PRESIÓN SOBRE DÓLAR EN BOLIVIA PODRÍA LLEVAR A UNA DEVALUACIÓN ABRUPTA, ADVIERTE ECONOMISTA DE IIF

En diálogo con Bloomberg Línea, Jonathan Fortún se refirió a la situación económica y cambiaria del país sudamericano y también a los desafíos relacionados con recursos naturales.

El dólar en Bolivia ha mostrado una enorme estabilidad en las últimas décadas, lo que le ha permitido al país el goce de una significativa estabilidad de precios. Sin embargo, en los últimos meses, la inflación se ha acelerado, al punto que el último Índice de Precios al Consumidor arrojó un valor superior al 13% y todo pareciera indicar que el camino es ascendente.
En este contexto, Bloomberg Línea dialogó sobre la situación de Bolivia con el experto y analista boliviano Jonathan Fortun, quien es economista senior en el Instituto Internacional de Finanzas (IIF). Antes de unirse a la entidad, Fortun trabajó en el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), además de desempeñarse como asesor financiero en Bolivia. También fue consultor en temas de comercio, finanzas y economía en Japón y América Latina y es profesor en la Universidad Johns Hopkins.
El analista advierte que los desequilibrios macroeconómicos de Bolivia pueden desencadenar en un régimen de alta inflación, situación que vincula a la presión sobre el tipo de cambio. Además, se refirió a cómo el marco regulatorio del país ha afectado el aprovechamiento de los recursos naturales, en particular el litio.
Bloomberg Línea (BL): ¿A qué atribuye la aceleración inflacionaria que viene sufriendo Bolivia?
Jonathan Fortun (JF): La aceleración inflacionaria en Bolivia es el resultado de la interacción de varios factores macroeconómicos adversos que han convergido en los últimos meses. En primer lugar, la escasez de dólares ha generado disrupciones en la importación de insumos esenciales, lo que ha elevado los costos de producción en prácticamente todos los sectores de la economía, dado que Bolivia depende en gran medida de bienes importados para su aparato productivo. A esto se suma el deterioro de las cuentas fiscales, con un gobierno que ha mantenido un elevado nivel de gasto financiado en parte con emisión monetaria, lo que ha exacerbado las presiones inflacionarias. Además, las principales exportaciones del país, como el gas y la soya, han perdido mercados clave, afectando la generación de divisas y debilitando aún más la capacidad del gobierno para sostener el tipo de cambio fijo. La creciente brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo refleja el temor a una corrección cambiaria desordenada, lo que ha intensificado la dolarización y la remarcación de precios en la economía.
BL: ¿Yen términos de composición del IPC cómo se traduce?
JF: Los principales contribuyentes a la inflación en los últimos meses han sido el precio de los alimentos, el costo de vivienda y muebles, así como el incremento en los insumos productivos. La inflación en alimentos responde principalmente al encarecimiento de bienes importados y a los problemas logísticos derivados de la escasez de divisas, lo que ha limitado la capacidad de abastecimiento. A esto se suma el efecto de una oferta interna restringida, dado que muchas de las cadenas de producción en Bolivia dependen de insumos del exterior. El aumento en el costo de vivienda y muebles se ha visto impulsado por el intento de los hogares de preservar su poder adquisitivo en un contexto de creciente incertidumbre cambiaria e inflación, lo que ha llevado a una mayor demanda de bienes duros y activos reales como protección contra la erosión del valor de la moneda local. Finalmente, el alza en los insumos productivos ha tenido un efecto en cascada sobre toda la estructura de costos de la economía, afectando desde la industria manufacturera hasta el sector agrícola, generando aumentos de precios en una amplia gama de bienes y servicios.
BL: ¿Qué incidencia le atribuye al factor político?
JF: La inestabilidad política ha exacerbado las presiones inflacionarias. El gobierno actual enfrenta una creciente debilidad, con divisiones internas dentro del partido de gobierno que han socavado su capacidad para implementar medidas efectivas de estabilización económica. La falta de cohesión política ha llevado a una parálisis en la toma de decisiones, lo que ha reducido la confianza de los mercados y de los actores económicos. En este contexto, la proximidad de las elecciones ha incentivado un enfoque de corto plazo por parte del gobierno, con medidas fiscales expansivas que buscan sostener el consumo, pero que al mismo tiempo alimentan las presiones inflacionarias. La combinación de un entorno macroeconómico deteriorado, una política fiscal poco sostenible y un gobierno debilitado aumenta el riesgo de que la inflación continúe acelerándose en los próximos meses.
BL: ¿Cree que hay algún riesgo de ir un régimen de alta inflación similar al de Argentina?
JF: Si bien Bolivia todavía no ha entrado en un régimen de alta inflación como el de Argentina, los desequilibrios macroeconómicos actuales aumentan significativamente ese riesgo. La combinación de un tipo de cambio fijo con una fuerte caída de reservas internacionales y una monetización creciente del déficit fiscal genera una dinámica insostenible a mediano plazo. En este contexto, la creciente
desequilibrios macroeconómicos actuales aumentan significativamente ese riesgo. La combinación de un tipo de cambio fijo con una fuerte caída de reservas internacionales y una monetización creciente del déficit fiscal genera una dinámica insostenible a mediano plazo. En este contexto, la creciente dificultad para acceder a dólares y la pérdida de confianza en la estabilidad cambiaria están llevando a un proceso de dolarización que puede acelerar aún más la inflación. Si el gobierno continúa postergando los ajustes necesarios, la presión sobre el tipo de cambio podría llevar a una devaluación abrupta, con un impacto significativo en la inflación y una posible aceleración de la espiral inflacionaria.
BL: ¿Ve similitudes entre ambos países?
JF: La trayectoria inflacionaria reciente de Bolivia presenta varias similitudes con la dinámica observada en Argentina antes de la llegada de Javier Milei a la Presidencia. En primer lugar, ambos países han desarrollado un mercado cambiario paralelo con una creciente brecha entre el tipo de cambio oficial y el informal, lo que refleja la pérdida de confianza en la capacidad del gobierno para sostener la paridad oficial. A medida que la escasez de dólares se ha profundizado en Bolivia, las distorsiones cambiarias se han vuelto más evidentes, incentivando la dolarización de ahorros y una presión especulativa sobre los precios internos.
En segundo lugar, la restricción de exportaciones ha sido una característica común en ambos países en el pasado. En Argentina, bajo el gobierno de Alberto Fernández y anteriores administraciones, los controles sobre el comercio exterior afectaron la competitividad del agro y de la industria, limitando el ingreso de divisas. En Bolivia, la caída de los mercados clave para el gas y la soya, combinada con un entorno poco favorable para la inversión en sectores estratégicos como el litio, ha generado un escenario similar, donde la oferta de dólares ha disminuido considerablemente sin una respuesta efectiva en términos de diversificación de exportaciones.
Otra similitud clave es la falta de inversión extranjera directa y de flujos de capitales en portafolio. En ambos países, la incertidumbre política y la falta de reglas claras han reducido el atractivo para inversores extranjeros, lo que ha limitado las fuentes de financiamiento y ha obligado a los gobiernos a inversores extranjeros, lo que ha limitado las fuentes de financiamiento y ha obligado a los gobiernos a recurrir a soluciones de corto plazo como la emisión monetaria y el endeudamiento interno. En el caso boliviano, el deterioro de la balanza de pagos ha reducido la capacidad del país para acceder a financiamiento externo en condiciones favorables, lo que ha incrementado la presión sobre las cuentas fiscales y el sector bancario.
VER MÁS: Dólar en Bolivia: ¿cómo se fijó el tipo de cambio desde 2011 y qué otros países lo hacen?
JF: El desalineamiento fiscal también es un punto en común entre ambos países. Tanto Bolivia como Argentina han operado con déficits fiscales elevados financiados en gran parte con emisión monetaria o endeudamiento insostenible. En Bolivia, el gasto público se ha mantenido en niveles elevados a pesar de la caída de los ingresos por exportaciones, lo que ha forzado una mayor dependencia de la monetización del déficit por parte del Banco Central. En Argentina, un fenómeno similar bajo el gobierno anterior contribuyó a la aceleración de la inflación y a una espiralización (alza) de los precios, un riesgo que Bolivia enfrenta si no ajusta su política fiscal a tiempo.
Sin embargo, también existen diferencias significativas entre ambos países que determinan la dinámica de sus crisis. En primer lugar, Argentina posee un sector productivo mucho más desarrollado que el de Bolivia, con una base industrial más diversificada y una producción con mayor valor agregado. La capacidad de Argentina para generar ingresos internos y sostener cierta demanda agregada le ha permitido una mayor resiliencia frente a crisis inflacionarias, aunque con distorsiones en su estructura de precios. En Bolivia, la dependencia de bienes importados y la limitada producción nacional aumentan la vulnerabilidad de la economía ante shocks externos y la escasez de dólares.
BL: ¿En términos de proceso político encuentra parecidos?
JF: Argentina ha mantenido una tradición de alternancia política con una oposición fuerte que ha servido como contrapeso al oficialismo, permitiendo correcciones de rumbo en distintos momentos. En Bolivia, en cambio, el Movimiento al Socialismo (MAS) ha dominado la escena política desde 2005, con un control prácticamente hegemónico de las instituciones y un margen de maniobra mucho más amplio para implementar políticas sin una oposición efectiva. Esto ha permitido postergar ajustes económicos fundamentales, generando un deterioro más prolongado de los fundamentos macroeconómicos sin presión política suficiente para corregirlos.
BL: Teniendo en cuenta estos factores, y volviendo al comienzo, una eventual aceleración inflacionaria, tal como sufrió Argentina en los últimos años, ¿cómo puede impactar en Bolivia?
JF: La demanda interna y el poder de consumo en Argentina son sustancialmente mayores que en Bolivia, lo que permite que el país tenga una mayor capacidad de absorción de shocks económicos. En Bolivia, el consumo interno depende en gran medida del gasto público y de la estabilidad del tipo de cambio, lo que implica que un ajuste cambiario o fiscal tendría un impacto mucho más directo y profundo sobre la población. En este sentido, mientras que Argentina ha logrado sobrevivir a crisis inflacionarias prolongadas gracias a su tamaño de mercado y diversificación productiva, Bolivia enfrenta riesgos de inestabilidad mucho más severos en caso de un deterioro sostenido de la macroeconomía.
En este contexto, si Bolivia no toma medidas correctivas a tiempo, es plausible que la dinámica inflacionaria se asemeje aún más a la de Argentina antes de la actual administración, con episodios de aceleración de precios, creciente dolarización de la economía y un debilitamiento progresivo del tipo de cambio oficial frente a la realidad del mercado. Sin embargo, las diferencias estructurales entre ambos países también significan que los canales de transmisión de la crisis y la capacidad de respuesta del gobierno pueden diferir considerablemente.
BL: En 2023, las expectativas respecto de Bolivia se empezaron a deteriorar notablemente, cuando el mercado empezó a detectar una fuerte caída de reservas internacionales. ¿Ves que la política haya reaccionado a eso, corrigiendo desequilibrios o empeoró?
JF: La reacción de la política económica ha sido claramente insuficiente para corregir los desequilibrios que se han venido acumulando desde 2023. En lugar de implementar un ajuste ordenado para reducir la presión sobre el tipo de cambio y mejorar la sostenibilidad fiscal, el gobierno ha optado por mantener un nivel elevado de gasto y subsidios, profundizando la dependencia de una estructura económica que ya no cuenta con el respaldo de suficientes ingresos por exportaciones. Además, el Banco Central ha intentado sostener el tipo de cambio fijo mediante la venta de reservas, pero con resultados cada vez más limitados debido a la escasez de dólares en el sistema. A esto se suma la incertidumbre política derivada de la proximidad de las elecciones, que ha reducido aún más los incentivos para adoptar medidas correctivas, contribuyendo a una mayor volatilidad en las expectativas.
BL: Por lo que usted menciona, pareciera difícil sostener el ancla cambiaria de los últimos años.
JF: El mantenimiento del tipo de cambio fijo en Bolivia se ha vuelto cada vez menos sostenible, dado el deterioro de la posición externa del país. Con una pérdida continua de reservas y un acceso cada vez más restringido a fuentes de financiamiento externo, la capacidad del Banco Central para seguir defendiendo el tipo de cambio es limitada. La creciente brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo indica que el mercado ya está anticipando un ajuste cambiario, aunque las autoridades han intentado postergar esta corrección. A menos que se implementen reformas estructurales que alivien las presiones sobre la balanza de pagos, la presión sobre el tipo de cambio seguirá aumentando, lo que eventualmente podría forzar una devaluación.
BL: Por el lado de los recursos naturales, viene lente el desarrollo del litio y hay advertencias de que se está acabando el gas, ¿cree que se puede revertir esa situación?
JF: La situación del sector de recursos naturales en Bolivia es compleja y difícil de revertir en el corto plazo. La producción de gas ha venido cayendo de manera sostenida debido a la falta de inversiones en exploración y desarrollo, lo que ha reducido significativamente la capacidad del país para mantener sus exportaciones energéticas. En el caso del litio, si bien Bolivia cuenta con grandes reservas, el desarrollo del sector se ha visto obstaculizado por problemas regulatorios, falta de infraestructura y dificultades para atraer inversión extranjera. Para revertir esta situación, sería necesario un cambio en el marco de políticas que incentive la inversión privada y la modernización del sector, además de una estrategia clara para mejorar la competitividad de las exportaciones de recursos naturales. Sin estas reformas, es poco probable que Bolivia pueda reemplazar en el corto plazo los ingresos perdidos por la caída en las exportaciones de gas y soya. https://lc.cx/PsQKCL
 
 
 
 
 
LA ESCASEZ DE COMBUSTIBLE EN BOLIVIA OBLIGÓ A LUIS ARCE A PROPONER CAMBIOS EN LA JORNADA LABORAL Y EL SISTEMA EDUCATIVO
 
El mandatario izquierdista atribuyó el problema a la falta de dólares para la importación de carburantes y descartó cambios en la política económica que muchos sectores consideran insostenible
 
Infobae de Argentina (https://lc.cx/D_3pPL)
 
El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció este miércoles un paquete de diez medidas para hacer frente a la escasez de combustibles que afecta el país.
El mandatario izquierdista atribuyó el problema a la falta de dólares para la importación de carburantes, aunque evitó asumir responsabilidades sobre la crisis y descartó cambios en la política económica que muchos sectores consideran insostenible.
Durante un mensaje desde la Casa de Gobierno en La Paz, Arce, acompañado de su gabinete, afirmó que su administración está “muy conmovida” por la situación y criticó a sectores que, según él, buscan generar inestabilidad aprovechando la coyuntura.
Sin embargo, su discurso no ofreció soluciones estructurales a la falta de divisas ni reconoció los errores de gestión que han llevado al país a este punto.
Entre las medidas anunciadas se encuentran la implementación del horario continuo de trabajo en las nueve capitales departamentales y en El Alto, junto con la opción de teletrabajo para las empresas que lo requieran. También se permitirá la educación virtual, aunque esta decisión dependerá de la evaluación de los servicios departamentales de educación.
En La Paz, se ampliará el horario de operación de los teleféricos, una medida que busca paliar las dificultades de transporte generadas por la crisis de combustibles.
El Gobierno también reducirá en un 50 % el uso del parque automotor estatal y lanzará una aplicación móvil para informar en tiempo real sobre la disponibilidad de combustibles en las estaciones de servicio.
Además, incrementará la distribución de carburantes en gasolineras del 50 al 80 %, asignará puntos de abastecimiento exclusivos para el transporte público y priorizará la provisión para el sector productivo, salud y emergencias.
También se reforzarán los controles en la venta y transporte de combustibles, aunque el Ejecutivo no especificó cómo garantizará que estas medidas sean efectivas en un escenario de escasez prolongada.
A pesar de la gravedad de la crisis, Arce descartó cualquier posibilidad de devaluar la moneda o retirar la subvención a los combustibles.
“El problema que enfrenta el país es la falta de liquidez de dólares transitoria (...) Eso no se resuelve con ninguna de las medidas anteriores, ni con ‘corralitos’ (bancarios) ni con apropiación del dinero del pueblo, como también algunos han empezado a especular”, manifestó.
Además, negó que vaya a renunciar a la Presidencia y dijo que “Bolivia no está quebrada” económicamente, como aseguran sus detractores.
“No es que estamos en una crisis económica, estamos enfrentando un problema de iliquidez de dólares para pagar las importaciones de combustible”, insistió.
Economistas y sectores productivos han advertido que la falta de divisas responde a problemas más profundos en la política económica del Gobierno y que las soluciones presentadas son solo paliativos temporales.
El mandatario insistió en su llamado al Legislativo para que apruebe créditos externos por más de 1.600 millones de dólares, los cuales, según el Gobierno, permitirían recuperar la liquidez en la economía. No obstante, culpó a la oposición y a sectores disidentes del oficialismo, en particular a los seguidores del ex presidente Evo Morales, de bloquear la aprobación de estos préstamos con fines políticos.
Desde 2023, Bolivia ha experimentado una escasez de dólares y dificultades en la importación de combustibles, lo que ha generado protestas y amenazas de movilización en distintos sectores.
La respuesta del Gobierno ha sido permitir que la petrolera estatal YPFB adquiera dólares y activos virtuales para costear la importación de carburantes, una medida que algunos analistas consideran riesgosa debido a la volatilidad de estos activos y la falta de transparencia en su gestión. Mientras tanto, la incertidumbre económica sigue en aumento y las soluciones de fondo siguen sin aparecer.
 
 
 
 
 
BOLIVIA SE PREPARA PARA USAR CRIPTOMONEDAS EN EL PAGO DE COMBUSTIBLE
 
Bolivia se encuentra al borde de una nueva era en su política económica. Impulsada por una combinación de crisis energética y una persistente escasez de divisas, la nación andina está explorando activamente la posibilidad de utilizar criptomonedas para saldar sus facturas de combustible.
 
Crypto News Bit 2M (https://lc.cx/TYjq1E)
 
Un futuro donde las transacciones internacionales se realicen con Bitcoin, Ethereum u otras monedas digitales, facilitando el comercio y evitando las limitaciones impuestas por los sistemas financieros tradicionales, ya no es un sueño ni una escena de película futurista.
Esta escena es una situación real que se está viviendo en Bolivia. Este país andino está contemplando seriamente la utilización de criptomonedas para saldar sus compras de combustible.
La adopción de criptomonedas por parte del país emerge como una alternativa estratégica para mitigar los efectos de la escasez de dólares y diversificar las opciones de pago en el comercio internacional.
Bolivia busca la independencia económica en Bitcoin y las criptomonedas
Según informó Reuters, la iniciativa de Bolivia de usar criptomonedas como medio de pago, liderada por la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), no solo busca mitigar los problemas de liquidez, sino también abrir nuevas vías para la independencia económica.
Un análisis profundo de esta iniciativa es fundamental para comprender los factores que la impulsan, los desafíos que enfrenta y las posibles consecuencias tanto para este país como para el mundo. Este estudio es crucial para entender las causas que originan estas decisiones y las repercusiones que podrían tener en una mayor adopción de las criptomonedas para transacciones de gran escala, tanto en el ámbito nacional como internacional.
Para lograr una comprensión más completa, es esencial considerar el contexto global de la adopción de las criptomonedas por parte de otros países con economías similares, los cuales buscan soluciones alternativas a las limitaciones impuestas por el sistema financiero tradicional.
La crisis energética y la escasez de divisas
Bolivia se enfrenta a una tormenta perfecta de desafíos económicos. La disminución de la producción de gas natural, históricamente su principal fuente de ingresos por exportación, ha provocado una drástica reducción en la disponibilidad de divisas. Esta situación se agrava por la creciente demanda interna de combustible, impulsada por los subsidios estatales, que mantienen los precios artificialmente bajos.
En este sentido, la diferencia entre el costo real del combustible importado y el precio de venta subsidiado crea un déficit que debe ser cubierto con las reservas internacionales del país, ejerciendo una presión considerable sobre la economía boliviana. La escasez de divisas no solo afecta la importación de combustibles, sino también la adquisición de bienes esenciales y tecnología, impactando negativamente diversos sectores de la economía nacional.
La escasez de dólares estadounidenses dificulta la importación de bienes esenciales, incluido el combustible. Debido a la situación, las empresas se enfrentan a demoras en los pagos, lo que a su vez afecta la cadena de suministro y genera incertidumbre en el mercado.
En este contexto, la posibilidad de utilizar criptomonedas surge como una alternativa viable para sortear las restricciones impuestas por el sistema financiero tradicional y garantizar el suministro de combustible necesario para mantener la economía en funcionamiento. La adopción de las criptomonedas podría permitir a Bolivia diversificar sus fuentes de divisas y reducir su dependencia del dólar estadounidense, fortaleciendo su soberanía económica.
La estatal YPFB utilizará criptomonedas para importar combustible
Según los informes, ante la dificultad para acceder a dólares estadounidenses, la empresa estatal YPFB está explorando activamente la posibilidad de utilizar criptomonedas para pagar a sus proveedores internacionales de combustible.
Con la ejecución de este movimiento, no solo se busca aliviar la presión sobre las reservas de divisas de Bolivia, sino abrir nuevas oportunidades de comercio con países que también están adoptando a las criptomonedas como parte de su economía.
Por ejemplo, si un proveedor de combustible acepta Bitcoin, YPFB podría realizar el pago directamente en esta criptomoneda, evitando la necesidad de convertirla a dólares estadounidenses y pagar las comisiones asociadas. Esto podría resultar en un ahorro significativo y una mayor eficiencia en las transacciones internacionales.
Además, el uso de criptomonedas podría reducir la burocracia y los tiempos de espera asociados con las transferencias bancarias internacionales, agilizando el proceso de importación de combustible. Con la implementación de las criptomonedas, el gobierno boliviano busca la creación de un nuevo sistema de compras que permita una mayor transparencia en la gestión de los subsidios y reduzca las posibilidades de corrupción.
Un nuevo sistema de compras para apoyar los subsidios nacionales de combustible
El uso de criptomonedas también se presenta como una herramienta clave para mantener los subsidios nacionales de combustible en Bolivia. Estos subsidios, aunque benefician a la población al mantener bajos los precios de la gasolina y el diésel, representan una carga considerable para el presupuesto estatal.
El nuevo sistema de compras podría incluir la creación de una plataforma digital donde los proveedores de combustible puedan ofrecer sus productos y recibir pagos en criptomonedas. Esta plataforma también podría integrar mecanismos de conversión a otras divisas, permitiendo a los proveedores recibir el pago en la moneda de su preferencia.
Además, el sistema podría incorporar medidas de seguridad para garantizar la transparencia y evitar el fraude. La plataforma podría utilizar tecnología blockchain para registrar todas las transacciones de forma inmutable y verificable, aumentando la confianza en el sistema en conjunto.
El gobierno boliviano respalda el uso de criptomonedas
El gobierno boliviano ha dado su respaldo explícito a la iniciativa de utilizar criptomonedas para pagar el combustible. Esta aprobación refleja una creciente conciencia de los beneficios potenciales de las criptomonedas y los activos digitales, así como una voluntad de explorar nuevas soluciones para los desafíos económicos que enfrenta el país.
El gobierno considera que el uso de criptomonedas podría ser una herramienta valiosa para garantizar el suministro de combustible y proteger la economía boliviana de las fluctuaciones del mercado internacional. El apoyo del gobierno es fundamental para generar confianza en la iniciativa y atraer a inversores y proveedores de combustible.
Sin embargo, la aprobación del gobierno también implica la necesidad de establecer un marco regulatorio claro para los criptoactivos. Esto incluye la definición de los requisitos para operar con los mismos, la protección de los inversores y la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El gobierno boliviano deberá trabajar en estrecha colaboración con el sector privado y los expertos en criptomonedas para desarrollar un marco regulatorio que fomente la innovación y proteja los intereses de todos los actores involucrados. Este marco regulatorio deberá ser flexible y adaptable a los cambios en el mercado de criptomonedas, garantizando la seguridad jurídica y la estabilidad del sistema.
El impacto en la comunidad boliviana y repercusiones internacionales
La adopción de criptomonedas para pagar el combustible podría tener un impacto significativo en la comunidad boliviana. En primer lugar, podría aliviar la presión sobre las reservas de divisas y garantizar el suministro de combustible, lo que a su vez podría estabilizar los precios y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En segundo lugar, podría fomentar la adopción de criptomonedas en otros sectores de la economía, creando nuevas oportunidades para el crecimiento y la innovación. La adopción de criptomonedas podría generar nuevos empleos en el sector tecnológico y atraer inversiones extranjeras.
A nivel internacional, la decisión de Bolivia podría sentar un precedente para otros países que enfrentan desafíos económicos similares. Si la iniciativa resulta exitosa, podría inspirar a otras naciones a explorar el uso de criptomonedas para el comercio internacional y la gestión de las finanzas públicas. Esto podría acelerar la adopción masiva de las criptomonedas y transformar el panorama financiero mundial.
Los antecedentes de Bolivia en el uso de criptoactivos
Aunque la idea de usar criptomonedas para pagar el combustible pueda parecer novedosa, Bolivia ha estado experimentando con activos digitales durante algún tiempo. El año pasado, el Banco Central del país abrió las puertas a esta innovación financiera, levantando el veto que pesaba sobre Bitcoin desde el año 2020.
La reciente decisión del banco refleja el interés persistente del gobierno en las oportunidades que brindan las tecnologías descentralizadas, evidenciando su visión a largo plazo hacia la innovación y el crecimiento en los ámbitos financiero y tecnológico.
Con esta iniciativa, Bolivia tiene el potencial de convertirse en un líder en la adopción de criptomonedas, lo que podría transformar su economía y servir como un modelo a seguir para otras jurisdicciones de la región que buscan avanzar en la innovación de la era digital.
La inversión en criptoactivos no está totalmente regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas debido a su alta volatilidad y existe riesgo de perder la totalidad de los importes invertidos.
 
 
 
 
 
ESPAÑA Y BOLIVIA FIRMAN UN CONVENIO BILATERAL EN MATERIA DE DELINCUENCIA Y SEGURIDAD
 
Gobierno de España (https://lc.cx/3lstpD)
 
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha firmado este miércoles en Madrid un convenio bilateral en materia de delincuencia y seguridad con el ministro de Gobierno boliviano, Carlos Eduardo del Castillo, en un acto al que ha asistido el vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca. “Es un mensaje claro y decidido como muestra de nuestro compromiso por la seguridad y la garantía de los derechos y libertades fundamentales”, ha señalado Grande-Marlaska.
Las dos delegaciones han coincidido en el “nuevo impulso” que dará este acuerdo a la “ya satisfactoria relación” existente entre las fuerzas de seguridad de España y Bolivia para combatir la criminalidad organizada, “que es trasnacional y no puede detenerse sin cooperación internacional”, ha subrayado el ministro.
Grande-Marlaska y Del Castillo han compartido las iniciativas emprendidas en los dos países en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. El titular de Interior ha expuesto la experiencia del Plan Especial de Seguridad Campo de Gibraltar y de la Coalición de Países Europeos contra el Crimen Organizado, cuya última reunión se celebró el pasado 14 de febrero en Cádiz y abogó por reforzar los lazos con América Latina.
Por su parte, el vicepresidente y el ministro de Gobernación de Bolivia han presentado la propuesta para la regionalización de la lucha contra el narcotráfico a través de la Alianza Latinoamericana Antinarcóticos.
 
 
 
 
 
BOLIVIA EN RIESGO DE PERDER OPORTUNIDAD DE INDUSTRIALIZAR SU LITIO
 
Bolivia enfrenta obstáculos para industrializar el litio, lo que podría ser una estrategia de saboteo impulsada por intereses norteamericanos
 
El Ciudadano de Chile (https://lc.cx/VvBznW)
 
El gobierno de Luis Arce enfrenta una presión creciente para lograr la aprobación de los contratos que permitirían la explotación y la industrialización del litio en Bolivia, en particular en el salar de Uyuni, Potosí. Con una inversión prevista de 2.000 millones de dólares para la construcción de plantas procesadoras, los contratos con empresas de Rusia y China están siendo detenidos por la Asamblea Legislativa Plurinacional, un retraso que podría extenderse por una década si no se resuelve antes de 2025.
El gobierno de Luis Arce enfrenta una presión creciente para lograr la aprobación de los contratos que permitirían la explotación y la industrialización del litio en Bolivia, en particular en el salar de Uyuni, Potosí. Con una inversión prevista de 2.000 millones de dólares para la construcción de plantas procesadoras, los contratos con empresas de Rusia y China están siendo detenidos por la Asamblea Legislativa Plurinacional, un retraso que podría extenderse por una década si no se resuelve antes de 2025.
Un tema central en el debate sobre la explotación del litio es el uso de agua. Las organizaciones ambientalistas alertan que la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL), propuesta en los contratos, podría consumir grandes cantidades de agua. Sin embargo, Moreira subrayó que este proceso es más eficiente en términos de consumo de agua en comparación con las técnicas utilizadas en países como Chile y Argentina, donde las piscinas de evaporación requieren millones de litros de agua por tonelada de litio producido. La EDL, según el analista, solo utilizaría 56.000 litros por tonelada, y el 70% del agua usada podría ser recuperada.
El presidente Arce ha destacado que, de aprobarse los contratos, Bolivia recibiría una importante inversión, con un efecto positivo sobre la creación de empleos. La construcción de las plantas en el salar de Uyuni generaría miles de empleos directos e indirectos, y el país también se beneficiaría de un crecimiento en la industria minera y el procesamiento de litio. A pesar de los desafíos políticos, el gobierno boliviano mantiene que la industrialización del litio es esencial para asegurar un futuro económico sólido para el país.
El tema de las regalías sigue siendo una preocupación importante. Instituciones de Potosí han solicitado que el porcentaje de regalías para la región aumente del 3% al 5%, lo que podría negociarse en una futura Ley de Litio, que aún no avanza debido a las disidencias dentro de la Asamblea. Sin embargo, según Moreira, las regalías podrían alcanzar hasta el 11% en función del volumen de producción, lo que mejoraría significativamente los ingresos para Bolivia.
El litio, un mineral clave en la transición hacia energías limpias, ha visto fluctuaciones en su precio, que ha bajado desde los 70.000 dólares por tonelada en 2023 a 10.000 dólares en la actualidad. A pesar de esta caída temporal, los expertos predicen que los precios aumentarán nuevamente en los próximos años debido al crecimiento de la demanda global por baterías y la electrificación de la industria del transporte.
Para Bolivia, el tiempo es esencial. Si los contratos no se aprueban en 2025, el país podría enfrentarse a un retraso de al menos una década, lo que comprometería su capacidad de competir en la industria global del litio.
 
 
 
 
 
LA HOJA DE COCA NO ES PERJUDICIAL: EL ARGUMENTO DE COLOMBIA ANTE LA ONU
 
Colombia solicita a la ONU reconsiderar la hoja de coca como sustancia dañina, destacando su uso cultural y tradicional
 
Extra de Ecuador (https://acortar.link/2jtNzR)
 
El gobierno de Colombia ha solicitado formalmente a las Naciones Unidas reconsiderar la inclusión de la hoja de coca en la lista de sustancias más dañinas, argumentando que la planta en su estado natural no representa un riesgo para la salud. Durante su intervención en la 68ª sesión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU, celebrada en Viena el 10 de marzo de 2025, la canciller colombiana, Laura Sarabia, subrayó que la evidencia científica respalda el uso tradicional de la hoja de coca por las comunidades indígenas, sin que ello implique un daño a la salud.
Este pedido se enmarca dentro de un esfuerzo por desestigmatizar la planta, que ha sido históricamente vinculada con el narcotráfico debido a su transformación en cocaína. Sarabia aclaró que esta solicitud no implica un cambio en la estrategia del gobierno colombiano en la lucha contra el narcotráfico. En su discurso, destacó que las autoridades seguirán con la erradicación de cultivos ilícitos y reforzarán las medidas contra las redes de narcotraficantes.
El presidente Gustavo Petro, recientemente, utilizó su red social X (antes Twitter) para resaltar la importancia cultural y tradicional de la hoja de coca, destacando su versatilidad y valor más allá de su asociación con la cocaína. También expresó su apoyo a las iniciativas conjuntas con Bolivia para que la comunidad internacional reconozca y valore la hoja de coca en su forma natural, promoviendo su uso sostenible y culturalmente significativo.
El presidente ha sido un firme defensor de este enfoque, resaltando que la actual "guerra contra las drogas" ha fracasado y necesita ser reformada para lograr mejores resultados. Además, la propuesta subraya la importancia de la hoja de coca para las culturas indígenas, quienes la consideran una planta sagrada con múltiples usos tradicionales, como en la medicina, la alimentación y en ceremonias religiosas.
Este nuevo enfoque de Colombia se produce en un contexto donde el país sigue siendo el mayor productor de cocaína del mundo, a pesar de los esfuerzos por controlar los cultivos de coca. En 2023, Colombia registró un récord de 2,600 toneladas de cocaína producidas, lo que subraya la complejidad del problema y la necesidad de encontrar soluciones que respeten tanto la realidad social y cultural de las comunidades como la lucha contra el crimen organizado.
 
 
 
 
 
"ES VIABLE MODIFICAR APLICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DE LA HOJA DE COCA": MINJUSTICIA
 
En la 68ª sesión de la Comisión de Estupefacientes de la Naciones Unidas en Viena (Austria), Colombia presentó lecciones aprendidas, estudios y avances en la política de drogas y desarrollo alternativo.
 
Nuevo Siglo de Colombia (https://acortar.link/0BgPU6)
 
En el marco de la 68ª. sesión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, defendió la posibilidad de revisar la clasificación de la hoja de coca dentro de la lista de estupefacientes sometidos a fiscalización internacional.
Sustentó su ponencia en el artículo 3 de la Convención Única de Estupefacientes de 1961 de la Organización de las Naciones Unidas que plantea: “si la Organización Mundial de la Salud comprueba que un preparado, dadas las sustancias que contiene, no se presta a uso indebido y no puede producir efectos nocivos, y que su contenido de estupefaciente no se puede recuperar con facilidad, la Comisión de Estupefacientes de la ONU (CND, por sus siglas en inglés) podrá, de conformidad con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, incluir este preparado en la Lista III".
La ministra enfatizó que la hoja de coca y la cocaína no son lo mismo y que la evidencia científica respalda una reevaluación de su estatus legal. Además, señaló que la convención prevé, en el artículo 3, la modificación a la esfera de aplicación de la fiscalización, y que esto revierte importancia porque, desde sus inicios con el protocolo de 1972, surge la posibilidad de que muchas de estas situaciones pudieran ser variadas en el tiempo a través de dos requisitos esenciales:
El primero es mostrar evidencia frente a la necesidad que lleva a cambiar la matrícula de esta sustancia entre las listas. En dicho artículo se prevé la opción de proponer en la CND, la reforma, modificación o traslado de sustancias entre las listas cuando se encuentren elementos necesarios para hacerlo. Desde ahí decir también que la Organización Mundial de la Salud (OMS) es uno de los entes que permite entregar insumos científicos sobre el particular.
En segundo lugar, que la clasificación vigente de la hoja de coca significa haber desconocido elementos que son beneficiosos o favorables. No solamente el tema de lo que consideró en su momento la convención sobre la posibilidad de sacar elementos farmacéuticos o tranquilizantes como parte de la materia prima, sino que también hoy en día se está apuntando a investigaciones importantes en términos de comestibles, combustibles, etc. que podrían mirarse a la luz de todos los países y analizase.
“Los productos que son ilícitos son los productos que salen de este procesamiento en particular: el clorhidrato, la base y la pasta. Desde un punto de vista técnico y científico la evidencia es clara y en términos farmacológicos los estudios han demostrado que el consumo de la hoja en estado natural tampoco genera dependencia ni presenta potencial adictivo", sostuvo.
Igualmente, la alta funcionaria del Gobierno colombiano agregó que “desde un punto de vista técnico y científico la evidencia es clara y en términos farmacológicos los estudios han demostrado que el consumo de la hoja en estado natural no genera dependencia ni presenta potencial adictivo. Además, para alcanzar la convivencia ilícita del cultivo de la hoja de coca, desde un enfoque de política de drogas, podemos señalar que el presidente Petro ha solicitado el desarrollo de una regulación interna en torno a los usos que permite la Convención en Colombia, y en este momento estamos tramitando una serie de proyectos en este sentido".
Durante su exposición, la ministra resaltó que el gobierno colombiano seguirá luchando de frente contra el narcotráfico, especialmente combatiendo las organizaciones criminales: “Desde ese contexto para nosotros es claro que seguimos en la lucha y en los esfuerzos contra el narcotráfico, que seguimos con la necesidad de manejar la erradicación del narcotráfico como una de las criminalidades que agotan nuestros países, pero que dentro de este contexto también debemos decir que los productos que son ilícitos son los que salen de este procesamiento en particular.
El clorhidrato, la base y la pasta. Y sobre estos supuestos estamos mirando que en Colombia y en particular el presidente de la República ha hecho una solicitud el año pasado sobre la necesidad de replantear este punto, de acuerdo con los postulados que significan entender que debe haber una revisión de acuerdo con la misma convención" recalcó.
 
 
 
 
 
AMÉRICA LATINA: LA SIGUIENTE TRANSICIÓN
 
América Latina se enfrenta a una coyuntura caracterizada por una pérdida de ambición y radicalidad de las propuestas políticas de la izquierda regional y al ataque frontal lanzado por las derechas de la región envalentonadas por la onda reaccionaria global
 
Diario Red de Uruguay (https://acortar.link/62XcMe)
 
Qué va a suceder ahora en América Latina, si el largo momento neoliberal está llegando a su fin? A diferencia de anteriores etapas de realineamiento externo e interno, la actual no tiene una dirección clara. Estamos en un momento de radical incertidumbre, que cuenta con monstruos preparados para ocupar la escena mientras proclaman las virtudes de las medidas de mano dura y de las megaprisiones. Al mismo tiempo, diferentes tipos de gobiernos de izquierda ocupan el poder en algunas de las mayores economías de la región como sucede en Brasil, Chile, Colombia y México. En su clásico estudio Dependencia y desarrollo en América Latina, Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto examinaron la transición cumplida de las economías de exportación de la era oligárquica de 1850-1930 a la nueva época de industrialización, orientada hacia el mercado interno, posterior a la Depresión de 1929[1]. En la década de 1980 se produciría otra transición, que corrió de la era de las dictaduras y el desarrollo industrial a la de la democracia electoral y el neoliberalismo.
Retrospectivamente, el giro de la década de 1980 tuvo claros puntos cardinales y líneas de orientación. Algunos fueron endógenos: el deseo de que los déspotas hicieran las maletas, el deseo de resistirse a la explotación de los recursos y de elevar los niveles de vida de la población. Otros llegaron desde el exterior, fundamentalmente vía la presión de los mercados mundiales. Pero hablando en términos generales, la restauración de la democracia y el regreso a la ortodoxia del mercado fueron de la mano, al margen de lo turbia que fuera la democracia o lo imperfectos que resultaran ser los mercados. Después de 1999 se produjo un giro más matizado: del Consenso de Washington a los gobiernos nacional-populistas de las «revoluciones bolivarianas» registradas en Venezuela, Brasil, Bolivia, Argentina y Ecuador, que trajeron importantes logros dese el punto de vista de la inclusión constitucional, la redistribución de la renta y la riqueza y la expansión de los bienes públicos. América Latina está ahora lejos de la transición asociada al final del dominio autoritario, pero el ciclo de las «revoluciones bolivarianas» de principios de la década de 2000 también ha finalizado. Los nuevos gobiernos de izquierda que han llegado al poder en Ciudad de México, Santiago, Brasilia y Bogotá afrontan situaciones muy diferentes a las de sus predecesores en la primera década del milenio.
El «momento neoliberal» acontecido tras la finalización de la Guerra Fría se ha agotado. Ningún sucesor evidente se muestra para sustituirlo. Podría decirse que ello es una buena noticia: no hay ningún guion capaz de hacer tragar a las gargantas latinoamericanas un nuevo Consenso de Washington. Pero este encerado más limpio también llega con graves limitaciones. La región afronta profundas incertidumbres sobre cuál será el motor del crecimiento económico en un momento en que la globalización evoluciona alejándose de las tradicionales cadenas de valor ligadas a las materias primas. Igualmente, América Latina se enfrenta a una transición demográfica sin precedentes y a nuevas y monstruosas formas de políticas de derecha alimentadas por la inseguridad. Al mismo tiempo, la ausencia de una ortodoxia, ya sea neoliberal o desarrollista, debería ampliar el abanico de alternativas estratégicas disponibles para la nueva ola de izquierda. Para clarificar la situación, puede resultar útil ubicar la actual coyuntura en la longue durée de los ciclos económico-políticos de América Latina.
Realineamientos regionales
En Dependencia y desarrollo en América Latina, Cardoso y Faletto perfilaron la relación existente entre la localización de la región en la economía mundial y el alineamiento de sus bloques dominantes, sosteniendo que las condiciones de dependencia configuraban la formación de las elites y de sus futuros aliados. Desde entonces, una escuela de las ciencias sociales latinoamericanas ha examinado los vínculos existentes entre los ciclos económicos y los sistemas políticos, debatiendo las relaciones imperantes entre las condiciones globales externas y las posibilidades regionales internas. Nosotros seguimos esta tradición, aun reconociendo que nunca se verifica una relación automática y biunívoca entre los modelos de crecimiento económico y los regímenes políticos; en realidad, a medida que se produce el flujo y reflujo de las olas globales de integración, las coaliciones nacionales cambian y confluyen en respuesta a las corrientes de capital y mercancías.
Cardoso y Faletto, al analizar el primer momento neoliberal, esto es, la era de la belle époque, trazan una correlación entre las expansiones económicas impulsadas por las exportaciones, que ampliaron los mercados interiores, y el esfuerzo por experimentar con modelos diferentes de inclusión selectiva, que iban de las políticas de bienestar social democráticas en Uruguay a la maquinaria política paternalista vigente en el Brasil posterior a la emancipación de la esclavitud en 1888. La forma de la dependencia económica externa –y si en realidad esta amplió el ámbito de movilidad y autonomía social para las elites y las clases medias– creó el espacio para una estructura de oportunidad susceptible de generar regímenes excluyentes o inclusivos. Después de 1929, cuando la Gran Depresión socavó los pilares de las economías orientadas a la exportación en América Latina, las alianzas «burguesas» colapsaron y la región se cerró en sí misma. La industrialización de los mercados nacionales, junto con el empuje de la demanda estadounidense en tiempos de guerra, se combinaron con experimentos de inclusión popular, que fueron del obrerismo de Perón en Argentina a la reforma agraria en Guatemala o Perú, y suscitaron la expansión de las políticas de bienestar, la construcción de vivienda pública y la introducción de derechos sindicales.
A lo largo de la década de 1960 los gobiernos latinoamericanos recurrieron en gran medida a los mercados nacionales para impulsar el crecimiento económico, alineados con regímenes políticos que en su mayor parte eran más inclusivos que aquellos a los que habían sustituido. Había excepciones, especialmente entre los países más pequeños de América Central y el Caribe, donde los mercados nacionales eran demasiado pequeños, poco profundos y fracturados como para salir de su aislamiento y donde los intereses estadounidenses aseguraban que la extracción privilegiara sobre la inclusión. Pero incluso en ellos los intentos de crear mercados regionales comunes en la década de 1960 representaron esfuerzos en pro de la reducción de la dependencia de las exportaciones tradicionales de materias primas dirigidas a los mercados norteamericanos. En general, el triangulo formado por la industrialización creciente, el consumo nacional y la inclusión popular proporcionaba las «patas» de un modelo, que se mantuvo durante la era desarrollista.
Cuando Cardoso y Faletto empezaron a reflexionar sobre estos largos ciclos a mediados de la década de 1960 el giro hacia el desarrollo nacional y la estrategia inclusiva estaba perdiendo impulso por mor de presiones tanto internas como externas. En vísperas de los levantamientos de 1968 –el Cordobazo en Argentina, la represión brutal en Brasil y la masacre de Tlatelolco en México– los dos sociólogos acababan su análisis con una pregunta: ¿podía el socialismo proporcionar las líneas maestras de un modelo, que sucediera al elitismo tecnocrático-desarrollista en la sociedad industrial de masas?[2]. La respuesta llegó con el despliegue de las dictaduras militares impuestas en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Ecuador, Perú, Guatemala y Honduras, acompañadas por el autoritarismo asumido por el Partido Revolucionario Institucional mexicano. Este despliegue marcó el fin de un largo ciclo de profundas reformas, que supuso la ruptura con el modelo de desarrollo inclusivo nacionalmente orientado, pero también la posibilidad de que el socialismo pudiera ser algo más que enclaves en Cuba y Nicaragua.
A la imposición de las dictaduras militares le siguieron décadas caracterizadas por la represión y la exclusión en gran parte de América del Sur, las guerras civiles en América Central y la lenta descomposición del sistema de pactos bipartidistas de los regímenes de Colombia y Venezuela. En la década de 1980 América Latina se encontró atrapada en un círculo vicioso. Los gobiernos latinoamericanos presos de dificultades derivadas de su endeudamiento en los mercados de eurodólares para enmascarar sus enormes dificultades presupuestarias y subvencionar el consumo, se toparon con el estallido de la burbuja crediticia cuando la Fed aumentó los tipos de interés para aplastar la inflación de la mano del llamado shock Volcker. El coste del endeudamiento se disparó. En 1982 la relación deuda externa/PIB en América Latina sobrepasó el 50 por 100 y los países latinoamericanos fueron incapaces de atender los pagos de los intereses de la deuda y mucho menos de amortizar el principal, mientras negociaciones interminables se limitaban a refinanciarla. Las transferencias netas de recursos fueron asombrosas: en 1987 el endeudamiento tocaba los 400 millardos de dólares y solamente el pago de intereses de la deuda engullía la mayor parte de los recursos procedentes de las exportaciones de la región[3].
Para enmarcar el análisis de Cardoso y Faletto hay que señalar que durante la década de 1980 los apóstoles de la «reforma estructural» y la agenda neoliberal de austeridad, privatización y desregulación, desdeñaban el modelo que se había implementado desde la década de 1940. Sostenían que dirigentes como Perón en Argentina y Getúlio Vargas en Brasil eran los responsables de que América Latina se hubiera alejado de su lugar natural en la economía mundial como exportadores de materias primas e importadores de capital. Armados con esta narrativa, estos apóstoles se lanzaron a realinear los mercados nacionales con el mercado mundial y a las elites locales con las elites transnacionales[4]. Una alternativa, como sucedió en la década de 1930, hubiera sido la suspensión de pagos y detener la sangría. Entonces, como ahora, hubo partidarios de esa suspensión[5]. Pero el poder asimétrico de un cártel bancario, blandiendo préstamos sindicados mediados por el FMI, y las certidumbres de una nueva ortodoxia mantuvo a los deudores con el agua al cuello, esperando desesperadamente que se reanudaran los flujos de capital. La década de 1980 asistió a la crisis económica más dramática verificada en la historia de la región; pocos países salieron indemnes.
¿Una nueva dependencia?
La reestructuración económica constituyó el telón de fondo de la restauración de la democracia parlamentaria en América Latina. La oleada de golpes militares que empezó en Brasil en 1964 llegó a su fin y, uno por uno, los regímenes marciales fueron cayendo. Entre 1980 y 1985, los gobiernos civiles asumieron el poder en Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay y Brasil. En diciembre de 1989, la marea democrática alcanzó a Chile de la mano de la derrota electoral de Pinochet a manos de Patricio Aylwin. Incluso un viejo caudillo como el paraguayo Stroessner fue desalojado del palacio presidencial. Sin embargo, los nuevos gobiernos tuvieron que reconstruir los sistemas constitucionales y las funciones del Estado, mientras imponían políticas de austeridad e implementaban la consabida reestructuración económica. Los triunfalistas presentaban a América Latina como un escaparate de la afinidad natural de los mercados y las elecciones libres, recombinando en una nueva síntesis las dimensiones económica y política del liberalismo. Subyacentemente, sin embargo, la prolongada crisis económica garantizaba que América Latina exportara anualmente hasta el 6 por 100 de su PIB a los acreedores, se enfrentara a una situación hiperinflacionaria y cediera la autoridad pública a los caciques locales y a sus secuaces. En estas condiciones, como señaló el politólogo argentino Guillermo O’Donnell, la calidad del Estado de derecho –un pilar central del modelo liberal-democrático– quedó en entredicho y los gobiernos nacionales electos coexistían con sistemas subnacionales no democráticos en las que O’Donnell denominó «áreas marrones»[6].
No obstante, en algunos aspectos, la nueva síntesis mercado-democracia representó un cambio en la suerte de América Latina. El aspecto más significativo fue que, después de quince años de presión financiera, el Departamento del Tesoro estadounidense instituyó un sistema de reprogramación y condonación de la deuda, que supuso un cierto alivio ante el constante drenaje de las economías nacionales para pagar a los acreedores extranjeros. Tras aceptar las consabidas provisiones por pérdidas para los bancos estadounidenses (empezando por Citibank en 1987), este sistema de reprogramación supuso la reducción del principal de los préstamos, reconociendo que el reembolso era imposible. Uno de los efectos colaterales del Plan Brady, bautizado con el nombre del secretario del Tesoro de Bush, fue la creación de un mercado líquido para los bonos latinoamericanos, inimaginable mientras la región fuera un paria para los acreedores. La inversión extranjera directa empezó a gotear de nuevo en la región –ahora rebautizada como «mercados emergentes» por un funcionario del Banco Mundial para desestigmatizar a los deudores– revirtiendo años de drenaje de los recursos de las economías latinoamericanos. Desde principios de la década de 1990 se dispararon los flujos de capital especulativo, que llevaron a algunos analistas influyentes a hablar del «problema de la afluencia de capital» en las economías latinoamericanas[7]. Cuando Robert Rubin, secretario del Tesoro de Clinton, subió de nuevo los tipos de interés en 1995, estos flujos retornaron al sistema financiero de los países ricos, dejando a los «mercados emergentes» de todo el mundo expuestos a las crisis monetarias y al endeudamiento denominado en dólares.
Después de la «década perdida» de 1980, seguida por el recorte del gasto y las privatizaciones que eran el quid pro quo del Plan Brady, muchos países latinoamericanos llegaron a finales de la década de 1990 inmersos en una profunda crisis social. Los índices de desempleo y pobreza se dispararon con la crisis económica de 1998-2002; los países andinos como Bolivia y Ecuador vieron como su crecimiento se contraía, lo cual exacerbó aún más las protestas de masas. De Caracas a La Paz y de Buenos Aires a Quito, las revueltas populares contra las políticas del Consenso de Washington propiciaron el surgimiento de una nueva generación de líderes radicales. En 1999 Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela, seguido en 2003 por Lula en Brasil y Néstor Kirchner en Argentina. En 2005 Tabaré Vázquez ocupó el poder en Uruguay, seguido en 2006 por Evo Morales en Bolivia, Manuel Zelaya en Honduras y Michelle Bachelet en Chile y en 2007 por Rafael Correa en Ecuador. Aunque estos gobiernos tenían diferencias, algunas importantes, compartían al menos una característica distintiva: un discurso económico nacional caracterizado por un fuerte componente social, que apelaba a menudo a un regreso a la herencia más inclusiva de la era desarrollista de 1945-1970.
El 4 de noviembre de 2005 Kirchner subió al escenario en la cuarta Cumbre de las Américas celebrada en la ciudad costera de Mar del Plata, a 450 kilómetros al sur de Buenos Aires. El gobierno de Bush pretendía aprobar un acuerdo de libre comercio para la región como una ampliación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Con las calles agitadas por manifestantes, que protestaban contra el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), así como contra la invasión estadounidense de Iraq, la atmósfera era tensa cuando Kirchner pronunció el discurso de apertura observado por un Bush que daba señales de disgusto. Kirchner habló sobre el impacto negativo del Consenso de Washington y animó a los demás dirigentes a que encontraran maneras alternativas de aumentar el bienestar popular en América Latina. El ALCA fue debidamente rechazado por Brasil, Argentina, Venezuela, Uruguay y Paraguay. En lugar del orden hemisférico forjado bajo el liderazgo de Estados Unidos, cogió fuerza una nueva ola de integración regional. Los intentos por fomentar relaciones multilaterales llevaron a Brasil a la red informal del grupo de los BRIC y a toda la región a emprender un nuevo diálogo con Rusia y, sobre todo, con China. Para muchos, la Cumbre de 2005 pareció marcar el comienzo de una nueva estrategia de desarrollo para América Latina, dirigida por unos gobiernos que los medios de habla española apodaron como las «revoluciones bolivarianas», mientras los medios de habla inglesa optaban por la denominación de pink tide[8].
La sensación de haber cambiado su suerte se vio animada por la reactivación de los ingresos latinoamericanos derivados de su cesta de exportaciones, cambio que solo empezó realmente con el nuevo milenio[9]. Los ciclos anteriores habían estado alimentados por la expansión vigorosa de la demanda de materias primas registrada a finales del siglo XIX o por mercados nacionales estimulados por el Estado a partir de la década de 1940. La Gran Depresión latinoamericana de las décadas de 1980 y 1990 constató cómo los precios reales de las materias primas languidecían hasta el 37 por 100 del precio alcanzado, cuando estos países se habían endeudado durante la década de 1970. Su recuperación durante el periodo 2003-2013 estuvo estrechamente relacionada con la rápida industrialización de Asia oriental, que ayudó a impulsar un frenético, aunque breve, superciclo de las materias primas, que fue lo suficientemente poderoso como para restaurar la dependencia latinoamericana de estas, especialmente del petróleo, los minerales y los granos como la soja y el maíz. También se verificó, como señaló José Antonio Ocampo, una «reorientación hacia las materias primas» de las exportaciones de la región a medida que el aumento de los tipos de cambio ahogaba las exportaciones manufactureras y de servicios[10].
Las tasas de crecimiento regionales fueron llamativas: el PIB per cápita en la Bolivia de Morales creció de los 6764 a los 8911 dólares entre 2006 y 2019; en Ecuador, bajo los sucesivos gobiernos de Correa, de 10.998 a 14.215 dólares entre 2007 y 2017; y en Brasil, bajo el mando Lula, de 14.103 a 18.355 dólares entre 2003 y 2011 (véase el gráfico I). El vigoroso crecimiento de la exportación de las materias primas registrado durante el periodo 2003-2013 fue lo suficientemente potente como para hacer que esta década fuera una de las pocas en las que descendieron los índices de desigualdad de la región, aunque fuera brevemente (gráfico 2), ayudados por las nuevas políticas de bienestar social introducidas por los gobiernos de las «revoluciones bolivarianas». El aumento del crecimiento se tradujo en una expansión de la capacidad fiscal, que financió programas como la Bolsa Família de Brasil, dirigido a proteger a los trabajadores y trabajadoras informales, cuyo número había aumentado durante las décadas de vigencia del neoliberalismo. Los niveles regionales de pobreza descendieron significativamente (véase gráfico 3).
La política de la frustración
En su momento cumbre, las «revoluciones bolivarianas» parecían estar llevando a la región hacia un virtuoso camino de crecimiento y desarrollo económico sostenido. El reconocimiento gubernamental de históricas demandas de derechos para los pueblos indígenas –incluidas en la Constitución de 2009 del ahora Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario de Bolivia– señalaron un avance para poblaciones históricamente marginadas. El crecimiento de los movimientos feminista y LGTBQ en países como Argentina, México y Chile apuntaba hacia una ampliación gradual de las libertades civiles, que trajo el matrimonio entre personas del mismo sexo y, finalmente, la legalización del aborto. Pero, aunque hubo logros notables, todos los gobiernos de las «revoluciones bolivarianas» aceptaron mantenerse a flote de la mano del vigoroso crecimiento de las exportaciones sin buscar un nuevo modelo de desarrollo económico o abordar el desafío fiscal de sus enormes economías informales. El resultado fue una nueva estructura de dependencia. A medida que la economía china se ralentizaba en 2013-2014, la fiebre de las materias primas quedó interrumpida y los precios empezaron a caer. Para entonces estaba claro que la «marea» estaba retrocediendo. El crecimiento se estancó y los niveles de pobreza empezaron a ascender de nuevo (véanse los mencionados gráficos 2 y 3).
La gradual pérdida de ímpetu económico a partir de 2013 enfrentó a los gobiernos de las «revoluciones bolivarianas» con una serie de desafíos. Por un lado, la rápida expansión registrada ofreció un terreno fértil para los buscadores de rentas y la corrupción, notoriamente explotado con el enorme crecimiento de las infraestructuras de la mano de los contratos firmados con el Grupo Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción, que sobornó masivamente a funcionarios gubernamentales de por lo menos diez países de la región. Por otro, millones de personas seguían viviendo con ingresos mínimos en condiciones de pobreza, mientras que incluso aquellos cuya calidad de vida había mejorado seguían careciendo de seguridad. A medida que el camino hacia la movilidad social ascendente se volvía nebuloso por la incertidumbre, los gobiernos de las «revoluciones bolivarianas» se encontraron asediados por la frustración popular.
Uno de los resultados de esa frustración ha sido un vicioso ciclo de acelerada rotación política, que ha supuesto la expulsión de presidentes de gobierno, el bloqueo de los poderes legislativos y una espiral descendente de confianza pública en las instituciones del Estado[12]. En Brasil, a medida que la economía flaqueaba al final del vigoroso crecimiento de la exportación de las materias primas a mediados de 2013, una escalada de los precios de los billetes de los autobuses en las principales ciudades desencadenó manifestaciones masivas en todo el país. Activistas de inspiración anarquista adaptaron las tácticas antiglobalización del «black bloc» contra el gobierno del PT presidido por Dilma Rousseff; los gobiernos regionales respondieron con una fuerza a menudo excesiva, lo que condujo al aumento de las manifestaciones contra la violencia policial. Millones de personas tomaron las calles de São Paulo para denunciar el coctel de austeridad, corrupción y policía. Los grupos de extrema derecha se unieron a la contienda y la poderosa derecha parlamentaria aprovechó el malestar y la agitación para sacar adelante el impeachment de Dilma. Tras haber mantenido la estabilidad desde la restauración de la democracia en 1985, Brasil se unió al club de la política turbulenta. En otros lugares, la frustración se transformó en rabia en 2019 y las protestas y la agitación estallaron en Chile, Ecuador, Perú, Honduras, Puerto Rico, Bolivia y Venezuela.
La política de la frustración en América Latina pasó así a definir la segunda mitad de la década de 2010. Las promesas incumplidas de las «revoluciones bolivarianas», que oscurecieron gradualmente sus logros, llevaron a que muchos se cuestionaran la totalidad del proyecto. Ya desde el principio, una coalición de la elite respaldada por los medios empresariales –una alianza de «liberales» ortodoxos, institucionalistas y conservadores, que detestaban el populismo de las «revoluciones bolivarianas»– se había opuesto a estos gobiernos. Ahora, la novedad radicaba en la creciente oposición de quienes, con diferentes niveles de identificación, habían votado y apoyado a estos gobiernos en el pasado. Los amplios márgenes de las victorias de la izquierda en Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador y Venezuela en 2010-2013 se evaporaron repentinamente[13]. Durante los años posteriores, el peronismo perdió las elecciones de 2015 frente a Mauricio Macri, Dilma apenas logró la reelección en 2014 antes de ser destituida, Nicolás Maduro venció por menos de un punto porcentual en 2013 y se aferra al poder mediante el puro fraude. En Ecuador Lenín Moreno fue elegido en 2017, después de una segunda vuelta muy contestada, solo para cortar sus lazos con Correa, su mentor, y llevar al país a una caída política en picado. Morales consiguió mantenerse en el poder, pero solo obtuvo el 47 por 100 del voto popular en 2019 y un breve golpe le destituiría días después de su elección. Con el telón de fondo de este creciente descontento y con las alianzas de las «revoluciones bolivarianas» desechas, llegaron al poder personajes de la extrema derecha como Jair Bolsonaro, Javier Milei y Nayib Bukele, mientras que otros, como José Antonio Kast en Chile, se quedaron a las puertas. Entonces llegó la pandemia de la Covid-19, que devastó la región de modo incomparable[14].
Puntos muertos estructurales
A medida que se levanta el velo del medio siglo anterior, quedan claros algunos patrones subyacentes. El primero de ellos es que la idea de que la globalización puede remontarse retrospectivamente al ascenso de la ortodoxia neoliberal durante la década de 1970, que triunfó con Reagan y Thatcher, exige introducir ciertas salvedades. La realidad es que se produjo una dilatada discontinuidad entre la afirmación incontrovertible del fundamentalismo de mercado y la bonanza derivada del comercio y la financiarización asociadas con la globalización plena. En todo caso, la reestructuración industrial implementada en América Latina, así como en el Norte global, tuvo unos costes muy por encima de los beneficios generados por la misma. Los brotes verdes de un nuevo alineamiento solamente empezaron a aparecer a finales de la década de 1990 y en América Latina, como hemos visto, se marchitaron con las crisis de 1998-1999. Idénticamente, una vez que despegó el vigoroso proceso de aumento de la exportación de materias primas, nunca produjo los mismos efectos transformadores que tuvieron los anteriores modelos de crecimiento, impulsado por las exportaciones u orientado al mercado interior, que examinaron Cardoso y Faletto. La globalización hizo más por desmantelar las anteriores políticas económicas que por producir nuevos modelos integrados alternativos.
También hay excepciones. México ha sido un caso atípico, habiéndose beneficiado desde 2016 del impulso propinado por Estados Unidos de la mano del acercamiento al país de las cadenas de suministros estadounidenses deslocalizadas en China; en cierta medida, lo mismo ha sucedido con Costa Rica, donde Intel ha ampliado su presencia en la fabricación de chips para desvincular su imperio del continente asiático. El comercio de metales claves destinados a los vehículos eléctricos y a la descarbonización ha progresado, como demuestran los casos del cobre en Perú o del litio en las regiones andinas de Argentina, Chile y Bolivia. Pero el asunto principal sigue en pie: la globalización trazó los contornos de una nueva dependencia, pero sin el primum mobile de las estructuras anteriores. Lo mismo se aplica a los flujos de capital. Desde principios de siglo, los tipos de interés del endeudamiento de la región finalmente se hundieron por debajo del umbral del 3 por 100, desencadenando la financiación mediante la emisión de bonos. Una enorme ola de inversiones inundó la región a principios de la década de 2010, cuando los flujos de las carteras de activos eclipsaron a la inversión directa en respuesta a los tipos de interés ultrabajos decretados tras la crisis financiera. Pero de nuevo la deuda no se convirtió en un pilar del crecimiento, como sucedió en algunos de los febriles ciclos anteriores como los registrado durante las décadas de 1920 o 1970. Actualmente, cuando los tipos de interés reales han escalado hasta tocar un nuevo equilibrio, los mercados de la deuda han perdido su lustre y las condiciones crediticias se han tornado más desfavorables[15].
Redirigir hacia China la dependencia latinoamericana no ha hecho nada por resolver la ausencia de un motor de desarrollo. Se habla mucho de la «orientización» de la región; alrededor de veinte países han firmado las iniciativas chinas ligadas a la Franja y la Ruta o se han unido al Banco Asiático de Inversión para las Infraestructuras. China se ha erigido como el primer socio comercial de nueve economías latinoamericanas; excluyendo a México, el comercio chino con la región alcanzó los 247 millardos de dólares en 2021, superando a Estados Unidos por un margen del 30 por 100. América Latina es una de las pocas regiones que registra un superávit en su balanza comercial con China. Sin embargo, recientemente ha habido señales de que este ciclo también está perdiendo fuelle. La demanda china de productos básicos ha estado cayendo desde 2018 y está cada vez más concentrada en un reducido número de sectores extractivos, especialmente ligados al litio y al molibdeno y a los productos del sector pesquero. Las exportaciones de carne y de productos como la soja también se han estancado.
Perú es el ejemplo modélico de este nuevo alineamiento; una tercera parte de sus exportaciones van a parar a la República Popular China, pero casi el 90 por 100 de ese contingente está formado por una sola materia prima: el mineral de cobre, un producto sin duda lucrativo y estratégico, cuyo nivel de complejidad económica es, sin embargo, muy bajo[16]. La necesidad de una transformación geoestratégica de la región la plantean los analistas estadounidenses, profetas de un nuevo orden mundial, atravesado por la preocupación por «perder» América Latina ante su némesis asiática. Pero esto simplemente no se está produciendo[17]. Lo que puede decirse es que la «reorientación» ha producido una ampliación de los mercados de exportación latinoamericanos, haciendo que sean menos dependientes de los tradicionales mercados norteamericanos, al mismo tiempo que se redobla la dependencia de la región de los ingresos procedentes de una pequeña cesta de materias primas.
En una perspectiva de longue durée, el momento neoliberal abierto en la década de 1980 hizo que el crecimiento de América Latina dependiera de las condiciones internacionales del capital y las materias primas, ya que los mercados nacionales eran anémicos, quedando lejos la trasformación prometida por sus defensores. Los repuntes de crecimiento han sido cualquier cosa menos predecibles o sostenidos; en términos internacionales, la región se quedó todavía más atrás. Durante los últimos cuarenta años, su tasa media de crecimiento anual ha sido la mitad de la registrada a escala mundial. El patrón se mantuvo después de la crisis financiera: mientras que el resto del mundo creció cerca del 4 por 100 en 2009, América Latina seguía cojeando con un crecimiento que se quedaba en la mitad, apenas por encima del crecimiento de la población. Cada una de las dos generaciones pasadas ha experimentado una «década perdida»; la célebre década de 1980 y ahora la de 2010, tras el vigoroso crecimiento de las exportaciones de materias primas, dieron paso a una prolongada resaca[18]. Durante los últimos treinta años, la distancia entre la mayoría de los países latinoamericanos y el club de los países ricos se ha ampliado. El PIB per cápita chino ha superado el de Colombia y Brasil en 2018 y está a punto de superar el de México (véase el gráfico 4).
Dos problemas estructurales, desatendidos por las políticas de las «revoluciones bolivarianas», contribuyen a explicar la debilidad subyacente de la región. El primero es la formación de una elite que no solo frustra los esfuerzos por reducir la desigualdad, sino que obstaculiza la innovación y la productividad. Los sectores dinámicos tienden a estar dominados por grandes grupos privados, conglomerados controlados por familias que se benefician de los elevados índices de concentración del mercado y ejercen una enorme influencia sobre los contratos del sector público[19]. Se han adaptado a la volatilidad y a los incentivos externos, prefiriendo los activos fluidos antes que las inversiones fijas. Los organismos que se ocupan de la competencia son notoriamente inoperantes, el cumplimiento de las normas es débil y quienes toman las decisiones políticas son vulnerables a los grupos de presión, un eufemismo para explicitar el poder de los conglomerados, ejercido prácticamente sin restricción alguna, a la hora de conformar los diversos marcos reguladores. Por debajo de las conocidas familias de potentados hay montones de pequeñas empresas poco productivas. El 70 por 100 de los trabajadores latinoamericanos son autónomos o trabajan en empresas de diez o menos operarios y aproximadamente el 57 por 100 del sector no agrícola trabaja informalmente. Como señalaba un informe reciente del Banco Mundial, ello constituye la receta perfecta para contar con una productividad estancada: la cartelización en la cima de la pirámide y una competencia feroz en su base destruyen todo incentivo a la hora de adoptar nuevas tecnologías o invertir en capital humano[20].
Durante la pasada década, la productividad se ha mantenido estancada (véase el gráfico 5). El crecimiento que se ha producido en la región ha dependido de suministros adicionales de trabajo y no debe nada al incremento de la productividad. Una comparación de la productividad laboral en Brasil y Corea durante el periodo 1950-2010 revelaba que los índices de crecimiento de la productividad se mantuvieron a la par hasta 1980, registrando desde entonces una marcada divergencia. La productividad laboral brasileña declinó con el inicio de las reformas neoliberales, mientras que la de Corea creció velozmente[21]. Las décadas acumuladas de retraso en la inversión en educación, la falta de apoyo empresarial a las universidades y un débil apoyo a los servicios de mayor valor añadido en los sectores médico y farmacéutico, significaron que los patrimonios privados se acumulaban sin capacidad para producir riqueza autóctona. Así pues, la región se halla atrapada en una trampa de bajo crecimiento, baja productividad, mientras que las rachas del primero no producen efecto alguno más allá que su mera verificación, dado que son demasiado espasmódicas como para perturbar el equilibrio imperante.
La trampa bajo crecimiento, baja productividad está convergiendo con otro problema estructural: la amenazadora crisis en la reproducción social del trabajo en América Latina. El crecimiento de la fuerza de trabajo se está reduciendo a medida que los índices de natalidad caen y la emigración aumenta, entrecruzándose a su vez con mayores índices de dependencia. La demografía latinoamericana está empezando a parecerse a la de Europa o Asia oriental, pero sin contar con los amortiguadores de un PIB elevado o una creciente productividad. La demografía de América Latina pasó el punto de inflexión de la transición demográfica en 2016, cuando la tasa de natalidad cayó por debajo de los 2,1 hijos por mujer, cifra que resulta insuficiente para mantener la población, y que supone un descenso desde los 5,9 hijos por mujer registrados en 1960. En 2022, según los datos del Banco Mundial, había caído a 1,8 hijos por mujer, siendo ligeramente mayor en los países andinos entre los cuales Bolivia presenta una tasa del 2,6, Perú y Venezuela del 2,2 y Ecuador del 2,0, habiendo alcanzado el 1,6 en Brasil y el 1,5 en Chile[22]. Al mismo tiempo, los índices de esperanza de vida continúan aumentando lentamente. La tendencia es generalizada, pero la velocidad de la transición resulta sorprendente, los analistas han atribuido al crecimiento de los índices de participación de la mujer en la fuerza de trabajo, a las campañas de erradicación de la pobreza concentradas en la erradicación de los embarazos de adolescentes o a los efectos globales del bajo crecimiento y la dislocación de la juventud en las sociedades urbanizadas. El resultado está sobredeterminado: la población latinoamericana mayor de 65 años se duplicará en un periodo de veintiocho años, comparado el periodo de cincuenta y ocho años que tardó en hacerlo en Estados Unidos[23].
Al mismo tiempo, el flujo migratorio de la región está formado casi por completo por hombres y mujeres en edad laboral, acompañados de sus hijos. Los índices de emigración se han duplicado desde 1990 y así un total de 25 millones de latinoamericanos han marchado a América del Norte y otros 5 millones lo han hecho a Europa. Ha habido un constante goteo de llegadas, aunque mayormente se trata de una migración de paso, esto es, de personas procedentes de Asia y África en busca de rutas terrestres para llegar a Estados Unidos. La creciente migración interna ha estado alimentada principalmente por la huida de Venezuela: alrededor de 7,7 millones de personas han abandonado la República Bolivariana intentando establecer su hogar al otro lado de la frontera, principalmente en los países vecinos[24]. América Latina ya no es una región «joven». Está envejeciendo, rápidamente, e intensificando la presión sobre sistemas de pensiones insuficientemente financiados. El sistema de reparto convencional mediante el cual la población activa paga con sus cotizaciones las pensiones de la población laboralmente pasiva no está preparado para soportar la velocidad con la que se está produciendo la transición demográfica, mientras que las crecientes filas del sector informal prácticamente carecen de protección alguna. La demografía añade así una pesada rémora social a unas economías todavía distorsionadas por su sometimiento a las oligarquías y al trabajo informal.
Manodurismo
En este contexto la criminalización del único sector panregional que ha prosperado sin descalabros –el de la cocaína– solamente añade presión sobre los Estados y las sociedades, ya que una parte no despreciable de la juventud queda atrapada en el tráfico de drogas, de armas, de vehículos robados, de personas y de dinero reciclado. Realmente, el enmarañamiento de todas estas redes comerciales clandestinas es lo que las hace tan boyantes y difíciles de controlar. Las exportaciones de cocaína se han duplicado desde 2013, las fronteras de la producción se han extendido desde las tierras interiores de Bolivia, Perú y Colombia, hasta Venezuela y América Central, donde valles fuera de control han acogido nuevas plantaciones. Una vez que echan raíces, las plantaciones de coca han demostrado ser difíciles de erradicar. La expansión de las fronteras de la mercancía ha estado estrechamente vinculada con los flujos migratorios registrados en la región (venezolanos a Chile, colombianos a América Central), lo cual ha creado un mercado transnacional cada vez más integrado mantenido por tupidas redes de tráfico ilegal. Las rutas comerciales se han multiplicado, abriendo nuevos corredores a lo largo del Amazonas y el Río de la Plata, y se han vuelto más complejas y diversificadas, combinando y compartimentando el tráfico de drogas con el de otras mercancías exportables, muchas de ellas legales.
Los florecientes sindicatos comerciales-criminales han sido una característica tan representativa de la globalización como los mastodónticos barcos de contenedores, cuyo tamaño y volumen permite que los operadores camuflen los valiosos y cuidadosamente envueltos ladrillos de polvo andino entre bananas y muebles[25]. Las mismas infraestructuras y tecnologías que sostienen los mercados transnacionales legales también hacen posible los ilegales. El tráfico de cocaína está reposicionando a América Latina en el seno de un mercado mundial en evolución, creando nuevos centros en proceso de expansión en Hong-Kong, Costa de Marfil y Turquía. El consumo europeo ha eclipsado a la demanda estadounidense; Amberes se ha convertido en el centro de las redes de camiones de los clanes balcánicos, del control de los muelles y del lavado de dinero.
Cuando en julio de 2024 el FBI arrestó en El Paso a «El Mayo» –el narcotraficante mexicano Ismael Zambada García– esperaba decapitar a un sindicato que introducía toneladas de fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína por la frontera estadounidense. El sindicato había utilizado túneles de largo recorrido, operaciones aéreas de descarga, blanqueadores de dinero chinos y envíos de productos químicos desde Tailandia, además de todo un archipiélago de laboratorios de fabricación de metanfetamina y fentanilo, creando corredores de libre comercio para el dinero sucio y los narcóticos, lo cual habían convertido el norte de México en una zona de guerra[26]. La captura de El Mayo se suponía que iba a eliminar al cerebro responsable de la violencia que sostenía el negocio, pero los imperios decapitados solamente se derrumban cuando ya están decrépitos y ello no es el caso en esta ocasión. Acabar con la dirección de los sindicatos criminales es como aplastar una bola de mercurio con un martillo: se dispersa en cientos de partes[27]. Eliminar al jefe solamente abre las oportunidades para que emerjan otros dirigentes capaces de ocupar su puesto, lo cual crea el correspondiente vacío para que estalle la consabida lucha sucesoria, por definición sangrienta, que arrastrará a las autoridades mexicanas y arrojará una sombra sobre el recién elegido gobierno de Claudia Sheinbaum.
Con la escalada del crimen organizado, los asediados gobiernos latinoamericanos han recurrido a la militarización de la lucha contra el comercio ilegal, estrategia que ha acarreado momentos espectaculares en los que los grupos ilegales han llegado a la confrontación directa con el Estado. Perú, Bolivia, Guatemala y El Salvador han abarrotado sus instalaciones carcelarias haciéndoles soportar el doble de su capacidad y convirtiendo por ende las prisiones en centros de reclutamiento para los cárteles del crimen, que se nutren de la categoría demográfica demandada por América Latina para que protagonice su crecimiento: mujeres y hombres jóvenes entre los 17 y los 34 años de edad, lo cual no hace sino agravar la crisis de reproducción de la fuerza de trabajo.
Sería difícil exagerar el pánico actual existente alrededor del crimen organizado. Uno de los resultados ha sido convertir las «áreas marrones» en las que el Estado de derecho es débil y cuyo deterioro se ha intensificado ulteriormente por la austeridad en una oportunidad para el ascenso de una nueva cohorte de hombres fuertes. El mejor ejemplo del modelo de mano dura es Nayib Bukele, presidente de El Salvador, quien declaró un estado de emergencia permanente en marzo de 2022. El manodurismo de Bukele ha significado detener a alrededor del 1,7 por 100 de la población del país, con diferencia la mayor tasa de encarcelamiento del planeta. Los índices de homicidios y delitos cayeron y la popularidad de Bukele se disparó. Lo mismo ha sucedido con las ficciones alrededor de su modelo. Después de oleadas de arrestos, un incalculable número de detenidos todavía tienen que ser acusados y presentados ante un tribunal. Las prisiones se han convertido así en masivos centros de reclutamiento para las bandas, que se encuentran con reservas cautivas de reclutas indefensos. Cuando llegue el día en que las megaprisiones descarguen a los miles de inocentes detenidos, saldrán libres tatuados gratis y dispuestos a incorporarse al negocio. La espantosa alternativa es convertir estos sitios en gigantescas cámaras donde desaparezcan los detenidos, convertirlos en cementerios vivientes protegidos por una retórica de indiferencia y olvido que cuenta con el apoyo oficial[28]. Aun así, Patricia Bulrich, la nueva ministra del Interior argentina, ha realizado una visita por la megaprisión salvadoreña de la planicie volcánica de Tecoluca –supuestamente la mayor del mundo con una capacidad para 40.000 internos aprisionados en literas de cuatro pisos, con suelos de rejillas metálicas que permiten 360 grados de vigilancia– y ha prometido importar el modelo. En Ecuador, Daniel Noboa ha prometido igualmente dar una respuesta al crimen similar a la de Bukele.
Hay un problema con el modelo de Bukele de «reducción de toda actividad por diseño». Las bandas salvadoreñas eran grupos dedicados a la extorsión, que crecieron a partir de las asociaciones pandilleras de Los Ángeles en la década de 1960, no teniendo nada que ver con las redes comerciales que conectaban Europa y Asia, surgidas en la década de 1990. Estas bandas han sido relativamente fáciles de contener, si bien pagando un elevado peaje humano. Por el contrario, las «bandas» ecuatorianas, Los Lobos y Los Choneros, están conectadas con grandes sindicatos albaneses y mexicanos; Ecuador representa actualmente el 60 por 100 de los envíos de cocaína a Europa, principalmente vía Amberes. La fuerza de estas bandas se manifestó en enero de 2024, cuando dos grupos rivales coordinaron un levantamiento en todas las prisiones del país, que incluyó asaltos a universidades, hospitales y empresas y que culminó con la toma de los estudios de la cadena TC Televisión, que emitió en directo la toma de rehenes por parte de enmascarados armados de escopetas y cartuchos de dinamita, mientras los periodistas frente a las cámaras suplicaban que no los mataran.
Noboa, vástago de un conglomerado económico familiar llegado a la presidencia pocos meses antes, declaró el estado de emergencia. Nombró fiscal a César Suárez, encargado hasta entonces de investigar acusaciones de corrupción en el sistema de seguridad social de la policía. Las bandas respondieron inmediatamente secuestrando a policías y guardias de prisiones. Varios días después, Suárez, al que se le había negado protección policial, fue asesinado a tiros mientras conducía su coche para ir al trabajo en Guayaquil. No quedó claro si fueron las bandas o la policía quien le había asesinado. El terrible coste social de las operaciones antidroga en Colombia y México durante las décadas de 1990 y 2000, que acabaron en puntos muertos, ofrece una importante lección sobre la guerra civil dirigida por las bandas: cuando los beligerantes tienen acceso a fuentes autónomas de ingresos, son mucho más difíciles de contener y derrotar; y mucho más cuando la búsqueda de rentas es ilegal y el propio negocio está en la clandestinidad. La informalización de la economía global facilita la informalización de la guerra[29].
Tres caminos
Retrospectivamente, las «revoluciones bolivarianas» en América Latina se quedaron lejos de cumplir lo que habían prometido: una senda más igualitaria y democrática para la región. Estuvieron demasiado supeditadas a un breve y vigoroso crecimiento de la demanda y del precio de las materias primas y no intentaron crear un modelo de crecimiento alternativo centrado en el aumento de la productividad del trabajo. Si estos regímenes, en su mayoría combatidos desde sus inicios por grupos mediáticos y elites adversas, disfrutaron del espacio necesario para haberse comportado de otro modo es una cuestión discutible. A pesar de algunas mejoras concretas en los niveles de vida, especialmente para los pobres, el agotamiento de la alta demanda de materias primas les hizo perder su capacidad de atracción. Ahora, enfrentadas tras la pandemia a constricciones fiscales y financieras más profundas, los países de la región se han dividido en tres grupos diferentes.
El primero podría denominarse el de las democracias rotas. Venezuela es un ejemplo evidente, especialmente después de las elecciones de 2024; durante la pasada década, millones de personas han votado abandonando el país. Mientras tanto, el gobierno de Ortega en Nicaragua ha impuesto la mano dura persiguiendo a oponentes con detenciones arbitrarias y manteniendo un estrecho control sobre los medios de comunicación locales. Bukele se hizo famoso como un joven y dinámico alcalde de San Salvador. Empezó su primer mandato presidencial en 2019 aplicando medidas severas contra las bandas, utilizando métodos tanto legales como ilegales. Desde ahí, amplió su control sobre el Estado salvadoreño silenciando a oponentes, obligando a periodistas críticos, como los de El Faro, a marchar al exilio y prodigando regalos entre sus partidarios, lo cual le permitió ganar la reelección en 2024 con el 85 por 100 de los votos. Estos regímenes conservan formalmente el mecanismo electoral, se apoyan en el erario público para recompensar a sus aliados y castigar a los críticos y organizan campañas de desinformación para justificar el amordazamiento de sus oponentes. La sostenibilidad de esta estrategia depende de los recursos económicos con los que cuenten; no está claro cuánto va a poder aguantar Maduro en Miraflores, cuando sus arcas estén vacías. Por otro lado, el historial de este modelo da muestras una notable resiliencia.
Estos regímenes también muestran las contradicciones de la política exterior estadounidense. Mientras Estados Unidos se presenta como el defensor de la democracia en su estancado pulso con Rusia, el gobierno de Biden –como el de Trump anteriormente– ha sido decididamente ambivalente, cuando se trata del hemisferio occidental. Sin un rival ideológico del tipo soviético y dada la penetración china centrada en la extracción de materias primas, Washington parece haber reducido sus intereses estratégicos a su propia frontera sur. De algún modo, esto concede más autonomía a América Latina al tiempo que reduce la fuerza que Estados Unidos podría aplicar en defensa de un alineamiento más democrático. Demasiada agitación regional tiene el peligro de agravar el flujo migratorio hacia el norte, de manera que la opción de promover «cambios de régimen» no carece de riesgos. La posición de Biden sobre el manodurismo de Bukele ha sido el silencio. Ortega es objeto de represalias y mil cuatrocientos de sus compinches sufren restricciones para obtener visados, pero poco más. En las recientes elecciones venezolanas, el gobierno de Biden respaldó abiertamente a la oposición, pero dejó que fueran los disidentes locales los que maniobraran contra el régimen. El hecho es que estos déspotas elegidos, apoyándose en votaciones, acoso callejero y en unas fuerzas de seguridad especializadas, se hallan en una situación mucho más protegida de un posible golpe de Estado que los antiguos sistemas autoritarios.
El segundo grupo está formado por los países donde la democracia se ha descompuesto, pero la economía permanece boyante, dirigida por un tipo de neoliberalismo radical bajo el cual las instituciones públicas son esqueléticas pero el mercado prospera. Perú es el prototipo de este tipo de régimen. Su panorama político desde la década de 1980 ha estado definido por la inestabilidad, bajo el riesgo constante de un regreso del poderoso clan de Fujimori. En 2022 el independiente Pedro Castillo fue expulsado del gobierno por Dina Boluarte, que se convirtió en la sexta persona en ocupar la presidencia en siete años; las manifestaciones masivas organizadas contra su toma de posesión fueron reprimidas con un balance de más de cincuenta muertos. Ecuador, que soporta mayor presión económica, también pertenece a este grupo. Después de obtener la victoria en 2017, Lenín Moreno vio cómo se desplomaban sus índices de aprobación tras firmar un acuerdo de rescate con el FMI, que incluía la imposición severas condiciones macroeconómicas sobre la sociedad y la economía ecuatorianas. La escalada de las protestas, la represión, los asesinatos políticos y las acusaciones de corrupción, paralizaron el normal funcionamiento del gobierno y de la Administración pública ecuatoriana. Las elecciones de 2021 llevaron al poder a Guillermo Lasso, antiguo banquero, miembro del Opus Dei y ejecutivo de Coca-Cola, que ordenó el uso de fuego real para reprimir las protestas contra la subida de los precios de los productos alimenticios, lo cual puso en marcha diversas iniciativas para conseguir su destitución de la presidencia del país. Las elecciones anticipadas convocadas en octubre de 2023 auparon a Noboa al poder; como hemos indicado, el nuevo presidente se involucró en el enfrentamiento entre los grupos de narcotráfico y el Estado y ahora promete un estilo de gobierno similar al de Bukele, pero sin tener una maquinaria social o política que le apoye
Un tercer grupo, formado por Colombia, Chile, México y Brasil, ha constatado la renovación de los gobiernos de las «revoluciones bolivarianas»: en 2022, un antiguo dirigente estudiantil, Gabriel Boric, llegaba a la presidencia de Chile, mientras en Brasil, Bolsonaro era derrotado por Lula y Gustavo Petro se convertía en presidente de Colombia; en 2024, Claudia Sheinbaum sucedió a su compañero de Morena, Andrés Manuel López Obrador, como presidenta de México, obteniendo una victoria abrumadora[30]. ¿Hasta qué punto estos gobiernos podrán enfrentarse a los cambios estructurales mientras mantienen intactas sus coaliciones? La victoria de Lula frente a Bolsonaro se produjo por unos márgenes mínimos y ello tras un calamitoso mandato de cuatro años, que dejó tras de sí 700.000 muertes por la Covid-19 y el ecocidio en el Amazonas; Lula no puede dar por garantizados los pilares del PT, especialmente cuando el partido ha perdido netamente peso en el sur, la región más próspera del país; está por ver si la ascendente estrella de la izquierda, Guilherme Boulos se convertirá en su sucesor cuando Lula se retire, algo que es bastante previsible habida cuenta de su edad (78 años) y la clara necesidad de renovar la dirección de lo que ahora es un partido-movimiento establecido[31].
En Chile, Boric quedó debilitado por la derrota en el referéndum de 2022 sobre la nueva Constitución, que debía sustituir a la aprobada por Pinochet. A pesar del apoyo popular a la reforma, la carta constitucional propuesta recibió los ataques de la derecha por ser demasiado radical; después de haber hecho de la política participativa una piedra angular de su programa, Boric tuvo que hacer frente al oprobio de los movimientos sociales, que habían surgido durante las protestas de 2019. Las cosas no han sido más fáciles para Petro en Colombia. Un paquete legislativo fundamental sobre la sanidad, la educación y la reforma laboral fue bloqueado o desvirtuado en el Congreso. En abril de 2023 Petro reorganizó su gabinete, prescindiendo de personajes como el economista del Partido Liberal José Antonio Ocampo, que se había incorporado al gobierno como ministro de Hacienda para tranquilizar a los mercados. Petro ha adoptado, no obstante, una retórica más radical aun cuando su coalición se ha reducido. El nuevo gobierno de México afronta mejores perspectivas, dado que el país se beneficiará netamente del cambio geoestratégico decidido por Washington para acercar a la región la producción ahora realizada en Asia y dado el nerviosismo mostrado por el gobierno estadounidense ante la eventual inestabilidad en la frontera sur, que pueda avivar una gran oleada inmigratoria. Sheinbaum hereda un Estado con la suficiente capacidad y una economía con el suficiente dinamismo como para consolidar un nuevo orden en México. Sin embargo, domeñar la infraestructura de violencia creada alrededor del tráfico de drogas exigiría un grado de autonomía del Estado frente a los grupos económicos no visto desde la década de 1930.
La suerte de Argentina podría ser una advertencia para la marea neobolivariana. Durante una larga década el peronismo de izquierda sirvió como su emblema. Tras un breve interregno neoliberal con Mauricio Macri en la legislatura de 2015-2019, Alberto Fernández llevó de nuevo al peronismo al poder, pero, después de haber manejado la pandemia global con modestos pero sólidos resultados, en la medida en que el gobierno argentino logró defender el empleo y evitó una crisis sanitaria de la magnitud de las registradas en Perú y Brasil, la coalición de Fernández se rompió por la cuestión de cómo gestionar la deuda externa y el déficit presupuestario del país. Paralizado por conflictos internos, el gobierno no consiguió mantener la estabilidad macroeconómica y la inflación se disparó hasta el 200 por 100. Las elecciones de 2023 sorprendieron al gobierno de Fernández en una situación de postración. En el vacío subsiguiente, una coalición de derecha se enfrentó al agitador libertariano y celebridad televisiva Javier Milei. La prolongada frustración popular ante la crisis económica argentina ayudó a que este accediera a la presidencia del país. Su desdén por la democracia es un secreto a voces, al igual que los fuertes lazos que ligan a su vicepresidenta Victoria Villarruel con los oficiales de la antigua dictadura militar. La desregulación económica y la pulverización de los salarios reales, que siguió a la devaluación del peso decretada en diciembre de 2023, sugieren que Milei quiere transformar la economía argentina siguiendo los pasos del «modelo peruano». Aunque es difícil predecir el camino que seguirá, el catastrófico final del mandato de Fernández y el fracaso a la hora de abordar la nueva estructura de dependencia, debería recordar a los gobiernos de la marea neobolivariana, que para crear una nueva alianza social resulta imprescindible contar con un modelo económico alternativo.
En todo caso, los mencionados gobiernos neobolivarianos afrontan un territorio inexplorado. La reorganización de la economía global posterior a 2008 supuso una efímera inyección de ingresos por exportaciones de materias primas, mientras ocultaba el comienzo de una transición demográfica y difuminaba la existencia de décadas de descenso de la productividad y constante dependencia financiera. El neoliberalismo hizo más por desmantelar la herencia de unas economías diversas pero integradas, que por crear otras nuevas y vibrantes. En muchos de estos países, las dos décadas pasadas se estudiarán como una oportunidad perdida para desarrollar una alternativa cuando había ingresos que invertir. Lo que queda tras ello es la frustración, la fatiga y la tentación de alcanzar soluciones desesperadas. El deterioro institucional y el hundimiento de la política tradicional han dividido a la región.
Sin embargo, a diferencia de anteriores coyunturas históricas, hay poco en la estructura de la economía mundial que determine los alineamientos internos de los países latinoamericanos. La región tiene cierto espacio para respirar. América Latina está lejos de los abrasadores conflictos que asolan Eurasia y cerca de Estados Unidos, que está dispuesto a traer a la región las instalaciones manufactureras que tiene en China, aunque con un debilitado apetito por un «destino manifiesto»[32]. La rivalidad entre Estados Unidos y China ofrece oportunidades de negociar a la región. La demanda de productos primarios puede generar ingresos por exportaciones, que podrían invertirse, aunque estén lejos de los niveles alcanzados en anteriores bonanzas de la actividad exportadora. ¿Compensarán estos factores externos los puntos muertos acarreados por una población que envejece y por una productividad que sigue rezagada? Petro, Boric, Lula y Sheinbaum necesitarán convencer a unos electorados hastiados y a unas coaliciones deterioradas de que es necesario un tipo diferente de «ajuste estructural». El dilema radica en que las rentas y el ahorro que podrían haber sido invertidos socialmente han sido absorbidos por unas elites enrocadas en sí mismas y esterilizados por la deuda externa. Si esta aguja –encontrar oportunidades de crecimiento que se traduzcan en inversiones sociales– no puede ser enhebrada, la fraternidad de los Mileis, Bukeles y Bolsonaros estará esperando al acecho.
 
 
 

EL GOBIERNO DE BOLIVIA EMITIÓ UNA ALERTA ROJA POR LA LLEGADA DE UN PERÍODO “EXTREMADAMENTE CRÍTICO” DE INTENSAS LLUVIAS
 
Las fuertes precipitaciones ya han dejado al menos 42 muertos y casi medio millón de damnificados
 
Infobae de Argentina (https://lc.cx/yXJ61H)
 
El gobierno de Bolivia advirtió del inicio de un período “extremadamente crítico” en el país ante las intensas lluvias que se registran desde el pasado noviembre, y emitió una alerta roja al respecto.
Juan Carlos Calvimontes, viceministro de Defensa Civil, señaló que la notificación se extenderá por lo menos por un mes -es decir, hasta el 25 de marzo- y se centra en los departamentos de Cochabamba, La Paz, Chuquisaca, Santa Cruz y Potosí, por la crecida del nivel del agua en 98 de sus municipios.
Asimismo, en otras 116 localidades rigen alertas de tipo naranja por las lluvias que caerán en los próximos días, mientras que se prevé que 231 municipios en los nueve departamentos bolivianos se vean afectados por las crecidas de los ríos.
“Los montos de acumulación de agua van a ir entre 30 y 60 milímetros por metro cuadrado. Estamos entrando en un período extremadamente crítico”, señaló Calvimontes, que sumó la actual temporada de lluvias, que comenzó en noviembre pasado, ha dejado al menos 42 muertos, cerca de medio millón de damnificados y deslizamientos en todo el país, aunque la zona más afectada es la de La Paz.
Marzo “es el mes más duro por las afectaciones y las inundaciones”, insistió el funcionario.
Este lunes, en un barrio del este de La Paz, un deslizamiento obligó a la evacuación de al menos 60 familias, residentes de unas 43 viviendas, que se vieron en riesgo de derrumbe, como también quedaron en los últimos días algunas rutas del “eje central” del país.
A la par, el reciente desbordamiento del río Lauca, en Oruro, destruyó los cultivos de quinoa y maíz del pueblo indígena Uru Chipaya, por lo que el Gobierno de Luis Arce anunció el envío de ayuda humanitaria.
Las fuertes precipitaciones y los daños materiales a las familias bolivianas y a los productores y comerciantes llegan en medio de las últimas cifras difundidas sobre la inflación, que generaron inquietud entre analistas económicos, ya que da cuenta de que la crisis económica persiste, pese a los esfuerzos del Gobierno.
Este lunes, el Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que Bolivia había cerrado febrero con una inflación mensual del 1,26 por ciento, es decir, la cifra más alta para un mes de los últimos 17 años. Con esto, el acumulado ya suma el 3,24 por ciento, lo que representa casi la mitad de lo proyectado por el Gobierno para todo el año.
El director del organismo, Humberto Arandia, señaló que, en algunos casos, el alza de precios se debe al mal estado de los caminos por la temporada de lluvia, que dificulta los traslados hasta los mercados, por lo que se teme por el efecto que los derrumbes podrían tener en las cifras próximas.
 
 
 
 
 
"ESTAMOS COMPLETAMENTE RODEADOS": FAMILIA CHILENA ATRAPADA EN BOLIVIA POR PARO DE CAMIONEROS PIDE AYUDA URGENTE
 
Tele 13 de Chile (https://lc.cx/TgXO6U)
 
La familia chilena está atrapada hace diez días en Bolivia y señalan que ya no tienen comida, bencina, ni dinero. Además, denuncian que no han recibido ayuda de ninguna autoridad. Desde el pasado lunes, diez ciudadanos chilenos se encuentran atrapados en la ruta RN4, cerca del Puente Yapacaní, en la región de Santa Cruz, Bolivia. Esto, debido a un paro nacional de camioneros, quienes exigen medidas ante la escasez de combustible en el país.
Según lo que consigna BioBíoChile, uno de los afectados es Miguel González, quien viajó a Bolivia con su familia para pasar sus vacaciones, pero ahora se encuentra en una situación extrema sin poder avanzar ni retroceder.
"Estamos detenidos aquí desde el lunes. No hay forma de avanzar ni regresar a Santa Cruz. Las carreteras están bloqueadas por comuneros", expresó González al mismo medio desde la zona de Yapacaní, que se encuentra a 125 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra. Dentro del grupo hay dos menores y varios adultos con compromisos laborales impostergables en nuestro país.
La situación se ha complejizado aún más debido a la falta de recursos. "Ya no tenemos bencina, comida ni dinero. No hay cajeros ni forma de cambiar moneda chilena", explicó Miguel. Pero no solo esas son las complicaciones, las extremas condiciones climáticas también empeoran el panorama. Esto debido al calor intenso, lluvias constantes y la necesidad de dormir en el pavimento. "Anoche tuvimos que recostarnos en el suelo. Las niñas están sufriendo", añadió.
El paro comenzó debido a la escasez de diésel y gasolina y ha bloqueado la principal vía de conexión entre Chile y Bolivia. Los manifestantes han levantado barricadas y han amenazado con dañar vehículos que intenten pasar, según lo que relata la familia chilena.
"Tuvimos que pagar una cuota para pasar un primer bloqueo, pero aquí estamos atrapados", comentó González.
González denuncia que hasta el momento no han recibido ayuda de ninguna autoridad, ni chilena ni boliviana. "Nadie nos da solución. La policía boliviana ni siquiera se acerca", sostuvo. Junto con esto, denunció que han intentado negociar con los líderes del paro pero solo han recibido amenazas de represalias.
"Estamos completamente rodeados. Si alguien pudiera ayudarnos, que sepa dónde estamos", insistió.