La
promulgación del Sistema Único de Salud (SUS) el 20 de febrero pasado, se ha
convertido en un día histórico para Bolivia. A través de esta ley, el gobierno
busca dar cauce al artículo 18 de la Constitución Política del Estado
Plurinacional aprobada en 2009, en el que se declara que “todas las personas
tienen derecho a la salud”. La universalidad y la gratuidad son los dos pilares
fundamentales sobre los que se estructura dicha iniciativa. En este sentido, el
SUS acercará la cobertura médica a más de cinco millones de personas (51% de la
población) que no contaban con ningún seguro de salud.
En el
discurso del 20 de febrero, cuando se promulgaba la ley en la Casa Grande del
Pueblo, la nueva Ministra de Salud, Gabriela Montaño, expresó: “Cuando
recibimos el gobierno, la salud iba rumbo a la privatización, es decir que cada
vez menos bolivianos iban a poder acceder de manera gratuita. En el año 2005
teníamos un sistema de salud destruído”.
Algunos
datos son elocuentes: el gobierno actual aprobó hasta el 2018 16.686 ítems
(cargos) para salud, 1.391 por año, muchos más en comparación a los anteriores
sesenta y siete años de gestión donde se aprobaron 15.475 ítems en total; el
presupuesto en salud se ha incrementado fuertemente, de 2.773 millones de
bolivianos en 2005 a 18.304 millones en el 2017.
Al iniciar
el gobierno de Evo Morales Bolivia requería urgentemente avanzar en algunos
cambios sociales y económicos que no dependían del presupuesto para la salud,
pero que se relacionaban directamente con la prevención y la posibilidad de
garantizar una atención más efectiva. En este sentido, en el programa “Esta
Casa No Es Hotel”, que sale los domingos en la televisión boliviana, Fernando
Leanes, representante de la Organización Panamericana de la Salud para Bolivia
explicó que Bolivia tenía “algunos avances muy importantes, producidos en los
últimos diez años, que tienen que ver con lo que se denomina el abordaje de los
determinantes de salud: reducción de la pobreza, mejora de la vivienda, del
empleo, y de la conectividad del país”.
Por su
parte, “la extensión de la cobertura de agua potable y de vacunas contra el
rotavirus disminuyó la diarrea, una de las principales causas de mortalidad
infantil”, aseguró el especialista. Pero además, para entender por qué el
Sistema Único de Salud se lanza en este momento del proceso de cambio, es
necesario tener en cuenta que la fortaleza financiera boliviana pasó de 7.600
millones de dólares en 2005 a 52.036 millones en 2017, sosteniendo además un
crecimiento del Producto Interno Bruto entre 2009 y 2017 de 4,82%, muy por en
encima del promedio regional del 1,87%.
El SUS
comenzó a concretarse el primero de marzo de este año, y se irá implementando
progresivamente con la perspectiva de completar los objetivos hacia el 2023. En
tal sentido, en 2019 se incorporarán ocho mil nuevos ítems que significarán más
personal médico y nuevos especialistas para todo el país.
También está
prevista la construcción de 54 hospitales, de los cuales cuatro serán de cuarto
nivel e incluirán especializaciones en investigación; trece hospitales
especializados de tercer nivel, y treinta y siete hospitales de segundo nivel.
De esta
manera, se busca mantener en Bolivia a especialistas e investigadores a la vez
de recuperar muchos y muchas que se han ido a trabajar a otros países de la
región por la histórica falta de inversiones. Al respecto, Evo Morales fue
contundente en su discurso de promulgación del SUS: “¿De qué nos estamos
liberando? En el modelo neoliberal, bajo dominio imperial, la salud es un
negocio, la vida es mercancía. Por un problema de salud en la ciudad, la gente
hipoteca su casa para poder salvar la vida de un hijo, de una hija, de un
familiar. ¿En el campo qué hacemos? Vender el terreno, después nos quedamos sin
casa, sin tierra, con deudas de paso. Implementando progresivamente el SUS
queremos que se termine eso, el Estado estará presente para salvar a esas familias”.
Desde que se
anunció el proyecto del SUS el año pasado salieron a la luz algunos conflictos
con determinados sectores, principalmente de la salud privada y el Colegio
Médico de Bolivia, pero también a algunos gobiernos municipales en manos de la
oposición. La concreción de la salud gratuita y universal para una enorme
cantidad de enfermedades despertó una fuerte resistencia por parte de clínicas
privadas que ven perder de esta manera parte de su negocio, ya que muchos
pacientes que acudían a sus centros de salud ahora lo harán de forma gratuita a
los hospitales públicos.
Al mismo
tiempo, una cantidad de médicos nucleados de forma colegiada también se
opusieron a la implementación del SUS, evidenciando la defensa de sus intereses
privados y su negativa a terminar con la práctica de trasladar pacientes de los
hospitales públicos a sus consultorios privados. Por su parte, algunos
municipios como los de La Paz y Santa Cruz, han puesto trabas a las inversiones
que el gobierno nacional había destinado a hospitales y salas de salud en sus
ciudades y éste será, sin duda, otro conflicto que el gobierno deberá resolver
para garantizar la aplicación efectiva del nuevo plan.
Jason Azua,
Presidente de la Federación de Médicos de Bolivia, enfatizó: “Nosotros no sólo
apoyamos el SUS, lo respaldamos y nos constituimos en garantes principales de
la implementación del seguro universal y gratuito”.
En este
contexto de emergencia de diferentes focos de conflicto para la implementación
de la ley, el cambio de autoridades en el Ministerio de Salud y la elección de
la médica Gabriela Montaño para el cargo de ministra es una apuesta fuerte del
gobierno de Evo Morales. Militante histórica del MAS y una figura de mucho peso
en el pasado reciente de Bolivia, Montaño fue senadora y presidenta del Senado
entre 2012 y 2013, diputada y presidenta de la Cámara de Diputados entre 2015 y
2018 y asumió su nuevo cargo el pasado 23 de enero. Quienes la conocen, afirman
que es una militante capaz de defender públicamente el proyecto frente a cualquier
sector que busque poner trabas, y que pondrá el cuerpo todo lo que haya que
ponerlo para hacer realidad la salud universal y gratuita en Bolivia.
En
su discurso durante la promulgación del SUS, Montaño fue clara en sus
principios: “Nunca más los bolivianos y las bolivianas tendremos que mendigar
para tener salud, esta es la consolidación de nuestra revolución democrática y
cultural, que todos y todas tengan acceso a la salud es más democracia”. (www.notasperiodismopopular.com.ar)
ATENCIÓN
MÉDICA A EXTRANJEROS: ZANJAR UNA VIEJA DISCUSIÓN
No
constituye xenofobia la búsqueda de mecanismos de compensación que establezcan
un tratamiento de reciprocidad a un lado y otro de la frontera
La Nación de
Argentina (www.lanacion.com.ar)
Un
nuevo hecho vinculado con la atención sanitaria que nuestro país garantiza a
ciudadanos extranjeros ha vuelto a poner en debate una discusión nunca zanjada.
Ocurrió al conocerse la carta enviada a nuestras autoridades por el gobierno de
Bolivia, por la que Evo Morales rechazó un reclamo de la administración de
Mauricio Macri para que los argentinos que viajen o vivan en aquel país puedan
atenderse gratuitamente en sus hospitales del mismo modo en que nuestros
vecinos bolivianos lo hacen en centros de salud de la Argentina.
Más
allá de que pocas semanas después, autoridades jujeñas del área de Salud se
reunieron con sus pares en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra para
comenzar a dar los primeros pasos tendientes a lograr reciprocidad en esas
prestaciones entre ambas regiones, la pregunta aún sin respuesta es si se debe
instrumentar un sistema nacional en el mismo sentido por medio del cual se
establezcan pautas claras respecto de la atención de ciudadanos a un lado y
otro de las fronteras.
Diversos
acuerdos regionales han visto la luz a lo largo de los años, pero son los
menos. Cada vez que se reinstaura esta polémica surgen voces que la tiñen de
xenófoba. Nada más alejado de la realidad que esa consideración. Se trata de
repensar un sistema que equivocadamente se describe como totalmente gratuito,
cuando lo único gratuito es el acceso. Siempre alguien debe pagar por la
atención de los pacientes, sus seguimientos, las intervenciones quirúrgicas o
los tratamientos de rehabilitación, entre otras tantas prestaciones. Y ese
alguien es el Estado, sostenido por las contribuciones de todos los ciudadanos.
Que
nuestro país reclame reciprocidad de otras naciones no constituye un planteo
errado. Por el contrario, en las últimas semanas hemos conocido varios casos de
argentinos que se enfermaron estando en el exterior y que al no contar con un
seguro especial de cobertura de salud o al exceder los costos el monto
asegurado, deben pagar de su bolsillo -y no siempre se cuenta con ese dinero-
la atención médica que se les suministra en hospitales públicos de otras
naciones.
Tras
lo ocurrido en Jujuy, funcionarios de primera línea del gobierno nacional
aseguraron que avalan el cobro de la atención médica a extranjeros. Y
destacaron que corresponde al Congreso legislar al respecto.
En
conceptos del canciller Jorge Faurie, "ha llegado el momento apropiado
para que la sociedad argentina, a través del Parlamento, discuta cómo encarar
el tema de esa atención médica, que tenga en cuenta primero la de nuestros
nacionales y cómo podemos llegar a un mecanismo de asistencia recíproca con
cada uno de los países". Faurie explicó que este tema ya fue planteado en
diversas oportunidades a los gobiernos de Chile, Uruguay y Paraguay.
Esta
discusión es de viejísima data, pero adquiere mayor importancia en momentos en
que el sistema público de salud se encuentra saturado y la economía de nuestro
país pasa por enormes dificultades.
No
se trata simplemente de aumentar el gasto en salud. Hay numerosos estudios que
confirman que no siempre un mayor presupuesto es sinónimo de calidad. Hay que
estudiar muy bien cómo se ejecuta ese presupuesto, cuáles son sus objetivos y
cuál su grado de cumplimiento.
Lamentablemente,
no hay estadísticas globales sobre la cantidad de extranjeros que se atienden
en nuestros centros sanitarios. Cada localidad, cada provincia lleva sus
propios números, los que varían año tras año.
Lo
que sí hay es una marcada tendencia a subestimar esa problemática. Hace dos
años, en oportunidad de reunirse el Consejo Federal de Salud (Cofesa) en Jujuy,
quien entonces era ministro del área, Jorge Lemus, fue muy claro al señalar que
esa atención indiscriminada y sin contraprestaciones importa para el país una
carga económica muy importante. Decía Lemus: "Existe un flujo de pacientes
que no vienen a residir, sino que llegan al país sencillamente a atenderse.
Solamente en trasplantes para extranjeros, la Argentina puede llegar a erogar
1000 millones de pesos por año".
A
eso hay que sumar los llamados "tours médicos", una actividad más
comercial que sanitaria, explotada por particulares o grupos de personas que
ofrecen a ciudadanos de otros países atenderse en nuestros hospitales sin pagar
un peso, salvo los vinculados con traslados, manutención, hospedaje y demás
gastos derivados de los días que dure cada estadía en la Argentina.
En
otras oportunidades, muchos extranjeros cuyos tratamientos también se realizan
en sus países pero de forma arancelada, vienen al nuestro para obtenerlos de
manera gratuita. Entre esas prestaciones, figuran numerosas cirugías estéticas,
prácticas odontológicas y partos, ya sea naturales o por cesárea.
Existe
una tensión evidente entre quienes ponderan el deber hipocrático (atender a
todo paciente que lo necesite sin importar los costos) por sobre el principio
de justicia (cómo ha de distribuirse la riqueza que genera un país: si entre
sus ciudadanos o a manos abiertas).
Cuando
los recursos son escasos y las prestaciones numerosas o de alto costo, se
plantea una disyuntiva extra: bajar el nivel de atención (esperas, turnos,
cantidad de procedimientos terapéuticos, suministro de medicación) para todos
los pacientes que lo demandan, sean nacionales o extranjeros, o privilegiar los
requerimientos de los primeros, que son quienes sostienen con sus impuestos al
Estado proveedor de dichas prácticas.
Son
numerosísimos los casos de mujeres de otros países que vienen exclusivamente a
tener a sus hijos en nuestros hospitales, muy probablemente porque en sus
lugares de origen esas prácticas se encuentran aranceladas o porque, también
hay que decirlo, se sienten seguras con el profesionalismo de nuestros equipos
médicos, paramédicos y técnicos.
Si
nuestros hospitales pudieran recuperar esos costos como producto de acuerdos de
reciprocidad con otros Estados, la cuestión sería muy distinta. No se trata de
conculcar derechos, como muchas veces se lo quiere hacer ver, pues lo que está
en discusión no es la atención de emergencia, sino las prácticas programadas.
Nuestra
Constitución garantiza para los extranjeros el mismo trato que para quienes han
nacido en nuestro suelo. Reclamar un recupero o mecanismo de compensación en
esta materia es necesario para poder seguir manteniendo el sistema en beneficio
de todos.
Es
hora de involucrarnos de manera seria y decidida en este tipo de economía tan
sensible como prioritaria: la de la salud.
JUJUY VA
NUEVAMENTE POR LA COMPENSACIÓN DE GASTOS EN SALUD DE EXTRANJEROS
A partir del acuerdo de reciprocidad con Bolivia, nuestra provincia
pretende compensar los gastos de 2018, ya sea con dinero o con gas para los
pueblos de la Puna.
Jujuy Online de Argentina (www.jujuyonlinenoticias.com.ar)
En
los próximos días las autoridades de Jujuy y de Bolivia realizarán una
videoconferencia para analizar los avances del convenio de reciprocidad. Luego,
mantendrán una reunión el 1 de abril en la cual se solicitará la compensación
de los gastos que la Provincia tiene en materia de salud pública al brindar
asistencia a ciudadanos extranjeros.
“Nosotros
no vamos solo por la reciprocidad, sino también por la igualdad”, sostuvo el
ministro de Salud, Gustavo Bouhid, refiriéndose a la situación que atraviesan
Argentina y Bolivia respecto a la atención sanitaria y aclaró que “no es la
misma cantidad de jujeños que se asisten en Bolivia que la de bolivianos que se
atienden en Jujuy”.
“Si
no están dispuestos a la compensación de gastos, por ejemplo en proveer de gas
a nuestras localidades de la Puna que es lo que Jujuy necesita y Bolivia puede
dar, el sistema de salud se verá obligado a cobrar las prestaciones a las que
no tiene alcance el convenio actual, que sólo asiste en la urgencia y en la
atención primaria”, explicó Bouhid.
El
Ministro apuntó que “se pretende ir aumentando la cantidad de prestaciones a
medida que pase el tiempo para que ambos países atendamos sin cobrarnos,
mientras no suceda se solicita la colaboración de acuerdo a las necesidades de
cada uno”.
Por
otra parte, al hablar sobre el convenio de reciprocidad vigente desde el
primero de marzo, Bouhid informó que “se está trabajando de manera excelente
con la localidad de Tarija” y agradeció al gobernador Adrián Oliva “por
intervenir personalmente ante el caso de dos jujeños que lamentablemente se
accidentaron el día martes y fueron asistidos totalmente gratis ante la
emergencia”.
“Estos
pacientes decidieron venirse a Jujuy por una cuestión de tecnología y recurso
humano, y fueron trasladados hasta la frontera de manera gratuita marcando un
hecho histórico, ya que es la primera vez que a ciudadanos argentinos no le
cobran la atención sanitaria en una emergencia en la hermana República de
Bolivia”, concluyó.
FAMILIA
ARGENTINA RECIBE ATENCIÓN MÉDICA GRATUITA EN BOLIVIA
La Voz de
Argentina (www.lavoz.com.ar)
Una
familia jujeña que se accidentó el martes en Bolivia pudo recibir atención
médica gratuita en ese país "por la aplicación del convenio de reciprocidad
en la salud" acordado con las autoridades de ese país en febrero, destacó
hoy el gobernador de Jujuy, Gerardo
Morales.
El
mandatario afirmó desde su cuenta en Facebook que "la reciprocidad en
salud se ha concretado" en el caso de tres integrantes de una familia que
vive la ciudad de Libertador General San Martín, por lo que manifestó su
"profundo agradecimiento" al gobernador de Tarija, Adrián Esteban Oliva.
El
accidente automovilístico ocurrió el martes de carnaval, en horas de la
madrugada, a la altura del acceso sur de Tarija, cuando la familia regresaba a
Jujuy.
Tras
los llamados al sistema de emergencia, una ambulancia concurrió al lugar, les
prestó los primeros auxilios y los trasladó al hospital, detalló Morales.
Por
el hecho resultaron lesionados Mario Mendoza Gareca, boliviano residente en
Argentina, quien presenta una fractura de fémur y rodilla y fractura en una
vértebra, y su esposa Rosa María Mamaní, de nacionalidad argentina, quien tiene
golpes múltiples en el cuerpo.
En
tanto que una niña hija de la mujer presentaba un cuadro de golpes en el pecho
y cabeza.
Si
bien inicialmente "se les había negado la atención, gracias a la rápida
intervención del primer mandatario de Tarija, recibieron la correspondiente
asistencia médica", dijo Morales.
El
gobernador jujeño destacó que la provincia cuenta con tecnología de Tercer
Nivel y "hasta que Bolivia mejore la atención con el nuevo Sistema Único
de Salud, que recién comenzará a implementarse con la nueva ley, persiste una
asimetría entre los sistemas públicos de salud de ambos países".
"De
allí que la familia ha solicitado regresar a la Argentina; acción que estamos
evaluando actualmente en articulación conjunta entre las autoridades sanitarias
de Tarija y de Jujuy", apuntó el mandatario.
Respecto
al Acuerdo de Cooperación en Materia de Salud con Bolivia dijo que "el
giro logrado ha sido importante" y eso permitió que se registraran los
primeros casos de argentinos atendidos gratuitamente en el vecino país.
De
todos modos, advirtió que frente a la disparidad de personas extranjeras que
recibe atención sanitaria en la provincia jujeña y en Bolivia, van a ?seguir
planteando un esquema de compensación de los 160 millones de pesos que
anualmente demanda la atención de extranjeros a la provincia".
NAVIERA
PARAGUAYA ISL PROYECTA CONECTAR MONTEVIDEO CON PUERTO BOLIVIANO PREVIA ESCALA
EN ASUNCIÓN
La empresa
procura que sea el gobierno boliviano quien le sugiera qué puerto podría
recibir carga RO-RO y maquinaria
Mundo
Marítimo de Chile (www.mundomaritimo.cl)
“Dentro de nuestra estrategia 2019, está
desarrollar una frecuencia a Bolivia”, confió el director ejecutivo de la naviera Independencia Shipping Lines (ISL),
Gabriel Kaklouk, a MundoMarítimo.
“Luego de varios intentos en el pasado, la empresa
retomó hace tres años el proyecto de unir los puertos de Uruguay y Bolivia a
través de dos barcos que pueden llevar (a los puertos del país del
altiplano) contenedores, aunque nuestro
interés es transportar vehículos, automóviles, camiones, maquinaria y carga
proyecto”, señaló el directivo.
Dos
de los cinco buques con que cuenta la empresa (los gemelos “Sandra” e
“Inquebrantable”, que tienen un calado máximo de 2,804 metros), serían los que
la naviera quiere utilizar para conectar los puertos de Uruguay y Bolivia a
través de la hidrovía Paraguay-Paraná.
“Nuestros barcos pueden traer de bajada
contenedores y graneles, para Uruguay o para que se reembarquen a puertos de
ultramar, de modo de hacer rentable la ecuación económica”, añadió.
“Otros colegas ya están haciendo un buen trabajo
transportando contenedores y no queremos incursionar en ese rubro. Lo nuestro
apunta al tema de la carga rodante, aprovechando nuestro network”, subrayó. “Vimos en las estadísticas que hay mucha
exportación de Argentina hacia Bolivia, entonces nuestros barcos podrían tomar
vehículos en la vecina orilla y entregarlos en puertos bolivianos”,
razonó.
Kaklouk
afirmó que ya se reunió con el vicecanciller Ariel Bergamino a quien lo informó
sobre el interés de desarrollar el mercado boliviano y aguardamos hacer lo
propio con representantes del gobierno de ese país a quienes “queremos expresarle nuestra voluntad, como
armadores, de desarrollar ese mercado con barcos de ISL”.
“Vamos a dedicar dos buques al tráfico entre
Uruguay y Bolivia en forma directa, sin trasbordo. Si el volumen ameritara
dedicaremos el resto de nuestras embarcaciones para complementar este servicio
vía Asunción”, anticipó.
“Queremos que sea el gobierno boliviano el que nos
diga qué puerto quieren impulsar en función del tipo de negocio a desarrollar y
nosotros lo vamos a hacer”, aseveró el entrevistado. “¿Por qué no pensar en buscar el desarrollo
de la zona oeste de Bolivia, generar allí un polo logístico donde los propios
importadores de vehículos pudieran tener su centro de pre entrega y desde ahí
distribuirlos a todo el oriente boliviano”, proyectó.
PROPONEN
POLÍTICAS SELECTIVAS PARA REDUCIR DÉFICIT COMERCIAL DE BOLIVIA
Xinhua de
China (www.spanish.xinhuanet.com)
Empresarios
y expertos propusieron políticas alternativas de promoción selectiva de
importaciones y exportaciones, libre venta de excedentes, incrementar la
producción de alimentos no tradicionales y el potenciamiento de la industrialización
ante el cuarto año consecutivo de déficit comercial de Bolivia.
El
presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Marco Antonio Salinas, explicó a
Xinhua que para incrementar las ventas internacionales y equiparar a las
importaciones, es necesario potenciar las facilidades de las exportaciones
acompañadas de la estabilidad económica, política y social.
Señaló
que el repunte de las ventas se traducirá en un "espaldarazo"
importante al crecimiento económico que Bolivia ha proyectado para este año, de
4,5 por ciento.
No
obstante, advirtió que una balanza comercial negativa afecta el crecimiento
económico.
"Exportar
permite la posibilidad de que la economía de un país crezca mucho más que
basándose sólo en su mercado interno, especialmente cuando éste es pequeño y de
bajo poder adquisitivo, como ocurre en Bolivia", agregó.
Asimismo,
manifestó que el continuo déficit de la balanza comercial afecta también a la
disminución de las Reservas Internacionales Netas (RIN), que en Bolivia han
tenido una mengua en los últimos años.
Bolivia
registró en 2018 un déficit comercial de 935,6 millones de dólares, pese al
incremento del valor de las exportaciones de un 8,7 por ciento en 2018, según
un informe del estatal Instituto Nacional de Estadística (INE).
El
INE detalla que las ventas al mercado externo se incrementaron de 8.338
millones de dólares en 2017 a 9.060 millones de dólares en 2018. En tanto que
las importaciones registraron una suba de 9.308,5 millones de dólares a 9.995,9
millones, es decir, un 7,4 por ciento.
Por
su lado, el ministro de desarrollo Rural, César Cocarico, manifestó este jueves
en una entrevista con una emisora local, que su gobierno está haciendo todos
los esfuerzos para ampliar los mercados para los productos bolivianos en
mejores condiciones y buen precio.
"Estamos
abriendo nuevos mercados para exportar una serie de productos con valor
agregado, cuyos cultivos presentaron sobreproducción en las últimas cosechas.
Además, se está negociando con países de Asia y Europa para llegar con carne
vacuna", afirmó.
Reconoció
que en los últimos años el déficit comercial tuvo un promedio de 1.000 millones
de dólares. Dijo que es necesario coadyuvar acciones con productores y
exportadores para enfrentar el déficit comercial.
A
su vez, el gerente general del privado Instituto Boliviano de Comercio Exterior
(IBCE), Gary Rodríguez, explicó a Xinhua que lo destacable de la gestión 2018
es el crecimiento de las exportaciones, principalmente de los productos
tradicionales como la minería y los hidrocarburos.
"El
horizonte exportador está mejorando, lo que beneficia a Bolivia por sus efectos
multiplicadores, desde ingresos a las reservas internacionales, generación de
empleo y crecimiento", añadió.
Empero,
lamentó que la economía de Bolivia dependa de la alta volatilidad de los
precios del petróleo y los minerales, lo que "demuestra que el país es
vulnerable a los precios internacionales".
El
experto en comercio exterior señaló que para superar el déficit comercial
consideró "vital" diversificar las ventas al exterior de otros
productos no tradicionales, con demanda en otros países, con la finalidad de
impulsar al sector de la agroindustria.
Según
Rodríguez, el mejoramiento del desempeño externo se debe efectuar con la
combinación de una política de promoción selectiva de exportaciones y una
política de sustitución competitiva de importaciones, a lo que podría
contribuir fuertemente la libre exportación de excedentes.
Dijo
que es necesario gestar políticas públicas dirigidas a mejorar la productividad
y la competitividad de Bolivia frente a un problemático entorno signado por un
tipo de cambio del dólar fijo en el país desde el año 2011 respecto a las
devaluaciones desde entonces en Argentina, Brasil, Chile y Perú.
Consideró
fundamental iniciar una política agresiva de apertura de nuevos mercados para
la producción boliviana, de manera que el esfuerzo empresarial vaya acompañado
de acciones estatales en aras de un mejor futuro económico para los bolivianos.
CANCILLERES
DE PERÚ Y BOLIVIA DIALOGARON SOBRE AGENDA BILATERAL E INTEGRACIÓN
Perú y
Bolivia han intensificado en los últimos años una agenda de integración que
tiene como uno de sus principales puntos el uso del puerto de Ilo, en la región
sureña de Moquegua, como punto de embarque y desembarque del comercio
boliviano.
Gestión de
Perú (www.gestion.pe)
Los
cancilleres de Perú y de Bolivia, Néstor Popolizio y Diego Pary,
respectivamente, sostuvieron una reunión de trabajo que les permitió revisar la
agenda bilateral y el proceso de integración regional.
La
Cancillería peruana señaló, en un comunicado, que Popolizio recibió a Pary en
el Palacio de Torre Tagle, la sede del Ministerio peruano de Relaciones
Exteriores, en el centro histórico de Lima.
"Hoy
me reuní con el canciller boliviano, Diego Pary, con quien abordamos diversos
temas de nuestra intensa agenda bilateral. Asimismo, dialogamos sobre el futuro
de los diversos procesos de integración en Suramérica, sus retos y
complejidades", detalló Popolizio en un mensaje en su cuenta de Twitter.
Según
agregó la Cancillería, Pary acudió a la cita acompañado de la viceministra de
Relaciones Exteriores, Carmen Almendras, y durante la reunión se abordaron
temas de la "intensa agenda bilateral en el ámbito político-diplomático y
económico-comercial".
También
se trataron "otros temas de interés común" y se dialogó sobre el
futuro de los diversos procesos de la integración regional.
Sobre
este último aspecto, los cancilleres subrayaron el trabajo de la presidencia
pro-tempore de la Comunidad Andina que ejerce Perú y las "posibles
alternativas" a la crisis que afronta la Unión de Naciones Suramericanas
(Unasur), afectada por pugnas internas y la suspensión de la participación de
varios países.
Perú
y Bolivia han intensificado en los últimos años una agenda de integración que
tiene como uno de sus principales puntos el uso del puerto de Ilo, en la región
sureña de Moquegua, como punto de embarque y desembarque del comercio
boliviano.
Ilo
fue visitado en octubre del año pasado por el presidente boliviano, Evo Morales ,
mientras que la Empresa
Nacional de Puertos de Perú (Enapu ) desarrolla una campaña de
promoción entre empresarios de las principales ciudades bolivianas.
El
presidente de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB),
Óscar Barriga, anunció en febrero pasado una inversión de más de US$ 400
millones para exportar su producción a través de Ilo.
Fuentes
oficiales peruanas señalan que la carga enviada por las empresas bolivianas se
ha incrementado en los últimos meses, ya que Ilo ofrece un 30% de descuento en
las tarifas y 90 días libres de almacenamiento en exclusiva a la carga de ese
país.
Además,
en el último gabinete binacional, celebrado en septiembre del 2018, se
estableció una mesa de trabajo para analizar la integración energética entre
las dos naciones, que considera la revisión de las condiciones para la
exportación de gas natural comprimido (GNC) y gas natural licuado (GNL) de
Bolivia hacia Perú.
En
ese encuentro también se conversó sobre los recursos hídricos transfronterizos,
como el saneamiento del lago Titicaca, que ambos países comparten, así como la
seguridad y defensa ante desafíos como la lucha contra el narcotráfico.
Los
dos países también analizan el desarrollo del ferrocarril bioceánico, un
proyecto que plantea unir los océanos Pacífico y Atlántico, entre los puertos
de Santos en Brasil e Ilo en Perú, a través de Bolivia.
EN BUSCA DE
SEGURIDAD PARA LAS MUJERES EN CIUDAD BOLIVIANA DE EL ALTO
Agencia IPS
de México (www.ipsnoticias.net)
Cuando
anochece en El Alto, una ciudad boliviana rodeada por los Andes, resulta
difícil ver a las mujeres por las oscuras calles. Esto se debe a que a las
mujeres y las niñas se les dice que se queden en casa, por su seguridad. Sin
embargo, algunas de ellas no pueden evitar salir.
“Nos
afecta mucho”, explica Rosa Juana Quispe Vargas, vendedora local de 42 años de
edad, madre soltera y líder comunitaria en la zona de Lotes y Servicios de El
Alto. “Antes de subirnos a un minibús por las noches debemos mirar primero para
ver si hay alguna mujer, porque si sólo hay hombres, nos acosan. En las calles,
si nos encontramos con lugares oscuros, tomamos otro camino”.
Es
uno de los problemas de vivir en esta ciudad en expansión a tan sólo 15 km de
la capital de Bolivia, La Paz. El Alto, que en el pasado era una desolada
comunidad tranquila, se ha convertido en la segunda mayor ciudad del país, y la
que está creciendo con mayor rapidez.
“Tengo
una tienda en la zona y he visto varias veces a mujeres y niñas agredidas por
hombres, en ocasiones sus propios esposos”, dice Quispe Vargas. “El machismo no
ha desaparecido; de hecho, ahora la situación es peor que antes, aunque ahora
contamos con la Ley 348 (una ley que prohíbe la violencia contra las mujeres)”,
añade.
Una encuesta llevada
a cabo por el gobierno sobre la prevalencia de la violencia de género en
Bolivia descubrió que, en el departamento de La Paz, al que pertenece El Alto,
un 87% de las mujeres afirmaba haber experimentado alguna forma de violencia de
género a lo largo de su vida, y un 66% declaraba haber sufrido algún tipo de
violencia sexual.
En
2018, cuando El Alto pidió participar en la Iniciativa
emblemática mundial “Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros” de
ONU Mujeres, esta organización, utilizando fondos de la República de Corea,
realizó un estudio de alcance con el objetivo de conocer mejor la naturaleza de
la violencia y dónde se produce.
El
estudio identificó las calles, los bares y el transporte público como lugares
con mayor probabilidad de que ocurra acoso sexual y otras formas de violencia
sexual, y detalló los mecanismos de protección que utilizan las mujeres.
“Me
fijo en si los autobuses tienen logotipos de sindicatos de transporte”,
relataba una joven entrevistada en el marco del estudio. “Miro si hay personas
ebrias y escribo un mensaje de Whatsapp a mi familia para que sepan que voy en
el autobús. Observo detrás de mí para ver si alguien me vigila y oculto mi
monedero”, afirma.
En
El Alto, el nuevo programa Ciudad Segura busca aumentar la seguridad y mejorar
la calidad de vida de las mujeres mediante el desarrollo y la aplicación de un
enfoque local con respecto a la prevención de la violencia sexual en los
espacios públicos y la respuesta a este problema.
En
el futuro, con la financiación de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, el programa colaborará con las autoridades
locales (la policía, el gobierno local y el sector del transporte),
las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y otros
socios en el diseño de servicios para las sobrevivientes, la integración de las
cuestiones de género en la planificación urbana y el impulso a las iniciativas
de movilización comunitaria dirigidos a prevenir este tipo de violencia.
“Es
importante que la planificación incluya a las mujeres”, explica Patricia
Urquieta, del programa de Ciencias del Desarrollo en la Universidad Mayor de
San Andrés (CIDES-UMSA) e investigadora principal del estudio de alcance de El
Alto.
Según
afirma, “las ciudades deben ser lugares en los que las mujeres puedan ejercer
con libertad su derecho a la felicidad, su derecho a moverse, a crecer…”. La
planificación del transporte público, las aceras, etc., deben tener en cuenta
la economía de los cuidados y la movilidad de las personas que atienden a
otras… El urbanismo feminista promueve la seguridad, pero también la
vitalidad”.
Señala
Urquieta que se necesita un enfoque sensible al género en la planificación de
todos los departamentos municipales, que debe incluir inversiones en
infraestructuras públicas (agua potable segura, saneamiento mejorado, alumbrado,
creación de puestos en los mercados), junto con capacitación para las mujeres a
fin de dotarlas de conocimientos básicos en materia financiera y de desarrollo
económico.
Más
de un tercio de la población de El Alto vive en la pobreza.
A
pesar de que la tasa de participación de las mujeres bolivianas en el mercado
de trabajo es la más elevada de la región (62%),
es necesario mejorar urgentemente sus condiciones de vida y de trabajo.
Determinados
grupos de mujeres, como las indígenas y las migrantes, así como las jóvenes,
presentan una vulnerabilidad particular al acoso sexual en espacios públicos, y
se observa una falta de servicios públicos para las mujeres trabajadoras.
“Las
mujeres demandan principalmente guarderías para el cuidado de sus hijas e
hijos, ya que esto mejoraría sus recursos financieros al poder dedicarse a
tiempo completo a actividades comerciales”, añade Ariel Ramírez Quiroga,
subdirectora de la Fundación Munasim Kullakita, socio local del programa.
También
es importante crear conciencia entre las mujeres y hombres sobre el reparto del
trabajo de cuidados, explica.
“Muchas
madres no querían que sus hijas participaran en los talleres de prevención que
organizamos porque eso las obligaba a disponer de menos tiempo para las labores
domésticas y las responsabilidades de cuidado… es preciso conseguir que la
carga del cuidado no recaiga exclusivamente en las mujeres y distribuir el
trabajo doméstico y de cuidados de manera más equitativa entre hombres y
mujeres”, explica Ramírez Quiroga.
Cecilia
Enríquez, directora del programa Ciudad Segura en El Alto, confía en el éxito
del programa porque “entre otros factores, el Gobierno sabe que este programa
logra resultados concretos y ha priorizado este trabajo en la agenda urbana;
además, está invirtiendo esfuerzos para erradicar la violencia contra las
mujeres”.
En
2019, el programa Ciudad Segura de El Alto examinará las leyes y políticas
dirigidas a prevenir y responder a la violencia sexual en los espacios
públicos.
Las
autoridades, organizaciones de mujeres y socios comunitarios recibirán
capacitación para llevar a cabo un seguimiento de la eficaz aplicación de las
leyes y políticas, así como para asegurarse de que las leyes se acompañen de
recursos suficientes para marcar una diferencia en la vida de las mujeres.
“Queremos
que la comunidad influya en el diseño de las políticas públicas municipales”,
afirma Ramírez Quiroga.
“Las
mujeres también necesitan sus espacios para organizarse y exigir un cambio. Las
ONG, fundaciones e instituciones pueden ofrecerles las herramientas precisas
para su labor de promoción y defensa, pero las decisiones deben ser adoptadas
por las mujeres en toda su diversidad”, concluye.
LAS
BOLIVIANAS ALZARÁN LA VOZ EN CONTRA DE LA VIOLENCIA Y LOS FEMINICIDIOS
El Telegrafo de Ecuador (www.eltelegrafo.com.ec)
Activistas
bolivianas por los derechos de las mujeres afinaron el jueves 7 de marzo de
2019 los detalles para movilizarse con motivo del Día Internacional de la
Mujer, con reclamos sobre todo de igualdad laboral y en contra de los
feminicidios. Uno de los colectivos que se movilizará el viernes 8 de marzo de
2019 es la agrupación Pan y Rosas Bolivia, cuyos integrantes, sobre todo
mujeres, se reunieron en la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos
en La Paz para preparar pancartas y cánticos alusivos a la fecha.
Las
activistas pintaron consignas como "El espacio es público, mi cuerpo
no", "Feminicidios. El Estado es responsable", "No me
felicites" u "8M mujeres contra el patriarcado", en cartulinas y
telas de color morado, que identifica al movimiento feminista. "Este 8 de
marzo no tenemos nada que celebrar ni en Bolivia, ni en el mundo, porque las
mujeres seguimos siendo víctimas de violencia machista", dijo a Efe una
representante de Pan y Rosas Bolivia, Violeta Tamayo.
La
activista recordó que en 2018 se registraron más de un centenar de feminicidios
en Bolivia y lamentó que estos sucesos queden impunes en su mayoría, a pesar de
que en el país está vigente desde 2013 una ley contra la violencia machista.
Esta norma sanciona el feminicidio con treinta años de cárcel sin derecho a
indulto, la máxima pena de la legislación boliviana.
Tamayo
también llamó la atención sobre una violencia "invisibilizada" contra
las mujeres, que incluye aspectos como la explotación laboral, el trabajo
doméstico no remunerado o "el hecho de que las mujeres trabajadoras en
Bolivia recibimos un 47 por ciento menos de ingresos que nuestros pares
varones". Pan y Rosas Bolivia marchará este viernes en la tarde junto a
otros colectivos feministas, como Warmis en resistencia y Ni una menos, además
del sindicato de mujeres constructoras.
La
marcha, a la que también concurrirán estudiantes de la universidad estatal de
La Paz, será encabezada por sindicatos de mujeres y los familiares de víctimas
de feminicidios.
Deportan
a un ciudadano boliviano que había sido condenado por un abuso sexual en
Córdoba
La Provincia
de Argentina (www.grupolaprovincia.com)
Un
hombre de nacionalidad boliviana que cumplía una pena por un abuso sexual de
una niña de 13 años fue deportado hoy a su país desde Córdoba, justo antes de
que pudiera solicitar el beneficio de la libertad condicional, informó la
Dirección Nacional de Migraciones (DNM).
El
ciudadano expulsado, cuya identidad no fue dada a conocer, podía salir libre
tras cumplir dos tercios de su condena de seis años de prisión por dos hechos
de "abuso sexual con acceso carnal reiterado" en perjuicio de la
víctima, integrante de su entorno familiar.
La
DNM, dependiente del Ministerio del Interior, informó que el acusado había sido
condenado por la Cámara de Primera Nominación de la ciudad de Córdoba el 23 de
octubre de 2015 y estaba alojado en la cárcel de Cruz del Eje.
El
organismo había dispuesto el 7 de febrero de 2017 la cancelación de la
residencia permanente en el país y ordenó su expulsión con prohibición
permanente de reingreso al territorio nacional.
De
esta manera, el Juzgado de Ejecución Penal de Cruz del Eje autorizó la medida y
el hombre fue trasladado hasta el Aeropuerto de Córdoba por personal de la
Policía Federal Argentina (PFA), tras lo cual partió a las 12.40 en un vuelo de
Aerolíneas Argentinas a la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra. 
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