La
mayor responsabilidad recae sobre la minera estatal Huanuni, que hasta hoy no
finaliza la construcción de un depósito para almacenar sus relaves mineros. A
este escenario se suman las más de 300 mineras ubicadas a lo largo de los ríos
Huanuni y Desaguadero.
El color
plomo de las aguas del río es lo primero que llama la atención al llegar a
Huanuni. Aunque impresiona más ver cómo, sin pausa, sale de la mina estatal del
mismo nombre una especie de barro negro directamente al río, formando una montaña
que una pala mecánica desmonta y carga sobre un camión, una y otra vez.
Ese material,
combinado con el agua, es el que contamina el río
Huanuni, cuyas aguas abastecían la actividad agropecuaria de más de 50
comunidades que pertenecen a cinco municipios de ese departamento. Esto los
llevó a organizarse en 2006 en una coordinadora para exigirles a las
autoridades una solución a un problema que afecta a sus cultivos y a su ganado.
Tras varias
movilizaciones, en 2009, lograron que el gobierno declarara Emergencia
Ambiental en esa cuenca y obligara a la empresa minera más grande de estaño de
Oruro a construir un dique de colas (lugar de depósito de residuos del
procesamiento de minerales) para detener la contaminación. Tenían
hasta el 2011 para hacerlo. Han pasado ocho años y aún no han cumplido. Los comuneros
organizados no han parado de exigir y recién, hace dos semanas, les informaron
que el dique funcionará a partir de agosto de este año.
Mientras
tanto, la migración en las comunidades afectadas no cesa porque sobrevivir en
ellas es cada vez más difícil. Los pobladores denuncian que las tierras de
cultivo más importantes se perdieron, que su ganado ha disminuido y que la
pesca también ha sufrido las consecuencias. Los comunidades siguen esperando
acciones de las autoridades para revertir la situación.
Conviviendo con
la contaminación
En el
departamento de Oruro hay una disputa por el uso del agua para actividades como
la minería, la pesca,
agricultura, ganadería aparte del consumo humano. Pero según Pablo Flores, mallku
(autoridad indígena) de Poopó, los mineros se llevan la mayor parte, “peor con
la nueva Ley Minera (de 2014) que les ha dado más ventajas”.
La minería se
instaló y se mantiene en las cuencas de Oruro como la principal actividad, a
pesar de la contaminación
que producen y que data, según algunos autores, del período de la colonia.
Varios estudios señalan que la cuenca más afectada es la del Poopó —conformada
por las subcuencas Desaguadero, Sora Sora, Huanuni, Poopó, Antequera, Peñas,
Pequereque, Tacagua y Azanaques— donde se ha degradado la calidad de las aguas
superficiales porque están saturadas con residuos mineros que no han logrado
ser asimilados por la naturaleza. En 2008, un estudio de la Universidad
Técnica de Oruro identificó al menos 300 operaciones mineras entre grandes,
medianas, pequeñas además de cooperativas en esa región.
A inicio de
la década del 2000, varias comunidades y organizaciones sociales se
pronunciaron contra la contaminación minera y urbana. Para aunar esfuerzos, en
2006, conformaron la Coordinadora en defensa de la cuenca del río Desaguadero y
los lagos Uru Uru y Poopó (Coridup), que se consolidó en 2007 en un congreso
que agrupó a más de 80 comunidades campesinas de las provincias de Cercado,
Dalence y Poopó del departamento de Oruro, territorios donde se desarrolla una
actividad minera metalúrgica.
Si bien
muchas de estas comunidades son agromineras, en las últimas décadas, la
afectación de la contaminación
a la producción agropecuaria es insostenible, según un reporte de 2013 de la
Liga de Defensa del Medio
Ambiente. “Los años anteriores al 2010, (…) fueron de repunte de la
intensificación de las operaciones mineras y, por tanto, de la contaminación a
gran escala en la cuenca Uru Uru-Poopó, situación empeorada por la baja
aplicabilidad de las normas ambientales y la reticencia del sector minero en general
de implementar medidas de prevención y control”, señala el investigador Marco
Octavio Rivero en ese reporte.
Por eso la
meta principal de la Coridup es defenderse y frenar la contaminación ambiental
que afecta a las comunidades, que impacta sus condiciones de vida y sus
posibilidades futuras de desarrollo socioeconómico, básicamente, por la
progresiva degradación del entorno natural que habitan.
Con el apoyo
de la ONG Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA) y tras una serie de
acciones y denuncias, en 2009, la Coridup logró que se declarara una Emergencia
Ambiental, que fue decretada como una: “Situación de Emergencia de carácter
Departamental, debido a la inminente afectación a la salud humana y la
seguridad alimentaria ocasionadas por la prolongada presencia de contaminación y
salinización de los suelos del área de influencia de la Sub-Cuenca Huanuni del
Departamento de Oruro”.
En ese
decreto el gobierno reconoce la gravedad de la situación y ordena a la
Gobernación de Oruro (por entonces Prefectura) y a los municipios afectados a
ejecutar planes y proyectos para detener la contaminación, además de trabajar
en la mitigación y la remediación ambiental en la subcuenca Huanuni y el río
San Juan de Sora Sora, principalmente.
Pero en el
2013 el problema persistía. Por eso, tras varias movilizaciones de protesta de
la Coridup, se realizó una reunión de evaluación entre comuneros
y autoridades de gobierno. En esta se reconoció que la empresa Huanuni aún no
había construido el dique de colas previsto para el 2011. También se estableció
que la minera estatal no cumplió con abastecer de agua potable a las 42
comunidades que necesitaban el recurso para sus campos de cultivo. Solo cuatro
fueron atendidas. Poco cambió el panorama desde entonces, le dice a Mongabay
Latam, Ángel Flores, presidente de la Coridup.
“En 2006, nosotros
teníamos mucha esperanza con este gobierno, de que nos apoyaría, pero no. Más
se ha ido al extractivismo, ha ampliado la minería”, lamenta Flores,
quien no ve un panorama alentador para las nuevas generaciones de las
comunidades afectadas.
“Ahora ya no
se puede tomar esa agua, por eso muchos han migrado. Antes en una comunidad
vivían unos 150 comunarios, ahora solo hay apenas 20 a 30 personas, como no hay
agua ya no se puede vivir allí, el terreno ya no sirve para cultivar”, describe
el presidente de la Coridup.
Al margen de
la ley ambiental
Ninguna
autoridad tiene la voluntad de hacer que la minera Huanuni cumpla con la ley,
lamenta Ángel Flores. “Las autoridades están conscientes del delito ambiental
que está cometiendo la empresa minera Huanuni. Las aguas que bajan desde Santa
Elena hasta el lago Poopó son totalmente plomas, no se puede ocultar que tiene
una gran cantidad de material suspendido. A las autoridades no les
importa el tema ambiental, solo les interesa cuánto dinero reporta la mina al
Tesoro General del Estado”, manifiesta a Mongabay Latam Jaime Caichoca,
miembro del directorio de la Coridup.
Recuerda que
el vicepresidente Álvaro García siempre repite que se trata de una empresa
social, “solo piensan en los trabajadores mineros pero no en los trabajadores
agropecuarios que están saliendo de sus comunidades para buscar otras fuentes
de trabajo”, reprochó.
En 2009, tras
declarar la emergencia ambiental en la cuenca Huanuni, se estableció entre
otros puntos que la minera estatal debía construir un dique de colas. Ya
sabemos que esto no se ha cumplido hasta ahora. Y el gerente general de la mina
Huanuni, Wiston Medrano, se defiende diciendo que se tardaron por los problemas
que tuvieron con los comuneros, “si no hubiéramos sufrido ese retraso ya
estaría listo”.
Según el
contrato firmado con la empresa constructora, el dique debía estar listo en
noviembre de 2016, pero los comuneros
de Villa Kollo, lugar donde se construye, impidieron la continuidad de la obra
por al menos cuatro meses. Tras una negociación, en la cual la empresa se
comprometió principalmente a construir un camino hacia la zona, se retomaron
los trabajos que debían finalizar este mes de marzo. Ahora, el nuevo plazo de
entrega se ha fijado para fines de julio. Se espera que en agosto comience a
operar el dique que tendrá una vida útil de 20 años.
“Cuando entre
en operación todas las colas que genera la mina se llevarán a través de un
ducto hasta el dique. Ya nada será depositado en el río”, afirma Medrano.
Para entonces, la minera cerrará el ingenio Santa Elena que actualmente
produce 1000 toneladas de estaño por día y comenzará a operar el ingenio Lucianita
que alcanzará las 3000 toneladas al día. “Ahí se termina la contaminación.
Empezaremos a trabajar en la remediación. Son años de años que no se hizo
nada”, dijo Medrano. Se estima que la mina opera desde 1909 o antes.
El río
Huanuni lleva años arrastrando los desechos mineros de la operación del ingenio
Santa Elena (donde se separa la tierra del mineral utilizando agua), así como
el agua ácida también llamada copajira. “Actualmente, las colas arenas, las
colas lamas y colas sulfuro van directamente al lecho del río. Eso se
suspenderá porque se bombeará directamente hasta el dique en Villa Kollo. Se
evacuan aguas de ácido de mina al río.
Eso queremos controlar, para eso vamos a construir una planta de tratamiento
de aguas ácidas”, aseguró a Mongabay Latam Juan Carlos Sánchez, jefe de Medio Ambiente de la
empresa Huanuni.
El líquido es
negro y cae constantemente desde lo alto del cerro. Circula por tubos plásticos
dentro la mina para luego despeñar en tres piscinas sin que cambie de color al
ingresar al afluente.
El líquido se
torna plomo oscuro en el río y luego viaja por el cauce a lo largo de la ciudad
de Huanuni. A medio kilómetro, más o menos, se canaliza hacia unos pozos donde
los “relaveros” (dependientes de la estatal minera) extraen el
estaño. Luego echan el agua nuevamente al río, sin ningún tratamiento.
El analista
en temas mineros de la Fundación Jubileo, Héctor Córdova, explica a Mongabay
Latam que en realidad la minería
no consume gran cantidad de agua, la usa y la devuelve contaminada al río. “Muy
pocas veces se puede devolver limpia. Cuando se usan reactivos químicos es la
responsabilidad del minero procesar el agua para devolverla al ciclo natural.
Pero a veces no se hace eso”, dijo.
“Tenemos un
plan de medidas correctivas para suspender el trabajo de los relaveros que
están más abajo. Se les reubicará para empezar el proceso de remediación”,
explicó Juan Carlos Sánchez.
Toda esta
operación minera se realiza en medio de la ciudad, es decir, por donde
transitan los habitantes realizando sus actividades diarias, acostumbrados, por
cierto, a convivir con el polvo y las aguas contaminadas. Prácticamente, todas
las familias tienen al menos a uno de sus miembros trabajando en la mina.
Kilómetros de
contaminación
Ya fuera de
la ciudad, el río se ensancha y arrastra también basura doméstica. “Eran
tierras de cultivos”, dijo Flores, “pero ahora ya no sirven, se quemaron”.
Aunque metros más abajo se ven cultivos de papa y haba. “Se riega con agua que
se extrae de pozos”, explicó.
A unos 25
kilómetros está la población de Machacamarca, donde la mina Huanuni tiene un
ingenio que procesa 200 toneladas de estaño por día. No cuenta con dique de
colas ni planta de tratamiento de aguas, todo va al río, describe Ángel Flores.
Esta
operación también será cerrada cuando esté funcionando el ingenio Lucianita, se
adelanta a asegurar el Jefe de Medio Ambiente de la estatal Huanuni.
En esa parte
del río Huanuni se instalaron también cooperativistas mineros que rescatan el
mineral que es desechado por el ingenio de Machacamarca.
Según un
estudio de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), las poblaciones de
Pacopampa y Sora Sora (ubicadas entre Huanuni y Machacamarca) usan las aguas de
ese río para el riego de sus cultivos —alfalfa, cebada, haba, entre otros— y
para su ganado (vacuno, ovino y camélido).
En 2012,
las ONG Caminar y CEEDI publicaron la investigación Síntesis del
Diagnóstico Ambiental de la cuenca del Poopó en la cual revelan que el área de
mayor impacto en la cuenca Poopó es la parte Noreste, cuyos ríos
están expuestos a altos niveles de contaminación por los
metales pesados, el arsénico y las aguas ácidas que son vertidos en ellos. “Un
total de 19 ríos son reportados con contaminantes mineros por encima de los
límites permisibles, en especial el conjunto cadmio-plomo-arsénico. También
reportaron más de 17 millones de toneladas de desechos mineros (colas,
desmontes, relaves), en las zonas de Oruro-urbano, subcuenca San Fe,
subcuenca Huanuni-Sora Sora, subcuenca Caravi-Desaguadero y subcuenca
Antequera”, según Lidema.
En el
municipio de El Choro, el panorama también es desolador. La comunidad de Santo
Tomás está afectada por la extracción a cielo abierto que realizó por
años (hasta 2015) la mina Inti Raymi, utilizando gran cantidad de cianuro
y también grandes cantidades de agua, cuenta Jaime Caichoca, oriundo del lugar.
Las aves lacustres han muerto
en el sector, entre las afectadas están los patos y las parihuanas (flamenco
andino).
“Las
comunidades que vivimos aguas abajo hemos pedido que todas las mineras cuenten
con medidas de prevención. Todavía no hemos pedido que los suelos sean
recuperados. Si cumplieran con las medidas de prevención, el 90 % de la contaminación
estaría mitigado”, resalta Caichoca.
En otra
comunidad del municipio El Choro, donde vive Ángel Flores, han dejado de
producir hortalizas y forrajes. Es un municipio ganadero y cada vez les cuesta
más alimentar a sus animales. “Teníamos totorales en el río desaguadero, más
arriba hortalizas. El río se ha ensanchado y contaminado, y ya no
sirve para cultivar. Por eso muchos comunarios se fueron a otros países”,
cuenta.
La exigencia
también es que draguen los ríos y principalmente el lago Poopó. El mallku Pablo
Flores dice que ese lago ahora solo tiene tres metros de profundidad, antes
tenía 10. “El pueblo Uru está pidiendo que se limpie el lago. Y estamos
preocupados porque poco avance hay con el decreto. Las autoridades no están
moviendo las leyes que nos pueden proteger. Apenas estamos sobreviviendo en
este momento”, dijo.
La autoridad
indígena cuenta que los totorales de su comunidad han disminuido y lo que queda
está contaminado, y que prácticamente su actividad pesquera se ha paralizado
porque ya no hay pejerrey ni ningún otro pez como solía haber hace cinco años
atrás. “El 31 de enero hemos recorrido el lago y no hay agua, no hay peces ni
parihuanas”, lamenta.
Las
cooperativas contribuyen a la contaminación
Un estudio,
realizado en 2008 por la UTO, estableció que existen al menos 300 operaciones
mineras entre Huanuni y el lago Poopó. Mongabay Latam busco información en la
Gobernación de Oruro y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM)
sobre cuántas operaciones tienen autorización en la región. A la fecha, no
recibió respuesta de ninguna de las reparticiones estatales.
En 2010, la
entonces Prefectura realizó un recorrido por los municipios de Pazña, Poopó,
Huanuni, Santa Fe, Uru Uru y Desaguadero donde encontraron operando a 25 empresas
y cooperativas mineras, de las cuales 16 no contaban con licencia ambiental.
La
viceministra de Medio Ambiente, Cinthia Silva, dijo a Mongabay Latam que con la
Ley Minera de 2014 toda operación minera debe contar con un contrato que además
le exige poseer licencia ambiental, por tanto las empresas y cooperativas que
cuentan con la misma están cumpliendo la norma. “No es que desde el ámbito
ambiental seamos permisivos y miremos a otro lado”, afirmó Silva y adelantó que
el gobierno está trabajando en una solución estructural contra las operaciones
ilegales.
En minas que
antes eran trabajadas por la Corporación Minera de Bolivia como Morococala y
Santa Fe, en Machacamarca, ahora operan los cooperativistas. “Hay algunos
legales, otros no. Ahora que son un gran número y están en el poder hacen lo
que quieren. La Ley Minera también les ha favorecido. A pesar que hemos hecho
observaciones grandes, no nos hicieron caso, igual no más han aprobado”,
reclama el presidente de la Coridup.
La
remediación: ¿una utopía?
El decreto
establece también que las operadoras mineras deben hacerse cargo de los
residuos tóxicos que producen. Aunque los pobladores afectados ven con
escepticismo que vaya a efectuarse una remediación, principalmente por la
actitud de las autoridades que no hacen cumplir la ley y por los mineros que se
resisten a obedecer al Estado.
“En el Choro
nos dedicamos a la ganadería y hemos perdido nuestros terrenos para cultivos,
se han quemado con la contaminación, quién nos va a responder por eso, cómo se
van a recuperar esas tierras. Ni los proyectos de dotación de agua para riego
se han ejecutado. Todo esto nos desalienta. No hay voluntad para resolver de
parte del gobierno”, señala Ángel Flores.
Los afectados
saben que se necesita alta inversión de dinero para recuperar las tierras
quemadas por la contaminación. Caichoca considera que tiene un alto costo la
remediación y que “ni con todo el dinero que han ganado con la explotación de
minerales podrán hacerla”. La misma minera Huanuni dice que tendrá un
proceso largo la implementación de un plan de remediación. El mismo se
haría durante los 20 años de vida útil del dique de colas que empezará a
funcionar en agosto.
Mientras
tanto, los comuneros ven incierto el futuro de sus hijos porque en sus
comunidades cada vez hay menos oportunidades para trabajar en la agricultura y
la ganadería. Además porque tampoco se desarrollaron actividades productivas
alternativas, como se había solicitado a los ministerios involucrados en la
declaración de la emergencia ambiental, señaló Ángel Flores. Por como van las
cosas, la seguridad alimentaria está comprometida para las más de 500 familias
afectadas que en los últimos años se han visto obligadas a migrar a otras
comunidades. Revista Mongay de
Indonesia (www.es.mongabay.com)
MUSEO
DE EVO MORALES, LA HISTORIA “NO OFICIAL” DE BOLIVIA
La
Tribuna de Honduras (www.latribuna.hn)
El nuevo
museo boliviano se ha convertido en un eje de la polémica entre Gobierno y
oposición, pero quiere proyectarse como un nuevo destino turístico en la zona
andina.
El denominado
Museo de la Revolución Democrática y Cultural está ubicado en Orinoca, el
pueblo natal de Morales, con poco más de seiscientos habitantes y a unas seis
horas de distancia de La Paz por carretera y tres de Oruro, la ciudad más
cercana.
El cineasta
Juan Carlos Valdivia y su productora CineNómada estuvieron a cargo de diseño de
las exhibiciones en el nuevo centro cultural. En declaraciones a Efe,
Valdivia explicó que hay “una puesta en valor de las luchas del pueblo de
Bolivia” que cuenta “la historia no oficial”, una que comienza en la región
andina.
“Es por ello
que el personaje Morales es central. Es el primer indígena que llega al poder,
no solo que llega al poder sino que llega con tanta fuerza”, dijo en referencia
a su primera victoria electoral en Bolivia en 2005, con el 53,72 % de los
votos.
La
instalación, construida gracias a una inversión pública de 7,1 millones de
dólares, es el museo más grande de Bolivia, levantado sobre una superficie de
10.814 metros cuadrados y cuenta con tres módulos con la forma de otros tantos
animales sagrados de la cultura andina: el puma, la llama y el quirquincho o
armadillo.
Las
autoridades bolivianas buscan ahora consolidar el legado político de Morales,
durante los once años que lleva en el Gobierno, a través del museo e integrarlo
en un circuito turístico para esa región.
DIVIDIDO EN
TRES BLOQUES
Valdivia se
encargó de diseñar la puesta en sala del centro cultural durante cuatro meses a
finales de 2015, un empeño en el que se llegaron a emplear más de cien personas
simultáneamente. Dos de los tres bloques estaban listos entonces, pero el
Gobierno espero a tenerlo completo para inaugurarlo en febrero de este año.
El primero de
los bloques -el puma- recoge la historia de los pueblos indígenas y sus luchas
contra la colonia española y el periodo republicano anterior a la llegada de
Morales al poder.
El segundo,
el bloque central y más grande -que representa a la llama-, busca poner en
valor las costumbre del don y la reciprocidad, elementos centrales de las
culturas andinas. Y lo hace precisamente mediante la exposición de los regalos
que ha recibido el presidente a lo largo de sus once años de mandato.
Se calcula
que el líder indígena ha recibido alrededor de 16.000 regalos, muchos aún sin
catalogar. Su exposición organizada permite un recorrido por las culturas de
las diferentes regiones bolivianas a través de sus tejidos, sus bailes, cantos,
gastronomía y todo tipo de tradiciones.
En el bloque
de la llama se pueden ver desde ponchos y otros atuendos tradicionales, hasta
camisetas de fútbol y obsequios que otros presidentes le han hecho a Morales.
El tercer
bloque – que simboliza a un armadillo propio de la región andina- incorpora un
auditorio y sala de cine, elementos interactivos y multimedia y aspira a ser un
centro de documentación digital sobre los pueblos indígenas y las reformas que
Morales ha implementado en Bolivia desde el 2006.
“Lo que es
interesante es que nosotros no sabemos dónde han ido a parar los regalos de
otros presidentes de Bolivia, los de Evo él los guardó y los llevó al museo”,
apuntó Valdivia.
PROMOCIONANDO
ORINOCA
La
inauguración el 2 de febrero de 2017 suscitó duras críticas de la oposición,
que acusó al presidente boliviano de promover el culto a su propia personalidad
y cuestionó la utilidad de una obra de tal envergadura en un lugar poco
accesible y casi deshabitado.
A pesar de
estas circunstancias, el plan del Gobierno es promover Orinoca como un destino
integrado en un circuito turístico más amplio que incluiría el emblemático
Salar de Uyuni, el desierto de sal más grande del mundo, o las ciudades de
Potosí y Oruro.
La empresa
estatal de turismo Boltur ya ofrece paquetes con costos que van desde 120
dólares hasta 200, en función de si el itinerario es de dos días y una noche o
tres días y dos noches, y si del turista es boliviano o extranjero.
La intención
de la empresa estatal es, según explicó su jefe de Planificación, Miguel
González, “integrar este destino en otros paquetes más amplios y sobre todo
vincularlo con el destino turístico más concurrido de Bolivia: el salar de
Uyuni”.
Por
ello, tanto los paquetes de dos como de tres días acaban en este lugar,
aunque también abarcan otros destinos menos turísticos, como una visita a la
comunidad de Pampa Aullagas, donde el cartógrafo británico Jim Allen cree que
estuvo la civilización perdida de la Atlántida, y a Salinas de Garci Mendoza,
un pueblo productor de quinua.
De hecho, es
en este último lugar donde se podrá pasar la noche, porque aún no se ha
estructurado una oferta con pernocte en Orinoca, ya que este pueblo no cuenta
con la posibilidad de un hospedaje grande de turistas.
Las
posibilidades turísticas del museo generan más dudas entre los operadores
privados, que encuentran pocos atractivos en Orinoca más allá del museo y hacen
notar la lejanía del lugar de las ciudades más grandes de Bolivia.
La presidenta
de la Cámara Nacional de Operadores de Turismo (Canotur), Paula Arias, señaló a
Efe que, si bien la carretera de Oruro hasta Orinoca es asfaltada y de buena
calidad, desde ahí hasta Uyuni, donde podrían terminar los tours, el camino es
de tierra.
“Me ha
impresionado particularmente la infraestructura que tiene como para hacer
reuniones o eventos organizados ahí mismo”, reconoció Arias sobre el museo, que
elogió por ser “muy interactivo”, aunque también señaló que falta información
sobre algunos de los objetos expuestos.
DEPENDERÁ DE
LA EFICIENCIA CON LA QUE EL ESTADO MANEJE
También
lamentó que casi no existen opciones de alojamiento en Orinoca y las
posibilidades de turismo comunitario en los alrededores están por
desarrollarse.
Por estas
razones, desde Canotur plantean ofertar recorridos de un día, sin alojamiento,
que saldrían de Oruro y podrían terminar en la misma ciudad o en el salar de
Uyuni. Esa es una posibilidad que ya oferta Boltur a un precio bastante más
bajo que las opciones de varios días y que estaría entre los 20 o 30 dólares.
Arias, como
González, coinciden en que para la proyección turística de Orinoca es clave
integrarlo en el entorno como parte de un recorrido por el salar de Uyuni, la
ciudad de Potosí o las minas de Oruro.
Independientemente
de la polémica y las carencias de infraestructuras, sólo el tiempo dirá si el
proyecto de Museo de la Revolución Democrática y Cultural se consolida o se
queda en una obra sin proyección.
Al respecto,
Valdivia opinó que la vida del museo “va a depender de la eficiencia con la que
el Estado lo maneje”, pero si se trabaja con perseverancia será “una
herramienta importante para contar la historia” del país.
No obstante,
también existe el riesgo que, dada la asociación del museo al proyecto político
de Morales y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), el proyecto se
abandone si un Gobierno de otro signo político llega al poder.
“Una de las
desgracias de mi país es que siempre borramos lo que hizo el otro”, reflexionó
le cineasta, que denominó esa costumbre como “guerra de imaginarios”.
Valdivia
considera que la polarización política del país afecta al juicio del museo, una
circunstancia que ha ocasionado muchas críticas y polémica, mucho más relacionada
con el signo político de cada uno, que con el conocimiento del centro cultural.
“Una
institución como un museo debería durar mucho tiempo”, dijo. Sin embargo,
agregó que “todo va a depender de las alianzas que haga, de cómo ese museo se
relacione con otros y cree una comunidad de visitantes”.
ANÁLISIS. BOLIVIA, ANTE RETO DE EXPLICAR EL AUMENTO DE
COCALES
La Vanguardia de España (www.lavanguardia.com)
La
decisión del presidente de Bolivia, Evo Morales, de aumentar el límite legal de
los arbustos de coca pone al país en una vía con desafíos ante la comunidad
internacional, en particular Estados Unidos y la Unión Europea, para justificar
una medida que la oposición considera beneficiosa para el narcotráfico.
El
mandatario cumplió hoy con uno de los objetivos políticos que tenía desde que
llegó al poder en 2006, consolidar una nueva política sobre la hoja de coca,
que reivindique para siempre los cultivos en estado natural y los diferencie de
la cocaína.
Formado
como líder entre los cocaleros de la zona del Chapare, un puesto que nunca dejó
siendo mandatario, Morales firmó la ley que aumenta los cultivos de hojas de
coca de 12.000 a 22.000 hectáreas, enterrando una ley antidroga vigente durante
29 años.
El
gobernante aprobó la norma reivindicando que ahora "la hoja de coca se ha
impuesto frente al imperio norteamericano" y le ha ganado una "dura
batalla" porque, en su opinión, EEUU quiso eliminar por completo los
cocales pese a que la masticación o el "acullicu" es una práctica
ancestral entre los indígenas.
La nueva
norma permite cultivar 14.300 hectáreas de coca en la zona de Los Yungas
(oeste) y 7.700 hectáreas en el Chapare.
Hasta
ahora, la legislación permitía solo cultivos de coca en Los Yungas, que son los
destinados al consumo tradicional y legal, mientras que sobre una gran parte de
las plantaciones del Chapare siempre hubo la sospecha de que eran desviadas al
narcotráfico.
Esa
presunción tiene como base el dato de la Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito (UNODC) de que el mercado legal de La Paz capta un 93 % de
la producción de los Yungas y el de Sacaba (centro) solo el 7 % de lo producido
en el Chapare.
Aunque
actualmente no se sabe cuántos cocales hay en Bolivia, Naciones Unidas
certificó que en 2015 había 20.200 hectáreas, mientras que un reciente informe
de Estados Unidos elevó la superficie a 36.500 hectáreas.
Ya sea
tomando en cuenta los datos de la ONU o de Estados Unidos, Bolivia es el tercer
productor mundial de hoja de coca y de cocaína, después de las otras naciones
andinas, Colombia y Perú.
Estados
Unidos acusa a Bolivia de haber fracasado de "manera demostrable" en
la lucha antidroga, algo que ha rechazado el presidente Morales replicando que
"el único fracaso demostrable" es la lucha estadounidense contra el
narcotráfico.
Ambos
países no tienen relación a nivel de embajadores desde 2008 y su reanudación
parece menos probable con la administración del presidente Donald Trump, a
quien Morales crítica constantemente.
El
Gobierno boliviano también tiene por delante la tarea nada fácil de justificar
las razones del incremento de cocales ante la Unión Europea (UE), ya que un
estudio financiado por ese bloque estableció que sólo se requieren 14.705
hectáreas para el consumo legal de la planta.
Se trata
de un estudio realizado por estadísticos del Ejecutivo tras una larga exigencia
de parte de la UE pero que nunca fue aceptado plenamente por el Gobierno, ni
por los cocaleros, porque su reconocimiento planteaba una reducción drástica de
los cocales.
Hace unos
días, tras la aprobación de la norma en el Congreso, una fuente de la UE dijo a
Efe que había preocupación por la norma ya que varios ministros se
comprometieron en una visita a Bruselas a que la superficie de cocales no
aumentaría más de 20.000 hectáreas.
Según el
Gobierno, se necesitan 18.000 hectáreas para satisfacer la costumbre del
"acullicu" y otras 4.000 pueden ser exportadas de forma directa o
como derivados industriales para naciones como Argentina, donde hay una gran
comunidad de bolivianos.
Sin
embargo, hasta ahora ningún plan de industrialización de la planta para
producir energéticos, harinas, cremas y medicamentos ha sido exitoso, salvo los
mates para combatir el mal de la altitud.
Pero,
además, cualquier plan de exportación choca ahora con la vigencia de la
convención antidroga de Naciones Unidas de 1961, que veta esa comercialización
al mantener la coca en su lista de estupefacientes por contener alcaloides que
son base de la cocaína.
La ONU
accedió en 2013 a reconocer el "acullicu" en territorio boliviano
aceptando el retorno del país a la citada convención, pero Morales siempre ha
expresado su objetivo de hacer una nueva campaña para lograr que la planta sea
despenalizada en el mundo.
EVO MORALES DESAFÍA Y DA PASO A MÁS CULTIVOS DE COCA EN
BOLIVIA
Pese a críticas, el presidente boliviano promulgó una ley
que amplía las hectáreas para este fin.
El Tiempo de Colombia (www.eltiempo.com)
Una
polémica norma que amplía la superficie de cultivo legal de coca en Bolivia fue
promulgada este miércoles por el presidente Evo Morales,
quien busca reelegirse por un cuarto mandato, alentando temores de que una
sobreproducción alimente al narcotráfico.
El
gobernante boliviano, líder vigente de seis sindicatos cocaleros del Chapare
(centro), desestimó esas críticas y anunció en un acto público que con la promulgación de la nueva ley, su
gobierno quiere “garantizar coca de por vida”, un cultivo ancestral y místico
de la población andina.
“Es el
momento de enterrar la Ley 1008 (vigente desde 1988 e impulsada por Estados
Unidos), que buscaba cero coca en Bolivia”, manifestó Morales en su primera
aparición pública tras volver de Cuba, donde fue sometido a una evaluación
médica. A la ceremonia de promulgación no asistieron cocaleros del sector los
Yungas, descontentos porque consideran que la ley privilegia al Chapare, cuya
coca, dicen, no sirve para el consumo tradicional.
La nueva
norma fue aprobada por el Congreso, de mayoría oficialista, el 24 de febrero,
tras duras exigencias de los aliados cocaleros del presidente.
Reconoce un total de 22.000 hectáreas de coca, contra las 12.000 que regían
desde 1988. Así, Bolivia tendrá 14.300 hectáreas de coca en la
región de los valles subandinos de los Yungas, donde se siembra desde tiempos
precolombinos, y 7.700 en la región de Chapare, centro del país.
Morales
llegó al poder en 2006 con un discurso indigenista, nacionalista y
antiestadounidense y revalidó el cargo en dos gestiones consecutivas (2010-1015
y 2015-2020), y ahora aspira a una reforma legal que lo habilite para un cuarto
mandato (2020-2025), pues la actual Constitución lo prohíbe.
Entre
coca legal y excedente, Bolivia tiene actualmente 20.200 hectáreas cultivadas,
y la nueva frontera legal de cultivos casi coincide con los cultivos
existentes. Un estudio del gobierno del 2013, financiado por la Unión Europea,
señala que la demanda legal de la coca, para infusión, mascado y rituales
religiosos, se satisface con el cultivo de 14.700 hectáreas.
Bolivia es el tercer mayor productor mundial de coca
después de Colombia y Perú, países que
luchan por disminuir sus cultivos.
Para la
oposición, la nueva norma tendría serios efectos colaterales. El expresidente
boliviano Jorge Quiroga está convencido de que esta ley “va a traer vergüenza
internacional y hará un daño enorme” a la imagen del país, a los ciudadanos,
por el estigma y el narcotráfico que va a generar y la criminalidad que va a
crear en Bolivia.
Según
dijo, “los informes de instituciones como la Unión Europea o de la ONU indican
que el 90 por ciento de la coca del
Chapare va al narcotráfico”.
Un
dirigente de los cocaleros de los Yungas, Franklin Gutiérrez, también sostiene
que la producción de esa región “no se destina al mercado tradicional”, legal.
“No somos de la cultura de la cocaína”, se defendió Morales.
De
acuerdo con los planes oficiales, unas 7.000 hectáreas serán industrializadas
en té, medicamentos y licores, para la exportación a Ecuador y Venezuela, en
volúmenes que no precisó, además de que está en curso una gestión con Paraguay.
La exportación de la planta como tal está prohibida por la Convención de Viena
de 1960. El presidente Morales ha
insistido en que debe despenalizarse mundialmente el uso de la hoja de coca,
sobre todo el ‘acullico’ o mascado ancestral de los campesinos para no padecer
hambre ni fatiga durante sus labores en las alturas.
La
flamante ley será presentada por el gobierno boliviano la siguiente semana,
ante el 61.º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de la ONU,
en Viena, según anuncio oficial.
Según la
diputada opositora y politóloga Jimena Costa, la nueva norma “acarreará
dificultades internacionales”, ya que “estaría poniendo a disposición del
narcotráfico más de 11.000 toneladas métricas anuales de hoja de coca”, que
resultan del rendimiento de la ampliación de la frontera de cultivo.
El zar
boliviano antidroga, Felipe Cáceres, explica que la nueva meta de 22.000 hectáreas es “para que el Estado nacional tenga
control sobre ellas mismas y lleve adelante nuestra política de lucha
contra las drogas en todo el territorio nacional, evitando excedentes que
alimenten el narcotráfico”.
Morales
cree que las críticas obedecen a que la derecha busca “enfrentar” a sus
aliados. “¿Qué moral tiene la derecha para criticar cuando en sus gobiernos
había 37.000 hectáreas de coca?”, protestó.
BOLIVIA CASI DUPLICA EL ÁREA PERMITIDA PARA LA PLANTACIÓN
LEGAL DE LA HOJA DE COCA
Revista Time de EEUU (www.time.com)
El
cultivo legal de plantas de coca en Bolivia se dará un impulso, ya que el
presidente del país, Evo Morales, firma un proyecto de ley que amplía
ampliamente el área donde se permite que la coca se cultive legalmente.
En virtud de la muy controvertida ley, hasta 22.000 hectáreas de tierra en el país se pondrán a disposición de los cocaleros legítimos, informa la BBC - casi el doble de las 12.000 hectáreas permitidas en las leyes anteriores.
Los legisladores de la oposición están argumentando en contra de la ley, diciendo que la expansión de la tierra para el cultivo de coca impulsaría el comercio ilícito de drogas. Según la BBC, también dicen que la ley, violando los tratados internacionales, sería inconstitucional.
En virtud de la muy controvertida ley, hasta 22.000 hectáreas de tierra en el país se pondrán a disposición de los cocaleros legítimos, informa la BBC - casi el doble de las 12.000 hectáreas permitidas en las leyes anteriores.
Los legisladores de la oposición están argumentando en contra de la ley, diciendo que la expansión de la tierra para el cultivo de coca impulsaría el comercio ilícito de drogas. Según la BBC, también dicen que la ley, violando los tratados internacionales, sería inconstitucional.
Si bien
la planta se conoce principalmente fuera de América del Sur como un ingrediente
de la cocaína, se ha utilizado tradicionalmente en la región de los Andes, ya
sea para hacer té que alivia el mal de altura, o para ser masticado para la
estimulación suave, Sed y dolor. En 2015, el Papa Francis probó una bebida
hecha en parte con hojas de coca durante su viaje al país.
Un ex
agricultor de coca, Morales es partidario de la legalización de la hoja de coca
que mastica en todo el mundo. Ha instado a la ONU a declarar la práctica legal
- una convención de 1961 sobre estupefacientes ha prohibido la plaga - y lidera
una unión regional de productores de coca, según la BBC.
BOLIVIA PRESENTA OBSERVATORIO DE PARIDAD PARA
VERIFICAR DERECHOS DE MUJERES
Terra de España (www.noticias.terra.es)
La
presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Katia Uriona, presentó
hoy el Observatorio de Paridad Democrática, un instrumento que sirve para
verificar el ejercicio y respeto de los derechos políticos de las mujeres.
El
observatorio, que cuenta con el impulso de la cooperación española en Bolivia,
contiene información sobre la participación de las mujeres en la política y los
derechos políticos.
"El
observatorio se plantea como una iniciativa estratégica que ha definido el
Órgano Electoral para acompañar y jugar un rol en la profundización democrática
en nuestro país reconociendo a las mujeres como actores políticas",
expresó Uriona en un acto.
El
coordinador general de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (Aecid), Francisco Sancho, resaltó el esfuerzo de las instituciones
para que se cree este observatorio con el propósito de contar con datos sobre
paridad.
"Es muy
importante que la cultura democrática aparezca, se forme y que exista una
observatorio externo que nos permita obtener datos importantes y confiables
para saber cómo está la salud democrática", sostuvo Sancho en la
presentación del portal.
El objetivo
del observatorio es promover, generar y difundir conocimiento en relación al
sistema político, la aplicación de paridad y los derechos políticos.
Una de las áreas
con las que se trabajará será la difusión de información sobre el acoso y
violencia política en razón de género, su visibilización y el tratamiento
institucional y jurídico.
En 2009,
Bolivia se constituyó en el primer país en América Latina en alcanzar la
paridad en la representación política de nivel nacional que también ocupó este
puesto en las elecciones generales en 2014, según destacó el órgano electoral.
En 2014, la
representación de las mujeres en la Asamblea Plurinacional de Bolivia alcanzó a
más del 50 % en la cámara de diputados y 47 % en la cámara de senadores.
Bolivia
ocupa el segundo lugar, después de Ruanda, en la participación parlamentaria
femenina en el mundo.
BOLIVIA BUSCA NUEVOS COMPRADORES DE GAS NATURAL YA QUE
PETROBRAS APUNTA A REDUCIR IMPORTACIONES
Marco Trade News de Argentina (www.marcotradenews.com)
Bolivia
busca nuevos compradores para su gas natural después que la firma brasileña
controlada por el Estado Petrobras señaló que planea reducir las importaciones
desde el país vecino, dijo el miércoles la estatal boliviana YPFB Chaco.
Un
contrato actual entre YPFB Chaco y Petrobras involucra 30 millones de metros
cúbicos por día de gas bajo el mecanismo de compra garantizada, lo que
convierte a Brasil en el mayor comprador de gas boliviano. Expira en 2019.
Pero como
la producción propia de Petrobras se incrementa, la compañía notificó a YPFB
que no renovará el contrato bajo los mismo términos, obligando a la firma
boliviana a buscar nuevos compradores en Brasil.
"El
contrato con Brasil nos preocupa. Actualmente negociamos con Petrobras los
términos de un nuevo contrato o una adenda al contrato existente", dijo
Oscar Claros, gerente general de YPFB Chaco, al margen de la conferencia
CERAWeek en Houston.
Los
precios para Petrobras después del 2019 no han sido acordados, aunque
"muchos potenciales compradores" también en Brasil están involucrados
en las conversaciones, agregó Claros.
"Eventualmente
podríamos establecer diferentes precios para varios compradores, lo que es bueno
para nosotros, pero tomará un tiempo tener más de cinco contratos listos",
aseguró Claros.
Por otro
lado, la demanda de Argentina por gas importado sigue creciendo, pero el
contrato que le permite adquirir gas boliviano a un precio muy competitivo en
comparación a las compras de gas natural licuado (GNL) no expira sino hasta el
2026.
BAUMAN
Y LA NUEVA POLÍTICA MIGRATORIA ARGENTINA
La
indignación de la comunidad boliviana por la nueva norma migratoria se debe a
que ya no se siente visitante, porque también aporta y juega de local.
El
Observador de Uruguay (www.elobservador.com.uy)
Un acto tan
cotidiano como viajar en bus o en tren, puede convertirse en una experiencia
que merece contarse si se percibe inquietud entre los viajeros. Por ejemplo, un
viaje en hora pico en el primer vagón de la línea "E" del Subte de
Buenos Aires, con destino en la estación Plaza de los Virreyes, en Flores. Una
línea y un vagón que suelen ser usados por bolivianos, paraguayos y peruanos,
que los conectará con un tranvía hacia zonas como Villa Soldati y Villa Lugano,
con alta concentración de migrantes.
Los
comerciantes eligen el primer vagón porque llevan bultos, que si bien no
impiden el paso, provocan miradas de recelo entre los bonaerenses. Pero más
allá de la molestia, lo que llama la atención es que esta "toma" del
espacio público desconcierta a quienes no están acostumbrados a ello. Se les
hace extraño, y lo extraño es impredecible, no controlable. Esto causa ansiedad
y a veces incluso miedo. Pero más a menudo simplemente inquietud.
El ejemplo es
nuestro. La relación de actitudes y reacciones corresponden a Zygmunt Bauman,
el reconocido sociólogo polaco fallecido recientemente, que en su última obra,
Extraños llamando a la puerta, analiza "los orígenes, la periferia y el
impacto de las actuales olas migratorias".
La paraguaya
y boliviana son las dos principales comunidades inmigrantes en Argentina. Hay nietos y
hasta bisnietos de bolivianos nacidos en este país y se cree que pasan del
millón de personas. La mayoría se dedica a la producción, transporte y
comercialización de frutas y verduras. También a la labor textil, el comercio
informal, la construcción, y a la actividad académica y profesional, especialmente
con médicos y enfermeras, algunos formados en la Argentina.
Bauman afirma
que una de las reacciones de los locales o "naturales" frente a los
visitantes o "extraños" es la clasificación de ciertos migrantes en
pisos inferiores de la escala social, una marca que los distingue del resto y
que también los estigmatiza frente a todos. Algo así sucede con la comunidad
boliviana, que por su actividad y procedencia, no es ubicada al
"nivel" de un migrante europeo, por ejemplo. Aunque tampoco se la asocia
a la delincuencia, como sí sucede con otras nacionalidades. Si se pregunta a un
argentino medio sobre el "boliviano", la respuesta generalmente es
que es "trabajador y honrado", aunque algo tímido y afecto a la
fiesta y al alcohol.
Pero no, salvo excepciones, ladrón o asesino.
Esto explica
la reacción de la comunidad boliviana, y de las representaciones consular y
diplomáticas de este país, frente a las modificaciones de la política
migratoria argentina, aprobadas vía decreto por Mauricio Macri a fines de
enero. Las nuevas disposiciones endurecen los controles de ingreso al país y
amplían las causas que permiten la detención y expulsión de migrantes en
situación irregular.
La reacción
fue de indignación, pero más que por su alcance jurídico (que aún se debate),
por las declaraciones de algunos representantes como la ministra de seguridad,
Patricia Bullrich, que afirmó que el 33% de los presos por narcotráfico, entre
otros delitos, procede de Perú, Paraguay y Bolivia, y por ello es
necesario "ordenar las relaciones" con esos países. "El que
tiene antecedentes no entra y el que comete un delito se va", afirmó.
Esta
declaración desató la protesta boliviana, sustentada, por otro lado, en las
cifras del propio Ministerio de Seguridad argentino, que afirma que el 6% de
los presos son migrantes, y de ellos –completa la estadística el cónsul
boliviano, Ramiro Tapia–, el 0,7% son bolivianos: alrededor de 190 personas y
solo 14 por tráfico de drogas.
Al hacer
estas declaraciones, ¿no se corre el riesgo de confundir delincuencia con
migración o de avivar el estigma? Para organizaciones como el Centro de
Estudios Legales y Sociales, no hay duda de que se ha puesto en la misma bolsa
migración y delincuencia. Por si quedaran dudas, el propio embajador argentino
en Bolivia, Normando Álvarez, pidió a la ministra Bullrich disculparse.
Aquí volvemos
a Bauman, que acuña el término de "securitización", que consiste en
"desplazar la preocupación ciudadana de problemas que los gobiernos son
incapaces de manejar", especialmente, la inseguridad. Y agrega que
"la decisión política de dar seguridad a la gente a costa de los migrantes
debe ir acompañado de una demostración pública de fuerza". Es decir, usar
a los migrantes como chivo expiatorio.
Algo de ello
hubo hace algunas semanas al ponerse en práctica el nuevo sistema de controles
migratorios. Tras la inspección a más de mil pasajeros en la terminal de buses
de Liniers, Lucy Luna, integrante del Comité de Comerciantes de la Comunidad
Boliviana en esta zona, contó al diario La Razón: "Vi policías con
chalecos antibalas, escaners, escudos... Justo en ese momento, cerca del
mediodía, llegó el bus Potosí, y los policías rodearon a los pasajeros como si
estuviese llegando Pablo Escobar..."
El problema
–dice Bauman– es que todo esto azuza el estigma, y "roba la autoestima de
los migrantes". El estigmatizado se reagrupa y mimetiza, adoptando el
acento, las costumbres y los modismos locales. Pero no todos. Hay miles de
hijos, nietos y bisnietos de bolivianos nacidos en Argentina que se apropian de
su pasado migrante.
Una de ellas
es Laura Rivero Chambi, la reina de las 17 morenadas de Buenos Aires, que una
vez al año, paraliza con su fraternidad un sector de la 9 de Julio. "Soy
nieta de bolivianos e hija de padres argentinos. Siempre me sentí orgullosa de
mi origen, de mis abuelos que vinieron de Oruro para buscar una mejor calidad
de vida, y que este país maravilloso se los dio. Ya no tengo el acento
boliviano pero valoro que el boliviano nunca olvide sus raíces, y no tenga
vergüenza en mostrarlo. Es cierto que hay discriminación, aunque cada vez
menos. Debemos sacarnos esa idea de que los bolivianos, peruanos o paraguayos
vienen a robar laburo, eso no es cierto, la gente viene en busca de nuevas
oportunidades".
Esta
declaración bien podría haber cerrado el libro de Bauman, que concluye que las
fronteras son porosas, y que si bien el mundo es cosmopolita, aún le falta una
conciencia cosmopolita. "El desafío es aprender a vivir como una tribu
global".
Pero también
es cierto que la migración continuará mientras no se equiparen los niveles de
bienestar en los países. Al final, la idea es fusionar los horizontes y, mejor
aún, tener un horizonte común. No se trata –dice Bauman– de que dos países
hablen un lenguaje común, sino que logren, durante el proceso, hablar un
lenguaje común como efecto del entendimiento.
La
indignación de la comunidad boliviana por la nueva norma migratoria se debe a
que ya no se siente visitante, porque también aporta y juega de local. Las
autoridades no siempre se percatan que hoy todos somos Argentina, aunque no
todos somos argentinos. Y sí, esperamos las disculpas de la señora ministra.
SI PUEDE TRABAJAR EBRIO O BAJO LOS EFECTOS DE DROGAS, EN
COLOMBIA YA NO LE DESPEDIRÁN
Una sentencia de la Corte Constitucional divide a los
expertos sobre legislación laboral
El País de España (www.internacional.elpais.com)
¿Es
posible trabajar drogado o bajo los efectos del alcohol? Una polémica sentencia
de la Corte
Constitucional de Colombia ampara a los trabajadores que logren
hacerlo sin que su rutina laboral o productividad se vea afectada. El fallo ha
levantado pasiones y ha dividido a los expertos en un país
donde en los últimos años ha repuntado la producción y el consumo de
cocaína. El tribunal colombiano ha reinterpretado una parte de un artículo del
Código del Trabajo que explicita la prohibición de “presentarse al trabajo en
estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes”.
¿Por qué? Porque no siempre esas sustancias entorpecen el desempeño del trabajo
diario, argumenta la corte. La sentencia aborda también una
reflexión que equipara la adicción con una enfermedad laboral, pero
la rectificación de ese supuesto de la legislación laboral se debe a que “la
prohibición allí contemplada solo se configura cuando el consumo de alcohol,
narcóticos o cualquier otra droga enervante afecte de manera directa el
desempeño laboral del trabajador".
Esta
decisión empezó a gestarse el año pasado en la facultad de Derecho de la
Universidad Uniciencia de Bucaramanga. Dos estudiantes presentaron un recurso
de inconstitucionalidad apelando a una cuestión de principios. Según el escrito
que enviaron a la Corte, ese precepto del Código del Trabajo chocaba con dos artículos de la Constitución.
El primero consagra la igualdad de todas las personas ante la ley y llama a la
protección del Estado de “aquellas personas que por su condición económica,
física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta”. El
segundo artículo establece la igualdad de oportunidades para todos los
trabajadores.
El tribunal fija excepciones
para “actividades que involucran riesgos para el trabajador, para sus
compañeros de trabajo o para terceros”. "Un ejemplo de ello es lo que
sucede con relación al personal aeronáutico", señala. En cualquier caso,
aclara que "igualmente, respecto de actividades que impliquen un menor
riesgo también puede exigirse el cumplimiento de la prohibición establecida en
la norma demandada, en la medida en que es interés legítimo del empleador que
los trabajadores presten de manera adecuada las labores contratadas".
"Con todo, respecto de estos casos, no se podrán tomar medidas
disciplinarias si no se demuestra por parte del empleador la incidencia
negativa que el consumo de sustancias psicoactivas tiene sobre el cumplimiento
de las obligaciones de los trabajadores", concluye el fallo.
La sociedad colombiana,
los expertos y los políticos han encontrado otro motivo de polarización. El
constitucionalista Juan Manuel Charry defiende la sentencia en conversación con
EL PAÍS. "El solo hecho de estar bajo los efectos de una sustancia
no puede ser sancionable si no hay daño o una negligencia de una conducta”,
explica, poniendo el clásico ejemplo de un trabajador que toma dos copas de
vino durante el almuerzo. “A uno no se le puede sancionar por cómo es o por
cómo está, sino por lo que hace”, señala.
En las
antípodas, la opinión de Augusto Pérez, terapeuta y director de la Corporación
Nuevos Rumbos, dedicada a la investigación de las adicciones. Según su análisis,
la sentencia “tiene consecuencias malas para la sociedad”. Aunque apunta que el
fallo no abarca solo los casos de evidente embriaguez, lo considera “peligroso
para los mismos empleados”, ya que sienta un precedente dudoso y da “patente de
corso para que hagan lo que quieran”.
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