EVO MORALES: PREPARA ESTADOS UNIDOS GOLPE DE ESTADO EN VENEZUELA; DEPLORA PETICIÓN DE RECONTAR VOTOS

El presidente de Bolivia, Evo Morales, denunció que Estados Unidos está preparando un golpe de Estado en Venezuela, al considerar que esto queda en evidencia por sus cuestionamientos a las elecciones del domingo en ese país y pedir que se realice una auditoría tras el ajustado resultado que dio la victoria a Nicolás Maduro.

Morales deploró las declaraciones del portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, quien planteó un recuento de los votos al hacerse eco de los reclamos del candidato perdedor Henrique Capriles ante lo apretado de la victoria del abanderado chavista.

Estoy convencido de que detrás de esas declaraciones, Estados Unidos está preparando un golpe de Estado en Venezuela, afirmó. Pero aseguró que todos vamos a defender al pueblo venezolano y al compañero Maduro frente a la provocación y agresión, ante una estrategia que busca “confrontar al pueblo para que luego vengan los cascos azules de la ONU (Organización de Naciones Unidas) o fuerzas de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico NOrte)”.

Aseveró que ante la intromisión abierta en la democracia venezolana ni este portavoz ni el gobierno de Estados Unidos tienen la autoridad moral para cuestionar los resultados electorales en ningún país.

El vicecanciller ecuatoriano, Marco Albuja, instó en Quito a la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) a no tolerar un golpe de Estado en Venezuela. El presidente Rafael Correa aseveró: no tenemos por qué dudar de la victoria de Maduro.

Estados Unidos dijo no entender la premura con que fue proclamado oficialmente Maduro, al insistir en su reclamo de una auditoría prudente y necesaria, según el Departamento de Estado. Sostuvo que han tenido sus preocupaciones, igual que la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea.

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, expresó su profunda preocupación por los condenables hechos de violencia en Venezuela. Luego de su apoyo el lunes al recuento de votos, Insulza dijo ahora que respeta las decisiones adoptadas por la autoridad electoral.

Brasil lamentó la violencia en Venezuela y llamó a la moderación en bien de la estabilidad.

La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner confirmó que asistirá a la toma de posesión de Maduro como presidente de Venezuela y le pidió a Estados Unidos que reconozca la victoria del mandatario electo.

En la antesala de la dos probables demandas bolivianas en La Haya

ESTRATEGIA MARÍTIMA, SIN DEBATE CRÍTICO NI INCLUSIÓN DE OPOSITORES

Rebelión de España (www.rebelion.com.es)

Hacia afuera, en medio de la neutralidad del Perú y las prevenciones de Chile, el gobierno boliviano se apresta a presentar una probable doble demanda en dos de las cuatro cortes internacionales de La Haya –el Tribunal de Arbitraje (TPA) y la Corte de Justicia (CIJ)–, iniciando allí un tramo que sólo en décadas podría concretarse en acceso marítimo, y quizá sin soberanía; o simplemente en nada, clausurando la salida al Pacífico al menos en la instancia jurídica mundial, si el fallo definitivo de los jueces es adverso.

Pero en lo interno, pese a sus requiebros de unidad nacional, el régimen del presidente Evo Morales mantiene excluidos a opositores y disidentes del trazo de la estrategia marítima, que, excepto un ligero informe parlamentario del Vicepresidente, no ha sido debatido con los diversos sectores del país o sus representantes.

Bajo el manto de “reserva estratégica” que envuelve a la “nueva política de Estado” la proclamada estrategia marítima del Estado Plurinacional no ha sido discutida tampoco ni en el Parlamento ni entre la sociedad civil (salvo en un grupo diminuto de ex mandatarios y ex cancilleres con cl{ausula de confidencialidad), persistiendo al parecer, además, recuerdan analistas, en el uso político del tema con fines electorales o chauvinistas, a la manera de una burbuja distractiva respecto de otros cuestionamientos como la corrupción estatal, el inescrupuloso ataque a sus adversarios, el real destino de la bonanza en los ingresos nacionales, el horizonte socialista-comunitario, el consumismo arribista de los sectores empoderados por el gobierno y la impugnada nueva reelección del presidente Evo Morales.

De pronto, en las últimas semanas el panorama no pudo haber sido más dinámico, en contraste con el cuasi letargo de los últimos dos años desde que el 2011 Morales pateara el tablero con su colega Sebastián Piñera.
Y tan confuso y sobrecargado al mismo tiempo, si se observa la trayectoria errática o por lo menos ambivalente y complaciente desde el 2006 cuando comenzó el idilio con la entonces mandataria socialista, Michelle Bachelet, ahora rediviva y muy próxima a retomar el mando en reemplazo de Piñera y reanudar el romance costero con su par boliviano.

Sin informar de su contenido, que el gobierno intenta mantener en el absoluto hermetismo, Morales anunció que el conjunto del requerimiento boliviano será presentado este mes por el canciller David Choquehuanca y el recién designado embajador plenipotenciario y agente boliviano ante La Haya, el ex presidente Eduardo Rodríguez Veltzé.

Rodríguez, uno de los que Morales llamó hace dos años “delincuentes confesos”, fue el último de los mandatarios de la denominada era neoliberal y quien facilitó la transición hacia el gobierno populista.

CONTEXTOS DE RUPTURA

Curiosamente sintomáticos, los dos contextos de las decisiones más importantes del 2011 y del 2013 sobre la mayor aspiración boliviana se han caracterizado por coincidir con momentos acuciantes para el régimen de Morales:

La ruptura del 2011 con Chile se dio cuatro semanas después de la captura, en Panamá, el 24 de febrero de ese año, del entonces jefe de un organismo de inteligencia estatal, general René Sanabria, quien efectuaba su tercer envío de droga a Miami, desatando otro escándalo de corrupción que involucró después, según declaraciones del detenido, al ex ministro Sacha Llorenti, el ex viceministro Marcos Farfán y el ex asesor Fernando Rivera, actualmente encarcelado por integrar desde hace cinco años, según denunciaron las autoridades, una red de extorsión a supuestos implicados en separatismo y otras acusaciones, tras la aniquilación, el 2009, de un grupo armado presuntamente financiado por la derecha y comandado por Eduardo Rózsa, un veterano de las guerras yugoslavas de secesión.

El esperado anuncio de la demanda marítima ante La Haya, judicializando el diferendo este año, fue hecho el pasado 23 de marzo, a cinco semanas de los intentos oficialistas por legalizar la segunda reelección de Morales, consultada por el régimen al Tribunal Constitucional el pasado 15 de febrero, lo que desató una prolongada ola de críticas sobre la prórroga en el poder.

Dos semanas después, a comienzos de marzo, un primer video, incómodo para el gobierno, implicó al “superfiscal” Marcelo Soza, en presuntas revelaciones sobre el conocimiento oficial, incluidos ministros, Vicepresidente y Presidente, de las extorsiones efectuadas por la red de chantaje de altos funcionarios a decenas de detenidos por los casos “separatismo y terrorismo”; la pérdida, manipulación y “siembra” de pruebas contra el grupo aniquilado y el supuesto involucramiento de un hermano del Vice en un caso de narcotráfico, lo que fue negado por las autoridades.

Luego de las celebraciones del “Día del mar”, con soldados vistiendo uniformes de las guerras napoleónicas y bandas de música a caballo bregando tanto con sus corceles como con sus trompetas; y de las fricciones de ese día en el Gabinete que provocaron el desempeño de Sosa, un segundo video con el audio también atribuido al ese fiscal hizo conjeturar que la muerte de Rósza y dos de sus colaboradores habría sido en realidad una ejecución arbitraria por parte de las fuerzas estatales de seguridad y sus agentes infiltrados. Soza replicó que se trataba de un complot mediante el montaje de su voz.

Coincidencia o no, hace casi 23 años, en 1990, otra ejecución extrajudicial, con participación de agentes de élite extranjeros, eliminó a los líderes de la insurgente CNPZ, de la izquierda armada, antecesora de los movimientos sociales que tomaron el poder hace siete años. El entonces presidente Jaime Paz asumió la responsabilidad del hecho.

Casi en el mismo estilo, en abril del 2009, el actual mandatario dijo haber dado instrucciones precisas para efectuar el operativo contra los “mercenarios”, afirmando que el hecho derivó en una balacera donde los acribillados resistieron antes de su deceso. Pero hace menos de un mes se supo que el relator especial de Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, informó el año pasado a Morales que durante el asalto policial el húngaro Michael Dwyer, uno de los ayudantes de Rosza, fue rematado.
La semana en que Morales anunció el viaje de la comisión boliviana a La Haya, un documental de la cadena árabe Al Jazeera incluyó testimonios que descartan la existencia del enfrentamiento y aumentan las dudas sobre la versión oficial, afectando la consistencia de las acusaciones contra los opositores y la credibilidad del régimen.

¿DOS DEMANDAS, DOS TRIBUNALES?

En tanto el gobierno atraviesa las aguas fangosas de la pugna interna donde se publicita más la anulación de viáticos a los presidentes pero no el aumento salarial al mandatario, los expertos extranjeros contratados para analizar la demanda boliviana ante cortes internacionales, los españoles Antonio Remiro Brotóns, Jorge Cardona Llorens y Rosa Riquelme y el argentino Marcelo Kohen (convocados el 2011) más su compatriota Osvaldo Gugliermo, a los que, según voceros oficialistas se agregan el británico Phillipe Sands y recientemente el connotado nicaragüense Carlos Argüello Gómez), parecen haber aconsejado la recurrencia ante dos instancias distintas:

–El Tribunal de Arbitraje, para que considere la serie de incumplimientos de Chile al Tratado de 1904 con Bolivia, de cesión de territorios bolivianos ocupados por Chile desde la guerra del Pacífico, en torno a las facilidades de tránsito pero sin tocar el tema del acceso marítimo, menos denunciarlo, remitiéndose sólo a las contravenciones, y

–La Corte de Justicia, para demandar el reconocimiento del derecho boliviano al mar.

En el camino ya se corrigió un anterior y caprichoso traspié del propio Morales y su Gabinete que se intentó promocionarlo previamente mediante las embajadas: la ratificación, en abril del 2011, de la reserva al Pacto de Bogotá de 1948, de soluciones pacíficas a controversias, sin haber tenido en cuenta sus implicaciones para los desvíos acuíferos cordilleranos del Lauca y el Silala; reserva que fue suspendida hace menos de un mes, el último 23 marzo, con una pompa que encubrió apenas el error de hace dos años.

El excanciller boliviano Armando Loaiza refirió que la corrección allanará la recurrencia a CIJ para que Chile no ponga “objeciones de competencias”, siempre y cuando este tribunal se declare a sí mismo competente para tratar el asunto.

Las fuentes allegadas a la marcha de estos preparativos confiaron también que la demanda ante la segunda Corte, la de Justicia, podría implicar incluso una revisión del Tratado de Lima de 1929, sobre todo su Protocolo complementario que impuso el doble candado de Chile y Perú a las aspiraciones bolivianas.

Tal eventualidad, advirtieron, ampliaría el proceso, complejizándolo, a dimensiones mayores (con un tercer actor, Perú) que la exclusiva bilateralidad donde un acaso feliz dictamen de la Corte diga a Bolivia y Chile: “siéntense y negocien”; o “bien: los bolivianos tienen derecho al mar pero esta Corte no puede obligar a que les entreguen acceso”.

En todo caso, el ministro boliviano de Defensa, Rubén Saavedra, confirmó que quedaba al margen, por el momento, la denuncia del Tratado de 1904, explicando que este acuerdo puede ser demandado ante el TPA.
Para ser victoriosa, una estrategia no debe develar sus puntos fundamentales, arguyó el analista progubernamental Hugo Moldiz, anunciando que en su momento se sabría a cuál de tres Cortes de La Haya se interpondría la demanda, no siendo necesariamente una sola, en un proceso que puede prolongarse hasta después del 2019, existiendo las “condiciones generales” para una demanda auspiciosa, “lo que no asegura el resultado”.

Chile hace caso omiso de los pactos complementarios al Tratado de 1904 y esa inobservancia formará parte de la denuncia de Bolivia en La Haya, admitió por su parte el director Reivindicación Marítima (Diremar), Juan Lanchipa.

NEUTRALIDAD PERUANA, EXPECTATIVAS BOLIVIANAS

"No tenemos por qué tomar partido –dijo, de entrada, al empezar este abril el canciller peruano Rafael Roncagliogo−; es un problema de larga data que tiene que resolverse históricamente y por una vía bilateral", asegurando que las diferencias eventuales entre sus vecinos “hermanos” no implica que se tenga que tomar distancia de alguna de l as partes involucradas; es "un problema de larga data que tiene que resolverse históricamente y por una vía bilateral".

A fines de marzo, el viceministro Fernando Rojas y ex embajador en La Paz dijo que si Chile decide entregar a Bolivia territorio ex peruano, el presidente Ollanta Humala intervendrá con base en el acuerdo de que impide esa posibilidad. “Nuestra posición debe ser neutral. Si se concreta la demanda es un asunto bilateral chileno-boliviano, donde Perú no tiene ningún rol. No tenemos por qué ser involucrados”.

En medio de la refriega verbal, Piñera previno que un eventual veredicto favorable de La Haya hacia el Perú sobre el litigio que mantiene con Chile respecto del mar de Arica, anularía las expectativas bolivianas de acceder al Pacífico por el límite con el sur peruano.

De todas maneras, de acuerdo con las perspectivas en la Corte de Arbitraje, Bolivia podría llevar las de ganar respecto de la verificación de incumplimientos chilenos al Tratado de 1904. Tan sólo habría que recordar las restricciones chilenas durante la guerra del Chaco.

Y aun en la otra Corte, la de Justicia, la demanda boliviana ganaría terreno, señalan otros especialistas, por la forma en que sucesivos gobiernos chilenos reconocieron durante más de un siglo que hay un problema pendiente y se sentaron a discutirlo en al menos seis oportunidades, aunque nada esencial se pudo haber avanzado mediante el diálogo:

-En el Pacto de 1950 Chile y Bolivia negociaron sobre un corredor al norte de Arica a cambio de las aguas del Titicaca, aunque se sobrepuso la aprehensión peruana sobre las aguas del Lago y la eventual presencia boliviana en lo que fue territorio peruano.

-En 1975, el pacto de Charaña entre los dictadores Banzer y Pinochet sobre la misma franja fracasó, pese a las actas listas pero no firmadas, por la condición chilena de canje territorial.

-El 2000, los cancilleres de ambos países reunidos en Algarve, Portugal, acordaron incorporar “sin exclusión alguna” las cuestiones esenciales de la relación bilateral para superar las diferencias mutuas, lo que integró la reivindicación marítima en la agenda conjunta y fue considerado el 2001 y el 2002 por los presidentes Ricardo Lagos y Jorge Quiroga, además de las Actas de Iquique, gestionadas entre el 2000 y el 2004.

-Entre el 2006 y el 2010, con la Agenda de los 13 puntos Morales y Bachelet se empeñaron en fútiles cuanto utilitarias soluciones “concretas, útiles y factibles”. Pero éstas no contemplaron nunca soberanía alguna de Bolivia sobre el Pacífico, según reveló hace tres semanas el canciller chileno no desmentido por su colega Choquehuanca, a quien sí los peruanos le refutaron este fin de semana el apoyo de Lima a la causa boliviana.
LA TRAMPA-DIALOGO Y LA VIEJA TACTICA-MAR

Durante todos esos años, el gobierno boliviano se avino con Bachelet a “no tocar el Tratado de 1904, ni tocar la soberanía chilena”, remarcó el canciller chileno hace sólo tres semanas; “sobre esas dos condiciones, tanto de forma pública como privada, el presidente Morales aceptó seguir las conversaciones”, precisó.

Y aunque sobre aviso no hay engaño, el mandatario boliviano admitió en Potosí a sólo días de la ruptura del 2011: “tal vez en este corto tiempo he caído en la trampa de Chile, porque cuando exigimos por dónde va a ser la soberanía, no hay”.

Dos años después, como preparando el terreno para la reciente convocatoria a ex presidentes a fin de involucrarlos en su nueva “política de Estado”, Morales extendió hacia atrás el efecto de los embelecos protagonizados con Bachelet y Piñera:

“…todos los gobiernos hemos caído en la trampa de los gobiernos de Chile; diálogo y diálogo, sin resultado y no podemos esperar otros 130 años mediante el diálogo”, dijo el 18 de marzo pasado, sin dejar de cubrirse con salvaguardas anti crítica y blindajes de unidad nacional, exigiendo por ejemplo: “compañeros de la prensa, no puede haber periodistas pro chilenos, pro antimar (sic); en tema del mar todos debemos estar unidos”.

“Cuando son temas de carácter de Estado, temas de carácter nacional debemos demostrar unidad por encima de nuestras diferencias de carácter ideológico, programático, cultural y especialmente cuando se trata de retorno de Bolivia al Pacífico con soberanía”, exhortó también a principios de marzo, mientras los opositores le exigieron después no electoralizar el tema, como dijo Morales que Piñera lo estaba haciendo en Chile.

¿DEBATE EN BOLIVIA?

“Todo está preparado”, aseguró también Morales este 9 de abril al confirmar el envío de la demanda boliviana después de un encuentro con empresarios y algunas organizaciones sociales afines al gubernamental MAS, sin que la propuesta haya sido comentada al menos con los jefes de las fuerzas opositoras, ni fuera discutida en el pleno de la Asamblea Legislativa o en otros ámbitos de la sociedad civil no oficialista.

Por el contrario, en Chile, a pesar de polémica, resistencia y propuestas adversas, su presidente convocó de inmediato a todas las fuerzas partidarias, sin exclusiones.

“El cerrar filas en torno al Ejecutivo en defensa de la soberanía e intereses nacionales es un deber en situaciones de crisis o conflicto, pero ello no debe impedir el debate de nuestra política exterior, como tampoco inhibir una serena crítica a su conducción cuando esta ha sido desafortunada”, celebró Augusto Varas, de la fundación chilena Equitas.

Nada de esto está ocurriendo en Bolivia, donde el mandatario se ha alejado de sus adversarios políticos en un tema que el mismo Morales sostiene, paradójicamente, que debe ser encarado con unidad.

Se trata de un problema de unión nacional “que en el caso de Evo la disminuye”, dijo el analista Jorge Lazarte.
“¿Desde cuándo hay política de Estado? … con este gobierno sólo hay políticas personales, de partido; la Agenda de los 13 puntos y La Haya no son política de Estado”, cuestionó.

“En Bolivia no se pacta, no hay pactos políticos; hemos llamado a cadáveres en vez de candidatos presidenciales y jefes opositores para pactar políticas de Estado”, reflexionó el intelectual indígena y ex ministro masista, Felix Patzi, en referencia a la convocatoria a ex mandatarios y ex cancilleres.

“Se parte con esa debilidad”, agregó. “Como en el pasado, cuando algo anda mal con las encuestas, se recurre al tema marítimo”.

“A los ex presidentes sólo se les ha llamado para la foto”, comentó otro analista, Julio Alvarado. “Ojalá que la demanda no se utilice como bandera electoral y no sólo se invite a adherentes del MAS”.

Incluso en la reunión de Morales con los ex mandatarios no fue todo apoyo, comentó el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas; trascendió que hubo discrepancias. “Además con una sola reunión no puede haber estrategia nacional; peor si no se la discute con la oposición, con la Iglesia, con sectores que piensan distinto”, objetó.

“En el caso casi imposible que la demanda sea admitida, ésta puede ser rechazada dándole la razón a Chile cerrando definitivamente la posibilidad de una salida al mar para Bolivia. Las negociaciones diplomáticas tardarían mucho en volver a ser encauzadas positivamente para Bolivia y el país en lugar de avanzar habrá retrocedido de manera inconmensurable”, advirtió la analista Fernanda San Martín, al recordar el principio general “Pacta sunt servanda” (lo pactado obliga), en relación al Tratado de 1904.

En siete años, el gobierno transitó entre dos posiciones opuestas: desde el pragmatismo de la Agenda de 13 puntos y la bilateralidad entre el 2006 y el 2010, a una posición principista que ante el fracaso de la primera a partir del 2011 recurre a la multilateralidad, judicializando el diferendo en un camino sin retorno si el fallo no es el que se busca, recordó otro analista, Carlos Börth.

Morales ha pasado de unas gestiones con gran expectativa a “una posición principista sin destino claro: ese es el estado en que nos encontramos”, sostuvo.

Por ejemplo “para ir a la CELAC (sede de la cumbre Unión Europea-Latinoamérica y del último impasse Morales-Piñera, en febrero pasado) debió haber hecho lobby, hablar con las cancillerías, tener respaldo y no lanzarse en un escenario donde el tema no figuraba ni por asomo; en cambio lo que se ha dado es simplemente un uso del tema marítimo en los problemas internos; no hay otra explicación”, añadió Börth.

LAS PREVISIONES CHILENAS

Sobre todo en La Paz, los acólitos presidenciales creen que las iniciativas de Morales han puesto “nervioso” al gobierno chileno, cuando no desesperado, destacando el apoyo de ciertos sectores de la izquierda chilena a la aspiración boliviana, como el declarado por la líder estudiantil Camila Vallejo (PC) y los candidatos Roxana Miranda (“Igualdad”) y José Antonio Gómez (Radical Social Demócrata).

En Santiago, el canciller Moreno encabeza las previsiones del gobierno de Piñera, que se extienden inclusive hasta La Haya, donde el ex subsecretario de Relaciones Alberto Leo van Klaveren Stork, es el agente chileno ante la CIJ para afrontar la demanda peruana sobre el mar de Arica.

Moreno recordó a principios de abril el interés del Estado chileno por “conocer cuáles son las jurisdicciones, a qué tribunal Chile podría ser llevado, qué tipo de cosas podría plantear Bolivia, que sustento tienen, cuáles son los elementos importantes para Chile y sobre todo el acopio de documentos históricos para tenerlos a mano”.

Pero el diálogo y la actitud constructiva "no deben confundirse jamás con una actitud de debilidad en la defensa de nuestra soberanía, territorio y mar", insistió por su parte Piñera que ha encontrado en las escaramuzas de los últimos dos meses la ocasión para que una parte significativa y quizá abrumadoramente mayoritaria de Chile muestre que tiene las cosas muy claras:

Que "el territorio de Antofagasta es chileno, está respaldado por un tratado válidamente celebrado, plenamente vigente y ningún presidente de Chile va a entregar el territorio y soberanía de nuestro país", advirtió el presidente chileno asegurando que su país no va a regalar territorio y que tampoco “está dispuesto a perder su frontera con el Perú, tan simple como eso".

Su Canciller complementó con la misma frialdad: los territorios chilenos que fueron de Bolivia están en el medio de Chile, por lo que "no podría cortar por la mitad" su geografía para dar por allí el acceso al mar requerido. "Chile no está dispuesto a no tener una frontera con el Perú. Tampoco está dispuesto a entregar soberanía sobre su territorio, como tampoco lo está ningún país del mundo".

Más ambigua y de cara a las elecciones, para quedar bien con todos como señala la crítica chilena, Bachelet ha declarado: “Me interesa que a Bolivia le vaya bien, y todos los temas que se puedan trabajar y que respeten los intereses de Chile, y que puedan permitir avanzar en asuntos que han sido complejos, creo que sería muy positivo".

Para el colmo Piñera ha llamado la atención sobre el mar de Arica, que de pasar al dominio peruano como intenta Perú en La Haya, clausuraría la salida marítima del corredor que eventualmente se entregara a Bolivia, recordando que el "veto peruano" es el derecho que tiene el Perú de ser consultado para cualquier modificación territorial sobre Arica,

Así, no hay llave para ninguno de los candados. Y para pensar en opciones extremas, la enorme superioridad militar de Chile disuade cualquier otra aventura casi suicida, limitada también por la Constitución boliviana.

Sin caminos a la vista, salvo la carta estratégica “y por eso mismo secreta” que guarda aún el régimen boliviano ¿qué podrá el país esperar o alcanzar, del 2015 al 2030, incluso con una larga permanencia de Bachelet en La Moneda o de Morales en Palacio Quemado?

Con el estancamiento, las vías erráticas y el verticalismo señorial en uno y otro lado, más el uso político, oportunista y patriotero de la demanda, Chile sigue ganando.

“Los temas país, como es la política de Estado, es un tema en el que debemos involucrarnos todos los actores políticos y actuar para defender los tratados vigentes (…) la unidad de todos los sectores políticos en respaldar lo que haga el gobierno en cuanto a los tratados”, declaró el senador Jorge Tarud (PPD, que respalda la candidatura de Bachelet)

“Soy partidario de darle una salida al mar a Bolivia. Soberana, no; porque no existe hoy, ahora, una posibilidad con soberanía y para esto habría que tener coincidencia con el Perú y hacer un plebiscito interno en Chile…pienso que dentro de unos 20 años la crisis energética y el cambio climático harán que la integración esté por sobre esta mal llamada soberanía, y que será la tarea para las generaciones chilenas y bolivianas más integradas cumplir con una salida al mar en paz y en total acuerdo”, dijo el socialista Alejandro Navarro.

Mucho más cercano a la demanda boliviana, pero igualmente sin hablar de soberanía, el joven centroizquierdista Marco Enríquez-Ominami Gumucio, que obtuvo en la última elecciones el 20 % de electorado chileno, dice en su página web que una política basada en la intangibilidad del Tratado de 1904 tiene pocas posibilidades de éxito y, consecuentemente, bloquea cualquier posibilidad de diálogo.

“Si los Tratados no pudieran ser revisados y discutidos entre los firmantes, sería imposible pensar en una salida al mar en la franja contigua a la actual línea de la Concordia (por Arica). Con el nuevo gobierno de Perú podría pensarse en una solución tripartita, que permitiera solucionar el problema de la mediterraneidad de Bolivia por la franja que desde Lluta hasta la línea de la Concordia”.

“No tenemos por qué pensar en que la alternativa de un comodato, en Cobija (ex territorio boliviano hasta la guerra del Pacífico, NdE), por ejemplo, tuviera que romper la continuidad territorial de Chile. En la actualidad, el tráfico de personas y de mercadería puede realizarse libremente y, por lo demás, en el caso de la Comunidad Europea se ha demostrado la inutilidad de las fronteras”, agrega Enríquez-Ominami.

DIPLOMACIA DOMESTICA

Pero en Bolivia, la política interna parece más importante que la estrategia nacional de reivindicación marítima y las necesidades domésticas de acrecentar el poder en desmedro del adversario se muestran por encima de los requerimientos del servicio exterior, escaso de representantes idóneos para sustentar con éxito la demanda de acceso soberano al Pacífico.

Sobran las críticas a los representantes diplomáticos bolivianos en Perú y países vecinos, las Naciones Unidas, la Unión Europea, los Estados Unidos y otros ámbitos de presión regional, mientras el gobierno privilegia el Railly Dakar y no atina a explicitar la forma en que se compensará los ingresos que Oruro, la mayor puerta a Chile, perderá al reducir el paso de las exportaciones y el contrabando hacia y desde el Pacífico.
En contrapartida el presidente Morales alega: “No se trata de eliminar competencias a estos puertos chilenos, por los que actualmente se maneja la actividad portuaria de Bolivia en más de un 70 %, sino de expandir las posibilidades frente a ingentes cantidades de productos que requieren salir a mercados asiáticos, ya sea de Bolivia u otros países que se beneficiarían de estos puertos.

"Aquí quien gana Brasil, pero también gana Bolivia, gana Perú, por supuesto también que gane Chile no somos egoístas –enfatizó Morales- nunca vamos a poder alejar al departamento de Oruro de los puertos chilenos".
Adicionalmente, a futuro, después de un hipotético veredicto de La haya para que Chile y Bolivia negocien una futura salida soberana al Pacífico, queda pendiente si con tanto arrebato y adjetivos será Evo Morales el interlocutor válido que Chile acepte para llevar adelante la eventual negociación sobre el acceso boliviano al mar.

Por ahora, su régimen anuncia que junto a la llamada “diplomacia de los pueblos” desarrollará una “diplomacia puerta a puerta” en busca de aliados que respalden la demanda marítima, según el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

BOLIVIA CHAGAS

MENOS DEL 1 % DE LOS INFECTADOS POR EL CHAGAS EN EL MUNDO RECIBE TRATAMIENTO

Finanzas com. Bolivia (www.finanzas.com/noticias)

                                         

Menos del uno por ciento de los diez millones de personas enfermas del mal de Chagas en el mundo recibe tratamiento, debido, sobre todo, a que es una enfermedad "silenciosa", que ataca de forma "clandestina" a sus portadores, afirmaron hoy expertos reunidos en Bolivia.

Los avances en la investigación y tratamiento de esta enfermedad protagonizan desde hoy en la ciudad central de Cochabamba la "Semana del Chagas", organizada por una docena de organizaciones sin fines de lucro y centros de investigación de varios países preocupados por los estragos de la también llamada "enfermedad de los pobres".

La enfermedad de Chagas, cuyos afectados sufren lesiones crónicas irreversibles en sus órganos internos, la ocasiona el parásito Trypanosoma cruzi y es transmitido al organismo por la picadura de las "vinchucas", un insecto que se encuentra en casas, granjas, establos y locales de labranza.

El Chagas, llamado así por el médico brasileño que la descubrió, Carlos Chagas, es una de las diecisiete enfermedades tropicales consideradas como "olvidadas" por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya que desde los años 60 no se desarrollaban nuevos fármacos para tratarla.

Esto se debe a que males como éstos no resultan "interesantes para la investigación ni para la inversión por parte del sector privado", explicó a Efe la directora de la fundación Mundo Sano, la argentina Silvia Tarragona.

Se calcula que en el mundo 10 millones de personas padecen la llamada "enfermedad de los pobres", aunque unos 100 millones estarían en riesgo de contraerla, según la organización internacional Iniciativa Medicamentos para las Enfermedades Olvidadas (DNDi, por sus siglas en inglés).

Anualmente se presentan 55.000 nuevos casos, la mayoría en América Latina, donde la enfermedad es endémica y causa unas 12.000 muertes cada año, agregó esa institución.

Según Tarragona, pese a que hay avances en el diagnóstico y tratamiento, actualmente menos del uno por ciento de las personas con Chagas está siendo tratada y una de las razones para ello es que mucha de la población infectada "no sabe que lo está".

"Y si sabe que lo está, no sabe los riesgos de la enfermedad, no sabe que le puede producir la muerte y entonces no lo ve como un problema porque no le pasa nada, no tiene ningún síntoma, puede estar así treinta, cuarenta años sin que le pase nada", añadió Tarragona.

En Bolivia, uno de los países con mayor incidencia, una de las víctimas de esta enfermedad "silenciosa" fue el actual ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes.

"Yo vengo de la zona del Chaco que históricamente fue endémica de esta enfermedad. ¿Y cuándo descubrimos esta enfermedad? En mi caso particular, cuando me tenían que asegurar dentro del sistema de salud, me hicieron un estudio y ahí identificaron que tenía Chagas", dijo Calvimontes al inaugurar el evento esta mañana.

"Por eso digo que es una enfermedad clandestina, que vive oculta en nuestro cuerpo sin que nadie la descubra", añadió.

Aunque el modo principal de transmisión es a través de la picadura de las "vinchucas", la enfermedad también se transmite de forma congénita, es decir, de madre a hijo durante el embarazo y también mediante transfusiones de sangre o trasplante de órganos.

Precisamente por esas vías, el Chagas salió de América Latina y se expandió a otros lugares, como Europa, a través de las migraciones que se acentuaron, sobre todo, durante la década pasada.

En España residen cerca de dos millones de inmigrantes procedentes de América Latina y de ellos 68.000 podrían estar infectados por el Trypanosoma cruzi, afirmó hoy el embajador español en Bolivia, Ángel Vázquez.

El diplomático indicó que el Chagas es una enfermedad olvidada, pero ya no está "relegada por completo" porque los poderes públicos son conscientes de su prevalencia y están tomando medidas.

Si bien hay avances, quedan aún tareas pendientes, pues mientras en América Latina se requiere un mayor trabajo para controlar al "vector" (la vinchuca), en otras regiones se deben controlar las otras vías de transmisión para evitar su expansión.

Según Tarragona, las entidades que organizan la "Semana del Chagas" han unido esfuerzos para trabajar cada una desde su área de especialización en esta batalla contra la enfermedad, desde el desarrollo de nuevos fármacos para tratarla, hasta la financiación de programas para mejorar viviendas y que estén libres de vinchucas.

Entre las instituciones que forman parte de la iniciativa, están la Plataforma del Chagas, la organización no gubernamental boliviana Ceades y el Instituto de Salud Global de Barcelona.

También figuran la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), DNDi, Mundo Sano, el Programa Nacional de Chagas de Bolivia y la estatal Universidad Mayor de San Simón.

ARGENTINA, BOLIVIA Y PERÚ, PAÍSES CON MÁS PROTESTAS SOCIALES, SEGÚN PNUD

Finanzas com. Bolivia (www.finanzas.com/noticias)

Argentina, Bolivia y Perú son los países con más protestas sociales de América Latina, mientras que a la cola en conflictividad se sitúan Costa Rica, Chile y El Salvador, según un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentado hoy en Nueva York.

El estudio, que examinó más de 2.300 protestas sociales entre octubre de 2009 y septiembre de 2010, revela que las tensiones sociales, institucionales y culturales en América Latina son mayores que en otras regiones de mundo y que se caracterizan por un alto grado de participación ciudadana.

Presentado por el director del PNUD para América Latina, Heraldo Muñoz, "La protesta social en América Latina" concluye que los países de la región con mayor número de protestas sociales son los que también presentan mayores desigualdades socioeconómicas y con gobiernos con capacidad limitada para manejar disturbios.

"Las democracias, a diferencia de los regímenes autoritarios, permiten que la protesta sea una herramienta constructiva para las demandas sociales de los ciudadanos", dijo Muñoz, que destacó que si se gestionan a través de "diálogo y negociación" presentan grandes oportunidades para una sociedad "más equitativa y justa".

El PNUD asegura que los conflictos sociales también han provocado rupturas institucionales y crisis de gobernabilidad democrática, como el golpe de Estado en Honduras en junio de 2009, pero el informe revela que este tipo de tensión no ha sido la norma en la región durante los últimos años.

"La mayor parte de las protestas sociales incluyen declaraciones, manifestaciones y huelgas pero rara vez llegan a enfrentamientos violentos o caos", según el PNUD, que añade que las demandas de los ciudadanos suelen abarcar desde temas de salud, trabajo y educación hasta los derechos humanos y las cuestiones ecológicas.

Por otro lado, resalta que además de avanzar en la reducción de la pobreza y la desigualdad en la última década, América Latina ha ayudado a ampliar el acceso a la tecnología a millones de personas en la región cada vez más educadas e interconectadas a nivel regional e internacional, también por las redes sociales.

El acceso a internet y la telefonía móvil, según el PNUD, están contribuyendo positivamente a las protestas sociales al proporcionar nuevos espacios públicos que fomentan la participación ciudadana, herramientas que han sido cada vez más importantes para los grupos históricamente marginados, incluidos los pueblos indígenas.

El informe revela que casi el 60 por ciento de las organizaciones y personas que participaron en protestas sociales en América Latina en ese tiempo tuvieron una presencia en la web, con cifras que van del cien por cien de presencia en internet en Costa Rica al 15 por ciento en Bolivia.

LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS CON MÁS DESIGUALDADES SUFREN UN MAYOR NÚMERO DE CONFLICTOS SOCIALES

Diario Financiero de España (www.diariofemenino.com/noticias)

El Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) ha destacado este miércoles que los países de América Latina con un mayor número de conflictos sociales registrados son los que tienen 'más desigualdades sociales' y gobiernos con 'una capacidad limitada' para gestionar los disturbios.

Según el informe divulgado por el PNUD, las tensiones sociales, institucionales y culturales 'son numerosas' en América Latina, si se compara con otras regiones. Entre octubre de 2009 y septiembre de 2010, Bolivia, Perú y Argentina fueron los países que sufrieron 'más conflictos sociales' --más de 200 cada uno--, mientras que Costa Rica, Chile y El Salvador fueron los que vivieron un menor número de enfrentamientos, con 58 cada uno, de acuerdo con el PNUD.

El Programa de la ONU ha enfatizado que entre esos conflictos no se incluyen los vinculados con el crimen organizado, el narcotráfico, los movimientos guerrilleros o los conflictos armados.

El director del PNUD para América Latina, Heraldo Muñoz, ha indicado que las democracias, al contrario que los gobiernos autoritarios, permiten que los conflictos sociales 'formen parte de los procesos políticos y se conviertan en herramientas constructivas para los pueblos'.

'Si se gestionan mediante el diálogo y la negociación y si se abordan sus causas, los conflictos sociales son oportunidades para llevar a cabo transformaciones profundas' y así conseguir 'una América Latina más equitativa y justa', ha apostillado Muñoz.

El PNUD ha destacado que, en la última década, la pobreza y la desigualdad se han reducido en Latinoamérica y ha subrayado que millones de personas han accedido a la tecnología, por lo que han obtenido mayor educación, se han vuelto más participativos en las redes sociales y están conectados internacionalmente.

BOLIVIA: CLAUDIO GALVAO RECHAZA MEDIDAS RESTRICTIVAS CONTRA EL SENADOR RÓGER PINTO MOLINA

                                                                                                              

El documentalista declara que sus derechos están siendo violados al no dejarle entrevistar al Senador Roger Pinto, quién pertenece al partido de la oposición del gobierno de Evo Morales.

La República de Perú (www.larepublica.pe)

                                                           

Los brasileros, Claudio Galvao da Silva “Dado Galvao“, documentalista responsable de la llegada de la cubana Yoani Sánchez a Brasil y el fotógrafo independiente Arlen Cezar, protestaron el día 11 de abril en la Embajada de Brasil ubicada en La Paz - Bolivia como medida de rechazo a la restricción de visitas para el Senador Róger Pinto Molina, asilado político en la sede diplomática brasilera.

Dado Galvao precisó que sus derechos están siendo violados al restringirle visitar y entrevistar al senador Roger Pinto, quien pertenece a “Convergencia Nacional”, partido opositor del gobierno de Evo Morales. El cineasta sostuvo que rechaza de manera contundente que no se le permita interrogar al mencionado político, quien se encuentra asilado más de diez meses en territorio brasilero.

Galvao da Silva indicó que se encuentra tramitando por todas las instancias brasileras un encuentro periodístico con el Senador Róger Pinto. “Hasta este momento (12 de abril) he mandado varias solicitudes de entrevista para el Embajador de Brasil en Bolivia, Marcelo Fortuna Biato y para el Consejero Eduardo Saboya, ambas tramitadas y protocoladas y no recibo respuesta escrita de la diplomacia brasilera”, indicó.

Sostuvo también que entregaron sus pasaportes como una medida tomada  para “recordar” a la Embajada Brasilera que él se encuentra en su pleno derecho de dialogar con Pinto Molina, debido que él y el fotógrafo Arlem Cesar son brasileros y tienen autonomía de rechazar medidas contra la libertad de expresión de cualquiera persona en territorio brasilero.

 “Conozco perfectamente los procesos penales que se le siguen al Senador Roger Pinto, respeto a la justicia boliviana, pero no entiendo porque el mencionado político no puede tener derecho a réplica y a responder todos los cuestionamientos que se le imputan”, precisó el documentalista.

Dado Galvao y Arlem Cesar se encuentran actualmente en La Paz a la espera de una respuesta formal y escrita por la diplomacia brasilera en Bolivia.

GOBIERNO BOLIVIANO Y GRUPOS SOCIALES ACUERDAN TRABAJAR JUNTOS EN CENSO AGROPECUARIO

Spanish People Daily de China (www.spanish.peopledaily.com.cn)

                                              

El gobierno de Bolivia y organizaciones sociales acordaron hoy trabajar en la realización del primer censo agropecuario con el objetivo de que éste ayude a planificar estrategias para garantizar la seguridad alimentaria.
El presidente Evo Morales explicó a periodistas en Palacio de Gobierno que este censo es de vital importancia porque permitirá planificar e invertir en seguridad alimentaria.

Al encuentro asistieron, el vicepresidente Álvaro García, ministros de Estado y representantes de organizaciones sociales y productoras bolivianas, quienes se pusieron de acuerdo en emprender esta recolección de información agropecuaria.

"La información del censo servirá para que tanto los municipios, gobernaciones y ministerios puedan planificar la inversión agropecuaria para los siguientes años, rumbo al 2025", explicó Morales, pero no precisó fechas y dijo que este tema se lo hará conocer más adelante cuando se tenga todo planificado.

Según Morales, el censo tiene el propósito de conocer qué tiene, qué necesita y que quiere Bolivia para lograr mayor producción y mayor seguridad alimentaria con soberanía en el país.

"El Estado Plurinacional necesita datos para planificar y realizar mejores inversiones", dijo el presidente.

A su vez, la ministra de Planificación, Viviana Caro, manifestó que la planificación de la agrimensura refleja la voluntad política del gobierno de Morales para apoyar al sector agropecuario.

"El censo tiene como propósito determinar el número de las unidades agropecuarias productivas en el país, la extensión de hectáreas, el grado de mecanización en el sector, la forma de riego y los diferentes tipos de cultivo", explicó la ministra.

'No hay forma de sacarlo adelante', dice un ejecutivo

VACA MUERTA NO RESUCITA

Un año después de nacionalizar YPF, Argentina no encuentra socios. Para las primeras muestras, hacen falta 40.000 millones de dólares.

El Mundo de España (www.elmundo.es)

                                                             

El memorando de entendimiento entre YPF, nacionalizada hace justo un año, y la estadounidense Chevron, abría un vasto horizonte de oportunidades para Argentina. Por fin una empresa de primera línea se avenía a firmar un acuerdo con el Gobierno de Cristina Kirchner, caído en desgracia en el ámbito internacional desde que expropió el 51% de las acciones de YPF, que estaban en manos de la española Repsol.

El convenio que se gestaba tenía como objetivo la explotación de las enormes reservas de gas y petróleo contenidas en Vaca Muerta, un megayacimiento de 30.000 kilómetros cuadrados que atraviesa la cuenca de Neuquén, al sur de Argentina.

En el último momento, un embargo dictado por la justicia ecuatoriana en contra de Texaco –propietaria de Chevron- dejó sin efecto el acuerdo. "Vaca Muerta es una vaca parida con mala suerte. No hay forma de sacar adelante el proyecto", se lamentó Juan Alberto Núñez, ejecutivo de YPF, aludiendo a otros acuerdos que tampoco se llegaron a concretar.

Inversión sin garantías

El convenio con la empresa Bridas está frenado por las demandas que interpuso Repsol en contra del Estado argentino. Con Dow Chemicals se llegó a un preacuerdo para extraer gas con una inversión de 1.500 millones de dólares. Pero los socios potenciales no se ponen de acuerdo sobre la 'letra pequeña' del documento.

En resumen, desde su descubrimiento, en octubre de 2011, Vaca Muerta no ha producido más que ilusiones. En el fondo, ninguna empresa seria está dispuesta a invertir sin obtener las garantías necesarias para no correr la misma suerte que Repsol.

En noviembre de 2011, Cristina Kirchner casi se desmaya de alegría cuando el español Tomás García Blanco, entonces jefe de exploración de la compañía española-argentina YPF, le anunció que Vaca Muerta sería más productiva que todos los yacimientos de petróleo y gas no convencional existentes en Estados Unidos.

Inversión multimillonaria

La presidenta no puso demasiada atención en los detalles técnicos del anuncio. Principalmente, no prestó oídos a que sería necesaria una inversión de 40.000 millones de dólares para tan sólo extraer las primeras muestras de las riquezas contenidas en el subsuelo patagónico. Y es que las reservas probadas del yacimiento, estimadas en 927 millones de barriles petróleo y gas, son del tipo 'shale'. El equipamiento y las técnicas para extraer esos hidrocarburos, encapsulados entre las vetas de la roca madre, cuestan una fortuna.

De hecho, se presume que los desacuerdos en torno a quién debía aportar el grueso de las inversiones en Vaca Muerta, si el estado argentino o la YPF de propiedad de Repsol, indujo a Cristina Kirchner y a su equipo a fraguar la expropiación de la compañía. "No faltarán candidatos para ocupar la plaza de Antonio Brufau", aseguró el viceministro de Economía, Axel Kicillof, a la presidenta de la Nación.

Caída del beneficio

Un año después del drama que culminó con la salida de los capitales españoles, Vaca Muerta sigue a la espera de que alguna compañía se arriesgue a meterse en los zapatos del empresario español. Desde que Brufau dejó de venir a Buenos Aires a hacerse mala sangre con las exigencias del socio argentino, YPF exhibe una caída del 12,2% de sus beneficios netos; la rentabilidad sobre su patrimonio ha caído en un 26% y su deuda se cifra en 180 millones de euros.

En definitiva, Argentina quedó muy lejos de obtener la "soberanía energética" que se propuso Cristina Kirchner al enviar al Congreso el proyecto de expropiación de YPF.

Los referentes de sudamerica exigen que ee.uu. reconozca el triunfo del chavismo

APOYO REGIONAL PARA MADURO

                                                                                               

Además de las declaraciones de la presidenta argentina, ayer se sumaron las voces del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, así como los mandatarios sudamericanos Rafael Correa, José Mujica, Dilma Rousseff y Evo Morales.

Página 12 de Argentina (www.pagina12.com.ar/diario)

Los principales referentes de la región expresaron su apoyo al presidente electo Nicolás Maduro tras su triunfo electoral del domingo y le pidieron a la oposición venezolana y al gobierno de Estados Unidos que reconozcan el resultado de los comicios. Además de las declaraciones de la presidenta argentina Cristina Kirchner (ver nota pág.7), ayer se sumaron las voces del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, así como los mandatarios sudamericanos Rafael Correa, José Mujica, Evo Morales y Dilma Rousseff.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, consideró fuera de lugar el pedido de recuento integral de los votos en las elecciones de Venezuela, que dieron vencedor al chavista Nicolás Maduro y que la oposición no reconoce. “No entendemos por qué hay que dudar de la victoria de Nicolás Maduro”, aseguró el mandatario ecuatoriano al ser consultado en una conferencia ante universitarios en Berlín, donde arrancó ayer su gira europea. “No vemos dónde está el problema”, insistió, en relación con las objeciones planteadas entre otros por la Organización de Estados Americanos (OEA) y Estados Unidos, que habían exigido un recuento de todos los votos de las elecciones en Venezuela ante las denuncias de la oposición.

Asimismo, Correa señaló que Maduro disfrutaba, en las últimas encuestas de intención de voto previas a los comicios, de un margen bastante más amplio que el ajustado resultado oficial. El gobierno de Ecuador había pedido anteriormente a todos los presidentes, vicepresidentes y cancilleres de Unasur que asistan este viernes a la ceremonia de investidura de Maduro.

Por su parte, Lula saludó la elección presidencial de Nicolás Maduro y fustigó a Estados Unidos por apoyar el pedido de una auditoría electoral tras los reclamos de la oposición venezolana. “Los estadounidenses frecuentemente se empeñan en discutir una elección. ¿Por qué ellos no se preocupan de sí mismos y dejan que nosotros decidamos nuestro destino?”, afirmó Lula durante un acto político en Belo Horizonte, en el que pidió a los asistentes un aplauso por el triunfo de Maduro.

Mientras tanto, la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, felicitó por teléfono a Nicolás Maduro por su elección como presidente de Venezuela y destacó el clima de normalidad en las votaciones del domingo, cuestionadas por la oposición venezolana. En un comunicado, la presidencia brasileña informó que Rousseff se comunicó con Maduro para saludarlo por la victoria y aseguró estar lista para trabajar con el nuevo gobierno. Previamente el canciller brasileño, Antonio Patriota, había felicitado a Maduro por su elección.

A su vez, el presidente uruguayo, José Mujica, felicitó al mandatario electo de Venezuela y llamó a los venezolanos a caminar con diferencias. Entrevistado por la cadena Telesur, Mujica dijo que el nuevo gobierno de Venezuela deberá conformar un equipo con la oposición y la sociedad, porque todos están en el mismo barco. “Venezuela tiene enormes posibilidades y recursos y tenemos que hacer votos para que en su conjunto el pueblo venezolano no desperdicie la oportunidad que tiene de afirmar un país desarrollado hacia el futuro”, subrayó el mandatario uruguayo.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, acusó a Estados Unidos de preparar un golpe en Venezuela, tras la sugerencia de la Casa Blanca de que se audite el resultado de las elecciones ganadas por Maduro. “Estoy convencido de que detrás de esas declaraciones, Estados Unidos está preparando un golpe de Estado en Venezuela. Repudiamos, condenamos”, dijo el mandatario en rueda de prensa.

El gobernante boliviano agregó que está convencido de que se trata de una forma de convulsionar Venezuela y crear inestabilidad democrática y política para justificar una intervención, lo cual, a su juicio, es una estrategia conocida de los países imperialistas.

El gobierno de Estados Unidos se mostró sorprendido por la rapidez con la que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela proclamó presidente electo a Nicolás Maduro, evitó reconocer aún su victoria y volvió a solicitar un recuento. “Es difícil de entender la decisión del CNE de declarar a Maduro ganador antes de completar el recuento completo que pidió el candidato de la oposición, Henrique Capriles”, señaló el vocero del Departamento de Estado, Patrick Ventrell. El portavoz dijo que Estados Unidos continúa creyendo necesario resolver las irregularidades de voto y pidió de nuevo que se haga un recuento para asegurar que la población venezolana se sienta incluida en el proceso.

El ministro de Exteriores español, José Manuel García-Margallo, manifestó que no tiene intención de pedir disculpas por las declaraciones sobre Venezuela que irritaron a Maduro y a raíz de las cuales se tensó la relación entre ambos países. “Llamar al diálogo no debe ser motivo de represalias”, dijo Margallo, después de que Maduro advirtiera que Venezuela tomará medidas económicas, diplomáticas y políticas si el gobierno español no rectifica las palabras del ministro.

La Unión Europea confió en que las autoridades venezolanas competentes consideren debidamente todos los recursos electorales, y subrayó la importancia de que el resultado de los comicios presidenciales sea aceptado por todas las partes.

La Internacional Socialista se sumó a la OEA y a Estados Unidos en el pedido para que se haga un recuento de todos los votos de las elecciones en Venezuela. “Que en Venezuela se llegue a la certidumbre de lo que ha sucedido. Si la agenda es buscar la verdad, hay que contar voto por voto. Esto es fundamental porque la legitimidad está basada en que las elecciones sean justas y libres”, afirmó Luis Ayala, secretario general de la IS, en una conferencia de prensa en Caracas.

El presidente iraní, Mahmud Ahmadinejad, felicitó a Maduro por su victoria en las elecciones y confirmó que asistirá el viernes a la ceremonia de investidura donde Maduro asumirá como presidente de Venezuela. En la misma línea, el presidente sirio, Bashar Al Asad, le envió un mensaje a Maduro en el que manifestó su confianza en que continúe la fortaleza de los lazos distinguidos entre la República Arabe de Siria y la Bolivariana de Venezuela bajo el nuevo liderazgo venezolano, como fue durante el mandato del comandante Hugo Chávez.

Reforma judicial

LOS ESLABONES DE LA CADENA AUTORITARIA

La pasividad del Congreso, la indiferencia de la ciudadanía y cierta ineptitud de la oposición favorecen el avance del populismo y el deterioro del Poder Judicial, amenazado por un Gobierno que impone derechos consumados

La Nación de Argentina (www.lanacion.com.ar)

                                   

La destrucción del sistema político democrático constitucional y del Estado de Derecho expuestos en nuestra Ley Fundamental no se concreta con un solo acto para dar paso al autoritarismo de la democracia populista, sino con un conjunto de medidas conducentes a tal fin. Conforme al modelo impuesto en Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador, en la última década asistimos a una serie de sucesos que conforman los eslabones de una cadena totalitaria que desarticula las instituciones republicanas forjadas en resguardo de las libertades elementales, de la dignidad del pueblo y para satisfacer los legítimos anhelos de progreso. Cadena que nos aparta del proceso de transición democrática iniciado en 1983 y que nos encamina hacia el caos institucional, social y económico que permite el desarrollo del virulento germen del populismo.

El último de los eslabones se gestó a fines de 2012 cuando la presidenta de la República anunció que estaba dispuesta a "democratizar la Justicia". Su anuncio mereció las más audaces interpretaciones elaboradas por los teóricos que desconocen la relevancia del empirismo. Sin embargo, hasta el menos agudo de los analistas políticos relacionó su proclama con el disgusto que le acarrearon dos sentencias adversas a sus intereses hegemónicos. Ellas permiten la subsistencia de una medida cautelar que impide la aplicación de la ley de medios por cercenar arbitrariamente las libertades de un grupo periodístico, y evitar la confiscación del predio de Palermo perteneciente a la Sociedad Rural hasta tanto se resuelva la validez del decreto que la dispuso. A ellas, se añadió el fracaso de los operadores de la Presidenta en cooptar el Consejo de la Magistratura por la exclusión de ciertos jueces que no estaban dispuestos a claudicar de su independencia frente a las insólitas presiones del Gobierno.

En una república impregnada de cultura democrática, cuando se abordan reformas orgánicas siempre se requieren los conocimientos de los especialistas y actores de la materia considerada. Así lo impone el pluralismo y la razón desprovista de la soberbia autoritaria. Cuando se trata de una modificación para perfeccionar el sistema judicial, es usual recabar la opinión de los protagonistas y artífices de su desenvolvimiento. Se consulta a las asociaciones de jueces y abogados, a las universidades, a las academias de derecho, a los sindicatos que agrupan al personal judicial, como también a las entidades cuyos fines abarcan la preservación de la institución judicial. Sus opiniones son invalorables para determinar la eventual necesidad y contenido de las reformas que aspiran a satisfacer las demandas de justicia en función del bien común de la sociedad.

Pero, a igual que aconteció con el dictado de las normas que conforman los restantes eslabones de aquella cadena, el Gobierno optó por plantear un hecho consumado: la elevación al Congreso de seis proyectos de leyes elaborados en el marco de la intolerancia que caracteriza su gestión. Con el pretexto de "reformar la Justicia" se incurrió en una desviación de poder que aspira a transformar al órgano judicial en un apéndice del Gobierno, tal como acontece con el Congreso.

Se trata de una estrategia propia del populismo que, sin apartarse de las formas legales, apunta a incrementar la concentración del poder con su secuela de arbitrariedad y despotismo. La estrategia suele ser exitosa cuando recae sobre temas relativamente complejos y se basa sobre una fundamentación que halaga y atrae al ciudadano que desconoce su falsedad. Sin embargo, el abuso de esta técnica puede colmar la paciencia popular y provocar una reacción. Tal es lo que acontece con la "reforma judicial" a medida que se despeja el velo que encubre la desviación de poder.

Para erradicar el control judicial sobre las políticas del Gobierno en perjuicio de los gobernados, se propone modificar el régimen de medidas cautelares vigente en los juicios beneficiando al Estado y desprotegiendo los derechos de los ciudadanos. Solución incompatible con el pensamiento jurídico desarrollado en la segunda mitad del siglo XX, que apunta a la defensa de los derechos humanos frente a los abusos y excesos en el ejercicio del poder por parte de los gobernantes. La finalidad del proyecto es clara: erradicar las medidas cautelares que puedan producir el malestar de los gobernantes al entorpecer la concreción de sus objetivos populistas.

Para imponer la interpretación de las leyes conforme a las aspiraciones del Gobierno y evitar la ejecución de sentencias contrarias a sus intereses, se propicia la creación de los tribunales de casación. Tribunales que controlarán las interpretaciones legales de las cámaras de apelaciones de los diversos fueros judiciales. Uno de los argumentos expuestos para justificar este proyecto reside en la conveniencia de reducir el número de causas que deben ser resueltas por la Corte Suprema de Justicia y en acelerar los procesos al descartar el debate sobre la interpretación de las leyes en las instancias inferiores. La fundamentación es falsa porque: 1) no puede impedir el conocimiento por la Corte de los fallos que emita; 2) la interpretación de la ley puede variar en función de los hechos de cada caso judicial; 3) al crearse una nueva instancia judicial, se extenderá la duración de los procesos en, por lo menos, siete meses. Por otra parte, y en resguardo del federalismo, la interpretación del derecho por los tribunales de casación no puede ser vinculante para los jueces provinciales (art. 75, inc. 12, Constitución Nacional).

Para asumir un papel decisivo en la remoción y propuesta de los jueces, se propicia modificar el Consejo de la Magistratura. La norma proyectada colisiona con el art. 114 de la Constitución porque: 1) prosigue desconociendo el equilibrio que debe existir en el número de sus integrantes que representen a los órganos políticos, a los jueces y a los abogados; 2) altera la conformación tripartita de este órgano corporativo al asignar seis representantes al "sector científico", cifra que duplica a los representantes de los jueces y de los abogados; 3) al disponer la elección por voto popular de los miembros del Consejo que no integran el estamento político, que deben ser propuestos por los partidos políticos, desvirtúa uno de los objetivos invocados en 1994 cuando se creó el Consejo: erradicar la política en el proceso de nombramiento y remoción de los jueces; 4) esa elección popular se aparta de la letra de la Constitución, que exige la elección de los "representantes" de los jueces y abogados por sus "representados" que son, solamente, sus pares y no la ciudadanía, tal como es de práctica en los entes corporativos.

Resulta notorio que el desarrollo del presidencialismo populista -debido a la pasividad del Congreso, la indiferencia de la ciudadanía y cierta ineptitud arraigada en la dirigencia política que pretende representar a la oposición- conduce a una situación patológica con el paulatino deterioro de la estructura del Poder Judicial. La doctrina de la separación y control de las funciones del poder, elaborada por Locke, formulada por Montesquieu y complementada por Loewenstein se desvanece y con ella las garantías para la libertad, dignidad y progreso del ser humano. Esta descripción, que puede ser revertida por el ideal democrático constitucional, nos recuerda al distinguido constitucionalista Segundo V. Linares Quintana cuando enseñaba: "Si los ciudadanos no son educados para la libertad, serán siempre masa y nunca pueblo; rebaño que seguirá ciegamente a cualquier mal pastor; serán espectadores pasivos y no protagonistas de la gesta cívica".

En síntesis, gobernantes y gobernados deben comprender que, para convivir en democracia, deben romper los eslabones de la cadena populista, asumir la carga de ser ciudadanos y dejar la comodidad propia del hombre mediocre descripto, hace casi un siglo, por José Ingenieros.