ARCHIVOS DESCLASIFICADOS: CIA FINANCIÓ GOLPES DE ESTADO Y ELECCIONES EN BOLIVIA

 

El Gobierno de Donald Trump desclasificó documentos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, en inglés) que revelan la injerencia de Estados Unidos (EE.UU.) en la política boliviana durante la década de 1960.
Los archivos detallan cómo la agencia financió con 585.000 dólares, equivalentes a seis millones actuales, al general René Barrientos, su rival Alfredo Ovando Candia y las Fuerzas Armadas para asegurar un gobierno afín a Washington y reprimir a movimientos izquierdistas.
La CIA no solo aseguró la victoria de Barrientos en las elecciones de 1966 con un 66,8% de los votos, sino que también manipuló a observadores internacionales para legitimar el proceso. El informe, firmado por el jefe de operaciones David A. Phillips, confirma que la agencia controló tanto al oficialismo como a una oposición simbólica, mientras neutralizaba a sectores obreros y mineros cercanos al comunismo.
El analista político Andrés Guzmán señaló que estos documentos confirman el rol clave de EE.UU. en la ejecución del Che Guevara en 1967, bajo el régimen de Barrientos. «Barrientos fue un hombre totalmente alineado con Washington», afirmó.
Destacó que, aunque la política exterior estadounidense ha cambiado, persisten intervenciones selectivas, como las sanciones unilaterales impuestas a Venezuela. Sin embargo, criticó la falta de reacción en Bolivia. «Debería haber un repudio, pero cualquier reclamo parece caer en saco roto».  (https://lc.cx/alRyYx)
 
 
 
 
 

ARCHIVOS DE LA CIA SOBRE KENNEDY DEVELAN LA INJERENCIA DE EEUU EN BOLIVIA
 
El Gobierno de Donald Trump desclasificó archivos de la CIA de los años 60 que muestran cómo Estados Unidos influía en la política interna de Bolivia.
 
Caras y Caretas de Uruguay (https://acortar.link/8xUXIz)
 
El Gobierno de Donald Trump desclasificó archivos de la CIA relacionados con el asesinato del presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy en 1963. Este informe incluye comentarios sobre otras acciones desarrolladas por la Agencia Central de Inteligencia en plena Guerra Fría para evitar el avance del comunismo en América Latina.
Una parte aborda el intervencionismo de Estados Unidos en la política interior de Bolivia en la década de los 60, cuando se impusieron varios gobiernos militares. Uno de ellos, el del general René Barrientos, fue el encargado de ejecutar al líder revolucionario Ernesto 'Che' Guevara. El documento desclasificado de la CIA pone énfasis en su apoyo al general Barrientos, quien había llegado a la presidencia en 1964 mediante un golpe de Estado.
Su principal contendiente político era justamente otro militar, el también general Alfredo Ovando Candia. Para mantener la gobernabilidad, la Junta Militar presidida por Barrientos acordó que ambos generales compartirían la presidencia.
En 1966, Barrientos propuso realizar elecciones democráticas en Bolivia para validar su mandato en solitario. En la página 279 del informe secreto, la CIA evaluó que este general tenía apoyo mayoritario en las áreas rurales. El militar, formado en la Fuerza Aérea, era muy popular y hablaba quechua, lo cual lo aproximaba aún más a las comunidades indígenas campesinas. Por otro lado, la agencia norteamericana analizó que el general Ovando tenía amplio apoyo entre las Fuerzas Armadas.
El documento identificó un tercer bloque, conformado por "comunistas e izquierdistas, apoyados por duros trabajadores mineros y obreros".Ante este panorama, la CIA ejecutó un presupuesto de 585.000 dólares de esa época (unos seis millones de dólares en la actualidad), distribuidos de la siguiente manera: una parte para Barrientos, otra parte para el general Ovando (así dejaría gobernar a su contendiente), y una porción más para las Fuerzas Armadas, quienes tendrían la misión de reprimir y desbaratar las organizaciones de trabajadores.
Cómo cocinar elecciones
El informe, elaborado en 1973, está aprobado por la firma de David A. Phillips, en ese entonces jefe director de Operaciones de la División del Hemisferio Oeste de la CIA: "Para lograr que Barrientos fuera electo, la CIA primero tuvo que promover una elección creíble, financiando las campañas tanto del ganador seleccionado como de su oposición simbólica en las urnas", señala el documento. Según el informe desclasificado, "la verdadera cuestión era si las elecciones se realizarían. En 18 meses, la Estación de La Paz gastó 585.000 dólares, primero para persuadir a las Fuerzas Armadas de reprimir a los izquierdistas, luego para persuadir a Barrientos a competir, más tarde para convencer a Ovando de no interferir y finalmente para generar suficiente oposición política de modo que las elecciones fueran convincentes". En este párrafo, la CIA también confirmó la existencia de su oficina ("estación") en la ciudad de La Paz.
Y continúa el documento: "En un genuino tour de force (un logro impresionante), el jefe de la oficina en La Paz, Lawrence M. Sternfield, logró que los observadores de la OEA calificaran a la elección como democrática y honesta —y obtuvo los resultados del Tribunal Electoral cuatro días antes de que se realizara la elección". La aludida Organización de los Estados Americanos aún no se pronunció sobre lo develado en el documento desclasificado. En las elecciones de 1966 triunfó Barrientos, líder del Frente de la Revolución Boliviana (FRB), con el 66,8%. Segundo quedó Bernardino Bilbao Rioja, héroe de la Guerra del Chaco y referente del partido Comunidad Demócrata Cristiana (CDC), con el 13,8% de los votos.
Injerencia desclasificada
En diálogo con Sputnik, el analista político Andrés Guzmán consideró que los archivos desclasificados "evidencian la influencia que efectivamente tenía EEUU en esa época, cuando intentaba contener el avance del comunismo en la región".
Y agregó: "Demuestra cómo la CIA financiaba campañas electorales y movía candidatos tanto de oficialismo como de oposición, así realmente lograba sus objetivos". También en 1966, el guerrillero argentino-cubano Ernesto Guevara reunía subrepticiamente un grupo de hombres y mujeres para combatir al Gobierno de Barrientos.
Durante años, fue vox populi el apoyo del Gobierno de EEUU a Bolivia para neutralizar a Guevara. Para Guzmán, este informe desclasificado lo confirmó: "En 1967 el Che Guevara hizo su incursión en Bolivia y finalmente el Gobierno de Barrientos lo ejecutó y terminó desbaratando esa guerrilla. Ahora podemos confirmar que EE.UU. estuvo detrás en todo momento y que claramente Barrientos fue un hombre alineado totalmente con esa nación".El general Barrientos murió en 1969, cuando cayó el avión que pilotaba.
A la espera de reacción
"Como boliviano, me molesta enterarme de que eso han hecho tantos años atrás, aunque ni estaba vivo. Pero me indigna saber que han manipulado de esa manera para beneficiar los intereses de un país extranjero", comentó Guzmán.Y agregó: "Debería haber un repudio. Llama mucho la atención que no hayan dicho nada el Gobierno nacional ni los medios de comunicación. Debería haber algún reproche, aunque sabemos que cualquier reclamo va a caer en saco roto".
Para Guzmán, especialista en relaciones internacionales, la política exterior estadounidense hacia los países de América Latina es muy distinta en 2025: "En la época de la Guerra Fría había pánico en EEUU porque el comunismo podía ocupar lo que consideraban su patio trasero. Pero ya no hay una Guerra Fría, no hay un enemigo de ese nivel ideológico".
Según el analista, muestra de ello es que actualmente tienen relevancia en la región varias empresas de China y Rusia: "El Gobierno de Trump no parece estar muy interesado, aunque mantiene su presión sobre Cuba y Venezuela". Resaltó que si bien Trump anunció aranceles del 25% para las naciones que compren petróleo a Venezuela, "ha dejado que el presidente Nicolás Maduro se consolide en el poder. Hasta ahora no ha hecho nada más que estas últimas sanciones, que pueden entenderse como un chantaje".
 
 
 
 
 
EVO MORALES Y SU RUPTURA CON EL MAS: ¿UN NUEVO COMIENZO O EL FIN DE UNA ERA?
 
Politika UCAB (https://acortar.link/poq0lQ
 
La renuncia de Evo Morales al Movimiento al Socialismo (MAS) marca un punto de inflexión en la política boliviana. Después de casi tres décadas liderando el partido que lo llevó al poder, Morales decidió postularse nuevamente para la presidencia, esta vez bajo la bandera del Frente Para la Victoria (FPV), un movimiento que, a pesar de ser estratégico, refleja las profundas divisiones internas del MAS y plantea interrogantes sobre el futuro político del expresidente.
El panorama boliviano de cara a las próximas elecciones, del 17 de agosto, se presenta intrincado, ya que la presidencia de Evo entre 2006 y 2019 dejó una huella imborrable, y su actual búsqueda por retornar al poder, fuera del partido que él mismo fundó, genera incertidumbre.
Durante su mandato, Evo Morales gozó de un periodo de relativa estabilidad económica, impulsado en parte por altos precios de las materias primas como el gas, el zinc, el estaño y el oro. Este periodo, que algunos denominaron la «década dorada», se caracterizó por un crecimiento económico que se estima en el doble del promedio latinoamericano y un aumento significativo del salario mínimo, que se elevó en un 500% en 14 años.
Es innegable que el desempeño económico de la gestión generó una nostalgia palpable en un sector importante de la población, especialmente en un contexto actual marcado por la alta inflación, la escasez de combustible y la devaluación del peso boliviano. Su estrecha relación con los agricultores cocaleros y el apoyo que brindó a las comunidades indígenas,  también cimentaron una base de apoyo popular significativa.
Sin embargo, los eventos de 2019, marcados por las acusaciones de fraude electoral por parte de la OEA tras la interrupción de la transmisión de resultados, llevaron a su renuncia y posterior refugio en México y Argentina. Su retorno a Bolivia en 2020, de la mano de su entonces aliado y actual presidente, Luis Arce, no significó el restablecimiento de su poder hegemónico dentro del MAS.La relación entre ambos líderes se ha deteriorado significativamente, hasta el punto de que Luis Arce es considerado hoy en día como el «peor enemigo» de Evo Morales.
La decisión de Morales de abandonar el MAS no es solo simbólica; es el resultado de años de tensiones acumuladas con el presidente Luis Arce y la facción arcista del partido. La elección de Grover García como nuevo líder del MAS en noviembre pasado consolidó esta fractura, y dejó a Morales, junto a sus seguidores, en una posición de aislamiento político. A pesar de ello, la renuncia de más de 1.600 militantes del partido en los primeros días tras el anuncio de Morales demuestra que su influencia sigue siendo significativa.
El Frente Para la Victoria, calificado en el pasado como un «taxipartido», enfrenta ahora el reto de consolidarse como una fuerza política viable. Aunque Morales ha sido proclamado como su «candidato único», la falta de una estructura sólida y el distanciamiento de las organizaciones sociales, que históricamente respaldaron al MAS, podrían limitar sus posibilidades en las venideras elecciones.
Por otro lado, Morales ha intentado posicionar su candidatura como una continuación de la Revolución Democrática y Cultural, con el argumento de que el gobierno de Arce ha traicionado los principios fundamentales del MAS. «Con el Frente para la Victoria nuevamente vamos a ganar las elecciones nacionales (…) quiero que sepan que no hay ningún condicionamiento, acá es todo para salvar Bolivia», declaró recientemente el exmandatario.
Este discurso podría calar en ciertos sectores de la población, pero también enfrenta algunos obstáculos, como las investigaciones legales en su contra. Es acusado formalmente de estupro y trata de personas por presuntamente haber tenido relaciones con una menor, acusaciones que él niega y atribuye a una estrategia de desprestigio orquestada por sus opositores.
La candidatura de Morales con el FPV plantea una serie de preguntas sobre el futuro de la política boliviana. ¿Logrará superar los combates legales y estructurales que enfrenta su nueva alianza? Y, lo más importante, ¿cómo responderá el electorado a su intento de regresar al poder?
Lo que está claro es que Bolivia se encuentra en un momento de transición, donde las decisiones que se tomen en los próximos meses definirán no solo el futuro de Morales, sino también el rumbo de la democracia en el país.
La paradoja de Morales radica en su capacidad para apropiarse de una causa nacional legítima, como la renovación del sistema judicial, mientras enfrenta críticas por haber impulsado en el pasado violaciones sistemáticas a la Constitución. Este doble discurso no pasa desapercibido, pero tampoco resta fuerza a su movimiento, que ha demostrado una notable capacidad de movilización, especialmente en regiones clave como Cochabamba.
“Evo para el Bicentenario”
A nueve años del referéndum del 21 de febrero de 2016, Bolivia sigue enfrentando las secuelas de una decisión histórica que marcó un antes y un después en su sistema democrático. En aquel entonces, el 51,3% de los bolivianos rechazó la intención de Evo Morales de postularse para un cuarto mandato consecutivo. Sin embargo, el líder cocalero no solo desoyó la voluntad popular, sino que ahora, en un giro inesperado, busca regresar a la Presidencia.
El referéndum del 21F no solo rechazó su reelección, sino que también desencadenó una serie de eventos que han fracturado la institucionalidad del país. Desde las protestas sociales de 2019 hasta la renuncia de Morales y su posterior exilio, Bolivia ha vivido una polarización cada vez más profunda. En este contexto, el regreso de Morales plantea el riesgo de reavivar tensiones que el país aún no ha superado.
El acuerdo político entre Morales y el FPV abre un nuevo capítulo en esta saga política. Con el eslogan «Evo para el Bicentenario», tiene una posibilidad real de repetir en la Presidencia. Sin embargo, su insistencia en postularse, a pesar de los impedimentos legales y el rechazo popular expresado el 21F, podría ser percibida como un acto de obstinación más que de liderazgo.
Si bien, su gestión pasada dejó una marca positiva en la memoria económica de una parte de la población, las acusaciones en su contra complican significativamente su retorno al poder por el FPV. No obstante, su capacidad de movilización y su arraigo en ciertos sectores sociales sugieren que podría tener una nueva oportunidad.
 
 
 
 
 
 
40 AÑOS DE PRODUCCIÓN INTELECTUAL, EL JACOBINO QUE FUE VICEPRESIDENTE
 
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Advertencia: En este texto no se encuentran todos los escritos realizados por García Linera, por ser una obra extensa y dispersa.
Aparece García Linera y le responden
Álvaro García Linera salió a la palestra política después de mucho tiempo con dos frases descollantes, la primera en contra del empresariado boliviano: “¿Qué haces como gobierno con el empresariado ante la falta de dólares y el boicot empresarial? Lo agarras del cuello y le dices: o me das tus dólares o te quito tu empresa”, la otra frase fue en referencia al progresismo y su falta de respuestas: “(el progresismo está) en huelga de ideas; le falta creatividad, proyectos que entusiasmen, una audacia creíble para resolver las angustias de las personas”.
Las frases fueron criticadas, desde la izquierda se le dijo: “¿por qué no lo hiciste cuando eras vicepresidente?” en referencia a quitarles las empresas a la burguesía; desde la derecha, obviamente, se defendió la gran propiedad de la burguesía como no podía ser de otra manera, no obstante, fuera de lo esperado, nada nuevo se dijo, el progresismo no entendió la necesidad imperiosa de romper esa “huelga de ideas” y se enfrascó más bien en la crítica moral al exvicepresidente: “por qué no lo hizo cuando podía”, y tanto el gobierno central como el mismo expresidente Morales prefirieron hacer caso omiso del consejo de radicalización del exvicepresidente. Desde el gobierno se tomó el “consejo” como de alguien que pudo hacer y no lo hizo, desde el evismo, al contrario, la respuesta fue ideológica, Evo Morales salió en defensa del gran empresariado.
Introducción al pensamiento de García Linera
El pensamiento de García Linera es una mezcla de katarismo indianista y marxismo leninista con múltiples referencias postestructurales francesas (Badiou, Bourdieu, etc.) e influencia de las modas marxistas pasajeras, desde Negri y Hardt hasta el posmarxismo de Laclau y Mouffe entre otros, sin embargo, su tronco central del pensamiento sigue siendo el marxismo y el indianismo, ese tronco –fuera de los vaivenes políticos- se mantiene desde sus primeros escritos hasta los últimos.
Cuando se habla de Zavaleta, por ejemplo, se habla de una periodización de su pensamiento, entre un Zavaleta nacionalista, un Zavaleta marxista y finalmente un Zavaleta marxista heterodoxo, cuando se habla, por ejemplo, de Fausto Reinaga, se habla de un Reinaga nacionalista, un Reinaga indianista y un Reinaga amaútico.  Cuando se habla de Marx también se divide su pensamiento entre un Marx precientífico (¿hegeliano?) y un Marx científico (Althusser), y así se puede encontrar rupturas y continuidades en todos los pensadores.
Cuando hablamos de Linera, se puede encontrar una primera ruptura obvia en su pensamiento, un Linera antes de ser vicepresidente y un Linera siendo vicepresidente, sin embargo, esa división no nos dice nada en realidad, porque en realidad lo único que se realizaría con esa división seria hablar de un Linera teórico y militante y un Linera pragmático y político. Una ruptura natural en cualquier persona que desempeña un cargo político en el Estado. Solo véase Lenin, por ejemplo, una cosa es el Lenin agitador y movilizador de masas y otro el Lenin administrador del Estado, algo natural.
No obstante, otra forma de periodizar el pensamiento de Linera seria mediante sus propias facetas de vida, por ejemplo, se puede hablar de una faceta estudiantil/universitaria, una faceta agitadora/activista, una faceta guerrillera, una faceta en la cárcel y una faceta como analista hasta llegar a ser vicepresidente del país. En estas facetas, el exvicepresidente, mantuvo a lo largo de sus textos (cada uno con sus bemoles y sus complicaciones), una imperiosa necesidad de unificar al indianismo katarista con el marxismo, sin embargo, en esta forma de periodización si se puede encontrar diferencias en su pensamiento, no tanto por el método, que nunca dejó de ser la búsqueda constante de la unidad entre indianismo/katarismo y marxismo, sino por lo intereses coyunturales y políticos. Por tal motivo, quizás de manera preliminar, es probable entender al pensamiento de Linera como un bloque compacto de intereses coyunturales políticos y teóricos para los que escribe, es decir, un pensamiento ad hoc en todo el sentido de la palabra.
Aparece García Linera y le responden
Y así, después de todo este recorrido, volvemos al comienzo del artículo, García Linera volvió a ser centro de la agenda mediática cuando, desde un marxismo recalcitrante, casi recordando su época en la “Ofensiva Roja”, pidió “agarrar del cuello al empresariado”. Esta vez, a diferencia de su época radical, no fue recibido con apoyo, al contrario, fue vista con escepticismo, y en muchos casos con molestia, tanto de sus ex aliados como de sus antiguos enemigos.
La propuesta de Linera no es mala, si se la piensa como una necesidad imperiosa de compartir las riquezas y no acumularlas, un principio básico de la izquierda, sin embargo, el humor de la gente, la derrota moral de cierta parte de la izquierda, no están de acuerdo con radicalizaciones de esta naturaleza.
Parece que el tronco marxismo/indianismo/katarismo, ahora no es suficiente para analizar la realidad.
 
 
 
 
 
¡OJO CON LOS BOLIVIANOS!
 
Expreso de Perú (https://acortar.link/AXlDeg)
 
Lo de Bolivia es evidentemente riesgoso para Perú. Chile, por más que su gobierno sea comunista, es una nación articulada y consciente de lo que puede ocurrirle a su sociedad si el caos boliviano explota y ocurre una diáspora invasora a las naciones vecinas al país altiplánico. Pero “los tontos peruanos” —como nos consideran en la región— “siguen con la necedad de la solidaridad y el auxilio mutuo”, característica peculiaridad que nos imputa Bolivia, país que arteramente nos llevó a la guerra y nos traicionó. ¿Vio usted, amable lector, lo que hizo Kuczynski con los venezolanos? Que no le quepa la menor duda de que Boluarte —y/o su sucesor— harían lo mismo con los bolivianos. ¡Vea, amable lector, de ser así, mejor emigre usted al África, donde vivirá menos tenso y perseguido, que rodeado de millones de venezolanos, cubanos y bolivianos dispuestos a convertir nuestra tierra en su nueva patria! No es broma de mal gusto ni exageración desesperada; es la pálida verdad, amable lector.
Como hasta las estadísticas oficiales permanecen atrasadas en nuestro país, el dato extraoficial indica que, en febrero, ocurrieron 791 muertes por violencia. Es decir, anualizado bordearía doce mil personas aniquiladas por la salvaje violencia callejera.
Fundamentalmente, responsabilidad de los Trenes de Aragua y sus símiles forjados en la extrema violencia que existe en su país, implantada por el totalitarismo castrista como instrumento provocador del caos y la constante perturbación regional que necesita el comunismo sudaca.
Como escribió últimamente la colaboradora de EXPRESO Ángela Ccanto Buendía:
“Perú es el segundo destino favorito para la migración de los venezolanos. Colombia alberga más de tres millones de venezolanos; Perú alberga a casi dos millones. Según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones, más de 7.9 millones de venezolanos han abandonado su patria por evidentes razones de fracaso social, nacional y moral. (…) ¿Cuántos venezolanos abandonaron su patria? Hablamos de algo más de 7.7 millones”.
De los cuales, a ojo de buen cubero —porque ni cifras tiene Perú— se estima en dos millones la cantidad de venezolanos que, por cortesía de PPK, invadieron nuestra nación.
Y si encima, el complejo de Adán de la izquierda criolla hiciese lo mismo con Bolivia, ¡Dios nos coja confesados! ¡Porque este país no da para más! Empezando porque la miseria trae miseria y el caos —que a diario vemos como una constante de vida en Bolivia— se multiplicaría, reverberado por las huestes extremistas peruanas.
El asunto es: ¿a quién recurrir para evitar otra estupidez más como aquella apertura incondicional de fronteras a los venezolanos?
Si Toledo —asesorado por los antigorritis— NO hubiese descabezado el eficaz sistema de inteligencia que tuvo el Perú —despolitizándolo, como correspondía— nada nos preocuparía. Pero lo que hoy no podemos admitir es que el gobernante que fuere —sea Boluarte o cualquier otro electo el año entrante— permita el ingreso de nuevos asilados, esta vez bolivianos. Porque no solo serían más bocas, sino menos trabajo para millones de peruanos que hoy atraviesan por una fatal coyuntura de hambruna, desocupación y falta de techo.
 
 
 
 
 
CRISIS EN BOLIVIA IMPULSA ÉXODO HACIA PERÚ: ADVIERTEN LLEGADA DE MÁS DE 1 MILLÓN DE MIGRANTES
 
Ahora de Perú (https://acortar.link/r5urJ8)
 
La crisis energética y económica que enfrenta Bolivia ha generado un aumento en el flujo migratorio hacia Perú. En los últimos días, la Policía Nacional del Perú (PNP) reportó la detención de aproximadamente 3 mil ciudadanos bolivianos que intentaban ingresar irregularmente por el Lago Titicaca y la frontera en Desaguadero, según información de Panamericana. Ante esta situación, se han intensificado los controles migratorios en la zona fronteriza.
El incremento de bolivianos cruzando la frontera está directamente relacionado con el desabastecimiento de combustibles en su país, lo que ha afectado sectores clave como el transporte y la producción agropecuaria. La consultora Gas Energy Latin America ha advertido que, de mantenerse la crisis, más de 1 millón de bolivianos podrían migrar al Perú en los próximos años, además de una masiva fuga de dólares desde Bolivia. según Hernán Medrano Marín para EL Comercio.
Refuerzo en los controles migratorios
Ante la creciente llegada de ciudadanos bolivianos, las autoridades peruanas han tomado medidas para reforzar la seguridad en la frontera. En el puente internacional de Desaguadero, se han incrementado los puestos de control migratorio y la vigilancia en puntos estratégicos del Lago Titicaca.
Uno de los factores que impulsa este movimiento migratorio es el comercio. Muchos bolivianos cruzan a Perú para abastecerse de productos básicos y combustible, generando un aumento en el contrabando en la región de Puno, especialmente en el pueblo de Virupaya, a 215 km de La Paz.
Bolivia, sin energía y sin dólares
Bolivia atraviesa un período crítico debido a la reducción de su producción de gas natural y la falta de inversión en exploración, lo que ha limitado su capacidad de autoabastecimiento energético. Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos de Bolivia y representante de Gas Energy Latin America, advirtió que si no se realizan cambios en el modelo económico boliviano, se podría producir una migración masiva.
«Hemos matado a la empresa privada que quería actuar en Bolivia poniéndole elevados impuestos y muchas trabas, creyendo que el Estado podía hacer todo solo», sostuvo Ríos, comparando la situación de Bolivia con la crisis venezolana que derivó en una ola migratoria sin precedentes en la región.
El especialista también advirtió que Bolivia, que alguna vez fue exportador de gas y GLP, hoy depende de las importaciones para cubrir su demanda interna. Actualmente, el país importa el 46% de su gasolina y el 81% de su diésel. Según estimaciones de la consultora, a partir de 2025 Bolivia también deberá importar GLP, lo que agravaría aún más su situación económica.
Propuesta de visado para bolivianos
Ante el posible aumento del flujo migratorio, la congresista Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) envió un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores solicitando información sobre las medidas que se implementarán para evitar un éxodo masivo. Entre sus propuestas, destaca la exigencia de visa a ciudadanos bolivianos.
«Nuestros hospitales no se dan abasto y los padres de familia hacen largas colas para alcanzar una vacante en los colegios públicos», argumentó Barbarán en su carta, advirtiendo que la migración descontrolada podría colapsar los servicios básicos en el país.
Sin embargo, algunos expertos cuestionan esta medida. Oscar Vidarte, internacionalista peruano, criticó la propuesta, señalando que Perú tiene compromisos internacionales que garantizan la libre circulación andina. «La migración no debe verse solo desde un ángulo negativo. Existen estudios que demuestran su impacto positivo en la economía», afirmó.
¿Estamos ante una crisis migratoria como la de Venezuela?
Nancy Arellano, directora de Proyectos de Integración en CEDRO, señaló que si bien la crisis boliviana es grave, no es comparable con la de Venezuela, que fue impulsada por una crisis política, económica y social de gran magnitud.
«El caso de Bolivia debe abordarse con medidas preventivas y con apoyo de organismos internacionales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo», sostuvo Arellano, sugiriendo que una estrategia coordinada podría mitigar los impactos de una migración masiva.
A su vez, Vidarte expresó dudas sobre la predicción de Gas Energy Latin America, señalando que la empresa se especializa en análisis energéticos y no en estudios migratorios. «No sé qué tanta experiencia tiene esta empresa en prever fenómenos migratorios. La crisis boliviana es seria, pero no estamos en un escenario de éxodo masivo», aseguró.
Impacto en Perú y escenarios futuros
Si bien el panorama en Bolivia es incierto, los expertos coinciden en que cualquier migración significativa desde el país vecino no se daría bajo las mismas condiciones del éxodo venezolano. Arellano recordó que Bolivia es miembro de la Comunidad Andina, lo que facilitaría una migración laboral ordenada dentro del marco de acuerdos internacionales.
Además, la especialista destacó la importancia de que Perú dialogue con sus países vecinos (Ecuador, Brasil, Colombia y Chile) para coordinar estrategias ante una posible crisis migratoria en la región. «Es clave incidir en espacios internacionales para mitigar los riesgos y gestionar adecuadamente los impactos», subrayó.
Perú y su propia crisis energética
Gas Energy Latin America advirtió que el Perú también debe estar alerta ante los errores cometidos en Bolivia. «Si no iniciamos un proceso exploratorio sólido, podríamos convertirnos en un importador neto de energía en el futuro, lo que afectaría nuestra economía», indicó Ríos.
La consultora sugirió que el Perú priorice la exploración de gas natural y desarrolle una infraestructura de transporte eficiente. «El gas es clave para la descarbonización del planeta, y el país debe garantizar su producción a largo plazo para evitar depender de importaciones», concluyó.
Conclusión
La crisis en Bolivia tiene múltiples aristas y su impacto en el Perú aún es incierto. Si bien se han reforzado los controles migratorios, la situación en la frontera podría volverse más compleja si la crisis energética y económica boliviana se agudiza.
Las autoridades peruanas deberán evaluar si es necesario implementar medidas adicionales, como la exigencia de visa, o si es preferible buscar soluciones en el marco de acuerdos regionales. Mientras tanto, el país también debe tomar nota de la crisis boliviana y fortalecer su propio sector energético para evitar caer en una situación similar en el futuro.
 
 
 
 
 
HASTA 3 MILLONES DE BOLIVIANOS PODRÍA MIGRAR A PERÚ POR CRISIS EN SU PAÍS
 
Red de Comunicación Regional de Perú (https://acortar.link/HEb9hO)
 
El analista político Edgar Mancha Pineda, docente de la Universidad Nacional del Altiplano, alertó desde Puno la creciente migración irregular de ciudadanos bolivianos hacia territorio peruano, por la crisis a la que ha llevado el modelo socialista desde el gobierno de Evo Morales.
Según el experto, «se ha escuchado que más o menos como 3,000 bolivianos que habían ingresado ilegalmente al Perú, sea por las fronteras de Desaguadero, Yunguyo o también por lancha a través del lago Titicaca se les había prácticamente repatriado».
Sin embargo, la magnitud del problema podría ser mucho mayor, ya que Mancha citó a una consultora internacional llamada Gas Energy Latin America, la cual calcula que «un promedio de 3 millones de bolivianos podrían migrar lo más pronto posible a la región de Puno».
El ingreso constante de ciudadanos bolivianos al Perú, según Mancha, obedece directamente a la profunda crisis política, social y económica que atraviesa el país vecino. El analista realizó un exhaustivo análisis de la situación boliviana, remontándose a la implementación del modelo económico denominado «productivo socialista» o «socialismo del siglo XXI» durante el gobierno de Evo Morales
Este modelo, que Mancha compara con las políticas de estatización de Juan Velasco Alvarado en Perú, se caracterizó por la nacionalización de grandes empresas privadas, especialmente en el sector energético. Si bien inicialmente esta medida trajo un incremento de capitales debido a acuerdos favorables para Bolivia en la explotación de recursos como el gas, esta bonanza no fue sostenible a largo plazo.
Mancha explicó que la falta de inversión privada en exploración por parte de las empresas extranjeras, ante la exigencia de un reparto de ganancias del 80% para Bolivia y solo el 20% para las empresas, ha llevado al agotamiento de los recursos explotados.
A esto se suma la escasez de capital humano, financiero y tecnológico en Bolivia para llevar a cabo nuevas exploraciones, un proceso que además implica un alto riesgo de inversión. Como resultado, Bolivia enfrenta un severo desfinanciamiento, inflación y escasez de productos básicos, una situación que recuerda a la crisis económica vivida en Perú durante el gobierno de Alan García en los años 80.
La crítica de Mancha al modelo estatista es contundente, señalando que la historia demuestra su fracaso y la necesidad de un modelo de economía social de mercado con una participación equilibrada entre el Estado y la inversión privada.
El analista enfatizó la urgencia de que Bolivia sincere su modelo económico, dejando de lado el populismo y la demagogia, y fomente la inversión privada de manera inteligente, aprendiendo de la experiencia peruana de los últimos 30 años con la economía social de mercado.
 
 
 
 
 
CRISIS EN BOLIVIA IMPULSA CONTRABANDO Y MIGRACIÓN IRREGULAR EN PERÚ
 
La Razón de Perú (https://acortar.link/tpjePH)
 
Ha circulado información sobre la supuesta detención de 3 mil bolivianos de ingresar ilegalmente al Perú a través del Lago Titicaca. Sin embargo, la Policía Nacional del Perú (PNP) desmintió esta versión, aclarando que no se ha registrado un número tan alto de detenciones en la frontera con Bolivia.
Las autoridades peruanas han reforzado los controles migratorios en Desaguadero para prevenir el ingreso irregular de personas. Migraciones ha dispuesto el aumento de puestos de control, mientras que la policía ha intensificado la vigilancia en puntos estratégicos del Lago Titicaca. Según las autoridades, cualquier operación extraordinaria será comunicada por los canales oficiales.
El contexto en Bolivia ha generado un incremento en los intentos de ingreso irregular a Perú. La escasez de combustibles ha afectado sectores clave como el transporte y la producción agropecuaria, agravando la crisis económica. Según cifras oficiales, Bolivia consume más de 7 millones de litros de diésel al día, pero su producción no cubre la demanda. Alrededor del 85% del diésel y el 56% de la gasolina provienen del exterior, pero la falta de divisas ha dificultado estas importaciones, provocando largas filas en las estaciones de servicio y afectando la movilidad.
La crisis ha impactado directamente en la economía boliviana, dificultando la distribución de bienes esenciales y generando protestas. En respuesta, algunos comerciantes han recurrido a la frontera con Perú para abastecerse de productos básicos. Como resultado, el contrabando ha aumentado, especialmente en la zona de Virupaya, ubicada a unos 215 kilómetros de La Paz.
Virupaya se ha convertido en un punto clave para el comercio ilegal entre Perú y Bolivia. A diferencia de otros pasos fronterizos, en esta localidad no existen oficinas de migración ni puestos aduaneros, lo que facilita el ingreso de productos como arroz, azúcar, aceite, fideos y combustibles subsidiados en Bolivia. Estos bienes llegan a mercados peruanos a precios más bajos que los nacionales, afectando a los productores locales.
 
 
 
 
 
FLUJO MIGRATORIO DE BOLIVIANOS SE MANTIENE ESTABLE EN LA FRONTERA ENTRE PERÚ Y BOLIVIA
 
Crónica Viva de Perú (https://lc.cx/2HEfrn)
 
El flujo migratorio regular de ciudadanos bolivianos en la frontera sur andina entre Perú y Bolivia se mantiene estable y, en los últimos meses, ha mostrado incluso una ligera disminución, de acuerdo con los registros oficiales de la Superintendencia Nacional de Migraciones.
Según cifras consolidadas de los puestos de control fronterizos con Bolivia, en febrero y marzo del presente año se registró una reducción en el movimiento migratorio de las personas provenientes del país vecino.
Los movimientos de entrada y salida se mantienen equilibrados, por lo que se descarta, en este momento, cualquier fenómeno de migración masiva, como señalan algunas versiones.
En la frontera con Bolivia, los inspectores de la Jefatura Zonal Puno de Migraciones, a través del Centro Binacional de Atención en Fronteras (CEBAF) Desaguadero, y los PCF Desaguadero, Kasani, Tilali y Carancas, vienen realizando con normalidad la verificación de entrada y salida de los visitantes provenientes del país vecino.
 
 
 
 
 
PUNO: MIGRACIONES ENFRENTA DESAFÍOS PARA FORTALECER EL CONTROL FRONTERIZO ANTE MIGRACIÓN BOLIVIANA
 
El Objetivo de Perú (https://acortar.link/eTUfRe)
 
Víctor Silva, jefe zonal de Migraciones en Puno, explicó que se han realizado visitas a localidades como Cojata, Huancasaya y Trapiche para evaluar la factibilidad de instalar nuevos puestos de control en la extensa frontera con Bolivia. Sin embargo, la falta de servicios básicos—electricidad, agua y desagüe—representa un obstáculo significativo para la implementación de estas instalaciones.
Silva subrayó que la apertura de nuevas oficinas depende no solo de la mejora en la infraestructura local, sino también de una coordinación eficaz con instituciones como la Policía Nacional, Aduanas y Senasa. En lo que va del año, el ente ha logrado expulsar a 46 personas por ingreso irregular al territorio peruano, lo que, según el jefe zonal, evidencia el compromiso del organismo con la seguridad nacional y el estricto cumplimiento de la normativa migratoria.
Asimismo, se destacó la importancia de mantener una presencia estatal continua en los puntos fronterizos, especialmente en aquellos considerados pasos no autorizados, donde la ausencia de control facilita el ingreso irregular. «Migraciones lleva a cabo operativos de verificación y fiscalización migratoria, aplicando procedimientos administrativos sancionatorios especiales que permiten la expulsión en un plazo de 24 horas para quienes ingresen sin autorización o comprometan la seguridad nacional», detalló Silva.
Con estas acciones, las autoridades buscan reforzar el control migratorio y garantizar la seguridad en una de las regiones fronterizas más sensibles del país, sentando las bases para una mayor integración y cooperación interinstitucional.
 
 
 
 
 
 
COLOMBIA, BOLIVIA, ECUADOR Y PERÚ FIRMAN NUEVO ACUERDO PARA ENFRENTAR EL CRIMEN ORGANIZADO EN LA REGIÓN
 
Los vicecancilleres de la Comunidad Andina firmaron un memorando de entendimiento con la Unodc.
 
El Tiempo de Colombia (https://lc.cx/Ju3gTZ)
 
Representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores, Seguridad y Defensa de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú se reunieron este miércoles para presentar los avances de las 13 medidas acordadas para luchar contra la delincuencia organizada transnacional en el marco del Plan de Acción Resolutivo (Par) firmado en enero de 2024.
La Séptima Reunión Ordinaria del Grupo de Alto Nivel (Gan), como fue denominada la jornada, estuvo liderada por el viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir, y por la embajadora Margarita Manjarrez, directora de Mecanismos de Concertación e Integración Regionales de la Cancillería.
El encuentro también sirvió para presentar los resultados de las instancias reactivadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores (Camre), órgano legislativo de la Comunidad Andina (CA). Entre estas instancias se encuentran el Comité Ejecutivo del Plan Andino de Cooperación para la Lucha contra las Drogas Ilícitas y Delitos Conexos, el Comité Operativo para la Prevención, Combate y Erradicación del Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y el Grupo Ad Hoc de Comercio Ilícito.
“Desde que Colombia asumió la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina en septiembre de 2024, incluyó en su Plan de Trabajo la construcción de una Región Andina para la paz y la cooperación en seguridad, lo que nos ha permitido dar continuidad a las acciones conjuntas contra la delincuencia organizada transnacional. Adicionalmente, hemos fomentado la coordinación subregional”, señaló Jaramillo Jassir.
De igual forma, durante el encuentro se firmó un memorando de entendimiento entre la Comunidad Andina y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). “Este acuerdo permitirá fortalecer la implementación de iniciativas específicas, en particular en materia de asistencia técnica, capacitación y consultoría especializada”, agregaron desde la Cancillería en un comunicado de prensa.
Finalmente, durante el encuentro los países miembros coincidieron en la importancia de desarrollar una segunda fase del Plan de Acción Resolutivo, con el objetivo de realizar ajustes a las iniciativas vigentes.
Cabe mencionar que dicho plan tiene compromisos en temas como acciones en la frontera, cooperación migratoria, aduanera, en temas de minería y en asuntos de inteligencia, tareas para combatir el tráfico de armas, cooperación en materia penitenciaria y capacitación en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, entre otros temas.
 
 
 
 
 
1.862 BOTAS MORADAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO: LA POLÉMICA INVERSIÓN DE AECID EN BOLIVIA
 
El presupuesto para este plan de botas es 350.000 euros, lo cual, si se divide entre las 1.862 botas, que cada par tuvo un coste de 188 euros
 
Diario Hércules de España (https://acortar.link/zYkkdL)
 
El Gobierno de Pedro Sánchez, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), destinó hasta 350.000 euros en una iniciativa para “empoderar a las mujeres del Amazonas”. Este empoderamiento se hacía a través del uso de botas moradas.
El pasado 2021, España envió miles de euros al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), un programa en el que nuestro país contribuye de forma voluntaria. España adjudica entre 2 y 6 millones de euros cada año en partidas de ayudas y subvenciones de forma voluntaria para participar y desarrollar proyectos en países en desarrollo.
Una de las iniciativas que más ha llamado la atención es el envío botas de agua de color morado para empoderar a las mujeres en las regiones más empobrecidas de Bolivia. España subvencionó este proyceto con el dinero recaudado en los impuestos de los españoles y entregó “sin contraprestación”, lo que significa que el país receptor no tiene que devolver el coste de la ayuda, ni compensarle de ninguna forma.
Debido a que la compra o fabricación de estas botas moradas se hace a través de PNUD, no se conoce el nombre de la empresa encargada de su fabricación o empresa a la que se han comprado este producto textil.
Esta campaña se lanzó bajo el programa ‘PROAmazonía y el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador’
El presupuesto para este plan de botas es 350.000 euros, lo cual, si se divide entre las 1.862 botas moradas que se adquirieron, resulta que cada par de botas tuvo un coste de 188 euros. Así, cada bota tuvo un coste único de 90 euros. Hay que recordar que esta prensa morada tenía como objetivo el empoderamiento de la mujer en Bolivia, que se encuentra en situación marginal o de pobreza.
Según el portal web de ONUD, las “botas de color violeta son una herramienta y a la par, un poderoso símbolo que representa la contribución decisiva de las mujeres en la agricultura y su papel indispensable en el mantenimiento de los medios de subsistencia”.
Así mismo desde la ONU destacan que dichas botas “destacan los esfuerzos de las mujeres en el campo, que a menudo se pasan por alto, al tiempo que promueven la igualdad de género”.
Esta campaña se lanzó bajo el programa ‘PROAmazonía y el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador’. “Desde 2022, se han entregado 1.894 pares de botas moradas a mujeres de la Amazonía ecuatoriana. Estas botas no solo son una herramienta de empoderamiento, sino también un recordatorio visual de la importancia de avanzar hacia la equidad entre hombres y mujeres”, señala la web de Naciones Unidas.
 
 
 
 
 
LA BATALLA POR EL LITIO: PUEBLOS ORIGINARIOS RESISTEN UN “GENOCIDIO MEDIOAMBIENTAL Y CULTURAL”
 
Sudamérica se ha convertido en la proveedora mundial de materias primas para la transición energética. Las comunidades afectadas se revelan ante una actividad que genera desposesión de tierras, contaminación, sequía y conflictos internos.
 
El Salto Diario de Argentina (https://acortar.link/n5rRJc)
 
En la Puna, región situada en el altiplano andino del noroeste argentino, representantes de pueblos originarios de cinco países sudamericanos se reunieron para alzar una voz común frente a un enemigo que amenaza con arrasar sus territorios ancestrales: la explotación masiva del litio.
La Cumbre Intercultural Andina de Comunidades Afectadas por la Explotación del Litio, celebrada del 16 y 19 de enero de 2025 en El Moreno (Jujuy, Argentina), congregó a delegaciones indígenas de Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Bolivia. El encuentro se constituyó como un espacio de intercambio de experiencias, denuncias y estrategias de resistencia frente a un modelo extractivista que avanza a paso acelerado sin tomar en cuenta la voluntad de los pueblos originarios frente a sus tierras.
La llegada de empresas litíferas al noroeste argentino y a la región de Antofagasta en Chile ha transformado radicalmente la vida de docenas de comunidades kollas y atacameñas en el nombre de una reestructuración global del sistema capitalista —denominada “transición verde”— en un contexto geopolítico multipolar que está convirtiendo Sudamérica en la proveedora mundial de materias primas para esta transición.
“El litio es pan para hoy y hambre para mañana”, denuncian algunas activistas en la cumbre. Las decenas de empresas transnacionales que operan en la región están provocando alteraciones medioambientales severas: escasez de agua, disminución de flora y fauna autóctonas, violencia institucional y corporativa, despojo de recursos básicos y de tierras ancestrales. El resultado, según los denunciantes, es un “genocidio medioambiental y cultural” que pasa inadvertido para el resto del mundo.
¿Triángulo del litio o territorio indígena?
Lo que las corporaciones y gobiernos denominan comercialmente como “triángulo del litio” —una extensa área del altiplano andino que abarca partes de Argentina, Chile y Bolivia donde se concentra entre el 60% y 70% de las reservas mundiales de este mineral— es un territorio habitado desde hace 40.000 años por pueblos originarios.
Esta zona, lejos de ser un desierto vacío esperando ser explotado, es un espacio biocultural rico en biodiversidad, historia y comercio, con evidencias arqueológicas de intercambios entre las costas chilenas del Pacífico y las yungas jujeñas desde los años 500-1.000 d.C., mucho antes de la llegada de los europeos.
El modelo de desarrollo impone una visión simplificada de estos territorios, transformándolos en meros “recursos naturales” por explotar. Esta concepción comercial choca frontalmente con la cosmovisión andina de los pueblos originarios, donde la relación con el territorio es esencial para la vida y cada ser forma parte de un ecosistema interconectado.
Las empresas multinacionales, dos tercios de las cuales son chinas  o tienen mayoría accionarial china, se han posicionado estratégicamente en toda la cadena de valor del litio, no obstante hoy en día el panorama de los inversores en la Puna es internacional, entrelazando una matriz de industrias desde la automotriz hasta la militar. Globalmente, los actores de la industria litífera están creciendo debido al aumento de la demanda esperada en los próximos años, que lleva a una radical transformación del paisaje natural y sociocultural de la Puna. “Nos tratan como si no existiéramos, como si nuestra historia no importara”, lamentó un líder comunitario durante la cumbre.
El verdadero costo del “oro blanco”
La extracción del litio implica desafíos ambientales críticos. Existen dos métodos principales para extraer el litio: el tradicional y la extracción directa.
En el método tradicional, la salmuera se bombea a piscinas de evaporación donde permanece entre diez y 24 meses, mientras el calentamiento solar y mecánico concentra los minerales. Durante el proceso se aplican aditivos químicos para aislar el litio, que finalmente se refina y exporta. Según información de SQM (Chile) y Abermarle (EEUU) correspondiente a 2022, sus operaciones en el Salar de Atacama consumen 200 millones de litros de agua diarios —73 billones anuales— para producir 70.000 toneladas de litio. El 95% del agua utilizada se pierde en el proceso, lo que significa que cada kilo de litio extraído requiere 1.000 litros de agua.
Con el método de extracción directa, el litio es extraído directamente de la salmuera a través de procesos químicos, permitiendo tiempos de extracción acelerados. Este método, aunque teóricamente reduce la pérdida de agua al reciclar la salmuera, presenta sus propios problemas. Según estudios científicos estas plantas consumen más agua que el método tradicional y por eso son necesarios análisis detallados de los contextos donde se van a implementar esos proyectos. Además, requieren más energía eléctrica, lo que incrementa tanto los costos como el impacto ambiental.
“La extracción directa consume mucha energía, necesita mucha electricidad para funcionar, y esto no solo aumenta los costos, sino también la huella de carbono del método”, explica Ehsan Vahidi, profesor del departamento de Ingeniería Minera y Metalúrgica de la Universidad de Reno, Nevada.
Un dato revelador: hasta la fecha, la mayoría de las minas de litio tradicionales y de extracción directa operando en el llamado Triángulo del Litio utilizan energía fósil, lo que contradice la narrativa de sostenibilidad que promueve la industria. Luciano Prieti, ingeniero químico de la provincia de Salta, afirma que “es necesario un balance riguroso de emisiones de CO2 para determinar si la producción de baterías de litio contribuye realmente a mitigar el calentamiento global, sobre todo cuando se habla de extracción directa. Los proyectos de extracción directa de hecho requieren más energía, cuestionando el modelo del litio como una alternativa con menor huella de carbono”.
En la actualidad es difícil poder elaborar una conclusión sobre los impactos de la extracción directa, en cuanto a que todos los proyectos que las implementan son nuevos y no hay datos accesibles para llevar a cabo un análisis independiente. Lo que sí se ve, es que ninguna autoridad está implementando el principio de precaución frente a la incertidumbre sobre las potenciales consecuencias de ese tipo de extracción.
Norte de Chile: la pelea por el agua en Antofagasta
Karen Luza, lideresa indígena de la comunidad de San Pedro de Atacama, lleva más de dos décadas defendiendo el agua, recurso esencial para la vida y la cultura de su pueblo.
“No estamos luchando por un recurso cualquiera, estamos defendiendo la vida misma”, afirma Luza. En Chile, el mercado del litio está dominado por SQM, empresa nacional con el 25,96% de sus acciones en manos de la china Tianqui Lithium, que se ha posicionado como una de las mayores productoras mundiales.
El impacto de SQM y otras empresas sobre los recursos hídricos es devastador en un país donde el agua está privatizada desde la dictadura de Pinochet. La extracción de una tonelada de litio requiere entre 100 y 800 metros cúbicos de agua, algo que afecta al 70% de las reservas de agua dulce de la región.
Esto ha contribuido a una situación de crisis en el área de San Pedro de Atacama, donde el 70% del agua es utilizada para fines mineros. Luza también denuncia irregularidades en el control del agua potable en su comunidad, que se realiza trimestralmente en lugar de semanalmente como establece la legislación. “A pesar de millones invertidos en proyectos de acceso al agua, los resultados son inexistentes”, señala.
Además, el proceso de extracción mezcla el agua hipersalina de los acuíferos con agua dulce, contaminando las fuentes potables. Según testimonios recogidos en la región, la escasez ha empeorado desde la llegada de las mineras, con el nivel del salar disminuyendo nueve o diez metros, provocando un éxodo de flamencos que solían reproducirse en el salar.
Desde 2023, el Gobierno de Gabriel Boric está implementando la Estrategia Nacional del Litio, que además de querer nacionalizar los recursos y maximizar las ganancias estatales, abre la vía a proyectos de extracción directa, extendiendo concesiones mineras hasta 2060. Esto ha generado oposición de la sociedad civil que ha presentado una carta firmada por 85 organizaciones sociales criticando los planes en varios puntos. Entre estos figura la apertura a la explotación de salares hasta ahora protegidos, así como la denuncia a la falta de consulta de las comunidades. Esto puede empeorar los impactos ambientales tanto como sociales, que hoy en día ya han generado corrupción y divisiones comunitarias. Según Gerardo Ramos, activista local, las grandes sumas inyectadas por las multinacionales benefician a unos pocos privilegiados sin generar desarrollo sostenible. “El acceso al agua sigue siendo un lujo mientras algunos líderes disfrutan de vehículos nuevos cada año”, denuncia.
Las empresas también cooptan a líderes mediante beneficios directos como becas o atención médica, creando dependencias que debilitan la resistencia. “Al fin y al cabo no olvidemos que la minería se trata de gente de afuera que entra en tu casa, excava un agujero y se va… pero ¿qué pasa con el agujero cuando se va?”, cuestiona Gerardo.
Norte de Argentina: la resistencia antiminera en Jujy
Jujuy se ha transformado en un escenario para la batalla geopolítica por recursos, con una letanía de multinacionales pujando por el litio. Según datos de la Secretaría de Minería de la Nación, hay 50 proyectos de litio pertenecientes a 33 empresas: 33 en operación, seis en construcción y once en etapas preliminares, en Jujuy, Salta, Catamarca, Río Negro y San Juan. En Jujuy hay dos empresas operativas que ilustran este escenario: Arcadium Lithium (EEUU-australiana) en el Salar de Olaroz, y Minera Exar (Ganfeng Lithium 46,7%, Lithium Americas Corp. 44,8% y JEMSE 8,5%) en Cauchari Olaroz. Con una presencia occidental indeleble —23 empresas operativas—, China ha marcado fuertemente su presencia contando con diez empresas operativas más inversiones estratégicas en el desarrollo de la infraestructura energética renovable de Jujuy.
Esta disputa geopolítica ha acelerado los procesos de exploración y explotación de manera irregular. Desde el 2010, mineras han construido carreteras y asentamientos en territorio indígena de manera ilegal, bloqueando el acceso a tierras, pozos de agua y caminos utilizados por las comunidades para su economía local. Además, el agua de pozos de comunidades en resistencia se transporta ilícitamente a asentamientos mineros, provocando sequías artificiales. En 2015, cuando 33 comunidades locales descubrieron que se habían llevado a cabo fases exploratorias encubiertas sin consulta previa, respondieron creando una asociación llamada Mesa de la Cuenca de Salinas Grandes para garantizar procesos de consulta previa mediante un manifiesto-protocolo titulado Kachi Yupi (Huellas en la sal).
Kachi Yupi provee un marco protocolario para el consentimiento y negociación con comunidades que es compatible con valores andinos comunitarios. Sin embargo, desde entonces, el auge de la demanda del litio, así como una crisis económica prolongada, ha conllevado a reformas constitucionales, decretos de emergencia y violencia estatal que socavan derechos humanos y medioambientales a favor del litio.
Aun con un marco legislativo pro-minero, estas empresas implementan una miríada de estrategias para conseguir la licencia social de las comunidades, desde acuerdos ilícitos con líderes comunitarios a promesas de trabajos fijos que no suelen cumplirse. En 2024 las comunidades han visto cómo las mineras se han apropiado del repertorio cultural ritualista con el fin de convencerlas, empleando ceremonias tradicionales para la extracción del litio. Como señala Don Calixto, un referente comunitario. “Los salares, cerros, ríos, son nuestra familia, es nuestro deber protegerlas. Esto es un vaciamiento de nuestra cultura, destruye la naturaleza y nuestras vidas. El dinero viene y va, la naturaleza siempre estará. No trabajaremos con ellas hasta que se respeten nuestros valores y territorio”.
T’allupa, una representante campesina, hablando sobre la derogación presidencial de una de las únicas leyes que protegen a las comunidades del desalojo de sus tierras ancestrales (26.160), expuso un sentimiento compartido: “Nos tratan como a un rebaño, tenemos que ser vigilantes, si no actuamos ahora perderemos todo”. Esta impotencia colectiva es producto de la violencia institucional, especialmente desde las protestas en contra de la reforma constitucional de 2022, en la cual violencia policial en contra de ancianos, niños, adolescentes y adultos han causado en lesiones faciales y corporales por el simple hecho de defender su derecho a existir.
Resistencia transfronteriza y estrategias de futuro
Aunque en la Puna el miedo ha reducido las acciones directas, la opresión ha catalizado una inédita fraternidad entre pueblos originarios, organizaciones y personas, que trasciende fronteras socioculturales y físicas. Periodistas, académicos, abogados, artistas, ONG y sindicatos se han sumado a una lucha que hace poco ha llevado a un logro histórico para las comunidades de la Puna Argentina.
Recientemente, el Banco Mundial ha reconocido los derechos de las poblaciones indígenas de Salinas Grandes (Argentina), poniendo en pausa todos los proyectos de exploración activos, hasta que se establezca un diálogo con todas las comunidades afectadas, y se garantice que las decisiones relacionadas con el uso del territorio se tomen en conjunto. “El Banco Mundial, que otorga financiamiento a proyectos extractivos a cambio del respeto de estándares mínimos ambientales y sociales, tiene un gran poder de presión sobre las empresas y ha sido capaz de detenerlas temporalmente”, menciona la nota de prensa del FARN.
Estas declaraciones han evocado sentimientos contrarios en las comunidades en resistencia. Los pueblos originarios de la Puna de Jujuy tienen una experiencia trigeneracional con multinacionales mineras. Aunque las mineras han ofrecido oportunidades de empleo, han sido partícipes de violencia estatal durante la dictadura, y han catalizado un cambio radical del medioambiente y las economías tradicionales, resultando en movimientos migratorios hacia las ciudades.
En las comunidades se debate este tema con intensidad. Por un lado, algunas temen que si no hacen acuerdos con las mineras perderán ofertas de trabajo temporal necesario para los tiempos precarios que viven, o incluso peor, la pérdida total de su territorio mediante desalojos. Por el otro lado, son conscientes que si logran acuerdos, sus comunidades dejaran de existir, transformando la Puna en un hábitat inhabitable.
Celestina, artista y activista de la Puna se declara “escéptica” sobre las declaraciones del Banco Mundial. “No van a parar a las mineras. Esta declaración es una táctica para poner la balanza a favor de las multinacionales occidentales, promoviendo un discurso de derechos humanos que nunca se materializa. Llevamos más de tres generaciones conviviendo con multinacionales mineras, y no importa de donde sean, son todas iguales. Queremos vivir en paz y armonía con la Pachamama. Llevamos más de 500 años de colonialismo, cuando parara?”.
Desde Chile, algunas comunidades piensan que este conflicto geopolítico puede ser fortuito, creando una oportunidad de implementar estrategias sugeridas por algunas comunidades durante la cumbre. “Si no hay opción de defender el territorio, hay que presionar a las empresas para obtener un porcentaje de los ingresos del litio para una ‘unidad patrimonial’ que gestione nuestro legado cultural y territorial, además de facilitar formación en antropología, arqueología, geología, agronomía, derecho e historia. Estas soluciones fortalecen nuestra autonomía epistemológica y legal, reduciendo asimetrías entre comunidades y actores externos“, explicó una representante chilena. “Cuando se cuida el territorio y la cultura, se valora lo que uno tiene y de dónde uno viene.”
Al finalizar la cumbre, los participantes firmaron una declaración conjunta exigiendo moratoria a nuevos proyectos mineros, respeto al consentimiento libre, previo e informado, y reconocimiento efectivo de la propiedad comunal de tierras ancestrales. La batalla por el litio, concluyeron, es una lucha por la supervivencia cultural y física de comunidades que han habitado estos territorios desde tiempos inmemoriales.