Monday, March 28, 2005

OLLANTA HUMALA EN ANIVERSARIO DE PARTIDO DE EVO MORALES

Entrevista a Carlos Naranjo Por: Darwin Cruz.

“INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA CON BOLIVIA REDUCIRÁ LAS TARIFAS ELÉCTRICAS”

El Expreso de Perú (www.expreso.com.pe)

Una próxima interconexión con Bolivia permitiría traer mayor energía eléctrica al país. Si bien es cierto se incrementarían los costos en una primera etapa, esto cambiaría radicalmente al aumentar la oferta de electricidad. Esta es una de las precisiones que, en conversación con EXPRESO, hizo Carlos Naranjo, gerente general de Red Energía del Perú (REP).
–De un tiempo a esta parte, se habla mucho de la interconexión eléctrica con Bolivia. ¿Qué beneficios traería al concretarse?
Las interconexiones internacionales permiten aumentar el mercado para los generadores y la oferta en el caso del consumidor. Esta interconexión con Bolivia forma parte de un proyecto para interconectar a todos los países miembros de la Comunidad Andina.
–Al aumentar la oferta para el consumidor final entonces, obviamente, le reportaría beneficios…
Exacto. Entonces no hay que tenerle miedo a la interconexión, porque se dice que la interconexión sube las tarifas. Subirán en un momento corto y breve, pero está visto, por la experiencia en el mundo, que en el largo plazo lo que hace es bajarlas.
–¿En qué momento del proyecto habría este aumento en las tarifas?
Solamente sería al inicio del proyecto y su duración dependerá de la comercialización de la energía que se haga. Le doy un ejemplo, antes de la interconexión entre Colombia y Ecuador se dijo que habría un incremento de tarifas y no fue así. De manera inmediata se benefició a los usuarios finales de cada país a través de una reducción.
–Entonces ganan todos…
Gana todo el mundo porque es una región más grande y, en vez de ubicar a los generadores en todos los sitios, se instalan en lugares estratégicos para que vendan y eso traería como consecuencia una disminución en los costos de producción.
–¿Cuál sería el papel inicial de Bolivia en la interconexión?
Bolivia sería exportador. La energía es más barata en ese país debido a la presencia del gas natural. De tomar Bolivia la decisión, todo el trabajo de interconexión duraría de dos a dos años y medio.
–Pero con el contexto que envuelve a Bolivia, este tema podría quedar relegado. ¿No se requiere una respuesta más rápida?
Sería lo ideal. Incluso Bolivia ya le dio al grupo de Interconexión Eléctrica (ISA), a la que pertenece Red Energía del Perú, una licencia previsional para hacer un estudio de interconexión en el tramo que corresponde a ese país.
–¿Cuánta es la cantidad de energía a transportar una vez concretado el proyecto?
Permitiría en principio transportar 150 megavatios. Y si nos centramos en el valor del proyecto, pues estamos hablando de US$ 80 millones.
Ley de concesiones
–¿Cómo ve el mercado de la electricidad en el país ahora que tenemos una nueva ley de concesiones eléctricas?
Los cambios que se han hecho a fines del año pasado son necesarios. Es imprescindible promover el incremento de las inversiones en generación. La demanda en el Perú viene creciendo de manera importante en los últimos años. El año pasado fue casi de 6%. Se requieren entre 150 y 200 megavatios más cada año.
Rentabilidad
–¿A cuánto ascienden las inversiones hechas por la empresa?
Entre 2003 y 2005 hemos invertido US$ 18 millones adicionales a los US$ 15 millones pactados en el momento de la concesión.
–¿A qué parte del país atiende REP?
Desde la frontera con el Ecuador. Es decir, nos ocupamos de la interconexión, hasta el sur del país. Cubrimos 19 departamentos, tenemos 5,400km de circuito y 45 subestaciones. Recientemente hemos recibido la certificación ISO 9001:2000 a los servicios de transmisión de energía eléctrica y mantenimiento del Sistema Peruano de Transmisión. Eso da la garantía de que estamos haciendo las cosas bien.



ITI TAMBIÉN RECHAZA AGENCIA BOLIVIANA EN IQUIQUE

La Estrella de Iquique, Chile (www.estrellaiquique.cl)

Un nuevo detractor tiene la iniciativa de instalar una agencia de servicios portuarios para Bolivia en Iquique. A la negativa que los parlamentarios Fulvio Rossi y Jaime Orpis manifestaron en contra del proyecto, se sumó el rechazo de la empresa Iquique Terminal Internacional, que a través de su gerente general, Claudio Pommiez, expresó su opinión al respecto. “El eventual reconocimiento del Puerto de Iquique como oficial para Bolivia no beneficia ni a los operadores de comercio exterior de Bolivia, ni al puerto ni a Iquique, ni al país en su conjunto”, aseveró Pommiez, quien aseguró que tal posición está en conocimiento de la cancillería chilena.
Pommiez cuenta con cartas de los propios gremios empresariales más importantes de Bolivia, en las cuales rechazan el eventual reconocimiento de Iquique como puerto oficial para ese país, ya que ello implicaría la instalación de la ASPB, (Agencia de Servicios Portuarios para Bolivia), en el terminal, lo cual se traduciría en mayores costos para los operadores de comercio exterior, que en algunos casos llega hasta US$ 200 por contenedor.
Explicó que la propia Cámara de Industria y Comercio (Cainco), entidad que agrupa a los más importantes operadores de comercio exterior, le solicitó a Iti que le hiciera llegar una copia a la Cancillería chilena y al cónsul de Chile en Bolivia, hecho que ocurrió en diciembre del año pasado. La Cainco a su vez le envío la carta de rechazo al Ministerio de Hacienda, a la Aduana y a la Secretaría General de Gobierno de la vecina nación. "Los mayores costos afectarían a Iquique en su conjunto, y a la competitividad del puerto de Iquique, ya que al ser éstos mayores, la carga disminuye y a consecuencia de ello cae la actividad y el empleo", precisó Pommiez.
Recalcó que en la actualidad, con las normativas y los tratados vigentes están dadas todas las condiciones para que los empresarios bolivianos operen por Iquique. Respecto a los fundamentos dados a conocer por el seremi de Gobierno, Rigoberto Sánchez, en el sentido que las cargas que se mueven a través del MIC-DTA, son bajas, el máximo ejecutivo señaló que ello no se debe al documento, sino a que la actual conectividad vial no está en las condiciones que se requiere, tanto por el lado boliviano como chileno.



HUMALA EN ANIVERSARIO DE PARTIDO DE EVO MORALES

El líder del Movimiento Nacionalista, Ollanta Humala, asistió al aniversario del Movimiento al Socialismo (MAS), del líder opositor boli- viano Evo Morales. Ex militar peruano desta- có al MAS como un medio para que movi- mientos andinos tengan cabida en la política.

El Comercio de Perú (www.elcomercioperu.com.pe)

El también diputado boliviano celebró los diez años de su partido con el sueño de conformar una "patria grande" que reúna a los latinoamericanos.
"Este es un día importante", dijo Morales a la agencia dpa y otros medios de prensa en la ciudad de Cochabamba, poco antes de iniciar el festejo del décimo aniversario de su organización, en la vecina localidad de Capinota (centro). "Es lo que soñamos desde el año 1995 cuando fundamos un instrumento político del pueblo y de la liberación (que) avanzó en base a la conciencia. Por eso, en este momento, el MAS (...) es la primera fuerza política en Bolivia", agregó el dirigente, que el domingo lucía una camiseta con el azul que identifica a su partido.
Acompañado por varios delegados internaciones, entre ellos del Movimiento Nacionalista Peruano y del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, Evo -como se le conoce en Bolivia- atribuyó esta presencia a la "alianza natural que tienen los movimientos sociales".
"Los movimientos políticos a nivel de Latinoamérica, sentimos, soñamos que un día tendremos la patria grande, la unidad de los latinoamericanos para enfrentar primero la pobreza, esa discriminación, recuperar los recursos naturales y finalmente enfrentar unidos como latinoamericanos a la soberbia del imperio", añadió. El líder del Movimiento Nacionalista Peruano, Ollanta Humala, quien asistió a la celebración, consideró que el MAS "abre un nuevo camino para los movimientos sociales de representación andina para que tengan cabida dentro de la política". "Saludo con beneplácito que este movimiento político que tiene gran representación en este país hermano haya llegado a cumplir 10 años, a pesar de todos los tropiezos y una serie de problemas que ha tenido", declaró



INTEGRACIÓN DEBERÁ SEGUIR ESPERANDO

La Estrella de Arica, Chile (www.estrellaarica.cl)

El próximo viernes 1 de abril, Chile y Bolivia darían un gran paso en el tema de la integración, al eliminar el uso del pasaporte para los viajes entre ambos territorios. No obstante, la Cancillería boliviana informó a su similar en Chile que no es posible poner en práctica tal proceso, por cuanto quedan trámites pendientes por cumplir y algunas consultas internas en el Parlamento y en otras instancias de Gobierno.
ENTRE LINEAS
Las reacciones no se hicieron esperar. El diputado Luis Iván Paredes (PS) calificó esta postergación como un perjuicio recíproco, ya que se había generado grandes expectativas, sobre todo en el tema turístico y comercial. Aseguró que la explicación formal de la negativa boliviana es la tramitación pendiente en los entes de Gobierno en el país altiplánico. Sin embargo, dijo que se podría leer entre líneas y suponer que obedece a las diferencias históricas existentes entre Chile y Bolivia, ya que las relaciones entre ambos países nunca han sido de una armonía permanente, “por lo que se podría pensar que es una decisión política, más que una dificultad técnica”. En este mismo sentido, atribuyó esta postergación a los conflictos que vive el vecino país, ya que dice que cada vez que los países vecinos tienen crisis internas, desvían su atención, atribuyendo problemas políticos con Chile.
A ESPERAR
Para la parlamentaria Rosa González (UDI), los anuncios de eliminar el pasaporte para los viajes entre ambos países no debieron hacerse con antelación, ya que crea muchas expectativas entre la gente.
“No me cabe duda que muy pronto Bolivia dará el paso definitivo, por lo que debemos saber esperar, confiar y no alarmarnos, con la finalidad de evitar complicaciones”, expresó.
TURISMO
Mientras que Jaime Reyes, director provincial del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), lamentó este retroceso, argumentando que como servicio están preocupados de que tal medida sea implementada a la brevedad, porque sería un fuerte impulso al turismo.
Desestimó un trasfondo político, asegurando que deben ser sólo aspectos técnicos, tal como lo explicó Alvaro Zúñiga, embajador delegado de la Cancillería chilena para la Primera Región.
PERJUICIO
Nino Baltolú, presidente de la Cámara de Comercio, dijo que es un perjuicio para sus representados, pero en especial para los chilenos que viven en Visviri, quienes podrían desarrollar alguna actividad económica comercial importante con Bolivia, por la cercanía existente.
“Debiera aclararse este “impasse”, para saber en definitiva a qué obedece esta postergación y no comenzar con las especulaciones”, expresó.
BOLIVIANOS
Para el abogado boliviano Marcos Mercado, esta negativa no le pareció bien. “Está malo, porque somos países limítrofes y debiéramos reforzar la integración entre ambas naciones”, puntualizó.
En tanto que María José Suárez, estudiante de Arquitectura en Bolivia, manifestó que desconoce los verdaderos motivos de esta postergación, pero reconoció que es un atraso evidente en el tema de la integración. El ingeniero comercial boliviano Reinaldo Paz también está en desacuerdo con esta medida de la Cancillería de su país. Afirmó que es un tema de voluntades. “Me parece mal, porque limita a muchos bolivianos a venir a Arica. De hecho, uno de mis amigos se quedó este fin de semana en Bolivia por no tener pasaporte. En todo caso, yo creo que los chilenos pierden más, porque somos más los bolivianos que viajamos hacia acá”, aseveró.



PESE A LA CRISIS, BOLIVIA EXPERIMENTA UNA INÉDITA VITALIDAD DEMOCRÁTICA

EL Clarín de Argentina (www.clarin.com)

Difícil es precisar cuándo empezó la crisis en Latinoamérica. Los cadáveres de desaparecidos en ambas orillas del Río de la Plata siguieron a los del Mapocho en Santiago, en los 70, pero dos décadas antes ya flotaban en el Titicaca, cuando en Bolivia mandaba "la rosca". Antes fue el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán que empezó a pudrir a Colombia en 1948. Y más atrás fueron décadas, siglos de desastres.
No es que los dramas menguaron en la región, pero ahora se intenta con más o menos fortuna procesar las diferencias de otro modo. Es ejemplo el actual y complejo escenario boliviano.
Tanto el referendo de 2004 como el debate legislativo sobre el gas son expresiones de voluntad popular. Puede que el primero haya tenido preguntas ambiguas y dejado zonas oscuras. Y puede que el Congreso, como dice el presidente Carlos Mesa, no tenga legitimidad al haber sido elegido antes del estallido social de 2003. Pero hace 20 años la salida hubiera sido una dictadura a lo García Mesa o a lo Banzer, apoyada por los ricos de adentro y de afuera.
Según el historiador boliviano José Luis Roca, debuta hoy en Bolivia un Congreso "independiente del poder de turno". Y en cuanto al referendo, es un paso en la ruta de la democracia directa. Pues, ¿quién dijo que hay un solo tipo de democracia? "¿Es democracia sólo si conviene al poder económico, si gobierna un partido neoliberal que sigue recetas del FMI?", se preguntaba la semana pasada el principal dirigente opositor, Evo Morales.
Para el analista venezolano Antonio González Plessmann, hay sectores de su país que creen auténticamente que el presidente Hugo Chávez robó el referendo revocatorio a su mandato. No los convencen de lo contrario ni la OEA ni el Centro Carter, que vigilaron los votos. Y es así, dice, pues "las representaciones" de su mundo se ciñen a noticieros y telenovelas en donde no entran los rostros ni las voces de los que votaron por Chávez, y así, no se acepta que sean mayoría los marginados, "escondidos o estigmatizados". En Bolivia pasa otro tanto, a juzgar por la "prédica discriminatoria" dominante, dice José Aliaga, de Radio Pachamama. Bolivia enfrenta hoy un tiempo de crisis, o sea, de cambio. Una transición que pilotea a los tumbos Mesa y que decidirá no sólo el destino de sus recursos naturales sino una nueva Constitución (se elegirá constituyente en diciembre) en la que subirán a franjas de poder mayorías ninguneadas por siglos. En Bolivia, un 62% se declara indígena.
La transición debería terminar también en un gobierno legítimo, estable. Es improbable que desaparezca la pobreza y casi seguro que continúe la disputa de riquezas, y la tarea de integración nacional no será de seda si todos y cada uno de los sectores no ceden algo, pero Roca plantea que el reciente manejo institucional "alejó el fantasma de la ingobernabilidad y la incertidumbre".
Antes de 1952 los bolivianos no votaban. Y antes de 2003 los de abajo casi no hablaban, o no se los oía. Estalló el conflicto por el gas pues Bolivia ya supo de la explotación de otros recursos suyos que no pudo disfrutar. Y porque el gas —como el agua— será un recurso esencial en breve. Según Shell, en 2025 suplirá al petróleo como combustible líquido principal. Los bolivianos dicen que no rechazan el capital extranjero, pero lo quieren socio, no dueño.
Ya no hay un sólo modelo viable, ni pensamiento único. Bolivia busca arduamente el suyo, con referendo, con Congreso independiente y con Constituyente. Ahora se escuchan las voces de todos sus actores, un rasgo verdaderamente democrático.



TRANSPORTISTAS BOLIVIANOS NO TIENEN DONDE ESTACIONAR

La Estrella de Iquique, Chile (www.estrellaiquique.cl)

Molestos y preocupados se encuentran los transportistas bolivianos que de manera ilegal han debido “tomarse” como lugar de trabajo el ingreso al sector de Punta Negra, que se ubica en la zona norte de la ciudad. En ese sector, desprovistos de baños higiénicos y de un sitio digno para trabajar, más de cien personas cada vez que llegan barcos con vehículos al puerto de la ciudad, se instalan en esa zona, para cargar los vehículos que transportarán a diversos puntos del extranjero.
22 AÑOS
Pastor Ramiro Díaz lleva 22 años radicado en Iquique, es oriundo de Bolivia, y mira con pesar como sus compatriotas deben trabajar de una manera incómoda y poco digna, debido a que ni las autoridades locales no les otorga un sitio para laborar con comodidad.
Díaz pertenece a la congregación boliviana, que agrupa a algunos empresarios radicados en Iquique con quienes se han acercado hasta la gerencia de asuntos legales de Zofri para que se le de una solución, "pues creo que no es adecuado que a un extranjero trabajador no se les den condiciones dignas para laborar, pero pese a la petición no pasa nada", sostuvo.
Añadió que es necesario contar con un espacio para que se desarrolle de buena manera el trabajo”, puntualizó. En el mismo lugar se han improvisado cocinerías para poder proveer de alimentos a los trabajadores.
Un chofer de camión, que no quiso identificarse, explicó que en el sector no hay seguridad y llegan personas a robar las cargas que se están acomodando. “Entonces es complicado salir de la zona a comer al centro de la ciudad, es por ello que las cocinerías que están acá nos permiten ahorrar tiempo, porque compramos acá mismo los alimentos y no es necesario dejar solos los vehículos, pues de alguna manera hay que rebuscar y hacer más cómodo el trabajo”, dijo.
CIRCUNVALACIÓN
Los transportistas explicaron además que antes de estar en el sector de Punta Negra, era habitual que trabajaran en la avenida Circunvalación, de donde también los sacaron.
“Ahora que estamos acá, también viene Carabineros y nos desaloja, por lo que no tenemos ni sabemos dónde podemos laborar tranquilamente”, dijo un transportista que no quiso identificarse.Añadió que ese lugar es sólo utilizado cuando los barcos traen los vehículos.
ZOFRI
El gerente de Zofrisa, Leonardo Jorquera, explicó que entre los transportistas y la administración del sistema franco se han generado espacios de conversación, para darle una solución a los problemas que se les generan al trabajar en la ciudad. “A ellos se les dio como alternativa de trabajo los terrenos que se ubican en el centro logístico de Zofri, sitio que además cuenta con seguridad. Pero hasta ahora la gran mayoría no ha dado respuesta”, sostuvo. Añadió que sólo un grupo de transportistas aceptó ese lugar y desde hace una semana se encuentran operando en ese sitio sin mayores problemas. "Pero es una solución que esta presente y ellos la conocen", acotó.



SAMUEL DORIA MEDINA, ¿ALTERNATIVA EN BOLIVIA ANTE
LA POLARIZACIÓN ENTRE LOS PARTIDOS TRADICIONALES?

El Tiempo de Colombia (www.eltiempo.com.co)

Si el exitoso empresario cementero quisiera sentirse y mostrarse como un ‘elegido', razones no le faltarían.
Hace 10 años, salió ileso tras ser secuestrado por guerrilleros del peruano Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (Mrta). Y como si fuera poco, dos meses atrás sobrevivió a un accidente cuando el avión en el que viajaba a Sucre, la capital boliviana, se estrelló con una nube de hielo.
En el primer caso, Doria Medina tuvo que soportar 45 días y pagar un rescate de 1,4 millones de dólares. En el segundo, vio cómo en 8 segundos la aeronave perdió 4.000 pies de altura antes del impacto en tierra, que le dejó lesiones leves.
Pero, pese a esto –y aunque agradece su inmensa suerte– no se siente diferente. Lo que sí le hace considerarse especial es su trayectoria como exitoso empresario y político. Algo, que lo ha llevado a pensar en buscar la presidencia del país y en considerarse la ‘tercera vía’ en momentos de una difícil situación institucional.
El primer logro que destaca es su desempeño como presidente de SOBOCE (sociedad Boliviana de Cemento S.A.), empresa que cumple 100 años en el 2005 y que se encontraba en una difícil situación cuando la tomó hace 18 años.
“Ahora ha multiplicado su valor por 100 veces. (...) Dependen de la actividad que yo presido 5.000 familias en Bolivia. Soy un caso atípico porque en la crisis económica muchas empresas se reducen, pero esta ha sido una empresa que crece bastante”, dice sin modestia alguna Doria Medina en entrevista con EL TIEMPO en su oficina, situada a pocas cuadras del presidencial Palacio Quemado de La Paz.
De su paso por la política, se nota confiado por la labor desarrollada. Asegura que fue precisamente su hoja de vida en el sector privado lo que hizo que, hace 15 años, el presidente de entonces, Jaime Paz Zamora, le pidiera ser su asesor económico. Después de eso, en 1991 y con tan solo 32 años, se convirtió en Ministro de Economía, durante dos años.
“Dejé una economía con una inflación de un solo dígito y con un crecimiento superior al 5 por ciento, después de 17 años. Era básicamente un técnico”, afirma.
Después vino el secuestro, lo que, asegura, lo metió en el corazón de la gente, ya que dejaron de verlo solamente como un economista. Tras eso, Paz Zamora lo presentó como su fórmula vicepresidencial para las elecciones de 1997.
Y aunque no le fue mal (la dupla del MIR –Movimiento de Izquierda Revolucionaria- logró el 17 por ciento de los votos, cuando se preveía que no alcanzaría el 10 por ciento, lo que sentenciaría la desaparición del tradicional partido), dice que se dio cuenta que el sistema político boliviano tenía una crisis muy fuerte, aunque tal vez no se manifestara aún.
Por eso, en diciembre del 2003, dos meses después de la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, fundó una nueva fuerza, Unidad Nacional (UN), con la que en las elecciones municipales de diciembre pasado logró vencer en 18 municipios.
Esa presencia nacional a poco más de un año de la fundación de la UN lo hace reclamar ser el representante de una alternativa a los partidos tradicionales y al Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales. Algo que confirmarían las encuestas, que lo tienen por detrás del presidente Carlos Mesa y el ex mandatario Jorge Quiroga, y superando a Morales.
“Nosotros nos hemos presentado como una tercera vía, porque se ha dado un escenario de polarización en Bolivia. Jorge Quiroga es del partido de (Hugo) Banzer (...), claramente identificado con los conservadores y con quienes quieren mantener las cosas como están. Por otra parte, Evo Morales es una persona que tiene una justa demanda de cambio, pero lastimosamente tiene una conducta autoritaria (...), que pierde una votación en el Congreso y bloquea las calles, bloquea los caminos. Y hay varias muertes que no se han explicado durante los bloqueos, de policías, militares. Asesinatos, no muertes en combate...”, asegura el empresario cementero.
‘Elecciones, la solución’
En cuanto a la situación actual, y pese a la tranquilidad que se vive desde que la semana pasada el Congreso rechazó la propuesta de Mesa de adelantar elecciones y este a su vez decidió continuar en el cargo, Doria Medina afirma que aún “no se ha solucionado nada”.
“Después de la última semana, especialmente tengo más dudas de que Mesa se quede hasta el 2007. Porque él ha tenido la capacidad de unir a todos los parlamentarios en contra de él, con su actitud. Si no funciona su gobierno (...) el mejor escenario es el de elecciones (anticipadas)”, afirma el dirigente de la UN.
Sin embargo, piensa que al buscarse una salida de este tipo, debe hacerse para que quien asuma lo haga por cinco años (el periodo constitucional en Bolivia) y no hasta el 2007, cuando se completaría el mandato iniciado por Sánchez de Lozada y ahora continuado por Mesa.
“Bolivia está desde el 2001 (desde la enfermedad que mató a Banzer) con interinatos. (...) Lo peor que se le podría dar a Bolivia es otro gobierno corto e interino”, dice tajantemente.
Y sobre las posibilidades de buscar la presidencia en esos eventuales comicios, dice que lo haría dentro de un frente amplio que le pueda darle gobernabilidad al país.
“Ser presidente de este país sin Congreso, sin programa, no se lo deseo ni a mi peor enemigo”, sentencia entre risas, antes de concluir: “No quiero ocupar el lugar de los que han estado durante 30 años. Creo que es importante modernizar la política, entrar a un esquema donde no haya reelección, donde hay direcciones colegiadas”.



LA CALMA QUE ANTECEDE A LA SANCIÓN DE LA LEY DEL GAS

La ley de hidrocarburos que puso en jaque la gestión de Carlos Mesa en Bolivia, y que tiene media sanción, podría ser modificada en sus puntos ríspidos en el Senado. Se abren interrogantes.

Página 12 de Argentina (www.pagina12web.com.ar)

“Hay una paz frágil que dependerá de los resultados del tratamiento de la ley de hidrocarburos en el Senado”, sintetizó el líder opositor Evo Morales en referencia al clima político y social que vive el país, inmerso en un cuarto intermedio en la conflictividad social favorecido por los feriados de Semana Santa y la entrada del controvertido proyecto de ley para su tratamiento por el Senado. Sin embargo, lo que debería consistir en una “revisión” por parte de la Cámara alta amenaza con devenir en cambios de fondo sobre lo aprobado en Diputados. El mandatario –pese a haber señalado en uno de sus últimos discursos que se resignaba a no intervenir más en el debate sobre la ley– ya adelantó observaciones a 18 puntos, entre ellos la migración obligatoria de las petroleras a nuevas modalidades de contrato, las funciones regulatorias de la refundada YPFB, el derecho a “veto” de los pueblos indígenas sobre proyectos petroleros en sus territorios y la controvertida cuestión de los impuestos y regalías.
El gobierno sigue defendiendo que el impuesto del 32 por ciento, para llegar al 50 por ciento de los ingresos para el Estado, sea deducible y acreditable contra otros tributos, posición rechazada por la Cámara baja y los movimientos sociales. Al igual que las petroleras, considera el actual esquema “confiscatorio” y un revés a las inversiones. Repsol YPF y Petrobras ya amenazaron con reducir sus inversiones en el país si el proyecto se mantiene tal como fue aprobado en Diputados y el ministro de Hidrocarburos, Guillermo Torres, insiste con la posibilidad de juicios en tribunales arbitrales.
La comisión de Desarrollo Económico del Senado –que retomará mañana la discusión del proyecto, previo al tratamiento por el pleno de la Cámara– invitó a todos los sectores del país, incluido el Ejecutivo y las petroleras, a enviar sus observaciones al proyecto, lo que amenaza con reabrir el debate y reactivar los conflictos sociales. “Estamos en alerta por si sacan de la ley los derechos de los pueblos indígenas, en cuyo caso iniciaremos medidas de presión que incluirán el bloqueo de los pozos petroleros”, advirtió a Página/12 Fabián Cayo, dirigente de la Asamblea del Pueblo Guaraní del Itika Guazu y representante de una comunidad cercana al campo Margarita, explotado por Repsol YPF. “Damos dos semanas para que el gobierno defina si está con el pueblo o con las transnacionales”, dijo Román Loayza, dirigente campesino y senador del MAS. La tregua y la asistencia al diálogo convocado por el gobierno por parte del flamante y heterogéneo Pacto Antioligárquico serán definidas hoy en una reunión en Cochabamba, según informó Evo Morales. Muchos analistas y dirigentes políticos admiten que “hay una pausa, pero todo sigue igual”, y la duda persiste: ¿llegará Carlos Mesa hasta el 2007? Las encuestas siguen sonriéndole al mandatario, considerado el principal factor de contención frente a una crisis de mayores dimensiones. Según un sondeo reciente de la encuestadora Apoyo, el 60 por ciento de los consultados apoya al presidente, contra el 21 por ciento de Morales. La escasa representatividad de quienes deberían ocupar el sillón presidencial en caso de una sucesión constitucional y la crisis de los partidos para enfrentar un proceso de elecciones anticipadas le permiten al ex periodista cierto margen de maniobra, aunque muy estrecho, para seguir en el cargo. Los menos optimistas, como el analista Jorge Lazarte, consideran que la crisis va más allá de la administración Mesa, por lo que otro gobierno, en las actuales circunstancias, no garantizaría una mayor estabilidad. La actual fragmentación política conspira contra una recomposición política vía un adelantamiento de elecciones. De esta forma, continúa lo que el sociólogo francés Jean-Pierre Lavaud denominó el “embrollo boliviano”, en referencia a la constelación de fuerzas desestabilizadoras que impidieron la consolidación institucional del país andino. Esas tensiones históricamente dieron lugar a respuestas autoritarias por parte de las Fuerzas Armadas. Hoy, esas salidas de fuerza –aunque posibles– parecen más lejanas y el consenso en mantener el marco institucional más extendido, aunque estos acuerdos mínimos no resultan suficientes para garantizar la gobernabilidad y sacar al país de la postergación de larga data que enfrentan cotidianamente sus habitantes. Así pervive el actual “empate hegemónico”. Quienes promueven una mayor integración a la economía global –ahora mediante el TLC– no logran imponer su proyecto. Y los movimientos sociales –incluido el MAS de Evo Morales– cargan con la pesada herencia de ser más eficaces para vetar políticas opuestas a sus intereses que para llevar a la práctica propuestas alternativas desde la esfera estatal.



BOLIVIA: MAYORÍA APOYA A MESA

Opinión de Estados Unidos (www.laopinion.com)

El 61% de los bolivianos apoya la gestión del presidente, Carlos Mesa, lo que supone una subida de 9 puntos respecto a febrero, antes de la crisis política.
Así lo señala una encuesta publicada ayer por el diario La Razón y que fue elaborada por la empresa Apoyo, Opinión y Mercado, que midió la reacción de la gente ante la dimisión de Mesa —el pasado 7 de marzo—, su pedido de convocar a elecciones —el 15 de marzo— y su posterior decisión de seguir al frente del Ejecutivo.
La empresa de demoscopia concluye que la adhesión a Mesa había bajado en un principio al 47% por “su insistencia en irse” del gobierno, pero tras manifestar que continuará subió al 61%.
La desaprobación a la gestión del mandatario se sitúa en un 35%.
El respaldo al gobierno se localiza fundamentalmente en las ciudades de La Paz y Cochabamba, donde supera el 80%, mientras que en Santa Cruz el porcentaje baja al 36%, aunque es superior en 18 puntos al de febrero, indica el periódico. El líder de la oposición, Evo Morales, dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS), registra una aprobación de apenas el 21%, 9 puntos menos que en febrero y casi la mitad del 40% que alcanzó en diciembre de 2004.
Amplio rechazo
El rechazo al líder indígena, cuyo partido cumple precisamente hoy 10 años desde su creación, se sitúa en el 73%, según la encuestadora.
El sondeo también refleja una baja aprobación para los presidentes del Senado, Hormando Vaca Diez, y de la Cámara Baja, Mario Cossio, que mantuvieron un pulso con Mesa durante la crisis.
El senador Vaca Diez, de las filas del socialdemócrata Movimiento de la Izquierda Revolucionario (MIR), registró un apoyo del 29%, contra un 58% de rechazo; y Cossio, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), tuvo una aceptación del 29%, frente a un 48% en contra.




Opinión:

BOLIVIA: UN CASO DE INGOBERNABILIDAD

La Vanguardia de España (wwwd.lavanguardia.es)

El episodio originado por la renuncia -revocable- del presidente de Bolivia, Carlos Mesa, y que culminó con su esperable rechazo, expresa la dimensión de la ingobernabilidad en ese país, ingobernabilidad que se inscribe en el marco más amplio de una profunda y cada vez más generalizada crisis en América Latina.
TRES DÉCADAS PERDIDAS. El comienzo del siglo encontró a la región sumida en sus atávicas dificultades aún sin resolver. Durante los años setenta, América Latina vivió una década perdida en términos políticos: la extensión de gobiernos autoritarios en el área -con escasos islotes de limitada democracia- caracterizados por el abuso del poder, el irrespeto de la ley, la violación de los derechos humanos y la desvalorización de la ética pública, significó un enorme debilitamiento institucional. Durante los ochenta la década fue perdida en materia económica: las notas prevalecientes fueron el bajo crecimiento, el alto endeudamiento, mucha volatilidad, creciente informalidad laboral, pobre capacidad tecnológica y desplome de la calidad de vida. Durante los noventa, Latinoamérica transitó una década perdida en el frente social: se ahondó la desigualdad, se incrementó la polarización entre clases y etnias, se mantuvieron altos los índices de miseria e indigencia, creció la violencia ciudadana, se multiplicó el desempleo, se descuidó la educación y se deterioró la salud.
Es iluso creer que la suma de tantos años de malestar puede contenerse indefinidamente o resolverse por la fuerza. En esa dirección, el ejemplo de Bolivia -que sufrió con inusitada intensidad cada uno de los rasgos más negativos de esas tres décadas perdidas- es emblemático.
¿EL ´BEHEMOTH´BOLIVIANO? Si partimos de un modelo ideal concebido a partir de un continuum entre buen y mal gobierno, el caso boliviano se ubica actualmente en la frontera de la ingobernabilidad. Ésta, según la definición que hizo Philippe Schmitter, se identifica mediante cuatro indicadores. Primero, aparece la indisciplina. Ésta se observa cuando la ciudadanía (indistintamente del origen social, político o étnico) recurre crecientemente a métodos de fuerza -violentos, ilícitos o irregulares- para influir sobre las políticas públicas. Segundo, emerge la inestabilidad que se produce cuando las elites dirigentes pierden capacidad de liderazgo político o de preservación de coaliciones efectivas. Tercero, irrumpe la ineficiencia; que resulta evidente cuando una administración no logra precisar metas ni asegurar su acatamiento. Cuarto, se instala la ilegalidad, entendida como el hecho de que los actores dotados con más poder buscan eludir limitaciones y controles jurídicos en procura de ventajas propias y extralegales.
En buena medida, al evaluar la dinámica sociopolítica en Bolivia hoy es posible detectar una grave crisis de ingobernabilidad. Ésta se exacerba, asimismo, por dos fenómenos. Por un lado, sobresale el gradual desplome del Estado. Bolivia no constituye un ejemplo de Estado fallido -failed state en la denominación predominante en la actualidad- definido por una extendida ilegitimidad institucional y la incapacidad de proteger a los ciudadanos en su condición existencial. Es, sin embargo, un caso agudo de debilitamiento estatal que puede derivar en una situación anárquica, esto es, ausencia de un gobierno central.
Por otro lado, la globalización -en algunas de sus manifestaciones menos benéficas- potencia la ingobernabilidad boliviana, otorgándole una impronta más internacional en sus fundamentos y efectos. Una suerte de globalización defectiva erosiona aún más la soberanía estatal, debilita la base productiva nacional, refuerza la fragmentación social y limita la autonomía diplomática del país. De hecho, la mayoría de los asuntos que determinan la realidad boliviana en esta coyuntura -esto es: los niveles de estabilidad, la reafirmación de las identidades, el tratamiento de los recursos energéticos, la proliferación del negocio de las drogas ilícitas, las cuestiones limítrofes, las tentaciones secesionistas y la fragilidad geopolítica, entre otras- está atravesada por poderosas fuerzas y factores exógenos. Todo lo anterior internacionaliza, de facto, la crisis de ingobernabilidad boliviana.
En breve, en este caso estamos ante el escenario que Hobbes describiera en Behemoth,más que en el que trazara en el Leviatán. La combinación de disolución de poder, errores del Estado, equívocos colectivos y corrosión del cuerpo político parece conducir a una conflictividad difícil de contener. Y como bien lo recuerda Hobbes, la reconstrucción estatal no pasa exclusivamente por elevar la capacidad coactiva y disuasiva del Estado. El sustento del poder político no se concentra o limita al ejercicio de la coerción. Ni siquiera el uso legítimo de la fuerza es condición suficiente para transitar del desorden al orden. Es indispensable observar y comprender entonces, como dijo Hobbes, que "el poder del poderoso no se funda sino en la opinión y la creencia del pueblo". Dicha obediencia se asienta en la medida en que existan "reglas infalibles" por un lado, y la "ciencia de la equidad y la justicia" por el otro.
LAS CONSECUENCIAS PARA LA REGIÓN. Lo que suceda en Bolivia es trascendental para Sudamérica por razones prácticas más que por razones ideológicas.Ylo es por motivos estratégicos y no simplemente coyunturales. Si América del Sur aspira a conservar márgenes de autonomía externa y evitar una situación de ostensible asimetría respecto a Estados Unidos, resulta fundamental buscar la estabilización de casos como el boliviano. Si Bolivia, y buena parte de la región andina, se transforman para Washington en lo que John S. Galbraith llamara una "frontera turbulenta", el despliegue de un mayor poderío estadounidense en el caso boliviano y en otros de aquella subregión será sólo una cuestión de tiempo.
La envergadura y complejidad de la crisis de ingobernabilidad en Bolivia demanda proyectar una diplomacia preventiva que evite que lo que sucede en el corazón de los Andes se convierta en un ejemplo de fractura tumultuosa que conduzca a una situación de imprevisibles consecuencias sociales, políticas y militares. Se trata, además, de ser pacientes y prudentes. El objetivo principal, en esta hora, es evitar que los múltiples actores involucrados en la crisis se precipiten hacia el abismo. La meta más mediata es que se forje un pacto institucional que facilite la inclusión social y el tránsito hacia una nueva hegemonía política. Posiblemente, una virtuosa combinación de acciones de corto plazo ymedidas de largo plazo ayude a impedir que el torbellino boliviano se propague hacia su vecindad más cercana.
JUAN GABRIEL TOKATLIAN, director de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés (Argentina)



Editorial:

INESTABILIDAD BOLIVIANA

La Estrella de Iquique, Chile (www.estrellaiquique.cl)

La gravedad de la situación política boliviana se refleja en recientes declaraciones del Presidente Mesa respecto del ejercicio de su gobierno, el papel del Congreso Nacional y las exigencias de los movimientos sociales encabezados por el dirigente cocalero y diputado del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, a las que adhieren jefes sindicales de la Central Obrera Boliviana: según el Mandatario, el clima de ingobernabilidad hace muy difícil que pueda terminar en 2007 el período que inició en octubre de 2003, cuando el Presidente Sánchez de Lozada abandonó el país.
En la polémica Ley de Hidrocarburos, mientras el gobierno apoya un proyecto con 18 por ciento de regalías para el Estado y 32 por ciento de impuestos a la producción de las empresas transnacionales, las organizaciones sociales exigen 50 por ciento de regalías y la nacionalización de los recursos energéticos. Las diferencias entre Mesa y la oposición llevaron a masivas protestas que paralizaron al país, causaron cuantiosas pérdidas y precipitaron al Presidente a plantear su renuncia, que el Congreso rechazó.
Mesa fue entonces vitoreado por una multitud, pero pocos días después insinuó nuevamente dejar su cargo, ya que, por cambios de opinión de los congresistas, fracasó un pacto que había aceptado el Congreso para superar el punto muerto de la Ley de Hidrocarburos y las inversiones extranjeras, realizar un referéndum de autonomía en las provincias, con elección de gobernadores, y convocar a una asamblea constituyente. Ante el amplio rebrote de las barricadas y protestas, Mesa propuso anticipar las elecciones generales al 28 de agosto próximo, confiando en que la renovación del Congreso permitiría destrabar el sistema político y de partidos, a su juicio agotado, porque las fuerzas con presencia parlamentaria “ya no tienen legitimidad”. Pero la Cámara de Diputados rechazó adelantar los comicios y le exigió terminar su mandato en agosto de 2007. Los parlamentarios se alinearon para defender el actual sistema político -y, de paso, sus propias prerrogativas.
Mesa y Bolivia enfrentan un futuro incierto, con un Congreso opositor en el que aún debe votarse la Ley de Hidrocarburos por el Senado (la Cámara ya la aprobó). La única salida parecería ser un acuerdo político que brinde gobernabilidad. Eso resulta hoy improbable, pero, de lo contrario, se arriesga una espiral de violencia.



Editorial:

BOLIVIA EN CRISIS

Ante el amplio rebrote de las barricadas y protestas, Mesa propuso anticipar las elecciones generales, confiando en que la renovación del Congreso permitiría destrabar el sistema político y de partidos, a su juicio agotado, porque las fuerzas con presencia parlamentaria “ya no tienen legitimidad”.

La Estrella de Arica, Chile (www.estrellaarica.cl)

La gravedad de la situación política boliviana se refleja en recientes declaraciones del Presidente Mesa respecto del ejercicio de su gobierno, el papel del Congreso Nacional y las exigencias de los movimientos sociales encabezados por el dirigente cocalero y diputado del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, a las que adhieren jefes sindicales de la Central Obrera Boliviana: según el Mandatario, el clima de ingobernabilidad hace muy difícil que pueda terminar en 2007 el período que inició en octubre de 2003, cuando el Presidente Sánchez de Lozada abandonó el país.
En la polémica Ley de Hidrocarburos, mientras el gobierno apoya un proyecto con 18 por ciento de regalías para el Estado y 32 por ciento de impuestos a la producción de las empresas transnacionales, las organizaciones sociales exigen 50 por ciento de regalías y la nacionalización de los recursos energéticos. Las diferencias entre Mesa y la oposición llevaron a masivas protestas que paralizaron al país, causaron cuantiosas pérdidas y precipitaron al Presidente a plantear su renuncia, que el Congreso rechazó. Mesa fue entonces vitoreado por una multitud, pero pocos días después insinuó nuevamente dejar su cargo, ya que, por cambios de opinión de los congresistas, fracasó un pacto que había aceptado el Congreso para superar el punto muerto de la Ley de Hidrocarburos y las inversiones extranjeras, realizar un referéndum de autonomía en las provincias, con elección de gobernadores, y convocar a una asamblea constituyente.
Ante el amplio rebrote de las barricadas y protestas, Mesa propuso anticipar las elecciones generales al 28 de agosto próximo, confiando en que la renovación del Congreso permitiría destrabar el sistema político y de partidos, a su juicio agotado, porque las fuerzas con presencia parlamentaria “ya no tienen legitimidad”. Pero la Cámara de Diputados rechazó adelantar los comicios y le exigió terminar su mandato en agosto de 2007. Los parlamentarios se alinearon para defender el actual sistema político -y, de paso, sus propias prerrogativas.
Mesa y Bolivia enfrentan un futuro incierto, con un Congreso opositor en el que aún debe votarse la Ley de Hidrocarburos por el Senado (la Cámara ya la aprobó). La única salida parecería ser un acuerdo político que brinde gobernabilidad. Eso resulta hoy improbable, pero, de lo contrario, se arriesga una espiral de violencia, como lo ha advertido un prestigioso analista paceño.



Editorial:

ELECTRICIDAD EN EL CONO SUR

El Mercurio de Chile (www.emol.com)

La provisión de electricidad en los países del Cono Sur de Latinoamérica se ha hecho más insegura. La Cepal informa que se requieren inversiones por 20 mil millones de dólares para resolver los problemas que se avecinan; de acuerdo con ese organismo, las causas principales de la mayor inseguridad son la dependencia de las lluvias en Brasil y Chile, y los cambios en las reglas de juego y la mayor incertidumbre que enfrentan los inversionistas en Argentina y Bolivia.
En el Cono Sur, los grandes demandantes de energía son Brasil y Chile; los potenciales suministradores son Argentina y Bolivia. Pese al evidente potencial de ganancias de intercambios entre los dos grupos de países, éstas se han desvanecido ante la inestabilidad política de los suministradores. La crisis macroeconómica en Argentina y el no haber ajustado los precios de los servicios públicos condujeron al cese de las inversiones privadas en el sector gasífero, al mismo tiempo que está aumentando el consumo interno de este combustible, debido a la recuperación económica. Bolivia, con sus problemas políticos internos y la oposición demagógica a la inversión extranjera, ha sido incapaz de aprovechar sus grandes riquezas energéticas.
Por el lado de los demandantes de energía, el problema es su dependencia de la generación hidráulica, que los deja a merced de las variaciones climáticas. Brasil sufre una sequía inusualmente grave, cuyos efectos pueden verse amplificados debido a su estrecha capacidad de ajuste de la generación a la demanda eléctrica. Chile, que al parecer no enfrentaría una sequía este año, tiene el inconveniente de haber invertido fuertemente en infraestructura (gasoductos y plantas de ciclo combinado) que depende de un gas argentino cada vez más inseguro. Incluso si no hay cortes en el suministro, la incertidumbre ha paralizado buena parte de las inversiones en nuestro país, por lo que se estima que la probabilidad de fallas en el suministro de gas será elevada en el futuro cercano.
El Gobierno ha reaccionado proponiendo una ley que resolvería algunos de estos problemas en el futuro mediano, al permitir la licitación de contratos de las distribuidoras de electricidad a un precio que permanecerá constante durante el período de aquélla. Esto reduce los riesgos que enfrentan los inversionistas, a diferencia de la situación actual, en que el precio de nudo en los contratos de suministro puede variar. Aunque no es la mejor solución para reducir la incertidumbre, estos cambios, aparentemente, serían suficientes para resolver el problema del mediano plazo.
Todo lo anterior elevará en el futuro el precio de la electricidad en el Cono Sur, y a ello, ciertamente, ayudará la inútil limitación a las importaciones de gas, también prevista en la nueva normativa.



Opinión:

EL “GONISMO” DE PAZ ESTENSSORO

Diario Rebelión de Uruguay (www.rebelion.org)

Nadie duda que Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL), mentor del “gonismo” en la política nacional, sea el principal responsable de la debacle de Bolivia y de los riesgos de desintegración que hoy la amenazan. Sin embargo, la mayor culpabilidad moral pesa sobre Víctor Paz Estensoro (VPE), el cuatro veces Presidente de la República, líder histórico de la Revolución Nacional de 1952 y el más importante de los hombres públicos del Siglo XX boliviano.
Sólo VPE, con su peso en la historia reciente, pudo detener a GSL, el filibustero que ve al país como una ubre a la que hay lactar hasta el agotamiento ¿Por qué VPE no lo detuvo? La respuesta a esta inquietud se halla en el libro “El Ocaso de la Revolución Nacional Boliviana”, de Augusto Cuadros Sánchez, dirigente histórico del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y, durante décadas, uno de los hombres más cercanos a VPE. Cuadros Sánchez revela que GSL, quien, desde 1961, ya había acumulado una enorme e ilegal fortuna en la actividad minera, fue el principal contribuyente de las campañas presidenciales de VPE en las elecciones de 1978, 1979, 1980 y 1985.
VPE no podía ignorar que GSL se hizo multimillonario mediante el alquiler de los yacimientos estatales de mina “Porco”, por cuya explotación no pagó, durante 18 años, el alquiler pactado de 700 dólares mensuales, pero que le redituaron ingresos por alrededor de 54 millones de dólares, entre 1961 y 1978 (ver mi libro “La Fortuna del Presidente”). Como retribución, VPE hizo a GSL diputado nacional entre 1982 y 1985 y Presidente del Senado de la República.
En 1986, fue su Ministro de Planeamiento, cuyas funciones utilizó para acaparar los yacimientos de Mina “Bolivar”, en Oruro, las colas y desmontes del cerro del Potosí, el oro del norte paceño y la mina Milluni, también de La Paz, en tanto su hermano, Antonio Sánchez de Lozada, quien debía fiscalizar sus acciones, era el Contralor General de la República.
VPE y GSL, con el asesoramiento del economista Jeffry Sachs, introdujeron, desde 1985, las políticas neoliberales, que frenaron la hiperinflación, pero iniciaron la agonía del Estado nacional. De manera paralela, GSL, con la obvia autorización de VPE, obtuvo recursos de la Embajada norteamericana y organismos internacionales para pagar sobresueldos a ministros y otros altos funcionarios, con lo que rompió el principio de lealtad al Estado que deben tener los servidores públicos.
En 1989, VPE se retiró la política activa con la designación de “jefe perpetuo del MNR”. GSL, quien también financió los congresos partidarios, fue proclamado “jefe del partido” y candidato presidencial. Al ganar los comicios de 1993, liquidó las empresas estratégicas del Estado y desangró al país con la transferencia gratuita a las transnacionales de las reservas fiscales de gas y de petróleo, evaluadas en mas de 10 mil millones de dólares, además de entregarles la propiedad de los hidrocarburos en boca de boca de pozo y rebajarles las regalías del 50 al 18 %.
Frente a estos sucesos, VPE, quien murió el año 2001, con plena lucidez, se redujo a comentar que la liquidación de YPFB sería “la madre de las batallas”.Fueron los años 1993 y 1994, en los que VPE debió detener la demencia privatizadora de GSL. Pudo decir a GSL, y si no lo escuchaba tenía la opción de dirigirse al país, que por ese camino Bolivia caería en el caos y la desintegración.
Para un político de la trayectoria de VPE, esa previsión era obvia. Pese a lo anterior, pudo más su complicidad con GSL por el financiamiento de sus campañas electorales. Hoy en día, GSL es el personaje más denostado en Bolivia. Nadie lo baja de ladrón, sinvergüenza y vende patria. Enfrenta, además, un juicio de responsabilidades por genocidio, violación a los derechos humanos e incalculables daños económicos al Estado. VPE, en cambio, conserva su aureola de estadista. Los denuestos contra GSL son correctos y se los tiene bien merecidos. En cambio, las loas a VPE deberían reducirse a los límites de su silencio cómplice frente al “gonismo”. Andrés Soliz Rada.




Armamentismo:

UNA CARRERA PELIGROSA

El Nuevo Herald de Estados Unidos (www.miami.com/mld/elnuevo/search)

En las últimas semanas, muchos observadores de la situación militar latinoamericana han detectado lo que pudiera ser el inicio de una nueva carrera armamentista en la región. El presidente de Brasil Luiz Inácio 'Lula' Da Silva fue fotografiado abordando un Tikuna, el primer submarino convencional construido en el país. Utilizó la oportunidad para subrayar su apoyo a los militares brasileños.
De manera similar, el presidente de Venezuela Hugo Chávez ha expresado su intención de comprar cazas rusos MiG y aviones de vigilancia que vuelan a poca altura, así como aumentar los gastos militares. Es probable que lo esté haciendo como reacción a recientes problemas con Colombia. Incluso Chile, tras un largo proceso de evaluación de opciones, todavía está sopesando si adquirir una docena de cazas norteamericanos o una alternativa de fabricación sueco-brasileña.
¿Se estará desarrollando una nueva carrera armamentista en América Latina? Y, de ser así, ¿habrá alguna forma en que ésta pudiera ayudar a resolver los dilemas económicos y sociales del hemisferio?
Las guerras regionales y los conflictos fronterizos han existido siempre en América Latina. Hubo la guerra entre Chile y Bolivia en el siglo XIX, la ''guerra del fútbol'' entre Honduras y El Salvador en 1969, el choque entre Ecuador y Perú en los 1980, y las disputas antárticas entre Chile y Argentina definitivamente zanjadas a principio de los años 90. Pero la principal razón para el aumento en los gastos militares siempre ha sido esencialmente interna.
O los militares gobernaban varios países y desviaban enormes recursos para equipos y aumentos de efectivos, o gobiernos civiles débiles, aterrados ante la posibilidad de chantajes o golpes militares, aplacaban a las fuerzas armadas con todo tipo de innecesarios recursos marciales. Según los estándares internacionales, los gastos armamentistas en América Latina son bajos en relación con el producto nacional bruto, pero excesivos en relación con las necesidades regionales.
La situación actual es más compleja. En Venezuela, una obvia preocupación de Chávez es mantener contentos a sus antiguos camaradas de armas. Pero los conflictos con sus vecinos colombianos también son un factor, sobre todo teniendo en cuenta las constantes acusaciones y sospechas de que Chávez ayuda y apoya a las guerrillas de las FARC en Colombia. Los altos precios del petróleo le permiten a Venezuela lanzarse en esta orgía de compras y nadie puede hacer mucho para impedirlo.
En Brasil, el asunto es un poco diferente. Lula ha podido ensamblar sus raíces socialistas con el tradicional nacionalismo brasileño, que siempre ha imperado en las fuerzas armadas de ese país. O Brasil, país grande es una consigna universal en el gigante sudamericano: un país que tiene fronteras con nueve vecinos y teme que sus lejanas fronteras amazónicas no puedan ser fácilmente patrulladas.
En otras partes de la región se manifiestan sentimientos similares. Pero la gran cuestión en toda América Latina es si no sería mejor poner en práctica la vieja --y quizás futura-- iniciativa del presidente Oscar Arias de Costa Rica: el desarme latinoamericano, ''convertir los gastos en armas en inversiones en arados''. Arias, Premio Nobel de la Paz de 1987, tiene una buena razón para impulsar esta idea: su país no tiene ejército. Sin embargo, es una iniciativa audaz que debía ser revivida teniendo en cuenta la incipiente carrera armamentista en América Latina.
En realidad, pudiera ser la base de un nuevo programa para el próximo secretario general de la Organización de Estados Americanos, que será electo en las próximas semanas. Obviamente, yo estoy por el candidato mexicano, el ministro de Relaciones Exteriores Luis Ernesto Derbez. Pero cualquiera que sea va a necesitar iniciativas e ideas frescas para revigorizar la adormecida institución. Y no pudiera haber una mejor que detener la incipiente carrera armamentista latinoamericana.
Ex ministro de Relaciones Exteriores de México y actual candidato a la presidencia.



JUICIOS INTERNACIONALES

Argen Press de Argentina (www.argenpress.info)

Por: Miguel Angel Estrada Aspiazu (INFOMORENO).- Con los 'arbitrajes' (demandas) en el CIADI se observó que las transnacionales no tienen argumentos serios para demandar, pero lo hacen para luego negociar con los Estados, renunciando al juicio a cambio de muchas otras cosas, algunas desconocidas y otras públicas.
El jurista boliviano Estrada Azpiazu, reporteado por El Diario de La Paz (16 de marzo de 2005) pone los puntos sobre las íes frente al lobby y la presión de las petroleras y del presidente Mesa, que afirman que con la sanción soberana de la Ley de Hidrocarburos sobrevendrán juicios que pondrán en peligro la viabilidad económica de Bolivia. Dice El Diario que la Corte Interamericana podría determinar si la propuesta del MAS atenta contra la seguridad jurídica.
Lo interesante de este reportaje es que la deuda externa odiosa y la renegociación de los contratos de servicios públicos no deben ser llevados a tribunales extraños, y sí, en todo caso, a los tribunales de derechos humanos. El jurista internacional afirma que Bolivia no perderá ningún litigio internacional con las petroleras La Corte Interamericana podría determinar si la propuesta del MAS atenta contra la seguridad jurídica.
Bolivia no perdería ningún litigio ante los Tribunales Internacionales como lo ha sostenido reiteradamente el presidente de la República en caso de que las empresas petroleras sientan que las medidas perjudican sus intereses empresariales.
La reflexión corresponde a Miguel Angel Estrada Aspiazu, experimentado jurista internacional, quien explica que la Corte Europea de los Derechos Humanos ya se pronunció en reiteradas oportunidades en casos similares como la nacionalización, la indemnización, la elevación de impuestos y otros tributos complementarios.
La jurisprudencia de manera uniforme dispone que debe prevaler el interés general sobre el privado y mucho más aún cuando se trata de llevar una 'política de reformas económicas de justicia social' como es el caso boliviano, sostiene el profesional. El especialista en el ámbito jurídico Internacional de los Derechos Humanos en entrevista con El Diario hizo una explicación amplia de lo que sucedió con las decisiones de la Corte Europea, en casos similares al de Bolivia.
'La energía es un derecho humano de carácter social para satisfacer las necesidades del pueblo' (Art. 3º del Estatuto del MORENO)
P: ¿Qué valor jurídico tendrían las decisiones de la Corte Europea en el caso boliviano?
R: El Consejo de Europa la integran 43 países, de la cual emerge el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y su vez la Corte Europea de los Derechos Humanos con sede en Estrasburgo. La institución controla el cumplimiento de este Convenio.
Esta Corte en la práctica se ha convertido en un Tribunal Constitucional de Europa, puesto que sus decisiones son de cumplimiento obligatorio para los Estados miembros y además da los lineamientos jurídicos, sociales, económicos éticos y morales de convivencia pacífica en Europa. Ahora bien, sus decisiones dentro del contexto universal tienen un peso o prestigio jurídico muy importante, por lo que ningún tribunal internacional arbitral podría ignorar esta jurisprudencia, y como las empresas petroleras que invierten en Bolivia son europeas, estas de ninguna manera podrían desconocer dicha jurisprudencia.
Gracias al enorme prestigio jurídico y moral de las decisiones de la Corte Europea, el Comité de Derechos Humanos de la ONU de la que Bolivia es parte, incluido todos los países europeos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, de la que el país también es miembro, se inspiran o se apropian de la letra de la jurisprudencia europea. De ahí, la gran importancia para Bolivia dentro del ámbito internacional de esta jurisprudencia, que nos podría servir para negociar con mucha fuerza con las empresas petroleras o caso contrario para enfrentar cualquier proceso internacional en contra del Estado.
P: ¿La Corte Europea dictó algún fallo similar contra de algún Estado?
R: La Corte Europea dictó un fallo muy severo en contra de Grecia, en una demanda interpuesta por una compañía petrolera por haber intervenido el Legislativo, anulando contratos en vigencia contraídos por el Gobierno greco. Sí, en este fallo la Corte Europea ha sido muy severa contra Grecia.
En un segundo fallo contra el Reino Unido, la Corte Europea cambia totalmente su línea jurisprudencial, con el argumento de que cuando se trata del 'interés general', la intervención del Legislativo podría justificarse a la triple condición: que el procedimiento en las instancias jurisdiccionales no tenga la autoridad de cosa juzgada; que no se atente contra el derecho de acceso a un tribunal y finalmente la existencia de un motivo imperioso de 'interés general'. Esta última condición de motivo imperioso se podría argüir en el caso nuestro, al momento de elaborar la Ley de Hidrocarburos, puesto que estos motivos imperiosos provocaron la muerte de muchos compatriotas nuestros y cientos de heridos en octubre de 2003 y todavía provocan la convulsión social en la que nos encontramos.
P: ¿A qué se refiere cuando usted dice que la Corte Interamericana podría determinar si la Ley sobre Hidrocarburos propuesta por el MAS, atenta contra la seguridad jurídica y las garantías judiciales?
R: No pongo en duda, la buena fe del Sr. presidente cuando manifiesta hasta el cansancio, sobre el peligro que corre el Estado ante la posibilidad de que nos lleven a un juicio internacional y donde según él, perderíamos este litigio por no respetar la seguridad jurídica de las empresas petroleras. Estas aseveraciones del Sr. presidente, creo que las hace porque no tiene los conocimientos jurídicos suficientes y tampoco creo que tenga un buen equipo de 'asesores jurídicos', puesto que hasta la fecha nunca se nos ha demostrado jurídicamente esta posibilidad. Sin embargo, nosotros lo estamos demostrando a través de la propia jurisprudencia europea. Según la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, de la que nuestro país es parte, la Corte Interamericana tiene dos competencias: una consultiva y otra contenciosa. Sobre la primera, el artículo 64 de la Convención precisa que los Estados miembros de la OEA podrán consultar a la Corte a propósito de la interpretación de la presente Convención o de cualquier 'otro tratado internacional' sobre la protección de los Derechos 'Humanos'. La letra en su inciso 2 dice: 'La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización podrá dar le opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales', y lógicamente dentro de este ámbito esta inmersa la seguridad jurídica (Garantías Judiciales Art. 8), tantas veces proclamada por el Presidente.
Dentro de ese marco jurídico internacional bien establecido, considero que el Gobierno, previo consenso político, social, que ponga fin a estos conflictos que están socavando nuestra democracia, podría pedir a la Corte Interamericana una opinión consultiva y preguntar si la Ley sobre Hidrocarburos propuesta por la Comisión Económica de la Cámara de Diputados viola los tratados internacionales sobre Derechos Humanos, como ser el Convenio Interamericano y los Pactos Internacionales de las Naciones Unidas sobre los derechos civiles, políticos y económicos referentes a los Derechos Humanos.
Estoy convencido que la decisión de la Corte Interamericana será positiva a la tesis de los grupos sociales y de Evo Morales en el entendido como dije anteriormente, que ya existe una jurisprudencia bien establecida por la Corte Europea. De ser así, el país ganaría enormemente en el plano jurídico internacional, puesto que nadie osaría poner en duda la decisión de un tribunal internacional, y además, en el plano interno nos serviría para apaciguar la convulsión social que está viviendo nuestro país. En caso que la decisión sea contraria, estaríamos obligados moralmente, pero no jurídicamente a aceptar la tesis del Presidente.
Las naciones tienen libertad de acción para llevar su política económica y social
P: ¿Después de su explicación, díganos cuál es el criterio que prevalece en la Corte Europea referente a la nacionalización, indemnización, elevación de impuestos?
R: Después de la sentencia 'Sporrongi y Lönnroth', considerada como una de las más grandes y célebres sentencias dictadas por la Corte Europea de los Derechos Humanos, esta Corte ha dictado otras decisiones que nos permite darnos cuenta de la importancia del derecho de propiedad en el plano europeo y universal.
En su decisión 'Sporrongi y Lonnroth' contra Suecia de 23 de septiembre de 1982 la corte enuncia, más allá de los textos internacionales, una exigencia general de proporcionalidad en materia de limitación al derecho de propiedad, por lo que considera que un equilibrio justo debe ser mantenido entre las exigencias del interés general de la comunidad y los imperativos de salvaguardar el interés individual, por lo que debe existir una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y el fin perseguido.
En materia de privación de la propiedad ya sea de expropiación simple o de nacionalización, la corte suaviza o flexibiliza la exigencia de 'justo equilibrio' por la noción 'de razonable' entre los medios empleados y el objetivo buscado (Sentencia James contra el Reino Unido de 21 de febrero de 1986, párrafo 50).
Dentro del proceso James contra el Reino Unido la corte estima o considera normal que el legislador nacional disponga de una gran 'libertad de acción para llevar una política económica y social' por lo que la corte respeta la manera por la cual concibe los imperativos de 'Utilidad pública' salvo o excepto si su fallo o juicio se revela manifiestamente desproporcionado o desprovisto de una base razonable. En lo que concierne a la indemnización, la Corte Europea precisa que 'la indemnización o compensación razonable es aquella que, de una parte, está en relación con el valor del bien', pero sin embargo no garantiza en todos los casos el derecho a una compensación o indemnización total o íntegra; la Corte reconoce que los 'objetivos legítimos de utilidad pública tales como la prosecución o la continuación de medida de reformas económicas o de justicia social pueden militar por un reembolso inferior al valor del activo' (Sentencia James contra Reino Unido, parágrafo 50-51-121).
La Corte admite también que 'el nivel de indemnización necesario puede diferir, siempre bajo reserva de respeto a un justo equilibrio, según se trate de una nacionalización o de otras formas de privación de la propiedad'. Igualmente la Corte manifiesta que las autoridades nacionales disponen de una 'amplia libertad' para fijar el nivel de indemnización o de otras formas de pago de indemnización de la propiedad (James, parágrafo 54; Lithgow, parágrafo 50, 51, 121, 122; Les Saints Monasterios contra Grecia, 9 de diciembre de 1994).
En lo referente a la reglamentación, los Convenios o instrumentos internacionales relativos a los Derechos Humanos referentes al derecho de propiedad, dejan al Estado la plena libertad para su reglamentación en lo que concierte al pago de los impuestos o contribuciones de otra índole, (como podrían ser las regalías) por lo que el control de la proporcionalidad es inexistente en materia de reglamentación de uso de bienes.
Igualmente la percepción de un impuesto o de otra contribución no podría ser violatorio del art. 1 del protocolo 1 (Derecho de Propiedad), salvo o excepto la hipótesis de un régimen fiscal discriminatorio (Sentencia Darby de 23 de octubre de 1999, parágrafo 33.), que impone al interesado una carga impositiva intolerable que provoca la quiebra o trastorna su situación financiera (Sentencia de 2 de diciembre de 1985, Suenska Managementgruppen AS contra Suecia, parágrafo 45).
P: ¿Tendríamos que ir a un arbitraje internacional?
R: No, de ninguna manera, puesto que el Artículo 24 de la Constitución dice textualmente: 'Que las empresas y súbditos extranjeros están sometidos a las leyes bolivianas, sin que en ningún caso pueden invocar situación excepcional ni apelar a reclamaciones diplomáticas'; igualmente en la misma dirección el Art. 135 de la Constitución manifiesta que 'todas las empresas establecidas para explotaciones, aprovechamiento o negocios en el país se considerarán nacionales y estarán sometidas a la soberanía, a las leyes y a las autoridades de la República'. Dicho de otra manera, primeramente se debe dilucidar en derecho interno.
Sin embargo, en el plano internacional la jurisprudencia internacional exige el respeto inquebrantable a los artículos 8 de la Convención Interamericana, 14 del Pacto de las Naciones Unidas de las cuales Bolivia es parte y el Art. 6 de la Convención Europea referente al 'debido proceso' :son condiciones fundamentales para que un tribunal arbitral se arrogue jurisdicción y competencia para conocer un conflicto de carácter comercial. Sin embargo, el justiciable puede renunciar a las garantías del 'debido proceso' en los procesos civiles, comerciales y arbitrales. La Corte Europea admite la renuncia a este derecho, pero a una doble condición: por una parte que esta renunciación sea libre, es decir, sin coacciones, coerciones y sin presiones de ninguna índole y, por otra parte, que la renuncia sea inequívoca, lo que significa que las circunstancias deben establecer con toda claridad que el justiciable hace renuncia o desea privarse de su derecho 'al debido proceso'.
Ahora, que los contratos sobre la Capitalización (1) se han hecho públicos en Bolivia, sabemos con mucha más precisión, que éstos se hicieron violando descaradamente nuestra Constitución y toda norma internacional sobre el 'debido proceso', y además se pone en evidencia la mala fe por parte de las transnacionales durante el proceso de Capitalización.
Mi obligación como boliviano, especialista en la materia es alertar a la opinión pública y clase política, con el fin de aclarar sobre la nacionalización, las cargas impositivas e ilustrar a la clase dirigente de nuestro país y demostrar, a través de la jurisprudencia europea, que es posible una nacionalización de hidrocarburos en el país o la elevación del pago de impuestos, dentro del respeto del marco jurídico legal aceptado por la comunidad internacional y refrendado por tribunales internacionales, sin poner en riesgo o afectar de manera sustancial el equilibrio que debe existir entre la seguridad jurídica y las necesidades imperiosas que tiene el Gobierno del presidente Mesa.
P: ¿Tratándose de un tema tan importante, porqué usted no habló con las autoridades gubernamentales, hombres políticos o sociales?
R: Justamente por la gran importancia del tema, me reuní con el Delegado Presidencial de la Capitalización Sr. Franchesco Zaratti, a quién le proporcioné la información pertinente, igualmente entregué esta Jurisprudencia al vice ministro de Justicia.
También hablé sobre el tema con el diputado Santos Ramírez, Gustavo Torrico y con el secretario general de la COB, Solares. Pero desgraciadamente estos señores hasta la fecha no se pronunciaron sobre el tema, quizá sea por desconocimiento jurídico del tema, puesto que en Bolivia no existen profesionales en la materia.
1) Nota del InfoMoreno: se trata del término eufemístico utilizado en la ley boliviana para designar a la privatización.



Opinión:

EVO Y LA 'MANZANITA' DEL PERU

Argen Press de Argentina (www.argenpress.info)

Diversas reacciones viene generando el anuncio de que Evo Morales, el líder cocalero, vendrá al Perú, según dijo el mismo en entrevista en un noticiero de la TV peruana, el último domingo: 'invitado por una delegación para fundar el MAS-sección peruana'.
La reacción mas violenta ha sido la de un arequipeño racista de apellido Bedoya Ugarteche (1) que lo ha calificado de 'indioemierda' en un gran titular de periódico; este insulto muy usado en la 'Blanca Ciudad' sirve para amedrentar a los quechuas y aymaras que representan a la absoluta mayoría de los arequipeños (aunque la raíz de Arequipa es Puquina), los criollos o blancos siempre han sido una ínfima minoría pero muy agresiva en términos de su racismo 'dominante'. Otra reacción criolla, limeña, ha sido la de Julio Cotler, intelectual prestigioso y uno de los voceros de la izquierda 'caviar', el que ha manifestado su preocupación sobre el presunto vinculo de Evo con el narcotráfico. Al parecer esta es la objeción y reacción mas inteligente de la criollidad peruana. Desgraciadamente para Cotler esta ha sido la acusación recurrente de la embajada yanqui en Bolivia contra Evo Morales, la presunción de que por defender la hoja de coca esta defendiendo al narcotráfico, peligrosa acusación que el imperio (USA) utiliza para liquidar proyectos políticos o empresariales que escapan a su férreo control, por Ej. el de Montesinos-Fujimori, pero también para tumbarse a poderosas empresas internacionales que no se ajustan a sus planes, como por ejemplo la defenestrada AEROCONTINENTE. Sin embargo hasta ahora ni la embajada yanqui ni la DEA, han podido probar nada contra Evo Morales. Lo que si queda cada vez mas demostrado es de que la guerra contra la hoja de coca es una verdadera guerra contra las economías indígenas de Bolivia y Perú, donde los enormes subsidios del gobierno norteamericano a sus productos agrarios de exportación son sus verdaderas armas, porque distorsionan totalmente los precios del 'libre mercado' y provocan que por ejemplo la arroba de papa este costando S/. 0.80 céntimos, a diferencia de la arroba de hoja de coca para 'chacchado' que cueste S/. 80.00 soles, mientras que un narcotraficante paga S/.160.00 soles. ¿Alguien querrá sembrar papa, o maiz o palma aceitera en Tingo Maria o el Monzón?. Sin embargo esto de los subsidios a sus alimentos de exportación de los EEUU, ni es materia de las negociaciones del TLC, ni es materia interesante para el Departamento de Estado del imperio. ¿Por qué?, ¿Acaso los EEUU pretenden otro Vietnam en los Andes?.
Otras reacciones notables son las de Baruch Ivcher, peruano-Israelí y magnate de la TV peruana que ante la venida del 'cholo' Morales, ha revivido graciosamente el programa denigrante de la 'desdentada y apestosa' 'chola Jacinta', así de simple. Igualmente Mauricio Mulder dirigente aprista le dice a Evo 'pobre diablo', y hace poco declaró en la TV que 'El CONAPA(2) había sido creado obedeciendo a un capricho de la Sra. Karp y no a una necesidad real del país', demostrando así que él esta mas perdido políticamente que la primera dama, que pretendió usar los 5 millones del préstamo del Banco Mundial para controlar al movimiento indígena peruano. Y esto último es lo mas cierto, pues el férreo 'control cultural' criollo sobre los indígenas, se ejerce en gran parte a través del 'control mediático', con el cual se viene silenciando e 'invisivilizando' las acciones del movimiento indígena, (por ejemplo el masivo II Congreso Nacional realizado en agosto del 2001 en el principal auditorio de la UNMSM, fue silenciado por la prensa criolla) e incluso han usado muy inteligentemente los desaciertos de la Sra. Karp para con la CONAPA, para ratificar sutilezas, como las del Sr. Mulder, de que la CONAPA es un 'capricho' de la primera dama; es decir deformando la opinión pública en el sentido de que 'en el Perú no hay problema indígena' e incluso que 'en el Perú no hay indígenas'. Esto último lo dicen clara y desfachatadamente, 'No ha pasado por Evo Morales ese fusionarse de dos mundos que, para bien o para mal pero siempre irreversiblemente se dio a partir de la conquista. Tampoco el mestizaje biológico y cultural que configura a nuestros países'( Fernando Berckemeyer, El Comercio del 25 de Marzo). Resulta ahora que los racistas son los indígenas que reclaman contra 500 años de dominación criolla, donde los victimarios genocidas y sus herederos son ahora 'las victimas' del racismo de los 'malos, falsos y arcaicos indígenas'. A estas 'vivezas' los indígenas arequipeños llaman 'echar ceniza en los ojos' y en esto los criollos peruanos son expertos.
Finalmente y al margen de estas reacciones criollas, diremos que hay algo extraño en esta visita de Evo al Perú y es que entre los dirigentes indígenas y campesinos de las diferentes organizaciones peruanas se desconoce al grupo o dirigente que esta organizando este evento en Sicuani para el 09 de abril, casi a finales de Marzo nadie sabe nada. Salvo el investigador Santiago Alfaro Rotondo que extrañamente desde el año pasado anunciaba la 'fundación del MAS-peruano' publicitando esto como un 'modelo de acción colectiva', en un informe encargado por la Fundación Ford y la PUCP, sobre la llamada 'cumbre indígena de Huancavelica', donde dice: '...fundaciones de 'partidos binacionales' como pretenden hacer los cuzqueños y Evo Morales con el Movimiento Al Socialismo (MAS), son antes que anomalías, los modelos de acción colectiva de estos tiempos sin fronteras' (3). ¿Será que este 'profeta' o 'pitoniso' sabe mas sobre el 'proceso' del movimiento indígena que los mismos dirigentes indígenas?.
Y es que tal como en Ecuador y Bolivia, en Perú existe un 'proceso' de creación del 'instrumento político' del movimiento indígena-campesino y popular peruano, y que viene anunciando su próximo III Congreso Nacional en Puno; proceso en el cual las cuatro centrales gremiales indígenas y campesinas: CCP, CNA, AIDESEP y CONAP no están al margen, mucho menos las dos COPPIPs, (dado que se dividieron en el año 2001) pero en estas organizaciones NADIE SABE NADA sobre quién esta organizando el evento señalado para el 09 de abril en Sicuani, a menos de 15 días de su visita nadie sabe en el Perú ¿Quién ha invitado a Evo?. ¿Quién será esta 'manzanita' misteriosa que tienta a Evo a venir al Perú?. Además Evo Morales y otros han señalado que aquí será fundado el MAS-peruano como 'el instrumento político' del movimiento indígena-campesino-popular peruano, pero ¿Qué clase de 'instrumento' fantasmal será este MAS-peruano, si desde ya nace 'destroncado' totalmente del proceso de las organizaciones locales?. No creemos que se trate de asumir el papel de Adán (en este caso Evo) en el paraíso y de 'fundar todo desde cero'. ¿O si?. En el Perú el pueblo mayoritario esta cansado de los 'caudillos' y de los 'mesías'. El caso de Morales como pretendido 'mesías indígena' no es el primero, pues ya lo hizo, con las imposturas del caso, el 'pachacuti' Alejandro Toledo y resulto un farsante que hasta hoy se atreve a traficar con la sagrada Chakana. Y finalmente la propuesta 'socialista' de Evo Morales tampoco es muy clara o convincente para los pueblos indígenas del Perú, en cuanto a doctrina, ideología y programa, porque la bandera 'socialista' también fue la enarbolada por la banda violentista del Sendero Luminoso.
Notas:
Javier Lajo ha sido co-organizador del Primer Congreso de los pueblos Indígenas del Perú y uno de los fundadores de la Conferencia Permanente de los Pueblos Indígenas del Perú (COPPIP), en Cusco, 1997, ha sido también el Responsable del Comité Organizador de su Segundo Congreso en Lima, en Agosto del 2001; y es actual miembro de su Comité Directivo.
1) Andrés Bedoya Ugarteche: '...¿saben qué, indios de mierda? Ustedes no tienen complejo de inferioridad, ustedes SON inferiores. Y son inferiores porque son quechuas y aymaras'. Diario CORREO 10 de enero de 2005, página 9
2) CONAPA: Comisión Nacional de Pueblos Andinos y Amazónicos.
3) Santiago Alfaro Rotondo Informe sobre la I Cumbre de Pueblos Indígenas del Perú, del proyecto Educación Ciudadana Intercultural para Pueblos Indígenas de América Latina en Contextos de Pobreza, financiado por la Fundación Ford y ejecutado por la PUCP.



Opinión:

LOS RETOS Y LOS RESTOS

Argen Press de Argentina (www.argenpress.info)

La nueva Ley de Hidrocarburos, aprobada por la Cámara de Diputados hace una semana, luego de 7 meses de discusiones, no sufrirá cambios sustanciales en el Senado Nacional, según indicios de la posición adoptada por varios partidos con representación parlamentaria. Aún en el caso de que el Movimiento al Socialismo (MAS) no logre que se apruebe su demanda del 50% de regalías, la fórmula acordada en Diputados, se acerca a esa demanda, si se toma en cuenta que, las empresas petroleras, deberán pagar otros impuestos, principalmente el Impuesto a las Utilidades.
Una vez terminado ese proceso -uno de los más importantes en esta legislatura- se inicia la discusión por la convocatoria a la Asamblea Constituyente. De hecho, el debate ya se inició en la comisión especial que se conformó con más de 20 senadores y diputados y que concluyó la redacción de un proyecto en 25 sesiones. Es posible que haya aún algún trabajo preparatorio, como la realización de talleres de participación ciudadana, antes de entregar al proyecto a consideración de la reunión de Congreso Nacional.
Retos por la Constituyente
La instalación de una Asamblea Constituyente, a más tardar a principios de 2006, será la culminación de un largo proceso de demandas que se originó en las organizaciones sociales y que, los partidos políticos representativos de éstas, asumieron como compromiso cuando, mediante las elecciones de 2002, ingresaron al Parlamento Nacional.
Una marcha indígena, que cruzó el territorio nacional de este a oeste en junio de 2002, exigió la realización de esta vital asamblea y, los parlamentarios que entonces estaban por concluir su mandato, no tuvieron ningún empacho en comprometerse a incorporar la figura de la Asamblea Constituyente en la reforma parcial de la Constitución Política. Por supuesto, no lo hicieron.
El MAS y el Movimiento Indígena Pachacuti (MIP) -el primero con 27 diputados y 8 senadores y el segundo con 6 diputados- instalaron el debate de estos temas (nueva ley de hidrocarburos y asamblea constituyente), con los que también se alinearon otros partidos del esquema neoliberal, con diversa intencionalidad, aunque con muy poca intensidad. De hecho, utilizaban el discurso en ocasión de sus ataques al gobierno, cuando era de su conveniencia pese a que todos ellos participaban de él.
La revuelta de septiembre-octubre de 2003 cambió radicalmente el panorama: la ley de hidrocarburos y la asamblea constituyente pasaron a ser realidades concretas en el futuro inmediato. El MAS midió cuidadosamente los pasos en el incierto camino que se abrió tras la vergonzosa fuga de Gonzalo Sánchez de Lozada y sus secuaces y la instalación del vicepresidente Carlos Mesa en la silla presidencial.
La defensa de la democracia pasó a ser una alta preocupación, como factor de avance hacia las metas señaladas. Así, en enero de 2004 se sancionó un conjunto de reformas constitucionales que incorporaron el referéndum, la asamblea constituyente y la iniciativa ciudadana, entre otras cosas, como figuras de participación popular en la toma de decisiones. En julio siguiente, se realizó el referéndum sobre política energética, que sancionó la recuperación de la propiedad de los hidrocarburos y fijó el 50% como meta del beneficio que debía recibir Bolivia para la explotación de aquellos.
Hasta ahí, todo parecía conducirse por un camino relativamente llano. Los grupos conservadores y de derecha, simplemente se mantenían a la expectativa. Las fuerzas armadas veían con gran interés el proceso de recuperación de la soberanía.
Fue al iniciarse la tramitación parlamentaria de la nueva Ley de Hidrocarburos que aparecieron las dificultades. El gobierno comenzó a mostrar una conducta cada vez más divergente de las posiciones sustentadas por la mayoría de la población. En tales circunstancias, la derecha se rearmó y, aunque no ha podido atraer a los cuerpos armados, no se ceja en su intento de desatar un enfrentamiento violento con los sectores populares.
Los restos contra la Constituyente
Ya en junio de 2004, un mes antes del referéndum sobre el gas, un importante sector de la derecha, representado en el Comité Cívico pro Santa Cruz, lanzó lo que entonces llamó la 'agenda de junio' con una serie de reivindicaciones empresariales que trataba de contraponer a la conocida como 'agenda de octubre', que incluye la nueva Ley de Hidrocarburos y la Asamblea Constituyente, como las metas más importantes. Pero, después del referéndum, aquella primera toma de posición fue olvidándose.
El enfrentamiento entre un gobierno que se convirtió, deliberadamente o no, en defensora del interés de las petroleras y el Parlamento, en el que se fue asentando firmemente la convicción de que debía llegarse al 50% de beneficios para el país, dio pie a un rearme de la derecha.
Las petroleras, viendo en ese momento su oportunidad, contribuyeron eficazmente a las movilizaciones de estos sectores que, en enero de este año, lograron una masiva concentración en Santa Cruz, demandando la autonomía de ese departamento. La exigencia es muy simple: hay un evidente agotamiento del modelo centralista de poder que se mantiene desde la fundación de la república; la autonomía de los departamentos -principalmente de esa región- sensibiliza incluso a los sectores más humildes, por múltiples razones, por lo que es posible mover a grandes sectores de la población en esa dirección. Por supuesto, los promotores se cuidan muy bien de establecer qué tipo de autonomía se plantea, aunque tienen un esquema muy detallado de sus alcances.
Básicamente, propugnan una autonomía muy parecida a la separación del país, con autoridad propia sobre temas económicos, sociales y políticos. De hecho, quisieran que el Estado central se ocupara de las relaciones diplomáticas internacionales (incluso quisieran tener capacidad de contratación de créditos internacionales y control sobre el comercio con otros países) y de la defensa nacional. ¿Presupuesto? Algo quedará de los beneficios del gas y el petróleo, después de satisfacer los requerimientos locales.
El presidente Mesa, enfrentado con los sectores sociales que exigen definiciones sobre el tema del gas, claudicó ante las exigencias del comité cívico y, además de alinearse con la autonomía reclamado por éste, lanzó un decreto convocando a la elección de prefectos, autoridad departamental que, según la constitución, es designado por el presidente al igual que los ministros de su gabinete. Esta curiosa elección debía realizarse en junio próximo, según estipuló el decreto de marras. Sin embargo, sus discordes con el congreso, impidieron que impulsara la aprobación de las disposiciones necesarias para este propósito; hoy, ha quedado indefinida la fecha de elecciones.
La renuncia con que Mesa amenazó a quienes se le oponían, su posterior y fallida alianza con los partidos tradicionales, el intento de convocar a elecciones adelantadas, entre el 6 y el 16 de marzo, además de crear una atmósfera de incertidumbre fue el momento propicio para que las fuerzas populares retomaran el papel protagónico que jugaron durante todo este tiempo y que, circunstancialmente, la derecha intentó desplazar.
Una agenda nacional
En estas circunstancias, el MAS propuso la formulación de una agenda nacional que incluya las demandas y requerimientos de todos los sectores. Por tanto, el tema de las autonomías también se incorpora a esa agenda; naturalmente, debe haber un sentido de coherencia en base a una condición esencial: la asamblea constituyente determinará cuál es la forma en que se estructurará el país de aquí en adelante.
El planteamiento es que, un referéndum sobre el tema de la autonomía se realice simultáneamente con la elección de constituyentes. El decreto sobre elección de prefectos debe quedar en suspenso, puesto que, un prefecto elegido supone la asignación de nuevas atribuciones que no pueden discutirse antes de la Constituyente.
Este es el reto actual. Por supuesto, los restos de los partidos tradicionales, buscarán obstaculizar este proceso, abanderándose con la autonomía departamental y propiciando la elección de prefectos. Sin embargo, no parecen tener fuerzas para imponer esos criterios, como lo supusieron cuando, en enero pasado, lograron una extraordinaria concentración en la ciudad de Santa Cruz. Aquel fue su culminación, a partir de la cual han comenzado otra vez a disminuir en su capacidad de convocatoria.
Como vemos, la situación es complicada, pero la luz al final del túnel es visible.



MAS: 10 AÑOS DE LUCHA Y COMPROMISO

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El Movimiento al Socialismo (MAS)-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP) y los movimientos sociales de Bolivia, el 27 de marzo de 2005, conmemoramos 10 años de lucha y compromiso social en busca de una Patria libre, soberana, digna y con justicia social.
En sólo 10 años y a pesar de una campaña contraria desde los partidos tradicionales, los grupos oligárquicos, las transnacionales, la embajada de Estados Unidos y, el propio sistema, el MAS-IPSP en la actualidad es la primera fuerza política de este país, ubicado en el epicentro del continente americano.
En 1994, antes del nacimiento de nuestro Instrumento Político, el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (ahora refugiado en Estados Unidos) trató de imponer una política criminal contra las mayorías nacionales -principalmente contra los productores de coca- denominada 'Plan Nuevo Amanecer' que tenía la intención no sólo de eliminar todos los cultivos de coca sino de expulsar a miles de familias de su propio territorio.
Esa es la antesala de nuestro nacimiento a la vida política: represión, muerte, enfrentamientos, movilizaciones y una gran marcha desde el Chapare hasta La Paz denominada 'Por el Territorio, la Coca y la Dignidad Nacional', donde miles de productores de coca, colonizadores y campesinos, pero también otros sectores sociales demandamos al Estado que escuche el clamor de la mayoría nacional.
Al no ser escuchados por el gobierno, las confederaciones nacionales de las principales organizaciones rurales del país determinamos construir nuestro instrumento político, acabar con el pongueaje político y participar con nuestros propios candidatos en las elecciones municipales y generales.
Nuestra fundación
En 1995, la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), junto a las organizaciones indígenas, colonizadoras, sin tierra, mujeres agrarias y otros sectores sociales, cansados de ser la 'escalera política' de los partidos tradicionales y la propia izquierda, determinamos crear nuestro propio Instrumento Político denominado Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP).
Como era lógico, la Corte Nacional Electoral, en ese entonces apéndice de los partidos tradicionales, nos negó nuestra personería jurídica; sin embargo, en 1995, bajo la sigla de la Izquierda Unida (IU) y con el lema 'votar por nosotros mismos' participamos primero en las elecciones municipales, obteniendo 49 concejalías y 10 alcaldías, todas en el departamento de Cochabamba; luego en 1997, en las elecciones generales, obteniendo el 3.8 por ciento de la votación a nivel nacional y ganando cuatro diputaciones, también en Cochabamba. La Corte Nacional Electoral durante cinco veces consecutivas nos negó la personería jurídica. Versiones oficiales señalaban que la embajada norteamericana presionaba para impedir que se nos reconozca como Instrumento Político, 'mientras Evo Morales sea su principal dirigente'.
En 1998, en alianza con sectores de profesionales identificados con su pueblo y trabajadores de diferentes sectores de las ciudades, recurrimos a la sigla del Movimiento al Socialismo (MAS) para participar en las elecciones municipales donde obtuvimos 81 concejales distribuidos en todo el territorio nacional, excepto en Pando y Beni.
En enero del 2002, en una jornada negra para la democracia del país, los diputados de la denominada 'clase política' se unieron para arrebatarle el fuero parlamentario al jefe del MAS.
Con esa acción anticonstitucional, tenían la intención de liquidar a nuestro movimiento, pero lo que ocasionaron fue absolutamente lo contrario: gran parte de la población rescató su ideología antineoliberal, anticapitalista y antiimperialista para sumarse orgánicamente a nuestro movimiento.
A pesar que en este período nos han calificado como 'mafias cocaleras', 'talibanes', 'anarcosindicalistas', 'narcoterroristas', 'financiados por Venezuela y por un tal Soros' y muchos otros adjetivos más, lo evidente es que en estos 10 años como MAS hemos demostrado que sin recurrir a las prebendas ni a la compra de conciencias -como lo hacen los partidos tradicionales- nos hemos convertido en la esperanza de cambio para los desposeídos.
Esa fortaleza la hemos demostrado en las elecciones generales de 2002, cuando bajo el binomio Evo Morales-Antonio Peredo disputamos la posibilidad de asumir la Presidencia de la República. El MAS, sin financiamiento estatal, obtuvo más del 20.95 por ciento de los votos con el apoyo de más de medio millón de bolivianos y bolivianas, a pesar que el propio embajador norteamericano Manuel Rocha exigió que no apoyen a nuestro movimiento.
Desde las últimas elecciones municipales de diciembre de 2004, el MAS se ha constituido en la primera fuerza política de Bolivia, logrando concejales y alcaldes en todo el territorio nacional.
Nuestro reto
En todo este proceso, los militantes y simpatizantes de nuestro movimiento, no sólo han sido víctimas de la bala y la metralla, de la represión y la cárcel, sino también del chantaje y de la criminalización.
La conjunción de ideales y de clases sociales, de prácticas y luchas, de realidades y esperanzas, tienen su inspiración entre los masistas en el ejemplo de Tupak Katari, Bartolina Sisa, Simón Bolívar, Ernesto 'Che' Guevara, Coco e Inti Peredo, Marcelo Quiroga Santa Cruz, Luis Espinal y otros mártires que por una Patria libre y con justicia social, ofrendaron sus vidas.
Como en el último período, el presidente Carlos Mesa, ha recurrido a criminalizar, satanizar y penalizar a los movimientos sociales, en el pasado otros dignatarios y representantes de partidos políticos del MNR, MIR, ADN y NFR utilizaron la represión, el chantaje y la prebenda para tratar de destrozarnos; no lo pudieron.
El MAS, es el instrumento político de los pobres de Bolivia. De la mayoría nacional. Somos un movimiento de la identidad de aymaras, quechuas, guaraníes y otras nacionalidades indígenas, pero también de campesinos, colonizadores y cada vez de más sectores sociales en las áreas urbanas del país.
A diferencia de los partidos tradicionales, la fortaleza del MAS radica en las decisiones que emanan de los ayllus, comunidades, capitanías, sindicatos, centrales y federaciones. Todo desde las bases.
Este movimiento no sólo tiene ascendencia nacional sino internacional, muy pronto fundaremos el MAS en el Perú y luego en otros países. Con el objetivo de ser parte de la construcción de la Patria Grande-como soñaron nuestros antepasados- nuestro reto en el futuro es lograr la unidad social y política no sólo para llegar al gobierno sino para tomar el poder… * Evo Morales Aima es Presidente del MAS.

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