BOLIVIANOS CONSTRUYAMOS NUESTRO PROPIO MODELO DE AUTONOMIAS

Noticias de Bolivia y el mundo, relativas al derecho martítimo boliviano, economía, geopolítica y diplomacia. Recopiladas semanalmente, para fines sin fines de lucro: archivo y difusión. Esta sección es mantenida por Daniel Velasquez Espejo.




BECHTEL VERSUS BOLIVIA

UN DEBATE ENTRE 'SEGURIDAD JURIDICA' Y DERECHOS HUMANOS

Argen Press de Argentina (www.argenpress.info)

Más allá de la letra menuda de los contratos, de sus adendums y de las astucias para sacar la mayor ventaja posible de estas circunstancias está el hecho de que al mercantilizar el derecho al agua se genera toda una cadena de vulneración de derechos humanos como nos los recuerda la experiencia de una humilde mujer cochabambina: 'un servicio privatizado afecta a nuestra economía familiar y acaba siendo un negocio turbio en manos de pocos'.
'Los bolivianos vamos a tener que pagar 25 millones de dólares por la salida de Aguas del Tunari. 'El país está a punto de perder'... 'no le vemos mucha salida'... 'no respetar la seguridad jurídica tiene consecuencias no sólo para un sector del país, sino para todos los bolivianos y eso lo vamos a sufrir en breves semanas en el caso señalado'. (Conferencia de Prensa Ministro José Galindo, 19 de Noviembre, Los Tiempos, 20/11/04)
Las declaraciones del Ministro de la Presidencia son absolutamente cuestionables tratándose de un funcionario de gobierno que debería en primer lugar defender nuestros derechos ante el CIADI (Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones) del Banco Mundial y ante el mundo entero. El Ministro, demasiado enfático y categórico sobre la amenaza de perder el juicio con la empresa BECHTEL, hizo estas declaraciones hace algunas semanas a sabiendas de que el juicio aún no está en una fase definitiva, suponemos que para atemorizar a las organizaciones sociales de El Alto sobre sus demandas en torno a Aguas del Illimani pero también, y 'de taquito', para referirse a los contenidos de la Ley de Hidrocarburos en relación a las inversiones de las transnacionales y señalar que no aprobemos una ley que cuestione su poder en este país.
¿Cuál es el interés del Ministro en colocar las cosas entre la espada y la pared? Pongamos las cosas más claras y recordemos que Aguas del Tunari nos demanda por $US. 25 millones a pesar de que no invirtió más de medio millón de dólares en su estadía en Bolivia. Es lo que 'esperaba' ganar en un contrato de 40 años. Nos demanda por sus 'expectativas de lucro futuro' o la 'expropiación de ganancias futuras' que es válido según la 'seguridad jurídica' instaurada para favorecer a las grandes empresas en el mundo a expensas -cuando se pueda- de los presupuestos públicos.
Pero, ¿es justa la demanda de esta transnacional? Aguas del Tunari es un consorcio conformado por varias empresas, entre ellas cuatro pequeñas socias bolivianas y una española, todas lideradas por la norteamericana Bechtel, sin embargo el juicio está planteado como si se tratara de una empresa holandesa. ¿Cuánto de holandesa tiene Aguas del Tunari? Nada. Y Bechtel que lidera la demanda ante el CIADI es más norteamericana que la comida chatarra; se trata de una transnacional muy poderosa vinculada a círculos de poder norteamericanos dedicada actualmente, entre otras cosas, al negocio de la 'reconstrucción' de Irak.
Esta empresa en los pocos meses que estuvo a cargo del servicio, no realizó inversiones, incrementó las tarifas entre un 40% y un 300% y en su afán de lucro creó las condiciones para un conflicto social de grandes magnitudes que no sólo afectó los derechos al agua de usuarios y regantes de la región, sino que posibilitó una intervención militar que mantuvo en vilo a todo el país, dejó como saldo un joven muerto, decenas de heridos y varios detenidos en Cochabamba.
Bechtel, conociendo y sacando ventaja de los recursos de la 'seguridad jurídica' a la que con tanta pompa se refiere el Ministro, cambió su dirección legal de las Islas Caimán a Holanda a fines de 1999, cuando ya había firmado el contrato de concesión con el Estado boliviano, bajo la aquiescencia cómplice de la Superintendencia de Saneamiento Básico.
Este 'traslado' ilegal fue para ampararse en un Tratado Bilateral de Inversiones que tiene Bolivia con Holanda, y ahora nos demanda ante el Banco Mundial como empresa holandesa (!!). Como se ve, su demanda ante el CIADI es totalmente inmoral e injusta y vulnera los derechos de un país pobre que tiene menos de la mitad de ingresos anuales que esta empresa y que si dispusiera libremente de esos 25 millones podría resolver una parte importante de las necesidades de agua y saneamiento básico al menos en Cochabamba.
Igualmente cuestionable es el papel del Banco Mundial que condicionó al gobierno a privatizar el agua en Cochabamba, es co-responsable del conflicto social generado, y ahora hace de juez y parte acogiendo la demanda interpuesta por Bechtel contra Bolivia en un Panel de Arbitraje donde la sociedad civil no tiene un lugar para defenderse o dar testimonio de lo ocurrido pues este panel de arbitraje está conformado por un representante designado por la empresa, uno del Banco Mundial y un representante del gobierno boliviano (que ya vemos cómo nos está defendiendo).
El gobierno debería saber que incluso ciudadanos y ciudadanas norteamericanas activistas por los derechos humanos han tenido el valor de protestar ante las puertas del CIADI por esta agresión de Bechtel contra Bolivia, y han invitado públicamente a los miembros del CIADI a conversar sobre la pobreza en nuestro país para desanimarlos de aceptar la demanda de Bechtel; qué confianza podemos tener en gobernantes que no dudan en enlodar la imagen del país a fin de hacer sonar los sables contra la amenaza que les representa la necesidad de soberanía y justicia instalada en los corazones bolivianos y que señalan los serios problemas a los que ha llevado la privatización de nuestros servicios y de nuestros recursos naturales.
Pero el ministro no deja de sorprendernos porque va aún más allá y nos dice: 'Ahora, ¿debemos pagar todos los bolivianos esa suma de dinero por no haber respetado la estabilidad jurídica del país, deben pagar todos los del Departamento de Cochabamba que decidieron echar a esa compañía o hacer un juicio para establecer responsabilidades?'
Según él somos los y las bolivianas quienes debemos pelearnos entre nosotros para ver quién es el culpable y hasta deberíamos hacer un juicio interno para determinar quién debe pagar la demanda ¡Por favor!, es una forma burda de criminalizar la protesta social. Quienes deberían ir a juicio son los que han firmado semejante contrato usurpando las fuentes de agua de la población indígena de la región, quienes han adjudicado el contrato a Aguas del Tunari a pesar de que en la licitación no se presentó otra empresa para que sea una verdadera licitación, quienes se hicieron de la vista gorda cuando Aguas del Tunari cambió ilegalmente su dirección para ampararse en el Tratado Bilateral de Inversiones con Holanda.
A quienes debemos condenar es a las autoridades que firman contratos que someten a la población boliviana y en especial a la más pobre y humilde a no tener agua a menos que la pague con creces, con tarifas indexadas al dólar, con tasas de retorno millonarias a favor de las empresas. Entonces esa supuesta 'seguridad jurídica' a la que tanto se hace mención vulnera nuestros derechos y nuestra dignidad y quienes la invocan con tanta pompa y falta de criterio ofenden nuestra inteligencia.
Más allá de la letra menuda de los contratos, de sus adendums y de las astucias para sacar la mayor ventaja posible de estas circunstancias está el hecho de que al mercantilizar el derecho al agua se genera toda una cadena de vulneración de derechos humanos como nos los recuerda la experiencia de una humilde mujer cochabambina: 'un servicio privatizado afecta a nuestra economía familiar y acaba siendo un negocio turbio en manos de pocos'. Se dice que Bolivia ha gastado ya más de un millón de dólares de sus fondos públicos sólo en costos de abogados y traslados al CIADI en Washington, es decir más de lo que esa empresa ha gastado en Bolivia.
El gobierno boliviano es parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las NNUU, que ha afirmado que el agua -que es una condición para la realización de otros derechos humanos- 'tiene que ser tratada como un bien social y cultural y no en primer lugar como un bien económico' (...) 'es una condición para la realización de otros derechos' (Comité de las NNUU para los DESC, 27 de Nov. 2002).
Esperemos que sean estos acuerdos, y no otros, los que rijan la conducta y la ética de nuestros gobernantes cuando se trate de considerar y enfrentar los conflictos que estén relacionados con el derecho humano al agua y al saneamiento.



CONSTRUYAMOS NUESTRO PROPIO MODELO DE AUTONOMIAS

Argen Press de Argentina (www.argenpress.info)

En la nueva Constitución, a dictarse en la Asamblea Constituyente boliviana, la más importante tarea será la de establecer la nueva organización política en función del territorio, esto es, la configuración del ordenamiento político y administrativo según las subdivisiones territoriales internas que, en nuestro país, actualmente, se denominan departamentos. La nueva organización político-administrativa exigirá atribuir a quienes ejerzan el Poder Público en estas otras unidades menores, o las que vengan a crearse, ciertas facultades llamadas competencias.
Para mayor facilidad o eficiencia de las funciones estatales, en razón a la complejidad de las tareas en un país tan diverso y multicultural -como es Bolivia- se ha planteado, desde hacen varios años atrás, la descentralización de las funciones estatales ejecutiva, legislativa y judicial. Hay dos posibilidades: descentralización administrativa y descentralización político-administrativa. En la primera, se autoriza el manejo y el conocimiento de determinados asuntos de la función estatal a descentralizarse aunque la decisión final depende del órgano central. En Bolivia, por ejemplo, el Prefecto (personero del órgano descentralizado) puede tomar ciertas decisiones pero su designación -y por ende, su sujeción- está atribuida al Presidente de la República.
No ocurre lo mismo en la descentralización político-administrativa porque, además de la asignación de ciertas tareas (competencias), se permite -a través de la Constitución y la ley- la formulación de políticas en diversas materias: legislativa, presupuestaria, seguridad interna, etc. Cuando la amplitud de estas políticas (mayores competencias, especialmente legislativas) es considerable o de magnitud, nos encontramos ante una nueva forma estatal: el Estado federal. Nótese que, en este proceso, hemos partido de un Estado unitario y hemos arribado a uno federal. ¿Será éste nuestro camino?
El Estado, entonces, puede asumir dos formas estatales: unitaria o federal. Este último, en rigor, es el resultado de una progresiva descentralización político-administrativa aunque dentro, todavía, del marco de las políticas generales que imprime el Poder central porque siempre quedan a cargo del Poder central atribuciones indelegables: políticas -y leyes- sobre defensa nacional, relaciones diplomáticas, política tributaria, etc. En Bolivia, por consiguiente, si se cambia la forma estatal, el Poder central seguiría teniendo estas potestades exclusivas.
La denominación de las unidades políticas menores en un Estado federal es variada. En el Canadá se llaman provincias; en Colombia, departamentos; en México, Venezuela o Brasil son Estados -distintos, por supuesto, del Estado central-. Cosa similar ocurre en la denominación del 'gobierno' de estas unidades menores: gobierno provincial en la Argentina, gobierno estadual en el Brasil. De mantenerse la división político-administrativa boliviana en departamentos -cosa que nos parece anacrónica- se hablará de un gobierno departamental.
Sea federal o unitario un país, también existe un poder local que se ejerce a través de otra modalidad muy específica encargada de los requerimientos singularizados de cada ciudad o población. Este nivel de contenido eminentemente administrativo llamamos -en Bolivia- Gobierno Municipal. No perdamos de vista que todas estas modalidades de ejercicio de parcelas del Poder, cualesquiera sea el carácter del 'gobierno' (nacional, local o municipal) son parte de la estructura orgánica del Estado. A cada uno de los niveles de gobierno le ha sido atribuido una tarea sustancialmente distinta y no es posible la superposición entre unas y otras. Así, un municipio (Alcaldía) no podrá establecer un impuesto que es materia exclusiva del Poder central a través de la función legislativa central, según lo previene la generalidad de los textos constitucionales.
Notables razones históricas explican la conformación del Estado federal. El primero de ellos fue los Estados Unidos de Norteamérica como una reacción al modelo centralista inglés. Posteriormente, los países europeos, atendiendo razones de su propia conformación sociocultural o pretendiendo mayor eficiencia, conformaron sus propios modelos federales, como ocurrió en Alemania o Suiza. La descentralización político-administrativa se mide por el federalismo. No todo país descentralizado es un país federal, aunque todo país federal es un país descentralizado políticamente. Bolivia ha permanecido fiel a la forma estatal unitaria aunque, en algún momento de su historia -como en el gran debate federal de finales del siglo XIX- se estudió la posibilidad de cambiar dicha forma estatal.
El unitarismo sigue una larga tradición que se remonta a los Estados europeos del siglo XVIII en el esfuerzo histórico por unificar sus respectivos países y territorios bajo una sólida monarquía llamada absolutista. Empero, el poder unificador fue y está convenientemente limitado en su Constitución y ello ha contribuido de manera sobresaliente a la configuración del constitucionalismo clásico y contemporáneo.
Un Estado federal, empero, mantiene ciertas características unitarias como una norma fundamental común llamada Constitución Federal, los requisitos únicos para la ciudadanía o la uniformidad estructural y orgánica de las unidades políticas federales. Estas gozan de un carácter autónomo, especialmente económico, y concurren a una decisión común en el Parlamento Federal. ¿Cómo puede alcanzarse esto? A través de un ordenamiento jurídico detallado y un texto constitucional rígido -que no sea fácilmente modificable- en el que se establece, coordinadamente, la distribución del Poder y las competencias de cada unidad federal. La tarea del diseño de la nueva Constitución boliviana, por esta razón, es enorme y de gran trascendencia histórica.
Es posible -salvando las distancias geográficas, históricas, económicas o culturales- encontrar un cierto paralelo entre la actual coyuntura boliviana y la de otros países. En España, luego de la caída de Franco, culminando la transición, el Poder Constituyente que emitió la Constitución de 1978, asumió dos grandes desafíos: a) transitar de un Estado autoritario a uno democrático y b) pasar de un Estado centralista a uno descentralizado políticamente. Esto último vendría a resolver la llamada cuestión regional acaso la de mayor trascendencia y dificultad pues había la convicción serena que el país había madurado lo suficiente para seguir la senda del constitucionalismo democrático.
En Bolivia se exige una mayor profundización del proceso democrático, en especial para acoger con efectividad la riqueza multicultural y el deseo de mayor participación ciudadana en la toma de decisiones, incapaz como se revela el actual sistema político de satisfacer esta demanda, según se confirmó en Octubre de 2003. Como en España, en 1978, en Bolivia se pide mayor democracia y se aspira a resolver, o encauzar, la proyección política de las regiones, pueblos y naciones que alberga el Estado boliviano, actualmente disgregados en una división político-administrativa (departamentos) que a nosotros nos parece antihistórica y forzada. Estos son los retos que debe enfrentar la Asamblea Constituyente.
El principal problema político en España era el de la distribución territorial del Poder. Para resolverlo, el art. 2º de la Constitución de 1978 reconoció a las regiones y nacionalidades españolas un nuevo derecho: el de la autonomía. El límite de este derecho se encuentra en la proclama constitucional de unidad y solidaridad. En esta Constitución se señala que el derecho a la autonomía se funda en la 'indisoluble unidad de la Nación española', así como la 'solidaridad' entre las regiones y nacionalidades. La unidad no significa -y así lo entendió el constituyente como el Tribunal Constitucional- un Estado unitario simple, sino un mandato que prohíbe la creación de Estados independientes a partir de una región o nacionalidad. Se dijo entonces: autonomía sí, independencia no.
De allí, a proclamarse que el nuevo Estado (español) sería el Estado de las Autonomías, no fue más que un paso. Lo siguiente fue, por supuesto, definir el marco de tales autonomías y su estipulación en un instrumento específico distinto, pero de contenido y alcance constitucional. Para cada región -conformada por un determinado número de provincias llamada Comunidad Autónoma- se concedió, desde la misma Constitución, la posibilidad de dictarse, por sí misma, un Estatuto Autonómico.
En Bolivia, vivimos -siempre en el paralelo que observamos- un proceso similar. En España, antes de la Constitución de 1978 ya se había reconocido, aunque con carácter provisorio, el régimen autonómico a Cataluña. En Bolivia, las tensiones regionales, mejor aún, todavía departamentales, pueden desembocar -si nos atenemos a la autoconvocatoria del pueblo cruceño- en un anticipo de las exigencias regionales que piden cambiar la forma estatal boliviana.
La Constitución española no define, prudentemente, la estructura territorial del Estado, aunque sí su organización. El texto se limita a reconocer el derecho a la autonomía a las regiones y nacionalidades, no a señalar cuáles son éstas ni cuál es su territorio. Se abrió, más bien, un proceso histórico y político de conformación de las autonomías en directa aplicación del mandato de la Constitución, a través de la adopción de un Estatuto para cada comunidad. Se ha dicho que el proceso constituyente español se inició antes de 1978 y concluyó con el dictado de la Constitución, en tanto el proceso estatuyente principia en 1978 y se prolonga hasta 1983 en que se emite el último Estatuto Autonómico. El período posterior, hasta nuestros días, es el de consolidación, tanto de la democracia social española como del Estado autonómico.
Las grandes dudas fueron absueltas, en la mayor parte de los casos, por fallos notables del Tribunal Constitucional español que interpretó muy sabiamente la Constitución, así como la figura del Rey que se constituyó en el referente objetivo de la unidad nacional. Sin la participación de aquél órgano jurisdiccional y la actuación comprometida del Rey (como en la asonada de Tejero), acaso la suerte del proceso estatuyente y, en especial, la consolidación de la democracia española, hubiera corrido diferente suerte.
En Bolivia, ¿es posible esperar la voluntad de las regiones -o los departamentos, en el caso que éstos asuman este rol protagónico en la refundación del Estado- para alcanzar no la unanimidad, sino el consenso histórico, así como un desempeño, a todas luces excepcional, de nuestro actual Tribunal Constitucional en el modelamiento de las nuevas instituciones? Nosotros creemos sincera y esperanzadoramente que sí.
La Constitución española señala un procedimiento para constituir una Autonomía -la futura Comunidad Autónoma- otro distinto para elaborar el Estatuto y normas específicas sobre el contenido de dicho Estatuto Autonómico. Los criterios para conformar una autonomía atendían razones de orden limítrofe en provincias colindantes, o una entidad histórica común de ciertas provincias. Se admitió, inclusive, la creación de una comunidad uniprovincial. Tal es el caso, por ejemplo, de la Comunidad Autónoma de Madrid.
En Bolivia, desde hacen ya un par de años, nosotros hemos propuesto -en un estudio particular- la creación de distritos federales -y vale, para el caso, el carácter autonómico que también pueden tener- en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, a fin de sustraerlas, en razón al peso político que ostentan en sus regiones, al debate sobre la posible nueva regionalización del país.
La Constitución española estableció que un Estatuto de Autonomía debía contener una denominación acorde a su identidad histórica, la delimitación de su territorio, la sede de sus instituciones autonómicas y, por supuesto, el catálogo de sus competencias. Debía conformarse una Asamblea legislativa elegida por voto popular que designe al presidente del Consejo de Gobierno. Es un reflejo de la forma de gobierno parlamentaria, acaso no aplicable en Bolivia. En España, finalmente, debía erigirse, en cada Comunidad Autonómica, un Tribunal Superior de Justicia. En suma, existiendo competencias legislativas hay autonomía política. Todas las competencias autonómicas son válidas siempre que no sean de competencia exclusiva y excluyente del Estado central o general.
A diferencia del Estado federal, en que la Constitución explica, incluso con detalle, la estructura del Poder y la organización política de las unidades políticas federales, en el modelo español, dicha estructura, en especial las autonomías, se conforman histórica y progresivamente, a partir del texto constitucional y se culmina con un otro instrumento de casi igual trascendencia: el Estatuto Autonómico. Esta es, acaso, la mayor distinción entre el modelo federal y el modelo autonómico español.
La forma estatal autonómica española nos evoca, posiblemente, la forma estatal federal, pero los orígenes y la manera de realizar el proyecto descentralizador en el federalismo o el Estado autonómico son distintos. En España, la descentralización política supuso un proceso permanente y no acabado en la tarea de conformar un Estado muy singular y casi único en la historia del constitucionalismo y de las experiencias políticas contemporáneas.
En Bolivia no precisamos copiar un modelo, pero es necesario -a la luz de la universalización de los conceptos y categorías constitucionales y de ingeniería política- conocer experiencias de otros países, para enriquecer nuestro propio acervo y optar por un proceso constituyente propio en la creación del nuevo Estado boliviano. Por: Wilson Jaime Villarroel Montaño



COMISIÓN RECOMIENDA CONSTRUCCIÓN DE REPRESA EN RÍO TARIJA

BN Américas (www.bnamericas.com)

La Comisión Binacional para el Desarrollo de la Alta Cuenta del Río Bermejo y Río Grande de Tarija (Cobinabe), en la frontera entre Argentina y Bolivia, recomendó construir una represa en el río Tarija, informó la Cancillería de Argentina.
La recomendación para la represa de Cambarí, avaluada en US$130mn, que se construiría en territorio boliviano fue hecha a las respectivas Cancillerías de ambos países.
La represa de uso múltiple sería la más importante de Bolivia y la primera en la cuenca de Bermejo, se lee en el comunicado, el que agrega que el objetivo es concluir el proyecto durante las administraciones de los respectivos Mandatarios de ambos países, Néstor Kirchner de Argentina y su símil boliviano, Carlos Mesa.
La comisión también se reunirá con la Corporación Andina de Fomento (CAF) para solicitar financiamiento para el proyecto en el marco del Programa de Desarrollo Fronterizo de la CAF.



MEDIOS: POR UNA COBERTURA REALIZADA EN BOLIVIA

ADEPA PREMIÓ A UN FOTÓGRAFO DE CLARÍN

El Clarín de Argentina (www.elclarin.com)

Germán García Adrasti fue enviado en junio de este año a Bolivia para cubrir la rebelión aimara, un levantamiento popular violento y a la vez con profundos simbolismos culturales. Los sucesos conmovieron los cimientos sociales de Bolivia. Hubo muertos, represiones y reclamos expresados con crudeza por los aymaras y con belleza también. Esa curiosa encrucijada, estética y política, fue captada por la cámara de García Adrasti. Sus fotos fueron distinguidas con el primer premio de la categoría Fotografía de los Premios ADEPA al Periodismo, edición 2004. También fueron premiados el diario La Nación, en la categoría Libertad de Prensa; la revista Tercer Sector, Haidé Andriolo del Nuevo ABC Rural de Pergamino y Marcela Fernández de la Voz del Interior en la categoría Bien Público; y Alvaro Aurane de La Gaceta de Tucumán, en Derechos Humanos.



VERANO TENDRÁ MÁS TURISTAS BOLIVIANOS

La Estrella de Arica, Chile (www.estrellaarica.cl)

La promoción turística de nuestra ciudad hecha por el Servicio Nacional de Turismo y la Cámara local del sector hace algunas semanas en Bolivia, está dando resultados al menos en cuanto al número de reservas hoteleras hechas por los turistas de ese país.
Julio Espinoza, gerente del Hotel Arica y presidente de la Cámara de Turismo, expresó ayer que su hotel está registrando un aumento de un 50 por ciento de reservas, en relación al año pasado. “Ya se nota un aumento permanente y eso nos hace pensar que los bolivianos vienen a vacacionar y no solamente por el periodo de carnaval”, destacó.
QUIENES VIENEN
Espinoza agregó que este año muchas de las reservas corresponden a diplomáticos y gente que se desempeña en embajadas y consulados en Bolivia. Además, se espera que el periodo que permanezcan en nuestra ciudad fluctúe entre los 5 y 12 días; es decir, casi una semana más de lo que hasta el año pasado.
Esto es el resultado directo de la promoción que se hizo en La Paz entre los días 10 y 12 de noviembre, subrayó Espinoza. Durante ese tiempo se realizó un workshop en el Hotel Radisson de esa ciudad, al cual asistió un número aproximado de 350 agentes turísticos. “Todo un récord y entonces ahí ya se notó que había interés”, expresó Espinoza.
Desde Perú también hay un aumento, ya que se está haciendo las consultas desde Tacna y se espera la llegada de pequeños grupos para enero. “Por eso estamos muy optimistas”, dijo Espinoza.
ORIENTADORAS TURISTICAS
Estos anuncios fueron formulados durante la presentación de las nuevas operadoras turísticas, que ya están recorriendo la ciudad entregando información a los viajeros.
El programa es impulsado por la dirección regional del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur).
El grupo de orientadoras está compuesto por 12 mujeres que pertenecen al Programa de Generación de Empleo (PGE) del Gobierno Regional. Ellas recibieron instrucción y clases sobre la historia de nuestra ciudad y actualmente están aprendiendo inglés. Contarán con cuatro uniformes, en los cuales fue estampado el logotipo del Gobierno de Chile y la leyenda del Sernatur.
El programa de orientadoras turísticas se desarrollará hasta el 31 de marzo del próximo año.



FINANCIAN PROYECTOS TECNOLÓGICOS EN TODO EL PAÍS

La Nación de Argentina (www.lanacion.com.ar)

Cusi-Cusi es un pueblo de 300 habitantes, a 300 km al oeste de La Quiaca -por caminos de tierra-, sobre la frontera con Bolivia. Allí, literalmente al final del mapa de la Argentina, un grupo formado por integrantes de la comisión municipal junto con ingenieros agrónomos argentinos y bolivianos se planteó el proyecto de probar qué variedad de quinua es la que más se adapta a sus suelos.
La gente de Cusi-Cusi tiene interés en cultivar este seudocereal andino de alto valor nutricional, que hasta es utilizado por la NASA en las raciones de los astronautas, en principio para consumo propio y más adelante para explorar la posibilidad de comercializarla en otras partes del país o, incluso, de intentar la exportación.
La propuesta "Fomento de la producción de quinua real en el ejido municipal de Cusi-Cusi", es uno de los 103 proyectos de innovación tecnológica que resultaron elegidos para recibir los primeros subsidios para Proyectos Federales de Innovación Productiva (PFIP), una nueva línea de financiamiento que intenta llegar a sectores de la sociedad que no accedían a los fondos dirigidos a instituciones académicas o empresas. Lo anunciarán hoy, a las 12, en el Consejo Federal de Inversiones el ministro Daniel Filmus; el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Tulio Del Bono; el secretario general del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, Hugo De Vido, y el presidente de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Lino Barañao.
"Esto es una especie de revolución en la forma de financiar la ciencia y la tecnología -dice De Vido- porque desconcentra recursos y propicia la generación de soluciones concretas en todas las provincias."
Hasta ahora, el 85% de la inversión nacional en ciencia y tecnología se concentra en las ciudades de Buenos Aires, La Plata, Rosario y Córdoba.
Los FPIP distribuyen 7.343.000 pesos a razón de 300.000 pesos por provincia, por el término de tres años, pero se rigen por un criterio novedoso: para optar por ellos no es indispensable ser científico, sino que están destinados tanto a universidades, como a municipalidades, gobiernos, ONG o centros comunitarios. Por otro lado, se priorizaron proyectos que aportan soluciones concretas a problemas sociales, económicos y productivos específicos de las distintas comunidades.
"Hasta ahora existían dos líneas de financiamiento para la ciencia y la tecnología: el Fontar, dirigido a empresas, y el Foncyt, a los institutos de investigación -dice De Vido-. Son instrumentos importantísimos, pero faltaba un programa que fuera hacia la gente y permitiera la transferencia de conocimiento hacia la sociedad." Las provincias hicieron la preselección inicial sobre la base de los temas que consideraban de interés. Un jurado integrado por miembros de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el INTA, el INTI, las universidades, evaluó la factibilidad y excelencia de la propuesta. Para asegurar la transparencia de todo el proceso, ni el evaluador ni el Consejo conocían quiénes eran los postulantes, que sólo se evaluaron en una segunda etapa.
Los proyectos presentados se agruparon en 18 líneas temáticas. El 20% comprendía propuestas relacionadas con la agricultura; el 18%, con la industria; el 8% fueron de apicultura (16); otro tanto correspondió al ámbito de la salud y el 5% giró en torno de los animales no tradicionales.
El 80% de las "unidades de vinculación tecnológica (UVT)" que presentaron proyectos corresponde a universidades. "Las UVT reciben el dinero y son responsables de su administración -explica De Vido-. Son centros de gestión que formulan el proyecto, vinculan a la universidad o a los institutos con una empresa, y cobran un 5% del total del proyecto."
Y concluye: "Estamos gratamente sorprendidos por la repercusión que tuvo este llamado. Se presentaron provincias que nunca habían participado en una convocatoria de subsidios. Ojalá que comencemos a salvar las graves asimetrías regionales que existen".



VIENTOS DE CAMBIO EN LA REGIÓN

Después de un año de recuperación económica, el desafío para 2005 será afianzar el crecimiento alcanzado. La lucha entre la democracia liberal y el populismo será la gran "piedra de tope" para lograrlo.

El Mercurio de Chile (www.emol.com)

El tema clave para Latinoamérica en 2005 será si logra mantener su firme recuperación económica, a medida que las condiciones en la economía mundial se vuelven menos favorables.
Esto está estrechamente relacionado con la lucha que está surgiendo entre la democracia liberal y el populismo, por las lealtades de la ciudadanía y los líderes políticos. Si todo va bien, la democracia liberal tal vez empiece a verse un poco menos vulnerable. Pero es posible que haya contratiempos.
En 2004, Latinoamérica tuvo su mejor desempeño económico desde 1997: medido de acuerdo al tamaño de las economías, el crecimiento del PIB de la región fue cercano al 5%. Pero, ya que las condiciones de financiamiento están más estrechas y los niveles de inversión aún son decepcionantes, el ritmo disminuirá un poco en 2005. Sin embargo, la región debería asentarse en un crecimiento constante del 4% por los próximos dos años. Dos cosas sostienen esta perspectiva. La primera es la floreciente demanda de China e India por las materias primas de Latinoamérica. La segunda, que las economías desafortunadamente volátiles y frágiles de la región están adquiriendo lentamente mejores mecanismos de defensa. Las exportaciones más firmes, el tipo de cambio flotante y, en la mayoría de las naciones, políticas fiscales más ajustadas, están empezando a hacer que la región sea más flexible.
Sin embargo, ese fortalecimiento sigue siendo una labor en marcha. Una caída en China o un agudo aumento en las tasas de interés en Estados Unidos, podrían oscurecer las perspectivas de la región en 2005, especialmente si ambas cosas sucedieran en forma simultánea.
La peor amenaza sería un abrupto estrechamiento de las condiciones financieras para Latinoamérica. Eso aumentaría las preocupaciones por la sustentabilidad de la deuda pública en Brasil, Colombia y algunos otros países. Debido a la ausencia de una rectificación repentina, a los altos precios del petróleo y a las limitaciones de capacidad, los bancos centrales latinoamericanos tendrán que estar alertas a un alza en la inflación. En otras palabras, aunque la región ha dejado atrás su "media década perdida" (1998-2002), todavía tiene mucho que hacer para lograr un crecimiento sostenido a la velocidad asiática. Para eso, los gobiernos tendrán que trabajar muchísimo más duro en incrementar la inversión a través de reformas microeconómicas, tales como una moderación en la regulación y un mejoramiento de la infraestructura. Igualmente, ayudaría una mayor capacidad de hacer pronósticos políticos.
De los dos grandes de la región, Brasil se ve mejor ubicado que México para hacer un avance en las reformas en 2005. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva tratará de impulsar cambios en las leyes laborales y de quiebra, como también tomar medidas para atraer la inversión privada hacia los proyectos de infraestructura. Puede que también presione por una mayor independencia para el banco central. En México, en cambio, el gobierno de Vicente Fox será afortunado si consigue cambios tributarios menores a través de un Congreso paralizado.
Amenaza populista
Los gobiernos en toda la región velarán por un crecimiento económico para ofrecer un gasto social extra y aumentar su popularidad. Después de la turbulencia de los últimos años, la política debería ser más tranquila. De los países más grandes, sólo Chile enfrenta elecciones presidenciales; aunque en varios otros, como Brasil y México, la campaña para los comicios presidenciales de 2006 ensombrecerá la segunda mitad del año.
En Argentina, el gobierno de Néstor Kirchner disputa una importante elección parlamentaria en octubre. Probablemente, ésta mostrará que la posición del Presidente dentro del movimiento peronista gobernante es menos irresistible. Aun cuando su gobierno tenga éxito en el intento de reestructurar las deudas, es poco probable que Kirchner abandone su inclinación populista de buscar pelea con el Fondo Monetario Internacional y los inversionistas extranjeros.
Dadas las extremas desigualdades de ingreso de Latinoamérica, el crecimiento del 4% traerá sólo una reducción gradual de la pobreza. Algunos gobiernos tratarán de acelerar eso con programas sociales específicos. Aun así, la extensa pobreza proporcionará material para los populistas, posibles salvadores que ofrecen una redistribución insostenible, más que el trabajo lento y pesado de fortalecer las instituciones y crear las condiciones para aumentar la inversión.
Una vez más, el rostro más agresivo del populismo latinoamericano en 2005 será el de Hugo Chávez, en Venezuela. Fortalecido por su victoria en un referéndum revocatorio en 2004 y los precios altos del petróleo, Chávez aumentará el rol del Estado en la economía, aunque también tratará de que la región se una trás su "revolución bolivariana". Su ejemplo tendrá cierto atractivo en otro país rico en petróleo, México. Ahí, el tema político del año será si alguien puede atajar a Andrés Manuel López Obrador, el alcalde populista de Ciudad de México, en la carrera por la presidencia en 2006.
Dejando a un lado a Argentina y México, la otra lucha importante entre los demócratas liberales y los populistas será por los países andinos. Bolivia será una preocupación en particular. El Presidente Carlos Mesa ha prometido organizar una asamblea constituyente en 2005, para que redacte una nueva Constitución. Es probable que la asamblea haga resaltar la fragmentación política de Bolivia en vez de contribuir a que la nación se una. Podría incluso provocar un intento serio de secesión de la mitad oriental menos pobre del país.
No obstante, tanto en Ecuador como en Perú el crecimiento económico debería ayudar a los presidentes impopulares a aferrarse al poder. Mientras tanto, las elecciones presidenciales en Nicaragua pueden ser una contienda entre populistas de izquierda y de derecha: entre Daniel Ortega, el candidato eterno de los sandinistas de izquierda, y el partido de Arnoldo Alemán, un ex Presidente que estuvo encarcelado.
El avance en los diversos acuerdos comerciales regionales - el Área de Libre Comercio de las Américas, el Acuerdo de Libre Comercio Centroamericano- será irregular. En noviembre, los líderes del hemisferio tienen que reunirse en Buenos Aires para la Cuarta Cumbre de las Américas (sin contar la "Cumbre Especial" en 2004) y es probable que no lleguen a ningún nuevo acuerdo sobre comercio u otros temas importantes. Pero cuando analicen la región, al menos el panorama para la democracia y el desarrollo será más optimista que en el pasado reciente.



SUGIEREN RECONVERSIÓN DE GAS A PETRÓLEO DE PLANTAS TÉRMICAS

Diputado Vilches (RN) insistió ante las autoridades del Gobierno la adopción de medidas para evitar futuros racionamientos energéticos.

El Mostrador de Chile (www.elmostrador.cl)

El diputado Carlos Vilches (RN) insistió en la necesidad de reconvertir las plantas térmicas de gas natural a petróleo industrial, para evitar los eventuales racionamientos eléctricos que, además de afectar a un importante sector del país, podrían desencadenar un freno en su crecimiento.
Para el congresista, la confirmación del racionamiento que afectará a la Región de Atacama durante un año demuestra “que el plan de obras del gobierno en materia de energía ha sido errático, improvisado y sin visión de futuro”.
Basándose en la importancia del abastecimiento eléctrico, Vilches agregó que las autoridades de Gobierno son las responsables de un perfeccionamiento armónico en inversiones para el sector, el que debe ser en generación, transmisión y distribución.
Sostuvo que “apostar a crecer en generación térmica, privilegiando el combustible más barato que se conoce en la actualidad, como lo es el gas natural, dejando de lado incentivos necesarios para la generación de hidroeléctricas y descartando las interconexiones para ampliar las alternativas de generación, incluso omitiendo las interconexiones nacionales eléctricas que fueron propuestas hace más de dos años en el país, ha provocado un grave daño al país”.
Ante este escenario, el parlamentario exigió de las autoridades un plan de contingencia “claro, preciso y que fije las reglas del juego para todos los actores del sector eléctrico, pues el país no soporta improvisaciones”. Por eso, el diputado exigió que el Presidente Ricardo Lagos revise las responsabilidades de sus colaboradores en materias como ésta, porque ante cortes de gas natural desde Argentina “podríamos vernos enfrentados a suspensión del suministro eléctrico, lo que provocaría pérdidas cuantiosas”.