Bush (hijo)-, los estrategas del Departamento de Estado –todos ellos con relaciones carnales con el Departamento de Defensa-, identifican en “nueve D” las “Amenazas” para los Estados Unidos desde América Latina: Defensa, Drogas, Demografía, Deuda, Desindustrialización, Democracia Populista, Desestabilización, Deforestación, Declinación de Estados Unidos.
En lo que respecta a la amenaza de la “Deforestación”, no sin antes apuntar la fuerte presencia de “las otras Ds” en los discursos estadounidenses, es bueno subrayar que el documento Santa Fe IV hace la siguiente relación: “El hemisferio ha sido bendecido con recursos naturales y un clima que lo convierte en un paraíso único y virtual para quienes usen sabiamente tales recursos. A lo largo de las últimas décadas se ha vuelto evidente que la destrucción de nuestros bosques, tanto de la mitad norte del hemisferio como, especialmente, de las selvas del sur, debe controlarse. Este no es un tema bipartidario. Más aún, exigirá los mejores esfuerzos de organizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales (ONG)”.
Más claro, agua. Es más, si no se conociera el origen del texto arriba entrecomillado, su redacción fácilmente sería suscrita por dirigentes y activistas que propugnan organizar la vida social y la relación del ser humano con la naturaleza por un rumbo distinto al capitalista. Ideas buenas, objetivos malos, reza una aforismo popular que quizá ayuda a entender el interés estadounidense en los enormes reservorios de biodiversidad, oxígeno, agua y otros recursos. Las instalación de nuevas bases militares en Colombia, la activación de la IV Flota, la ocupación de Haití y la pronta llegada de 7.000 soldados a Costa Rica, representan apenas algunas pruebas inobjetables.
Pero el golpe que los alcaldes pandinos de Bolivia han propinado a uno de los componentes de la estrategia de Estados Unidos para esta parte del continente se suma, casi dos años después, al desmontaje que el gobierno del presidente Morales hizo al componente militar en 2008, inmediatamente después de que declaró “estado de sitio” en ese departamento a raíz de la “masacre del Porvenir”, en la que se produjo casi una treintena de bajas, entre muertos y heridos.
Y no es una exageración lo que se está diciendo. A pesar de la naturaleza ideológico-política con la que Evo Morales asumió la conducción de Bolivia el 22 de enero de 2006, la “estrategia amazónica” de Estados Unidos no sufrió ninguna interrupción. Al trabajo que se iba elaborando con las ONG se sumaba el Southern Command (SOUTHCOM), responsable de todas las actividades militares –abiertas y encubiertas- de Estados Unidos en América Latina.
La presencia del grupo militar de los Estados Unidos se concretó en un convenio directo entre el entonces prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, y la embajada de los Estados Unidos encabezada por Philip Golberg, quien fue expulsado por el presidente boliviano luego de presentarse pruebas de sus reuniones permanentes con la oposición de ultraderecha atrincherada en Santa Cruz y que pretendió –luego de la ratificación de Morales con un 67 por ciento- concretar un golpe cívico-prefectural entre septiembre y octubre de 2008.
El grupo militar estadounidense dependiente del Comando Sur desarrollo sus programas de “Acción Cívica” principalmente en las provincias de Cobija, Porvenir y Bolpebra. Es poco probable, sin embargo, que el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Bolivia o al menos una parte de esa instancia militar haya desconocido la presencia de los militares de Estados Unidos. ¿Cómo explicar eso? La respuesta no es sencilla pero quizá los rastros hay que encontrarlos en la existencia de un “Estado aparente” como señalaba el pensador boliviano René Zabaleta, cuya elaboración intelectual le sirve, en parte, al vicepresidente García Linera, para desarrollar su propuesta del “Estado integral”, como el puente entre el capitalismo y el socialismo comunitario.
Una aclaración necesaria. La “Acción Cívica”, cuyo concepto no ha sufrido modificaciones en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos desde la década de los 60, hace referencia a un componente “no militar” de una estrategia militar y política, y consiste –como señalaba el general Summers- en “conquistar las mentes y el corazón de las gentes” a través, entre otras cosas, de la apertura de letrinas, prestación de servicios de odontología, comunicaciones y transporte que la población necesita.
Sin embargo, el trabajo de las ONG y la presencia del Comando Sur, cuyo número debería ser un tema a investigar por la Asamblea Legislativa Plurinacional, no pudo evitar un crecimiento progresivo del narcotráfico, el comercio ilegal de oro, contrabando de madera, tráfico de especies biológicas, contrabando de combustible y comercio ilegal de armas.
En ese contexto hay que explicar los hechos violentos del Porvenir y la resistencia, incluso armada, de la que fueron objeto los entonces ministros Juan Ramón Quintana y Luis Tapia, el 13 de septiembre de 2008, cuando se desplazaron en un operativo político-militar hasta Cobija, para restablecer, por efectos del estado de sitio, el orden y la paz. Las primeras 24 horas ambos altos funcionarios de Estado tuvieron que permanecer en el aeropuerto por la dureza de la reacción de grupos paramilitares organizados y financiados desde la Prefectura, según explicó semanas después Juan Ramón Quintana, quien luego se hizo cargo de las campañas electorales de diciembre de 2009 y abril de 2010 en ese departamento y su vecino Beni.
El desmontaje de esa estructura política que le allanó el camino a esa suerte de enclave estadounidense ha demandado su tiempo. Ante la ausencia del viejo Estado monocultural, la “guerra cultural” la gana por lo general Estados Unidos y sus aparatos no gubernamentales. El fuerte conservadurismo, trabajado durante años por las fuerzas políticas de derecha y una práctica prebendal, no ha sido fácil de cambiar y el partido de gobierno ha tenido que esperar hasta las elecciones locales de abril pasado para ganar la gobernación y seis alcaldías, de la cual la de Cobija concentra cerca del 60 por ciento del electorado de ese departamento. El miércoles pasado cinco alcaldes opositores se han desmarcado de sus partidos y han firmado el pronunciamiento de condena a USAID.
De hecho, el gobierno ha constituido hace poco una agencia para el desarrollo de las macro regionales y zonas fronterizas con el objetivo de ir sentando soberanía en aquellos departamentos y zonas descuidadas por el “Estado aparente” que, por eso mismo, le brindaba condiciones favorables al establecimiento y reproducción de relaciones clientelares en esas regiones.
El Estado Plurinacional está dando sus primeros pasos para sentar soberanía a lo largo y ancho de todo el territorio. Victorias políticas acompañan a esa expansión de la hegemonía, pero todavía deberán darse varios pasos para construir presencia económica y productiva, pero sobre todo para cambiar la manera de pensar y reproducir la vida.
Bolivia-Ecuador
EL ESTADO CONTRA LOS PUEBLOS INDIOS
“Son gringuitos que ahora vienen en forma de grupitos en ONG. A otros con ese cuento. Esta gente ya tiene la pancita bien llena”, dijo el presidente de Ecuador, Rafael Correa, al referirse a los manifestantes que pertenecen a la Confederación de Nacionalidad Indígenas del Ecuador (CONAIE). Evo Morales dijo casi lo mismo: “Como la derecha no encuentra argumentos para oponerse al proceso de cambio, ahora recurre a algunos dirigentes campesinos, indígenas u originarios, quienes son pagados con prebendas de algunas ONG”.
Rebelión de España (www.rebelion.org/noticia.)
Al parecer los presidentes de ambos países pasaron por alto que están usando los mismos argumentos de sus enemigos, cuando acusaban a los movimientos sociales de formar parte de la “subversión comunista internacional” o de estar financiados por el “oro de Moscú”. Dos errores en uno: creer que los indios pueden ser manipulados, y que lo son desde fuera del país. No es extraño que hayan sentido las afirmaciones de sus presidentes como agravios que buscan desviar la atención de los verdaderos problemas.
Puede ser cierto, como afirmó el vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, que la agencia de cooperación de Estados Unidos, USAID, está infiltrando algunos movimientos sociales para que se manifiesten contra el gobierno. Aseguró que de 100 millones de dólares que invierte USAID en su país, 20 se usan en gastos técnicos y el resto “para sus amigotes, para su clientela política, patrocinando cursos, publicaciones y grupos que promueven conflictos”[3].
Las organizaciones sociales involucradas rechazaron estar financiadas por USAID, pero lo que más llama la atención es que se haga esa crítica justo en el momento en que realizan movilizaciones contra el gobierno y no antes. El primer ministro de Hidrocarburos del gobierno de Evo, fue más lejos y le recordó al presidente que debe explicar porqué permitió que USAID, el Banco Mundial y ONGs europeas diseñaran el Estado Plurinacional vigente. En efecto, “USAID financió en 2004 la Unidad de Coordinación para la Asamblea Constituyente”, además de otras actividades oficiales[4].
La marcha indígena en Bolivia
El 17 de junio se concentraron centenares de indígenas de tierras bajas en Trinidad, capital del departamento del Beni, a unas cinco horas de Santa Cruz de la Sierra. Su intención era realizar una marcha de 1.500 kilómetros a pie hasta La Paz, ascendiendo desde las regiones selváticas hasta los cuatro mil metros. La Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) que reúne a 34 naciones del oriente organizados en once regionales[5], convocó a los marchistas siendo apoyados por el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ).
Estas son dos de las cinco principales organizaciones indígenas que en 2006 formaron el Pacto de Unidad durante la Asamblea Constituyente, y hasta ahora eran un sólido apoyo al gobierno de Evo Morales. Las otras tres, la poderosa Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Confederación de Comunidades Originarias de Bolivia (CSCB) y la Federación de Mujeres de Bolivia Bartolina Sisa, siguen apoyando al gobierno.
Desde principios de año la CIDOB venía negociando con el ministro de Autonomías, Carlos Romero, la Ley Marco de Autonomías llegando al consenso en 50 artículos mientras en otros trece había diferencias[6]. Los puntos en desacuerdo fueron básicamente dos: los pueblos indígenas reclamaban que los acuerdos se aprobaran por usos y costumbres mientras el Estado exige referéndum. El segundo se refiere a los territorios indígenas que traspasan los límites departamentales, ya que los pueblos piden que las autonomías traspasen esos límites.
En el fondo se trata de una cuestión de soberanía: los pueblos de tierras bajas exigen que las comunidades tengan capacidad de vetar los emprendimientos que afecten a sus territorios, en particular las concesiones mineras e hidrocarburíferas, y que los asientos en la Asamblea Plurinacional se eleven de siete a 18. Iniciada la marcha el gobierno decidió negociar por separado con algunas regionales de CIDOB para dividir al movimiento. Por ese motivo, la marcha que partió de Trinidad el 22 de junio se detuvo días después en Asunción de Guarayos, a 400 kilómetros de Santa Cruz, donde una delegación oficial llegó a un acuerdo de ocho puntos con CIDOB[7].
La segunda estrategia del gobierno fue lanzar indios contra indios. Evo Morales acudió a una asamblea de los seis sindicatos de cocaleros que repudiaron la marcha de CIDOB y se mostraron dispuestos a impedirla[8]. El ex vocero del gobierno, Alex Contreras Baspineiro, apuntó que “antes de encontrar una solución pacífica y concertada, el gobierno comenzó una campaña mediática millonaria para tratar de desacreditar la movilización indígena[9]. “En cinco años de gobierno, nunca se había visto este tipo de división y menos las amenazas de enfrentamiento”, agregó.
La tercera fue la difamación, al acusarlos de estar financiados por USAID. Por eso el presidente de CIDB, Adolfo Chávez, no sólo rechazó la acusación y recordó que los marchistas tienen problemas de alimentación y medicamentos, sino que desafió al gobierno: “Retamos al gobierno a que expulse del país a la USAID y veremos quienes son los afectados”[10].
Contreras es un reconocido periodista social boliviano que acompañó la I Marcha Por el Territorio y la Dignidad, en 1990, que supuso el comienzo de la recomposición de los movimientos en pleno período neoliberal. Por su compromiso y su especial cobertura de las marchas indígenas fue homenajeado por los principales medios del país. En esa marcha que se inició también en Trinidad conoció a Pedro Nuni, representante del pueblo mojeño y ahora diputado del MAS, quien le dijo que “algunos ministros del gobierno indígena nos están haciendo enfrentar a indígenas contra indígenas”[11].
Uno de los resultados de la marcha es que el gobierno perdió su mayoría de dos tercios en el parlamento (111 votos sobre 166), ya que ocho diputados indígenas decidieron alejarse del MAS (Movimiento al Socialismo). En suma, Contreras cree que si el gobierno persiste en no negociar puede estar en peligro la propia gobernabilidad del país. Por eso cree que no hace falta “un enfrentamiento entre organizaciones indígenas, ni la satanización de algunos dirigentes”, sino sobre todo negociar y “rescatar un pilar de este proceso de cambio: la cultura de la vida, de la paz, del diálogo y la concertación social”[12].
Sin embargo, el gobierno rechazó las principales demandas de la CIDOB, argumentando que si lo hiciera violaría la Constitución. El ministro Romero argumentó que algunas de esas demandan “no respetan los derechos de todos los bolivianos”, porque sólo benefician a ese sector, y que no se les puede dar a los pueblos mayor representación que el porcentaje de población que representan en el país[13]
La CONAIE contra Correa
El 25 de junio se realizó la cumbre de presidentes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), uno de cuyos temas centrales fue la cuestión de la plurinacionalidad. La reunión de los ochos presidentes se realizó en Otavalo, unos 60 kilómetros al norte de Quito, una ciudad mayoritariamente quichua. Pese al tema que se iba a debatir, las organizaciones indígenas no fueron invitadas. Por eso la CONAIE decidió instalar en la misma ciudad su Parlamento Plurinacional, para denunciar que no puede haber plurinacionalidad sin los indígenas.
Unas tres mil personas realizaron una marcha pacífica por la ciudad, entre cantos y bailes que celebraban el Inty Raymi, el año nuevo andino, y a la vez recordaban el 20 aniversario del primer levantamiento indio, que comenzó el proceso de movilizaciones que finalmente llevó a Rafael Correa a la presidencia. La cumbre estaba protegida por policías a caballo que se espantaron al llegar los manifestantes, que alcanzaron la puerta del recinto para entregar una carta a su “hermano” Evo Morales.
Los indígenas están enfrentados al gobierno por la ley de aguas y las concesiones a las empresas mineras, lo que ha provocado numerosas movilizaciones, paros, bloqueos y levantamientos[14]. El conflicto entre la CONAIE y el gobierno no es nuevo, aunque ahora adquiere un tinte más grave por las acusaciones de la justicia contra los dirigentes. Al día siguiente de la cumbre, la fiscalía de la provincia de Imbabura, donde está Otavalo, inició una indagatoria contra las organizaciones indígenas.
En la misma se dice que “un grupo de ciudadanos de raza indígena” rompió el cerco policial donde se reunía la ALBA “gritando consignas que atentan contra la seguridad del orden público” y que el principal daño fue que a un policía le “sustraen las esposas”. Con ese fundamento se acusa a los dirigentes de CONAIE y Ecuarunari (la organización quichua de la sierra) nada menos que de “sabotaje y terrorismo”[15]. Se trata de una acusación de extrema gravedad que busca intimidar a los dirigentes.
Según el abogado y profesor universitario Mario Melo, el problema de fondo es que la presencia de la CONAIE fuera del recinto donde se reunían los presidentes “evidenció ante la opinión pública nacional e internacional que las organizaciones representativas de las nacionalidades y pueblos del Ecuador están siendo excluidas de la definición de políticas públicas que les competen”[16]. Por eso se produce una respuesta política disfrazada de acción jurídica, para “amedrentar y desmovilizar” a los movimientos.
Los dirigentes indígenas respondieron al desafío. Marlon Santi, presidente de la CONAIE, se presentó ante la fiscal para conocer los cargos y dar su versión. El 5 de julio un comunicado conjunto de Ecuarunari y CONAIE señala que las acusaciones de terrorismo carecen de fundamento jurídico y que se trata de “una persecución política al movimiento indígena y a los dirigentes por el simple hecho de discrepar con las políticas del gobierno”[17].
El comunicado recuerda que el artículo 98 de la nueva Constitución reconoce el “derecho a la resistencia” cuando estén amenazados los derechos. Y finaliza con una frase que anticipa más confrontaciones: “Los procesos judiciales contra los dirigentes no hacen otra cosa que evidenciar la bajeza de espíritu de los gobernantes y una grave amenaza para la democracia y la paz de los y las ecuatorianas”.
Pérez Guartambel, presidente de la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del Azuay (Cuenca), también fue acusado de sabotaje y terrorismo a raíz de una masiva protesta en su pueblo, Tarqui, el 4 de mayo. El Frente de Mujeres Defensa de la Pachamama, por su parte, formula denuncias similares. Todo indica que el proceso que se vive en Ecuador implica una ruptura profunda entre movimientos y gobierno, cuestión que en Bolivia no ha llegado tan lejos.
Hay un abismo que los separa, cuya línea divisoria es el proyecto de país y el denominado “desarrollo”. Correa está convencido que la mayor amenaza a su proyecto, que denomina “Socialismo del siglo XXI, viene de lo que él denomina la izquierda “infantil” y grupos ambientalistas e indígenas que, dice, rechazan la modernidad. Por eso critica al que “le dice no al petróleo, a las minas, a no utilizar nuestros recursos no renovables. Eso es como un mendigo sentado en un saco de oro”[18].
El Estado Plurinacional en cuestión
Los procesos políticos y sociales en los dos países son como dos gotas de agua. Ambos aprobaron un Estado Plurinacional y nuevas constituciones, pero a la hora de aplicarlas encuentran fuertes trabas. Son las bases sociales indígenas y de los sectores populares urbanos, que llevaron al gobierno a Evo Morales y a Rafael Correa, las que están resistiendo a “sus” gobiernos. En los dos casos, los gobiernos optaron por el extractivismo minero y petrolero para asegurarse ingresos fiscales, en vez de apuntar hacia el Buen Vivir como dijeron en su momento.
La FEJUVE (Federación de Juntas Vecinales de El Alto), una de las más importantes organizaciones sociales de Bolivia, emitió un duro documento, el Manifiesto Político del XVI Congreso Ordinario[19]. Dice que “pese a tener un presidente indígena como es Evo Morales, el Estado sigue gobernado por la oligarquía criolla” ya que “sigue manteniendo el sistema económico capitalista y el sistema político neoliberal”. Asegura que el pueblo pobre sigue siendo “dominado políticamente”, “explotado económicamente” y “marginado racial y culturalmente”.
Más grave aún. “El gobierno del MAS, luego de asumir el mando, sólo ha utilizado a los pueblos indígenas y sectores populares para sus campañas políticas, pero éstos siguen siendo excluidos de las decisiones políticas y son utilizados solamente por el gobierno para legitimarse y encaramarse en el poder”. Además exige que el gobierno no se entrometa en las organizaciones sociales, que haya un cambio en la conducta del vicepresidente Alvaro García Linera y su entorno, que define como “enemigos de la clase campesina e indígena”, y apoya la marcha de los pueblos de oriente.
El tono y el contenido son muy fuertes. La FEJUVE no es cualquier organización, sino una de las protagonistas de la Guerra del Gas, en octubre de 2003, que provocó la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada y hundió el neoliberalismo. Ahora evalúa pedir la renuncia de Evo. En Ecuador, la CONAIE es también muy importante, fue la protagonista de una decena de levantamientos desde 1990, derribando tres gobiernos. Una ruptura con estas organizaciones es muy grave para cualquier gobierno, más aún para quienes se apoyan en ellas.
En el fondo, están naciendo las primeras grietas en el Estado Plurinacional, un edifico que aún no se ha terminado de construir. ¿Porqué surgen esas grietas? Porque hay una potente disputa de poder, ya que los pueblos originarios no tienen porqué aceptar el marco del Estado-nación, que es a lo que se remite el Estado Plurinacional. En este punto aparecen dos miradas que intentan dar cuenta de los procesos en curso.Alberto Acosta, economista ecuatoriano y ex presidente de la Asamblea Constituyente, estima que se atraviesa el proceso de aprobar las leyes que aterricen el texto en la vida cotidiana. Si eso no se hace, la Constitución por más avanzada que sea queda en nada. El problema es que el presidente Correa cree que las leyes de agua y comunicación no son importantes, lo que para Acosta es tanto como decir que “la Constitución no es fundamental ni prioritaria”. Se pregunta: ¿Será acaso que la Constitución comienza a convertirse en camisa de fuerza para el presidente Correa?”[20].
Cree que la oposición de derecha, que se opuso a la Constitución, está obstaculizando cada ley para impedir cualquier avance. Por otro lado, “la manera de gobernar de Correa, que es un liderazgo atropellador en esencia, no da espacio para el debate”. La conclusión es que la Constitución que iba a refundar el país, “está atada a un manejo político que no garantiza su plena vigencia”. La sociedad no la defiende, pero desde el gobierno “hay una suerte de contrarrevolución legal”.
El escritor y filósofo boliviano Rafael Bautista sostiene que refundar el Estado en Bolivia sin potenciar las naciones originarias es no cambiar nada o “pura cosmetología”. Pero si no hay refundación, o sea descolonización, “lo que acontece es una pura recomposición del carácter señorial del Estado”[21]. En suma, más Estado colonial asentado en la creencia de la superioridad sobre los indios que se perpetúa en el Estado Plurinacional, porque es un modelo que en los hechos no ha sufrido modificaciones.
Bautista dice que “el cambio ya no consiste en una transformación de los contenidos del nuevo Estado”, sino en “una adecuación subordinada de lo plurinacional a las necesidades funcionales de la institucionalidad estatal”. Esto es, precisamente, lo que revela la marcha: el sentimiento de superioridad sobre los indios (son manipulados, no actúan por ellos mismos, dice el gobierno) y la imposibilidad de que el Estado deje de estar “arriba” y en el centro.
La esencia de lo plurinacional pasa por una ampliación del ámbito de decisiones, una ampliación del poder. “Lo plurinacional no quiere decir suma cuantitativa de los actores, sino el modo cualitativo de ejercer la decisión: somos efectivamente plurales cuando ampliamos el ámbito de decisión”. Y eso es lo que no sucede, por eso Bautista dice que el gobierno actual “manda mandando, no manda obedeciendo”.El gobierno no traspasa poderes a los pueblos originarios sino que los desconcentra entre gobernaciones y alcaldías, o sea reproduce la lógica de los privilegios porque desde la Colonia esos son los espacios de las elites locales. La marcha está mostrando una renuncia a transformar el Estado para limitarse a mejorar su performance, lo que se implica “la actualización de la paradoja señorial”, concluye Bautista. La marcha indígena no hace más que mostrar la desnudez de la proclamada descolonización del Estado.
Los pueblos originarios, que crearon las nuevas condiciones para su libertad, no van a seguir tolerando la marginación política. Saben que los Estados necesitan explotar los recursos naturales para pagar sus cuentas. Pero también saben que esa lógica los conduce a la destrucción. Por eso se han puesto en marcha: porque tuvieron la fuerza para frenar el neoliberalismo y ahora no quieren perder la oportunidad.
Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe cada mes para el Programa de las Américas (www.cipamericas.org)
RecursosAlberto Acosta, “Rafael Correa nos invita a violar la Constitución”, diario Expreso, Guayaquil, 26 de junio de 2010.Alex Contreras Baspineiro, “Indígenas contra indígenas”, ALAI, 29 de junio de 2010.Andrés Soliz Rada, “Evo y Usaid”, Bolpress, 3 de julio de 2010.FEJUVE El Alto, “Manifiesto político del XVI Congreso Ordinario”, 27 de junio de 2010.“Lucha Indígena” No. 47, julio de 2010, Cuzco.María José Rodríguez, “El iceberg tras las luchas por los recursos”, Bolpresss, 2 de julio de 2010.Mario Melo, “La justicia penal como arma de represión política”, Red de Comunicadores Interculturales Bilingües del Ecuador, 1 de julio de 2010.Patricia Molina, “Crónica d ela VII Marcha Indígena por la autonomía y ladignidad”, Bolpress, 7 de julio de 23010.Rafael Bautista, “Bolivia: ¿Qué manifiesta la marcha indígena?”, Bolpress, 30 de junio de 2010.[1] Telesur TV, en www.telesurtv.net 25 de junio de 2010.[2] “La mano de EE.UU. en el conflicto indígena”, en www.prensamercosur.com.ar 2 de julio de 2010.[3] La Jornada, 26 de junio de 2010.[4] Andrés Soliz Rada, “Evo y USAID”, Bolpress, 3 de julio de 2010.[5] Son mojeños, guaraníes, trinitarios, tacanas, izozeños, yukis, mosetenes, guarayos, sirionós, y matacos entre otros.[6] Patricia Molina en Bolpress, 7 de julio de 2010.[7] “Detienen temporalmente la marcha indígena”, Bolpress, 7 de julio de 2010.[8] Agencia Boliviana de Información (ABI) 5 de julio de 2010.[9] “Indígenas contra indígenas”, ALAI, 29 de junio de 2010.[10] Idem y agencias.[11] Idem.[12] Idem.[13] Agencia Boliviana de Información, 8 de julio de 2010.[14] Ver “Ecuador: Se profundiza la guerra por los bienes comunes”, Programa de las Américas, 19 de octubre de 2009.[15] Mario Melo, “La justicia penal como arma de represión política”, 1 de julio, www.redci.org[16] Idem.[17] “La ‘revolución ciudadana’ persigue a los dirigentes indígenas y sociales del país”, CONAIE y Ecuarunari, 5 de julio de 2010.[18] Agencia Reuters, 6 de julio de 2010.[19] FEJUVE, 27 de junio de 2010 en www.alminuto.com.bo[20] Entrevista a Alberto Acosta en Expreso, Guayaquil, 26 de junio de 2010.[21] Rafael Bautista, “¿Qué manifiesta la marcha indígena?”, Bolpress, 30 de junio de 2010.
OPINION
IZQUIERDA Y DIVERSIDAD
Página 12 de Argentina (www.pagina12.com.ar)
Ni el pluralismo ni la apertura eran características propias de la izquierda clásica, que tendía a ignorar a las minorías, prestaba poca atención a las demandas particularistas y nunca contempló a la discriminación como un verdadero problema.
Algunos ejemplos latinoamericanos ilustran esta afirmación. La Revolución Nacional Boliviana de 1952, que algunos califican como la más radical del siglo XX en Sudamérica, encaró un breve pero muy ambicioso proyecto de inclusión social, con base en los sindicatos mineros, que produjo algunos avances notables, como la nacionalización de los recursos naturales, el voto universal y el reemplazo del ejército por milicias de obreros y campesinos. Y si bien es cierto que eliminó algunas normas segregacionistas (los indígenas, por ejemplo, tenían prohibido pisar la Plaza Murillo, equivalente paceño de la Plaza de Mayo), lo hizo a partir de un proyecto de homogeneización en clave mestiza, al estilo de la Revolución Mexicana, dentro del cual la cuestión étnica no ocupaba ningún lugar.
Otro ejemplo. Entre febrero de 1981 y diciembre de 1983, después de derrocar a la dictadura más longeva de Centroamérica, el gobierno de Daniel Ortega, en su afán de imponer la reforma agraria y eliminar cualquier vestigio de resistencia somocista, chocó contra la resistencia de las comunidades de indígenas miskitos de la orilla del Río Coco. Con el argumento de que muchos de ellos colaboraban con la Contra, el sandinismo forzó una relocalización masiva. Los miskitos denunciaron varios episodios de represión, en particular el conocido como “Navidad roja”, que derivó en el exilio de 10 mil indígenas a Honduras. Algunos de estos acontecimientos se encuentran razonablemente documentados y le valieron acusaciones a Ortega en tribunales locales, así como una advertencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pero el caso más interesante es, sin dudas, el de Cuba, que siempre consigue ubicarse en los extremos. En 1961, dos años después de la toma del poder, el gobierno de Fidel Castro lanzó una serie de redadas masivas en La Habana con el objetivo de detener, según la documentación oficial, a pederastas, prostitutas y homosexuales. Este proceso llegó a su punto máximo en 1965, con la organización de las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), que funcionaron como campos de trabajo forzado de aquellos considerados “antisociales”, entre los que se incluía a militantes católicos, testigos de Jehová y homosexuales. Para estos últimos se sancionó la Ley de Ostentación Homosexual, que permitía detenerlos sin mucho trámite. Como explica la investigadora cubano-americana Frances Negrón-Muntaner (“Mariconerías de Estado”, Nueva Sociedad 218), el machismo caribeño, el estalinismo soviético y el catolicismo español se conjugaron para crear una poderosa “homofobia de Estado”, que también se explica por la identificación de los homosexuales con el turismo estadounidense prerrevolucionario, considerado burgués y decadente.
Por supuesto, sería injusto reclamarles a los viejos comandantes revolucionarios que se pusieran al día con demandas de inclusión étnica, reconocimiento a las minorías sexuales o aceptación de la diversidad que recién estaban comenzado a surgir. Sin embargo, detrás de estos ejemplos aparentemente aislados hay un hilo invisible, un motivo estructural por el cual los ciclos de transformación más radical del siglo XX latinoamericano excluyeron sistemáticamente este tipo de planteos: me refiero a la idea, propia de un izquierdismo superficial, de que la igualación económica acabará de manera mecánica con todas las demás inequidades, y que, por lo tanto, cabe sólo ocuparse de esta primera y fundamental desigualdad, pues el resto viene después, automáticamente.
Es esta noción la que ha cambiado. La globalización, la fragmentación social y la expansión de las nuevas tecnologías de la comunicación, entre otros macrofenómenos contemporáneos, definen un mundo completamente distinto al del pasado, y a menudo contradictorio: las tendencias actuales uniformizan (sobre todo el consumo), pero también permiten un mayor conocimiento del otro, lo cual abre espacios de tolerancia que antes no existían; articulan grandes regiones económicas (ahí están los esfuerzos integracionistas tipo Mercosur) pero también implican una revalorización de lo local; borronean las fronteras nacionales (mediante, por ejemplo, las migraciones masivas) pero a la vez cargan al Estado-nación de una cantidad inédita de demandas; producen nuevas formas de exclusión, pero también una horizontalización de las relaciones sociales (lo que Manuel Castells denomina la “sociedad red”).
En América latina, estas transformaciones se produjeron en simultáneo con las primaveras democráticas experimentadas entre mediados de los ’80 y principios de los ’90. Así, los movimientos propios del mundo globalizado –indígenas, feministas, de afrodescendientes, etc.– se superpusieron, y a veces se articularon, con aquellos nacidos de la resistencia a las dictadura militares (fudamentalmente de derechos humanos).
La izquierda ha sido permeable a estos cambios. Hoy, además de las clásicas cuestiones de desigualdad económica y social, incluye en su agenda los temas de etnia y raza, género, diversidad cultural y sexual, ecología. Esto define un abanico de temas más amplio, diseñado un poco para adaptarse a los nuevos tiempos y otro poco como respuesta a un argumento tan evidente como novedoso: las diferentes desigualdades complementan o potencian la clásica desigualdad social, tal como revela el repaso de algunos datos básicos: en Brasil, por poner un ejemplo entre miles, la tasa de desempleo de los hombres blancos en 2006 era de 5,6 por ciento, la de los hombres negros de 7,1, la de las mujeres blancas de 9,6, y la de las mujeres negras de 12,5; ese mismo año, la informalidad laboral afectaba a 42,8 por ciento de los hombres blancos y, en el otro extremo, a 62 por ciento de la mujeres negras, y ni siquiera la educación alcanza a nivelar estas diferencias: a igual nivel de instrucción, los hombres negros reciben 73,9 por ciento de los ingresos de los blancos y las mujeres negras 54,9 (todos los datos son de IPEA).
Este tipo de estadísticas confirma la idea de que las desigualdades se reatroalimentan y que para acabar con una es necesario enfrentarlas a todas. Y ya sea por esta constatación, o por la necesidad de dar cuenta de la nueva agenda globalizada, lo cierto es que, como sostiene el politólogo uruguayo Daniel Chávez, el derecho a la diferencia comenzó a ocupar un lugar tan relevante como el derecho a la igualdad en el imaginario de la izquierda.
Apenas asumió el gobierno, en enero de 2003, Lula creó la Secretaría de la Mujer, orientada a impulsar políticas de igualdad de género, y en 2009 la convirtió en ministerio. También creó la Secretaría Especial de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial, que implementa una serie de medidas de “acción afirmativa”, como cupos para negros e indígenas en las universidades públicas, exenciones fiscales para los centros de estudios privados que incluyan cierto porcentaje de estudiantes negros y cuotas en el empleo público. Aunque no asistió a la última reunión de la Asociación Brasilera de Gays, Lesbianas y Trans, Lula envió una carta en la que ratifica su apoyo a la organización y recuerda las leyes antidiscriminación impulsadas por su partido, en particular por Marta Suplicy, médica sexóloga, ex alcaldesa de San Pablo y conocida militante por los derechos de las minorías sexuales.
En Uruguay, el Frente Amplio consiguió la aprobación de la unión concubinaria, el cambio de sexo en el registro civil y una norma que habilitaría la adopción legal por parte de parejas homosexuales. En Chile, Michelle Bachelet cumplió su promesa de gobernar con un gabinete integrado en partes iguales por hombres y mujeres, impulsó una ley para equiparar la representación de género en los partidos políticos y una campaña de educación sexual en los colegios y de anticoncepción de emergencia en los hospitales públicos.
El régimen cubano, cuya capacidad de sintonizar los nuevos tiempos nunca conviene subestimar, derogó las leyes discriminatorias e incluso lanzó una ambiciosa y muy moderna política de inclusión de las minorías sexuales desde el Centro Nacional de Educación Sexual, cuya directora es nada menos que Mariela Castro, la hija de Raúl.
Por supuesto, no se trata de avances lineales. Dos años atrás, Tabaré Vázquez vetó la ley de despenalización del aborto aprobada por un acuerdo interpartidario impulsado por su propia coalición; Bachelet ha sido acusada por las organizaciones gays chilenas de hacer poco y nada en defensa de sus derechos; el PT, en cuyo origen se encuentran corrientes de cristianismo de base, se niega a hablar de aborto, y alcanza con echarles un vistazo a las blancas caras de la nomenklatura cubana para comprobar que la desigualdad racial está lejos de haberse resuelto.
En Bolivia, la Justicia comunitaria, que la reforma impulsada por Evo Morales elevó a rango constitucional como complemento de la Justicia ordinaria (“occidental”), ha sido acusada de penalizar conductas propias de la vida privada, como el adulterio (femenino). Y aunque sus defensores insisten en que las versiones más arcaicas, en donde por ejemplo la mujer adúltera era sometida a un corte de pelo como escarmiento, no están ya vigentes, de todos modos hay que reconocer que puede generar problemas: la tensión entre derechos humanos universales y multiculturalidad, una de las grandes contradicciones del mundo contemporáneo sobre la cual viene advirtiendo con lucidez Carlos Escudé (aunque Escudé, occidentalista militante, piensa más en las sociedades islámicas).
Por otra parte, no sólo la izquierda ha asumido como propias este tipo de banderas. Algunos partidos de derecha moderna, como el Partido Liberal alemán, se muestran abiertos a las demandas de tolerancia a la diversidad, aunque, al mirar el resto de las fuerzas de derecha europeas (el integrismo del PP español, el conservadurismo de los tories británicos o el reaccionarismo de cabaret estilo Berlusconi), hay que reconocer que es una excepción.
En general, se trata de cuestiones que la izquierda ha asumido como propias, como se confirma en Argentina al repasar los alineamientos legislativos: el centroizquierda (Proyecto Sur, Encuentro, Socialismo) votó unánimemente a favor, el centroderecha (PRO, Peronismo Federal) mayoritaria, aunque no unánimemente, en contra, y los dos partidos de centro, radicalismo y peronismo, divididos.
En cuanto al rol del Gobierno, es cierto que la iniciativa original no fue elaborada por el Frente para la Victoria y que el apoyo fue transversal. Pero también es verdad que el Gobierno destrabó el proyecto primero y lo impulsó con fuerza después, y que sin ello difícilmente hubiera sido aprobado. Si se miran con atención los comentarios previos, es fácil comprobar que quienes están en contra del Gobierno pero a favor del matrimonio gay (legisladores socialistas y radicales, algunos periodistas de televisión) defendieron la tesis de que se trata de una iniciativa de todo el arco político, no atribuible exclusivamente al kirchnerismo, en tanto que aquellos que se oponen por igual al proyecto y al Gobierno (el diario La Nación, la Iglesia) acusaron a este último de presionar para su aprobación. Por si hacía falta, esto confirma el rol clave desempeñado por el kirchnerismo, que con esta decisión se sitúa a la altura de la más moderna izquierda latinoamericana.
SURAMÉRICA RECUPERA EL RASTRO DEL PLAN PARA EXTERMINAR A LA IZQUIERDA
Los actuales procesos por delitos de lesa humanidad en el Cono Sur se nutren de los archivos del 'Plan Cóndor', que detallan la operación de eliminación de opositores por las dictaduras de los 70.
Público de España (www.publico.es)
Es una de las huellas más siniestras que ha dejado la historia del siglo XX en el Cono Sur latinoamericano, pero tuvieron que pasar muchos años para que aquel horror, que intentó desvanecerse en la impunidad, quedara desvelado por su propia documentación.
Es el Plan Cóndor, el pacto de coordinación que existió entre las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay en las décadas de los setenta y ochenta. Los archivos existentes son hoy indispensables para conocer sus detalles, le otorgan una concreción, un rostro, una identidad. Su descubrimiento fue el único modo de acallar a quienes durante mucho tiempo negaban la existencia misma del plan o recelaban de un supuesto objetivo conjunto de aniquilar a todos los opositores a los regímenes dictatoriales derechistas de la región.
"El tributo generado por la represión en el Cono Sur fue de unos 50.000 asesinatos, 30.000 desaparecidos la mayoría en Argentina y 400.000 encarcelados. Entre los asesinados y los desaparecidos se cuentan unos 3.000 niños", según resume la periodista argentina Stella Calloni, autora de dos libros sobre el operativo, Los años del lobo y Operación Cóndor, pacto criminal. Calloni considera que el plan fue una política de Estado terrorista "cuya base estuvo diseñada en Washington".
Juicio a Videla
Muchos de los procesos sobre delitos de lesa humanidad que ahora se llevan a cabo en América Latina se nutren de expedientes que esclarecen al detalle el funcionamiento de un sistema represivo impecable.
El ex dictador argentino Jorge Rafael Videla, que ya tiene múltiples procesos abiertos en su contra, deberá en breve rendir cuentas en la causa del Plan Cóndor, elevada ya a fase de juicio. Los archivos, que mencionan su nombre como partícipe de aquel operativo criminal, pueden ser fundamentales a la hora de dictar sentencia.
Los documentos sobre el Plan Cóndor aparecieron allá por 1992, cuando una de las víctimas de la dictadura paraguaya de Alfredo Stroessner (1954-1989), Martín Almada, descubría en una comisaría lo que luego se conocería como los archivos del terror, los registros más completos sobre el pacto de las dictaduras que se han encontrado hasta ahora.
"Yo estuve por Europa tratando de saber por qué el ex dictador chileno Augusto Pinochet usó la palabra cóndor", relata Almada. "Al parecer, viene de España, de cuando Hitler envió la Legión Cóndor a tirar bombas sobre Guernica. Es ahí cuando por primera vez aparece ese nombre".
Gracias a las cuatro toneladas de archivos encontrados en Paraguay, se puede deducir que la operación Cóndor tenía dos cabezas. "El ejecutor fue Pinochet, pero el cerebro o mentor fue el ex secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger, que elaboró las bases de lo que sería el Plan Cóndor. Premiado con el Nobel de la Paz, Kissinger es el terrorista más grande del mundo, pues ordenó en aquellos años la limpieza del aparato del Estado, de la sociedad civil y la política de comunistas", aclara Almada. "Kissinger no puede viajar ahora a Europa, porque tiene un juicio abierto en Francia, y mucho menos a América Latina, porque yo he interpuesto una querella criminal en su contra", añade.
Otra de las personas que participó en el descubrimiento de los archivos del terror es María Stella Cáceres, directora del Museo de las Memorias, Dictadura y Derechos Humanos en Paraguay. "Gracias a estos archivos, se ha podido saber que el Plan Cóndor tiene su propia acta de creación, que es la convocatoria realizada por el ex dictador Augusto Pinochet para la reunión que se efectuó en octubre de 1975 en Santiago de Chile y a la que acudieron todos los jefes policiales de la región", explica.
"También se encuentra el organigrama de qué función le corresponde a cada país, el modus operandi e incluso los nombres de las personas que participaron. Así se pudo estudiar y leer la función de cada país", sostiene la experta.
"En los archivos añade, hay libros de guardia con las novedades de todo lo que ocurría en las comisarías: hay fichas de detenidos, al estilo nazi, que tienen la indicación de circulación internacional; hay informes de los delatores que iban a los distintos países e informes de los embajadores que seguían y delataban a ciudadanos en el exterior. Toda la vida del país estaba allí".
Casos trágicos como el de una maestra que delató a su alumno de 6 años por haber llevado a clase un diario del Partido Comunista aparecen igualmente entre los documentos.
Fotos de las torturas
El Plan Cóndor tuvo además la siniestra peculiaridad de completar las fichas policiales de los detenidos con fotos tomadas después de las sesiones de tortura. "En sí, los archivos son una radiografía de la vida de la gente y del país en aquellos años, y de cómo la intervención violenta partió por en medio a la comunidad paraguaya", añade la investigadora.
Los golpes de Estado se sucedieron en la segunda mitad del siglo XX en América Latina. El dictador Alfredo Stroess-ner sólo tuvo que esperar diez años desde que se hizo con el poder en Paraguay para ver cómo el Gobierno brasileño de Joao Goulart era derribado por un golpe militar. En 1971, le llegaría el turno a Bolivia de mano del general Hugo Banzer, que impondría una dictadura durante siete años. En 1973, el ataque del general Pinochet al Palacio de la Moneda acabó con la vida del presidente Salvador Allende, y con un incipiente socialismo que había llamado la atención de la CIA y que Pinochet se encargó de sepultar sin piedad.
También ese año comenzó la dictadura de Juan María Bordaberry en Uruguay. En 1975, se marcaba el inicio de otro régimen militar en Perú y, al año siguiente, Argentina dijo adiós a la democracia con el golpe de la Junta Militar encabezada por el general Jorge Videla, el cual daría paso a un régimen represivo que dejó 30.000 desaparecidos y un país sumido en el espanto.
Ya en democracia, los países de América Latina aprendieron a reconstruir su tejido social, y empezaron a surgir las preguntas de por qué, quiénes, y cómo. Se buscaron archivos sobre el Plan Cóndor, que aparecieron con el tiempo en Bolivia, en Brasil, en Perú, en Paraguay e incluso en Uruguay. Las naciones latinoamericanas volvían a hacer uso del intercambio de información, pero esta vez para ayudarse mutuamente a reconstruir un pasado que no querían dejar atrás.
"La verdad gruesa ya la tenemos", relata Alicia Pierini, Defensora del Pueblo de Buenos Aires, que ha investigado gran parte de la información relativa al Plan Cóndor. "Lo que vale es mostrar la cooperación de las Fuerzas Armadas entre sí en el marco de lo que era en ese momento la Doctrina de la Seguridad Nacional y los planes para América Latina, como la Escuela de las Américas".
Pero el proceso es lento. "La investigación sobre desapariciones es difícil, porque quien hace desaparecer los cuerpos, también hace desaparecer los rastros. Lo que se ha logrado hasta ahora es lo máximo que se podía conseguir. Yo creo que desde que se recompuso la democracia en Argentina no se ha cesado de investigar".
Este país es el que más personas ha llevado a juicio por crímenes de lesa humanidad. Hasta ahora, 649 personas han sido procesadas y 68 más han sido ya condenadas.
El camino a la Independencia
LA REBELIÓN AMERICANA DE 1810
El Espectador de Colombia (www.elespectador.com)
Hay años que parecen destinados. 1810 es uno de ellos, porque marca la historia de América Latina. Pero todo acontecimiento es producto de un proceso y 1810 no fue la excepción. Si bien el sueño de la Independencia fue un objetivo que cobró forma en el siglo XVIII con la Ilustración, los Derechos del Hombre, la Revolución Francesa o la República de Estados Unidos, el momento para concretarla tuvo como detonante un hecho inesperado: el apresamiento del rey de España y la invasión francesa de Napoleón Bonaparte a la Península Ibérica en 1808.
La reacción española se expresó básicamente en dos formas: la resistencia militar y la creación de juntas de gobierno en las distintas provincias, invocando la soberanía del rey Fernando VII y en oposición al ideario francés. Como era de esperarse, esta última postura política no demoró en trasladarse a las colonias. El primer movimiento se presentó en septiembre del mismo 1808, con la convocatoria a un cabildo abierto en Montevideo (Uruguay). Y rápidamente, en el alto Perú, con cierto sabor independentista, se dio la revolución de Chuquisaca en mayo de 1809.
Esta población, hoy llamada Sucre (Bolivia), era sede de la Real Audiencia y los criollos, en parte para neutralizar los rumores de que la infanta Carlota —hermana del rey Fernando VII— se tomara el poder a nombre de la junta de Sevilla (España) y también en radical oposición a Napoleón y los franceses, formaron una junta para gobernar a nombre del monarca español. Hacia julio, producto de un nuevo cabildo, en La Paz (Bolivia), se consolidó otra junta autónoma. Cuando España recobró su imperio, las tropas virreinales ahogaron en sangre este intento soberano.
Sin embargo, el frenesí independentista ya se había tomado América. El 10 de agosto de 1809, el turno le correspondió a Quito (Ecuador). La aristocracia criolla se reveló contra el gobierno colonial y declaró su junta soberana de gobierno. Ocho meses después, el 19 de abril de 1810, en Caracas (Venezuela), los patriotas destituyeron al jefe militar de la capitanía y crearon su junta suprema. Y el 25 de mayo del mismo año, la hora le llegó a Buenos Aires, donde el virrey tuvo que entregar el mando a una junta autónoma. Con más o menos distancia frente a Fernando VII, la idea era alejarse de Francia y acariciar la libertad.
Obviamente, esta oleada social y política no demoró en asomarse al virreinato de la Nueva Granada (hoy Colombia) y le cabe a la ciudad de Cali el privilegio de ser la primera ciudad que dio su grito de independencia. Ocurrió el 3 de julio de 1810, 17 días antes de Santafé de Bogotá. El cabildo caleño aprobó el Acta de Emancipación del Consejo de Regencia de España y se organizó como junta suprema. Y después vino la junta provincial del Socorro (Santander), el 11 de julio. Su idea fue respirar un nuevo aire de libertad frente al corregidor, sin tomar distancia total del virrey. Así quedó consignado en el acta.
Con estos antecedentes, en Santafé de Bogotá, ocurrieron los hechos del 20 de julio de 1810. Primero, el pretexto del Florero de Llorente, después el cabildo extraordinario y luego la junta suprema de gobierno que reemplazó el virreinato, se declaró independiente del Consejo de Regencia y dio el primer paso hacia la distancia absoluta frente a Fernando VII. A los tres días se creó el primer batallón patriota, antes de un mes el virrey Amar y Borbón iba camino a España y, antes de concluir 1810, ya sesionaba el primer congreso de las provincias del Nuevo Reino de Granada que le abrió el camino al Colegio Constituyente y a la primera Carta Política.
La fiebre de las juntas se amplió con entusiasmo. El 6 de agosto de 1810, Mompox declaró su independencia de España. El 10 de agosto, el cabildo de Santa Marta sesionó de forma extraordinaria. Un día antes lo hizo Cartagena, pero hasta el 11 de noviembre de 1811 se declaró independiente. Acciones semejantes vinieron luego en Cauca, Cundinamarca y Antioquia. Simultáneamente, en México, el 16 de septiembre, el cura Miguel de Hidalgo emprendió una revolución popular con indios y mestizos, y dos días después, en Santiago de Chile, hubo junta suprema. La libertad de América cobró forma en las primeras repúblicas.
HIPOTERMIA DEJA 15 MUERTOS
Hoy de Ecuador (www.hoy.com.ec/noticias-ecuador)
La ola de frío que se extiende por la Argentina, Chile, el Uruguay, Bolivia, el Paraguay, el sur de Perú y la región amazónica del Brasil ya ha dejado al menos 15 muertes a su paso por estos países.
La zona más afectada por el frío es el sur argentino, en donde el intenso invierno ha provocado nevadas en regiones en donde no se producían desde hacía al menos tres décadas. Esto ha causado al menos 10 muertes por hipotermia, debido a las bajas temperaturas que se han ubicado en menos 14 grados al sur de la Argentina y menos 5,6 grados en el Uruguay.
Todos los fallecidos por hipotermia han sido indigentes que no tiene donde refugiarse del intenso frío. A estas muertes se suman otros 33 fallecimientos por intoxicación con monóxido de carbono, debido al uso de sistemas precarios de calefacción.
Mientras tanto, en el Uruguay, en donde ya se registran dos muertes por hipotermia, la Dirección Nacional de Meteorología mantiene una alerta de color amarillo. En Bolivia, se han suspendido las clases hasta el miércoles próximo para evitar que los estudiantes adquieran enfermedades.
El descenso de la temperatura también ha generado un incremento en el consumo de la energía eléctrica y de gas en estos países, además que se presenta una mayor demanda de los aparatos de calefacción.
Como consecuencia, ya existen pérdidas en la economía de la Argentina pues, debido a la alta demanda de gas, el Gobierno ha recortado el suministro a industrias. Las más afectadas son aquellas que no pueden utilizar combustibles alternativos, según informa diario español El Mundo.
Por otro lado, la crisis energética argentina repercute en dos países vecinos que se abastecían de su gas. El Paraguay ha comenzado a racionar la venta de gas licuado de petróleo. En el Uruguay, 10 industrias se quedaron sin suministro, por lo que han importado cerca de 5 000 toneladas de gas de los EEUU. La ola de frío ha dejado hasta el momento 15 muertes: 10, en Argentina; 2, en Uruguay; 2, en Bolivia; y uno, en Paraguay.
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