El hidrólogo
inglés Howard Wheater no piso territorio boliviano para hacer sus estudios
sobre el origen de las aguas del Silala, sostuvo el presidente del Senado, José
Alberto Gonzales. Su afirmación la sustentó en un reporte migratorio que
solicitó a la Dirección de Migración sobre la presencia de este ciudadano
inglés en territorio nacional. Gonzales mencionó que en el informe de Migración
se da cuenta que desde enero de 2015, “ningún ciudadano inglés de nombre Howard
Wheater estuvo pisando territorio boliviano”.
El presidente
de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, anticipó que el país
solicitará a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) enviar a sus peritos a
los nacientes de los manantiales del Silala.
Gonzales
argumentó que el artículo 66 del Reglamento de la CIJ “le da la potestad y la
posibilidad a los miembros de ese altísimo tribunal de la humanidad de ir al
lugar a hacer una inspección, de visitar los lugares sobre los cuales se ha
planteado el diferendo, y en el lugar, con la asistencia de peritos, inclusive,
ellos pueden estar haciendo una verificación in situ”.
Por ello,
señaló que “obviamente, no quepa la menor duda que nosotros vamos a solicitar
que miembros de la Corte Internacional de Justicia o sus peritos puedan estar
en el lugar haciendo la evidencia de todo esto (el Silala)”.
Las
afirmaciones de Gonzales fueron en respuesta a una entrevista que realizó el
periódico chileno El Mercurio al experto en hidrología Howard Wheater, quien
asesora a La Moneda para el proceso por el Silala.
Wheater dijo
que “un curso de agua internacional es, en palabras simples, un curso de agua a
través del que corre un río, para mí es obvio que el Silala lo es y ha estado
ahí por varios miles de años. Ha cruzado desde los territorios que hoy son
Bolivia a lo que es Chile por muchos miles de años”.
Frente a
ello, Gonzales planteó una serie de cuestionamientos a las autoridades
chilenas, de forma puntual al canciller Heraldo Muñoz, quien hasta ahora no
responde a una invitación para visitar los manantiales.
“Si su
experto H. Weather no llegó a los manantiales del Silala, ¿de dónde saca que el
Silala es un río?”, preguntó Gonzales, y apuntó: “Si el Silala fuese río, obvio
que Heraldo Muñoz ya hubiera aceptado nuestra invitación para ir al lugar. ¿La
aceptará?”.
Recordó
declaraciones del canciller Muñoz de enero de este año, cuando afirmó que “el
Silala fluye por una quebrada milenaria”. Frente a ello preguntó, ¿para qué
entonces se tramitó la concesión y se realizó la canalización?
“¿Cómo harán
Muñoz y compañía para convertir manantial en río y tubo de 12 pulgadas en
‘quebrada milenaria’? Se verá el 3 de julio”, cuando presente su memoria,
indicó el presidente del Senado.
INGLÉS HOWARD
WHEATER NO VISITÓ BOLIVIA
El hidrólogo
inglés Howard Wheater no piso territorio boliviano para hacer sus estudios
sobre el origen de las aguas del Silala, sostuvo el presidente del Senado, José
Alberto Gonzales.
Su afirmación
la sustentó en un reporte migratorio que solicitó a la Dirección de Migración
sobre la presencia de este ciudadano inglés en territorio nacional.
Gonzales
mencionó que en el informe de Migración se da cuenta que desde enero de 2015,
“ningún ciudadano inglés de nombre Howard Wheater estuvo pisando territorio
boliviano”.
De acuerdo
con informes de prensa chilenos, Wheater habría iniciado su trabajo en mayo de
2016, pero vive en Canadá. Con esos antecedentes, Gonzales cuestionó cómo el
hidrólogo llega al convencimiento de que las aguas del Silala son un río si no
ha ingresado a territorio boliviano y no se fijó de dónde salen esas aguas, y
supone “kilómetros abajo que es un río”. Según el canciller Muñoz se trata de
una quebrada milenaria.
Wheater
explicó al periódico chileno El Mercurio que su trabajo se basa en antecedentes
históricos y la adecuación en medir el flujo, evaporación, funcionamiento del
agua subterránea y cómo interactúa con el agua de la superficie.
Gonzales puso
en tela de juicio el hecho de que ninguna autoridad del vecino país quiera visitar
la región del Silala, donde hay 94 vertientes conectadas con canaletas,
construidas de cal y piedra, que vacían el agua a un canal central y hacen un
recorrido de dos kilómetros para unirse con otro canal y forman un caudal en el
cerro Silala, a 600 metros de la frontera de Bolivia con Chile.
UN EQUIPO
ENCARA LA CAUSA DE LOS MANANTIALES
El canciller
Fernando Huanacuni indicó que su despacho, la Dirección Estratégica de
Reivindicación Marítima (Diremar), el Ministerio de Justicia y el equipo
jurídico nacional e internacional encaran la defensa de los manantiales del
Silala.
El 6 de junio
de 2016, el Gobierno de Chile presentó una demanda contra Bolivia en la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) en busca de que juzgue y declare que las aguas
del Silala son un curso de agua internacional y que, como tal, tiene derecho
“al uso equitativo y razonable”. En la actualidad, Chile consume casi la
totalidad de las aguas bolivianas.
Si bien la
Dirección Estratégica de Defensa de los Manantiales del Silala (DireSilala)
carece de secretario general, debido a que René Martínez asumió como ministro
de la Presidencia desde el 23 de enero, Huanacuni enfatizó en que ello no
significa que la instancia no esté funcionando.
El presidente
Evo Morales anunció el lunes que se conformará una comisión permanente para
tratar el tema del Silala, una vez que llegue a Bolivia el expresidente y
agente boliviano Eduardo Rodríguez Veltzé. (CAMBIO)
BOLIVIA
APUNTA A INDUSTRIALIZAR LA COCA; LA COCAÍNA SIGUE SIENDO DIFÍCIL DE VENDER
Los
agricultores ahora pueden crecer más del 'producto estrella', pero los
funcionarios subestimaron la resistencia internacional porque la coca es tan
ampliamente aceptada como inofensiva en Bolivia.
The
Guardian de Londres (www.theguardian.com)
Ricardo
Hegedus alzó la voz para que pudiera oírlo a través del sonido de las máquinas
de envasado de té. "La coca es un regalo maravilloso de la naturaleza,
ofreciendo un estimulante moderado como el café, pero lleno de vitaminas y
minerales", dijo.
Hegedus, el
gerente de Windsor, el mayor productor de té de hoja de coca de Bolivia, apuntó
a cajas apiladas de bolsitas de té y dijo: "Hemos soñado con exportar té
de coca durante los 26 años que he trabajado aquí".
Bolivia
resiste la presión mundial para acabar con la cosecha de coca
Esa visión de
un mercado internacional en expansión para los productos legales de la coca,
como la harina, el té y los ungüentos, es ampliamente difundida en Bolivia y
fue la fuerza impulsora de una reciente ley firmada este mes por el presidente
Evo Morales que eleva las 12.000 hectáreas. 29.640 acres) legalmente reconocida
en una ley de 1988 a 22.000 hectáreas.
Pero en la
mayoría de los otros países, la coca es aún mejor conocida como el principal
ingrediente de la cocaína, y encontrar un mercado legal para productos alternativos
ha resultado un reto.
Los
funcionarios gubernamentales admiten que subestimaron la resistencia
internacional, en gran medida porque en Bolivia la coca es tan ampliamente
aceptada como inofensiva.
"Pensamos
que sería fácil porque todos conocemos los beneficios de la coca", dijo
Felipe Cáceres, viceministro de Defensa Social y sustancias controladas.
"No teníamos un entendimiento real de que tanta gente piensa que la coca
es lo mismo que la cocaína".
La campaña
boliviana para legitimar la hoja de coca obtuvo una importante victoria en 2013
cuando se le otorgó el reconocimiento internacional del derecho a consumir la
hoja en el país a través de una excepción a la Convención Única de 1961 sobre
Estupefacientes.
El esfuerzo
involucró a las masticadoras de coca frente a la embajada de Estados Unidos en
La Paz, y Morales, un ex productor de coca, comió hojas en la reunión anual de
la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas. "Si es una droga,
detenteme", desafió.
Desde que Evo
Morales se convirtió en presidente en 2006, 20.000 hectáreas de hoja se han
permitido informalmente, una política adoptada para garantizar un ingreso de
subsistencia para todos los productores registrados. Como Bolivia utiliza
14.700 hectáreas para masticar y tés de acuerdo con un estudio de la Unión
Europea de 2014, esto deja 7,300 hectáreas de "exceso" de coca.
"Si
pudiéramos exportar legalmente, los ingresos de los cultivadores de coca
mejorarían", explicó Ricardo Hegedus. "No eliminaría el tráfico de
drogas, pero haría más difícil y más caro para los traficantes obtener
coca".
A fines de 2016, el gobierno firmó un acuerdo de exportación con Ecuador para productos de hoja de coca y se están llevando a cabo negociaciones con Paraguay y Venezuela. Pero dos plantas de productos de coca construidas hace cinco años han languidecido en ausencia de un mercado internacional.
A fines de 2016, el gobierno firmó un acuerdo de exportación con Ecuador para productos de hoja de coca y se están llevando a cabo negociaciones con Paraguay y Venezuela. Pero dos plantas de productos de coca construidas hace cinco años han languidecido en ausencia de un mercado internacional.
La nueva ley
de coca del gobierno de Morales se ha visto con escepticismo. La semana pasada,
la Unión Europea, un importante aliado boliviano en la lucha contra la droga,
anunció que los cambios de última hora que aumentan la cantidad de coca
permitida en la nueva ley significan que "volverán a centrar" sus
esfuerzos, aunque seguirán colaborando con Bolivia.
Kathyrn
Ledebur, del organismo regulador de la política de drogas de la Red Andina de
Información, ve la nueva ley como un paso positivo. "A pesar de los
compromisos que aumentan el cultivo, esta ley tiene un valor real porque
aumenta significativamente el control gubernamental sobre la producción y
comercialización de la coca", dijo.
Las largas y
escasamente pobladas fronteras de Bolivia significan que el país no sólo
luchará con su propia producción de cocaína, sino también como principal país
de tránsito de pasta y cocaína del Perú a mercados en auge en Brasil y Europa.
Jorge Chambi
vende hoja de coca en bolsas de una libra desde un puesto exterior en la ciudad
montañosa de Oruro. "La coca siempre ha sido parte de nuestras
vidas", dijo. "Y nunca tuvimos problemas con él hasta que los
narcotraficantes aparecieron y lo convirtieron en cocaína".
Para reducir
el flujo, Bolivia firmó acuerdos detallados con los cinco de sus vecinos
durante el año pasado. Las incautaciones de cocaína también han aumentado cada
año desde que el gobierno boliviano pidió a la Administración de Control de
Drogas de Estados Unidos (DEA) que se fuera en 2008.
El gobierno
de Morales ha demostrado un gran éxito en limitar el cultivo con un programa
innovador de control comunitario de la coca, a través de los sindicatos de
productores, que garantiza que los agricultores no crezcan más que la cantidad
asignada de coca.
"Las
cosas son mucho más duras que en Estados Unidos", dice el productor Emilio
Flores. "Antes de que tuviera que evitar a la policía antidrogas. Ahora tus
vecinos te pueden entregar.
Bolivia es el
tercer mayor productor de coca del mundo después de Colombia y Perú, pero la
producción ha caído 35% a nivel nacional desde 2010.
Para los
productores, la mayoría con poca conexión directa con el narcotráfico, la coca
es lo que los apoya a ellos ya sus familias. "Queremos vender la hoja en
todo el mundo", dijo el productor Lucio Mendoza. "Esto sería bueno
para el mundo, lo cual se beneficiará como lo hacemos con nuestra sagrada hoja
de coca".
Christian
Oporto, Supervisor de Ventas Internacionales de Windsor Tea, está de acuerdo.
"Tenemos un producto estrella que está atrapado durmiendo en nuestro
país", dijo.
ESTRATEGIAS
COMUNICACIONALES DE BOLIVIA Y CHILE
La
Tercera de Chile (www.latercera.com)
Bolivia
reinició la suya obteniendo que los países del ALBA (Alianza Boliviariana para
los Pueblos de Nuestra América) apoyen su demanda ante La Haya, luego que el Ex
Canciller Choquehuanca fuera elegido su Secretario General. Era de esperar,
pues agudizarán su campaña ante la presentación de la Réplica a la Contramemoria
chilena, al 21 de marzo. Los “Bolivarianos” (Antigua y Barbuda; Bolivia; Cuba;
Dominica; Ecuador; Nicaragua; San Vicente y Granadinas), inspirados
ideológicamente, financiados y reunidos por Venezuela, adoptaron una
Declaración Especial para el acceso al mar boliviano, que calificaron de
“derecho justo”, a obtenerse con “soberanía” y mediante el “diálogo pacífico”.
Términos que parecerían inocentes, salvo que constituyen las bases y propósitos
de la demanda contra Chile en La Haya. No sólo se procura orientar
políticamente la sentencia, sino que presionar su resultado. Una intromisión
inaceptable en el pleito y contra Chile.
Reaccionamos
calificando acertadamente la declaración como “irrelevante” y de un “organismo
intrascendente”. Sin embargo, es
demostrativa de que algunos países Latinoamericanos y Caribeños, continúan
apoyando claramente a Bolivia y no a Chile, por razones principalmente
políticas, a pesar de los decisivos cambios ocurridos en la región, y el
cansancio de mandatarios eternos. Faltan a las prácticas y al principio de no
injerencia y debida prescindencia en las controversias internacionales, sobre
todo si éstas se encuentran sometidas al principal Tribunal Mundial para
aquellas de carácter jurídico. Chile no ha podido contrarrestarlas. Se
suman a distintas acciones que se han acumulado, obligándonos a sólo
reaccionar; salvo el caso de nuestra demanda por el Silala en que tomamos esa
iniciativa.
Con motivo de
la renuncia del Asesor de Comunicaciones de muestra defensa, se aseguró de que
existe una completa estrategia, anticipativa y efectiva. Sin embargo, permanece
en reserva, junto a sus posibles logros.
Natural prudencia para las gestiones de política exterior o diplomáticas, pero
inapropiada y restrictiva para una campaña que debería buscar la más amplia
difusión nacional e internacional, como objetivos naturales. Bolivia utiliza la
suya profusamente, sobredimensiona resultados y aprovecha cualquier buen
deseo lógico de que el conflicto se resuelva pacíficamente, como un apoyo
concreto a su aspiración y al pleito en La Haya. La Corte no fallará
basada en las comunicaciones, sino en derecho. No inciden. Pero constituyen un
aspecto adicional de gran utilidad en el mundo de hoy, para difundir las
razones de ambos juicios y precaver desnaturalizarlos, o servir de pretexto a
eventuales incumplimientos, si nos favorecen.
EVO
SE ENFRENTA A LA IGLESIA POR LEY DE ABORTO Y APELA AL PAPA
La
Tercera de Chile (www.latercera.com)
Por Fernando
Fuentes.- Un día después de que la Iglesia Católica de Bolivia rechazara el
proyecto de ley impulsado por el partido del Presidente Evo Morales que busca
ampliar las causales para el aborto, el gobierno pidió este martes un debate
amplio respecto a la problemática, instando a los católicos a conocer las
reflexiones del Papa Francisco sobre el tema.
El
Vicepresidente boliviano Alvaro García Linera justificó la propuesta
oficialista sobre la despenalización del aborto apelando a la decisión que tomó
el Pontífice a fines de 2016, cuando en la carta apostólica “Misericordia et
misera” autorizó a los sacerdotes a perdonar libremente el pecado del aborto.
“Yo pido que los católicos revisen lo que dice el Papa sobre el aborto. El Papa
nos ha dado unos lineamientos para adecuar la religión, nuestras creencias religiosas,
al siglo XXI”, declaró.
A diferencia
de las posiciones anteriores de la Iglesia Católica, que según García Linera
condenaban a las mujeres “a los siete infiernos”, “el Papa Francisco da un
mensaje fuerte en el mundo, la mujer que comete aborto tiene que ser perdonada
(…). Eso nos está reclamando un nuevo equilibrio entre los principios éticos y
la protección y la libertad de la mujer. Y es lo que estamos haciendo en el
nuevo código penal, buscar ese nuevo equilibrio”, sostuvo el Vicepresidente.
García Linera
reaccionó así al rechazo que la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) manifestó
contra la iniciativa impulsada por el gobernante Movimiento al Socialismo
(MAS), que propone que el aborto puede practicarse “durante las primeras ocho
semanas de gravidez, por única vez”, si la mujer es madre de tres o más hijos y
no cuenta con recursos suficientes para su mantención o es estudiante.
Actualmente
en Bolivia el aborto requiere permiso judicial para todos los casos, salvo
cuando el embarazo resulta de una violación, incesto o estupro y cuando esté en
riesgo la vida y salud de la madre.
A juicio de
la Conferencia Episcopal, el proyecto oficialista “distorsiona el sistema penal
introduciendo la pobreza como razón de impunidad para delitos como el infanticidio
(…). Como si ser pobre fuese justificativo para violar cualquier ley”. “Este
proyecto introduce una colonización ideológica extranjera que descarta a niños
y niñas por nacer vulnerables y acepta la triste violencia del aborto como un
supuesto camino para solucionar problemas sociales y económicos”, indica el
comunicado leído el lunes por el secretario general de la CEB, Aurelio Pesoa.
“La Iglesia
ha reiterado su firme oposición al aborto y está consciente de que la norma,
que amplía las causales para solicitar la interrupción del embarazo, será
aprobada por la Asamblea”, explica a La Tercera el politólogo boliviano Carlos
Cordero.
Morales se
defendió el lunes de la polémica asegurando que la iniciativa es de los
legisladores. “El tema del aborto es complejo, pero es iniciativa de la
Asamblea. Yo no hablé ni debatí con ellos. Voy a recabar mayor información”,
dijo. A juicio de Cordero, “Evo ha manifestado que él no sabía del tratamiento
de la ley, para dar la impresión de separación de órganos, Ejecutivo y
Legislativo, y para no ser señalado por las iglesias católicas y evangélicas o
por sus fieles”.
LA
EMBESTIDA DE LA INMIGRACIÓN ARGENTINA SACUDE A BOLIVIA
La represión del presidente argentino Macri contra los inmigrantes, haciendo eco a Trump, desencadena un feroz debate nacional y suscita tensiones diplomáticas con Bolivia.
NACLA
de Estados Unidos (www.nacla.org)
Un presidente
recién elegido -un multimillonario y ex magnate de bienes raíces- emite una
orden polémica de represión contra los inmigrantes que buscan ingresar al país
y facilitan el traslado de extranjeros. Los aliados del Congreso piden un muro
fronterizo y una fuerza especial de policía de inmigración.
Esta no es la
América de Trump, sino la de Argentina, donde el reciente decreto de inmigración
del presidente Mauricio Macri ha encendido un feroz debate nacional y levantado
tensiones diplomáticas regionales -especialmente con la vecina Bolivia, que
tiene una de las mayores poblaciones de inmigrantes en Argentina.
En virtud del
decreto de emergencia promulgado el 30 de enero, los inmigrantes pueden ser
expulsados o prohibidos de ingresar a la Argentina no sólo si han cometido un
delito mayor, sino también si han sido acusados de prácticamente cualquier
delito, aunque aún no hayan sido condenados. Esto incluye, por ejemplo,
infracciones menores tales como vender mercancías ilegales en la calle, o
participar en un bloqueo o ocupación de la carretera. Los jueces y fiscales
argentinos están ahora obligados legalmente a denunciar estos cargos penales a
las autoridades de inmigración, allanando el camino para la expulsión.
Es más, el
proceso de deportación ha sido modificado para eludir los tribunales, eludir
los derechos del debido proceso y acelerar el plazo para la remoción. Se ha
establecido un centro especial de detención en Buenos Aires donde los migrantes
acusados serán detenidos, en espera de deportación. Una nueva Comisión
Fronteriza Nacional reprimirá la entrada de presuntos delincuentes.
Las medidas
de emergencia están aparentemente diseñadas para frenar una creciente ola de
delitos relacionados con las drogas, que la administración Macri ha vinculado a
la afluencia de migrantes predominantemente indígenas y pobres a través de la
frontera norte de Argentina. Los funcionarios gubernamentales señalan
estadísticas que muestran que el 22% de los reclusos federales argentinos y el
33% de los encarcelados por narcotráfico son extranjeros. Según la ministra de
Seguridad Patricia Bullrich, "Muchos ciudadanos paraguayos, bolivianos y
peruanos actúan como inversionistas, mulas o conductores, o como parte de una
cadena [de suministro] en el mundo del narcotráfico".
Las
acusaciones provocaron una respuesta enojada del presidente boliviano Evo
Morales, cuyo país envía más inmigrantes a la Argentina que en cualquier otro
lugar del mundo. "Estas políticas discriminatorias que condenan la
migración y la culpa por el crimen, el narcotráfico y el tráfico de personas,
[y] el terrorismo ... son una vergonzosa regresión frente a los derechos conquistados
a través de la lucha de nuestros pueblos". "Hermanos presidentes
latinoamericanos, seamos una gran patria; No sigamos las políticas migratorias
del norte ".
Como han
señalado Morales y otros críticos del decreto, el porcentaje de inmigrantes en
Argentina (menos del 6%) es aproximadamente el mismo que el porcentaje de
inmigrantes en la población general (4,5%). De los 1,3 millones de bolivianos
que viven actualmente en Argentina, sólo 273 -o menos de .02 %- son criminales
encarcelados.
El nuevo
decreto ha desencadenado una oleada de xenofobia contra los inmigrantes
bolivianos en Argentina. Desde su promulgación, numerosas incursiones se han
llevado a cabo en barrios inmigrantes y en terminales de autobuses en Buenos
Aires. Los inmigrantes han permanecido detenidos durante 12 horas mientras se
investigan sus antecedentes, lo que hace temer a las comunidades donde las
familias bolivianas han vivido, en muchos casos, durante décadas.
La ardua ya
veces contradictoria relación de Argentina con los inmigrantes y los pueblos
indígenas ha sido central en su historia. Las "guerras de conquista"
del siglo XIX mataron a la mayor parte de la población indígena nativa. A
principios del siglo XX, el gobierno dio la bienvenida a millones de
inmigrantes europeos para ayudar a poblar y desarrollar el país, asociando la
inmigración con la prosperidad económica. Se estima que el 79% de los
argentinos de hoy, incluyendo a Mauricio Macri, son descendientes de
inmigrantes europeos.
Desde finales del siglo XX, la fuerte demanda de mano de obra no calificada de bajo salario ha convertido a Argentina en un imán regional para los emigrantes económicos, especialmente de las naciones más pobres del Cono Sur. Históricamente, los bolivianos, los paraguayos y otros migrantes han ocupado nichos en el mercado de trabajo que los argentinos no están dispuestos a llenar, en la elaboración de alimentos, textiles y, más recientemente, en la economía de servicios informales. Estos inmigrantes de piel más oscura se han enfrentado periódicamente a intensas campañas xenófobas del gobierno nacional y local, así como a los sectores laborales, especialmente durante las crisis económicas cuando han sido chivos expiatorios por el aumento del desempleo, los costos del bienestar social y la delincuencia.
Desde finales del siglo XX, la fuerte demanda de mano de obra no calificada de bajo salario ha convertido a Argentina en un imán regional para los emigrantes económicos, especialmente de las naciones más pobres del Cono Sur. Históricamente, los bolivianos, los paraguayos y otros migrantes han ocupado nichos en el mercado de trabajo que los argentinos no están dispuestos a llenar, en la elaboración de alimentos, textiles y, más recientemente, en la economía de servicios informales. Estos inmigrantes de piel más oscura se han enfrentado periódicamente a intensas campañas xenófobas del gobierno nacional y local, así como a los sectores laborales, especialmente durante las crisis económicas cuando han sido chivos expiatorios por el aumento del desempleo, los costos del bienestar social y la delincuencia.
Bajo la
notoria "Ley Videla" de 1981, los inmigrantes de Bolivia y otras
naciones fronterizas fueron considerados como una amenaza para la seguridad
nacional argentina y tratados como criminales. La ley creó una vasta población
de trabajadores no autorizados que fueron objeto de una intensa explotación por
parte de los propietarios de fábricas y agronegocios, mientras que a sus
familias se les negó la salud, la educación y otros beneficios sociales.
Veinte años
después, tras la presión de organizaciones inmigrantes y de derechos humanos,
así como de otras naciones sudamericanas, una ley de 2003 reconoció la
inmigración como un derecho humano democrático y permitió a los inmigrantes de
los países vecinos vivir y trabajar libremente en la Argentina. Se otorgó a los
migrantes acceso universal a la educación y la asistencia sanitaria,
representación legal gratuita y derecho a la reunificación familiar.
La nueva ley,
complementada por acuerdos de "libre tránsito" entre las naciones del
Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, además de aliados
Bolivia y Chile), ha sido elogiada por la ONU y los migrantes internacionales
Como un enfoque modelo para las "fronteras abiertas". Durante los
últimos 13 años, ha regularizado los flujos de inmigración y proporcionado un
flujo constante de trabajadores de bajos salarios para la creciente economía
argentina, al tiempo que alienta a los inmigrantes a pagar impuestos a cambio
de protecciones legales. En 2016, Argentina recibió el mayor número de
inmigrantes de cualquier país de América del Sur.
Es cierto que
los bolivianos y otros pobres migrantes indígenas han continuado experimentando
los efectos de la discriminación étnica, racial y de clase en la economía y
sociedad altamente estratificadas de la Argentina. Se estima que dos tercios de
los inmigrantes bolivianos en la Argentina todavía viven y trabajan "fuera
de los libros", a menudo bajo condiciones precarias y explotadoras. Los
incendios recurrentes en las fábricas de prendas de vestir clandestinas -incluyendo
una en 2006 que mató a seis inmigrantes bolivianos- resaltan la persistencia de
las fábricas ilegales y la necesidad de mejorar los esfuerzos del gobierno para
legalizar a los trabajadores indocumentados.
Sin embargo,
el nuevo decreto de Macri, junto con el discurso xenófobo inflamatorio que lo
ha acompañado, ha inaugurado un nuevo capítulo represivo en la historia
migratoria argentina. El verdadero propósito, argumentan muchos, es distraer la
atención de la economía en crisis, un año después de que Macri fue elegido,
prometiendo el crecimiento de las políticas económicas favorables al mercado.
"El
verdadero problema es la crisis económica", dice Juan Vásquez, activista
boliviano en Argentina. "El sector textil, donde la mayoría de los
bolivianos trabajan, está mal porque el país se está abriendo a las
importaciones. Todos los talleres están violando la ley hasta cierto punto.
Ahora pueden expulsarte por cualquier razón.
Otros ven la
medida como una estrategia política estratégica de Macri para apuntalar el
"voto duro" de derecha antes de las elecciones legislativas de
mediano plazo de Argentina programadas para finales de este año, apelando a los
impulsos xenófobos de los votantes de la clase obrera y de la clase media,
Después de un año de creciente desempleo y de inseguridad económica. Los
críticos señalan que el decreto fue promulgado sin el beneficio de la
aprobación del Congreso -que podría ser un desafío obtener en un año electoral,
con el partido de Macri carente de mayoría en cualquiera de las legislaturas.
Amnistía
Internacional y grupos de derechos humanos argentinos insisten en que el
decreto también viola la Constitución argentina, que garantiza a los
inmigrantes los mismos derechos civiles que los ciudadanos. Como señaló el
ganador del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, "Macri está
criminalizando la inmigración a través de órdenes ejecutivas que modifican las
leyes nacionales y los compromisos internacionales, al igual que Trump".
Al igual que
Trump, Macri es un líder populista derechista que ha impulsado los sentimientos
anti-inmigrantes al poder, aunque bajo los auspicios disfrazados, como escribió
María Esperanza Casullo para NACLA poco después de las elecciones de Macri. En
2010, como alcalde de Buenos Aires, Macri culpó a la ocupación de un parque de
la ciudad de "migración incontrolada" de Bolivia, y desalojó por la
fuerza a miles de ocupantes que demandaban vivienda asequible, dejando al menos
4 muertos y heridos. Un prominente fabricante de ropa propiedad de la esposa y
cuñado de Macri ha sido acusado de explotar a trabajadores indocumentados
bolivianos.
Los lazos de
Macri con Trump provienen tanto del negocio como de la política. Como
desarrolladores de bienes raíces en la década de 1980, Macri y su padre
trabajaron con la familia Trump, sus antiguos rivales de negocios, en un
proyecto de la ciudad de Nueva York que finalmente vendieron a los Trumps.
Antes de su elección, Trump estaba desarrollando planes para una nueva torre en
Buenos Aires, un proyecto que está en espera por ahora.
Mientras que
las encuestas muestran que el decreto de Macri tiene un considerable apoyo
interno, también ha galvanizado una coalición popular en oposición que podría
extenderse a una gama más amplia de asuntos internos. Dentro de la región, el
retroceso de Bolivia, Paraguay y otras naciones del Mercosur ya ha tenido algún
impacto, con Macri y Morales acordando establecer una comisión bilateral para
atender las preocupaciones de inmigración de Bolivia.
Mientras que
la política regional está cambiando, la consolidación de la identificación de
Macri con Trump debido a sus respectivas iniciativas contra la inmigración no
es necesariamente una ventaja para Macri, dada la desacuerdo general con Trump
en Sudamérica. Incluso Macri apoyó públicamente a Clinton durante la campaña
presidencial estadounidense. En la medida en que Macri aspira a ser el líder de
un resurgente centroderecha en América Latina, volverse en contra de los
intereses comunes de sus vecinos regionales a favor del trumpismo en la
frontera podría ser una receta para el aislamiento de la Argentina.
POR
TERCER AÑO CONSECUTIVO, EL RALLY DAKAR SE CORRERÁ LEJOS DE CHILE
Pese
a los contactos preliminares con las autoridades nacionales, los organizadores
de la carrera no contemplarán al desierto de Atacama en su recorrido para 2018.
El próximo miércoles se formalizará en París el trazado por Perú, Bolivia y
Argentina.
El
Mercurio de Chile (www.economiaynegocios.cl)
El próximo
miércoles 22 de marzo, en el museo Dapper de París, se realizará el anuncio
oficial de los países que albergarán el Rally Dakar 2018. En ASO, la empresa
francesa que organiza la carrera, tienen una certeza: Chile no formará parte
del recorrido por tercer año consecutivo.
Después de
los acercamientos producidos en enero, cuando se reunieron Pablo Squella
(ministro del Deporte) y Marc Coma (director deportivo del Dakar) en Santiago,
ASO se había comprometido a enviar un proyecto para que las autoridades
nacionales evaluaran la posibilidad del regreso de la carrera, que pasó por el desierto
de Atacama por última vez en 2015.
Sin embargo,
en las oficinas de Fidel Oteíza 1956 se quedaron esperando. "Hasta hoy
(ayer) no ha llegado nada, siendo que nos dijeron que se comunicarían en
febrero", confirmaron fuentes del Mindep.
¿Qué pasó? En
dicha cita, Squella le reiteró a Coma la postura gubernamental de no pagar una
cuota por tener la carrera (aproximadamente 5 millones de dólares abonaron
Paraguay, Argentina y Bolivia por el Dakar 2017), lo cual hizo que ASO no
insistiera. Preliminarmente se había hablado de Iquique y Copiapó como las
principales alternativas para la ruta.
Vuelve Perú
En su sondeo
por el resto del Cono Sur, a los organizadores del Dakar les fue mejor. Perú
decidió volver a ser parte de la prueba que ya acogió en 2012 y 2013, con lo
que ASO podrá resolver la gran carencia que criticaron los participantes en la
última edición: la ausencia de desierto.
"Para
garantizar el éxito de la participación peruana, lo estamos anunciando con un
año de anticipación", aseguró en enero Eduardo Ferreyros, ministro de
Comercio Exterior y Turismo.
"Lo que
sé es que se largará en Perú, seguirá por Bolivia y terminará en
Argentina", indica un cercano a la organización. Ya durante el Dakar 2017,
el Presidente boliviano Evo Morales y el ministro de Turismo de Argentina,
Gustavo Santos, habían ratificado su interés por seguir siendo parte del
evento. Paraguay, que albergó la largada y un tramo de 39 kilómetros
cronometrados este año, no sería incluido en 2018, puesto que su territorio no
tiene dónde realizar etapas más extensas.
8 pilotos
chilenos tomaron parte en la última edición del Dakar, que cruzó Paraguay,
Bolivia y Argentina.
5 millones de dólares, aproximadamente, recibe ASO de cada país por donde pasa la carrera.
5 millones de dólares, aproximadamente, recibe ASO de cada país por donde pasa la carrera.
LUIS
ENRIQUE GARCÍA RODRÍGUEZ: "LA MAYOR PREOCUPACIÓN QUE VEO NO ES ECONÓMICA,
ES POLÍTICA"
Entrevista
con el presidente ejecutivo de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.
El
País de Uruguay (www.elpais.com.uy)
Cuando en
diciembre de 1991 Enrique García asumió como presidente ejecutivo de la CAF,
América Latina recién empezaba a salir de la "década pérdida", las
democracias apenas estaban consolidadas y la pobreza había aumentado. Tras 25
años, la región mejoró en varios aspectos, pero tiene deberes pendientes. Este
economista boliviano, que se define como socialdemócrata, fue uno de los
impulsores de que CAF dejara de ser la sigla de la Corporación Andina de
Fomento y pasara a ser Banco de Desarrollo de América Latina. A tres semanas de
dejar el cargo, García habló con El País.
—¿Qué
recuerda de la CAF cuando comenzó como presidente ejecutivo en 1991?
—Le veía
mucha posibilidad. Era una institución pequeña, pero que tenía una base muy
sólida con un convenio constitutivo muy flexible, muy creativo, que daba la
oportunidad de ajustar a la institución a las situaciones cambiantes. No tiene
un directorio residente, los miembros del directorio son los propios ministros.
Eso era una gran ventaja.
—¿Porque
elimina burocracia?
—Elimina
burocracia. Había visto en el BID como podían complicarse las cosas. Además,
América Latina salía de la década pérdida de los años 80 que fue resultado de
la sobre-expansión de los sectores públicos y la deuda. La región había
retomado los sistemas democráticos y había un interés en relanzar la integración
regional, con un concepto de regionalismo abierto. Todo eso me motivó para
llegar a la institución. Pero quería proyectarla, entonces dije tres claves: no
puede quedarse con cinco países y hay que ampliar su espectro, había que
financiar la inversión y en eso es importante la infraestructura (allí había
una ventana de oportunidad porque al BID y al Banco Mundial le dieron un
mandato de priorizar programas orientados a la pobreza) y la tercera cosa es
que había que tener independencia financiera y tenía que ser un actor con
posibilidades en el mercado de capitales. El foco en la infraestructura hizo
que los países del Mercosur tomaran interés en la CAF. Y luego vino un
experimento.
—¿Cuál?
—Tratar de
ser un banco propiedad de los emergentes. Eso quiere decir que no hay países
donantes y otros receptores de los beneficios como en el BID, el Banco Mundial,
el Banco Asiático. Tiene identidad de la región y por eso la llamamos
"CAF-Banco de Desarrollo de América Latina", el "de" tiene
un sentido de propiedad. Eso ha hecho que haya una lealtad mutua. Nunca hemos
dejado de ayudar a los países aunque estén en una situación muy difícil. En 47
años, nunca han dejado de pagarle a CAF, es puntual. Somos el banquero que da
el paraguas cuando llueve y cuanto más llueve da un paraguas más fuerte. Lo
otro es que CAF respeta las diferencias ideológicas y busca la calidad de las
iniciativas, pero no pone condicionalidades.
—Otros
organismos sí hacen cuestionamientos.
—Claro,
cuando tienes países donantes y países receptores. El país donante quiere ver
qué beneficios saca. Es un instrumento político, las decisiones se influencian.
En nuestro caso no se inserta ese tipo de tema. Tenemos excelente relación con
otros organismos como el BID, el Banco Mundial.
—¿Cuánto
cambió América Latina en estos 25 años?
—Ha cambiado,
ha cambiado. En muchas cosas para bien y en otras no para bien. En los 80 había
un porcentaje alto, especialmente en Sudamérica, de gobiernos que no eran
democráticos. El cambio positivo es que la mayor parte de los países retornaron
a la democracia, es un logro enorme. La región, puede haber diferencias en
algunos países, es una zona de paz. Lo otro es que ha habido una etapa de
expansión económica, especialmente desde el 2000 hasta el 2008, que ha sido
gracias a que se logró en la mayor parte de los países un manejo macroeconómico
muy adecuado y al mismo tiempo la coyuntura internacional que le trajo precios
de commodities muy altos. Lo más trascendente es que hubo una reducción de la
pobreza en forma dramática y la inclusión de vastos sectores de la población en
la clase media. En lo negativo, hubo complacencia de que esta riqueza, esta
bonanza era para siempre. El mensaje es: estamos bien, pero momento, hay
problemas estructurales que no estamos resolviendo. Seguimos con un modelo de
ventajas comparativas tradicional. Debemos movernos a un modelo de ventajas
comparativas dinámicas que implique mayor valor agregado que se base en
tecnología, innovación.
—Hoy el
modelo está muy basado en materias primas.
—No ha cambiado
sustancialmente. Lo otro es que tenemos una gran concentración en exportaciones
de ese tipo. El ahorro interno es relativamente bajo. El ahorro interno de
América Latina fluctúa entre el 18% y el 20% del PIB. Comparemos con China, no
seamos iguales, pero llega al 45% del PIB. La inversión en América Latina es en
promedio 20% del PIB, hay países que invierten muchísimo menos. Para dinamizar
la economía y poder sostener un modelo de inclusión social en el tiempo,
América Latina tiene que crecer por lo menos al 5% en forma continua. Hay que
invertir más, mejor, en áreas como infraestructura que está muy rezagada, en
educación que tiene que ser del siglo XXI y no del siglo XIX, habilidades.
Tenemos que dar un paso a un modelo de ventajas comparativas dinámicas y para
eso se requiere un proceso de transformación productiva que es la base para
poder crecer a tasas más altas. El otro tema es que, si bien ganamos muchísimo
en la democracia, hay una crisis institucional. Pero, no hay que llorar, hay
que buscar soluciones. Y la ventaja es que América Latina no está en la crisis
de los 80, si bien la macroeconomía no es lo mismo que hace dos o tres años, la
mayoría de los países sigue creciendo. Hay una ventana de oportunidad para
llevar adelante esfuerzos de reestructuración de la economía. Se requiere una
agenda de largo plazo, donde participen todos los actores y tienen que tener
una convergencia en ciertos temas básicos que no se resuelven en tres años. La
mayor preocupación que veo en la región no es la económica, es la política.
—Ha visto
innumerables crisis que golpean, pero en los últimos tiempos la región ha
sobrellevado la crisis internacional, ¿hacia adelante puede ser esa la norma y
no la excepción?
—El hecho de
que no estemos en esa crisis que fue la típica a fines de los 70 y principios
de los 80, hace que haya esta oportunidad. Con muy pocas excepciones no estás
en la situación desesperada de que no tienes reservas, de que tienes problemas
de deuda y que tienes que hacer un ajuste muy severo. Aquí es más mantener con
sabiduría los principios de la estabilidad macroeconómica como condición
necesaria pero no suficiente e incursionar en las realidades de la
microeconomía. Y la construcción del recurso humano, aplicarlo a lo que viene
en los próximos 40 años. En América Latina no se está hablando de la cuarta
revolución industrial que significa la economía digital, los robots, etc. Ese
modelo es muy diferente. Los empleos que hay hoy ya no van a existir dentro de
50 años, hay que preparar al recurso humano para esa situación.
—¿Cómo
imagina a la región en 30 años?
—Depende
mucho de que estos sistemas permitan retomar el sendero del desarrollo con un
crecimiento que sea menos volátil, más alto y de buena calidad. La
macroeconomía, la microeconomía, la equidad y la inclusión social son parte de
un sistema que está interactuando uno con otro. Por eso es que los ministros de
Finanzas hablan entre ellos, gozan con la macroeconomía, por otro lado están
los del medio ambiente. Lo que se necesita es poner en un cuarto a actores de
las diversas disciplinas del sector público y privado para que puedan reconocer
las necesidades y al mismo tiempo las limitaciones. Todo es importante, si no
tengo con qué pagar no se puede hacer, pero tampoco la macroeconomía, lo
fiscal, lo monetario es un fin, es un medio, no un fin.
—¿Qué le
hubiera gustado ver en estos 25 años y no vio?
—Me hubiera
gustado que esos cambios estructurales que permitan dar el salto a una
transformación productiva, hubieran avanzado más. Y también que los avances en
la reducción de la pobreza no estén en riesgo de revertirse si la economía no
marcha bien. Me hubiera gustado que la distribución de la riqueza, de la
equidad, que es mala en la región, hubiera mejorado más. Me hubiera gustado que
los logros de moverse hacia la democracia, hubieran concretado una
institucionalidad más sólida. Es muy electoral la democracia que tenemos.
—¿Cómo ve al
Uruguay?
—Es un país
con una democracia muy interesante, una civilidad que no es común en la región.
Ha logrado avances interesantes por ejemplo, en tocar los temas de la
tecnología. Es un país con muy buen recurso humano. Es muy buen actor en los
procesos de integración, es un facilitador de articulaciones.
"Cuesta
avanzar por la tendencia a ser extremistas"
Para García,
a la región le cuesta avanzar porque "tenemos la tendencia de ser
extremistas. Cuando somos estatistas, somos hasta la muerte o cuando somos
librecambistas, somos hasta la muerte. No es así. Hay que reconocer que es una
mezcla, que no es igual en todos los países. Es la institucionalidad
democrática la que debe ser fortalecida para permitir esas convergencias. En
gobiernos de facto la tienen, los chinos decidieron hacer esto y lo hacen,
Singapur con otro modelo lo hacen, pero nosotros no queremos eso, queremos la
democracia. En democracia es más difícil, pero hay que hacer el intento".
La
integración es un factor clave y al presidente ejecutivo de CAF, le preocupan
los mensajes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de mayor
proteccionismo. Eso supone un riesgo, "pero al mismo tiempo hay que mirar
el lado positivo: es una clara invitación para que los latinoamericanos se
pongan las pilas y que trabajando juntos vamos a estar mucho mejor. Es muy
importante que México vea al sur y que los sudamericanos vean a México y que
esas rivalidades que ha habido en algún momento entre los grandes jugadores
desaparezcan", afirmó. "La integración regional tuvo su momento de
entusiasmo a inicios del 90, pero después ha comenzado a deteriorarse. Hay muchas
instituciones, muchos discursos, pero seamos realistas, no está
funcionando", agregó.
Experiencia
en organismos.
Cuenta con
una licenciatura y master en Economía y Finanzas de St. Louis University y
estudios doctorales en American University. Desde diciembre de 1991 es el
presidente ejecutivo de CAF (ex Corporación Andina de Fomento y actual Banco de
Desarrollo de América Latina), cargo que dejará el próximo 31 de marzo al
peruano Luis Carranza. Previamente, García se desempeñó como funcionario del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante 17 años, del que fue Tesorero.
Ha sido Gobernador por su país en el Grupo del Banco Mundial, el BID y el
Fonplata. Entre 1989 y 1991 fue ministro de Planeamiento y Coordinación de su
país y Jefe del Gabinete Económico y Social. Fue elegido Hombre del Año 2005
por la revista Latin Finance. Le han sido otorgadas altas condecoraciones de
los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil,Colombia, Ecuador, España, Perú,
Uruguay, Venezuela.
Radio FM
89.9 de Argentina (www.fm899.com.ar)
Se anunció la posibilidad de llamar a licitación
para realizar obras de mejoramiento en el ramal C15.
Con la idea de potenciar el mercado regional e
internacional, ayer se anunció la posibilidad de llamar a licitación para
obras de mejoramientos de las vías en el ramal C15 que une Coronel Cornejo con
Pocitos.
Así lo anunció el coordinador de la Unidad de
Proyectos Ferroviarios, Marcelo Lazarte, quien detalló que el primer
beneficiado de confirmarse esta medida sería el mercado de granos entre Bolivia
y Argentina.
A la vez contó que existe un interés particular del
vecino país por realizar esta obra, ya que la empresa privada que opera el
ferrocarril allá, es también productora de agroquímicos con intenciones de
arribar a Argentina.
INCREMENTA
CONTAMINACIÓN DEL RÍO SUCHES
Los
Andes de Perú (www.losandes.com.pe)
El embajador
del Perú en el Estado Plurinacional de Bolivia, Félix Denegri Boza, consideró
que la contaminación del río Suches se agudiza constantemente, debido a la
práctica de la minería informal en el territorio del vecino país, y también por
el crecimiento de la población.
“La
contaminación del río Suches ha ido agravándose, porque la población ha ido
creciendo y las necesidades de esa población también, entonces tenemos que
buscar la solución más pronta en este problema”, expresó el diplomático.
Señaló que
para ver este tema, están trabajando con la Autoridad Binacional del Lago
Titicaca (ABLT), pero dijo que actualmente dicha entidad se encuentra en una
etapa de transición, debido a que el mandato del presidente de ABLT concluye.
Finalmente,
sostuvo que se necesita hacer ajustes en el funcionamiento de la ABLT, para que
sea más eficiente, con el propósito de combatir la contaminación del río Suches
que desemboca en el lago Titicaca, para lo cual -a su criterio- se debe buscar
la solución más pronta.
BOLIVIANOS
SON DEPORTADOS POR INGRESAR ILÍCITAMENTE AL PAÍS
Al menos
cuatro ciudadanos de nacionalidad boliviana fueron detenidos por la policía
debido a que no tenían los documentos necesarios para permanecer en tierras
peruanas. Luego de las diligencias tuvieron que ser deportados a su país de
origen.
La
intervención se produjo la tarde del pasado lunes, en el kilómetro 13 de la vía
Puno-Desaguadero, a la altura del Centro Poblado de Ichu, en donde varios
efectivos del Grupo Terna realizaban un operativo con la finalidad de erradicar
la delincuencia en sus diferentes modalidades.
Como
resultado de esta actividad, el personal interviniente logró detener a las
personas de Gladys Maribel Oblitas Yauli (22), Wilder Coaquira Cardenas (24),
Alex Adalid Céspedes González (25) y un menor de edad de iniciales Y. M. C. O
(2).
Posteriormente,
los ciudadanos bolivianos fueron conducidos hasta las instalaciones del
Departamento de Seguridad del Estado, en donde los agentes tramitaron su
expulsión del país porque cometieron una infracción a la ley de extranjería.
SUPREMA
VERÁ SI AMPLÍA LA EXTRADICIÓN DE BELAUNDE
La
República de Perú (www.larepublica.pe)
La Sala Penal
de la Corte Suprema de Justicia evaluará este jueves 16 de marzo el pedido de
la fiscalía para solicitar a Bolivia ampliar la extradición del empresario
Martín Belaunde para que pueda ser procesado por el caso Antalsis.
Belaunde fue
extraditado del vecino país altiplánico por los delitos de lavado de activos y
corrupción en el caso de La Centralita, por lo que para ser juzgado por otro
caso se requiere la autorización de la justicia Boliviana.
En diciembre
último, el fiscal Elmer Chirre solicitó al Cuarto Juzgado de Investigación
Preparatoria Nacional que tramite la ampliación de extradición, lo que ahora
será evaluado por la Corte Suprema.
En este caso,
conocido como Antalsis, la fiscalía acusa a Belaunde Lossio de encabezar una
organización ilícita, que aprovechó sus contactos políticos para promover
contratos con el Estado, vía pago de comisiones ilícitas.
HALLAN EN BRASIL 40 MILLONES DE BOLÍVARES VENEZOLANOS
ESCONDIDOS EN DOS AUTOS
Panam Post de Panamá (www.es.panampost.com)
La
Policía de Brasil halló 40 millones de bolívares venezolanos (US$ 4 millones)
en una favela de Río de Janeiro. De acuerdo con las informaciones, dicha
cantidad de billetes venezolanos estaban en manos de traficantes locales.
Los
agentes policiales recibieron una denuncia anónima y encontraron el dinero en
el interior de dos vehículos.
La
policía se desplazó hasta la favela e intercambió tiros con supuestos
traficantes para aprehender el dinero, aunque no hubo heridos.
Los
billetes estaban guardados en el interior de maletas y fueron trasladados hasta
la comisaría para investigar el origen del dinero.
“Los
agentes sospechan que el dinero incautado puede tener relación directa con el
tráfico de drogas, pero como no es un valor fácil de transacción en el mercado,
es preciso profundizar las investigaciones para saber el destino final de los
bolívares “, señaló Agencia Brasil.
El pasado
21 de febrero tras el hallazgo de otras 30 toneladas de bolívares en Paraguay, se conoció que en Brasil podrían existir al menos
cinco contenedores de carga con billetes venezolanos.
La
revista brasileña Veja publicó el pasado 23 de febrero que Venezuela y Bolivia estarían implicados en un esquema estatal de lavado de
dinero.
Tras
el primer hallazgo de los billetes venezolanos en Paraguay, un consultor del
Departamento de Defensa de los Estados Unidos señaló que “entidades
estatales, se amparan en operaciones legales para limpiar los recursos
provenientes del crimen”.
“Un
pequeño grupo privilegiado de Venezuela y Bolivia puede multiplicar su
patrimonio en una única transacción de cambio. Y lo más oscuro es el saqueo del
patrimonio venezolano que se hace enteramente dentro de la ley “, dijo el
asesor del Pentágono.
VACA MUERTA, UN TIRO DE GRACIA A LA PRODUCCIÓN SALTEÑA DE
GAS
Desde 2006, por las diferencias de precios, las operadoras reorientaron la exploración a Bolivia.Ahora, por una medida de promoción nacional, enfocan sus capitales en la Cuenca Neuquina.
El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.info)
Por
Antonio Oieni.- En el departamento San Martín, donde los gigantes del gas
agonizan, trabajadores del sector, empresas de servicios y comunidades enteras
esperan un cambio de vientos que devuelva a la actividad hidrocarburífera de la
zona la dinámica, los ingresos y los puestos de empleo que destruyó la fiebre
importadora de los últimos diez años.
A fines
de 2016, Pan American Energy (PAE), la operadora del área Acambuco, empezó a
explorar las fronteras del enorme potencial de gas no convencional que un
informe de Schlumberger, publicado por Oilfield Review en septiembre de 2012,
atribuyó a la formación Los Monos. Esos trabajos, con los que el norte volvió
soñar, hoy están parados.
Exploración
suspendida
Según
fuentes de PAE, el plan de perforación encarado en Aguaray en busca del
"tigh gas" de Los Monos se frenó por un inconveniente técnico. El
despegue del gas no convencional de Salta, sin embargo, quedaría relegado por
años.
El pasado
lunes, el Ministerio de Energía publicó la resolución 46/17, por la que se
pagará el "shale gas" que se descubra en Vaca Muerta a 7,50 dólares
el millón de BTU.
En los
yacimientos salteños el precio promedio no llega a 4,50 dólares.
La
resolución 46/17 se dictó para alentar las exploraciones del recurso no
convencional de la Cuenca Neuquina.
La
medida, que retribuirá con un precio subsidiado las inversiones focalizadas en
Vaca Muerta, terminará de hundir a los yacimientos de Salta, si no se adopta
una decisión semejante que estimule la exploración del "tigh gas "
norteño.
La fiebre
importadora
Desde
2003 los precios se mantuvieron congelados en los yacimientos argentinos a
menos de 3 dólares por millón de BTU (unidad equivalente a poco menos de 27
metros cúbicos), mientras se llegó a pagar hasta 11 dólares por gas importado
desde Bolivia. Después vinieron las compras de gas en buques, que alcanzaron
valores de hasta 18 dólares por millón de BTU.
Este
esquema desplomó a las cuencas productoras del país y la que más cayó fue la
del NOA, por su proximidad con los bloques gasíferos de Tarija, donde las
petroleras que operan las áreas de Salta se asociaron en los campos que siguen
despachando gas hacia Argentina a precios internacionales.
En estos
días, el valor del recurso importado está casi en paridad con el precio que se
paga en los pozos de Salta.
Esto se
debe a las fuertes caídas que tuvo la cotización del barril de crudo, que toman
Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) y Enarsa para ajustar
trimestralmente el precio de los despachos .
Frente al
nuevo escenario, la medida que se tomó para Vaca Muerta, sin considerar el
enorme potencial de gas no convencional que atesora San Martín, dejaría a Salta
sin inversiones ni oportunidad de despegue en Los Monos.
En esa
formación, el gas se encuentra entrampado en areniscas compactas (se lo conoce
como "tigh gas"). Por ello se necesitan menores fracturamientos
hidráulicos que en Vaca Muerta para liberar el recurso. Mas allá de esa
ventaja, en la Cuenca Noroeste el "tigh gas" está a profundidades dos
o tres veces mayores que el "shale gas" de la Cuenca Neuquina.
La
perforación de un pozo convencional profundo demanda en la frontera con Bolivia
unos 100 millones de dólares, mientras que los pozos no convencionales en Vaca
Muerta se perforan con 15 a 20 millones de dólares.
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