Los impactos
del calentamiento global ya son visibles en todos los continentes y en todos
los océanos, alerta el último informe del Panel Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC), que dibuja un panorama futuro lúgubre si los
líderes mundiales no actúan a tiempo.
De no adoptar
medidas, el texto prevé que durante este siglo aumente el desplazamiento de
poblaciones, sobre todo en zonas litorales que se verán afectadas por la subida
del nivel del mar, las inundaciones y la erosión de las costas.
El informe
también alerta sobre el descenso de las cosechas, la extinción de especies y la
degradación de los ecosistemas. Y apunta incluso al riesgo de que se produzcan
conflictos violentos o guerras civiles.
El IPCC, la
mayor red científica del mundo dedicada a estudiar elcambio climático, desvela
en Yokohama (Japón) la segunda de las tres partes de su extenso informe.
Sus centenares
de autores, escogidos por Naciones Unidas, han contado con más del doble de
estudios para elaborar informes clave para las siguientes cumbres climáticas.
Estas son algunas de las alertas que lanza el informe:
Conflictos y pobreza
Se prevé que el
cambio climático aumente el desplazamiento de poblaciones durante el siglo XXI,
especialmente en países en vías de desarrollo, señala el texto, que añade:
“Puede incrementar el riesgo de conflictos violentos en forma de guerra civil y
entre comunidades por la creciente pobreza”.
Seguridad alimentaria
El
calentamiento global, la subida del nivel del mar y los cambios en las
precipitaciones afectarán a las tierras cultivables. En el caso de los
principales cultivos (trigo, arroz y maíz), en las regiones tropicales y
templadas, el texto habla de “impacto negativo” en las cosechas si la
temperatura sube más de dos grados centígrados.
Los Océanos
Ya se están notando
los efectos del cambio climático: mayor calentamiento (provoca desplazamiento
de especies marinas, como el bacalao atlántico hacia latitudes polares) y
deficiencia de oxígeno.
Medio rural
El texto alerta
del peligro que acecha a las zonas rurales debido al acceso insuficiente al
agua potable y de riego, y del descenso de la productividad de las cosechas.
Agricultores y pastores en regiones semiáridas serán los más afectados en un
futuro próximo.
Acceso al agua
Se ven los
efectos del cambio climático: mayor calentamiento (provoca desplazamiento de
especies marinas, como el bacalao atlántico hacia latitudes polares),
acidificación y deficiencia de oxígeno.
OMM alerta
sobre el clima
La declaración
anual de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) sobre el estado del clima
mundial, presentada hace unos días en Ginebra, alerta de que se acentúan los
episodios climáticos extremos e insiste: la influencia de la actividad humana
sobre el clima explica algunos de los cambios que se están observando.
El 2013 ha
sido, junto con 2007, el año más cálido desde que se tienen registros. Según
destaca la OMM, 13 de los 14 años más cálidos se han producido en el siglo XXI.
Cada uno de los tres últimos decenios ha sido más cálido que el anterior (el
récord lo tiene 2001-2010).
La temperatura
mundial promedia 14,5 grados centígrados, que se plasman en el deshielo de
glaciares en Perú o la Patagonia. En el 2013, Australia registró el año más
caluroso de su historia; Argentina, el segundo.
Clave
La previsible
subida del nivel del mar durante el siglo XXI provocará inundaciones y erosión
del litoral. El aumento de la población, el desarrollo económico y la mayor
urbanización atraerán más personas a las zonas costeras, por lo que el peligro
será mayor, en especial en los países o zonas que están bajo el nivel del mar. (www.larepublica.pe)
BOLIVIANOS, INTERESADOS EN LA GENÉTICA BRANGUS DE
PARAGUAY
La Asociación Paraguaya de Criadores de Brangus (APCB)
recibió la visita de su par Asociación Boliviana de Brangus, interesada en
conocer más sobre el tipo de hacienda y los sistemas de crianzas implementados
en el país.
Ultima Hora de Paraguay (www.ultimahora.com)
Al mismo
tiempo, la delegación boliviana se mostró interesada en la importación de la
genética y la carne paraguaya, que podría ser posible en 30 días de prosperar
la negociación.
José Costa,
presidente de la Brangus Paraguay, comentó al respecto que las realidades en
cuanto a campo y clima de ambos países (Bolivia-Paraguay) son parecidas.
Dijo que el
Brangus paraguayo se adaptará perfectamente al sistema de crianza del Brangus
de Bolivia.
Por otra parte,
la Asociación Brangus Paraguay confirmó la presencia de 8 delegaciones de
distintos países de la región, en la Segunda Jornada Brangus Latinoamericana,
que se realizará en el país, del 30 de abril al 5 de mayo.
“Colombia,
Ecuador, Brasil, Bolivia, Argentina, Uruguay, Panamá y México ya confirmaron su
presencia, lo que demuestra que la actividad a llevarse a cabo en el país será
muy representativa para lo que es el Brangus en Latinoamérica”, dijo Jorge
Reinau, presidente de la Segunda Jornada Brangus Latinoamericana.
Los
organizadores mencionaron que de todos los países hasta ahora confirmados en la
muestra se encuentran muy interesados en la genética Brangus de Paraguay, por
lo que el principal objetivo a trabajar será el de captar mercados nuevos y
mostrar lo que el país puede ofrecer en materia de ganadería.
ALCALDE CHILENO PIDE A SU CANCILLERÍA DESMINADO DE
FRONTERA CON PERÚ Y BOLIVIA
La
República de Perú (www.larepublica.pe)
El alcalde de
la comunidad de General Lagos (región chilena de Arica y Parinacota), Gregorio
Mendoza Chura, solicitó a la Cancillería de su país efectuar el desminado del
territorio de su comuna que limita con Perú y Bolivia. Los artefactos
significan un peligro para los agricultores de la zona.
Mendoza detalló
que a la fecha existen campos minados por una extensión de 2 kilómetros, a la
altura del los hitos 55 y 54 en la frontera con Perú. En los límites con
Bolivia, los explosivos se hallan dispersos a lo largo de un kilómetro a la
altura del hito 12.
"Es un
peligro latente para ganaderos y niños que habitan los caseríos de Nasahuento y
Villa Tacora. Los cercos que delimitaban esos campos minados ya se han caído.
Es un peligro para quienes transitan por allí", dijo el alcalde.
En el 2012, los
Gobiernos de Perú y Chile, con el apoyo de una ONG de Noruega, llevaron a cabo
el desminado de su frontera en la costa. Se desactivaron 333 minas que fueron
arrastradas desde Chile a territorio peruano por huaicos presentados en
la zona.
BOLIVIA: SOSA Y LA BÚSQUEDA DE UNA JUSTICIA IMPARCIAL
PanAm
Post de Panamá (www.esblog.panampost.com)
¿Alguien supone
que el exfiscal Marcelo Sosa puede tener un juicio justo en
Bolivia? ¿Alguien supone que cualquiera que incomode al poder ejecutivo
puede tener un juicio justo en Bolivia? No soy abogado y ni experto en
temas de asilo político, pero entiendo que el país que da el asilo tiene
entre sus consideraciones la naturaleza de los delitos que se le imputan
al solicitante y la solidez del sistema judicial en su país.
Personalmente,
no tengo dudas de que Marcelo Sosa abusó de su posición y extorsionó a
muchas personas para enriquecerse, pero en un Estado de Derecho donde
existe independencia de poderes y un sistema judicial relativamente
transparente, la culpabilidad la determina un jurado en un juicio público.
Ahora que Sosa ha caído en desgracia con el gobierno, ¿alguien cree que
puede recibir un juicio justo? ¿O alguien cree que el juicio por
terrorismo no tiene injerencia del poder ejecutivo? ¿O alguien duda que
Leopoldo Fernández sigue encarcelado porque al presidente y su a entorno
les da la gana, sin importar lo que diga la constitución y las leyes sobre
el tiempo máximo de prisión sin sentencia?
Seguramente las
personas en Brasil encargadas de evaluar el caso del exfiscal Sosa, no sólo
evaluarán las acusaciones que existen en su contra, sino también la reputación
del Estado boliviano en cuanto a violaciones de derechos humanos, su
sistema judicial corrupto y politizado, la cantidad de personas que han
pedido asilo desde el gobierno de Evo Morales y una serie de elementos
para determinar si Sosa, puede o no tener un juicio justo e imparcial en
su país de origen. Y como probablemente lleguen a la conclusión de que
Sosa no tendría un juicio justo e imparcial en Bolivia, no es inverosímil
suponer que
reciba el asilo de la nación vecina.
Esto sería una
prueba más (de las ya innumerables) de que la justicia boliviana tocó
fondo y atraviesa su peor momento desde el restablecimiento de la
democracia; una justicia que nunca en su historia se caracterizó por ser
eficiente, independiente o imparcial, pero que nunca como hoy había estado
tan sometida al poder político y tan corrompida.
Sin lugar a
dudas me gustaría ver al señor Sosa detrás de una reja, pagando por sus
delitos, pero más importante que ello, me gustaría ver una reforma del sistema
judicial para que actué con verdadera independencia, busque la verdad y
defienda la justicia por encima de todo. Mis esperanzas de que esto
suceda, al menos con este gobierno, son nulas.
PEMEX
EXPLORA CON SCHLUMBERGER EN BOLIVIA
De
las 25 áreas reservadas en donde la Compañía Mexicana de Exploraciones (Comesa)
realiza estudios de exploración, el compromiso es entregar 10 prospectos en los
que se pueda perforar inmediatamente.
El
Financiero de México (www.elfinanciero.com.mx)
La Compañía
Mexicana de Exploraciones S.A. (Comesa), sociedad integrada por Pemex y la
perforadora estadounidense Dowell Schlumberger, encara en Bolivia estudios en
25 áreas reservadas a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB) para identificar nuevos prospectos exploratorios.
“Comesa está
estudiando estas áreas exploratorias, y el compromiso es que de las 25 áreas
por lo menos deben entregar 10 prospectos exploratorios para que se pueda
inmediatamente perforar, pues necesitamos obtener nuevas reservas tanto de gas
natural como de petróleo crudo”, explicó Carlos Villegas, presidente de YPFB.
Villegas
precisó esa información en el foro 'Latinv EP 2014: América Latina y el Caribe,
oportunidades de inversión en la exploración y producción de petróleo y gas',
que se realizó en la ciudad peruana de Lima.
El titular de
YPFB informó que las 25 áreas en evaluación y definición de prospectos de
perforación exploratoria son Las Moras, Algarrobilla, Yuarenda, Sayurenda,
Villa Montes, Charagua, Boyuibe, Ovai, Abapó, Yoai, Cupecito, Izozog, Ayoreo, Miraflores,
Menotita, Tita Techi, Abeja, Colibrí, Avispa, Monteverde, Peta, Puerto Gretter,
Nuevo Horizonte, El Remate y San Silvestre.
Explicó que
la compañía mexicana está implementado tareas de sísmica 2D (segunda dimensión)
y 3D (tercera dimensión) para obtener una imagen óptima del subsuelo, que
permitirá después de una interpretación sísmica y geológica, determinar una
estructura de interés hidrocarburífero y la ubicación de un pozo exploratorio.
“De igual
manera que los prospectos exploratorios, van a definir la ubicación y las
coordenadas respectivas para la perforación de pozos exploratorios”, remarcó.
Villegas
destacó también que Bolivia tiene un gran potencial hidrocarburífero de 60
trillones de pies cúbicos (TCF, por sus siglas en inglés) de gas natural y 2.5
millones de barriles de petróleo y condensados.
Aseguró que
la mayor formación productora de gas natural de América del Sur es la
'Formación Huamampampa', al sur de Bolivia.
CANCILLER MUÑOZ PRESENTA COMISIÓN ASESORA POR DEMANDA
MARÍTIMA BOLIVIANA EN LA HAYA
A pocas semanas de que Bolivia presente su memoria ante
la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por la demanda marítima en
contra de Chile, el canciller chileno Heraldo Muñoz anunció la lista de quienes
integrarán el Consejo Asesor durante el proceso. Los analistas destacan la
diversidad política del grupo y la permanencia de asesores legales, como una
señal de continuidad en el ámbito de las relaciones exteriores.
Radio
U de Chile (www.radio.uchile.cl)
El mismo día en
que sesiona la comisión de Relaciones Exteriores en Arica, para analizar el
impacto del fallo de La Haya por la demanda peruana, el canciller Heraldo Muñoz
presentó los 35 nombres que integrarán el Consejo Asesor, encargado de apoyar
al equipo que representará a Chile ante un nuevo juicio en la Corte
Internacional de Justicia, esta vez por la demanda marítima de Bolivia.
Los asesores se
sumarán al ex ministro Bulnes, quien fue confirmado como agente por la
Presidenta Michelle Bachelet y al abogado Claudio Grossman, que se desempeñará
como coagente.
El canciller
chileno aseguró que “el grupo es variado, experimentado, y refleja la
diversidad y competencia que queremos en este comité asesor”. Todos ellos han
aceptado esta invitación”. Además añadió que esperan coordinar una primera
reunión entre sus miembros durante las próximas semanas.
Entre los
integrantes se encuentran el ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio
Cheyre, el ex agente chileno en la demanda peruana Alberto Van Klaveren, el
embajador ante los Países Bajos Juan Martabit, la ex coagente María Teresa
Infante, el ex senador Carlos Ominami y el presidente de la Corte Suprema
Sergio Muñoz.
Además se
anunció que continuarán los abogados que habían asesorado a Chile en la demanda
de Perú. Una de ellas es Astrid Espalliat, abogada internacionalista de la
Universidad de Chile.
La abogada
afirmó que si bien la experiencia previa será un factor importante en el
proceso, este nuevo caso presenta importantes desafíos y diferencias técnicas,
porque con Perú había un desacuerdo respecto a la existencia de un acuerdo
limítrofe marítimo, mientras que Bolivia solicita una negociación:
“Bolivia argumenta que el hecho de que Chile haya mostrado disposición
previa para conversar respecto a una salida al mar para ese país, nos habría
obligado a sentarnos a negociar seriamente para otorgarles una salida soberana
al mar. Con Perú aprendimos bastante a trabajar una estrategia judicial y a eso
estaremos abocados durante los próximos meses, a decidir cuál es la mejor estrategia
para responder a Bolivia, afirmó.
Respecto a la
composición de la comisión, el analista internacional de la Universidad Diego
Portales, Sebastián Dubé, destacó la integración de expertos en derecho
internacional “quienes podrán complementar la arista técnica con una mirada
política más amplia”.
Asimismo,
consideró una señal importante la inclusión del ex comandante del Ejército
general (r) Juan Emilio Cheyre, “luego de que a pocos días del fallo de La Haya
en enero pasado, el ex presidente Piñera convocara al Consejo de Seguridad
Nacional, dando a entender que los militares no fueron consultados durante ese
proceso”.
Finalmente, se
refirió a los desafíos que implicará este proceso para Bolivia, como parte
demandante, en tanto “históricamente ese país ha cuestionado la legitimidad más
que la legalidad del tema”.
Al respecto
dijo que: “Es muy interesante lo que viene por delante, porque en el discurso
boliviano se deslegitima todo lo que vino antes, la Guerra del Pacífico, las
razones de la guerra y los tratados que vinieron después que tampoco considera
legítimos, entonces vamos a ver cómo van a tratar de convencer a los jueces de
La Haya desde una mirada jurídica, técnica y no solamente política”, afirmó.
Paz Milet,
académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile,
destacó la diversidad política y la continuidad que simboliza esta comisión:
“Se mantuvo la lógica de representantes legales de distintos sectores políticos
y por otra parte, el comité más en extenso también incluye representantes de
distintos sectores, en el sentido de que las distintas fuerzas políticas y
líneas de pensamiento queden expresadas en esta composición. La política
exterior chilena tiene que ser una política de Estado que aborde de manera
transversal la sociedad chilena y de este modo, la continuidad en la defensa
legal, da una señal importante en ese sentido”, dijo.
Junto con el
anuncio de la Comisión, el canciller sostuvo que Chile mantendrá la disposición
al diálogo con Bolivia, a través de la agenda de los trece puntos de
fondo, pero con exclusión del tema relativo a la salida al mar.
Una vez
recibida la memoria del país altiplánico, que se espera para el 17 de abril,
comenzará un plazo de tres meses en que Chile decidirá si alega o no
incompetencia por parte de la Corte Internacional de Justicia, de no haber
alegato, se inicia un período de diez meses para contestar a la defensa de
Bolivia en lo que se denomina la contramemoria, documento que se presentará en
febrero de 2015.
CREARÁN
UNA COMISIÓN INVESTIGADORA POR EL ABRA DE SANTA CRUZ
El
Tribuno de Argentina (www.eltribuno.info/salta)
Piden crear
una comisión investigadora por el problema de la demarcación del límite con
Bolivia en el Abra de Santa Cruz, del departamento Santa Victoria Oeste. El
proyecto fue presentado por el diputado nacional y abogado por la provincia de
Buenos Aires, Alberto Asseff, y cuenta con el apoyo su bancada, UNIR-Frente
Renovador, el espacio político que conduce Sergio Massa. La comisión podrá
recibir denuncias de los lugareños y se reserva la facultad de denunciar a
funcionarios nacionales, provinciales y municipales. Además, podría llevar la
disputa limítrofe ante los organismos internacionales que correspondan y hasta
solicitar un arbitraje internacional.
En el Abra de
Santa Cruz, unas 17 familias salteñas quedaron viviendo en Bolivia desde la
instalación de un nuevo hito fronterizo que modificó el criterio de demarcación
del límite que el Estado y los pobladores del lugar habían respetado durante
los últimos 90 años. El nuevo hito, sin identificación y numeración conocida,
fue colocado el 28 de noviembre de 2013. Hasta ese momento el único Estado que
ejercía soberanía en ese territorio había sido el argentino, que reclutó para
sus Fuerzas Armadas y brindó documentación, salud, caminos, educación y
asistencia social a los lugareños instalados ahí desde hace tres generaciones.
En el lugar hay yacimientos de uranio, según informó en 2012 el organismo
minero de la vecina República Plurinacional de Bolivia.
El mismo intendente
de Santa Victoria Oeste, en una reunión en el Centro Cívico Grand Bourg,
mantenida con algunos de los habitantes de la zona que habían viajado por más
de 10 horas para poder explicar la situación que atraviesan, planteó: “Les
conviene quedar en suelo boliviano para poder cobrar los planes sociales de los
dos países”, había propuesto Cástulo Yanque. Punteros del intendente, como
publicó este medio, hacen de interlocutores con los funcionarios bolivianos y
dividieron a los pobladores al sugerirles crear una nueva comunidad aborigen
con personería jurídica boliviana y abandonar su pertenencia a la comunidad
argentina originaria de la etnia colla del abra de Santa Cruz.
“Es más
conveniente estar en Bolivia”, dijeron algunos vecinos en la última reunión en
el lugar del 17 de marzo, a la que no asistió ningún representante del
Gobierno. Pero en el encuentro del mes anterior, al que también asistió El Tribuno sin presencia alguna de
autoridades, los pobladores habían expuesto en un acta, y de manera unánime, el
pedido a los funcionarios argentinos para que intercedieran a favor de la
demarcación tradicional que existió hasta noviembre de 2013 en la zona y que
indicaba que esas tierras siempre pertenecieron al departamento de Santa
Victoria Oeste.
Ahora la comisión
podrá investigar el accionar de los funcionarios públicos que intervinieron en
la cuestión que significó la pérdida de alrededor de 600 hectáreas en manos del
vecino país. Desde el primer tratado de 1889 entre ambos países y hasta la
fecha la Argentina perdió un territorio equivalente a la provincia de Tucumán,
cerca de 22.000 kilómetros cuadrados, con Bolivia. El proyecto del massismo
prevé que “la comisión podrá solicitar la colaboración de medios de
comunicación locales que reflejen los hechos investigados”.
La comisión
podrá “denunciar ante la Justicia provincial de Salta y la Justicia Federal
cualquier intento de ocultamiento, negación, obstrucción a la investigación o
la destrucción de elementos probatorios” y “cualquier intento por parte de
funcionarios nacionales, de la provincia de Salta o pertenecientes al Gobierno
del Estado Plurinacional de Bolivia, cualquier intento de acallar, amedrentar o
amenazar a los habitantes denunciantes del hecho investigado por esta
comisión”.
En este
sentido hay que destacar que, según testimonios de los habitantes del
departamento de Santa Victoria Oeste, hace alrededor de 10 años que la
Gendarmería Nacional abandonó un procedimiento rutinario que se realizaba en la
zona. Se trata de un control semanal a caballo que realizaban por los hitos de
la localidad, personal de Gendarmería. Según testigos de San Juan de Minas y
Río Grande, en Viscachani “hace 10 años que no se ven más”. El diputado
massista Alberto Asseff citó en los fundamentos del proyecto los artículos de El Tribuno. “Muchos testimonios,
declaraciones tanto del lado del Gobierno de Salta como de algunos funcionarios
de Bolivia, como así también de la Cancillería Argentina han resultado
contradictorios y preocupantes.. .Es necesario poner un manto de seriedad”,
dijo.
EDITORIAL DEL DIARIO LA NACIÓN SOBRE EL ABRA DE SANTA
CRUZ
El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.info/salta)
Hay un marcado
interés en Buenos Aires por los sucedido en el Abra de Santa Cruz, en el
departamento de Santa Victoria Oeste. Ahí, unas 17 familias salteñas quedaron
viviendo en Bolivia desde la instalación de un nuevo hito fronterizo que
modificó el criterio de demarcación del límite que el Estado y los pobladores
del lugar habían respetado durante los últimos 90 años. El nuevo hito, sin identificación
y numeración conocida, fue colocado el 28 de noviembre de 2013. Hasta ese
momento el único Estado que ejercía soberanía en ese territorio había sido el
argentino, que brindó documentación, salud, caminos, educación y asistencia social
a los lugareños instalados ahí desde hace tres generaciones. En el lugar hay
yacimientos de uranio, según informó en 2012 el organismo minero de la vecina
República Plurinacional de Bolivia. Esta es la editorial que publica en su
edición de hoy el Diario La Nación:
Como se ha
informado, recientemente se produjo el corrimiento de un hito fronterizo entre
la provincia de Salta y la República Plurinacional de Bolivia, que significó
tanto un desplazamiento de unos treinta kilómetros de la frontera hacia
territorio salteño como una pérdida de 600 kilómetros cuadrados de territorio
argentino. (Aclaración de El Tribuno:
según lo rectificado en publicaciones anteriores, el territorio afectado ronda
las 600 hectáreas)
A raíz de estos
graves hechos, a los que nos referimos en esta columna el 24 del mes pasado, se
ha presentado en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto para
constituir una comisión especial investigadora sobre tan grave suceso. En los
fundamentos de ese proyecto del diputado Alberto Asseff (UNIR-Frente Renovador)
se afirma que el motivo obedece a las denuncias realizadas por pobladores del
paraje Abra de Santa Cruz, en el Valle del Silencio, comprendido por el
municipio de Santa Victoria Oeste. Esas denuncias fueron investigadas y
publicadas por el diario El Tribuno, de Salta.
Según da cuenta
el proyecto, el límite internacional entre la Argentina y Bolivia "está
determinado por el Tratado Definitivo de Límites de 1925", algo que parece
desconocer el actual Gobierno al haber permitido, según un acuerdo de noviembre
del año pasado, el corrimiento del mojón sin que el Ministerio de Relaciones Exteriores
ni su titular, Héctor Timerman, hayan dado a publicidad el contenido de lo
acordado ni brindado la justificación legal pertinente.
Ante la
gravedad de lo acontecido, el proyecto ha propuesto que la comisión por crearse
sea integrada por once miembros designados por resolución del cuerpo
legislativo respetando la pluralidad de la representación política de la
Cámara", y que se designe presidente, vicepresidente y secretario, quienes
serán elegidos por la mayoría de los votos.
Entre las
facultades concedidas a la comisión merece destacarse que podrá recibir
denuncias, debidamente registradas ante escribano público, por parte de las
familias afectadas. A su vez, gozará de la facultad de solicitar informes a
todos los poderes del Estado nacional, provincial, municipal y realizar
inspecciones en el sitio fronterizo mediante constancia fehaciente por acta
notarial.
La iniciativa
legislativa establece que la comisión podrá ordenar pericias técnicas y
denunciar ante la Justicia cualquier intento por parte de funcionarios
nacionales, de la provincia de Salta o del Estado boliviano de "acallar,
amedrentar -cosa que ya ha sucedido- o amenazar a los habitantes denunciantes
del hecho investigado". Entre otras potestades, se reserva asimismo la
facultad de denunciar la disputa limítrofe ante los organismos internacionales
que corresponda, así como la de proponer arbitraje internacional.
La iniciativa
es valiosa porque nos encontramos ante un suceso plagado de sombras y que
compromete tanto a una porción del territorio nacional como a compatriotas
nuestros, abandonados a su suerte por un acuerdo nunca esclarecido.
LA TORMENTA MINERA
Rebelión de España (www.rebelion.org)
La Ley Minera
aprobada en el Congreso, en la Cámara de Diputados, ha ocasionado desgarramientos
en los sectores afines al gobierno. Los cooperativistas mineros se movilizaron,
salieron a los caminos y bloquearon, en desacuerdo al texto aprobado; el mismo
que habría revisado el 25% de los artículos consensuados entre mineros
sindicalizados, mineros cooperativistas y ejecutivo. Según el gobierno, a
través de su ministro del ramo, dice que se lo ha hecho para no vulnerar la
Constitución, pues algunos artículos consensuados abrían las compuertas a las
empresas trasnacionales. Por otra parte, se dice que no se puede eludir la
aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de los contratos y concesiones
a las empresas cooperativas. Los cooperativistas mineros exigen que sea el
gabinete y no la Asamblea Legislativa el que apruebe los contratos. Este pedido
no sólo vulnera la Constitución vigente, aprobada por el pueblo boliviano,
también, claro está, por los cooperativistas mineros, sino que viola todo
constitucionalismo y toda Constitución posible. Este es un golpe al
Estado-nación; no sólo al gobierno, al excluir a uno de sus órganos de poder.
Empero, la
discusión no termina ahí. Los voceros oficialistas alegan que lo hacen
defendiendo la Constitución. ¿Dónde la defienden? La constitución establece que
los recursos naturales no son mercantilizables y están destinados al vivir
bien. La Constitución prohíbe la exportación de materias primas. El modelo de
economía social y comunitaria, definida en el contexto de la economía plural,
propone un paradigma económico y ecológico, el camino hacia la soberanía alimentaria,
el fortalecimiento del mercado interno, no del mercado externo, la
industrialización de las materias primas, con el objeto de satisfacer los
requerimientos del mercado interno. Con la Ley Minera, aprobada en la Cámara de
Diputados, incluyendo o excluyendo las revisiones, vulnera la normativa establecida
por la Constitución.
Gobierno, MAS,
mineros sindicalizados, mineros cooperativistas, han optado por el modelo
extractivista colonial del capitalismo dependiente, contraviniendo las
definiciones y determinaciones constitucionales. Se olvidan todos que es el
pueblo boliviano el propietario de los recursos naturales, no el Estado. Nadie
le preguntó al pueblo boliviano sobre la Ley Minera, nadie le preguntó sobre
las políticas mineras. Como todos los gobiernos anteriores, sencillamente ignoraron
al pueblo boliviano.
La Constitución
es clara al respecto, exige la construcción colectiva de la decisión política,
la construcción colectiva de la ley y la construcción colectiva de la gestión
pública. Para el gobierno y estos gremios la Constitución está bien para la
propaganda, pero, en absoluto para cumplirla.
¿Cómo se ha
llegado a este desbocado in-constitucionalismo? El problema de fondo es que el
gobierno se cree propietario de los recursos de los bolivianos, así mismo el
sindicalismo minero, también el cooperativismo minero. Ellos, pocos, están
decidiendo el destino de los recursos naturales de los bolivianos, por lo
tanto, indirectamente, el destino de los bolivianos. Algo inaudito a la luz del
texto constitucional. ¿Cómo se explica que ocurra esto? El gobierno progresista
ha heredado las estructuras del poder del Estado-nación, estructuras de poder
instituidas para despojar a la tierra de sus recursos en beneficio de la
vorágine capitalista, para expoliar al pueblo boliviano, para explotar al
proletariado minero, mayoritariamente nómada. Estructuras de poder para acallar
al pueblo, para no consultarle nada.
Estructuras de
poder de la colonialidad imperial.
Bajo estas
condiciones históricas impuestas, ¿Cómo pueden sostener los voceros del
gobierno y del legislativo que defienden la Constitución? ¿Suponen que basta el
discurso, decir que se apoyan en la Constitución para hacer lo que hacen, para
que eso “acontezca”, aunque sea imaginariamente? ¿Alguna vez comprendieron el
contenido de la Constitución, su estructura descolonizadora, sus horizontes
conceptuales, el alcance de las condicionantes pluralistas, comunitarias,
interculturales, autonómicas? Tal parece que no les preocupa todo esto. Lo que
importa es defender sus intereses gremiales; no importa si atentan contra el
horizonte abierto por la Constitución.
La situación
escabrosa se explica porque no se dieron las transformaciones institucionales y
estructurales, en tanto condiciones de posibilidad histórica para la
construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Se preservó el
Estado-nación, barnizado con el simbolismo folklórico de nombres y ceremonias,
que pretenden sustituir, en la parafernalia, la materialidad social histórica
de la transición plurinacional, comunitaria, intercultural y autonómica. Esta
es la explicación de la coyuntura dramática donde el gobierno, el sindicalismo
y el cooperativismo se disputan migajas, dejando que las empresas
trasnacionales se lleven la torta. Esto no es otra cosa que sumisión a la
hegemonía y dominación del capitalismo mundial. De esta constatación histórica
no los salva su demagogia “antiimperialista”.
¿Cómo
inclinarse a elaborar una Ley Minera aislada, independiente de la matriz
normativa de la Constitución? ¿Cómo llegar al extremo de elaborar una ley
extractivista vulnerando los contenidos fundamentales de la Constitución? ¿Por
qué mantuvieron la mirada fragmentaria del país, la misma mirada de las élites
y oligarquías que gobernaron el país? ¿Por qué no pueden tener una mirada
integral de las políticas y de las transiciones hacia las emancipaciones,
descolonizaciones y liberaciones? Hay una razón fuerte, histórica también;
simplemente ocuparon el lugar del otro. No destruyeron las estructuras de dominación,
no destruyeron los diagramas coloniales. Entonces hacen lo mismo que el otro;
el anterior amo.
Este es el perfil de una de las contradicciones profundas del “proceso de cambio”. Ante este espectáculo de reparto de la carne, de la piel, de la sangre de la madre tierra, por parte de gremios, el gobierno y el legislativo, el pueblo no puede quedar con los brazos cruzados. Si lo hace es cómplice del despojamiento y de la desposesión de la tierra, de los recursos y de la vida. Hay que entender que los que hacen lo que hacen, repartirse los bienes de los bolivianos, lo hacen no solo por su angurria, sino también por el silencio y la inmovilidad de los que contemplan azorados.
Este es el perfil de una de las contradicciones profundas del “proceso de cambio”. Ante este espectáculo de reparto de la carne, de la piel, de la sangre de la madre tierra, por parte de gremios, el gobierno y el legislativo, el pueblo no puede quedar con los brazos cruzados. Si lo hace es cómplice del despojamiento y de la desposesión de la tierra, de los recursos y de la vida. Hay que entender que los que hacen lo que hacen, repartirse los bienes de los bolivianos, lo hacen no solo por su angurria, sino también por el silencio y la inmovilidad de los que contemplan azorados.
Es muy grave lo
que establece dicha Ley Minera. En el ARTÍCULO 17. (FUNCIÓN ECONÓMICA SOCIAL),
la Ley dice:
La función económica social se cumple con el desarrollo de las actividades mineras, precautelando su sustentabilidad, la generación de empleo respetando la dignidad y derechos laborales y sociales de los trabajadores mineros, en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su titular, cuyo incumplimiento y régimen sancionatorio se rige por las normas específicas aplicables a cada materia.
La función económica social se cumple con el desarrollo de las actividades mineras, precautelando su sustentabilidad, la generación de empleo respetando la dignidad y derechos laborales y sociales de los trabajadores mineros, en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su titular, cuyo incumplimiento y régimen sancionatorio se rige por las normas específicas aplicables a cada materia.
La función
económica y social se ha reducido a la labor extractivista. ¿Cómo puede ser
esta una función económica y social? Esa parte de los bolivianos, los
trabajadores mineros, están condenados de por vida, de generación en
generación, a ser trabajadores extractivistas, en beneficio, al final de
cuentas, del gran capital internacional. El resto de los bolivianos, la gran
mayoría, está condenado a ver cómo se llevan sus riquezas, contentándose que
lleguen a las arcas del Estado regalías, impuestos y tributos mineros, que son
miserables en comparación con el plusproducto y la plusvalía que se llevan las
empresas extractivistas trasnacionales. ¿A eso se llama función económica y
social? Pare de contar lo que pasa con las empresas cooperativas mineras,
donde, en la práctica, efectivamente, no nominalmente, unos son propietarios,
son la burguesía cooperativa, y la gran mayoría de los trabajadores son
explotados salvajemente, sin seguro, sin derechos, sin posibilidad de
sindicalizarse.
En el ARTÍCULO
19. (PARTICIPACIÓN DE LAS NACIONES y PUEBLOS INDÍGENA, ORIGINARIO CAMPESINO),
la ley dice:
Las naciones y pueblos indígena, originario campesino, gozan del derecho a la participación en los beneficios de la explotación de los recursos minerales en sus territorios, conforme al régimen regalitario minero, sin perjuicio de las medidas y compensaciones que correspondan de acuerdo con el régimen de consulta previa establecida en la presente Ley.
Las naciones y pueblos indígena, originario campesino, gozan del derecho a la participación en los beneficios de la explotación de los recursos minerales en sus territorios, conforme al régimen regalitario minero, sin perjuicio de las medidas y compensaciones que correspondan de acuerdo con el régimen de consulta previa establecida en la presente Ley.
Este artículo
es descarnadamente colonial; desconoce de plano los derechos de las naciones y
pueblos indígenas originarios, consagrados en la Constitución. Desconoce el
artículo 2 de la Constitución, donde se establece la preexistencia de las
naciones y pueblos indígenas originarios, su derecho a la libre determinación,
al autogobierno, a la autonomía, a territorio propio, a la gestión propia del
territorio, a sus instituciones propias, de acuerdo a las normas y
procedimientos propios. Este artículo, 19 de la Ley Minera, se traga a las
comunidades subsumiéndolas a la vorágine extractivista. Más colonial no podía
ser. De aditamento, desconoce la Consulta con Consentimiento, Libre, previa e
Informada, establecida por la Constitución, ratificándolos convenios
internacionales. El ministro del ramo ha tenido el desparpajo de decir que este
artículo garantiza los derechos de los pueblos indígenas. ¿Dónde? Cuando lo que
se hace es desconocer sus territorios. Estamos pues ante una nueva versión de
la colonialidad, la colonialidad del poder, la colonialidad del saber, la
colonialidad económica, expresadas destructivamente en el vaciamiento
extractivista.
En lo que
respecta a las empresas cooperativas mineras, está claro que el ARTÍCULO 34
(COOPERATIVAS MINERAS), es un saludo a la bandera. El artículo dice:
Las
cooperativas mineras son instituciones sociales y económicas autogestionarias
de interés social sin fines de lucro. Su fundamento constitutivo y marco
normativo es la Ley General de Cooperativas y sus estatutos.
Las empresas
cooperativas no son ni autogestionarias, tampoco siguen ese propósito de la
ley, sin fines de lucro. Todo lo contrario. La autogestión es un principio, además
de una dinámica, de autodeterminación. En la matriz de la autogestión se
encuentra lo común y la comunidad. Las concesiones a las cooperativas han dado
forma a posesiones privadas, a arrendamiento y a explotaciones salvajes,
aludiendo al capitalismo salvaje. Como dijimos antes, nadie defiende los
derechos de los trabajadores cooperativistas, explotados por supuestos
administradores, cuando, en realidad fungen de propietarios.
Hay artículos
que expresan patentemente el régimen de propiedad heredado del Estado colonial.
No ha cambiado nada, a pesar de la Constitución. Es cierto que la octava
disposición transitoria dice lo siguiente:
I. En el plazo
de un año desde la elección del Órgano Ejecutivo y del Órgano Legislativo, las
concesiones sobre recursos naturales, electricidad, telecomunicaciones y
servicios básicos deberán adecuarse al nuevo ordenamiento jurídico. La
migración de las concesiones a un nuevo régimen jurídico en ningún caso
supondrá desconocimiento de derechos adquiridos.
II. En el mismo
plazo, se dejarán sin efecto las concesiones mineras de minerales metálicos y
no metálicos, evaporíticos, salares, azufreras y otros, concedidas en las
reservas fiscales del territorio boliviano.
III. Las
concesiones mineras otorgadas a las empresas nacionales y extranjeras con
anterioridad a la promulgación de la presente Constitución, en el plazo de un
año, deberán adecuarse a ésta, a través de los contratos mineros.
IV. El Estado
reconoce y respeta los derechos pre-constituidos de las sociedades cooperativas
mineras, por su carácter productivo social.
V. Las
concesiones de minerales radioactivos otorgadas con anterioridad a la
promulgación de la Constitución quedan resueltas, y se revierten a favor del
Estado.
En contraste,
el ARTÍCULO 94, (DERECHOS ADQUIRIDOS Y PRE CONSTITUIDOS), dice:
I. El Estado
Plurinacional de Bolivia reconoce y respeta los derechos adquiridos de los
titulares privados individuales o conjuntos, de las empresas privadas y mixtas
y de otras formas de titularidad privada respecto de sus concesiones mineras,
previa adecuación al régimen de Contratos Administrativos Mineros, de acuerdo a
la presente Ley.
II. El Estado
reconoce y respeta los derechos mineros pre constituidos de las cooperativas
mineras, en cualquiera de sus modalidades vigentes debiendo adecuarse los
mismos al régimen de Contratos Administrativos Mineros, de acuerdo a la
presente Ley.
III. El Estado
reconoce y respeta los derechos mineros adquiridos de las empresas estatales,
en cualquiera de sus modalidades vigentes debiendo adecuarse o registrarse, con
las salvedades previstas en la presente Ley.
¿Cuál entonces la diferencia? El numeral I de la octava disposición transitoria se refiere en general a las concesiones sobre recursos naturales, electricidad, telecomunicaciones y servicios básicos. Es una disposición general, no específica. En cambio el numeral I del artículo 94 se refiere específicamente a la minería. Cuando la Constitución se refiere a la minería establece, en el numeral II, que en el mismo plazo, se dejarán sin efecto las concesiones mineras de minerales metálicos y no metálicos, evaporíticos, salares, azufreras y otros, concedidas en las reservas fiscales del territorio boliviano. Esta es la diferencia. Se ha usado una determinación general para algo específico, se ha obviado lo específico de la Constitución para conservar el mismo régimen extractivista de los periodos republicanos.
¿Cuál entonces la diferencia? El numeral I de la octava disposición transitoria se refiere en general a las concesiones sobre recursos naturales, electricidad, telecomunicaciones y servicios básicos. Es una disposición general, no específica. En cambio el numeral I del artículo 94 se refiere específicamente a la minería. Cuando la Constitución se refiere a la minería establece, en el numeral II, que en el mismo plazo, se dejarán sin efecto las concesiones mineras de minerales metálicos y no metálicos, evaporíticos, salares, azufreras y otros, concedidas en las reservas fiscales del territorio boliviano. Esta es la diferencia. Se ha usado una determinación general para algo específico, se ha obviado lo específico de la Constitución para conservar el mismo régimen extractivista de los periodos republicanos.
El numeral IV
de las disposiciones transitorias de la Constitución establece que el Estado
reconoce y respeta los derechos pre-constituidos de las sociedades cooperativas
mineras, por su carácter productivo social. El numeral II del artículo 94 de la
Ley Minera dice: El Estado reconoce y respeta los derechos mineros pre
constituidos de las cooperativas mineras, en cualquiera de sus modalidades
vigentes debiendo adecuarse los mismos al régimen de Contratos Administrativos
Mineros, de acuerdo a la presente Ley. Esto, de cualquiera de las modalidades
vigentes, impide revisar las modalidades no cooperativistas practicadas a
nombre del cooperativismo. Como se puede ver, estamos ante una ley que suelda
el mismo régimen extractivista heredado del neoliberalismo.
Por si fuera
poco, se refrenda la consolidación del régimen extractivista depredador con
disposiciones legales represivas y de criminalización de la protesta. El
ARTÍCULO 99. (DERECHO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN JURÍDICA), dice:
I. El Estado
Plurinacional garantiza la seguridad jurídica de los emprendimientos e
inversiones mineras de los actores productivos mineros y establece que, entre
otros derechos, gozan del derecho de exigir de las autoridades públicas
competentes plena y efectiva protección frente a actos de personas individuales
o colectivas que pretendan avasallar o avasallen, invadan o pretendan invadir
sus Áreas Mineras, plantas o instalaciones.
II. Ninguna persona natural, jurídica, comunitaria, colectiva u organización social podrá impedir o suspender mediante violencia, amenazas, engaño, o cualquier otro medio, la iniciación o continuidad de las actividades mineras ni perturbar en forma alguna las labores normales de los actores productivos mineros. En caso de violación a dicha prohibición y en el caso previsto en el parágrafo I anterior se determinarán y aplicarán las responsabilidades y sanciones civiles y penales de ley. Las autoridades competentes y de amparo remitirán de inmediato los antecedentes necesarios al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones y juzgamiento pertinentes
II. Ninguna persona natural, jurídica, comunitaria, colectiva u organización social podrá impedir o suspender mediante violencia, amenazas, engaño, o cualquier otro medio, la iniciación o continuidad de las actividades mineras ni perturbar en forma alguna las labores normales de los actores productivos mineros. En caso de violación a dicha prohibición y en el caso previsto en el parágrafo I anterior se determinarán y aplicarán las responsabilidades y sanciones civiles y penales de ley. Las autoridades competentes y de amparo remitirán de inmediato los antecedentes necesarios al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones y juzgamiento pertinentes
Estas
disposiciones legales son dispositivos represivos de cualquier régimen burgués.
¿De qué socialismo comunitario hablan los oficialistas? No solamente se trata
de retórica, sino de una suplantación grotesca; el “socialismo” ha desaparecido
para ser sustituido por distintas formas de propiedad privada, que recorren la
historia del avasallamiento privado de lo común, la explotación y el
despojamiento privado de los comun; ahora, como con sorna dolorosa, se lo hace
a nombre del “socialismo comunitario”.
Se refuerza lo
anterior con el artículo 100, donde se dice:
III. Las
personas responsables de los hechos, acciones y amenazas deberán hacer abandono
inmediato de las áreas o lugares de actividad, instalaciones, dependencias,
caminos, accesos, campamentos u otros, indebidamente ocupadas o afectadas y
deberán abstenerse de proferir amenazas o ejercer directa o indirectamente
acciones que perjudiquen el normal desarrollo de las actividades mineras.
Lo más grave se
encuentra en el tratamiento que da la ley al uso del agua; la Ley Minera
prácticamente privatiza el uso del agua. En el Capítulo Quinto, Recursos
hídricos, el artículo 373, la Constitución establece:
I. El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo. El Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad.
I. El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo. El Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad.
II. Los
recursos hídricos en todos sus estados, superficiales y subterráneos,
constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y cumplen una función
social, cultural y ambiental. Estos recursos no podrán ser objeto de
apropiaciones privadas y tanto ellos como sus servicios no serán concesionados
y están sujetos a un régimen de licencias, registros y autorizaciones conforme
a Ley.
En cambio La
Ley Minera, contraviniendo estas disposiciones constitucionales, define el
siguiente régimen de privatización del agua:
ARTÍCULO 111.
(DERECHO DE USO DE AGUAS DE DOMINIO PÚBLICO Y PRIVADO).- I. Los titulares de
derechos mineros tienen el derecho a utilizar aguas naturales que discurren en
el área minera y aguas alumbradas de interior mina o en superficie, respetando
las normas medio ambientales aplicables.
En el inciso
a), dice:
Los operadores
mineros que gozan de derechos legales de uso de aguas o de servicios de
provisión de agua: i) en zonas concesibles, ii) bajo jurisdicción municipal, o
iii b) Los titulares de Autorizaciones Transitorias Especiales de aguas – ex
concesiones mineras de aguas - continuarán ejerciendo sus derechos, debiendo
sin embargo, sujetarse a las normas de adecuación a Contrato Administrativo
Minero previstos en la presente Ley cuando se demuestre que la ex concesión
minera de aguas está destinada al servicio de una ATE, que a su vez, se sujeta
al régimen de adecuación. La adecuación se realizará simultáneamente en el
mismo contrato.
III. Para el
uso de aguas de dominio privado o comunitario, el actor productivo minero
deberá llegar a un acuerdo con el titular y a falta de ello, cumplir con los
trámites de autorización administrativa establecida en el presente artículo,
salvo por lo dispuesto en el parágrafo V siguiente, además de las normas medio
ambientales aplicables.
IV. En ningún
caso corresponde el derecho de uso de aguas ni la autorización administrativa
cuando se interrumpa o perjudique la provisión regular de agua potable para la
población. Si se afectaren actividades agrícolas en explotación, el acuerdo
previo con los afectados es requisito indispensable.
V. En caso de autorización para la variación de un curso de agua de dominio público, la provisión de agua potable para poblaciones no podrá quedar interrumpida o perjudicada.
V. En caso de autorización para la variación de un curso de agua de dominio público, la provisión de agua potable para poblaciones no podrá quedar interrumpida o perjudicada.
VI. Toda
actividad minera integrada o aislada deberá ejecutar en sus trabajos la
correcta gestión o manejo de los recursos hídricos superficiales y subterráneos
cumpliendo con las normas ambientales vigentes.
VII. En la
eventualidad de que no existiera acuerdo entre el titular de los derechos
mineros y el o los titulares de derechos de agua del dominio privado para su
uso por el titular minero, este último podrá presentar ante el Director Departamental
o Regional competente, solicitud de autorización administrativa para el
reconocimiento del derecho de uso.
Como se puede
ver, desaparecen los derechos colectivos, los derechos comunitarios, los
derechos de la madre tierra, los derechos de las poblaciones y pueblos. Estos
dispositivos normativos están hechos para garantizar el funcionamiento de la
minería extractivista, usando el agua común, dejando de lado los derechos
colectivos, comunitarios, sociales y de la madre tierra, constitucionalizados.
Con un lenguaje de pretendida dádiva dice que se debe llegar a un acuerdo
previo. ¿Entre quienes? ¿Entre depredadores y comunarios? ¿Acaso están en las
mismas condiciones éticas y morales para hacerlo? La Constitución defiende la
vida, se propone armonizar los ciclos vitales con los de las sociedades
humanas. En la Constitución no tienen jurisdicción los depredadores. Estamos
ante una Ley que no sólo vulnera la Constitución sino hace sorna de la víctima,
los pueblos, las poblaciones, las comunidades, el pueblo boliviano.
Por si fuera poco, el ARTICULO 112. (VARIACIÓN DE CURSOS DE AGUA), dice:
Por si fuera poco, el ARTICULO 112. (VARIACIÓN DE CURSOS DE AGUA), dice:
I. En caso de
que un titular de derechos mineros tuviere necesidad justificada de variar
cursos de agua, presentará solicitud al Director Departamental o Regional competente,
acompañando un estudio justificativo, incluyendo su propuesta de modificación a
la Licencia Ambiental, copia de la cual se entregara a la autoridad ambiental
competente.
Desviar el
curso del agua, que es un delito constitucional, termina reducido a un
procedimiento administrativo. Esta es la Ley que el gobierno, la Asamblea
Legislativa, los voceros oficiales llaman constitucional. Más estrambótico
espectáculo no podía darse.
TARUD (PPD) DICE QUE ARICA DEBE CONVERTIRSE EN CIUDAD
ESTRÁTEGICA
Publimetro
de Chile (www.publimetro.cl/nota)
Luego que la
comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados sesionara en Arica,
el presidente de la instancia, Jorge Tarud (PPD), señaló que la extrema capital
regional nortina debe convertirse en una ciudad estratégica, que impulse el
crecimiento y la generación de empleo, con el respaldo de las autoridades de
gobierno, sobre todo después del fallo de la Corte Internacional de Justicia
(CIJ) sobre los límites marítimos con Perú.
El
parlamentario explicó que la comisión decidió sesionar en forma extraordinaria
en la ciudad este lunes, pues, según dijo, se ha constatado que en Arica, la
gente debe emigrar para tener una fuente laboral, a diferencia de Tacna, que ha
recibido el apoyo de sus respectivas autoridades. La comisión acordó citar a
los ministros de RR.EE., Economía y al subsecretario de Pesca, para entregar el
análisis del encuentro.
"Quisimos
dar una demostración concreta de apoyo a Arica, particularmente después del
fallo de La Haya, porque ellos fueron los principalmente perjudicados y en
segundo lugar, por lo que se viene por delante también con Bolivia. Nosotros
concordamos que hay que hacer un esfuerzo adicional para potenciar Arica como
ciudad estrategia de Chile y esta región, Arica y Parinacota necesitan mucho
más preocupación del gobierno" , sostuvo el presidente de la comisión de
RR.EE de la Cámara de Diputados.
Tarud señaló
que "acordamos invitar para el próximo martes 8 de abril al canciller
(Heraldo Muñoz), al ministro de Economía (Luis Felipe Céspedes) y al
subsecretario de Pesca (Raúl Súnico), para entregarle los planteamientos que
nos han hecho las autoridades y organizaciones sociales de Arica" .
Consultado
sobre cómo potenciar la zoan, Tarud enfatizó que se debe hacer "con inversión,
infraestructura, créditos blandos para el turismo, créditos para renovar los
elementos de trabajo para los pescadores" .
"Aquí ha
habido muchas promesas, pero no ha pasado nada, el Estado tiene que hacerse
cargo de tener una fuerte inversión en todos los rubros económicos para
potenciar Arica" , recalcó.
COMITÉ ASESOR
Respecto del
anuncio de la conformación del Comité Asesor para la demanda que presentó
Bolivia contra Chile, que quedó integrado por 35 personas, de las más distintas
sensibilidades políticas, el presidente de la comisión de RR.EE. de la Cámara
Baja dijo que "me parece un buen comité, pero yo le voy a retirar al
canciller (Heraldo Muñoz) que la gente tiene que estar 100% dedicada a la
demanda y no a part-time" .
Tarud concluyó
que "la demanda hay que tomársela muy en serio y por lo tanto no hay que
descuidarse, y que el coagente (Claudio Grossman) viva en Estados Unidos, a mí
tampoco me parece natural, el coagente debería estar en Chile o en La
Haya" .
EL "OJO POR OJO", UNA PRÁCTICA EN AUMENTO EN
AMÉRICA LATINA
Los casos de justicia por mano propia de parte de vecinos
que intentan linchar a asaltantes vienen teniendo un temido ascenso durante los
últimos días. En otros países, las cifras son alarmantes y solo han traído más
violencia.
MDZOL de Argentina (www.mdzol.com/nota)
Los casos de
justicia por mano propia de parte de vecinos que intentan linchar a asaltantes
constituyen una forma "bárbara y antidemocrática" de reclamo contra
la inseguridad y no pueden enmarcarse en "un comportamiento
racional".
Mercedes
Calzado, doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Ciencias de la
Comunicación, se expresó así en diálogo con Noticias Argentinas, quien
interpretó que los protagonistas de los casos de intento de linchamiento que se
vienen repitiendo en diferentes puntos del país "son vecinos hartos por
determinadas situaciones".
La experta
sostuvo que estos grupos "intervienen con herramientas propias del estado
de naturaleza".
Investigadora
del Instituto Gino Germani y del Conicet, Calzado comentó que llama la atención
que los protagonistas de los casos "no reclaman que el Estado
intervenga" y consideró que son situaciones donde "el hartazgo lleva
al linchamiento".
"Hay una
percepción de un vacío del Estado en temas de la seguridad urbana. Esa ausencia
pareciera que lleva a intervenir a grupos de vecinos que se juntan para
reclamar más seguridad", agregó.
La especialista
resaltó que "el miedo es una fuerza que genera que una comunidad colectiva
intervenga en cosas puntuales".
"El
problema es cómo se interviene. En estos casos, se llevan por delante cualquier
garantía y derecho constitucional", advirtió.
En otros países
Los países con
mayores niveles de aprobación de la ley del "diente por diente, ojo por
ojo" son República Dominicana (15,5%) y Nicaragua (18,1%).
México
En México,
estos hacedores de la justicia por mano propia se agrupan y se les conoce como
"grupos rudos". Escuadrones que operan al margen de la ley con la
misión de exterminar a secuestradores, narcotraficantes y asesinos. Incipientes
milicias ciudadanas que intentan imponer el orden donde el Estado no puede
proveer seguridad a los ciudadanos.
Un periódico de
Ciudad Juárez, la urbe fronteriza más violenta de México, realizó una reducida
encuesta telefónica en la que la mitad de los entrevistados expresó que está de
acuerdo con la formación de "grupos de limpieza" para combatir el
crimen organizado.
Bolivia
En Bolivia,
decenas de personas mueren linchadas cada año. Presuntos ladrones son quemados,
golpeados, colgados o ahogados por turbas enardecidas en poblaciones rurales de
Cochabamba, La Paz y Santa Cruz.
En uno de esos
casos, los golpeados eran seis jóvenes de entre 14 y 17 años, a quienes luego
los pobladores reconocieron haber confundido con presuntos ladrones.
Por lo general,
los pobladores que ejecutan a presuntos ladrones, argumentan que "están
aplicando la justicia comunitaria ante la inoperancia de los operadores de
justicia".
Los
linchamientos de supuestos delincuentes en Bolivia muestran que en el país rige
de facto una pena de muerte aplicada por muchedumbres violentas, turbas ante
las que la Justicia casi siempre se ve débil y sin posibilidad de castigar sus
crímenes.
"Si bien
constitucionalmente no tenemos la pena de muerte, en Bolivia se la va
implantando de facto. Cuando la gente hace justicia por mano propia, califica
con la pena más grande: el homicidio", lamentó, en declaraciones a Efe, el
magistrado suplente del Tribunal Constitucional Milton Mendoza.
Este extremo ha
sido constatado estos días con dos linchamientos que se suman a las decenas de
los últimos años en Bolivia, donde se cuentan entre diez y veinte casos
consumados cada año y una cifra mayor de intentos, según organizaciones de
derechos humanos.
Perú
Perú es uno de
los países latinos más radicalizados en cuanto a “ojo por ojo” se refiere. En
2004, un grupo de pobladores asesinó al alcalde, luego de que fuera acusado de
corrupción. En los últimos años, el número de casos ha aumentado
significativamente, lo que genera una espiral criminal.
LOS HIDROCARBUROS. RETOS PARA MÉXICO Y LATINOAMÉRICA
El Financiero de México (www.elfinanciero.com.mx)
En mi artículo
pasado me referí al excelente informe reciente de CEPAL sobre los Recursos
Naturales de América Latina y, en especial a los mineros. Hoy me ocupo de los
dilemas que presentan los hidrocarburos, la “papa caliente” en el México de
hoy, que espera una nueva política de estado.
En la región
hay una gran variedad de formas de organización del sector de petróleo y gas
natural. En los 90s Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador,
Trinidad-Tobago y Venezuela promovieron la participación privada en exploración
y producción, así como reformas al régimen de transporte, refinación y
distribución.
Al mismo
tiempo, se avanzó hacia un mayor control estatal de los hidrocarburos,
incluidos los precios, la renegociación contractual, la nacionalización de
activos y el fortalecimiento del rol de la empresa estatal en el sector,
buscando mayor productividad y beneficio para sus respectivos países.
¿Hacia dónde va
México? ¿Cuáles serán en el largo plazo los beneficios para la sociedad de las
reformas constitucionales realizadas y de las leyes secundarias en gestación?
Convendría que nuestros legisladores y administradores de políticas públicas le
echaran un vistazo al Informe de CEPAL.
En general, nos
dice el informe, “los países con una tradición exportadora o una prospectiva
geológica favorable en escenarios de precios altos han tendido hacia un mayor
control estatal. Por el contrario, los países importadores con necesidades de
desarrollar su industria y atraer inversión se han inclinado por la
liberalización del sector”.
En la práctica,
en un marco de constante volatilidad de precios, tanto los países como las
empresas que poseen la tecnología y el capital, lejos de actuar
unilateralmente, tratan de armonizar intereses. “Los gobiernos buscan conciliar
distintos objetivos, que van desde maximizar su apropiación de la renta
petrolera hasta atraer inversiones para desarrollar el sector, pasando por
lograr el abastecimiento del mercado interno y una producción eficiente de
hidrocarburos”.
En última
instancia, sin embargo, como se desprende del informe, habría que aspirar a
obtener el máximo beneficio económico y social a partir del aprovechamiento del
recurso escaso a lo largo de toda su cadena de valor, incluyendo el mayor valor
agregado hacia atrás y hacia adelante; es decir desarrollando proveedores
locales de bienes y servicios y procesando industrialmente en el país- cuando
sea conveniente.
En los últimos años ha crecido la producción regional y mundial de hidrocarburos. Sin embargo, nos recuerda el estudio, Latinoamérica ha perdido protagonismo en la producción de petróleo frente a Canadá y EEUU, Europa Oriental (Rusia), Asia Central y África. Esa pérdida de importancia no se ha dado en la producción de gas natural.
En los últimos años ha crecido la producción regional y mundial de hidrocarburos. Sin embargo, nos recuerda el estudio, Latinoamérica ha perdido protagonismo en la producción de petróleo frente a Canadá y EEUU, Europa Oriental (Rusia), Asia Central y África. Esa pérdida de importancia no se ha dado en la producción de gas natural.
A partir de
2003 el consumo mundial y los precios del petróleo aumentaron sobre todo por la
explosiva demanda de China e India. Ello propició una mayor exploración y
producción en Latinoamérica. Pero un crecimiento medio del consumo en la
región, del 3% -apoyado por altos subsidios en algunos países- superó a los
crecimientos de la producción. Ello, advierte CEPAL, puede ocasionar a futuro
un problema de seguridad energética, menores exportaciones, déficits fiscales,
mayores deudas externa y menores reservas internacionales netas.
Por otra parte,
se observa un aumento en los costos de producción, operación y mantenimiento,
que desde 2004 no fue compensado por los precios de los hidrocarburos; en
contraste con los productos mineros, en que los precios superaron con creces
los costos de explotación y procesamiento.
En los últimos
años la revolución del “shale gas” se ha traducido en precios en los EEUU de
una tercera parte de los de Europa, Asia y Latinoamérica. “El arbitraje mundial
podría propiciar a futuro la unidad de precios…en la medida que el comercio
mundial aumente y las limitantes en torno al transporte disminuyan”.
En este contexto el informe recomienda:
En este contexto el informe recomienda:
1)Impulsar una
mayor inversión pública y privada de calidad en exploración y producción
2)Crear condiciones regulatorias ,tecnológicas y de inversión para fomentar
recursos no convencionales 3) Diversificar las fuentes de ingreso fiscal,
reduciendo la dependencia de los hidrocarburos.4)Fortalecer la fiscalización y
el control tributario de las empresas públicas y privadas, buscando la debida
retribución a la sociedad con miras de largo plazo a través de regalías
escalonadas e impuestos ligados a precios y utilidades extraordinarias y 5)
Garantizar el desarrollo sustentable del recurso en términos económicos,
sociales y ambientales, sobre todo en fuentes no convencionales en las que los
riesgos son mayores.
En México
evitemos los “pendulazos, tan nocivos en el pasado. De la sobre regulación
pasemos a una efectiva y moderna regulación, que asegure el interés nacional y
el beneficio social. No a una absurda desregulación -como la de la banca y los
ferrocarriles- como la quieren unos cuantos.
¿POR QUÉ?
¿Cómo se puede culpar de algo o recriminar al hombre que
mueve y conmueve a las masas con su verbo encendido de redentor de los pobres?
El país de España (www.internacional.elpais.com)
¿Cuántos niños
de mi generación no disfrutamos del maravilloso Libro de los Porqués?
Formaba parte de El Tesoro de la Juventud, una enciclopedia infaltable
en las familias con muchos niños y con deseos de que éstos se hicieran afines a
la lectura y fuesen personas cultivadas. Aquellos porqués tenían respuestas
científicas para la curiosidad infantil ¿por qué no se mezclan el agua y el
aceite? ¿por qué la marea crece? ¿de dónde obtienen las flores su color? ¿por
qué el sol sale de día y la luna por las noches? Y hasta alguna bastante
racista: ¿cómo obtienen su color los negros? Ese inocente libro hecho para
mentes inocentes jamás respondería preguntas de carácter personal, como por
ejemplo ¿por qué me persigue la mala suerte? Y menos de tinte político como una
que cuando menos la mitad de los venezolanos y el resto del mundo se hacen a
diario: ¿por qué Chávez arruinó a Venezuela? La respuesta más común, la que
salta de inmediato es: Chávez era comunista y todos los gobiernos comunistas
han sido desastrosos porque liquidaron el aparato productivo y abolieron la
propiedad privada con lo cual la población perdió todo incentivo de prosperar.
Les pasó a Stalin, a todos los países satélites de la URSS y a Mao, que antes
era Tse Tung y ahora hay que decirle Zedong, que para los efectos da lo mismo.
Pero no es
necesario ir tan lejos en el espacio y el tiempo, vamos a limitarnos al continente
americano. Fidel Castro arruinó a la floreciente Cuba con solo nacionalizar la
producción de azúcar, todas las empresas privadas y promover el exilio de los
profesionales mejor formados y de los industriales más exitosos. Cuba no era un
país minero o petrolero como Venezuela, fue bastante sencillo hundirla en la
miseria. Ya lo dijo ese sabio santón Jorge Giordani que ha manejado la economía
venezolana durante Chávez vivo y Chávez muerto: “Solo desde la escasez (y la
pobreza) se construye el socialismo”. Para ahondar más la catástrofe, Cuba fue
sometida a un embargo y su madrina generosa, la Unión Soviética, se desplomó.
Por ningún lado aparece el hecho, ni siquiera la sospecha, de que la causa del
naufragio haya sido la ayuda dispendiosa de Fidel Castro a otros países.
Demos un salto
al extremo sur, Argentina era un país floreciente, el granero del mundo lo
llamaron en los años 40. Llegó un militar llamado Juan Domingo Perón que de
comunista no tenía un pelo, era un fascista formado en la escuela de Mussolini
y admirador, además de cooperante, del nazismo hitleriano. Su populismo y el de
su esposa Eva, destruyeron la economía argentina que jamás ha podido
recuperarse porque jamás ha podido curarse de esa peste que se llama peronismo.
Pueden ser peronistas de derecha, de centro o de izquierda pero todos confluyen
en la misma incapacidad para dar pie con otra bola que no sea la de fútbol.
Cuando llegaron los gorilas que derrocaron a Isabel Perón e instauraron una
dictadura sangrienta, fundamentalmente anticomunista, en los 70, tampoco
lograron algún bienestar y su dictadura terminó no solo por el fracaso rotundo
de la guerra de Las Malvinas sino por el desastre económico en que sumieron a
su país. Para seguir con los militares recordemos que Velasco Alvarado, también
un populista irredimible, fue una maldición para la economía peruana. Pero
miramos, remiramos y ni Perón, ni los militares argentinos de los 70, ni
Velasco Alvarado, ni los peronistas posmodernos arruinaron a su país por
regalar dinero a manos llenas a naciones vecinas y no tan vecinas. Pero es que
tampoco eran ricos países petroleros que cada vez que disparaban un tiro en el
Medio Oriente, veían incrementar sus ingresos por la exportación del excremento
del diablo…. ¡y que excremento!.
Y así llegamos
al teniente coronel Hugo Chávez Frías, que de golpista fracasado pasa a
presidente electo por una indiscutible mayoría, de allí a caudillo y al poco
tiempo a clon de Simón Bolívar y semidiós. ¿Cómo se puede culpar de algo o
recriminar al hombre que mueve y conmueve a las masas con su verbo encendido de
redentor de los pobres? En las cientos de miles de horas que destinó en catorce
años de gobierno, para sus “Aló Presidente” y otras peroratas radiotelevisadas
en cadena nacional, jamás, ni una sola vez, habló del trabajo como fuente de
progreso y de riqueza de un país. Se hizo electoralmente imbatible no solo por
el ventajismo y los abusos de poder, sino por ese voto duro de la gente a la
que acostumbró a vivir de la dádiva. Muy pocos salieron de la pobreza pero
todos amaron a ese distribuidor de maná que les permitió vivir sin trabajar.
Si tan solo
hubiese sido eso, al presidente constitucional Carlos Andrés Pérez lo
enjuiciaron y defenestraron en 1993, por un aporte jamás comprobado de
diecisiete mil dólares a la campaña electoral de Violeta Chamorro, en
Nicaragua. Chávez le envió a Cuba más de 100.000 barriles de petróleo
diariamente, en condiciones privilegiadas, además de otras inversiones,
créditos blandos, subsidios y contratos mil millonarios como intermediario de
importaciones venezolanas de alimentos, bienes y equipos a terceros países.
Bolivia, que dos décadas atrás era el país más pobre de América Latina, hoy
acumula reservas por 14.000 millones de dólares, las más altas a nivel mundial
en relación al tamaño de su economía (China figura en segundo lugar) Todo
gracias al dinero venezolano que Chávez envió para un sinfín de desarrollos
como aeropuertos, adquisición de aviones, ambulancias, etcétera. Evo Morales a
quien tantos creyeron un indiecito ignaro incapaz de ejercer la alcaldía de un
villorrio, ha resultado un gerente que bien podría dictar cátedra de economía a
los ineptos herederos del Atila de Venezuela. Sigamos con Nicaragua, en la que
el dinero venezolano ha construido refinerías, carreteras y paremos de contar.
Solo en un trimestre de 2012 la ayuda de Venezuela a Nicaragua fue de 323
millones de dólares. El seudo socialista Daniel Ortega ha sabido utilizar esa
ayuda para impulsar el desarrollo económico de Nicaragua, incentivando la inversión
extranjera que Chávez expulsó de Venezuela.
La
petrochequera de Chávez sacó del foso del default a la Argentina y, por la
relación afectiva que se entabló con los Kirchner, se originó el escándalo de
la valija con 800 mil dólares para la campaña electoral de la viuda en ciernes.
Pero esa chequera alegre y saltarina, no se quedó encerrada en los límites de
América, incluidas las islas angloparlantes del Caribe. En los más remotos e
ignotos lugares del planeta el nombre de Hugo Chávez se conoció como una suerte
de Papá Noel tropical. Miles de millones de dólares salieron de las arcas
venezolanas para mejorar las condiciones de vida en otros países y para abultar
las cuentas bancarias de unos cuantos corruptos, estafadores y vividores que
engañaron al prócer eterno con pececitos de colores. A un año de su muerte,
Venezuela es hoy un país en bancarrota, el de las deudas impagables con medio
mundo, el reino de la escasez, el de los pobres y no tan pobres haciendo filas
kilométricas desde la medianoche para obtener un kilo de harina de maíz, de
azúcar, de leche en polvo, un litro de aceite o un paquete de papel higiénico.
Y de nuevo
pregunto ¿Por qué? La única explicación que me cuadra es la del odio a su
propio país, odio nacido de un profundo resentimiento que arrastró desde la
infancia, más por el maltrato materno que por las condiciones socioeconómicas
de su familia. En su obra “Tiberio, historia de un resentimiento”, Don Gregorio
Marañón, quizá el más agudo analista de ese terrible sentimiento, dice: “… al
triunfar, el resentido, lejos de curarse, empeora. Porque el triunfo es para él
como una consagración solemne de que estaba justificado su resentimiento; y
esta justificación aumenta la vieja acritud. Esta es otra de las razones de la
violencia vengativa de los resentidos cuando alcanzan el poder. Llegado al
poder, el resentido es capaz de todo”. ¿Qué si lo es? Ya vemos a donde nos
llevó el resentido mayor y por dónde nos conducen los resentiditos que lo
sucedieron.
LOS
TALIBANES Y LA DROGA CONTRA LA DEMOCRACIA
Hay
una clara simbiosis entre terrorismo, dictaduras y droga, aunque en cada caso
los balances de fuerzas responden a las condiciones políticas y humanas
prevalecientes
El
Salvador (www.elsalvador.com)
La historia
del hombre, dijo el filósofo Benedetto Croce, es la historia de los conflictos
entre la libertad y la opresión.
El fanatismo
rechaza la democracia en todas sus formas, lo evidencian los ataques que los
talibanes, una forma extrema de demencia colectiva, está lanzando en Afganistán
antes de las elecciones que tendrán lugar el cinco de abril.
El último
atentado fue perpetrado por cinco individuos que atacaron la comisión electoral
de Kabul, después de haber ingresado al lugar disfrazados de mujeres, que en
ese país suelen ir cubiertas de pies a cabeza con toda suerte de velos, trapos,
faldones, túnicas y bufandas, indumentarias que normalmente las autoridades no
registran para no ofender a los creyentes.
Después de
cinco horas de tiroteo, los cinco criminales fueron abatidos, lo que, en sus
cabezas, constituye un pasaje al paraíso donde les esperan odaliscas en un
verde prado donde corren ríos de leche y miel.
Los
talibanes, como Ortega en Nicaragua y Maduro en Venezuela, al ser poseedores de
la verdad suprema no necesitan molestarse con esas "ridículas convenciones
burguesas" para legitimar dictaduras a perpetuidad, por lo que montan sus
farsas electorales, anulan votos, intimidan a ciudadanos, amordazan a los
candidatos opositores, meten muertos y presidiarios en el caldo y, al final, se
proclaman vencedores, como se ha visto en otros lugares.
El problema
afgano parece insoluble pues a la par de sectores que están hartos de fuerzas y
grupos que los mantienen en una especie de teocracia medieval ---modos de vida
prevalecientes hace mil cuatrocientos años--- coexisten etnias, tribus y
feudos, así como individuos que cultivan la amapola ---de donde se extrae la
heroína y la morfina, que suple a los narcotraficantes en Asia y Europa
quienes, además, vía regímenes como el de Evo en Bolivia, incursionan ya en
América.
Las FARC, la
droga, las dictaduras populistas y el terror
Hay una clara
simbiosis entre terrorismo, dictaduras y droga, aunque en cada caso los
balances de fuerzas responden a las condiciones políticas y humanas
prevalecientes. A ello se suma otro factor: en ciertas regiones del mundo el
tráfico de drogas mantiene cierta distancia del poder político; en otras, el
poder político está supeditado a los intereses de la droga, lo que
aparentemente es el caso de Bolivia, donde el régimen apoya a los cultivadores
de coca y, por lógica, también a los procesadores, que aseguran la rentabilidad
del conjunto.
La relación
de coexistencia y mutuo apoyo entre las FARC, el narcoterrorismo colombiano y
el chavismo, son harto conocidas, comenzando por el uso del territorio de Cuba
como un punto de trasiego de cargamentos de estupefacientes en la ruta hacia el
Caribe pero especialmente a Estados Unidos.
Hace siglo y
medio los escritores naturalistas franceses se plantearon el problema de los
venenos de la inteligencia y las repercusiones que tiene sobre la sociedad
entera. Se trataba de los efectos aniquiladores de drogas, estupefacientes, el
alcohol, las perversiones y otros vicios sobre las personas y grupos sociales.
El caso
emblemático es la destrucción de China en el Siglo XIX como resultado de abrir
sus fronteras al opio que los ingleses cultivaban en la India que, pese a no
formar vicio fisiológico, tiene efectos devastadores sobre las personas y como
consecuencia sobre el cuerpo social. Esa amenaza está latente en Afganistán y
Eurasia.
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