BOLIVIA... LO MEJOR QUE TENEMOS: SENTAR SOBERANÍA EN EL SILALA ES PRIORITARIO

Gobierno, exautoridades y pobladores potosinos coinciden en manifestar que es urgente la presencia estatal en la región donde se encuentran los manantiales del Silala, cuyas aguas fluyen a territorio chileno mediante ductos artificiales.

Autoridades de la Cancillería, parlamentarios, exautoridades y pobladores de la provincia Sud Lípez del departamento de Potosí, coincidieron en que es prioritario y urgente “sentar soberanía” en la región donde se encuentran los manantiales del Silala, cuyas aguas fueron derivadas por Chile mediante un ducto artificial a territorio chileno.

De la misma manera, destacaron el trabajo de EL DIARIO porque es el único medio que desde la década de 1990, en el siglo pasado, denunció el desvío de las aguas del Silala y realiza un seguimiento constante a este hecho y a todos los temas que tiene que ver con la defensa de la soberanía boliviana.

ANÁLISIS SOBRE EL SILALA

La Fundación Konrad Adenauer, de Alemania, y la Fundación de Apoyo al Parlamento y a la Participación ciudadana (Fundappac) reunieron en un evento de análisis a varios actores y expertos en el tema de las aguas del Silala, quienes expusieron distintas variables en el marco del anuncio del Gobierno que presentará una demanda internacional contra Chile, por el uso ilegal de las aguas que provienen de los bofedales del Silala.

DESTACAN A EL DIARIO

En ese marco, el investigador y experto en el tema del Silala y defensa de los recursos naturales, Milton Lérida, destacó el trabajo de EL DIARIO, Decano de la Prensa Nacional, por haber sido el que denunció en 1996 el desvío de las aguas del Silala por parte de Chile.

“Son 25 años que vengo haciendo esta denuncia sobre el uso de las aguas del Silala acompañado por uno de los medios de comunicación más importantes de Bolivia como es EL DIARIO. Sin este medio de comunicación no hubiera sido posible quizás conocer el Silala”, manifestó Lérida.

De la misma forma, el vicecanciller Juan Carlos Alurralde, en su exposición sobre los antecedentes de este tema, relievó también que este medio de comunicación denunció este hecho ante la opinión pública. “En 1996 todos han mencionado la publicación de EL DIARIO donde se denuncia el desvío de los manantiales del Silala”, expresó Alurralde.

SOBERANÍA REAL

“Es necesario sentar soberanía” lo más antes posible pero con un plan, una estrategia y una política, afirmó el investigador Milton Lérida, cuando se refería a la actual situación del sudoeste potosino.

De la misma forma observó que en la actualidad, tras el anuncio gubernamental de iniciar una nueva demanda contra Chile por el uso de las aguas del Silala, organizaciones sociales, autoridades del Gobierno central, departamental y regional pretenden impulsar el desarrollo del sudoeste potosino tras décadas de olvido y anuncian proyectos y realizan visitas turísticas al lugar.

“Ahora todo el mundo se va al Silala. Este fin de semana va una comitiva. ¿Para qué, para conocer el Silala? Yo les acompaño bajo la condición de que esa comisión vaya y se quede a poblar el lugar … tenemos que trabajar en sentar una soberanía real y eso quiere decir quedarse en el Silala, para poblar el lugar, y los que viven en la ciudad realizar una campaña constante de información para que la población conozca la realidad del Silala”, manifestó el experto.

DESCUIDO ANTERIOR

Lérida reflexionó también en torno al tratamiento que le dieron hasta la fecha todos los gobiernos de turno y su conclusión fue que hubo un descuido general respecto a una de las regiones más alejadas del país, además lamentó la ausencia de todos los servicios básicos para sus habitantes actuales.

“Los gobiernos se han descuidado de las fronteras, se han olvidado de esos pueblos como hasta ahora en el sudoeste de Potosí. Ahora mismo no podemos llegar rápido a la región porque no hay caminos, no hay comunicación telefónica, la telefonía celular no funciona. No tenemos dos factores de desarrollo importante como es la energía y agua para desarrollar el sudoeste de Potosí”, afirmó Lérida.

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO

Por su parte, el vicecanciller Juan Carlos Alurralde confirmó a EL DIARIO que el Estado boliviano, mediante sus instituciones, impulsará el desarrollo de la región. “Es importante que llegue la institucionalidad a todas las fronteras de nuestro país. El Silala, por su posición remota, la altura, las condiciones geográficas que existen allí, requiere una planificación adecuada. Vamos a coadyuvar, a través de las instancias que se están conformando, para que esto pueda ser una realidad a corto plazo”, afirmó la autoridad.

Días atrás, el gobernador de Potosí, Juan Carlos Cejas, informó que su administración impulsará varios proyectos de desarrollo del sudoeste de Potosí, con el objetivo de “sentar soberanía” en una región alejada de los centros urbanos y que es frontera con Chile.

La instalación de energía eléctrica y el mejoramiento de caminos, tomando en cuenta que todas las rutas al sector son actualmente de tierra, así como la instalación de carpas solares en la región, son parte de los proyectos que comprometió el gobernador Cejas.

BOLIVIA PEDIRÁ QUE CHILE PAGUE LA DEUDA HISTÓRICA POR EL SILALA

Ya se cuenta con la base del equipo técnico para construir la demanda y defender la soberanía del manantial Silala, que apuntará, entre otros aspectos, a que Chile compense a Bolivia por el uso de esas aguas y además pague la deuda histórica.

Así reveló ayer el viceministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Alurralde, durante el seminario ‘La problemática existente en el Silala y la posible demanda internacional’, que organizó la Fundación de Apoyo al Parlamento y a la Participación Ciudadana (Fundappac).

“Obviamente en el petitorio, petitum que se llama (y) que vamos a someter (a la Corte Internacional de Justicia), está la deuda histórica, que jamás Chile, si no es una Corte que le obligue a pagar, jamás, no hay fuerza en este mundo que le obligue, que le haga entrar en razón a Chile, que nos debe, que hay una deuda con Bolivia, solo la Corte”, indicó Alurralde.

La decisión de judicializar la defensa de la soberanía de las aguas del Silala la anunció el presidente Evo Morales el 23 de marzo al instruir a la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar) que estudie las alternativas jurídicas para el eventual proceso.

Además, luego de realizar una inspección al manantial Silala, el 29 de marzo, Morales instruyó la conformación de un equipo multidisciplinario para la elaboración de la demanda.

El vicecanciller Alurralde comentó ayer que se tendrá un equipo de abogados internacionales y nacionales que “ya se ha conformado con las instituciones del Estado, instituciones académicas técnicas, además de que se está invitando a la universidad, un grupo importante para trabajar en este tema”.

“Muy pronto van a escuchar novedades”, anticipó Alurralde en el auditorio.

En el seminario, el Viceministro defendió la decisión de acudir a la Corte Internacional de Justicia porque ante ese tribunal las naciones están en igual nivel.

Pero además de ello, aseguró que ante ese tribunal, Chile “no va a poder sostener muchas de las mentiras que en la actualidad afirma”, como que el Silala es un río, porque “en realidad es una red de drenaje artificial” que se comenzó a construir en 1888, tras la invasión a Antofagasta en 1879.

Alurralde atribuyó la reacción dura de las autoridades chilenas a la demanda a que Chile sabe que no tiene los argumentos suficientes para asumir una defensa y que “la Corte va a fallar a nuestro favor”.

“Ojalá podamos muy pronto estar festejando que Chile está obligada a hacer una compensación sobre estos temas”, expresó Alurralde, quien prevé que una vez se presente la demanda, la CIJ la resuelva en un plazo de cinco años.

¿Desde cuándo?

Desde la perspectiva del excanciller Javier Murillo de la Rocha, quien también participó en el seminario, Chile debería compensar a Bolivia por el uso ilegal del manantial Silala desde 1960, año que se certifica que las aguas otorgadas en concesión a la empresa anglo-chilena The Antofagasta (Chili) ∞ Bolivia Railway Co. Ltd., en 1908, ya no son usadas en las locomotoras, sino en la actividad minera.

“Entonces, el cálculo se plantearía así, se debería hacer a partir de los años 60 o cuando las locomotoras ya no funcionan a vapor, sino a diésel”, argumentó el exministro de Relaciones Exteriores.

Contexto
Entre 1908 y 2000, la empresa anglo-chilena The Antofagasta (Chili) Bolivia Railway Co. Ltd. habría comercializado, sin permiso o autorización del gobierno boliviano, 962 millones de metros cúbicos de agua del Silala, que nace en la provincia Sur Lípez, Potosí.

PARA ARGENTINA EL RALLY DAKAR ES UNA INVERSIÓN Y NO UN GASTO

La Región de Argentina (www.region.com.ar)

Tras el anuncio oficial de ASO, la organizadora del rally raid más exigente del mundo sobre la edición 2017 que volverá a ser sudamericana, con partida desde Asunción (Paraguay), día de descanso en La Paz (Bolivia) y llegada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina), el ministro de Turismo de nuestro país consideró muy positivo la realización de la carrera en suelo argentino, que abarcará seis etapas, considerando la misma como una inversión y no un gasto, señalando que “el Dakar devuelve largamente lo que aporta”.

El Rally Dakar es una inversión y no un gasto

Mientras Chile se negó a tener el Rally Dakar el próximo año -por razones económicas-, para Argentina la carrera es vista como una inversión y no un gasto. “El Dakar devuelve largamente lo que aporta”, dijo el ministro de Turismo de Nación, Gustavo Santos y agregó: “nos hemos puesto de acuerdo para poder llevar adelante el Dakar con costos que podemos asumir en este momento del Ministerio. Le hemos planteado a la organización que el recorrido se ubique en sectores que más necesiten turismo para esa época del año; también les pedimos mayor participación en la comunicación, para aprovechar el impacto comunicacional de esas 8 horas diarias que se emiten para millones de personas en el mundo”.

Argentina la más fiel

Al respecto de esta competencia -la más importante y difundida a nivel mundial junto con la Fórmula Uno Internacional-, debemos señalar que la República Argentina ha sido el país de mayor fidelidad a esta carrera, ya que desde que la Organización bajó desde la zona que aún conserva en su nombre (“Dakar”, capital de Senegal, África) hasta América del Sur, todos los años Argentina ha sido país sede -desde 2009-, con los mayores privilegios.

Para ésta 9ª edición en Argentina, el ministro Santos destacó también que otro de los pedidos realizados a la organización francesa ASO es que “hemos sido muy estrictos para evitar cualquier impacto sobre parques nacionales”.

Es una idea del Ministerio el poder hacer uso de la imagen de corredores de mercados sobre los cuales hay un gran interés, como China o Rusia, para que en su idioma se dirijan a sus seguidores invitándolos a venir a la Argentina.

Paraguay en crecimiento

Por el lado de la República del Paraguay, será su primera aparición como país sede en el Rally Dakar 2017 que se correrá del 2 al 14 de enero y persigue fines similares -de dar mayor conocimiento del país al mundo-, para que descubran las bellezas de la pintoresca zona guaraní, poco promocionada hasta ahora, a la que da vida el río Paraguay, donde navegan importantes cruceros turísticos, en torno a la vida indígena y una variedad faunística destacable. Las últimas obras de infraestructura por ejemplo, en la ciudad de Encarnación, ha dotado a la misma de hermosas playas costeras ganadas al río con hotelería y gastronomía de alto nivel. La economía paraguaya que se encuentra actualmente en crecimiento, describe al país como el mayor exportador americano de energía eléctrica, cuarto exportador de soja y quinto exportador de carne bovina en el mundo. No es casualidad entonces, que forme parte de éste evento deportivo.

Bolivia y sus objetivos

El Estado Plurinacional de Bolivia (nombre oficial del país) cuya capital es Sucre, por su parte, ya comprobó los buenos resultados a nivel de difusión de ésta competencia del deporte motor y este año tendrá el “día de descanso” en la ciudad de La Paz -sede de los órganos ejecutivo, legislativo y electoral-, que le dará gran visibilidad para lograr objetivos no sólo turísticos, sino estratégicos, como el anhelado logro de la reclamación territorial a Chile por una salida soberana al océano Pacífico, viejo reclamo que aspiran alcanzar algún día, que beneficiaría en gran manera a esta región que fuera el antiguo “Alto Perú”, que atesora riquezas precolombinas de gran valor, siendo otro país que no tenemos incorporado aún como destino turístico de relevancia, pero que vale la pena descubrirlo.

Costo – Beneficio

Dentro del contexto económico entonces, “el Dakar no deja de ser un importante evento para nuestro país” dijo Santos, quien hizo referencia a los resultados positivos que dejaron eventos como el MotoGP, el mundial de Motocross o el World Rally Car, “el Dakar devuelve largamente lo que aporta” afirmó, “todo lo que signifique derrame económico en nuestros destinos y al mismo tiempo posicionamiento de marca de la Argentina y de los lugares por donde pasa es importante”.

Las decisiones se toman tras un balance costo-beneficio, tanto invierto y tanto me tiene que dejar, “con todas esas salvedades vamos a volver a tener Dakar en Argentina en el 2017” afirmó el ministro de Turismo de Nación, Gustavo Santos.

IZQUIERDA, ¿CON RESPECTO A QUÉ?

Los cambios operados en los últimos años en el escenario político latinoamericano han abierto un intenso debate entre activistas y académicos/as intentando responder algunas preguntas: ¿qué es ser de izquierda? ¿Cómo se construyen proyectos democráticos no capitalistas? ¿Es posible superar la noción de desarrollo basada en el dominio de la naturaleza?

La Brecha de Uruguay (www.brecha.com.uy)

Por Lilian Celiberti.- Muchas de estas preguntas parecen haber llegado a un punto en el que se acumulan descontentos, rupturas y perplejidades, según se trate de la profundización de la matriz extractivista, la expansión del monocultivo y el uso de transgénicos, la criminalización de movimientos sociales, o la persecución a las mujeres que interrumpieron su embarazo.

La heterogeneidad de las propuestas reunidas en una denominación común de “gobiernos de izquierda” ha sido uno de los problemas del debate político ya que ha colocado en el mismo campo proyectos minimalistas, como la Concertación en Chile, o alianzas conservadoras con prácticas autoritarias, como las del Frente Sandinista, de Nicaragua, con la beligerancia del socialismo del siglo XIX del gobierno de Venezuela y las propuestas descolonizadoras del gobierno de Bolivia, o los avances en derechos en Uruguay, y ello no ha contribuido a profundizar el debate sobre alternativas emancipadoras. Ese campo genérico de “izquierda” ha sido, en realidad, un obstáculo para diferenciar políticas clientelares, autoritarias y conservadoras, de aquellas que aun con contradicciones y limitaciones, abrieron algún espacio a la experimentación democratizadora y de protagonismo social.

El debate acerca del fin del ciclo progresista en América Latina está instalado desde hace un tiempo, pero claramente se profundiza con los recientes resultados electorales en Argentina y Venezuela, y la situación del gobierno de Dilma Rousseff en Brasil. Como dice Eduardo Gudynas, “en realidad los progresismos expresan regímenes políticos heterodoxos donde coexisten novedades que podrían identificarse como de izquierda, junto a otras más conservadoras”.1

Las tensiones y contradicciones de esa heterodoxia han generado malestar y ruptura con movimientos sociales diferentes.

“Del cambio, a la contención del cambio”, titula un artículo el sociólogo Alfredo Falero,2 preguntándose si se ha dado un período bisagra en América Latina. Según él, resulta necesario analizar los nuevos mecanismos de generación de contención que implican de hecho una democracia recortada o reducida a una lógica procedimental. El tránsito a nuevas formas cualitativamente hegemónicas en el marco de una nueva división global del trabajo implica la renovación de mecanismos de desposesión a través de la “revolución informacional”. En segundo lugar, señala la transformación organizacional del capitalismo, con el nuevo papel de las elites empresariales como agentes sociales disputando una perspectiva despolitizada y pragmática de la gestión estatal. Una tercera dimensión estaría marcada por la pérdida de mapas cognitivos clásicos y la crisis de las agencias de socialización tradicional, como sindicatos y partidos políticos.

La pregunta central sigue siendo qué cambios pueden sostenerse en el contexto actual del capitalismo, o más precisamente qué cambios puede tolerar el capitalismo que necesita del extractivismo, la depredación y el consumismo para su supervivencia.

VIEJOS TEMAS, NUEVOS ENFOQUES. Las demandas de una sociedad mucho más reflexiva e individualizada hacen irrumpir lo político desde fuera de las estructuras y jerarquías formales para generar nuevas demandas en la agenda pública. Muchos de los temas que constituyen la agenda social han sido politizados por movimientos político-culturales que han logrado impactar en los sentidos comunes ciudadanos, disputando el espacio discursivo de la política, desde los bordes de la institucionalidad y muchas veces en pugna con ella.

Los problemas ecológicos y ambientales, el extractivismo, la división público/privado, las relaciones de género, las formas de hacer política, la cultura de derechos, los derechos sexuales y reproductivos, las diversidades e identidades sexuales y de género, y las relaciones de poder, la interculturalidad y el racismo, ingresan al debate politizados por actores que se organizan al margen de los partidos y muchas veces en disputa con ellos. Estas experiencias, estas prácticas políticas, discursivas y simbólicas crean nuevos significados de ciudadanía y disputan hegemonías. A pesar de lo cual no dejan de provocar un sabor amargo los escasos avances emancipatorios en el imaginario social, expresados en la reproducción de prácticas corporativas, “la inflación punitivista” de la seguridad social, la corrupción como lógica de poder, el imperio de las multinacionales, y en definitiva la no reversión de la desigualdad estructural de la región.

El escenario resulta complejo y muy contradictorio. En Argentina las amenazas de reversión de algunos avances democratizadores, como los juicios a los militares de la dictadura, o la ley de medios, parecen mostrar la recomposición de la derecha como eje de poder no sólo económico sino político e ideológico. De hecho la nueva elite gobernante está llena de ex jerarcas de empresas multinacionales.

En los últimos 30 años una diversidad de movimientos sociales ha contribuido con sus luchas y demandas a la creación de instituciones en permanente proceso de cambio, simbólicamente ricas (reformas constitucionales, defensorías, presupuestos participativos, descentralización municipal y participación ciudadana, leyes de participación y control, comisiones de la verdad, matrimonio igualitario, derechos de la naturaleza, plurinacionalidad, pueblos indígenas etcétera), que coexisten con políticas extractivistas y neodesarrollistas, prácticas políticas signadas por luchas de poder y conflictos centrados en la permanencia indefinida de sus líderes políticos, junto a la postergación real y concreta de las mujeres como protagonistas con plenos derechos sobre sus cuerpos y sus vidas.

Los pueblos indígenas, el movimiento de afrodescendientes, los movimientos feministas y de mujeres, movimientos por la soberanía alimentaria y la justicia ambiental, aun con toda la diversidad de posturas ideológicas, políticas, estratégicas y tácticas, contribuyen a la afirmación de nuevos “sentidos comunes” y articulan en sus luchas nuevas dimensiones de derechos individuales y colectivos que colocan en el debate público la construcción de alternativas al capitalismo.

Las estructuras político-partidarias se ven desafiadas por nuevas subjetividades y dinámicas sociales, y el desencuentro que se produce muchas veces multiplica el desencanto y la desafiliación de amplios sectores respecto de la política institucional.

En este contexto, los feminismos latinoamericanos enfrentan nuevas complejidades y tensiones. Se replantean viejos estigmas y prejuicios sobre ellos que provienen tanto de sectores populares como de una cultura sesentista de izquierda tradicional que supone y aspira a sujetos únicos como vanguardia y conducción del proceso de cambio. Al identificar al feminismo como una demanda posmaterial, se lo adscribe a una sensibilidad de clase media, deslegitimando de esa forma sus propuestas y elaboraciones políticas.

Algunos líderes de izquierda (también algunas mujeres, aunque menos) consideran que el reclamo de redistribución del poder es una demanda que “empequeñece” a las mujeres porque éstas “deben ganarse el derecho” de ser líderes. Y mantienen, al igual que la derecha, su oposición a consagrar el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.

Son varios los campos que expresan estas disputas y que interpelan y dividen a los gobiernos y partidos de ese amplio espectro denominado izquierda en Latinoamérica.

Nuevos paisajes de conflicto se agregan a las formas ya tradicionales de segregación: territorial, laboral, de género, de generación, identitaria, de clase, que expresan transformaciones profundas de la vida colectiva.

El orden democrático, sus sistemas de representación y sus instituciones parecen débiles y sin espesor simbólico para restituir o crear nuevos sentidos de pertenencia y abrir nuevos horizontes para imaginar otras formas de vida en común. Si el lugar de la política, decía Norberto Lechner, es “incapaz de elaborar objetivos que trasciendan la inmediatez, todo se reduce a una elección del mal menor. Un presente omnipresente pone en duda la capacidad conductora de la política, pero no hace desaparecer la preocupación por el futuro. Este anhelo puede adoptar formas regresivas y alimentar movimientos populistas. Pero también puede impulsar el desarrollo de la democracia”.

IMAGINARIOS DE JUSTICIA SOCIAL. ¿Cómo pensamos nuestro futuro como sociedad? ¿Qué imaginario de justicia y solidaridad social sustituye al simplista “combate a la pobreza”? Para construir nuevos rumbos emancipadores es necesario cambiar la perspectiva de análisis y la mirada sobre los problemas. Ese es el principal campo de disputa política.

Deberíamos comenzar por colocar en el centro del debate la contradicción capital/vida, tal como la define la economía feminista para pensar la calidad misma de la vida o “la vida que merece ser vivida”.

Para las feministas, dice Cristina Carrasco, “centrarse explícitamente en la forma en que cada sociedad resuelve sus problemas de sostenimiento de la vida humana ofrece, sin duda, una nueva perspectiva sobre la organización social y permite hacer visible toda aquella parte del proceso que tiende a estar implícito y que habitualmente no se nombra”.

La crisis financiera sacudió al mundo capitalista en 2008 y el Estado de bienestar europeo comenzó a erosionarse, con graves consecuencias sociales para millones de personas. Si pensamos la crisis más allá de lo financiero, se pone en jaque un modelo de economía, producción y sociedad basado en el crecimiento y la sobreexplotación de los “recursos naturales”, cuyos efectos se extienden al ambiente, la alimentación, la salud, el clima y las relaciones sociales, en todos los rincones del planeta.

La idea de ciudadano-individuo autónomo e independiente, desarrollada como mito capitalista de los sistemas liberales, se sustenta para su realización en la existencia de una infraestructura de cuidados imprescindibles para la vida, que mayoritariamente realizan las mujeres. ¿Cómo es que las necesidades humanas más elementales han sido relegadas a un espacio invisible para la consideración de los problemas “macro”? “¿Cómo es que los sistemas económicos se nos han presentado tradicionalmente como autónomos, ocultando así la actividad doméstica, base esencial de la producción de la vida y de las fuerzas de trabajo?”, se pregunta Carrasco.

La sociedad y la economía siguen desconociendo que el cuidado de la vida humana es una responsabilidad social y política, reproduciendo una masculinidad que se desentiende de los cuidados y usa de la fuerza de trabajo de las mujeres. Explorar este vínculo es una de las tareas que nos hemos planteado desde el feminismo, no sólo para denunciar la utilización que hace el capitalismo del trabajo gratuito de las mujeres, sino para la revalorización del cuidado como una ética social y ecológica imprescindible para pensar las alternativas.

Pese a que un buen número de países de América Latina se consideran o definen (en sus constituciones) como estados laicos, es claro que en muchas oportunidades, especialmente cuando se trata de los derechos sexuales y los derechos reproductivos (Dsr) de las mujeres, sus gobernantes permiten que decisiones de política pública sean afectadas por las posturas dominantes de las iglesias, particularmente, la Católica. Es así como, tanto en la producción de legislación como en la formulación de políticas a nivel del ejecutivo, termina evidenciándose la falta de una postura verdaderamente laica, recortando la democracia en deterioro de los principios de libertad y autonomía, especialmente de las mujeres. (Lucy Garrido, “Documento de trabajo”, 2005.)

A esta situación no es ajena la creciente consolidación de distintas manifestaciones del pensamiento único, que hacen que el tema de los fundamentalismos aparezca en el “tapete” público en una región profundamente marcada por las desigualdades sociales, económicas y políticas.

Los sectores conservadores, como señala Jaris Mujica3 en un estudio sobre la economía política del cuerpo, han dejado de lado la cuestión étnica y de clase y han centrado su atención en el asunto de género, en las cuestiones referidas a las libertades sexuales y de derechos sexuales, así como de la anticoncepción. La hipótesis de Mujica es que la predominancia de los regímenes democráticos hace que éstos se constituyan como punto de partida y referencia hegemónica creando una nueva cultura democrática más igualitaria. Se desplaza entonces el territorio de “control del otro” a los cuerpos. La sexualidad y la reproducción se convierten, así, en los nuevos ejes de las estrategias discursivas de los sectores conservadores.

A diferencia de otros períodos cuando el conflicto entre el Estado moderno y la Iglesia Católica estuvo marcado, en nuestra región, por una cuestión de tributos, de propiedades de tierra o de tipo de régimen político, en la actualidad el espacio del conflicto está centrado en la sexualidad y el diseño de políticas públicas en materia de derechos sexuales y reproductivos, se trate de la píldora del día después, de métodos anticonceptivos o de las formas de familia y los derechos de homosexuales, lésbicos, travestis, transexuales.

El movimiento feminista, como otros movimientos anticapitalistas, conforma una vertiente de izquierda no vanguardista, contestataria al autoritarismo y defensora del protagonismo de múltiples y diversos actores como sujetos del cambio. Como dice Betânia Avila, “no es un movimiento que ordena, que centraliza, que define modelos a seguir. Por el contrario, es un movimiento que se abre, se expande, a veces en forma contundente (…). (Es) un movimiento que quiere reinventar y radicalizar la democracia política y la democracia social”.4 Desde estas premisas, es un movimiento que cuestiona, interpela y disputa sentidos teóricos, políticos y epistemológicos.

Poder imaginar un nuevo marco de relaciones humanas, afectivas, económicas y sociales, redimensiona el debate político al colocar como premisa radical la posibilidad de pensar las alternativas simultáneamente desde todas estas dimensiones, o como dice Boaventura de Souza Santos, desarrollar un “pensamiento alternativo sobre las alternativas”.

RELACIONES PELIGROSAS. Hace algunos años, en el IX Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe, un taller convocado fuera de programa analizaba la compleja relación de las feministas de izquierda con los gobiernos y partidos que habían llegado al gobierno. El conjunto de experiencias desde diferentes realidades y países podía resumirse en una frase: “nos peleamos con una izquierda que nos coloca en las tierras movedizas del populismo, o el clientelismo. Nos peleamos con una izquierda que nos expulsa de la ‘casa’ si la criticamos, y nos manda directamente para la derecha o nos arroja a la orfandad”.

No hay duda de que la subjetividad política feminista interpela radicalmente un pensamiento conservador que tutela la sexualidad y la autonomía de las y los sujetos. Incluso ha sido más fácil conquistar el matrimonio igualitario que el derecho a interrumpir un embarazo.

Pero esta dinámica expulsiva no impacta sólo en las feministas, también ecologistas, indígenas y otros movimientos sienten paulatinamente retaceadas sus expectativas. Lo cual nos remite a una pregunta básica: ¿cuál es el campo de alianzas que los partidos de izquierda privilegian? Desde los gobiernos, muchas veces se prescinde y desprestigia a movimientos e intelectuales que cuestionan y demandan más radicalidad democrática, más coherencia política y más cambio cultural y de imaginarios.

La relación de las luchas feministas con los gobiernos y partidos de izquierda respecto del derecho a decidir la interrupción de un embarazo no deseado ha sido un campo de conflicto y constituye, junto a la perspectiva ecologista, uno de los terrenos de mayores tensiones y distancias, aun para aquellas que sin ser militantes feministas han promovido esa causa dentro de sus partidos. Algunas han sido duramente increpadas, como las militantes de Ecuador, o ignoradas, como las militantes del PT de Brasil, históricamente impulsoras del derecho al aborto. No se trata de estar a favor o en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, se trata de poner en juego un concepto de libertad que pone límites a la acción de regulación e imposición de normas estatales punitivas en la vida de las personas. Por eso, más allá de lo que cada quien piense, el Estado debe habilitar la práctica de control de la capacidad reproductiva reconociendo el proyecto autónomo que cada mujer puede hacer de su cuerpo y su vida.

El veto presidencial de Tabaré Vázquez a la decisión del Parlamento, la de su fuerza política y la de la opinión pública, fue paradigmático. Pese a él, en el gobierno de José Mujica las fuerzas pro legalización del aborto lograron, junto con la mayoría frenteamplista, la posterior aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, aunque con un resultado menos emancipatorio que el originalmente vetado.

En Ecuador, por el contrario, Rafael Correa, autodefinido “progresista en temas económicos pero conservador en relación con la moral”, no sólo se ha opuesto a la despenalización sino que no ha permitido siquiera la posibilidad de un proyecto que promoviera el debate parlamentario. Durante la discusión del Código Penal la asambleísta del partido de gobierno Paola Pabón presentó una propuesta para despenalizar el aborto en caso de violación, con el apoyo de más de 20 de sus colegas de Alianza País. Correa amenazó con renunciar a su cargo si la Asamblea la aprobaba y ordenó a su partido votar en contra, a la vez que acusó de traidora a Pabón y a sus compañeros. Ella, junto a Gina Godoy y Soledad Buendía, fueron sancionadas por su partido con 30 días de suspensión en sus labores legislativas y sometidas a la prohibición de hablar públicamente del tema. Las asambleístas sancionadas no volvieron a plantear la cuestión que originó el conflicto.

En Nicaragua, en 2007, como muestra de la conversión al cristianismo del “revolucionario” Frente Sandinista de Liberación Nacional, la pareja presidencial impulsó la penalización total del aborto, aun del terapéutico. (Nicaragua sigue siendo uno de los cuatro países del mundo que no reconoce el derecho al aborto ni siquiera en situaciones de riesgo de muerte de la madre.)

El Salvador en 1998 prohibió el aborto en todas las circunstancias. Y en 2009, con los votos del Fmln, también cerró el paso al matrimonio igualitario, aunque el partido cambió de posición en 2012. La realidad de las salvadoreñas resulta particularmente dramática. Como afirma la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, “un amplio número de salvadoreñas que sufrieron emergencias obstétricas durante el embarazo continúan siendo encarceladas bajo la sospecha de haber tenido un aborto inducido, y después condenadas por cargos de homicidio”.

Como señala el documento técnico de revisión de los derechos sexuales y derechos reproductivos en la región, realizado para la preparación de la Conferencia Regional de Población y Desarrollo: “El período 2009-2014 deja pocos avances. Durante estos años sólo un país, Uruguay, reformó su legislación y se acercó a una posición acorde con los derechos humanos y los principios del derecho penal liberal. Varias jurisdicciones endurecieron su posición en el texto o en la práctica (Nicaragua, algunos estados mexicanos, El Salvador), mientras que la gran mayoría mantuvo marcos regulatorios que están en tensión con los derechos humanos de las mujeres (Chile, República Dominicana, Honduras, Perú, Venezuela, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Panamá). Al mismo tiempo, aquellos países que tuvieron algunos avances moderados hacia la despenalización aún no logran garantizarles a las mujeres un acceso oportuno, de calidad y no discriminatorio (Argentina, Brasil, Colombia)”.5

La senadora uruguaya Constanza Moreira afirmaba, ya hace algunos años, que existe “un importante retraso en la agenda ‘secular’en América Latina, y si bien las elites de izquierda están en mejores condiciones de defenderla que los otros, sus convencimientos al respecto no son firmes, ni mayoritarios, entre sus miembros”.

Sin embargo y pese a las debilidades y puniciones, esta región ha aprobado uno de los documentos más significativos y avanzados del mundo en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos, recogido en el Consenso de Montevideo durante la primera Conferencia Regional de Población y Desarrollo.

LÍMITES. Los conflictos por la justicia ambiental, social, racial y de género, el uso y gestión de los recursos naturales, el aborto y la autonomía reproductiva de las mujeres, la diversidad sexual, son algunos de los campos políticos contemporáneos que dividen o desafían a las izquierdas latinoamericanas en el gobierno.

Estas confrontaciones son muchas veces minimizadas o continúan al margen de los “grandes debates políticos”. La marginación de algunos campos del activismo por parte de las izquierdas partidarias reproduce una división entre lo material y lo cultural que es obsoleta teórica y prácticamente. Pero lo que es más grave, esta forma de ortodoxia, como señala Judith Butler, “actúa hombro con hombro con un conservadurismo social y sexual que aspira a relegar a un papel secundario las cuestiones relacionadas con la raza y la sexualidad frente al auténtico asunto de la política, produciendo una extraña combinación política de marxismos neoconservadores”.6

Estamos, sin duda, en un cruce de caminos: si bien por un lado hay una mayor conciencia de derechos (que abren y desatan nuevas conflictividades), por otro se hacen obvios en el escenario político los déficits teóricos e institucionales de las izquierdas para construir nuevas orientaciones del cambio simbólico, cultural y político.

Para la derecha política y la derecha fundamentalista estos son los campos prioritarios de su cruzada conservadora, conscientes incluso de la débil oposición de la izquierda, sus tensiones y dudas internas. Construir un campo de izquierda crítica que dispute con la derecha esos terrenos simbólico-culturales sigue siendo una prioridad que no parece encontrar un liderazgo en las actuales elites políticas.

Para una parte importante de la izquierda social movimientista, ser de izquierda se identifica con una práctica y un discurso político que ensanchan los horizontes de libertad y que no los restringen, una izquierda laica, anticonfesional y democrática, que apunta a construir en amplios sectores sociales antídotos contra la violencia y la falta de solidaridad social. Una izquierda dispuesta a construir nuevos pactos de justicia, reconocimiento y autonomía, a repensarse y cuestionarse y a ensayar nuevos caminos de experimentación institucional, pero no para perpetuar a sus líderes indefinidamente en el poder, sino para profundizar las formas de participación democrática y efectivizar el control social sobre sus políticas.

Se trata de construir hegemonía desde prácticas políticas que se dan en múltiples espacios y con múltiples acciones de subversión en lo íntimo, lo privado y lo público, y que hacen de la acción política para la transformación social una transformación cotidiana de las relaciones de poder. Eso sí es izquierda.

NACIONALIZACIÓN DE ENTEL EN BOLIVIA, UNA CERTERA DECISIÓN

Prensa Latina (www.prensa-latina.cu)

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) fue nacionalizada por el gobierno del presidente Evo Morales hace ocho años, y mucho más que sus resultados económicos se impone su competitividad y un permanente compromiso con el pueblo boliviano.

Sin lugar a dudas Entel es la líder de las telecomunicaciones en Bolivia, y su prioridad sigue siendo ofrecer un servicio de excelencia, por tal motivo sus directivos no dudaron enfocarse en un proceso de inversiones que ya ronda la cifra de 100 millones de dólares.

El gerente general de Entel, Oscar Coca, recordó que la entidad cuando estaba en manos de la empresa italiana Euro Telecom Internacional sólo se invertía alrededor de 18 millones de dólares por año.

La nacionalización de Entel fue -en opinión de Coca- una decisión muy acertada del primer presidente indígena de Bolivia, y tal sabiduría política permitió que las utilidades que se generaban quedaran en las arcas de la nación y no fueran a parar a los bolsillos de las firmas trasnacionales.

Mientras que otros países invierten entre un cinco y un 20 por ciento para mejorar la tecnología de las telecomunicaciones, Bolivia logró alcanzar un índice de un 80 por ciento en este apartado, y todo gracias a la gestión de Entel, señaló el ejecutivo.

Además de los notorios ingresos, el proceso inversionista permitió ampliar su cobertura en todo el país, y por consiguiente rebajar gradualmente las tarifas de internet para sus usuarios, destacó el directivo.

Aseguró que los ingresos de Entel -nacionalizada un 1 de mayo de 2008- se quedan el país, mitad para su reinversión y la otra parte permite financiar bonos sociales en beneficio de la población, como el Juancito Pinto, que favorece a los estudiantes.

Todo lo que hace Entel es con recursos propios, y en este momento es una entidad autosuficiente, que no tiene deudas, aseguró.

De acuerdo con Coca, la empresa genera actualmente más de dos mil 400 empleos directos y alrededor de ocho mil indirectos mediante subcontrataciones.

Sobre la importancia de contar en Bolivia con un satélite de telecomunicaciones, el gerente general de Entel declaró a Prensa Latina que gracias al Túpac Katari, nombre que recibió este ingenio, la comunicación llega a lugares donde resulta casi imposible acceder con medios como fibras y cables.

Entel es el principal usurario de este aparato, y entre sus más variados usos están la instalación de radio-bases, pero es utilizado con más preponderancia en la televisión, puntualizó Coca.

Posiblemente seamos unas de las pocas empresas que ofrecemos una grilla gratuita, por ejemplo cualquier persona con una antena receptora y un decodificador obtenidos a precios muy accesibles en el comercio, fácilmente puede llegar a tener 18 canales locales, para eso no hace falta suscripción alguna, señaló.

Obviamente, tenemos otros servicios que sí lo requieren, pero el usuario se beneficia con unos 80 canales a costos sumamente bajos, pero todo es gracias al satélite, apuntó.

Bolivia ocupa el puesto 26 o 27 en extensión territorial en el mundo, con más de un millón 80 mil kilómetros cuadrados y una topografía muy diversa, entonces no es fácil llevar las comunicaciones a todos los rincones de la nación con fibras o cables, de ahí la importancia del satélite. El Túpac Katari -con un peso de 5,3 toneladas de peso- debe su nombre a un guerrero aimara del siglo XVIII que combatió la dominación española.
Su costo fue de 300 millones de dólares, 256 millones financiados por China y 44 millones por Bolivia. Sobre el sueño de tener otro satélite, Coca explicó que el gobierno tiene proyectado contar con otro aparato de este tipo, pero dedicado a las actividades propias de la prospección de recursos naturales.

Recientemente Entel fue premiada por ubicarse entre las entidades más responsables y con mejor gobierno corporativo en Bolivia, una distinción a su permanente reto de brindar un servicio de excelencia a toda la nación.
Sobre el galardón, el ejecutivo expresó que se trata de un reconocimiento público y eso nos llena de regocijo porque es la opinión libre y espontánea de los usuarios, que tienen la última palabra.

No se trata de la capacidad del marketing institucional, sino del trabajo que realiza Entel S.A., enfatizó. Ser premiados como una de las empresas más responsables y con mejor gobierno corporativo nos alegra, pero al mismo tiempo nos reta a seguir mejorando nuestro trabajo, señaló.

Vamos a incrementar las inversiones en lo que se refiere a las capacidades de las redes y optimizar la señal en los centros urbanos, dijo Coca, quien aseguró que Entel S.A. va a mantener su compromiso con Bolivia.

INVESTIGAN MUERTE DE INMIGRANTE BOLIVIANA EN VIRGINIA

La Policía habla de homicidio en la desaparición y muerte de la boliviana Lizeth López en Prince William.

El Tiempo Latino de EEUU (www.eltiempolatino.com)

Lo que era un viaje para celebrar la graduación de su hija Lizeth López en la Universidad de Maryland, se ha convertido en un doloroso trayecto desde Bolivia para preparar su funeral y darle el último adiós.

Luego de dos semanas de intensa búsqueda, la policía de Prince William, en Virginia, halló el cadáver de una mujer que coincide con las características de Lizeth López, la inmigrante boliviana de 36 años, que desapareció el 17 de abril sin dejar rastros.

López, quien vivía en Alexandria, Virginia, se estaba graduando de criminología en la Universidad de Maryland y su madre estaba por viajar desde Cochabamba para la ceremonia el sábado 14 de mayo. Ahora la madre llegará acompañada de otros familiares para enfrentarse a la dura realidad.

“Éste es un caso muy triste. La famiia –como uno se puede imaginar- está destrozada”, expresó el miércoles 4 a El Tiempo Latino, el cónsul general de Bolivia, Marcelo Martínez, quien aseguró que Cancillería está apoyando a la familia en Bolivia para realizar los trámites de las visas.

“La madre sí tenía visa, pero ahora vendrá con otros familiares que necesitan los permisos”, dijo el cónsul. López tenía sólo una hermana en este país, Janette López, quien vive en Virginia y quien reportó a la Policía la desaparición de la joven, después que ella no se apareciera en la escuela para recoger a su sobrina. “Ella estaba supuesta a recoger a mi hija el martes. Pero nunca llegó. El domingo estábamos hablando y ahora ya no está”, expresó Janette López en una entrevista televisiva anterior al hallazgo del cadáver, pidiendo ayuda para dar con el paradero de su hermana.

El reporte de la desaparición se hizo primero con la Policía de Alexandria. Luego, el caso pasó a la jurisdicción de la Policía de Prince William, cuando los detectives encontraron el auto de López cerca a su lugar de trabajo en Woodbridge, Prince William. La joven era consejera de menores en un centro de rehabilitación, en Dominion Middle Ridge. La Policía había hecho público un video de López ingresando a un CVS en Lake Ridge, Prince William, la noche del domingo 17 de abril. La última vez que la joven se comunicó por teléfono fue ese mismo día a las 10pm. domingo 17 de abril. La última vez que la joven se comunicó por teléfono fue ese mismo día a las 10pm.

Hallazgo El viernes 29 de abril, la Policía encontró el cuerpo de una mujer cerca de un canal de drenaje en el parque Lake Ridge, cerca al lugar donde fue vista por última vez. Un vecino que estaba paseando a su perro notó el cadáver cuando el canino empezó a ladrar llevándolo hasta el lugar, cerca de las 10:55am. El cuerpo fue llevado a la oficina del médico forense para confirmar, mediante autopsia, la identificación del cadáver y la forma cómo falleció. Hasta el miércoles 4 de mayo, la Policía no tenía los resultados. “Estamos a la espera de los resultados oficiales que identifiquen el cuerpo, pero presumimos que es de Lizeth López, por las características que coinciden”, dijo a El Tiempo Latino, el oficial Natha Probus, vocero de la Policía de Prince William. El caso se está investigando como un homicidio. La Policía pide al público que si hay alguien que tenga información del caso llamar al 703-792-6500 o a Crime Solvers al 703-670-3700. Las personas que otorguen pistas que conlleven a un arresto podrían recibir una recompensa.

DONACIÓN

Recaudan fondos para los gastos del funeral Go Fund Me. Amigos de la familia de Lizeth López — la inmigrante boliviana cuyo cuerpo fue hallado el 29 de abril en Prince William, después de varios días de desaparecida— abrieron una cuenta en el sitio de recaudación de fondos Go Fund Me, para cubrir los gastos del funeral. “Como muchos de ustedes sabe, Lizeth López, fue arrebatada de nosotros el 17 de abril, dejando una familia amorosa y muchos amigos y trabajadores. Su familia no sólo necesitará oraciones y apoyo emocional sino también ayuda financiera para ayudar a pagar por los gastos de funeral inesperados. Cualquier monto es de ayuda”, dice el sitio GoFundMe, bajo el cual se abrió la cuenta con el título “Funeral Expenses for Lizeth Lopez”. La cuenta fue abierta el miércoles 4 de mayo y en apenas unas horas, 19 personas donaron $1.970. Para hacer una donación monetaria ingresar a www.gofundme.com/lizlopez.

DIPLOMÁTICO DE CARRERA SERÁ EL PRÓXIMO CÓNSUL DE CHILE EN LA PAZ

El hasta ahora embajador en Irlanda y quien también fue jefe de la dirección de América del Sur, Manuel Hinojosa, reemplazará a Milenko Skoknic en Bolivia.

Tele 13 de Chile (www.t13.cl)

En Santiago está por estos días el actual embajador de Chile en Irlanda, Manuel Hinojosa. Y es que según comentaron a T13.cl, el diplomático de carrera ya está preparándose para asumir una nueva destinación: será el nuevo cónsul general en La Paz.

La designación se producirá en reemplazo de Milenko Skoknic, quien regresará a Santiago para hacerse cargo de la Dirección General de Política Exterior, hasta ahora liderada por Alfredo Labbé.

Como diplomático de carrera, Hinojosa —con estudios de geografía en la Universidad Católica de Valparaíso y de derecho en Madrid— tiene una extensa trayectoria en la Cancillería. En sus cerca de 40 años en el Servicio Exterior, ha sido embajador en República Dominicana, Rumania y Bulgaria. También cónsul general en Miami, en Mendoza, Ushuaia y Caracas. También ha cumplido funciones diplomáticas en las misiones en Washington, Bélgica, ante la OEA y Jordania.

Pero el cargo que más destacan en círculos diplomáticos es la dirección de América del Sur, donde estuvo a cargo de los escritorios de Perú y Bolivia.

La Paz es una de las misiones más delicadas para la Cancillería chilena. La demanda marítima boliviana en La Haya, la amenaza de un nuevo libelo ante una instancia internacional -esta vez por las aguas del Silala- y la frecuente virulencia con que el Presidente Evo Morales se refiere a Chile y sus autoridades hacen que la tarea del cónsul chileno en ese país sea una de las más complejas.

Quien experimentó directamente este cuadro fue el saliente cónsul Skoknic. En agosto del año pasado, en una entrevista con un diario boliviano, Evo Morales señaló que “Chile, por la cuestión del mar, siempre buscó la inestabilidad política. Sospechosamente estos días, esta semana que se va, el cónsul de Chile estaba viajando a todos los departamentos, no sé si hay que declarar persona non grata a ese cónsul, buscando a autoridades y dirigentes. No sé si son sus atribuciones, vamos a analizar profundamente esta andanza del cónsul chileno, (que) actúa así como el embajador de Estados Unidos, cuando se reunía con gobernadores opositores, llevando platita para justicia, eso hacía el embajador de Estados Unidos”.

El mandatario paceño hacía alusión a Philip Goldberg, representante diplomático norteamericano al que Morales declaró como persona non grata y dio 72 horas para salir de Bolivia.

“Skoknic tuvo que enfrentar de todo en La Paz, desde críticas del gobierno hasta incluso seguimientos de partidarios del oficialismo”, dice un diplomático chileno. El fuerte desgaste en su trabajo en La Paz -y no una mala evaluación de su labor, dicen en RR.EE.- fue una de las razones del cambio de cónsul.

ALAS URUGUAY NEGOCIA CON ESTATAL BOLIVIANA JUNTO A DELEGACIÓN POLÍTICA

El Observador Uruguay (www.elobservador.com.uy)

La aerolínea Alas Uruguay busca un nuevo socio que le permita continuar con las operaciones en el mediano plazo, y junto a una delegación política viajó a La Paz para negociar un acuerdo con la estatal Boliviana de Aviación (BoA).

La delegación estuvo integrada por los directivos de Alas Uruguay, Sabrina Acevedo y Nicolás de los Santos, junto al diputado del MPP Daniel Placeres y el secretario general del Partido Comunista, Eduardo Lorier, según publicó el jueves el semanario Búsqueda a partir de fuentes de gobierno y del sector aeronáutico.

El Observador accedió a fotografías que muestran el momento en el cual la delegación política que acompañó a la empresa llegó al aeropuerto de La Paz junto a los directivos de Alas Uruguay. En ellas también se ve al exviceministro de Economía y Finanzas y asesor cercano del expresidente José Mujica, Pedro Buonomo. Según consigna Búsqueda, el economista estuvo en el mismo vuelo pero "viajó por otros asuntos" y no está vinculado a la delegación.

La empresa autogestionada, que surgió a impulso de los trabajadores de la ex Pluna, enfrenta desde hace algunos meses problemas financieros luego de agotar el crédito otorgado por el Fondo de Desarrollo (Fondes) de US$ 15 millones, que fue clave para su puesta en funcionamiento en enero. Esa situación la empujó a buscar nuevo financiamiento e incluso a interesarse por potenciales asociaciones que hagan viable su actividad.

BoA es una aerolínea que inició sus operaciones en 2009, propiedad del Estado boliviano. Ya el año pasado se había manejado que Alas Uruguay estaba en conversaciones con BoA para la incorporación de destinos en una segunda etapa.

En un breve contacto telefónico realizado ayer con El Observador, De los Santos –presente en las fotografías en el aeropuerto tomadas en la tarde de ayer– negó el viaje a Bolivia y dijo que se encontraba en Paraguay, donde la aerolínea tiene una base de operaciones.

El Observador también intentó en repetidas oportunidades ayer miércoles y hoy jueves contactar a Placeres y Lorier, pero ninguno de los dos contestó su teléfono.

CARAVANA DE INTEGRACIÓN BRASILERA VISITÓ EL PUERTO DE MATARANI EN EL SUR DE PERÚ

Delegación estuvo compuesta por autoridades y empresarios del estado de Matto Groso

Mundo Marítimo de Chile (www.mundomaritimo.cl)

El 27 de abril llegó al Puerto de Matarani, una delegación de empresarios brasileros y autoridades gubernamentales del estado de Matto Groso, Brasil, encabezados por su gobernador, José Pedro Goncalves. Fueron más de 100 personas las que conformaron esta caravana de integración, que viajó hacia Bolivia, Chile y Perú, con el objetivo de buscar soluciones integradas para el desarrollo del comercio, turismo, cultura, logística e infraestructura y buscar la salida de productos del estado brasileño por los puertos del Pacífico hacia el gran mercado asiático.

La caravana llegó al terminal Portuario de Matarani a las 15 horas, donde fueron recibidos por la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, el Alcalde Provincial de Islay, Richard Ale Cruz, la Alcaldesa de Islay Matarani, Regina Lavalle; y por Javier Calderón, gerente de Operaciones de Tisur, administrador del Puerto de Matarani, quien les dio la bienvenida e hizo una explicación sobre las bondades y servicios que ofrece el terminal portuario ubicado como el segundo más importante de Perú, en consideración la su moderna infraestructura y su gran movimiento de carga.

Matarani es un puerto multipropósito que maneja todo tipo de carga como graneles, solidos, graneles líquidos, carga general, carga rodante, contenedores y minerales, y que está en capacidad de atender nuevas y mayores cargas, con potencial para operar hasta cinco veces los volúmenes que hoy atiende.

Por su parte el gobernador de Matto groso, verificó las ventajas que ofrece el terminal portuario de Matarani, como es la capacidad de operación, infraestructura y equipamiento, para que Brasil pueda exportar sus productos, especialmente la soya, hacia el continente asiático, ya que según señaló, Mato Grosso es el primer productor de Soya de su país, cuya producción equivale a más de 27 millones de toneladas. Dicho estado produce además: caña de azúcar, arroz, maíz y ganadería. Además, El 50% del PIB de Matto Groso lo constituye la agroindustria.

Finalizada la visita, la caravana brasileña, junto con los funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa, se dirigió a la mencionada ciudad, donde se enteraron de los proyectos estratégicos de infraestructura que podrían integrar comercialmente la región Arequipa con este estado brasileño, y suscribieron un acuerdo de cooperación para intercambiar tecnología en materia agrícola, promover el turismo en ambos países, realizar intercambios culturales y fortalecer los lazos

CULMINÓ EXPEDICIÓN PARA RECOGER MUESTRAS DE AGUA DEL TITICACA

Los Andes de Perú (www.losandes.com.pe)

A bordo del barco de investigación científica, técnicos del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PELT) culminaron de recoger muestras de los 29 puntos de monitoreo hidroquímico del lago Titicaca a diferentes profundidades de la columna de agua en lado peruano y boliviano.

Con las muestras de agua, sedimentos y la medición de parámetros físicos químicos, se determinará las alteraciones y comportamiento actual en la calidad del agua, donde los resultados se darán a conocer en los próximos meses, según informó la Dirección de Estudios del PELT.

Los parámetros considerados en dicha evaluación están establecidos según el Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM, estándares de calidad ambiental para agua (ECAS), en la categoría 4 de la conservación del medio acuático.

Los parámetros físicos químicos que serán evaluados, son la temperatura, PH, conductividad eléctrica, sólidos disueltos totales, salinidad, oxígeno disuelto, % de saturación de oxígeno, ORP, turbiedad, entre otros.

¿HAY ESTRATEGIA PARA EXPLOTAR EL LITIO?

La Argentina posee la cuarta reserva mundial de litio, estimada en más de 128 millones de toneladas y distribuida en salares en Jujuy, Salta y Catamarca. Tras la quita de retenciones a la minería, ¿se mantendrá la apuesta por sumarle valor agregado?

UNSAM de Argentina (www.unsam.edu.ar)

La Argentina tiene posibilidades de convertirse en el segundo exportador mundial de carbonato de litio, detrás de Chile, y en conjunto con Bolivia. Los tres países conforman el denominado “triángulo del litio”, ya que en esta región se encuentran las mayores reservas del mundo de este mineral que, cuando se lo purifica y transforma en carbonato de litio, se convierte en un insumo esencial para el desarrollo de baterías de ion-litio. Estas baterías son un insumo clave para la industria electrónica en general y, de manera más incipiente, para la automotriz, para la fabricación de vehículos eléctricos.

Durante el gobierno anterior, se impulsaron diversas investigaciones en torno a la extracción y el agregado de valor al carbonato de litio. Por ejemplo, un equipo liderado por el investigador del Conicet Ernesto Calvo, del Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (Inquimae), de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), logró desarrollar una técnica de extracción del mineral, más amigable con el medioambiente, que ha sido patentada y licenciada por Y-TEC, la empresa creada por YPF y el CONICET.

Otro caso es el del grupo liderado por Daniel Barraco, profesor y ex decano de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física (FAMAF), de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), que desde 2011 investiga sobre el desarrollo de celdas para baterías de ion-litio y, desde 2013, trabaja en conjunto con Y-TEC en el desarrollo de materiales para obtener nuevos tipos de celdas para diversos usos. “Ahora seguimos en una relación con Y-TEC, dentro de los nuevos espacios de innovación que han generado, pero antes de que estuvieran ya estábamos trabajando en desarrollos con ellos”, afirma el investigador.

Lo mismo ha ocurrido en la provincia de Jujuy, adonde se abrió un centro de investigación específicamente dedicado a este tema. Allí, la investigadora del CONICET Victoria Flexer dirige un grupo que trabaja en tres líneas de investigación: nuevas técnicas extractivas a partir de salmueras, procesos de electrodos que ayuden a encontrar mejores baterías y síntesis de compuestos de mayor valor agregado y otros compuestos de litio que sirvan a otras industrias, como magnesio, boro, berillo y potasio. “Solo el 20 % del litio que se extrae mundialmente se utiliza para desarrollar baterías y hay un 80 % restante que tiene otros usos, como en la industria de cerámicos, vidrios y grasas en petroquímica”, aclara la especialista.

Ahora que el Gobierno ha eliminado las retenciones a las exportaciones mineras (incluidas las del litio), aparecen interrogantes con respecto a la intención de agregarle valor más allá de la actividad extractiva. Pero, paralelamente, hay algunas señales que muestran una intención de continuar con los desarrollos en torno a la extracción de litio. Es el caso de los Espacios de Innovación promovidos por Y-TEC y la UNC. “En todo momento hubo interés de que hubiera desarrollo de tecnología nacional para la utilización de carbonato de litio”, afirma Barraco y explica que, con su equipo, trabajan en el desarrollo de nuevos materiales para el cátodo y el ánodo, que son los dos polos que tienen las baterías. “El destino posterior será en función de las características del material”, agrega.

Del mismo modo, Flexer afirma que en este momento su grupo está creciendo. “Han entrado becarios que antes no teníamos, hoy somos siete personas en el equipo y tenemos la expectativa de sumar a tres más en los próximos cuatro meses y al menos otros tres antes de fin de año”, detalla la investigadora de Jujuy, adonde el litio ha sido declarado recurso estratégico, aunque admite que “en ciencia y tecnología, en general, seis meses no es nada y en ese plazo no cambian las temáticas de investigación”.

Pero la investigación no es ajena del contexto en el que se desarrolla y la apertura del mercado “puede generar poco empleo, poca transferencia de tecnología y control del recurso por parte de los propios demandantes”, considera el economista Ariel Slipak, que participó en la redacción del libro “Geopolítica del litio: industria, ciencia y energía en Argentina”, y explica que antes “había una lógica diferente y el gobierno anterior consideraba que era muy bueno vender litio porque eso nos permitía generar recursos fiscales que destinaríamos a la industrialización. Es una retórica basada en que la renta extraordinaria de los productos primarios también permitía recursos para políticas sociales. Soy crítico de esa lógica, pero creo que ahora, directamente, la transferencia a la industria o a la política social quedaron anuladas”.

Desde que comenzó a hacerse conocida la importancia del litio y su potencial para el país, muchos han defendido la producción local de baterías, lo que al mismo tiempo comenzó a generar críticas. Entre ellas, por ejemplo, se plantea la necesidad de generar demanda para esos productos o investigar sobre materiales de punta, en caso de que en el futuro este tipo de baterías sean reemplazadas por otras. Asimismo, diversos especialistas coinciden en que hay que ir más allá del desarrollo de las baterías de ion-litio, puesto que el solo hecho de tener carbonato de litio en el país no es condición necesaria para su fabricación. “Japón es uno de los principales productores de baterías y no tiene litio”, ejemplifica Slipak y destaca que “una política de ciencia y tecnología no necesariamente se tiene que hacer sobre este imaginario de que la posesión del recurso nos hace ricos. Es importante tratar de pensar políticas que excedan a la mera explotación del recurso y, en el caso de que se lo quiera explotar, que debe hacerse a través de la consulta previa, libre e informada, y respetando el medio ambiente”.

Baterías y algo más

En su trabajo en el laboratorio, Barraco reconoce que el carbonato de litio que utilizan para investigar materiales debe ser importado, aunque explica que utilizan cantidades muy pequeñas en comparación con la industria y “es difícil que las empresas te vendan si no sos un gran productor”. En el caso de los métodos extractivos ocurre algo similar. Por ejemplo, Flexer aclara que todavía quedan muchos salares sin explotar en la región, y es ahí adónde hay posibilidades de aplicar nuevas técnicas extractivas. Sin embargo, advierte que los salares del país, inclusive aquellos que están sin explotar, están privatizados, y por eso, “por más que yo tenga una nueva técnica, se la tengo que vender a alguien”.

Esta situación se vuelve más compleja si se tiene en cuenta que, actualmente, los conocimientos en cuanto a la técnicas de extracción son manejados por las mismas empresas internacionales que lo explotan, como Orocobre, FMC y Posco. “No hay transferencia tecnológica y los saberes se mantienen en manos de los mismos agentes transnacionales que tienen concesionadas las pertenencias mineras”, advierte Slipak y ejemplifica: “Posco puede extraer litio con una técnica que se conoce poco, que está patentada por la empresa y que además está asociada con otros demandantes de litio, como los fabricantes de microelectrónica. Ellos trajeron la planta de Corea del Sur de a partes y la ensamblaron; ni siquiera se desarrollaron contratistas o empresas de ingeniería locales”.

Por eso, el economista considera que esta actividad no genera lo que se conoce como encadenamientos hacia atrás, es decir, que son pocos los proveedores locales para las empresas mineras. “Si uno controla el conocimiento, es más fácil generar encadenamientos hacia atrás y que los insumos sean provistos con conocimiento nacional, para que se generen empleos de calidad y sostenibles. De lo contrario, ¿qué pasa con las 300 o 400 personas que se habían contratado para ensamblar la planta? Se quedan sin trabajo. Por eso, es un entramado de articulaciones de los científicos, de las políticas económicas y con la necesaria participación de las comunidades involucradas y de la población en general”.

Minería sin retenciones

La necesidad de conseguir inversiones extranjeras ha sido el principal argumento utilizado para eliminar las retenciones a las exportaciones mineras. Pero “esta nueva lógica de que toda inversión y todo endeudamiento es bueno sin cuestionar para qué es, cuál es su lógica y qué se va a hacer creo que va a profundizar este esquema de otorgamiento de concesiones, tras la idea de que toda inversión extranjera directa es buena porque entran divisas y automáticamente generaría más empleo”, cuestiona Slipak y advierte que “la actividad minera, en realidad, genera pocos puestos de trabajo y principalmente durante la construcción de las plantas”.

Al respecto, el especialista se refiere a la compleja situación que se produce en la Argentina debido a la superposición de tres leyes. Una de ellas es la misma Constitución Nacional, en su artículo 124, que establece que los recursos pertenecen a las provincias. La otra es el Código Minero, promulgado en 1887 y reformado en 1997, que incentiva la búsqueda permanente de minas y establece un canon minero. Por último, la Ley de inversiones mineras, sancionada en 1993, que regula la actividad y, entre otras cuestiones, otorga estabilidad fiscal por un período de 30 años a las empresas del sector, permite la deducción de los montos invertidos en prospección, exploración y estudios de factibilidad del impuesto a las ganancias, sumado a otros beneficios impositivos.

Todo esto “dificulta que se avance en la cadena de valor en ciencia y tecnología, sea para adelante o para atrás”, afirma Slipak y destaca que lo importante sería que en la Argentina se discutiera la posibilidad y el modo de lograr que las empresas mineras hicieran algún tipo de transferencia tecnológica. Por el contrario, la quita de retenciones no le parece “determinante para que se lleve adelante o no una inversión, puesto que el impacto en la rentabilidad de las empresas es mínimo”. Al respecto, Barraco coincide en que “el mercado mundial esta ávido de carbonato litio y donde se produce barato es en el Cono Sur. Cualquier emprendimiento minero requiere inversiones de 200 a 300 millones de dólares. Si hubiera habido problema no se hubieran hecho, por lo que está claro que eso no frenaba las inversiones”.

“Para entenderlo en términos de agregado de valor y de historia argentina, lo que se esta haciendo ahora, y a pesar de que hubo esfuerzos por desarrollar la batería, es que si antes se vendía carne procesada, ahora se va a vender la vaca viva, sin envasar, sin nada”, subraya Slipak y se preocupa ante la posibilidad de que las nuevas condiciones en el sector “profundicen lo que antes pasaba por la falta de coordinación entre las políticas científica, económica y con las provinciales. Pero ahora puede transformarse en una idea explícita: la de exportar litio a mansalva, sin valor agregado”.

LA PLATA: DESBARATAN UNA BANDA QUE ROBABA VEHÍCULOS DE ALTA GAMA Y LOS VENDÍA EN BOLIVIA

La organización sustrajo al menos 20 camionetas a las que le adulteró la documentación; la investigación había comenzado a fines del año pasado

La Nación de Argentina (www.lanacion.com.ar)

Tres hombres fueron detenidos acusados de integrar una banda que robaba vehículos de alta gama en la ciudad de La Plata para luego venderlos en Bolivia, informó hoy una fuente judicial.

Se estima que la organización sustrajo al menos 20 camionetas de alta gama marca Toyota y Ford que, con su documentación adulterada, vendió en el país limítrofe.

La investigación se inició a fines del año pasado, tras una seguidilla de robos de camionetas en el centro de la capital provincial, ante lo cual efectivos de la DDI La Plata comenzaron a armar un mapa del delito para determinar patrones comunes, como días y horarios en los que se cometían los hechos.

Los policías rastrearon las antenas telefónicas que se activaron en esos días y horarios y localizaron en cámaras de seguridad los vehículos robados y los trayectos que hicieron.

Según pudieron determinar los investigadores, parte de la banda hacía tareas de inteligencia en La Plata, mediante las cuales identificaba las camionetas que iba a sustraer.

Luego, otros integrantes de la organización se encargaban de anular las alarmas de los vehículos y destrabar los volantes para robarlos.

En las últimas horas, a pedido del fiscal penal de La Plata Marcelo Romero se realizaron 12 allanamientos en las localidades de Quilmes, Temperley y La Plata, donde fueron detenidos tres hombres y se secuestraron 20 teléfonos celulares, documentación de autos y una chapa patente de una de las camionetas robadas.