ARGENTINA PLANEA EL GASODUCTO PARA COMPRAR GAS DE BOLIVIA

BOLIVIA, LA PRIMERA SEÑAL HACIA EE.UU.

La Nación de Argentina (www.lanacion.com.ar)

En Santiago, Chile, después de haber dado por superada la crisis del gas con su par Ricardo Lagos, el presidente Néstor Kirchner mencionó en una conversación con algunos íntimos que debía ser resuelto "el anillo energético" de la región. Quiso decir, en realidad, que la estabilidad del gobierno de Bolivia, proveedor de gas para la Argentina desde 2004, figuraba entre sus prioridades, más allá de las simpatías cuasi folklóricas con el líder cocalero Evo Morales, apadrinado, a su vez, por el presidente bolivariano Hugo Chávez. "Debemos apuntalar a Carlos Mesa", esgrimió.
Despojado de pasiones, Kirchner se ufanaba de la competencia que iba a generar la incursión de LanChile en el mercado aerocomercial argentino. Poco antes, en una reunión con empresarios chilenos y argentinos, había señalado sin emitir crítica que las principales inversiones en el país eran norteamericanas mientras criticaba al empresariado a secas por no haber desembolsado el dinero suficiente en el mantenimiento de los servicios y los bienes concedidos en la era de las privatizaciones.
Señales, ambas, de una visión que en principio no parecía coincidir con el arquetipo del izquierdista retórico y setentista que, según la ocasión, se quiso construir de Kirchner. Nacionalista, por un lado, y, al mismo tiempo, curiosamente renuente a aprobar la repatriación de los fondos de su provincia hasta tanto el país no ofreciera garantías.
Preguntas
Muchos se preguntan ahora, empero, por qué en un gobierno de imagen progresista y administración conservadora, coincidente en rasgos generales con otros de la región, puede tener tanto impacto un diálogo telefónico con quien, se supone, representa el otro extremo del arco ideológico. Es decir, el conservadurismo puro y duro de George W. Bush.
La mayoría de los presidentes argentinos después de Carlos Menem, empezando por Fernando de la Rúa, quiso limpiar la relación bilateral de todo vestigio de carnalidad, o de alineamiento automático, pero, en el fondo, ninguno rechazó cualquier señal que pudiera apuntar en ese sentido.
Ninguno rechazó, en definitiva, la posibilidad de estar cerca de los Estados Unidos, de modo de cobrar relevancia en la región y desequilibrar, como antes o como siempre, el vínculo con Brasil, no tan aliado ni tan estratégico en determinadas circunstancias.
De ahí las interpretaciones diversas sobre un diálogo normal (no habitual, por cierto) entre Kirchner y Bush, sobre todo en vísperas de que la Argentina sea sede, en noviembre, de la Cuarta Cumbre de las Américas.
Antes de que se realice, como Bill Clinton en vísperas de asistir en 1998 al segundo foro en Chile, la condición de todo presidente norteamericano, acaso el requisito, es crear un clima favorable, de modo de no encontrarse con un anfitrión que, entre otros gestos para la tribuna, comulgue con Chávez en sus diatribas contra el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) o, en ocasiones, se deshaga en atenciones con un dictador como Fidel Castro.
Se trata de un camino de dos vías que, en verdad, va más allá de las posturas populistas o encontradas sobre temas que no afectan de modo directo la relación bilateral o regional, como las guerras preventivas (en tanto no sean en el patio trasero) o el debate sobre la eutanasia en el Capitolio.
Fuera de ello, cada uno actúa a su aire mientras no perjudique al otro. Que la Argentina no transmita la sensación de haber afirmado la seguridad jurídica, por ejemplo, no implica un riesgo para los inversores norteamericanos en tanto dé la ecuación costo-beneficio. Si no, los capitales no irían a menos estables o confiables, como Irak o cualquier otro del eje del mal.
Ganancias mutuas
Quizá Bolivia haya sido la primera señal concreta de Kirchner hacia Bush. En su momento, ante la inminente caída del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, el envío a La Paz de un emisario argentino y de otro brasileño representó un gesto de buena voluntad para el gobierno norteamericano. Les ahorraba el trabajo, por un lado, y ganaban crédito entre sus vecinos, por el otro.
Pendiente quedaba, mientras tanto, el tema que Kirchner quiso plantear en Santiago: resolver "el anillo energético" de la región, del cual no están exentas las exportaciones del gas de Bolivia a los Estados Unidos y México. Por Chile y Perú, al parecer, no podrán salir; por Brasil podrían hallar el corredor adecuado.
Y santo remedio, más allá de las simpatías, los folklorismos y los populismos tan caros a una región no necesariamente conflictiva (salvo por Chávez, Castro, Colombia y otros dramas internos). Región que Bush, como Clinton, dejó en suspenso hasta su segundo mandato. No por falta de importancia, sino por falta de urgencia. La retórica sólo molesta si coincide con los hechos.



EL GOBIERNO RESPALDÓ NUEVAMENTE A CARLOS MESA

La visita del canciller Rafael Bielsa a Bolivia completará el apoyo para el cuestionado presidente boliviano. Hubo reuniones entre funcionarios argentinos con pares del Altiplano.

Diario Infobae (www.infobae.com)

El gobierno argentino volvió a expresar ayer el "máximo apoyo" a la gestión de Carlos Mesa en Bolivia, en un gesto que se completará con la visita del canciller Rafael Bielsa prevista para mayo.
Una delegación de representantes argentinos se reunió hoy en La Paz con el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Juan Ignacio Siles, y le transmitió el "permanente compromiso de la Argentina con el futuro de Bolivia y el máximo apoyo del gobierno" de Néstor Kirchner. Así se indicó en una carta que lleva la firma del canciller Bielsa y que fue entregada al gobierno boliviano donde comenzó a definirse además la agenda que tendrá Bielsa en su visita prevista para el próximo 18 de mayo.
La representación argentina estuvo integrada por el subsecretario de Política Latinoamericana, Leonardo Franco y el subsecretario de Integración Económica, Eduardo Sigal, quienes mantuvieron además, reuniones con los presidentes de las dos cámaras legislativas, intendentes y referentes partidarios. Sigal destacó que existe "un compromiso de trabajar por el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la integración latinoamericana" y señaló que esa postura "no significa inmiscuirse en los problemas" de Bolivia.



ARGENTINA PLANEA EL GASODUCTO PARA COMPRAR GAS DE BOLIVIA

El Gobierno mantiene su plan de construirlo en el nordeste del país para importar más gas natural del país vecino.

Diario Infobae (www.infobae.com)

El llamado Gasoducto del Nordeste Argentino, que transcurrirá por las provincias de Salta, Santiago del Estero, Santa Fe, Formosa y Chaco, supondrá una inversión de 1.000 millones de dólares, dijo Sigal. Agregó que el gasoducto incrementará a 20 millones de metros cúbicos diarios las compras de gas natural desde Bolivia. "Hay planes de inversión muy importantes que tienen que ver fundamentalmente con generar mayores condiciones para el crecimiento del desarrollo productivo de nuestros países", remarcó.
Sigal hizo estas declaraciones junto a su colega Leonardo Franco, subsecretario de Política Latinoamericana de la Cancillería argentina. Ambos funcionarios se encuentran en La Paz para preparar la agenda de la visita a Bolivia del ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Bielsa, prevista para el 18 de abril.
La declaración de Sigal devuelve el proyecto energético a la agenda de ambas naciones, tras las dudas surgidas en Buenos Aires por la demora en Bolivia en la aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos, pendiente desde el año pasado.
Sigal agregó que su país produce gas pero "no estamos siendo autosuficientes para los requerimientos del crecimiento que está teniendo el país" en diversas áreas de su economía.
Por lo tanto, aseguró, "tenemos muchas expectativas de que en la reunión que va a ver el 18 de abril se puedan generar las condiciones para avanzar en un proceso de mayor integración y mayores inversiones".
Actualmente, Bolivia vende a Argentina 7,7 millones de metros cúbicos diarios de gas natural, mediante un contrato que se está cumpliendo regularmente, dijo Sigal.
"Esto marca una tendencia creciente en el intercambio que nos da muchas satisfacciones", apuntó Sigal al término de la entrevista que sostuvo con el viceministro de Relaciones Exteriores boliviano, Jorge Gumucio.
Sigal se refirió también al debate en el Congreso de Bolivia, sobre la reforma de la normativa petrolera, del que dijo que "ojalá sea una ley que permita a los bolivianos proteger sus recursos y que se transforme en un integrador de todo América del Sur".



AHORA LAS PETROLERAS DICEN QUE EL GAS ES SUYO, LA CONSTITUCION DICE QUE ES DEL ESTADO

Argen Press de Argentina (www.argenpress.info)

Las empresas petroleras que operan en Bolivia dijeron ayer que la producción en boca de pozo es de su propiedad y que la pérdida de su propiedad es una 'confiscación'. Los argumentos fueron expuestos en la víspera ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Senadores que, según el deseo del gobierno y las transnacionales, debe 'suavizar' la ya tibia ley.
Según el artículo 139 de la Constitución Política del Estado, 'los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren o la forma en que se presenten, son del dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado. Ninguna concesión o contrato podrá conferir la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos. La exploración, explotación, comercialización y transporte de los hidrocarburos y sus derivados, corresponden al Estado. Este derecho lo ejercerá mediante entidades autárquicas o a través de concesiones y contratos por tiempo limitado, a sociedades mixtas de operación conjunta o a personas privadas, conforme a Ley'.
Este texto fue incluido en el artículo 15 del proyecto de ley aprobado hace dos semanas por la Cámara de Diputados, aunque según las petroleras, 'esta disposición no será de aplicación a los contratos de riesgo compartido actualmente en vigencia. Estos establecen la transferencia de la propiedad de los hidrocarburos producidos en boca de pozo y su libre disponibilidad'.
'La pérdida de la propiedad de la producción en boca de pozo es una confiscación de los derechos de propiedad del titular actualmente establecidos en los Contratos de Riesgo Compartido y en la Ley 1689 y reconocidos constitucionalmente', dice, irónicamente, el documento.
La migración obligatoria
En la misma línea que el gobierno de Mesa, el documento presentado por la Cámara Boliviana de Hidrocarburos cuestiona la migración obligatoria de contratos establecida en el artículo 5 del proyecto de Ley. La migración propuesta a los nuevos tipos contractuales implica una resolución unilateral de los contratos que constituye una violación a los compromisos asumidos por el Estado boliviano tanto a nivel contractual como internacional, dice el documento.
Las empresas también ponen sus dudas sobre la aplicación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), la llamada tercera vía que fue aprobada en el artículo 52 por los diputados.
'El IDH es una regalía encubierta y por tanto viola la estabilidad de las regalías garantizada en la ley y en los Contratos de Riesgo Compartido', dice el documento de las petroleras que califican a la medida como una 'regalía' pero que luego dice que es un 'impuesto' que no distingue entre campos grandes o chicos o en desarrollo y etapa de declinación.
'Derecho a veto'
El proyecto de ley petrolera aprobado por los diputados aseguró el Derecho a la Consulta a los Pueblos Indígenas, sobre cualquier proyecto de hidrocarburos que se realice en territorios indígenas. El llamado derecho a la 'Libre Consulta de los Pueblos Indígenas', es parte del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) firmado por el Estado boliviano y ratificado por el Congreso.
'Incluir el derecho a la libre consulta a los pueblos indígenas sobre actividades en territorios originarios, es solamente aplicar la ley nacida de un convenio internacional, a la nueva Ley de Hidrocarburos. Solo eso. Y por lo que nos han explicado autoridades y abogados, en nuestro país los convenios internacionales están por encima de otras leyes y códigos y apenas por debajo de la CPE', dijeron dirigentes chiquitanos.
Sin embargo, las petroleras ahora arguyen que el la predeterminación de categoría uno para proyectos situados en territorios indígenas, contraviene las disposiciones de la Ley de Medio Ambiente 1333. El Proyecto transforma un mecanismo de consulta, en un derecho de veto, dicen.



INFORME DE LA SITUACION ENERGETICA ARGENTINA A MARZO DEL 2005

'No temo tanto a quienes desde afuera nos quieren comprar,como a los de adentro que nos quieren vender' Hipólito Irigoyen. 'Un servicio público se instituye no de acuerdo con su capacidad de autofinanciación, sino con la necesidad social que lo reclama' '…el sistema de concesiones en materia de servicios públicos ha resultado un fracaso; el interés privado se ha sobrepuesto al interés social y nacional, y la administración pública se ha visto enfrentada y jaqueada por el concesionario' Julio V. Canessa, primer Administrador General de Gas del Estado - 1946

Argen Press de Argentina (www.argenpress.info)

Contexto económico
Por: Gustavo A. Calleja (INSTITUTO DE LA ENERGIA Y LA INFRAESTRUCTURA DE LA FUNDACION ARTURO ILLIA, especial para ARGENPRESS.info)* En un contexto económico donde predominan las malas noticias y a pesar de que a algunas de estas se las intenta hacer aparecer como éxitos –caso del canje, donde finalmente la quita fue mucho menor a la anunciada en Dubai, se blanquearon planes y megacanjes, incluyendo denuncias en trámite ante la justicia, se generan dudosas comisiones y se compromete a los argentinos a un esfuerzo fiscal muy difícil de sostener en el tiempo- las declaraciones del Ministro de Economía contrarias a las re-estatizaciones de empresas y a los aumentos de salarios, pero favorables a los incrementos de tarifas, clarifican el discurso oficial y lo hacen coherente con la realidad, donde, en el ámbito energético las actitudes gubernamentales indican un definido apoyo al mantenimiento del modelo neoliberal impuesto por Menem y puntualmente, en el caso de Bolivia, un marcado alineamiento con las políticas del Presidente Bush y con los intereses de las compañías petroleras integradas actuantes, en especial con Repsol-YPF.
Repsol-YPF y la Recolonización
Después del cambio del presidente de Repsol-YPF, a nadie le debe quedar duda de que la sociedad es la herramienta estratégica del Reino de España, por más que sus capitales sean privados y mayoritariamente españoles: con Aznar estaba Cortinas y con Rodríguez Zapatero está Brufau. Es lógico que éste último discuta con el presidente español los planes necesarios a la consecución de los intereses vitales del reino borbónico, especialmente sus proyectos de inversión y de generación de utilidades, y el acceso seguro a la provisión de hidrocarburos ante eventuales situaciones conflictivas. Pero no lo es que ni siquiera discuta, sino que le informe al presidente argentino sobre los mismos, porque la irrefutable conclusión que se extrae es aquella que nos retrotrae a nuestra antigua condición de colonia, que nos muestra que hemos perdido la soberanía, entendida como la capacidad de adoptar decisiones independientes a favor de los intereses del pueblo argentino. Obsérvese, por ejemplo, la diferencia con las situaciones y actitudes de los presidentes de Brasil y Venezuela en relación con sus empresas petroleras, puestas al servicio de los intereses estratégicos de sus países. Frente a la gravedad de este hecho es relativa la importancia de los anuncios de inversiones por parte de Repsol-YPF, ya reiterados en numerosas oportunidades y nunca realizados.
Las luchas del pueblo boliviano en pos de la recuperación de sus hidrocarburos
El dominio y la administración de una de sus principales riquezas remanentes se ha constituido en el centro del debate en la hermana Bolivia. Viene a la memoria la gesta de Yrigoyen, Alvear y Mosconi en contra de los trusts internacionales del petróleo, cuya primera etapa culminara exitosamente el 1º de agosto de 1929 con la apropiación por parte de YPF del mercado de los combustibles líquidos.
La crisis actual, no por esperada es menos grave, donde el presidente Mesa se ha convertido en un manipulador de plebiscitos y representante de las petroleras asentadas en su país que, casualmente, son casi las mismas que actúan en el nuestro: Repsol-YPF. TOTAL, BP, y Petrobras; las citadas, además de su accionar hiperlucrativo y depredatorio, son organismos estratégicos de sus respectivos Estados. El centro de la discusión es el tratamiento de los artículos de la Ley de Hidrocarburos referidos a la propiedad integral del subsuelo y a las regalías; los sectores populares y defensores del uso de sus hidrocarburos en beneficios de su postergado pueblo, pretenden la renacionalización efectiva de los yacimientos, la explotación por parte de un solo concesionario -YPFB- la priorización del uso del petróleo y el gas en el desarrollo industrial y social del mercado interno y una exportación controlada. Las petroleras persiguen conservar el carácter de concesionarios de explotación que ilícitamente les otorgó Sanchez de Losada, que les permite disponer a su voluntad de las reservas y de la producción; precios, exportaciones y libre disposición de las divisas incluidos. No está de más recordar que las regalías actuales alcanzan en Bolivia al 18 % y la pretensión es llevarlas -directa o indirectamente- al 50%, mientras que en Argentina la Ley las establece en el 12 % y en realidad, las petroleras liquidan el 8 ó 9 %, ante la pasividad de la Secretaría de Energía.
Actuando concordantemente con Estados Unidos, Argentina y Brasil han manifestado su apoyo a la posición del presidente Mesa. Es lógico que el presidente Lula da Silva lo haga por Petrobras, a quien solamente le interesan los intereses de Brasil, pero no es aceptable que el gobierno argentino actúe en pos de los intereses petroleros, de los cuales, los más importantes, corresponden a Repsol-YPF, e incluso que nuestra Embajada, en abierta violación a las normas de no ingerencia en los asuntos internos de otros estados, manifieste públicamente su desaliento porque los sectores progresistas no hayan firmado el Pacto de Gobernabilidad propuesto por el ejecutivo de Bolivia. No cabe otra conducta que el apoyo irrestricto a los legítimos reclamos del pueblo boliviano.
La provisión de gas boliviano por el refaccionado gasoducto de Tarija es de, aproximadamente, 6.500.000 m3 por día, mientras que dos gasoductos de exportación ubicados en la zona -el Atacama y el NorAndino- permiten exportar a Chile casi 5.000.000 de m3 diarios. Es decir que, si en cumplimiento de las Leyes de Hidrocarburos y del Marco Regulatorio del Gas en Argentina, se suspendieran las exportaciones a Chile, las necesidades de exportación disminuirían sensiblemente. Tengamos presente que no son los países quienes comercian sino las grandes petroleras, ubicadas en algunos casos, en los dos lados del mostrador (Repsol-YPF de Argentina y Repsol Andina de Bolivia, por ejemplo). Si Argentina utilizara el gas que se exporta a precio internacional y lo inyectara en la red troncal nacional a precio local obviamente más bajo (a pesar de los Decretos Nº 180 y 181 de 2004), habría un menor traslado de costos hacia los usuarios, ya que las necesidades de importar a valor internacional se reducirían al mínimo. Además de la falacia de sostener que el gas importado de Bolivia no interfiere con las exportaciones a Chile, queda en evidencia que las autoridades nacionales privilegian los negocios de las petroleras en detrimento de los intereses de los argentinos, tanto los actuales como los de las generaciones futuras.
Marco Regulatorio del GLP
El caso de Gas Licuado de Petróleo, especialmente en sus envases menores -las garrafas- adquiere connotaciones sociales de gravedad que parten de su carácter de bien sustituto del gas natural por redes; consecuentemente, tienen relación con las ilegales exportaciones de éste último, con el precio ocho veces más elevado que el gas natural y, esencialmente, en que el 40 % de los compatriotas -en su mayoría los menos favorecidos socialmente- no acceden al mismo. La reciente sanción parlamentaria del Marco Regulatorio del GLP, a pesar del hecho positivo que importó conservar la propiedad de los envases en poder de los usuarios, significa mantener por parte del gobierno el criterio de considerara a los combustibles como simples bienes comerciales - commodities- incluso en este caso que afecta a los desposeídos. El rechazo a considerarlo un servicio público con la consiguiente potestad estatal de fijar sus precios en todos las etapas de su ciclo económico, la referencia a la fijación de un precio basado en el internacional desechando el criterio del costo interno e incluso a un parámetro comparativo fundado en los valores del gas natural por redes, el no reconocimiento de las asociaciones de usuarios y trabajadores en las tareas de control en sintonía con las disposiciones constitucionales de los Arts. 41, 42 y 14 bis, la no limitación a la actuación de las grandes empresas oligopólicas en el mercado minorista, la ausencia de facilidades para la gestión de cooperativas, empresas estatales provinciales y municipales y consorcios vecinales, son los aspectos merecedores de las críticas más severas.
ENARSA y la falta de definiciones
Por decantación, llegamos a apreciar la vigencia de los problemas que nos genera la ausencia de una petrolera pública, tal como lo era YPF. Dado que gobierno nacional no transfiere a la nueva empresa todas aquellas áreas mal habidas que se encuentran en poder de los concesionarios de producción de la Ley de Hidrocarburos (más del 90 % de las mismas), la dimensión de ENARSA es irrelevante en el mundo del petróleo. El oficialismo no quiere entender que sin áreas en explotación no se recuperan ni el poder energético ni las rentas que generan los hidrocarburos; si YPF pudo derrotar a los trusts internacionales fue porque los presidentes radicales -e incluso los anteriores- además de su voluntad política, le entregaron áreas. Al mismo tiempo, es posible comprobar como se van cumpliendo los malos vaticinios formulados en los debates sobre su creación. A pesar de graves denuncias periodísticas y legislativas, nadie conoce con exactitud qué se ha firmado con China y si ello implica algún tipo de adjudicación directa, ni si la empresa ha solicitado a la Secretaría de Energía las autorizaciones para concretar su carácter de permisionario y concesionario de la Ley Nº 17.319, ni si ha aprobado su reglamento de contrataciones, ni cuales son las causas las cuales no se la responsabiliza de la ejecución de las inversiones incluidas en el Plan Energético Nacional, ni se le adjudica la administración de los fideicomisos recientemente creados.
Renegociaciones de contratos - Audiencias públicas
En los inicios de la actual gestión presidencial y ante la decisión de revisar los contratos de las privatizadas, hicimos saber a las autoridades energéticas nuestra inquietud por la exclusión de aquellos considerados como no regulados, entre los que se encontraban todas las concesiones de explotación y permisos de exploración de la Ley de Hidrocarburos, los correspondientes a las generadoras eléctricas y los derivados de la Ley de Privatización de YPF SA, incluida la venta de su capital social. Al mismo tiempo, manifestamos el beneplácito por la contratación como asesores de técnicos capacitados e independientes -FLACSO- y la incorporación de representantes de los usuarios que, final y lamentablemente, fueron excluidos; tampoco se revisaron los convenios no regulados. Señalamos también que, cuanto menos, el sector energético vinculado a la prestación de los servicios públicos esenciales debía ser reestructurado en su totalidad; nada justifica el mantenimiento el Mercado Mayorista Eléctrico y sus extrañas reglas de funcionamiento y menos aún la existencia de monopolios regionales gasíferos y la consideración de los generadores eléctricos dentro de la categoría de servicio de interés público.
En estos dos últimos años se han producido importantes incrementos en las tarifas eléctricas y de gas natural, con exclusión de las destinadas a los usuarios residenciales pero que afectaron en mayor medida a las Pymes; su repercusión en los aumentos de precios es indudable. Recientemente la UNIREN ha convocado a audiencias públicas a efectos de discutir los acuerdos alcanzados, que se realizarán en la órbita de los Entes Reguladores. Estos organismos, no han sido reorganizados y siguen funcionando con los mismos defectos que arrastran desde su creación; en otras palabras, al ser dependientes del Poder Ejecutivo carecen de independencia de criterio por lo que las decisiones que finalmente adopten luego de concretadas las audiencias públicas no serán, previsiblemente, contrarias a los acuerdos previos entre la UNIREN y las empresas. La negativa a facilitar a las asociaciones defensoras de los usuarios y consumidores el acceso a datos básicos para discutir fundadamente los aumentos acordados, fundada en el erróneo criterio de reconocer a las empresas concesionarias o licenciatarias la confidencialidad contable y operativa, y la ausencia de dictámenes previos por parte de la SIGEN y de la AGN, otorga a los resultados de las audiencias una final esperado y criticable: se volverán a otorgar incrementos tarifarios sin conocer los reales costos de producción alegados por las privatizadas y se habrá perdido la oportunidad de reestructurar los sistemas eléctrico y gasífero.
El Encuentro Nacional por la Soberanía Energética
Distintas organizaciones sociales han participado en la creación del Encuentro Nacional de la Soberanía Energética. Los objetivos principales son la recuperación del dominio de los recursos naturales por parte del Estado Nacional y la consiguiente recuperación de su renta. Ello permitirá su explotación con sentido racional, contemplando las necesidades de las generaciones futuras y la prestación de los servicios esenciales en donde se apliquen los criterios de accesibilidad y permanencia para todos los argentinos, sin importar su nivel de ingresos ni su lugar de residencia.
En el documento básico y en relación a la situación actual, las organizaciones manifiestan que 'Las luchas realizadas hasta ahora no alcanzan para rebatir esas políticas nefastas; debemos alcanzar otro escalón en intensidad y organización y recuperar para el Estado Nacional la propiedad de los recursos energéticos, así como un nuevo modelo superador, de gestión democrática y con control popular en la dirección de las empresas de servicios públicos'. De este convencimiento parte la propuesta de nacionalizar los recursos naturales, democratizar la gestión de las empresas públicas que se recuperen, revisar las concesiones energéticas incluyendo las hidrocarburíferas, racionalizar, generalizar y socializar el concepto de servicio público y avanzar en la integración energética latinoamericana.
Dentro de las instituciones que participan, se encuentran algunas que actúan en consonancia con las decisiones de un Poder Ejecutivo jugado a mantener el neoliberalismo energético, circunstancia que habilita a preguntarse cual es el real objetivo de participación.
Aumento de precios de los combustibles líquidos
Según publicaciones de Repsol-YPF correspondientes al año 2003 (Informe Anual 2003) su costo total internacional -del que Argentina es una parte más que importante- alcanza a U$S/barril 6,10, compuesto de 1,46 de exploración, 2,92 de desarrollo y 1,72 de extracción). Como en nuestro país prácticamente no se explora, restándole los 1,46 correspondientes, el costo total queda reducido a U$S/barril 4,64. Como actualmente el gobierno regula el precio de ingreso a refinerías mediante las retenciones móviles, los aproximadamente 48/55 U$S/barril de la cotización internacional del crudo WTI se transforman en 32 U$S/barril. El margen porcentual entre el costo total de U$S/barril 4,64 y el valor de ingreso a industria alcanza al 589 %. Este margen había sido consensuado entre las productoras y las refinadoras y avalado por el Poder Ejecutivo en el 2002; de allí en más, el actual gobierno lo ha tolerado sin observaciones.
Rigen en Argentina leyes no respetadas, en especial, por las petroleras, que ponen por encima de las leyes de la Nación a las del mercado, para peor, oligopólico. Esto es lo que han hecho con la Ley de Convertibilidad Nº 23.918 dictada en abril de 1991 y ratificada por la vigente Ley de Emergencia Pública Nº 25.561, que estableció la prohibición de aumentar los precios en base a relacionarlos con valores o índices de cualquier naturaleza. Todas las empresas actuantes en el sector petrolero aplican la libertad de precios que les otorgaran tres simples decretos desreguladores de 1989 e invocan como justificativos de sus incrementos las variaciones en el precio internacional del petróleo.
La postura de Shell y Esso se emparentan porque no son productoras y, consecuentemente, deben comprar el petróleo crudo a las extractoras que se lo venden al precio internacional localmente ajustado o, caso contrario, deben importarlo. En consecuencia, no son formadoras de precio. Recordemos que siete consorcios extraen el 90 % del petróleo, y dentro de ellos, Repsol-YPF llega al 42 % (sólo en los consocios que encabeza) y Petrobras alcanza al 18,5 % en las mismas condiciones consorciales.
Tanto la actitud del Presidente de convocar al boicot contra los productos de la Shell, como las expresiones favorables de algunas organizaciones populares, de empresarios y de consumidores que actúan en consonancia con la Secretaría de Defensa del Consumidor y la Competencia, no resuelven, en los hechos, los problemas creados por la privatización del sector petrolero.
Además, como de las 900 estaciones Shell, 700 están concesionadas a pequeños comerciantes, que ocupan a 8.000 empleados, los más perjudicado serán éstos; además, el daño que puede ocasionarse a una corporación multinacional de esa envergadura es insignificante. La pelea la debe dar el Poder Ejecutivo llevando ante las instancias administrativas y judiciales a los máximos responsables de las empresas que han incrementado sus precios alegando la vigencia de aumentos en los valores externos y, si tal conducta obliga a incluir a los productores -Repsol-YPF y Petrobras incluidos- es la oportunidad para que el Poder Ejecutivo demuestre en los hechos su voluntad de cambiar el modelo neoliberal.
El planteo contra la Shell permite captar apoyos populares. No es una empresa que despierte adhesiones sino todo lo contrario. No la quisieron Winston Churchill ni Franklin Delano Roosevelt por las simpatías hitlerianas de sus principales accionistas; la SEC de Nueva York-equivalente a nuestra CNV- la tiene en jaque por la sobreestimación fraudulenta de sus reservas; los vecinos de Magdalena llevan varios años esperando que repare los daños ecológicos que causó el accidente de un barco de su pertenencia; ha financiado revoluciones y apoyado dictaduras sangrientas en varios lugares del mundo; en Argentina desde la década del treinta y hasta la desregulación justicialista de 1989 -conjuntamente con la Esso- se ha acomodado en la franja de refinación y comercialización, especializándose en el 'abrepuertismo' y en obtención de márgenes de beneficios lo más elevados posibles; sus inversiones de riesgo han sido muy pocas y sin éxito, dentro de las normas de la Ley de Contratos de Riesgo y del Plan Houston. Fue la principal impulsora de la desregulación, recordándose su colaboración en la confección del llamado Petroplan durante la gestión del Ministro Terragno en 1987, como también en la preparación de los decretos desreguladores de 1989 Nº 1.055, Nº 1.212 y Nº 1589.
Apenas asumido el Presidente Kirchner, conjuntamente con la Esso, Repsol-YPF y Petrobras, obtuvieron del ejecutivo una prórroga de cuatro años para poner en orden sus refinerías, en cuanto a la elaboración de combustibles dentro de parámetros aceptables -ya vigentes- para la salud humana y el medio ambiente. Su actual presidente es un enemigo declarado del GNC; ha utilizado para ellos erróneas afirmaciones sobre las cargas tributarias que afectan a los combustibles y olvidándose que las normas del mercado le aconsejan competir bajando sus precios. Desde abril de 1991 la empresa no ha indexado los salarios de sus trabajadores, ni aceptado aumentos de locaciones basados en cualquier referencia externa indexatoria, pero si ha aumentado los precios de sus combustibles en relación al aumento de los valores internacionales del petróleo y, cuando éste ha disminuido, ha alegado la necesidad de 'emparejarlos' con los vigentes en ciudades del primer mundo que pertenecen a países netamente importadores y que tienen un nivel de ingreso por cabeza cinco o seis veces mayor al argentino. Con la facilidad de trasladarlo a precios, ha aceptado la indexación en el precio del crudo que efectuaban los productores locales, cuando lo lógico hubiese sido denunciarlos ante las Secretarías de Defensa de la Competencia y de Energía, e incluso ante la Justicia. Tiene el Gobierno Nacional otras herramientas legales factibles de ser aplicadas. La Ley de Emergencia Pública (Art. 13) le otorga la facultad de regular los precios a fin de proteger a los usuarios y consumidores de eventuales distorsiones o maniobras oligopólicas. La Ley de Abastecimiento Nº 20.680, cuya vigencia se obtiene mediante el dictado de un simple decreto, lo faculta a establecer precios e intervenir a las empresas. Obviamente, un gobierno creyente de las teorías del mercado ni siquiera las menciona. La Leyes de Defensa del Consumidor Nº 24.240 y de Defensa de la Competencia Nº 25.156, aunque más inocuas, también resultan de aplicación. Para las productoras cuenta con la Ley de Hidrocarburos, que bajo pena de nulidad absoluta, según sus términos, prohíbe la acumulación de más de cinco áreas, las prórrogas otorgadas por fuera de las condiciones que ella establece y el acceso a la categoría de concesionario mediante reconversiones de contratos.
La continuación de la crisis y el incumplimiento del Plan Energético anunciado en el 2004
El Plan Energético 2004 que incluía un horizonte de corto y mediano plazo se debate en el campo de los incumplimientos. El gran gasoducto del NEA, a pesar de la Ley de promoción sancionada el año próximo pasado y conocida como Ley Techint, está paralizado y a la espera que se resuelva el conflicto boliviano; así lo han decidido las compañías más interesadas Techint, Repsol-YPF y Petrobras. La ampliación de los Gasoductos del Norte y del Sur -que también concretará Techint- recién están en sus comienzos y se duda que puedan contribuir a paliar los faltantes ya iniciados en febrero pasado. La nueva usina termoeléctrica que debía funcionar en el invierno que se aproxima está pendiente de definición en cuanto a si serán una o dos y también en lo referido a sui emplazamiento definitivo. La hidraulicidad es baja en la región del Comahue, en Salto Grande y en Yacyretá. La demanda de gas natural ha ido en aumento. El PURE produjo efectos inversos a los esperados y será actualizado a la brevedad, dentro de los limitados parámetros en que lo ha definido, ya que solamente abarca la conservación y olvida la sustitución y el desarrollo de las nuevas fuentes.
El sistema eléctrico funcionará dentro de límites muy precisos y los cortes de gas serán mayores que los del 2004. Con la lógica que aplica el PE los cortes serán aplicados quienes paguen menos, descartándose las consideraciones sociales de cualquier tipo. Seguramente, con la finalidad de no dañar los negocios de las refinerías -que figuran como consumidores industriales- no serán obligadas a no utilizar gas natural y en preservación de los intereses de las exportadoras, los envíos a Chile sólo serán afectados verbalmente.
Conclusión
Consecuentemente, las declaraciones de funcionarios señalando que carecen de legislación adecuada para salir del sistema energético neoliberal no son aceptables. Sólo se requiere que el Poder Ejecutivo adopte en la práctica las posturas políticas que sostiene verbalmente, haciendo uso de las normas vigentes en defensa de los consumidores y de los recursos estratégicos de pertenencia común. Tiene incluso, obligaciones constitucionales. En el área energética no caben más las posiciones duales ni el doble discurso. La no revisión de los contratos surgidos de los Decretos Desreguladores de 1989 que beneficiaban a los concesionarios y permisionarios de la Ley Nº 17.319 y de los generadores eléctricos a los que se califica como no regulados, el 'premio' del aumento del 270 % en dólares al precio del gas en boca de pozo y su redolarización, otorgado luego de los cierres de válvulas denunciados por el Presidente en los Estados Unidos, el permiso por cuatro años más otorgados a las refinadoras para que puedan seguir produciendo combustibles altamente perjudiciales para la salud, la premeditada ignorancia a reconocer la existencia de la Acción de Oro en YPF SA, el mantener vigentes los decretos desreguladores y otros relacionados que permiten la vigencia del precio internacional del crudo como referente en las transacciones internas, el reiterar la propiedad de los yacimientos como de propiedad provincial, etc. no nos permiten ser optimistas sobre la ruptura de las políticas implementadas por Carlos Menem y continuadas por todos sus sucesores. * Gustavo A. Calleja es presidente del Instituto de la Energía y la Infraestructura de la Fundación Arturo Illía.



Opinión:

DEMANDA DE ENERGÍA

La Estrella de Iquique, Chile (www.estrellaiquique.cl)

La provisión de electricidad en los países del Cono Sur de Latinoamérica se ha hecho más insegura. La Cepal informa que se requieren inversiones por 20 mil millones de dólares para resolver los problemas que se avecinan; de acuerdo con ese organismo, las causas principales de la mayor inseguridad son la dependencia de las lluvias en Brasil y Chile, y los cambios en las reglas de juego y la mayor incertidumbre que enfrentan los inversionistas en Argentina y Bolivia.
En el Cono Sur, los grandes demandantes de energía son Brasil y Chile; los potenciales suministradores son Argentina y Bolivia. Pese al evidente potencial de ganancias de intercambios entre los dos grupos de países, éstas se han desvanecido ante la inestabilidad política de los suministradores. La crisis macroeconómica en Argentina y el no haber ajustado los precios de los servicios públicos condujeron al cese de las inversiones privadas en el sector gasífero, al mismo tiempo que está aumentando el consumo interno de este combustible, debido a la recuperación económica. Bolivia, con sus problemas políticos internos y la oposición demagógica a la inversión extranjera, ha sido incapaz de aprovechar sus grandes riquezas energéticas.
Brasil sufre una sequía inusualmente grave, cuyos efectos pueden verse amplificados debido a su estrecha capacidad de ajuste de la generación a la demanda eléctrica. Chile, que al parecer no enfrentaría una sequía este año, tiene el inconveniente de haber invertido fuertemente en infraestructura (gasoductos y plantas de ciclo combinado) que depende de un gas argentino cada vez más inseguro. Incluso si no hay cortes en el suministro, la incertidumbre ha paralizado buena parte de las inversiones en nuestro país, por lo que se estima que la probabilidad de fallas en el suministro de gas será elevada en el futuro cercano.
El Gobierno ha reaccionado proponiendo una ley que resolvería algunos de estos problemas en el futuro mediano, al permitir la licitación de contratos de las distribuidoras de electricidad a un precio que permanecerá constante durante el período de aquélla. Esto reduce los riesgos que enfrentan los inversionistas, a diferencia de la situación actual, en que el precio de nudo en los contratos de suministro puede variar. Aunque no es la mejor solución para reducir la incertidumbre, estos cambios, aparentemente, serían suficientes para resolver el problema del mediano plazo.



CORTES DE GAS AFECTAN A CASI EL 100% DE LAS INDUSTRIAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA

El Mercurio de Calama, Chile (www.mercuriocalama.cl)

El sector industrial recibió un nuevo golpe. A partir de hoy, cerca del 100% del gas que consumen las industrias de la Región Metropolitana estará cortado. Así de simple: “ninguna empresa de Santiago recibirá gas”, sentenció el vicepresidente de la Asociación de Industriales de la Zona Norte de la capital, Luis Khon.
La preocupación no es menor. Este panorama supera con creces los niveles de recortes que afectaron a las compañías a comienzos de marzo, cuando Metrogas dejó de abastecer el 70% de las demanda industrial de gas debido al alto redireccionamiento decretado por el gobierno argentino. El martes 8 de este mes, los recortes afectaron a unas 189 empresas y un día después el impacto se extendió a 300 compañías. Hasta ayer las restricciones afectaban al 20% de los requerimientos industriales, pero el respiro no duró.
Kohn explicó que a partir de las 14:45 horas de la tarde de ayer Metrogas comenzó a informar a las compañías de los nuevo recortes: “de acuerdo a lo establecido en el contrato de abastecimiento vigente con su empresa, para mañana (hoy) miércoles 30 de marzo de 2005, desde las 6 de la madrugada, su empresa podrá consumir un máximo de cero metros cúbicos”, señala la carta enviada por la distribuidora.
Los repentinos anuncios de recortes, preocupa a los industriales, dijo Kohn, debido a que no les da la capacidad de reaccionar, por cuanto se les avisa solo con 24 horas de anticipación.
En la Asociación de Distribuidores de Gas Natural (AGN), su director ejecutivo, Carlos Cortes, fue cauto en dimensionar la magnitud de los recortes que afectará a la zona centro del país. Y es que la situación argentina cambia a cada hora, señaló el ejecutivo.
Esta nueva contingencia se desencadenó luego de que uno de los abastecedores de Metrogas, Sierra Chata se viera obligado a absorber gran parte de los 13,4 millones de metros cúbicos de redireccionamiento mandatado por el gobierno argentino.
En el sector industrial, la percepción es distinta. Para Kohn “ahora si empezó la crisis” y señaló que la industria “está con oxigeno y que las autoridades sólo se van a preocupar cuando se esté ahogando”.
El gerente general de Indura, Jaime Castañeda, señaló que las compañías están con el gas cortado hace tiempo y que debido a la incertidumbre con el gas argentino, sólo están ocupando gas propano, pues no se puede cambiar el combustible en sólo 24 horas.
A juicio del ejecutivo, la responsabilidad de este episodio recae en las autoridades. “El gobierno debe reconocer que hay una crisis energética, ahora”, dijo.
Para el vicepresidente de la Asociación de Industriales de la Zona Norte de Santiago, una de las soluciones que están barajando es formar una entidad gremial de consumidores de gas con todas las compañías que hoy están convertidas a gas natural. Esta agrupación pretende ir a Argentina y buscar de forma directa una empresa que les entregue gas natural e intercambiarlo por otros combustibles como diesel, es decir, realizar lo que él denominó un Swap.
Respaldo
Más allá de estas eventuales medidas de solución, el gerente general de Indura, reconoció que la mejor solución es contar con sistemas de respaldo. En la actualidad las mayor parte de las grandes empresas están convertidas y pueden funcionar con otro combustible, por lo que son las más pequeñas las que se ven realmente afectadas.
Por esto, los recortes de gas dejaron costosas enseñanza entre las empresas. El escenario de restricciones desencadenadas en mayo de 2004, llevó al sector industrial a incrementar la instalación de sistemas de respaldo. Según un informe elaborado por la Asociación de Gas Natural en colaboración con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, arrojó que entre octubre de 2003 a la fecha el respaldo del sector industrial de la Región Metropolitana pasó del 66% al 81%. Mientras, a nivel país –contabilizando las empresas que operan en las regiones V, VIII y Región Metropolitana– el uso de alternativas de respaldo pasó aumentó de 75% al 86%. Los combustibles más utilizados fueron el diesel, seguido por el Fuel oil Nº 6 y en tercer lugar el gas licuado.



Suministro de gas

GNL: FIJADA FECHA PARA LICITAR PROYECTO

El Mercurio de Chile (www.emol.com)

Avanza el proyecto de gas natural licuado (GNL) que impulsa el Gobierno para reemplazar la falta de gas natural argentino. Incluso, trascendió que el próximo 2 de mayo la Enap iniciará el proceso de licitación que permitirá seleccionar a las empresas que suministrarán GNL a Chile. La iniciativa, que demandará unos US$ 300 millones, comprende la oferta de gas natural licuado -que llegará a Chile por vía marítima-, la construcción de un terminal de regasificación y una central de ciclo combinado.
Hasta ahora han sido contactados unos siete interesados, los cuales tendrán hasta el 1 de julio para presentar sus ofertas. Aunque el factor precio está manejado con mucha confidencialidad, en el mercado se estima que el millón de BTU -unidad de medida- debería fluctuar entre 3,2 y 4,5 dólares.
En octubre será seleccionado el ganador. La construcción está programada para fines de 2005 y después de 36 meses estarían operando las nuevas instalaciones. En cambio, a nivel de consumidores, estaría comprometida informalmente la participación de Endesa, AES Gener y Colbún.



ENAP ADJUDICA EN OCTUBRE PROYECTO DE GAS NATURAL

Iniciativa demanda una inversión de US$ 300 millones y estaría lista a fines del 2008. Empresas como Endesa, Colbún y Metrogas serían algunas de las interesadas.

La Tercera de Chile (www.latercera.cl)

Silenciosamente trabaja la estatal Enap para sacar adelante el proyecto que busca diversificar la matriz energética y traer gas natural licuado (GNL) de Trinidad y Tobago, Africa o el vecino Perú. La idea de la petrolera es lanzar la licitación internacional el 2 de mayo, recibir las ofertas hasta el 1 de julio y adjudicar la iniciativa en octubre, para que la construcción del megacomplejo comience este año o a inicios del 2006.
El proyecto considera la instalación de un terminal receptor de gas, dos estanques, una planta regasificadora, los ductos y posiblemente una central de ciclo combinado que use este gas para operar y que se localizaría en Quintero. El estudio de impacto ambiental se está terminando y se enviará a las autoridades en las próximas semanas, señalan fuentes ligadas a la iniciativa.
La inversión global ascendería a US$ 300 millones y se prevé que los principales operadores internacionales del rubro gasífero participen en el proyecto, que estaría listo a fines del 2008. Entre las firmas que ya han manifestado su interés en contar con este gas natural hay varias generadoras, además de Metrogas y la propia Enap.
Endesa contaría así con el hidrocarburo que necesita para San Isidro y Colbún tendría el combustible necesario para operar Candelaria sin recurrir al diésel, sostienen ejecutivos que conocen del proyecto. Hasta ahora, el complejo contaría con una demanda de cinco millones de metros cúbicos al día, que es posible de triplicar al avanzar la próxima década.
En cuanto al precio, el costo del GNL estaría entre US$ 3,2 y US$ 4,5 el millón de BTU (unidad de medida energética). El gas natural argentino se situaría en unos años más en US$ 3,5, mientras que el carbón se cotiza hoy cerca de US$ 5 por millón de BTU, aunque podría bajar al final de la década.
Para llevar adelante la iniciativa es clave que se aprueben las llamadas cuotas al gas, sostienen en el gobierno. Este cambio está contenido en la reforma eléctrica y considera limitar a 85% el gas proveniente de un único destino a partir del año 2010. En el Ejecutivo hacen ver que el límite es bajo considerando los parámetros que en este sentido se exigen en España, Japón e Italia.
Chile dejará de comprar crudo a Argentina
Chile comprará a Argentina en 2005, vía Enap, el 27% del petróleo que requiere, porción que bajará casi a cero en el 2008, estimó un experto ligado al sector público.
"A los usuarios no les debería afectar porque se considera como mercado relevante, para calcular los precios, el golfo de México, pero sí impactará en los márgenes de Enap", dijo María Isabel González, ex titular de la CNE. El consultor Alexander Galetovic dijo que esto no tendrá impacto en el país, pues este mercado está muy desarrollado en el mundo y existen muchos abastecedores. Ramón Galaz, de Valgesta, dice que Ecuador puede ser proveedor de Chile en el mediano plazo.
En 2004 se compró crudo por US$ 1.291 millones a Argentina.