Bolivia avanzaría 25 puntos hasta llegar al puesto 71. Su PIB sería de unos $ 145.000 millones al 2050, en el 2010 fue de $ 12.000 millones y su renta per cápita llegaría a los $ 8.652.
Perú, Ecuador y Bolivia son los países sudamericanos considerados en el grupo de las 26 economías que tendrían un rápido crecimiento económico (superior al 5% promedio) hasta el 2050, según un informe elaborado por el banco HSBC Global Research.
Los tres estados latinoamericanos estarían agrupados con países africanos, asiáticos y de la antes Unión Soviética, entre los que destacan China, India, Filipinas, Egipto y Uzbekistán, que en la actualidad “comparten un nivel muy bajo de desarrollo, pero que han logrado grandes progresos”.
Según los datos, Perú, nación a la que llaman “la estrella de la región” escalaría 20 puntos en el ranking económico mundial, ubicándose en el puesto 26, con un Producto Interno Bruto (PIB) de $ 735.000 millones en el 2050, este fue de $ 85.000 millones en el 2010 y su renta per cápita pasaría de 2.913 dólares a los $ 18.940.En cambio, Ecuador saltaría 14 puntos hasta situarse en el puesto 62 al aumentar su PIB de $ 24.000 millones en el 2010 a $ 206.000 millones al 2050, lo que implicaría también un alza del ingreso per cápita de $ 1.771 a los $ 10.546. El año pasado, el crecimiento de la economía de Ecuador fue del 7,78%, según un informe del Banco Central.
Mientras que Bolivia avanzaría 25 puntos hasta llegar al puesto 71. Su PIB sería de unos $ 145.000 millones al 2050, en el 2010 fue de $ 12.000 millones y su renta per cápita llegaría a los $ 8.652.
Karen Ward, economista global sénior de HSBC, que encabezó el estudio, aseguró que los pronósticos se basaron en indicadores como el ingreso per cápita, la vigencia del estado de derecho, el respeto a la democracia, los niveles educacionales y cambios demográficos.
No obstante, advirtió que hay factores que pueden causar que las economías cambien a largo plazo como las presiones inflacionarias y el uso del crédito.
“El potencial de la economía en América Latina se ha desatado en las últimas décadas, ya que han logrado domar la inflación que afectó a las economías de gran parte de los años 1970 y 1980”, refirió Ward.
Para el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, en el caso de Ecuador el crecimiento dependerá de la evolución del precio del petróleo e influirá la inversión extranjera en el país. “No estamos considerando posibilidades de atraer inversión, contrario a lo que sucede en Perú, un choque externo de petróleo, podría sacarnos del juego”.
Diferente a este panorama de rápido crecimiento, países como Cuba, Uruguay y Venezuela, crecerían a un ritmo menor al 3,5%, según la previsión.
El estudio cita que Centro y Sudamérica crecerán a un promedio del 4,9% en la década comprendida entre el 2010-20; del 4,5% para el periodo 2020-30; 4,1% en el 2030-40 y del 3,9% en el 2040-50. “Muchos lugares en el mundo ofrecerán muy altas tasas de crecimiento. Estos lugares no están en el mundo desarrollado, que enfrenta vientos en contra cíclicos y estructurales. Estos lugares están en el mundo emergente”, señala el banco en el informe.
Mientras que el liderazgo económico cambiará. China se volvería la primera del mundo con unos $ 25,33 billones, desplazando a Estados Unidos al segundo puesto en el ranking. India alcanzaría el tercer lugar con unos $ 8,16 billones.
“La historia de los mercados emergentes es solo el inicio. Como los nuevos emergentes tomen fuerza, las economías emergentes ofrecen un gran potencial para impulsar la economía global hacia el 2050”. El Universo de Ecuador (www.eluniverso.com)
SEGÚN EL CÓNSUL DE BOLIVIA EN JUJUY, TRAS EL ACCIDENTE QUE COSTÓ 10 VIDAS “LA EMPRESA ES LA DIRECTA RESPONSABLE”
Jujuy al Día de Argentina (www.jujuyaldia.com.ar)
En diálogo con la prensa, el Cónsul de Bolivia Hugo Ramírez Zaballos responsabilizó directamente a la empresa “Potosí Buses” de ser la responsable del accidente ocurrido en la localidad de Volcán, donde un micro volcó, aparentemente, por exceso de velocidad, y le costó la vida a 10 personas.
Al respecto, el cónsul manifestó que “esta empresa está registrada en Bolivia, debe tener su seguro correspondiente dado estas circunstancias, la empresa debe asumir directamente esta responsabilidad por el accidente”.
En relación a las atenciones brindadas desde el Consulado boliviano en Jujuy a las víctimas de este trágico hecho, Ramírez Zeballos manifestó que “aun no hemos podido hablar y estar con ellos porque hemos estado reunidos con autoridades policiales de Jujuy, pero ellos están alojados en un hotel y veremos la forma de solucionarle la situación, ya que están llegando algunas autoridades de Bolivia para colaborar en esta labor”, y agregó que “se está investigando en los hospital, y se está haciendo el seguimiento los heridos, pero los que darán la información serán los médicos que están a cargo de la situación”.
Para finalizar, el Cónsul de Bolivia en Jujuy expresó que “siempre el gobierno boliviano está viendo de ayudar a los migrantes que vienen a la Argentina y en la mayoría de estos casos, como está sucediendo, muchos de esos ciudadanos ya cuentan con documentación radicatoria temporaria o definitiva en Argentina, viajan generalmente a Bolivia a visitar y su regreso ya es rutinario, muchos de estos bolivianos ya tienen residencia definitiva en Buenos Aires”.
EMPRESA PORTUARIA ARICA Y ADM. DE SERVICIOS PORTUARIOS DE BOLIVIA ALCANZAN ACUERDO TARIFARIO
Radio Bio Bio de Chile (www.biobiochile.cl/2012/04/09)
La Empresa Portuaria Arica y la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B) firmaron la tercera acta de Entendimiento tarifario, periodo 2012-2013, por los servicios prestados en el puerto de Arica para las cargas en tránsito desde y hacia Bolivia.
La información fue entregada por el Presidente del Directorio de Puerto Arica, Francisco Javier González Silva, quien expresó su satisfacción por el acuerdo alcanzado y agradeció a todas las partes involucradas, por cuanto de esta manera se cerró un trabajo conjunto que se ha extendido por más de un año.
Recordó el alto ejecutivo que Puerto Arica recibe la mayor parte de las importaciones de Bolivia, por lo que este acuerdo permite potenciar el liderazgo del terminal.
Sostuvo también que la concesión ha sido un éxito pues TPA ha logrado ser el puerto con las tarifas portuarias más competitivas, consolidando a Arica como salida natural para las cargas de Bolivia.
“Este acuerdo establece las tarifas especiales a los servicios que TPA le presta a los clientes bolivianos que operan a través de ASPB y estamos plenamente satisfechos porque nos permite seguir trabajando en el desarrollo de la cadena logística. El Libre Tránsito es una materia inherente a los servicios de nuestro puerto y reafirmamos con este convenio nuestra vocación por atender con eficiencia y competitividad la carga boliviana”, puntualizó el Presidente de Puerto Arica.
TENSIÓN EN BOLIVIA ANTE EL COMIENZO DE UNA SEMANA PLAGADA DE PROTESTAS
Médicos, organizaciones civiles y sindicatos tienen previstas movilizaciones por distintos reclamos. El Gobierno advirtió que no permitirá excesos y anticipó que buscará garantizar la normal circulación por carreteras.
Infobae de Argentina (www.america.infobae.com/notas)
El Ejecutivo que conduce Evo Morales utilizará al Ministerio del Interior y a la Fiscalía para contener las protestas sociales, anunció el ministro del Interior, Carlos Romero. "Vamos a coordinar actividades", explicó al canal estatal de televisión.
Romero recordó que un procedimiento similar se empleó con éxito en recientes protestas, aunque éstas derivaron en ataques a las fuerzas policiales, la ocupación de campos petroleros y el avasallamiento a una mina privada.
El ministro manifestó la disposición del Gobierno al diálogo, pero remarcó que su misión es también cautelar la normalidad en el flujo en las carreteras y en las actividades de la ciudadanía. "Lamento que en días pasados hemos tenido a médicos no solamente dejando de atender el servicio de salud, sino bloqueando las calles e impidiendo el trabajo normal de la gente. Esas situaciones no se van a repetir", advirtió.
Los médicos del sistema público de salud de Bolivia reiniciarán el martes una huelga en reclamo contra una disposición que aumenta su jornada laboral de 6 a 8 horas.
Por su lado, representantes del transporte público se reunirán el martes para definir una nueva estructura de tarifas, propósito rechazado por las organizaciones civiles.
Los sindicatos obreros de Bolivia convocaron además para el próximo miércoles a una huelga de 24 horas con protestas contra el incremento salarial propuesto por el Gobierno, que consideran insatisfactorio.
Organizaciones civiles de Tarija (sur), región productora de gas, anunciaron marchas, en ocasión de su efemérides departamental (15 de abril), por el control de recursos generados por un campo de gas operado por la empresa española Repsol.
BOLIVIA PREPARA PEDIDO DE CAPTURA DE PARAGUAYOS
Una investigación policial permitió la identificación de los miembros de una banda de paraguayos que en diciembre de 2008 robó seis fusiles FAL, calibre 7.62, en un asalto a un destacamento militar boliviano. El cerebro de aquel golpe cayó hace una semana en Horqueta, departamento de Concepción, donde también operaba como proveedor de armas del EPP, a través de su primo Alejandro Ramos. La justicia boliviana acelera ahora los trámites para una eventual extradición del detenido y ordenar la captura de los otros integrantes de la organización.
ABC de Paraguay (www.abc.com.py/edicion-impresa)
El supuesto capomafioso detenido es Lorenzo Ramón Ramírez Medina (39), quien cayó el lunes último en Horqueta, en un operativo de agentes del departamento Antinarcóticos de la Policía.
Ramírez Medina tenía una orden de captura pendiente por el decomiso de 540 kilos de marihuana, ocurrido el 17 de febrero pasado en Cruce Los Pioneros, Chaco, donde fue detenido su secretario, Abel Antonio Bobadilla Cañete (27), quien transportaba la droga en un furgón.
Tras su detención, Lorenzo supuestamente ofreció US$ 30.000 a los agentes intervinientes para que lo dejaran en libertad, según los propios uniformados.
Destacamento militar de Tuscal
El jefe narco también era rastreado desde hace varios años por la Policía, aunque por un asalto al Puesto Militar Adelantado de Tuscal, Bolivia, ubicado en la frontera con Paraguay y Argentina.
Una investigación llevada a cabo en Paraguay por el oficial inspector de Policía Blas Ortiz permitió individualizar a Lorenzo Ramírez como el ideólogo del ataque al destacamento boliviano, perpetrado el 1 de diciembre de 2008.
Según un informe elevado el 31 de enero de 2010 al entonces fiscal de Concepción, Óscar Javier Talavera, el oficial Ortiz explica cómo se planificó y ejecutó el golpe, de acuerdo con la confesión de Rosalino Ortiz Miranda (32), uno de los autores materiales del ataque.
Lorenzo Ramírez supuestamente comenzó a analizar la posibilidad de atacar el destacamento boliviano, luego de varios viajes que hizo por la zona con cargas de marihuana paraguaya, que intercambiaba por cocaína.
Una vez engendrado el plan, Lorenzo contactó con el traficante concepcionero Néstor Diosnel González Ramírez (33), y luego con Óscar Ramírez (43), alias Yaguareté, domiciliado en el barrio Industrial de Salto del Guairá.
Como necesitaban más gente, Lorenzo convenció a Rosalino Ortiz Miranda (32), un conocido malviviente de Horqueta.
Los cuatro se trasladaron luego hasta la zona de Cruce Don Silvio, Chaco, donde viven los hermanos Edison Ramón Zárate Alegre (36) y Lucio Marcial Zárate Alegre (26), ambos oriundos de Belén, departamento de Concepción, siempre según el informe de la investigación.
Primer intento: dormir a los soldados
El grupo hizo un primer intento para robar los fusiles, el 28 de noviembre de 2008, pero fallaron.
Al respecto, el informe elevado a la Fiscalía dice textualmente: “Ya en la frontera y a pocos kilómetros del objetivo, en fecha 28/11/2008, el Sr. Óscar Ramírez y Néstor Diosnel González Ramírez, a bordo de una motocicleta de color rojo ingresaron hasta el destacamento a conversar con los personales militares, con la intención de hacerles dormir con una droga, para realizar el robo de los fusiles, y no logrando su objetivo regresaron hasta el territorio paraguayo”.
El ataque, cuatro días después
Cuatro días después del intento fallido, el 1 de diciembre de 2008, finalmente se llevó a cabo el ataque, según consta en el documento.
“En la segunda oportunidad, en fecha 01/12/2008, Néstor Diosnel González, acompañado por mi indagado, Rosalino Ortiz, llegaron a consumar el hecho con asalto a mano armada. Luego de consumado el hecho y con las armas de guerra, abandonaron el país en una motocicleta de color rojo por el sector conocido como Carossi, en territorio boliviano, para luego cruzar la frontera con Paraguay”.
Una vez en territorio paraguayo, los seis criminales se reunieron en la casa de los hermanos Zárate Alegre, en Cruce Don Silvio, hasta donde lograron llegar supuestamente gracias a la cobertura de agentes especiales de la Senad, que están plenamente identificados.
Fusiles fueron comprados por el EPP
Siempre según la investigación del oficial Blas Ortiz, tras el ataque a los militares bolivianos, los hermanos Zárate Alegre llevaron los fusiles hasta la casa de su madre, en Belén, departamento de Concepción.
La pesquisa determinó también que posteriormente, Edison Zárate vendió dos de los fusiles FAL a una facción criminal de Amambay, por US$ 22.000, y que Óscar Ramírez, alias Yaguareté, negoció otra de las armas.
El intermediario, un narco de Horqueta
Los otros tres fusiles FAL, calibre 7.62, robados del destacamento de Tuscal, Bolivia, supuestamente fueron entregados luego a un conocido narco de Horqueta, Wilson Arévalos, alias Beira Mar, según el informe del policía.
“Pongo a conocimiento de esa representación fiscal que el señor Edison Zárate llegó a negociar dos de esas armas a personas desconocidas de la ciudad de Pedro Juan Caballero, presumiblemente por la suma de 22.000 dólares americanos. Posteriormente, Rosalino Ortiz manifestó que ya no tuvo conocimiento de las restantes armas de fuego.
También agrego que, a través de una tercera persona (informante), tuve conocimiento de que el resto de las armas fueron adquiridas aparentemente por un señor de nombre Wilson Arévalos, alias Beira Mar, domiciliado en la ciudad de Horqueta. Este último, al tener en su poder las armas, entregó de nuevo a Rosalino Ortiz, quien debería negociarlas en la zona de Ybyraty Calle 9”, refiere el informe de inteligencia.
Nexos con secuestradores
El documento acercado a la fiscalía especifica los nexos con los miembros del grupo de secuestradores EPP y dice que las armas “presumiblemente fueron vendidas a Alejandro Ramos Morel, ya que se presume que los Ramírez mencionados más arriba son primos de Lourdes Ramírez de Ramos, esposa de Alejandro Ramos, quienes utilizaron a Wilson Arévalos para que las armas llegaran en poder de Rosalino Ortiz”.
Después añade que “esto conlleva a que los integrantes del grupo de asaltantes del destacamento militar boliviano tenían temor o desconfianza hacia Rosalino Ortiz, presumiendo que a través de Wilson Arévalos el señor Rosalino Ortiz tendría más temor, tratándose de un sujeto respetado en la zona del mundo delincuencial. Esto ocurrió entre las fechas 27/09/2009 y los primeros días del mes de octubre de 2009”.
Fue así que, finalmente, tras el asalto al Puesto Militar Adelantado de Tuscal, Bolivia, el traslado de los seis fusiles robados hacia territorio paraguayo, y la comercialización de todas las armas, la organización se separó.
Cada uno de sus miembros empezaron a trabajar otra vez de manera “independiente”, hasta que la investigación policial sobre el sonado caso adquirió otra vez relevancia con la detención de Lorenzo Ramón Ramírez Medina.
Eventual extradición
Según las fuentes policiales, la justicia boliviana inició los trámites para pedir la extradición del supuesto capomafioso paraguayo Lorenzo Ramón Ramírez Medina (39), sindicado como el cerebro del asalto a una unidad militar fronteriza.
El Ministerio Público de Villamontes, Bolivia, inició las diligencias y pedirá al oficial Blas Ortiz una ampliación detallada de su investigación, en la que aparecen incriminados Lorenzo Ramírez y los otros supuestos miembros de su grupo.
La Fiscalía de Asuntos Internacionales, a cargo de Juan Emilio Oviedo, también ya está al tanto de la situación y podría tomar contacto con sus pares bolivianos. Ante esta situación, los propios medios de prensa bolivianos, que se hicieron eco de la captura de Ramírez Medina, reportaron que la justicia de su país solicitaría asimismo la captura de todos los mencionados en el informe del oficial Blas Ortiz.En los próximos días, los documentos llegarían a Paraguay, para que la Policía inicie la “cacería” de este grupo de criminales.
Desayuno con... Fernando Molina
"EL COLONIALISMO ESPAÑOL FUE MENOS RACISTA QUE OTROS"
El País de España (www.sociedad.elpais.com/sociedad)
Es un periodista y escritor a contracorriente y él lo sabe. Es más, reivindica un discurso alejado de las tendencias dominantes, crítico e independiente. Cuando Fernando Molina (La Paz, 1965) recibió, días atrás en Madrid, el Premio de Periodismo Iberoamericano declaró ante un selecto auditorio: "Si es verdad que los políticos dicen lo que todos quieren oír y los periodistas lo que nadie quiere oír, agradezco este premio porque me facilita el trabajo de llevar la contra".
Es el primer boliviano que gana este preciado galardón, que otorgan el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y la agencia Efe, y se ha alzado con el premio por un artículo publicado en el periódico Página 7 con un significativo título: Pensar Hispanoamérica: el inicio. Mientras bebe a sorbos un té ("soy muy cafetero, pero con el jet lag prefiero el té") y da cuenta de unos pequeños cruasanes en el jardín del hotel donde se aloja, un sonriente Molina desgrana los argumentos de su artículo que pueden ser el embrión de un libro.
"La colonización española en América", comenta, "no buscó solo acrecentar el poder imperial, sino que estaba inspirada por una necesidad espiritual de convertir a las almas. Es decir, la política de la fe marcó toda la presencia española en América durante tres siglos. El factor religioso resultó determinante desde el comienzo y el propio Colón hablaba tanto del oro como de Dios. Esa necesidad de convertir a la fe católica a los indígenas hizo que el colonialismo español fuera menos racista que otros. Que los anglosajones, por poner un ejemplo".
No niega en absoluto Molina el genocidio de indígenas y los saqueos de riquezas que protagonizaron los conquistadores españoles. Ahora bien, para el periodista boliviano, españoles e indígenas integraron e integran una misma comunidad hispanoamericana. "En Bolivia viven 32 pueblos indígenas, cada cual con su propio idioma. Pero el vínculo común de la lengua española es tan fuerte que los indígenas bolivianos solo pueden comunicarse entre ellos en español. Así, resulta chocante que el presidente Evo Morales lance discursos antiespañoles hablando en español".
Conoce bien España gracias a sus viajes y alaba su gastronomía ("estos días he descubierto la estupenda morcilla de Burgos", cuenta mientras se relame). Al referirse Fernando Molina a sus decenas de miles de compatriotas que residen en España subraya que "cuando regresan a Bolivia son gente más independiente y más crítica porque han aprendido a vivir en una sociedad más homogénea". Del otro lado, el periodista lamenta que los españoles reduzcan, a veces, su relación con América Latina a un problema migratorio.
En cualquier caso, este periodista y escritor de amplia trayectoria defiende el mestizaje como la clave del hispanoamericanismo. "Los bolivianos", comenta, "somos indígenas, mestizos e hispanoamericanos. Todo al mismo tiempo. De hecho, Bolivia estaría en guerra civil si no fuera por el componente hispanoamericano que actúa de paraguas integrador". Cuando se le pregunta por las aportaciones de la colonización, Molina no duda en la respuesta: "Las ciudades, desde México a Buenos Aires; y el derecho, el culto a la ley".
A PRUEBA DE POLÍTICOS
Las relaciones exteriores son juegos tácticos complicados en los que a veces se buscan objetivos nada evidentes. En estos casos queda la impresión que Perú ha vuelto a jugar coordinado con Bolivia y entre ambos están “haciéndole mala fama” a Chile.
El Morrocotudo de Chile (www.elmorrocotudo.cl/node/41230)
Las relaciones exteriores de Chile con los países vecinos se han deteriorado notoriamente en los últimos años y este es un problema de especial relevancia para nuestra región. Recordemos el artificioso y antojadizo “juicio” de Perú contra Chile en La Haya, que las actuales autoridades parecen haber considerado menor y no una actitud inamistosa hacia Chile. Las trabas argentinas al comercio, que afectan a numerosos países latinoamericanos y que incluso le han traído la pérdida de los beneficios del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) en Estados Unidos, no parecen alterar a nuestras autoridades pues a la Presidenta Argentina se le recibe con honores y apoyando la posición de ese país por las Falkland. Un nuevo antecedente de esta escalada, en el caso boliviano, es el proyecto de uso de las aguas del Silala, dado a conocer en esta semana. Este “proyecto”, en manos del ejército boliviano, se agrega al cambio de tono del Presidente de ese país por las reivindicaciones históricas de salida al mar que, ahora, podrían dar lugar a una nueva demanda en La Haya.
Las relaciones exteriores son juegos tácticos complicados en los que a veces se buscan objetivos nada evidentes. En estos casos queda la impresión que Perú ha vuelto a jugar coordinado con Bolivia y entre ambos están “haciéndole mala fama” a Chile, especialmente en Europa, provocando a nuestro país para hacerlo parecer un “mal vecino”, conflictivo, agresivo y expansionista. Las noticias que vienen de Europa, hablan de una agresiva campaña de lobby peruano en ese sentido, asimilando a Chile a Israel en el medio oriente.
En esa línea Chile difícilmente puede reaccionar a un proyecto de piscicultura en Potosí que “solo” pretende usar aguas de un río que, casualmente, es de curso internacional y clave para el abastecimiento de agua en la segunda región.
Perú y/o Bolivia saldrán beneficiados de todas maneras pues se trata del típico caso del cuchillo clavado en el corazón, no se puede sacar porque la persona muere y tampoco se puede dejar porque mata.
También demuestra que la gestión exterior chilena está muy equivocada pues ahora es evidente que la actitud hacia Perú, luego de su demanda limítrofe, no podía ser así de indiferente. Era un error proponer que “miráramos hacia adelante” y que nos preocupáramos de lo “mucho que nos unía” y “no de lo que nos dividía” (Piñera dixit) mientras éramos arrastrados a un juicio absurdo y sin sentido. Esa actitud es peligrosamente ingenua y torpe.
Bolivia, una vez más, es arrastrada por los juegos idiotas de Perú y se acopla a una estrategia en la que sólo puede perder ante su “aliado histórico”. Le pasó en las guerras del siglo XIX y le sigue pasando hasta nuestros días. Parece que ya se les olvidó que, hace pocos años, Perú fomentó una política de conservación del gas en Bolivia mientras desarrollaba sus propios recursos gasíferos y les levantaba los clientes.
La integración latinoamericana se hace sobra la base de la verdad, del juego limpio y de las buenas intenciones recíprocas. Es que además, la teoría de juegos señala que si tu oponente te engaña cuando has propuesto colaborar, no debes poner la otra mejilla por muy buen cristiano que seas.
Aquí entra en este juego nuestra región. Es el momento que venga otro Alcalde Paredes que pavimente otro Chinchorro y hay varios por pavimentar. Ante los anuncios bolivianos sobre el Silala, parece que llegó el momento de hacer cumplir estrictamente el tratado de 1904 y las normas urbanísticas chilenas. Eso significa que si los bolivianos exigen que la carga boliviana llegue en camiones bolivianos a la frontera, entonces en Chile se debe exigir que la carga salga de Arica en camiones chilenos, que los camiones cargados no entren a la ciudad en ningún punto que no sea el acceso al puerto, etc.
Si a los peruanos les gusta demandar a Chile, entonces Chile está en su legítimo derecho a demandarlos por los impactos ambientales de la minería en Parinacota, entre muchas otras demandas que se podrían plantear.
Lo anterior demuestra dos cosas:
a- La importancia de Arica en las relaciones internacionales de Chile. Específicamente, es aquí donde, de hecho, se materializa la política exterior de tres países. Mucho de lo que vemos aquí es un reflejo de lo equivocado que están nuestras relaciones internacionales.
b- La importancia del desarrollo económico y social de Arica. Mucho de lo que ocurre entre cancillerías, se manifiesta en la práctica en Arica y Tacna (¿Alguien duda que el desarrollo de Tacna es una decisión política y estratégica del Perú?). Por ejemplo, si ahora las relaciones con Bolivia se tensan, eso repercutirá en la actividad económica de Arica y es posible que las demandas ariqueñas terminen haciendo causa común con Bolivia. Absurdo por donde se le mire.
Los puntos anteriores muestran que si los “expertos” y “sabios” de Santiago no se han dado cuenta de las obviedades anteriores, entonces los liderazgos locales deben ser capaces de explicárselo a las geniales autoridades políticas de nuestro país.
LAS DROGAS: UN DEBATE ANTES IMPENSABLE ESTÁ AHORA SOBRE LA MESA
El Tiempo de Colombia (www.eltiempo.com/politica)
¿Cuál es la mejor manera de enfrentar el problema de las drogas? Diferentes opciones están puestas hoy sobre la mesa. ¿Criminalizar al usuario o tratar a los dependientes como enfermos? ¿Defender una visión prohibicionista a ultranza o experimentar con diferentes formas de regulación y prevención?
En los últimos cuatro meses, la discusión ha avanzado más que en 40 años. Lo que parecía impensable está ahora siendo discutido a la luz del día. América Latina está hablando de drogas porque la realidad lo impone, pero también por el coraje político de líderes como los presidentes Juan Manuel Santos, de Colombia; Otto Pérez Molina, de Guatemala, y Laura Chinchilla, de Costa Rica.
Los hechos son obstinados y hablan por sí mismos. La erradicación de la producción, la interdicción del tráfico y la criminalización del consumo -piedras angulares de la estrategia de la guerra contra las drogas liderada por Estados Unidos- no funcionan y tienen un costo altísimo en vidas humanas. Mientras haya demanda de narcóticos, habrá oferta. Los únicos beneficiarios del prohibicionismo son los narcotraficantes.
Cuarenta años de esfuerzos inmensos no han logrado reducir la producción ni el consumo de drogas ilícitas. En México y en Centroamérica la violencia y la corrupción asociadas al tráfico de drogas representan una amenaza para la seguridad ciudadana y la estabilidad democrática.Frente a la ineficacia y las consecuencias desastrosas de la guerra contra las drogas tomamos la iniciativa hace cuatro años de crear una Comisión sobre Drogas y Democracia en América Latina. Nuestro punto de partida fue reconocer el fracaso de la estrategia prohibicionista y la urgencia de abrir un debate sobre políticas alternativas. (Siga este enlace para leer: Cuba: la vieja piedra en el zapato)
Nuestra Comisión formuló dos grandes recomendaciones: la primera, que debe ser de aplicación inmediata, es la de descriminalizar el consumo. No tiene ningún sentido encarcelar a quienes utilizan drogas, pero que no hacen daño a otros. Es cierto que el consumidor se hace un daño a sí mismo y, en ocasiones, a su familia, pero no es con castigos ni llevándolo a la marginalidad como vamos a ayudarlo. (Lea aquí: Encuentro de 'multilatinas', las grandes compañías en América Latina)
La droga es un problema de salud pública. Los adictos deben ser tratados como enfermos, no como criminales. La criminalización es un obstáculo que dificulta el acceso al tratamiento y a la rehabilitación. Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México y Uruguay ya han dado pasos en esa dirección. Sin embargo, como la diferenciación legal entre consumo y tráfico no es clara, persisten los riesgos de corrupción y de discriminación de los más pobres. (Lea también: María Margarita Salas, la mujer que puso a marchar a Cartagena)
El primer objetivo de las políticas antidrogas debe ser proteger a los jóvenes, impidiendo que se inicien en un consumo que puede llevarlos a la dependencia. Eso implica dar absoluta prioridad a iniciativas de prevención, tratamiento y reintegración social. Ese conjunto integrado de acciones es la manera más eficaz de reducir el consumo. (Siga este enlace para leer: La Heroica volvió a ser una fortaleza en seguridad)
El poder represivo del Estado y la presión de la sociedad deben estar orientados a la lucha contra los narcotraficantes, sobre todo contra los más violentos y corruptores. Estos esfuerzos no deben estar destinados a perseguir a los enfermos.
La clave es la regulación
Nuestra segunda recomendación, más compleja, pero no menos importante desde el punto de vista de la paz y la seguridad ciudadana, es la discusión sobre los diferentes modelos de regulación de drogas como la marihuana, de manera similar a lo que ya se hace con el tabaco y con el alcohol. Estudios médicos de la más alta seriedad definen la marihuana como una sustancia de menor nocividad que el tabaco.
Regular no es lo mismo que legalizar. Este punto es fundamental. Regular es crear las condiciones para la imposición de todo tipo de restricciones y límites a la comercialización, publicidad y consumo del producto. (Lea aquí: 'En la Cumbre se romperá una contradicción de 40 años': Moisés Naím)
La reducción espectacular del consumo del tabaco en nuestros países demuestra que la prevención y la regulación son más eficientes que la prohibición para cambiar mentalidades y patrones de comportamiento.
La regulación, además, rompe el vínculo entre traficantes y consumidores. Teniendo en cuenta que la marihuana es la sustancia psicoactiva que más se consume en el mundo, su regulación acabaría con los enormes recursos que obtiene el crimen organizado en los mercados ilegales de la droga, fuente de su poder e influencia.
Felicitamos a los presidentes de Colombia, Guatemala y Costa Rica por haber puesto sobre la mesa diferentes alternativas, cuyo objetivo es la protección de la salud de las personas y la seguridad ciudadana. (Lea también: América Latina buscará un diálogo renovado con EE. UU.)
La resonancia de sus argumentos terminó con el tabú que por tanto tiempo ha impedido la búsqueda de otros caminos. Por iniciativa de varios países, el tema de la droga fue incluido en la agenda de la Cumbre de las Américas. Esta reunión de jefes de Estado es una oportunidad histórica para avanzar en el debate.
Como el tema es complejo, no se puede esperar que la discusión lleve a soluciones únicas ni a acuerdos inmediatos. Las alternativas son múltiples y complementarias. En este momento lo más importante es que se produzca un debate serio y riguroso, que le permita a cada país formar su opinión y definir los caminos más adecuados a su realidad. (Lea también: 'La de Cartagena será una cumbre con resultados': María Ángela Holguín)
La experiencia de América Latina en la lucha contra el narcotráfico; las lecciones aprendidas por Europa, que ha implementado políticas de salud pública y de reducción de daños; los experimentos de varios estados americanos que han explorado el uso medicinal de la marihuana; la movilización de los sectores empresariales y de la comunidad científica; la expectativa de los jóvenes y su anhelo de paz... Todas estas experiencias apuntan en la dirección de políticas más humanas y eficaces.
Un cambio de paradigma, que contemple la represión a los narcotraficantes, pero que les dé prioridad al tratamiento, la rehabilitación y la prevención, es la mejor contribución que puede hacer América Latina, un continente que ha sufrido tanto con este problema, a una revisión global de la política sobre drogas.
Promotores de un nuevo enfoque
La Comisión Global sobre Políticas de Drogas es una iniciativa internacional independiente dedicada a promover un debate público sobre políticas de drogas más humanas y eficientes, ante el fracaso que, según sostiene la organización, ha supuesto la lucha de más de 40 años contra el narcotráfico. Fue creada en el 2010 por los expresidentes Cardoso, de Brasil; Gaviria, de Colombia, y Zedillo, de México, y entre sus miembros destacan personalidades como Mario Vargas Llosa, Kofi Annan, Javier Solana, Carlos Fuentes, Louise Arbour, George P. Shultz y Paul Volcker.
PERÚ ELEVA TENSIÓN CON CHILE POR REMOCIÓN DE EXPLOSIVOS EN LA FRONTERA
Lima pide realizar trabajo "conjunto" de desminado en zona limítrofe que reclama como propia en su demanda ante La Haya.
La Tercera de Chile (www.latercera.com.cl)
El pasado 17 de marzo, el canciller Alfredo Moreno viajó a Asunción a una reunión de ministros de RR.EE. de Unasur. Ahí debió enfrentar una inesperada ofensiva: Perú propuso una resolución para "adelantar" los plazos internacionales de remoción de minas antipersonales en América del Sur. Los mismos que, a fines del año pasado, Chile había logrado postergar de 2012 a 2020.
Horas antes de que arribara Moreno a Paraguay, la iniciativa limeña había sido respaldada por Ecuador, Bolivia y Venezuela.
Chile había hecho ver que esa cita no era el lugar para debatir el tema, sino que debía ser abordado en una reunión posterior del Consejo de Defensa de Unasur, con información técnica, argumento que fue apoyado por Argentina. Pese a ello, el canciller peruano, Rafael Roncagliolo, abordó el asunto. Moreno respondió que respaldaba el fondo de la idea, pero sugirió añadir otras prohibiciones, como a las bombas de racimo.
Al final, la falta de una nimidad desahució el planteamiento.
La ofensiva fue una nueva medida de presión del gobierno de Ollanta Humala, que no ha dado por cerrada la polémica de febrero por la remoción de minas antipersonales en la frontera. Una tensión que, según círculos diplomáticos, mantendría congelada la confirmación del mandatario limeño para venir en junio a Santiago, a la cumbre de la Alianza del Pacífico. Y que llevó a que Lima se restara de la Fidae y del aniversario anual de la Fach, hace algunas semanas.
El 24 de febrero, Perú entregó una nota de protesta, sosteniendo que pudo constatar la "presencia de efectivos chilenos en un área de territorio peruano, entre el Hito N° 1 y la orilla de mar". Esto, durante los trabajos comandados por el ministro de Defensa, Andrés Allamand, para remover las minas antipersonales ubicadas desde fines de los 70 en algunos sectores de la frontera con Perú y que, producto de las lluvias, se trasladaron incluso a la ruta que une Arica con Tacna.
El reclamo limeño, explican fuentes de ese país, tiene que ver con una antigua discrepancia, incluida en la demanda ante La Haya: Perú reclama que la frontera terrestre comienza cerca de 260 metros al sur de lo que defiende Chile, en el llamado Punto Concordia u "orilla de mar", y no en el Hito N° 1.
En esa zona, Allamand ordenó cercar con alambres el lugar donde estarían los artefactos explosivos. Esto, declinando un ofrecimiento limeño para realizar un trabajo "conjunto" de desminado en el lugar. Además, Chile respondió la nota de protesta peruana, diciendo que todas las labores se hicieron bajo territorio nacional.
En Lima sostienen que desde hace años que hay un acuerdo tácito entre ambos países de no realizar "actos de soberanía" en esa zona para no incrementar tensiones.
Sin embargo, en el Ministerio de Defensa chileno dicen haber actuado según las normas internacionales, como la convención de Ottawa. En la Cancilleria -donde no fue posible obtener una versión oficial sobre el tema- el asunto es manejado con cautela. Aunque varios diplomáticos admiten las tensiones, marcadas por la recta final del litigio en La Haya.
LOS DAÑOS DE LAS TRANSNACIONALES EN LATINOAMÉRICA
Rebelión de España (www.rebelion.org/noticia.php)
Las compañías transnacionales con el apoyo de los gobiernos donde tienen sus sedes principales (Estados Unidos, Europa, Asia, así como el Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional) han destruido durante décadas el medio ambiente, desplazado a habitantes autóctonos y conculcados los derechos humanos de las poblaciones de América Latina en su afán de obtener grandes dividendos de sus suelos.
Esa situación ha sido posible debido al control que a lo largo del siglo XX, Estados Unidos ejerció sobre los gobiernos establecidos en la región que entregaban (y algunos aún entregan) enormes territorios, otorgaban exenciones tributarias, facilitaban las explotaciones mineras, de agua, de biodiversidad, mientras se profundizaba las afectaciones al medio ambiente, a la salud de los pobladores y se desprotegía la fuerza laboral de esas regiones.
Mientras las transnacionales se llevan anualmente miles de millones de dólares, dejan detrás grandes daños a los ecosistemas de América Latina.
Desastres provocados en Ecuador y Brasil por la compañía norteamericana Chevron han llamado la atención de los países latinoamericanos y de los medios de comunicación, debido a que los dos gobiernos nacionalistas que hoy dirigen en Quito y Brasilia, han apoyado las demandas de los afectados.
El desastre ambiental en la amazonia ecuatoriana se inició en 1964 cuando la Texaco (adquirida por Chevron en 2001) empezó a buscar petróleo en la provincia de Sucumbíos junto con la compañía Gulf.
Los estudios efectuados por varios especialistas han llegado a la conclusión de que en esa región ocurrió una de las peores catástrofes ambientales en la historia de la humanidad.
La justicia ecuatoriana sancionó a Chevron a pagar 18 000 dólares por los desastres ocasionados a los pobladores y al medio ambiente pero la transnacional se niega a abonarlo y ha interpuesto varias querellas desde hace 19 años.
El Brasil, el Ministerio Público Federal (fiscalía) comenzó las actuaciones en el juicio donde se acusa a Chevron y a la perforadora Transocean de daños al patrimonio público y falsedad ideológica por el derrame de 2 400 barriles de crudo en noviembre de 2011, y de otro en marzo pasado, en la plataforma ubicada en el océano Atlántico, a 370 kilómetros de la costa de Río de Janeiro.
El Ministerio acusa a las transnacionales de crimen ambiental y daño al patrimonio público por el derrame de crudo en el Campo de Frade en la cuenca de Campos.
La compañía esta haciendo numerosas gestiones jurídicas, entrega dinero y trata de comprar a quien sea para salirse del embrollo pero la presidente brasileña Dilma Rousseff ha sido directa al manifestar que "las empresas que vengan, así como las que ya se instalaron aquí, tienen que saber que los protocolos de seguridad existen para ser cumplidos".
El siglo XX, casi en su totalidad, marcó una larga etapa para América Latina en que Estados Unidos, dueño y señor de la mayoría de la región (a la que consideraba su traspatio) imponía gobierno y políticos afines que entregaban primero a las compañías norteamericanas, y a las transnacionales después, las riquezas de sus países.
Mientras unos pocos funcionarios criollos se enriquecían por otorgarles numerosas prebendas a las compañías mineras y agrícolas extranjeras, estas con mínimas inversiones extraían (y aun extraen) los bienes de esas naciones con la consecuente destrucción del medio ambiente y el empeoramiento de las condiciones económicas y de salud de las poblaciones.
Un informe publicado en 2005 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), señaló que “entre 1990 y 2000 se deforestaron 467 000 km2 en América Latina para destinarlos a la agroindustria, explotaciones mineras, o plantas de celulosa o hidroeléctricas entre otras, y ya en 2005 la deforestación de la Amazonia brasileña era de unos 680 000 km2
El Banco Mundial (BM) ha sido uno de los mayores propulsores de las incursiones de compañías extranjeras en Latinoamérica y de 1994 a 2004, mediante la Corporación Financiera Internacional (CFI) otorgó 900 millones de dólares para proyectos mineros en Bolivia, Brasil, Chile, México y Perú.
Algunas de las transnacionales beneficiadas han sido la Anglo American, BHP- Billiton, Barrick Gold, Mitsubishi, Mitsui, Newmont, Pan American Silver y Rio Tinto.
Son innumerables las empresas que han ocasionado daños graves en países latinoamericanos como el Grupo Anglo Gold/Anglo American que derramó en 1999 centenares de contenedores de cianuro en el río Vila Nova en Amapá Brasil. En Chile, en 2005, la compañía de celulosa Celco vertió mercurio durante más de 10 años y ocultó los hechos.
Argentina, Paraguay y Bolivia sufrieron en el pasado siglo XX la deforestación indiscriminada para propiciar la siembra de soya, maíz o algodón, por parte de las transnacionales. Por esos motivos, Argentina perdió 140 000 km2 de bosques; Paraguay 20 000 y Bolivia 15 000.
Las gigantes suizas Xstrata Plc. y Glencore, dedicadas a la explotación y comercio de minerales y materias primas han dejado un rastro apocalíptico a su paso por varios países del hemisferio sur a la par que han obtenido utilidades superiores a 14 000 millones de dólares anuales.
Xstrata en las minas de carbón de El Cerrejón, en la Guajira colombiana cometió abundantes delitos ambientales, fiscales y de violaciones de los derechos humanos. La explotación y la continua ampliación de los yacimientos deterioraron la calidad y cantidad del agua río Ranchería y el desplazamiento forzado de comunidades indígenas.
En Perú, la Xstrata labora desde 2006 en la explotación de cobre en el Proyecto Tintaya. Sus acciones han contaminado los ríos Salado y Cañipia y la fiscalía del Cusco le tiene presentada una querella.
Abundantes son las demandas que se mantienen en juzgados de Colombia contra compañías extranjeras que han arruinado el medio ambiente y la vida de sus pobladores. Entre estas aparecen: Coca cola, Nestlé, Chiquita Brands, Drummond, Cemex, Holcim, Muriel mining corporation, Glencore-Xstrata, Anglo American, Bhp Billington, Anglo Gold Ashanti, Kedhada, Smurfit Kapa.
Además, Pizano S.A. y su filial Maderas del Darién, Urapalma S.A., Monsanto, Dyncorp, Multifruit S.A. filial de la transnacional Del Monte, Occidental Petroleum Corporation, British Petroleum, Repsol YPF, Unión Fenosa, Endesa, Aguas de Barcelona, Telefónica, Canal Isabel II, Canal de Suez, Petrominerales, Gran Tierra Energy, Brisa S.A.
El daño ha sido catastrófico para Latinoamérica y de eso se han dado cuenta los nuevos gobiernos progresistas y nacionalistas que han surgido en la región, que además no estan solos en las acciones de enfrentar las ambiciones de las transnacionales.
Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú, Paraguay, Nicaragua por citar algunos, estan zafándose de las cadenas impuestas durante decenas de años por Estados Unidos y las transnacionales.
Cierto que a todas las naciones les hace falta la inversión de capitales para su desarrollo pero las compañías deben respetar las leyes medioambientales, el hábitat de los pobladores, pagar por posibles daños ocasionados y generar dividendos también para los países donde se instalen.
Ese es el desafío presente y futuro.
CONSULTA PREVIA: PEOR QUE LA ENFERMEDAD
Los Andes de Perú (www.losandes.com.pe/Opinion)
Comunidad de Imazita, Bagua, O6 de setiembre de 2011. Con un emotivo discurso, el Presidente Ollanta Humala suscribe la autógrafa de la Ley de Consulta Previa "Esta ley fortalece el proceso de inversiones, porque ahora los procesos que se den de inversiones necesariamente deberán ser consultados con la población, y el hecho de la vinculancia no es tan importante, sino más bien el recuperar la voz de la ciudadanía". Al mismo tiempo que advertía a los pueblos indígenas “no abusar ni manosear la Ley de Consulta”.
En un lenguaje sencillo, los pobladores de las comunidades nativas o campesinas, expresaban su regocijo: “ahora las grandes empresas mineras tendrán que pedirnos permiso, antes de extraer nuestro oro”
Sin embargo, pasada la “luna de miel legislativa” no se hicieron esperar las voces de protesta contra la Ley. Organizaciones como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Confederación Nacional Agraria y la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI) presentaron sus objeciones.
Los indígenas reunidas en el denominado “Pacto de Unidad” mostraron su desacuerdo con los artículos 1 º (Objeto de la ley), 2 º (Derecho a la consulta), 7 º (Criterios de identificación de los pueblos indígenas u originarios), 15° (Decisión), y la Segunda Disposición Complementaria, que señala que “La presente ley no deroga o modifica las normas sobre el derecho a la participación ciudadana. Tampoco modifica o deroga las medidas legislativas ni deja sin efecto las medidas administrativas dictadas con anterioridad a su vigencia”. Por lo tanto, solicitaron que el reglamento considere sus observaciones.
Precisamente, el 03 de abril de 2012, se publica en el diario oficial el D.S. 001-2012.MC que reglamenta la Ley 29785 Ley de Consulta Previa. Ese mismo día, el Presidente de la República, anunciaba la llamada “recuperación” del Lote 88. Paradójicamente, en la zona del Proyecto Camisea, donde no se consultó a los pueblos indígenas de la cuenca del Bajo Urubamba, especialmente de la Reserva Kugapakori Nahua. Seriamente afectados, social y ambientalmente por el proyecto.
Para desencanto de muchos, el reglamento publicado, no recogía las observaciones que se hicieron a la ley. Los representantes de los pueblos indígenas, ni bien enterados, se pronunciaron en contra del reglamento. Incluso señalaron que demandaran la inconstitucionalidad de la Ley ante el TC. En conclusión, lejos de ser un instrumento para la solución de los conflictos, como se había señalado.
La Ley y su Reglamento se han convertido en la manzana de la discordia. Es decir que el remedio resultó peor que la enfermedad.
Quizá, si nos hubiésemos detenido a revisar la experiencia de otros países en este tema, habríamos aprendido la lección. Para no ir tan lejos, ante el anuncio reciente del presidente de Bolivia, Evo Morales, de preparar la redacción de la Ley Marco de Consulta Previa, los sectores indígenas rechazaron la iniciativa. El dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Juan Carlos Pesoa, acusó al Gobierno nacional de intentar "destrozar" territorios indígenas con la aplicación de esta Ley Marco de Consulta.
Caso similar sucede en Chile, durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet (2006-2010) se emitió el D.S. 124, el mismo día que entro en vigencia el convenio 169, setiembre de 2009. Dicho Decreto, fue considerado por el movimiento indígena como contrario a los intereses de los pueblos indígenas. “La consulta previa que establece el 169 está suplantada y tergiversada por el Decreto 124” señaló Marcela Lincoleo, presidenta de la agrupación Lakutun.
En el país de Colombia. Ante la dación del Decreto 1320 del 13 de julio de 1998 que reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio. Este fue considerado “inconstitucional” por transgredir el derecho de los pueblos indígenas. Así lo explica Diana Carrillo de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
En Ecuador, no obstante que el Convenio No. 169 de la OIT, fuera incluida en la Constitución de 1998 y ratificado en la de 2008. Los problemas no han cesado. En el caso particular de la Ley de Aguas, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), ha convocado a diferentes protestas, y ha señalado que aceptaría la "consulta previa", sólo si el resultado de ella era "vinculante".
Por su parte en Guatemala, ante la promesa del gobierno de regular el Convenio 169, todas las comunidades indígenas expresaron su rechazo. Acusando al gobierno de usar una “artimaña legal” para limitar el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, en especial sobre proyectos mineros e hidroeléctricos.
Como podrá advertirse, la Ley de Consulta Previa, no es precisamente, la panacea, ni menos la solución a los conflictos derivados de las decisiones administrativa o legales de los Estados. Por el contrario, en algunos casos se ha usado la Ley, para convalidar los intereses de grandes inversionistas.
El origen del mal
En principio, todos coincidimos que el proceso de consulta debe estar dirigido a obtener el consentimiento previo, libre e informado. No obstante, uno de los puntos más controvertidos será siempre el carácter vinculante de la Ley. Por un lado, los pueblos indígenas consideran que el derecho a la consulta les concede un “derecho de veto”. Por otro lado, los Estados pretenden que las normas que regulen el derecho a la consulta se limiten al carácter de una “consulta”.
Incluso la Defensoría del Pueblo ha señalado claramente que la decisión final sobre las medidas administrativas o legislativas que afectan a los pueblos indígenas le corresponde al Estado, previa realización del proceso de consulta. (Informe 011-2009-DP/AMASPPI-PPI y el Proyecto de Ley Nº 3370/2008-DP). Ello se refleja, en el Art. 15º de la Ley: “(…) para el caso de que no se alcance un acuerdo, corresponde a las entidades estatales adoptar todas las medidas que resulten necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios y los derechos a la vida, integridad y pleno desarrollo”. En otras palabras, te consulto, y si no estás de acuerdo, igual yo decido lo que se hace.
Por ello, la implementación de una ley de consulta, dependerá de la predisponibilidad de ambos, para hacerse mutuas concesiones. Sobre todo, eso de la Buena Fe a que hace referencia la Ley. De ahí, que nos atrevemos a predecir, que muchas aguas correrán bajo el puente, hasta ver los resultados.
QUÉ ES UN ESTADO FUERTE
El debate sobre el rol del Estado en la economía y la sociedad ha sido el elemento central del debate político en los últimos dos siglos.
El Diario de Exterior (www.eldiarioexterior.com)
Creo que erróneamente la discusión se ha concentrado en más Estado o menos Estado y no en dónde y para qué necesitamos al Estado. Unos son acusados de querer estados débiles y otros reivindican estados fuertes, en un juego en el que quien gana o pierde es el individuo y su libertad. En mi opinión, el debate no debe suponer que estados fuertes se deben construir a costa de la libertad individual, sino deben desarrollarse al servicio de esta.
Creo que el gran error que se ha cometido y se comete en muchas naciones latinoamericanas es entender que un Estado fuerte es sinónimo de control y participación directa en la mayor parte de la economía. En Bolivia, por ejemplo, autoridades del Gobierno declaran con mucho orgullo que el Estado ha vuelto a controlar el 70% de la economía y que por eso ellos han cumplido una misión histórica de recuperación de la dignidad nacional.
El problema de fondo es que no se cuestiona si esta dignidad llega también a las personas o mejora su calidad de vida. Nos estamos engañando por un auge de consumo que no se basa en un desarrollo real del país, sino en ingresos extraordinarios, situación que puede cambiar rápidamente como ya está mostrando la experiencia argentina.
Por eso propongo que debatamos otras áreas de actuación estatal y servicios públicos donde realmente se puede construir un Estado que preste servicios a los ciudadanos que mejoren sustancialmente su calidad de vida, les permitan superar la pobreza y les den condiciones de ejercer su libertad en el sentido más amplio de la palabra, como la justicia, seguridad, educación y salud.
Mientras nos llenamos de empresas estatales, algunas de las cuales no tienen la más mínima posibilidad de funcionar, como la empresa de papel que lleva varios años con su maquinaria embalada o la fábrica de azúcar que fuera aprobada sin que existan áreas cultivables alrededor, los niveles de inseguridad empeoran diariamente, el crimen internacional penetra en nuestro territorio, las pandillas urbanas atemorizan a los más pobres y la Policía se ve imposibilitada de actuar en extensas áreas del país.
Seguimos organizando fastuosos desfiles con pomposos discursos sobre guerras antiguas, mientras en barrios y calles el ciudadano común vive inseguro y desprotegido.
En otras áreas como la salud los pacientes son atendidos en camillas y pasillos y mucha gente se muere porque no existen los equipos necesarios para diálisis o radioterapias, al mismo tiempo que se gastan millones en satélites innecesarios y aviones de combate que no sirven para perseguir a las avionetas que llevan droga.
Un Estado fuerte es compatible con la libertad de los ciudadanos si se orienta a servirlos y no a servirse de ellos, si no busca que el ciudadano dependa de él para manipularlo y someterlo, sino que ayuda a la gente a desarrollar sus capacidades y ejercer su libertad.
Perú, Ecuador y Bolivia son los países sudamericanos considerados en el grupo de las 26 economías que tendrían un rápido crecimiento económico (superior al 5% promedio) hasta el 2050, según un informe elaborado por el banco HSBC Global Research.Los tres estados latinoamericanos estarían agrupados con países africanos, asiáticos y de la antes Unión Soviética, entre los que destacan China, India, Filipinas, Egipto y Uzbekistán, que en la actualidad “comparten un nivel muy bajo de desarrollo, pero que han logrado grandes progresos”.
Según los datos, Perú, nación a la que llaman “la estrella de la región” escalaría 20 puntos en el ranking económico mundial, ubicándose en el puesto 26, con un Producto Interno Bruto (PIB) de $ 735.000 millones en el 2050, este fue de $ 85.000 millones en el 2010 y su renta per cápita pasaría de 2.913 dólares a los $ 18.940.En cambio, Ecuador saltaría 14 puntos hasta situarse en el puesto 62 al aumentar su PIB de $ 24.000 millones en el 2010 a $ 206.000 millones al 2050, lo que implicaría también un alza del ingreso per cápita de $ 1.771 a los $ 10.546. El año pasado, el crecimiento de la economía de Ecuador fue del 7,78%, según un informe del Banco Central.
Mientras que Bolivia avanzaría 25 puntos hasta llegar al puesto 71. Su PIB sería de unos $ 145.000 millones al 2050, en el 2010 fue de $ 12.000 millones y su renta per cápita llegaría a los $ 8.652.
Karen Ward, economista global sénior de HSBC, que encabezó el estudio, aseguró que los pronósticos se basaron en indicadores como el ingreso per cápita, la vigencia del estado de derecho, el respeto a la democracia, los niveles educacionales y cambios demográficos.
No obstante, advirtió que hay factores que pueden causar que las economías cambien a largo plazo como las presiones inflacionarias y el uso del crédito.
“El potencial de la economía en América Latina se ha desatado en las últimas décadas, ya que han logrado domar la inflación que afectó a las economías de gran parte de los años 1970 y 1980”, refirió Ward.
Para el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, en el caso de Ecuador el crecimiento dependerá de la evolución del precio del petróleo e influirá la inversión extranjera en el país. “No estamos considerando posibilidades de atraer inversión, contrario a lo que sucede en Perú, un choque externo de petróleo, podría sacarnos del juego”.
Diferente a este panorama de rápido crecimiento, países como Cuba, Uruguay y Venezuela, crecerían a un ritmo menor al 3,5%, según la previsión.
El estudio cita que Centro y Sudamérica crecerán a un promedio del 4,9% en la década comprendida entre el 2010-20; del 4,5% para el periodo 2020-30; 4,1% en el 2030-40 y del 3,9% en el 2040-50. “Muchos lugares en el mundo ofrecerán muy altas tasas de crecimiento. Estos lugares no están en el mundo desarrollado, que enfrenta vientos en contra cíclicos y estructurales. Estos lugares están en el mundo emergente”, señala el banco en el informe.
Mientras que el liderazgo económico cambiará. China se volvería la primera del mundo con unos $ 25,33 billones, desplazando a Estados Unidos al segundo puesto en el ranking. India alcanzaría el tercer lugar con unos $ 8,16 billones.
“La historia de los mercados emergentes es solo el inicio. Como los nuevos emergentes tomen fuerza, las economías emergentes ofrecen un gran potencial para impulsar la economía global hacia el 2050”. El Universo de Ecuador (www.eluniverso.com)
SEGÚN EL CÓNSUL DE BOLIVIA EN JUJUY, TRAS EL ACCIDENTE QUE COSTÓ 10 VIDAS “LA EMPRESA ES LA DIRECTA RESPONSABLE”
Jujuy al Día de Argentina (www.jujuyaldia.com.ar)
En diálogo con la prensa, el Cónsul de Bolivia Hugo Ramírez Zaballos responsabilizó directamente a la empresa “Potosí Buses” de ser la responsable del accidente ocurrido en la localidad de Volcán, donde un micro volcó, aparentemente, por exceso de velocidad, y le costó la vida a 10 personas.
Al respecto, el cónsul manifestó que “esta empresa está registrada en Bolivia, debe tener su seguro correspondiente dado estas circunstancias, la empresa debe asumir directamente esta responsabilidad por el accidente”.
En relación a las atenciones brindadas desde el Consulado boliviano en Jujuy a las víctimas de este trágico hecho, Ramírez Zeballos manifestó que “aun no hemos podido hablar y estar con ellos porque hemos estado reunidos con autoridades policiales de Jujuy, pero ellos están alojados en un hotel y veremos la forma de solucionarle la situación, ya que están llegando algunas autoridades de Bolivia para colaborar en esta labor”, y agregó que “se está investigando en los hospital, y se está haciendo el seguimiento los heridos, pero los que darán la información serán los médicos que están a cargo de la situación”.
Para finalizar, el Cónsul de Bolivia en Jujuy expresó que “siempre el gobierno boliviano está viendo de ayudar a los migrantes que vienen a la Argentina y en la mayoría de estos casos, como está sucediendo, muchos de esos ciudadanos ya cuentan con documentación radicatoria temporaria o definitiva en Argentina, viajan generalmente a Bolivia a visitar y su regreso ya es rutinario, muchos de estos bolivianos ya tienen residencia definitiva en Buenos Aires”.
EMPRESA PORTUARIA ARICA Y ADM. DE SERVICIOS PORTUARIOS DE BOLIVIA ALCANZAN ACUERDO TARIFARIO
Radio Bio Bio de Chile (www.biobiochile.cl/2012/04/09)
La Empresa Portuaria Arica y la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B) firmaron la tercera acta de Entendimiento tarifario, periodo 2012-2013, por los servicios prestados en el puerto de Arica para las cargas en tránsito desde y hacia Bolivia.
La información fue entregada por el Presidente del Directorio de Puerto Arica, Francisco Javier González Silva, quien expresó su satisfacción por el acuerdo alcanzado y agradeció a todas las partes involucradas, por cuanto de esta manera se cerró un trabajo conjunto que se ha extendido por más de un año.
Recordó el alto ejecutivo que Puerto Arica recibe la mayor parte de las importaciones de Bolivia, por lo que este acuerdo permite potenciar el liderazgo del terminal.
Sostuvo también que la concesión ha sido un éxito pues TPA ha logrado ser el puerto con las tarifas portuarias más competitivas, consolidando a Arica como salida natural para las cargas de Bolivia.
“Este acuerdo establece las tarifas especiales a los servicios que TPA le presta a los clientes bolivianos que operan a través de ASPB y estamos plenamente satisfechos porque nos permite seguir trabajando en el desarrollo de la cadena logística. El Libre Tránsito es una materia inherente a los servicios de nuestro puerto y reafirmamos con este convenio nuestra vocación por atender con eficiencia y competitividad la carga boliviana”, puntualizó el Presidente de Puerto Arica.
TENSIÓN EN BOLIVIA ANTE EL COMIENZO DE UNA SEMANA PLAGADA DE PROTESTAS
Médicos, organizaciones civiles y sindicatos tienen previstas movilizaciones por distintos reclamos. El Gobierno advirtió que no permitirá excesos y anticipó que buscará garantizar la normal circulación por carreteras.
Infobae de Argentina (www.america.infobae.com/notas)
El Ejecutivo que conduce Evo Morales utilizará al Ministerio del Interior y a la Fiscalía para contener las protestas sociales, anunció el ministro del Interior, Carlos Romero. "Vamos a coordinar actividades", explicó al canal estatal de televisión.
Romero recordó que un procedimiento similar se empleó con éxito en recientes protestas, aunque éstas derivaron en ataques a las fuerzas policiales, la ocupación de campos petroleros y el avasallamiento a una mina privada.
El ministro manifestó la disposición del Gobierno al diálogo, pero remarcó que su misión es también cautelar la normalidad en el flujo en las carreteras y en las actividades de la ciudadanía. "Lamento que en días pasados hemos tenido a médicos no solamente dejando de atender el servicio de salud, sino bloqueando las calles e impidiendo el trabajo normal de la gente. Esas situaciones no se van a repetir", advirtió.
Los médicos del sistema público de salud de Bolivia reiniciarán el martes una huelga en reclamo contra una disposición que aumenta su jornada laboral de 6 a 8 horas.
Por su lado, representantes del transporte público se reunirán el martes para definir una nueva estructura de tarifas, propósito rechazado por las organizaciones civiles.
Los sindicatos obreros de Bolivia convocaron además para el próximo miércoles a una huelga de 24 horas con protestas contra el incremento salarial propuesto por el Gobierno, que consideran insatisfactorio.
Organizaciones civiles de Tarija (sur), región productora de gas, anunciaron marchas, en ocasión de su efemérides departamental (15 de abril), por el control de recursos generados por un campo de gas operado por la empresa española Repsol.
BOLIVIA PREPARA PEDIDO DE CAPTURA DE PARAGUAYOS
Una investigación policial permitió la identificación de los miembros de una banda de paraguayos que en diciembre de 2008 robó seis fusiles FAL, calibre 7.62, en un asalto a un destacamento militar boliviano. El cerebro de aquel golpe cayó hace una semana en Horqueta, departamento de Concepción, donde también operaba como proveedor de armas del EPP, a través de su primo Alejandro Ramos. La justicia boliviana acelera ahora los trámites para una eventual extradición del detenido y ordenar la captura de los otros integrantes de la organización.
ABC de Paraguay (www.abc.com.py/edicion-impresa)
El supuesto capomafioso detenido es Lorenzo Ramón Ramírez Medina (39), quien cayó el lunes último en Horqueta, en un operativo de agentes del departamento Antinarcóticos de la Policía.
Ramírez Medina tenía una orden de captura pendiente por el decomiso de 540 kilos de marihuana, ocurrido el 17 de febrero pasado en Cruce Los Pioneros, Chaco, donde fue detenido su secretario, Abel Antonio Bobadilla Cañete (27), quien transportaba la droga en un furgón.
Tras su detención, Lorenzo supuestamente ofreció US$ 30.000 a los agentes intervinientes para que lo dejaran en libertad, según los propios uniformados.
Destacamento militar de Tuscal
El jefe narco también era rastreado desde hace varios años por la Policía, aunque por un asalto al Puesto Militar Adelantado de Tuscal, Bolivia, ubicado en la frontera con Paraguay y Argentina.
Una investigación llevada a cabo en Paraguay por el oficial inspector de Policía Blas Ortiz permitió individualizar a Lorenzo Ramírez como el ideólogo del ataque al destacamento boliviano, perpetrado el 1 de diciembre de 2008.
Según un informe elevado el 31 de enero de 2010 al entonces fiscal de Concepción, Óscar Javier Talavera, el oficial Ortiz explica cómo se planificó y ejecutó el golpe, de acuerdo con la confesión de Rosalino Ortiz Miranda (32), uno de los autores materiales del ataque.
Lorenzo Ramírez supuestamente comenzó a analizar la posibilidad de atacar el destacamento boliviano, luego de varios viajes que hizo por la zona con cargas de marihuana paraguaya, que intercambiaba por cocaína.
Una vez engendrado el plan, Lorenzo contactó con el traficante concepcionero Néstor Diosnel González Ramírez (33), y luego con Óscar Ramírez (43), alias Yaguareté, domiciliado en el barrio Industrial de Salto del Guairá.
Como necesitaban más gente, Lorenzo convenció a Rosalino Ortiz Miranda (32), un conocido malviviente de Horqueta.
Los cuatro se trasladaron luego hasta la zona de Cruce Don Silvio, Chaco, donde viven los hermanos Edison Ramón Zárate Alegre (36) y Lucio Marcial Zárate Alegre (26), ambos oriundos de Belén, departamento de Concepción, siempre según el informe de la investigación.
Primer intento: dormir a los soldados
El grupo hizo un primer intento para robar los fusiles, el 28 de noviembre de 2008, pero fallaron.
Al respecto, el informe elevado a la Fiscalía dice textualmente: “Ya en la frontera y a pocos kilómetros del objetivo, en fecha 28/11/2008, el Sr. Óscar Ramírez y Néstor Diosnel González Ramírez, a bordo de una motocicleta de color rojo ingresaron hasta el destacamento a conversar con los personales militares, con la intención de hacerles dormir con una droga, para realizar el robo de los fusiles, y no logrando su objetivo regresaron hasta el territorio paraguayo”.
El ataque, cuatro días después
Cuatro días después del intento fallido, el 1 de diciembre de 2008, finalmente se llevó a cabo el ataque, según consta en el documento.
“En la segunda oportunidad, en fecha 01/12/2008, Néstor Diosnel González, acompañado por mi indagado, Rosalino Ortiz, llegaron a consumar el hecho con asalto a mano armada. Luego de consumado el hecho y con las armas de guerra, abandonaron el país en una motocicleta de color rojo por el sector conocido como Carossi, en territorio boliviano, para luego cruzar la frontera con Paraguay”.
Una vez en territorio paraguayo, los seis criminales se reunieron en la casa de los hermanos Zárate Alegre, en Cruce Don Silvio, hasta donde lograron llegar supuestamente gracias a la cobertura de agentes especiales de la Senad, que están plenamente identificados.
Fusiles fueron comprados por el EPP
Siempre según la investigación del oficial Blas Ortiz, tras el ataque a los militares bolivianos, los hermanos Zárate Alegre llevaron los fusiles hasta la casa de su madre, en Belén, departamento de Concepción.
La pesquisa determinó también que posteriormente, Edison Zárate vendió dos de los fusiles FAL a una facción criminal de Amambay, por US$ 22.000, y que Óscar Ramírez, alias Yaguareté, negoció otra de las armas.
El intermediario, un narco de Horqueta
Los otros tres fusiles FAL, calibre 7.62, robados del destacamento de Tuscal, Bolivia, supuestamente fueron entregados luego a un conocido narco de Horqueta, Wilson Arévalos, alias Beira Mar, según el informe del policía.
“Pongo a conocimiento de esa representación fiscal que el señor Edison Zárate llegó a negociar dos de esas armas a personas desconocidas de la ciudad de Pedro Juan Caballero, presumiblemente por la suma de 22.000 dólares americanos. Posteriormente, Rosalino Ortiz manifestó que ya no tuvo conocimiento de las restantes armas de fuego.
También agrego que, a través de una tercera persona (informante), tuve conocimiento de que el resto de las armas fueron adquiridas aparentemente por un señor de nombre Wilson Arévalos, alias Beira Mar, domiciliado en la ciudad de Horqueta. Este último, al tener en su poder las armas, entregó de nuevo a Rosalino Ortiz, quien debería negociarlas en la zona de Ybyraty Calle 9”, refiere el informe de inteligencia.
Nexos con secuestradores
El documento acercado a la fiscalía especifica los nexos con los miembros del grupo de secuestradores EPP y dice que las armas “presumiblemente fueron vendidas a Alejandro Ramos Morel, ya que se presume que los Ramírez mencionados más arriba son primos de Lourdes Ramírez de Ramos, esposa de Alejandro Ramos, quienes utilizaron a Wilson Arévalos para que las armas llegaran en poder de Rosalino Ortiz”.
Después añade que “esto conlleva a que los integrantes del grupo de asaltantes del destacamento militar boliviano tenían temor o desconfianza hacia Rosalino Ortiz, presumiendo que a través de Wilson Arévalos el señor Rosalino Ortiz tendría más temor, tratándose de un sujeto respetado en la zona del mundo delincuencial. Esto ocurrió entre las fechas 27/09/2009 y los primeros días del mes de octubre de 2009”.
Fue así que, finalmente, tras el asalto al Puesto Militar Adelantado de Tuscal, Bolivia, el traslado de los seis fusiles robados hacia territorio paraguayo, y la comercialización de todas las armas, la organización se separó.
Cada uno de sus miembros empezaron a trabajar otra vez de manera “independiente”, hasta que la investigación policial sobre el sonado caso adquirió otra vez relevancia con la detención de Lorenzo Ramón Ramírez Medina.
Eventual extradición
Según las fuentes policiales, la justicia boliviana inició los trámites para pedir la extradición del supuesto capomafioso paraguayo Lorenzo Ramón Ramírez Medina (39), sindicado como el cerebro del asalto a una unidad militar fronteriza.
El Ministerio Público de Villamontes, Bolivia, inició las diligencias y pedirá al oficial Blas Ortiz una ampliación detallada de su investigación, en la que aparecen incriminados Lorenzo Ramírez y los otros supuestos miembros de su grupo.
La Fiscalía de Asuntos Internacionales, a cargo de Juan Emilio Oviedo, también ya está al tanto de la situación y podría tomar contacto con sus pares bolivianos. Ante esta situación, los propios medios de prensa bolivianos, que se hicieron eco de la captura de Ramírez Medina, reportaron que la justicia de su país solicitaría asimismo la captura de todos los mencionados en el informe del oficial Blas Ortiz.En los próximos días, los documentos llegarían a Paraguay, para que la Policía inicie la “cacería” de este grupo de criminales.
Desayuno con... Fernando Molina
"EL COLONIALISMO ESPAÑOL FUE MENOS RACISTA QUE OTROS"
El País de España (www.sociedad.elpais.com/sociedad)
Es un periodista y escritor a contracorriente y él lo sabe. Es más, reivindica un discurso alejado de las tendencias dominantes, crítico e independiente. Cuando Fernando Molina (La Paz, 1965) recibió, días atrás en Madrid, el Premio de Periodismo Iberoamericano declaró ante un selecto auditorio: "Si es verdad que los políticos dicen lo que todos quieren oír y los periodistas lo que nadie quiere oír, agradezco este premio porque me facilita el trabajo de llevar la contra".
Es el primer boliviano que gana este preciado galardón, que otorgan el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y la agencia Efe, y se ha alzado con el premio por un artículo publicado en el periódico Página 7 con un significativo título: Pensar Hispanoamérica: el inicio. Mientras bebe a sorbos un té ("soy muy cafetero, pero con el jet lag prefiero el té") y da cuenta de unos pequeños cruasanes en el jardín del hotel donde se aloja, un sonriente Molina desgrana los argumentos de su artículo que pueden ser el embrión de un libro.
"La colonización española en América", comenta, "no buscó solo acrecentar el poder imperial, sino que estaba inspirada por una necesidad espiritual de convertir a las almas. Es decir, la política de la fe marcó toda la presencia española en América durante tres siglos. El factor religioso resultó determinante desde el comienzo y el propio Colón hablaba tanto del oro como de Dios. Esa necesidad de convertir a la fe católica a los indígenas hizo que el colonialismo español fuera menos racista que otros. Que los anglosajones, por poner un ejemplo".
No niega en absoluto Molina el genocidio de indígenas y los saqueos de riquezas que protagonizaron los conquistadores españoles. Ahora bien, para el periodista boliviano, españoles e indígenas integraron e integran una misma comunidad hispanoamericana. "En Bolivia viven 32 pueblos indígenas, cada cual con su propio idioma. Pero el vínculo común de la lengua española es tan fuerte que los indígenas bolivianos solo pueden comunicarse entre ellos en español. Así, resulta chocante que el presidente Evo Morales lance discursos antiespañoles hablando en español".
Conoce bien España gracias a sus viajes y alaba su gastronomía ("estos días he descubierto la estupenda morcilla de Burgos", cuenta mientras se relame). Al referirse Fernando Molina a sus decenas de miles de compatriotas que residen en España subraya que "cuando regresan a Bolivia son gente más independiente y más crítica porque han aprendido a vivir en una sociedad más homogénea". Del otro lado, el periodista lamenta que los españoles reduzcan, a veces, su relación con América Latina a un problema migratorio.
En cualquier caso, este periodista y escritor de amplia trayectoria defiende el mestizaje como la clave del hispanoamericanismo. "Los bolivianos", comenta, "somos indígenas, mestizos e hispanoamericanos. Todo al mismo tiempo. De hecho, Bolivia estaría en guerra civil si no fuera por el componente hispanoamericano que actúa de paraguas integrador". Cuando se le pregunta por las aportaciones de la colonización, Molina no duda en la respuesta: "Las ciudades, desde México a Buenos Aires; y el derecho, el culto a la ley".
A PRUEBA DE POLÍTICOS
Las relaciones exteriores son juegos tácticos complicados en los que a veces se buscan objetivos nada evidentes. En estos casos queda la impresión que Perú ha vuelto a jugar coordinado con Bolivia y entre ambos están “haciéndole mala fama” a Chile.
El Morrocotudo de Chile (www.elmorrocotudo.cl/node/41230)
Las relaciones exteriores de Chile con los países vecinos se han deteriorado notoriamente en los últimos años y este es un problema de especial relevancia para nuestra región. Recordemos el artificioso y antojadizo “juicio” de Perú contra Chile en La Haya, que las actuales autoridades parecen haber considerado menor y no una actitud inamistosa hacia Chile. Las trabas argentinas al comercio, que afectan a numerosos países latinoamericanos y que incluso le han traído la pérdida de los beneficios del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) en Estados Unidos, no parecen alterar a nuestras autoridades pues a la Presidenta Argentina se le recibe con honores y apoyando la posición de ese país por las Falkland. Un nuevo antecedente de esta escalada, en el caso boliviano, es el proyecto de uso de las aguas del Silala, dado a conocer en esta semana. Este “proyecto”, en manos del ejército boliviano, se agrega al cambio de tono del Presidente de ese país por las reivindicaciones históricas de salida al mar que, ahora, podrían dar lugar a una nueva demanda en La Haya.
Las relaciones exteriores son juegos tácticos complicados en los que a veces se buscan objetivos nada evidentes. En estos casos queda la impresión que Perú ha vuelto a jugar coordinado con Bolivia y entre ambos están “haciéndole mala fama” a Chile, especialmente en Europa, provocando a nuestro país para hacerlo parecer un “mal vecino”, conflictivo, agresivo y expansionista. Las noticias que vienen de Europa, hablan de una agresiva campaña de lobby peruano en ese sentido, asimilando a Chile a Israel en el medio oriente.
En esa línea Chile difícilmente puede reaccionar a un proyecto de piscicultura en Potosí que “solo” pretende usar aguas de un río que, casualmente, es de curso internacional y clave para el abastecimiento de agua en la segunda región.
Perú y/o Bolivia saldrán beneficiados de todas maneras pues se trata del típico caso del cuchillo clavado en el corazón, no se puede sacar porque la persona muere y tampoco se puede dejar porque mata.
También demuestra que la gestión exterior chilena está muy equivocada pues ahora es evidente que la actitud hacia Perú, luego de su demanda limítrofe, no podía ser así de indiferente. Era un error proponer que “miráramos hacia adelante” y que nos preocupáramos de lo “mucho que nos unía” y “no de lo que nos dividía” (Piñera dixit) mientras éramos arrastrados a un juicio absurdo y sin sentido. Esa actitud es peligrosamente ingenua y torpe.
Bolivia, una vez más, es arrastrada por los juegos idiotas de Perú y se acopla a una estrategia en la que sólo puede perder ante su “aliado histórico”. Le pasó en las guerras del siglo XIX y le sigue pasando hasta nuestros días. Parece que ya se les olvidó que, hace pocos años, Perú fomentó una política de conservación del gas en Bolivia mientras desarrollaba sus propios recursos gasíferos y les levantaba los clientes.
La integración latinoamericana se hace sobra la base de la verdad, del juego limpio y de las buenas intenciones recíprocas. Es que además, la teoría de juegos señala que si tu oponente te engaña cuando has propuesto colaborar, no debes poner la otra mejilla por muy buen cristiano que seas.
Aquí entra en este juego nuestra región. Es el momento que venga otro Alcalde Paredes que pavimente otro Chinchorro y hay varios por pavimentar. Ante los anuncios bolivianos sobre el Silala, parece que llegó el momento de hacer cumplir estrictamente el tratado de 1904 y las normas urbanísticas chilenas. Eso significa que si los bolivianos exigen que la carga boliviana llegue en camiones bolivianos a la frontera, entonces en Chile se debe exigir que la carga salga de Arica en camiones chilenos, que los camiones cargados no entren a la ciudad en ningún punto que no sea el acceso al puerto, etc.
Si a los peruanos les gusta demandar a Chile, entonces Chile está en su legítimo derecho a demandarlos por los impactos ambientales de la minería en Parinacota, entre muchas otras demandas que se podrían plantear.
Lo anterior demuestra dos cosas:
a- La importancia de Arica en las relaciones internacionales de Chile. Específicamente, es aquí donde, de hecho, se materializa la política exterior de tres países. Mucho de lo que vemos aquí es un reflejo de lo equivocado que están nuestras relaciones internacionales.
b- La importancia del desarrollo económico y social de Arica. Mucho de lo que ocurre entre cancillerías, se manifiesta en la práctica en Arica y Tacna (¿Alguien duda que el desarrollo de Tacna es una decisión política y estratégica del Perú?). Por ejemplo, si ahora las relaciones con Bolivia se tensan, eso repercutirá en la actividad económica de Arica y es posible que las demandas ariqueñas terminen haciendo causa común con Bolivia. Absurdo por donde se le mire.
Los puntos anteriores muestran que si los “expertos” y “sabios” de Santiago no se han dado cuenta de las obviedades anteriores, entonces los liderazgos locales deben ser capaces de explicárselo a las geniales autoridades políticas de nuestro país.
LAS DROGAS: UN DEBATE ANTES IMPENSABLE ESTÁ AHORA SOBRE LA MESA
El Tiempo de Colombia (www.eltiempo.com/politica)
¿Cuál es la mejor manera de enfrentar el problema de las drogas? Diferentes opciones están puestas hoy sobre la mesa. ¿Criminalizar al usuario o tratar a los dependientes como enfermos? ¿Defender una visión prohibicionista a ultranza o experimentar con diferentes formas de regulación y prevención?
En los últimos cuatro meses, la discusión ha avanzado más que en 40 años. Lo que parecía impensable está ahora siendo discutido a la luz del día. América Latina está hablando de drogas porque la realidad lo impone, pero también por el coraje político de líderes como los presidentes Juan Manuel Santos, de Colombia; Otto Pérez Molina, de Guatemala, y Laura Chinchilla, de Costa Rica.
Los hechos son obstinados y hablan por sí mismos. La erradicación de la producción, la interdicción del tráfico y la criminalización del consumo -piedras angulares de la estrategia de la guerra contra las drogas liderada por Estados Unidos- no funcionan y tienen un costo altísimo en vidas humanas. Mientras haya demanda de narcóticos, habrá oferta. Los únicos beneficiarios del prohibicionismo son los narcotraficantes.
Cuarenta años de esfuerzos inmensos no han logrado reducir la producción ni el consumo de drogas ilícitas. En México y en Centroamérica la violencia y la corrupción asociadas al tráfico de drogas representan una amenaza para la seguridad ciudadana y la estabilidad democrática.Frente a la ineficacia y las consecuencias desastrosas de la guerra contra las drogas tomamos la iniciativa hace cuatro años de crear una Comisión sobre Drogas y Democracia en América Latina. Nuestro punto de partida fue reconocer el fracaso de la estrategia prohibicionista y la urgencia de abrir un debate sobre políticas alternativas. (Siga este enlace para leer: Cuba: la vieja piedra en el zapato)
Nuestra Comisión formuló dos grandes recomendaciones: la primera, que debe ser de aplicación inmediata, es la de descriminalizar el consumo. No tiene ningún sentido encarcelar a quienes utilizan drogas, pero que no hacen daño a otros. Es cierto que el consumidor se hace un daño a sí mismo y, en ocasiones, a su familia, pero no es con castigos ni llevándolo a la marginalidad como vamos a ayudarlo. (Lea aquí: Encuentro de 'multilatinas', las grandes compañías en América Latina)
La droga es un problema de salud pública. Los adictos deben ser tratados como enfermos, no como criminales. La criminalización es un obstáculo que dificulta el acceso al tratamiento y a la rehabilitación. Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México y Uruguay ya han dado pasos en esa dirección. Sin embargo, como la diferenciación legal entre consumo y tráfico no es clara, persisten los riesgos de corrupción y de discriminación de los más pobres. (Lea también: María Margarita Salas, la mujer que puso a marchar a Cartagena)
El primer objetivo de las políticas antidrogas debe ser proteger a los jóvenes, impidiendo que se inicien en un consumo que puede llevarlos a la dependencia. Eso implica dar absoluta prioridad a iniciativas de prevención, tratamiento y reintegración social. Ese conjunto integrado de acciones es la manera más eficaz de reducir el consumo. (Siga este enlace para leer: La Heroica volvió a ser una fortaleza en seguridad)
El poder represivo del Estado y la presión de la sociedad deben estar orientados a la lucha contra los narcotraficantes, sobre todo contra los más violentos y corruptores. Estos esfuerzos no deben estar destinados a perseguir a los enfermos.
La clave es la regulación
Nuestra segunda recomendación, más compleja, pero no menos importante desde el punto de vista de la paz y la seguridad ciudadana, es la discusión sobre los diferentes modelos de regulación de drogas como la marihuana, de manera similar a lo que ya se hace con el tabaco y con el alcohol. Estudios médicos de la más alta seriedad definen la marihuana como una sustancia de menor nocividad que el tabaco.
Regular no es lo mismo que legalizar. Este punto es fundamental. Regular es crear las condiciones para la imposición de todo tipo de restricciones y límites a la comercialización, publicidad y consumo del producto. (Lea aquí: 'En la Cumbre se romperá una contradicción de 40 años': Moisés Naím)
La reducción espectacular del consumo del tabaco en nuestros países demuestra que la prevención y la regulación son más eficientes que la prohibición para cambiar mentalidades y patrones de comportamiento.
La regulación, además, rompe el vínculo entre traficantes y consumidores. Teniendo en cuenta que la marihuana es la sustancia psicoactiva que más se consume en el mundo, su regulación acabaría con los enormes recursos que obtiene el crimen organizado en los mercados ilegales de la droga, fuente de su poder e influencia.
Felicitamos a los presidentes de Colombia, Guatemala y Costa Rica por haber puesto sobre la mesa diferentes alternativas, cuyo objetivo es la protección de la salud de las personas y la seguridad ciudadana. (Lea también: América Latina buscará un diálogo renovado con EE. UU.)
La resonancia de sus argumentos terminó con el tabú que por tanto tiempo ha impedido la búsqueda de otros caminos. Por iniciativa de varios países, el tema de la droga fue incluido en la agenda de la Cumbre de las Américas. Esta reunión de jefes de Estado es una oportunidad histórica para avanzar en el debate.
Como el tema es complejo, no se puede esperar que la discusión lleve a soluciones únicas ni a acuerdos inmediatos. Las alternativas son múltiples y complementarias. En este momento lo más importante es que se produzca un debate serio y riguroso, que le permita a cada país formar su opinión y definir los caminos más adecuados a su realidad. (Lea también: 'La de Cartagena será una cumbre con resultados': María Ángela Holguín)
La experiencia de América Latina en la lucha contra el narcotráfico; las lecciones aprendidas por Europa, que ha implementado políticas de salud pública y de reducción de daños; los experimentos de varios estados americanos que han explorado el uso medicinal de la marihuana; la movilización de los sectores empresariales y de la comunidad científica; la expectativa de los jóvenes y su anhelo de paz... Todas estas experiencias apuntan en la dirección de políticas más humanas y eficaces.
Un cambio de paradigma, que contemple la represión a los narcotraficantes, pero que les dé prioridad al tratamiento, la rehabilitación y la prevención, es la mejor contribución que puede hacer América Latina, un continente que ha sufrido tanto con este problema, a una revisión global de la política sobre drogas.
Promotores de un nuevo enfoque
La Comisión Global sobre Políticas de Drogas es una iniciativa internacional independiente dedicada a promover un debate público sobre políticas de drogas más humanas y eficientes, ante el fracaso que, según sostiene la organización, ha supuesto la lucha de más de 40 años contra el narcotráfico. Fue creada en el 2010 por los expresidentes Cardoso, de Brasil; Gaviria, de Colombia, y Zedillo, de México, y entre sus miembros destacan personalidades como Mario Vargas Llosa, Kofi Annan, Javier Solana, Carlos Fuentes, Louise Arbour, George P. Shultz y Paul Volcker.
PERÚ ELEVA TENSIÓN CON CHILE POR REMOCIÓN DE EXPLOSIVOS EN LA FRONTERA
Lima pide realizar trabajo "conjunto" de desminado en zona limítrofe que reclama como propia en su demanda ante La Haya.
La Tercera de Chile (www.latercera.com.cl)
El pasado 17 de marzo, el canciller Alfredo Moreno viajó a Asunción a una reunión de ministros de RR.EE. de Unasur. Ahí debió enfrentar una inesperada ofensiva: Perú propuso una resolución para "adelantar" los plazos internacionales de remoción de minas antipersonales en América del Sur. Los mismos que, a fines del año pasado, Chile había logrado postergar de 2012 a 2020.
Horas antes de que arribara Moreno a Paraguay, la iniciativa limeña había sido respaldada por Ecuador, Bolivia y Venezuela.
Chile había hecho ver que esa cita no era el lugar para debatir el tema, sino que debía ser abordado en una reunión posterior del Consejo de Defensa de Unasur, con información técnica, argumento que fue apoyado por Argentina. Pese a ello, el canciller peruano, Rafael Roncagliolo, abordó el asunto. Moreno respondió que respaldaba el fondo de la idea, pero sugirió añadir otras prohibiciones, como a las bombas de racimo.
Al final, la falta de una nimidad desahució el planteamiento.
La ofensiva fue una nueva medida de presión del gobierno de Ollanta Humala, que no ha dado por cerrada la polémica de febrero por la remoción de minas antipersonales en la frontera. Una tensión que, según círculos diplomáticos, mantendría congelada la confirmación del mandatario limeño para venir en junio a Santiago, a la cumbre de la Alianza del Pacífico. Y que llevó a que Lima se restara de la Fidae y del aniversario anual de la Fach, hace algunas semanas.
El 24 de febrero, Perú entregó una nota de protesta, sosteniendo que pudo constatar la "presencia de efectivos chilenos en un área de territorio peruano, entre el Hito N° 1 y la orilla de mar". Esto, durante los trabajos comandados por el ministro de Defensa, Andrés Allamand, para remover las minas antipersonales ubicadas desde fines de los 70 en algunos sectores de la frontera con Perú y que, producto de las lluvias, se trasladaron incluso a la ruta que une Arica con Tacna.
El reclamo limeño, explican fuentes de ese país, tiene que ver con una antigua discrepancia, incluida en la demanda ante La Haya: Perú reclama que la frontera terrestre comienza cerca de 260 metros al sur de lo que defiende Chile, en el llamado Punto Concordia u "orilla de mar", y no en el Hito N° 1.
En esa zona, Allamand ordenó cercar con alambres el lugar donde estarían los artefactos explosivos. Esto, declinando un ofrecimiento limeño para realizar un trabajo "conjunto" de desminado en el lugar. Además, Chile respondió la nota de protesta peruana, diciendo que todas las labores se hicieron bajo territorio nacional.
En Lima sostienen que desde hace años que hay un acuerdo tácito entre ambos países de no realizar "actos de soberanía" en esa zona para no incrementar tensiones.
Sin embargo, en el Ministerio de Defensa chileno dicen haber actuado según las normas internacionales, como la convención de Ottawa. En la Cancilleria -donde no fue posible obtener una versión oficial sobre el tema- el asunto es manejado con cautela. Aunque varios diplomáticos admiten las tensiones, marcadas por la recta final del litigio en La Haya.
LOS DAÑOS DE LAS TRANSNACIONALES EN LATINOAMÉRICA
Rebelión de España (www.rebelion.org/noticia.php)
Las compañías transnacionales con el apoyo de los gobiernos donde tienen sus sedes principales (Estados Unidos, Europa, Asia, así como el Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional) han destruido durante décadas el medio ambiente, desplazado a habitantes autóctonos y conculcados los derechos humanos de las poblaciones de América Latina en su afán de obtener grandes dividendos de sus suelos.
Esa situación ha sido posible debido al control que a lo largo del siglo XX, Estados Unidos ejerció sobre los gobiernos establecidos en la región que entregaban (y algunos aún entregan) enormes territorios, otorgaban exenciones tributarias, facilitaban las explotaciones mineras, de agua, de biodiversidad, mientras se profundizaba las afectaciones al medio ambiente, a la salud de los pobladores y se desprotegía la fuerza laboral de esas regiones.
Mientras las transnacionales se llevan anualmente miles de millones de dólares, dejan detrás grandes daños a los ecosistemas de América Latina.
Desastres provocados en Ecuador y Brasil por la compañía norteamericana Chevron han llamado la atención de los países latinoamericanos y de los medios de comunicación, debido a que los dos gobiernos nacionalistas que hoy dirigen en Quito y Brasilia, han apoyado las demandas de los afectados.
El desastre ambiental en la amazonia ecuatoriana se inició en 1964 cuando la Texaco (adquirida por Chevron en 2001) empezó a buscar petróleo en la provincia de Sucumbíos junto con la compañía Gulf.
Los estudios efectuados por varios especialistas han llegado a la conclusión de que en esa región ocurrió una de las peores catástrofes ambientales en la historia de la humanidad.
La justicia ecuatoriana sancionó a Chevron a pagar 18 000 dólares por los desastres ocasionados a los pobladores y al medio ambiente pero la transnacional se niega a abonarlo y ha interpuesto varias querellas desde hace 19 años.
El Brasil, el Ministerio Público Federal (fiscalía) comenzó las actuaciones en el juicio donde se acusa a Chevron y a la perforadora Transocean de daños al patrimonio público y falsedad ideológica por el derrame de 2 400 barriles de crudo en noviembre de 2011, y de otro en marzo pasado, en la plataforma ubicada en el océano Atlántico, a 370 kilómetros de la costa de Río de Janeiro.
El Ministerio acusa a las transnacionales de crimen ambiental y daño al patrimonio público por el derrame de crudo en el Campo de Frade en la cuenca de Campos.
La compañía esta haciendo numerosas gestiones jurídicas, entrega dinero y trata de comprar a quien sea para salirse del embrollo pero la presidente brasileña Dilma Rousseff ha sido directa al manifestar que "las empresas que vengan, así como las que ya se instalaron aquí, tienen que saber que los protocolos de seguridad existen para ser cumplidos".
El siglo XX, casi en su totalidad, marcó una larga etapa para América Latina en que Estados Unidos, dueño y señor de la mayoría de la región (a la que consideraba su traspatio) imponía gobierno y políticos afines que entregaban primero a las compañías norteamericanas, y a las transnacionales después, las riquezas de sus países.
Mientras unos pocos funcionarios criollos se enriquecían por otorgarles numerosas prebendas a las compañías mineras y agrícolas extranjeras, estas con mínimas inversiones extraían (y aun extraen) los bienes de esas naciones con la consecuente destrucción del medio ambiente y el empeoramiento de las condiciones económicas y de salud de las poblaciones.
Un informe publicado en 2005 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), señaló que “entre 1990 y 2000 se deforestaron 467 000 km2 en América Latina para destinarlos a la agroindustria, explotaciones mineras, o plantas de celulosa o hidroeléctricas entre otras, y ya en 2005 la deforestación de la Amazonia brasileña era de unos 680 000 km2
El Banco Mundial (BM) ha sido uno de los mayores propulsores de las incursiones de compañías extranjeras en Latinoamérica y de 1994 a 2004, mediante la Corporación Financiera Internacional (CFI) otorgó 900 millones de dólares para proyectos mineros en Bolivia, Brasil, Chile, México y Perú.
Algunas de las transnacionales beneficiadas han sido la Anglo American, BHP- Billiton, Barrick Gold, Mitsubishi, Mitsui, Newmont, Pan American Silver y Rio Tinto.
Son innumerables las empresas que han ocasionado daños graves en países latinoamericanos como el Grupo Anglo Gold/Anglo American que derramó en 1999 centenares de contenedores de cianuro en el río Vila Nova en Amapá Brasil. En Chile, en 2005, la compañía de celulosa Celco vertió mercurio durante más de 10 años y ocultó los hechos.
Argentina, Paraguay y Bolivia sufrieron en el pasado siglo XX la deforestación indiscriminada para propiciar la siembra de soya, maíz o algodón, por parte de las transnacionales. Por esos motivos, Argentina perdió 140 000 km2 de bosques; Paraguay 20 000 y Bolivia 15 000.
Las gigantes suizas Xstrata Plc. y Glencore, dedicadas a la explotación y comercio de minerales y materias primas han dejado un rastro apocalíptico a su paso por varios países del hemisferio sur a la par que han obtenido utilidades superiores a 14 000 millones de dólares anuales.
Xstrata en las minas de carbón de El Cerrejón, en la Guajira colombiana cometió abundantes delitos ambientales, fiscales y de violaciones de los derechos humanos. La explotación y la continua ampliación de los yacimientos deterioraron la calidad y cantidad del agua río Ranchería y el desplazamiento forzado de comunidades indígenas.
En Perú, la Xstrata labora desde 2006 en la explotación de cobre en el Proyecto Tintaya. Sus acciones han contaminado los ríos Salado y Cañipia y la fiscalía del Cusco le tiene presentada una querella.
Abundantes son las demandas que se mantienen en juzgados de Colombia contra compañías extranjeras que han arruinado el medio ambiente y la vida de sus pobladores. Entre estas aparecen: Coca cola, Nestlé, Chiquita Brands, Drummond, Cemex, Holcim, Muriel mining corporation, Glencore-Xstrata, Anglo American, Bhp Billington, Anglo Gold Ashanti, Kedhada, Smurfit Kapa.
Además, Pizano S.A. y su filial Maderas del Darién, Urapalma S.A., Monsanto, Dyncorp, Multifruit S.A. filial de la transnacional Del Monte, Occidental Petroleum Corporation, British Petroleum, Repsol YPF, Unión Fenosa, Endesa, Aguas de Barcelona, Telefónica, Canal Isabel II, Canal de Suez, Petrominerales, Gran Tierra Energy, Brisa S.A.
El daño ha sido catastrófico para Latinoamérica y de eso se han dado cuenta los nuevos gobiernos progresistas y nacionalistas que han surgido en la región, que además no estan solos en las acciones de enfrentar las ambiciones de las transnacionales.
Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú, Paraguay, Nicaragua por citar algunos, estan zafándose de las cadenas impuestas durante decenas de años por Estados Unidos y las transnacionales.
Cierto que a todas las naciones les hace falta la inversión de capitales para su desarrollo pero las compañías deben respetar las leyes medioambientales, el hábitat de los pobladores, pagar por posibles daños ocasionados y generar dividendos también para los países donde se instalen.
Ese es el desafío presente y futuro.
CONSULTA PREVIA: PEOR QUE LA ENFERMEDAD
Los Andes de Perú (www.losandes.com.pe/Opinion)
Comunidad de Imazita, Bagua, O6 de setiembre de 2011. Con un emotivo discurso, el Presidente Ollanta Humala suscribe la autógrafa de la Ley de Consulta Previa "Esta ley fortalece el proceso de inversiones, porque ahora los procesos que se den de inversiones necesariamente deberán ser consultados con la población, y el hecho de la vinculancia no es tan importante, sino más bien el recuperar la voz de la ciudadanía". Al mismo tiempo que advertía a los pueblos indígenas “no abusar ni manosear la Ley de Consulta”.
En un lenguaje sencillo, los pobladores de las comunidades nativas o campesinas, expresaban su regocijo: “ahora las grandes empresas mineras tendrán que pedirnos permiso, antes de extraer nuestro oro”
Sin embargo, pasada la “luna de miel legislativa” no se hicieron esperar las voces de protesta contra la Ley. Organizaciones como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Confederación Nacional Agraria y la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI) presentaron sus objeciones.
Los indígenas reunidas en el denominado “Pacto de Unidad” mostraron su desacuerdo con los artículos 1 º (Objeto de la ley), 2 º (Derecho a la consulta), 7 º (Criterios de identificación de los pueblos indígenas u originarios), 15° (Decisión), y la Segunda Disposición Complementaria, que señala que “La presente ley no deroga o modifica las normas sobre el derecho a la participación ciudadana. Tampoco modifica o deroga las medidas legislativas ni deja sin efecto las medidas administrativas dictadas con anterioridad a su vigencia”. Por lo tanto, solicitaron que el reglamento considere sus observaciones.
Precisamente, el 03 de abril de 2012, se publica en el diario oficial el D.S. 001-2012.MC que reglamenta la Ley 29785 Ley de Consulta Previa. Ese mismo día, el Presidente de la República, anunciaba la llamada “recuperación” del Lote 88. Paradójicamente, en la zona del Proyecto Camisea, donde no se consultó a los pueblos indígenas de la cuenca del Bajo Urubamba, especialmente de la Reserva Kugapakori Nahua. Seriamente afectados, social y ambientalmente por el proyecto.
Para desencanto de muchos, el reglamento publicado, no recogía las observaciones que se hicieron a la ley. Los representantes de los pueblos indígenas, ni bien enterados, se pronunciaron en contra del reglamento. Incluso señalaron que demandaran la inconstitucionalidad de la Ley ante el TC. En conclusión, lejos de ser un instrumento para la solución de los conflictos, como se había señalado.
La Ley y su Reglamento se han convertido en la manzana de la discordia. Es decir que el remedio resultó peor que la enfermedad.
Quizá, si nos hubiésemos detenido a revisar la experiencia de otros países en este tema, habríamos aprendido la lección. Para no ir tan lejos, ante el anuncio reciente del presidente de Bolivia, Evo Morales, de preparar la redacción de la Ley Marco de Consulta Previa, los sectores indígenas rechazaron la iniciativa. El dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Juan Carlos Pesoa, acusó al Gobierno nacional de intentar "destrozar" territorios indígenas con la aplicación de esta Ley Marco de Consulta.
Caso similar sucede en Chile, durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet (2006-2010) se emitió el D.S. 124, el mismo día que entro en vigencia el convenio 169, setiembre de 2009. Dicho Decreto, fue considerado por el movimiento indígena como contrario a los intereses de los pueblos indígenas. “La consulta previa que establece el 169 está suplantada y tergiversada por el Decreto 124” señaló Marcela Lincoleo, presidenta de la agrupación Lakutun.
En el país de Colombia. Ante la dación del Decreto 1320 del 13 de julio de 1998 que reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio. Este fue considerado “inconstitucional” por transgredir el derecho de los pueblos indígenas. Así lo explica Diana Carrillo de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
En Ecuador, no obstante que el Convenio No. 169 de la OIT, fuera incluida en la Constitución de 1998 y ratificado en la de 2008. Los problemas no han cesado. En el caso particular de la Ley de Aguas, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), ha convocado a diferentes protestas, y ha señalado que aceptaría la "consulta previa", sólo si el resultado de ella era "vinculante".
Por su parte en Guatemala, ante la promesa del gobierno de regular el Convenio 169, todas las comunidades indígenas expresaron su rechazo. Acusando al gobierno de usar una “artimaña legal” para limitar el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, en especial sobre proyectos mineros e hidroeléctricos.
Como podrá advertirse, la Ley de Consulta Previa, no es precisamente, la panacea, ni menos la solución a los conflictos derivados de las decisiones administrativa o legales de los Estados. Por el contrario, en algunos casos se ha usado la Ley, para convalidar los intereses de grandes inversionistas.
El origen del mal
En principio, todos coincidimos que el proceso de consulta debe estar dirigido a obtener el consentimiento previo, libre e informado. No obstante, uno de los puntos más controvertidos será siempre el carácter vinculante de la Ley. Por un lado, los pueblos indígenas consideran que el derecho a la consulta les concede un “derecho de veto”. Por otro lado, los Estados pretenden que las normas que regulen el derecho a la consulta se limiten al carácter de una “consulta”.
Incluso la Defensoría del Pueblo ha señalado claramente que la decisión final sobre las medidas administrativas o legislativas que afectan a los pueblos indígenas le corresponde al Estado, previa realización del proceso de consulta. (Informe 011-2009-DP/AMASPPI-PPI y el Proyecto de Ley Nº 3370/2008-DP). Ello se refleja, en el Art. 15º de la Ley: “(…) para el caso de que no se alcance un acuerdo, corresponde a las entidades estatales adoptar todas las medidas que resulten necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios y los derechos a la vida, integridad y pleno desarrollo”. En otras palabras, te consulto, y si no estás de acuerdo, igual yo decido lo que se hace.
Por ello, la implementación de una ley de consulta, dependerá de la predisponibilidad de ambos, para hacerse mutuas concesiones. Sobre todo, eso de la Buena Fe a que hace referencia la Ley. De ahí, que nos atrevemos a predecir, que muchas aguas correrán bajo el puente, hasta ver los resultados.
QUÉ ES UN ESTADO FUERTE
El debate sobre el rol del Estado en la economía y la sociedad ha sido el elemento central del debate político en los últimos dos siglos.
El Diario de Exterior (www.eldiarioexterior.com)
Creo que erróneamente la discusión se ha concentrado en más Estado o menos Estado y no en dónde y para qué necesitamos al Estado. Unos son acusados de querer estados débiles y otros reivindican estados fuertes, en un juego en el que quien gana o pierde es el individuo y su libertad. En mi opinión, el debate no debe suponer que estados fuertes se deben construir a costa de la libertad individual, sino deben desarrollarse al servicio de esta.
Creo que el gran error que se ha cometido y se comete en muchas naciones latinoamericanas es entender que un Estado fuerte es sinónimo de control y participación directa en la mayor parte de la economía. En Bolivia, por ejemplo, autoridades del Gobierno declaran con mucho orgullo que el Estado ha vuelto a controlar el 70% de la economía y que por eso ellos han cumplido una misión histórica de recuperación de la dignidad nacional.
El problema de fondo es que no se cuestiona si esta dignidad llega también a las personas o mejora su calidad de vida. Nos estamos engañando por un auge de consumo que no se basa en un desarrollo real del país, sino en ingresos extraordinarios, situación que puede cambiar rápidamente como ya está mostrando la experiencia argentina.
Por eso propongo que debatamos otras áreas de actuación estatal y servicios públicos donde realmente se puede construir un Estado que preste servicios a los ciudadanos que mejoren sustancialmente su calidad de vida, les permitan superar la pobreza y les den condiciones de ejercer su libertad en el sentido más amplio de la palabra, como la justicia, seguridad, educación y salud.
Mientras nos llenamos de empresas estatales, algunas de las cuales no tienen la más mínima posibilidad de funcionar, como la empresa de papel que lleva varios años con su maquinaria embalada o la fábrica de azúcar que fuera aprobada sin que existan áreas cultivables alrededor, los niveles de inseguridad empeoran diariamente, el crimen internacional penetra en nuestro territorio, las pandillas urbanas atemorizan a los más pobres y la Policía se ve imposibilitada de actuar en extensas áreas del país.
Seguimos organizando fastuosos desfiles con pomposos discursos sobre guerras antiguas, mientras en barrios y calles el ciudadano común vive inseguro y desprotegido.
En otras áreas como la salud los pacientes son atendidos en camillas y pasillos y mucha gente se muere porque no existen los equipos necesarios para diálisis o radioterapias, al mismo tiempo que se gastan millones en satélites innecesarios y aviones de combate que no sirven para perseguir a las avionetas que llevan droga.
Un Estado fuerte es compatible con la libertad de los ciudadanos si se orienta a servirlos y no a servirse de ellos, si no busca que el ciudadano dependa de él para manipularlo y someterlo, sino que ayuda a la gente a desarrollar sus capacidades y ejercer su libertad.
No comments:
Post a Comment