BOLIVIANOS DE CALAMA QUIEREN ADOPTAR A NIÑA VIOLADA Y GUAGUA RECIÉN NACIDA

BOLIVIA RECLAMA CUSTODIA DE "NIÑA MADRE" Y SU HIJO

El Mercurio de Antofagasta (www.mercurioantofagasta.cl)

Con el paso de los días surgen nuevos antecedentes del drama que enfrenta la niña madre de nacionalidad boliviana que con apenas 10 años dio a luz en el Hospital Regional de Antofagasta producto de los múltiples abusos sexuales de su padrastro.
La pequeña que nació en Uyuni, Departamento de Potosí, vivía junto a sus abuelos en la modesta localidad de Colchaca, pero fue traída hace más de tres años por su madre a Calama con el sueño de encontrar un mejor futuro económico, sin poder adelantar los tristes detalles de una historia que aún no tiene final.
Ahora Bolivia, su país natal, también reclama su custodia y la de su pequeño hijo, como una forma de garantizar su bienestar sicológico y social.
ENCUENTRO
Así se desprende de una reunión de carácter informativo que solicitó el cónsul de Bolivia en Antofagasta, Walter Ordóñez, a la directora regional del Servicio Nacional de Menores (Sename), Yolanda Tabilo, para conocer detalles de la delicada situación que enfrenta la pequeña.
Al término del encuentro, la autoridad diplomática confirmó que su país está a la espera de la posible repatriación de ambos menores dada la nacionalidad boliviana de la madre, decisión que está en manos del Juzgado de Menores de Calama.
Junto con ello confirmó que se han realizado las gestiones respectivas a nivel de Cancillería para buscarle a la niña y su hijo un cupo en un hogar de menores del vecino país.
“La jueza es quien determinará si en este caso corresponde la repatriación, sin embargo, nosotros ya hemos realizado las gestiones pertinentes a través de la Cancillería en Bolivia para que se haga cargo de ella un centro de albergue para menores”, apuntó.
FAMILIA
A través de sus palabras Ordóñez también dejó entrever que han buscado la alternativa de contactar a familiares directos de la menor que eventualmente puedan brindarle acogida, pero hasta el momento esa alternativa ha quedado descartada.
“Su padre biológico también de nacionalidad boliviana, Milton Ramos, lastimosamente ya tiene otra familia y las posibilidades de que se pueda hacer cargo son remotas en vista de que podríamos ponerlo en una inestabilidad con su nueva familia y esto origina que no podamos contar directa o indirectamente con él”, apuntó. La pequeña Yenny también tiene a su abuelo y a un tío que apenas conocido el caso en enero pasado viajaron hasta Calama con la intención de llevársela de regreso a Bolivia, sin embargo, por las medidas de protección decretadas por el tribunal en ese momento esta acción fue imposible.
“Teníamos también la remota posibilidad de que el abuelo pudiera hacerse cargo, pero es una situación muy carente por el mismo lugar donde radica (Coalchaca) hace que podamos estar en una situación precaria de comunicación", dijo.
Agregó que "el tío materno existe, pero lastimosamente hemos perdido el contacto con este señor y eso ha originado que estemos trabajando en nuevas alternativas para brindarle bienestar y estabilidad a la niña”, sostuvo.
DECISION
Walter Ordóñez valoró el trabajo que han realizado las autoridades locales y afirmó que respetarán la decisión que adopten los tribunales.
“Nuestra postura como consulado es apoyar el trabajo que está realizando el Sename y el tribunal de menores de Calama. Sin embargo, queremos volver a reiterar nuestra predisposición a brindarle todo el respaldo que se merece la niña y el bebé que nació y buscar una solución que pueda brindarle estabilidad emocional, bienestar a futuro y brindarle toda la tranquilidad que merece la menor”.
De esta manera sólo se espera la determinación judicial en este estremecedor caso.



Debido a que el violador y su cómplice son de esa nacionalidad

BOLIVIANOS DE CALAMA QUIEREN ADOPTAR A NIÑA VIOLADA Y GUAGUA RECIÉN NACIDA

Ultimas Noticias de Chile (www.lun.com)

El presidente de los bolivianos residentes en Calama, Valerio Mamani, solicitó que la niña de diez años que fue violada por el conviviente de su madre, y la guagua que nació producto del ultraje, sean adoptados por una familia boliviana de la nortina ciudad.
Cuando el dirigente se enteró en enero del embarazo de la menor, manifestó su indignación en contra de sus compatriotas involucrados: Luis Ramos, quien ultrajó a la pequeña, y Norma Cayo, que la amenazó de muerte para que ocultara el hecho.
Durante los siguientes meses, Mamani siguió con preocupación el embarazo y respiró tranquilo cuando se enteró del nacimiento de un robusto varón de tres kilos 800 gramos.
“A mi juicio, sería mejor que dieran en adopción a los dos niños juntos. Para un menor impacto podrían ser acogidos por una familia bien constituida de bolivianos residentes. Por eso el consulado acogió el tema y está viendo las posibilidades al respecto, pero todo está en manos de la justicia”, explicó.
El inmigrante, que lleva más de 30 años en el país, considera que una adopción por parte de bolivianos “significaría un menor impacto emocional para la pequeña, ya que compartirían una misma cultura”.
-¿Hay matrimonios bolivianos que podrían hacerse cargo de los dos?
-Tengo entendido que en el consulado se manejan algunas alternativas, por eso el lunes voy a tener una reunión para ver cuáles son las posibles familias candidatas.
-¿Supo del interés de algún familiar ?
-Al principio vinieron de Ollagüe unos parientes lejanos, pero se desistieron de hacerse cargo porque tienen una pésima situación económica, ya que son unos campesinos muy pobres.
Juega con muñecas
Sobre los plazos que maneja la justicia para determinar el futuro de la menor y su bebé, la directora del Sename de la Segunda Región, Yolanda Tabilo, aseguró que “hay procedimientos que tiene que llevar a afecto el tribunal de menores y para eso no se tiene una fecha exacta, aunque junto con la jueza vamos a tratar de que sea luego”.
Y en relación con el estado de la pequeña de diez años y su hijo, la personera informó que “ella está bien de salud y se ha seguido comportando como niña, jugando con muñecas de la manera más normal posible. La guagüita no presenta ningún problema, incluso nació muy gordita”.



OCUPAN UNA CASA Y LE QUIEREN COBRAR LOS ARREGLOS

El episodio ocurrió en Azul, donde una mujer regresó de Bolivia y se encontró con una pareja en su vivienda que quiere cobrarle $13.000 por las refacciones

Diario INFOBAE de Argentina (www.infobae.com)

Una mujer de la ciudad de Azul radicó una denuncia ante la justicia penal luego de que al regresar de un viaje al exterior por motivos de salud se encontró con que su casa había sido usurpada por una pareja de desconocidos. Además, los ocupantes, que habían realizado arreglos en la casa, exigen cobrar lo invertido antes de devolver la propiedad.
Eva de Albertengo debió ausentarse de la ciudad para realizarse un tratamiento médico en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y al regresar descubrió que una casa quinta de su propiedad había sido ocupada por una pareja -al parecer de Azul- que se habían instalado a vivir allí. Además, observó que los usurpadores le habían hecho numerosas refacciones al inmueble.
"Este hombre se metió en la casa, me bajó una barra que yo tenía adentro, levantó paredes, me bajó los pilares y unas plantas de eucaliptos. Puso ventanas que no tienen nada que ver con la estructura que diseñó el arquitecto", denunció la mujer en diálogo con el diario azuleño "El Tiempo".
Agregó que "en el fondo yo había hecho una casa para los huéspedes y la llenó de conejos, me hizo un desastre. La puerta de entrada del garaje y todas las aberturas fueron pintadas de azul y declaró que en mi casa quinta hay 48 vidrios que él colocó, cuando en realidad la casa tiene apenas 27".
Por tal motivo, desde el 24 de febrero pasado, la mujer ha realizado presentaciones ante la Fiscalía 6 pero con resultados negativos. Luego, la causa fue trasladada a otra fiscalía, el trámite avanzó y estuvo a punto de producirse el desalojo de los usurpadores, aunque finalmente no ocurrió.
"La Fiscalía se ha portado muy bien. La semana pasada ya salía el desalojo compulsivo, pero el abogado del usurpador se presentó con documentación y fotos solicitando que se le paguen a su cliente 13.000 pesos que fueron invertidos en la casa", expresó la damnificada.
No obstante, "si a mi casa le faltaban los vidrios, sanitarios y la mesada, eso era una cuestión mía, él no tenía por qué meterse", respondió. Ante la situación, la señora de Albertengo expuso su problema hasta con el intendente Duclós, "quien me atendió muy bien y me dijo que iba atestiguar que la Municipalidad no le había dado nada a esta gente".
En tanto, la mujer, quien padece un problema de salud, se encuentra alojada, temporalmente, en el domicilio de un vecino amigo de la familia.



BOLIVIA QUIERE MANEJAR RUINAS DE HUANCHACA

El Mercurio de Chile (www.emol.com)

El edificio histórico más impactante y colosal que tiene Antofagasta, que ha permanecido durante un siglo absolutamente abandonado, está en la mira de los bolivianos, y es muy posible que se lo pidan al Gobierno de Chile para restaurarlo y cuidarlo. A la imponente construcción, de una altura cercana a los 15 pisos y ubicada en el sector sur de la ciudad (población Coviefi), se le conoce como ruinas de Huanchaca. Allí funcionó por más de diez años (1892-1902) la más grande refinería de plata en Sudamérica explotada por capitales bolivianos (200 mil acciones), europeos (80 mil) y chilenos (40 mil). Llegó a procesar doscientas toneladas diarias de mineral y a producir 20 toneladas mensuales de plata fina. Llegó a emplear a unos mil 200 trabajadores.
El mineral era traído en ferrocarril desde los yacimientos bolivianos de Pulcayo y Oruro, en un viaje que demoraba dos días y medio. Una vez elaborado, se exportaba en barco rumbo a los exigentes mercados europeos. No hay autoridad política, académica y económica de la comuna que no haya pensado en reparar y recuperar esta majestuosa construcción declarada monumento histórico en 1974.
Sin embargo, y pese a múltiples buenas intenciones, proyectos y designación de comisiones, todo ha quedado en el aire y nunca se ha hecho nada al respecto, salvo cuando el sector se limpia para ocasiones muy especiales, como el Concierto de Navidad, cuando se realiza allí un gran festival pirotécnico.
Hoy es un reducto de delincuentes y drogadictos. Por eso, el cónsul de Bolivia en Antofagasta, Walter Ordóñez, está decidido a iniciar una campaña para que el gobierno chileno entregue la administración de las ruinas de Huanchaca a su país.
Según el cónsul Ordóñez, ese recinto es importante para los bolivianos, "y los chilenos -agrega- debieran respetar lo que en el pasado fue nuestro avance económico y tecnológico en tierras internacionales".
Gigantesca fundición
Las ruinas de Huanchaca, que son 15 inmensas columnas de piedra de anclaje de los hornos donde se fundía la plata, pasaron al fisco apenas fueron abandonadas, en 1901. Sólo en 1964 el Estado las transfirió a la Universidad Católica del Norte, carente de los fondos para mantenerla.
En un recorrido por estas ruinas se comprueba el abandono total en que se encuentran. Sobre los nauseabundos olores a basura, se ve a jóvenes consumiendo alcohol y drogas. En ese mismo sitio se han cometido crímenes, violaciones y suicidios.
De los numerosos proyectos abortados para restaurar este monumento, está el concurso nacional de arquitectura realizado en 1996 (auspiciado por la municipalidad y la UC del Norte) y que lo ganaron los arquitectos Ramón Coz, Marco Polidura e Ignacio Volante. La idea era convertir las ruinas en un espacio útil para la ciudad, pero nadie contaba con los 3 mil 968 millones de pesos que costaba. Y, obviamente, nunca se hizo nada. El alcalde de Antofagasta, Daniel Adaro (independiente), está en busca del financiamiento para restaurar el lugar.
En quechua
La palabra "Huanchaca" es quechua y significa "puente de las penas". El imponente edificio se construyó para albergar el Establecimiento industrial de Playa Blanca. Las ruinas representan una parte del ciclo minero del país, el que permitió el desarrolló del telégrafo, completó el tendido del ferrocarril y de los ductos de agua para toda Antofagasta.



COLCHANE Y SU DURA BATALLA CONTRA ILEGALES Y TRAFICANTES:

LA CAPITAL DEL CONTRABANDO

Altiplano cargado de bolivianos ilegales, contrabandistas de automóviles y "burreros". Apenas una camioneta de Carabineros recorre casi 200 kilómetros de frontera, mientras los delincuentes alertan con campanas y señales de fuego en los cerros. El complejo fronterizo chileno funciona de 8 a 20 horas e, insólitamente, un pueblo ha quedado más allá del edificio, por lo que sus habitantes deben pasar por aduana cada vez que ingresan a su país.

El Mercurio de Chile (www.emol.com)

Los 263 kilómetros que separan Iquique de Colchane son una curiosa mezcla de mercado informal, camino endemoniado, puna inevitable y paisajes de postal.
Por ejemplo, para cargar de combustible el automóvil es necesario detenerse en Huara -un minúsculo poblado ubicado a 73 kilómetros de Iquique hacia el norte- y rastrear una modesta casucha sostenida por latones para que una pareja de ancianos comience a bombear la bencina desde un viejo tambor, lo ponga en unas ex garrafas de vino y lo carguen ayudados por un artesanal embudo casero.
"Sólo hay 93 octanos", dice como lamentando la escasa variedad el viejo de rostro curtido y oscuro mientras sigue bombeando el carburante.
Luz por un rato
Desde Huara, un inmenso e inclinado cordón umbilical de asfalto se interna hacia las entrañas del altiplano de la I Región. La ruta, que aparece cuidada y llana en sus primeros 50 kilómetros, poco a poco se va transformando en un camino donde imponen su ley los forados, el polvo, las subidas y bajadas abruptas y la calamina. Mientras el trayecto cada vez roza más el cielo al pasar por los cinco mil metros, decenas de llamas y alpacas con sus pastoras aimaras de coloridos vestidos se encargan de copar por largo rato la ruta.
Cerca de Colchane, un solitario pastor está sentado en un humedal bajo un cielo azulísimo, un sol despiadado y unas nubecillas de pompas de algodón cuidando a sus desparramados animales que no se cansan de morder la vegetación.
El pueblo, de pronto, aparece como una vieja ciudadela semifantasmal en medio de la inmensidad del altiplano. A tres mil 800 metros, Colchane es la última frontera antes de internarse en Bolivia.
No son más de 180 personas las que viven acá, aunque la cifra se eleva a mil 500 si es que se consideran los otros 21 poblados de los alrededores que forman parte de la municipalidad de Colchane.
Por acá el 90% de su gente es aimara que batalla contra temperaturas que van desde el calor seco de la tarde hasta infernales temperaturas bajo cero que en las noches de invierno se acercan a los -30°.
"Nuestra principal lucha es contra la naturaleza. Es muy duro vivir acá", explica Gabino García, un funcionario de la municipalidad de rostro oscuro que jamás se ha movido del pueblo.
En Colchane no se escuchan radios, las conexiones a celular son imposibles, la luz se da entre las 8 de la mañana hasta la medianoche y su gente, dedicada a pequeñas labores agrícolas, no gana más de 40 mil pesos mensuales.
En el andino villorrio se hacen notar un gimnasio municipal, el edificio de la municipalidad, una entierrada cancha de fútbol donde se juegan fieros partidos con poco oxígeno, la biblioteca municipal con sus dos computadores conectados a internet, la subcomisaría, el complejo aduanero y un insólito pueblo chileno que quedó más allá de la aduana.
Campanas y fogatas de alerta
Afuera de la subcomisaría de Colchane, una enorme hélice de avión le entrega a la verde construcción un desconcertante tono de andino museo aeronáutico.
En realidad, el propulsor perteneció a un viejo avión americano Lockheed cargado de whisky escocés y cigarrillos que, a fines de los '60, se vino a tierra en las cercanías de Colchane. Entonces, a modo de homenaje por el rescate de sus tripulantes, la compañía decidió dejar como recuerdo la enorme aspa.
En el cuartel policial viven 27 funcionarios. Ahí, los policías deben echar mano a la única camioneta todoterreno y a las dos motos para intentar proteger los 168 kilómetros de frontera que tienen bajo su responsabilidad. La subcomisaría es un lugar envejecido, pero grato. Una antena televisiva de SKY permite a los funcionarios algo de entretención en tanta soledad. Pegado a los dormitorios, un generador permite la luz necesaria para realizar los procedimientos, pero también sirve para impedir el sueño de los hombres que, a pocos metros, intentan dormir.
En el patio del lugar, casi una cincuentena de vehículos estacionados y empolvados reposan tras haber sido rescatados de los intentos de contrabando.
El cabo 1° Erwin Díaz, un tipo flaco y alto, es el hombre que suele colocarse tras el volante de la camioneta policial y encaminarse por intrincados senderos y rutas que sólo él conoce a la perfección. A su lado suele ir el teniente Mauricio Jéldrez.
Juntos se internan de día o de noche en la inmensidad del altiplano con una única misión: detener a los ilegales bolivianos que cruzan la frontera rumbo a Chile, parar el ingreso de drogas portadas por "burreros" y frenar el creciente contrabando de productos.
El asunto es tan complicado en esta parte del norte de Chile que las propias autoridades bolivianas estiman que la mitad del contrabando que sale y entra a su territorio lo hace por los alrededores de Colchane.
Como sea, los vehículos de contrabando -llamados acá en las alturas "chutos"- son los que exigen mayor despliegue de esfuerzos policiales.
En el altiplano, cualquier pueblo olvidado puede convertirse en un buen centro operacional de los traficantes. Cariquima es un ejemplo. El villorrio -donde se dice que alguna vez hasta estuvo el colombiano Pablo Escobar coordinando algunos de sus envíos de drogas- está a casi 30 kilómetros de Colchane y, durante largo tiempo, su minúscula plaza ha sido el lugar hasta donde llegan los vehículos sacados de Iquique y donde son entregados a conductores bolivianos para que los internen ilegalmente en su país.
Bien preparados -con choferes que manejan sin problema autos con volantes instalados al lado izquierdo y donde los pinchazos suelen arreglarlos con paja-, los contrabandistas suelen obtener ayuda de lugareños y de algunos vigías apostados a distancia.
En la plaza de Cariquima, el vetusto campanario solía repicar a modo de aviso cuando se acercaban los carabineros. Incluso, desde el lado boliviano, es común que fogatas aparezcan en las alturas de los cerros para avisar la presencia policial. Hasta venta de combustible ilegal solía haber en Cariquima.
Hoy, en el foro del pueblo de escasos 200 habitantes está estacionado un retén móvil llevado desde Iquique para intentar alejar a los contrabandistas.
El suboficial Jimmy Contreras y el cabo 2° Iván Contreras aguantan como pueden la soledad y el terrorífico frío de las madrugadas. "Es mejor estar abajo, caminar y conversar. Así se pasa menos frío que quedarse dentro del retén", explica Covarrubias mientras un anciano vecino dormita solitariamente en una banca de la plazoleta.
Chilenos "no chilenos"
Además de los esfuerzos policiales, el complejo aduanero Cerrito Prieto intenta, como puede, detener el tráfico de mercaderías, la internación de droga y el paso de indocumentados.
El paso funciona de 8 a 20 horas, aunque es usual que su personal deba levantarse para situaciones especiales, como hace unas semanas, cuando llegó hasta el portón un carro mortuorio que intentaba pasar al otro lado de la frontera con su inerte carga a bordo.
Pero también es usual que, mientras el puesto está cerrado, contrabandistas e ilegales intenten cruzar la frontera por los alrededores del complejo.
Mientras la perra "Lady" recorre con su nariz los bolsos, Luis Basáez y Mauricio Soudre, ambos funcionarios del SAG, explican que la situación es especialmente compleja debido a la existencia de 15 pasos no habilitados que se reparten por la zona.
Se supone que los pasos fronterizos son el último bastión territorial. Se supone que más allá lo único que hay es un nuevo país. Se supone...
Pero en Colchane las cosas son distintas.
Insólitamente, pasado el complejo aduanero, apenas 1,5 kilómetro más allá, existe un pueblo chileno llamado Pisiga Carpa. Sí, apenas es un minúsculo y olvidado caserío en donde viven más de 15 familias, pero estos chilenos son los únicos habitantes del país -colegiales incluidos- que deben pasar por la aduana si es que quieren ir a su vecino pueblo de Colchane.
Jorge Pastor García Mamane ha vivido toda su vida en Pisiga Carpa.
Junto a su mujer y su pequeña hija, la familia lleva rato intentando que una madre alpaca dé de mamar a su pequeña criatura. Jorge, eso sí, está pesimista y cree que la madre no acogerá al crío y que éste morirá.
Caminando por Pisiga Carpa, con su desierta plaza con una pequeña y deshilachada bandera nacional flameando histéricamente por la ventolera, Jorge Pastor se lamenta de su mala fortuna de haber nacido y vivir "fuera de Chile".
"No tengo libertad para transitar. Desde hace años que nos han dicho que van a correr el complejo aduanero, pero no hacen nada. Me siento casi boliviano. Hasta he pensado un día cambiar la bandera chilena por una de Bolivia....", dice con sincera amargura el hombre mientras se aleja cabizbajo hacia la alpaca que aún se niega a dar leche a su cría.



RENTA PETROLERA Y SEGURIDAD JURÍDICA

Argen Press de Argentina (www.argenpress.info)

Por: Roger Ortiz Mercado (BOLPRESS).- Es una necesidad impostergable para los bolivianos, recuperar el dominio sobre los hidrocarburos y este dominio, no es un concepto reducido a la participación en el ámbito impositivo de las regalías petroleras, sino de la renta petrolera.
La renta petrolera bajo dominio del Estado Nacional, permitirá obtener un excedente económico para desarrollar el país. Sobre este tema, existe una posición incomprensible, pero entendible de la dirigencia política y cívico-empresarial de Santa cruz, en alianza con dirigencias similares de otra parte del país.
Señalo de incomprensible la posición de no defender la mayor participación impositiva, vía regalías del 50%, porque el desarrollo cruceño, esencialmente es producto de la disponibilidad de parte de esa renta petrolera que YPFB, entregaba como regalías según los postulados de la ley de Busch de 1938.
Hay que destacar la nacionalización de la Gulf Oil Company, recuperó la soberanía y la renta petrolera sobre los recursos hidrocarburíferos. El Código Davenport, promulgado por Paz Estenssoro había regalado estos recursos. Digo que es entendible la posición de las dirigencias políticas y las cívico-empresariales, porque su concepción rentista -de vender los recursos naturales sin ningún beneficio para el país-, es su razonamiento más lúcido; proveído que le permite integrar el círculo vicioso de la corrupción.
La administración pública y la seguridad jurídica
Las actitudes cipayas de las dirigencias bolivianas, están sistemáticamente bloqueando el desarrollo nacional y la vida de los bolivianos. Lo anterior, demuestra también, un desconocimiento de la ciencia de la administración pública.
En la conformación del Estado; la primacía es de la ley. Max Weber, llamó la dominación legal en contraposición a las formas tradicionales y carismáticas de dominación. Estableció que la racionalidad está sustentada en el derecho y el derecho tiene la racionalidad, que la hace calculable y libre de arbitrio. Estos principios, se ha quebrantado en la gestión neoliberal a partir de 1985; generando ilegitimidad en las normas jurídicas por violación a la Constitución.
El Estado de Derecho, sea liberal o social, determina que el proceso administrativo necesita de una ley, pero esa ley debe sujetarse a lo contenido por la Constitución, para otorgar seguridad jurídica.
El derecho constitucional y el derecho administrativo son el resultado del desarrollo del proceso histórico en la formación de los estados nacionales y esencialmente del Estado de Derecho. Para este propósito se establece la separación de poderes con el propósito de eliminar el abuso del poder político, o también denominado abuso de poder, tema que se analiza más adelante y que también, fue examinado en mi anterior comentario ¿Seguridad Jurídica?
Para concluir, señalo que Max Weber dice que para proteger al individuo de la arbitrariedad personal en el ejercicio del poder debe respetarse la Constitución y el derecho público, tema que en el proceso de capitalización y en la promulgación de la ley de hidrocarburos de Sánchez de Losada, se respetó el Estado de Derecho.
El neoliberalismo es la negación del Estado moderno, porque se impone el autoritarismo antijurídico, que lo quieren disfrazar de dominación carismática, en franco desconocimiento de la sociología de la administración pública. La alianza estratégica del saqueo nacional, estructurado por las transnacionales y las dirigencias apátridas, establece un espacio anómico denominado: vacío de derecho.
El bloqueo de los bloqueadores: la inseguridad jurídica y la renta petrolera
Entre los distintos tole-toles de las dirigencias - a nivel político y cívico -empresarial-, está el tan cacareado tema de la inseguridad jurídica.
El tema central es no permitir que la renta petrolera esté en manos del Estado Nacional, y constituye un acto de bloqueo - económico, social, cultural y tecnológico- dado que inviabiliza el desarrollo nacional.
Arrebatar al país, su derecho inalienable a una renta petrolera justa, es el gravísimo acto de bloqueo a todo el cuerpo social nacional. La dirigencia política y cívico-empresarial, se opone a la existencia del país en un marco de dignidad y soberanía.
En noviembre del 2002, publiqué en El Nuevo-Día, un comentario periodístico titulado Petróleo y Gas, en el cual efectué un cálculo de renta petrolera, con respecto a la venta de gas al Brasil. Es de anotar que la relación impositiva fue del 28%, en cuanto al tema impositivo- tanto regalías e impuestos- de la actividad petrolera. Debo señalar que en este cálculo, fuí muy conservador y sin embargo, el beneficio es muy alto para las empresas transnacionales, lo que establece una relación inequitativa y grosera.
La renta petrolera constituye uno de los ejes temáticos más importantes del actual debate de la ley de hidrocarburos, dado que establecerá o determinará la viabilidad concreta de Bolivia como país, por lo tanto, corresponde preguntar ¿que es renta petrolera? en este sentido se determina que la renta petrolera es la diferencia entre el costo local y el precio internacional de los hidrocarburos.
La antipatria como bien señala Andrés Solíz Rada: 'Las transnacionales sostienen, cuando se refieren a esta disposición legal, la necesidad de 'perfeccionar' la Ley. Sin embargo, cuando se plantea la urgencia de incrementar las regalías o terminar con el abuso que significa la división entre campos existentes (o viejos), que tributan el 50 %, y nuevos que sólo pagan el 18 %, entonces se nos recuerda que el país ha comprometido la fe del Estado, lo que es algo sacrosanto e imperecedero, y que en caso de incumplimiento seríamos juzgados como si fuéramos criminales de guerra.'
Pretender que puede existir seguridad jurídica sin renta petrolera sin dominio de los bolivianos, es desconocer el concepto de soberanía y viabilidad nacional.
Desconocer la renta petrolera para generar el excedente económico para el desarrollo nacional, además de un absurdo, es condenar al país al endeudamiento externo más inmisericorde; es inviabilizar la vida nacional. No hay desarrollo económico sin dominio del Estado boliviano de la renta petrolera. La demostración está en estos años de crisis económica emergente de la ausencia de excedente económico por la capitalización = capitulación.
Constitución y abuso del derecho
La violación constitucional se establece como una conducta de la alianza estratégica de los intereses transnacionales con las oligarquías. Esta Alianza somete al país, al saqueo de los recursos naturales, estableciendo una economía rentista que no genera desarrollo nacional y que son la base del sistema político administrativo de la corrupción. Lo anotado se manifiesta jurídicamente como abuso de y del derecho. Acudimos al prestigioso constitucionalista argentino German J. Bidart Campos, para establecer que jurídicamente el abuso de derecho, no puede establecer planos de equidad, para que el desarrollo social transcienda a los planos económicos y políticos.
G.J. Bidart Campos, en su libro La Constitución que Dura, editorial Edial, 2004 en la pág 231, dice que ' Con cierta frecuencia respecto del referido abuso de derecho, nuestra propuesta a favor del enfoque sobre el abuso 'de' derecho en el derecho público tiende a introducir una añadidura…Pero el agregado deriva de pensar - con suficiente convicción personal - que se abusa en numerosísimas situaciones que no vienen ligadas al ejercicio de un derecho en el marco del derecho constitucional por razón de un indebido ejercicio de competencia, o por inconstitucionalidades… Un abuso en el ámbito constitucional. Más adelante en la pág 233 expresa 'Hay abuso cuando, por aplicación de políticas inconstitucionales de neoliberalismo capitalista…'.
Los abusos anotados precedentemente, acontecieron en Argentina y en Bolivia. Curiosamente los dos países tienen gravísimos problemas para salir del esta crisis que es un agujero negro.
Argentina se debate en la peor crisis energética de su historia, no tiene energía según los expertos más respetados 'En seis años nos quedaríamos sin reservas hidrocarburíferas', afirma alarmado Ricardo De Dicco, investigador de la Universidad del Salvador-Buenos Aires, en declaración al diario Página 12, -03-02-2005-.
La voluminosa deuda externa argentina, ha condenado al hambre a cerca del 40% de su población. La contradicción: exporta alimentos para más de 300.000.000 millones de personas en el mundo y tiene que sacrificar su desarrollo en pro del capital transnacional.
Bolivia, tiene la energía para satisfacer su lacerante e histórica deuda social. El petróleo es su signo trágico, en vez de ser su signo de dignidad y liberación. La concepción rentista está matando las aspiraciones de viabilidad nacional, de ahí, la gran reivindicación es recuperar los hidrocarburos.
Para concluir esta parte, expreso que las transnacionales hacen el negocio con Argentina y Bolivia, por ello es que el precio del gas boliviano es vil, para satisfacer la comilona de Refsol y Petrobrás, que mueven los hilos del poder en ambos países. La salida para Argentina y Bolivia es asociarse binacionalmente, ENARSA e YPFB, para manejar la renta petrolera en beneficio de sus pueblos.
Los contratos administrativos
Son contratos públicos por las características de la administración pública y por su fin de interés público, exige que la seguridad jurídica, surja del respeto del ordenamiento jurídico. En artículo anterior, denominado ¿Seguridad Jurídica? demostré que el marco jurídico de la capitalización es contrario a todo marco de justicia y equidad.
Roberto Dromi, su libro, Renegociación de Contratos Públicos en Emergencia, editorial Ciudad Argentina 2003, señala los elementos constitutivos como sigue' Todo contrato administrativo se halla constituido por una ecuación contractual que se compone de múltiples ecuaciones - sociales, ética, política, administrativa, tecnológica, ambiental, económica, financiera, tributaria, y de mercado-, que a su vez se encuentra en equilibrio, que le dan contenido y delimitan las contraprestaciones, las cargas y los beneficios de las partes y, en su caso, de los usuarios y consumidores de obras y servicios públicos. La ruptura de cualquiera de las ecuaciones provoca el quiebre de la ecuación contractual'
Al leer los conceptos de Roberto Dromi, hacen recordar que Andrés Solíz Rada, Enrique Mariaca y otros, han mantenido sus posiciones bajo estos preceptos e interpretando nuestra realidad.
Los elementos anotados precedentemente demuestran, que el gobierno del presidente Mesa, atenta contra los derechos de los bolivianos. Su conducta jurídica es falaz y no protege nuestro derecho a los hidrocarburos, en ninguna instancia y bajo ninguna forma y contenido.
Para anotar alguna de las acciones atosigadas del presidente Mesa, recordar el confuso, difuso y patidifuso referéndum; los proyectos de ley de hidrocarburos denominados 'cortos y luego largos', hacen recordar el estilo gonista de legislar.
Los contratos de riesgo compartido
Para que no haya error o mala interpretación sostengo desde 1994, que el proceso de capitalización por su sistemática violación a la Constitución Política del Estado, al orden jurídico y, por lo tanto sus actos administrativos y los contratos emergentes de ese proceso son nulos.
Se debe resaltar que las empresas transnacionales, no pueden aducir errores de hecho y de derecho, porque los abogados de estas empresas tienen un conocimiento preciso del derecho positivo boliviano.
Nuestra historia - y la de casi todos los países - enseña que el abuso de poder antes examinado, se establece cuando estas empresas transnacionales determinan que una conducta de impunidad, debido a su peso político y económico, es el camino adecuado. La alianza con los políticos gobernantes obedece a sus designios de la línea más rentable.
Por razones de espacio, solo anotaré los artículos violentados: 24; 31; 35; 136; 137; 139; 228; 229; 235. Y las innumerables y contradictorias leyes, decretos y resoluciones administrativas.
En la conformación de las empresas emergentes de la ley de capitalización, se han violado los artículos relativos a la constitución de las sociedades anónimas, contenidas en el código de comercio.
En otro comentario profundizaré conceptos relativos a que el derecho constitucional y administrativo es favorable a los bolivianos. Los contratos de riesgo compartido, fueron el caballo de Troya para saquear el petróleo, pero carecen de sustento jurídico.
La Sentencia del Tribunal Constitucional 114/2003 del 5 de diciembre, no rechaza o niega el derecho de los bolivianos a sus hidrocarburos y por lo tanto, a su renta petrolera y a su propiedad.



CHILE: EL BONO BASURA Y LA CRISIS ENERGÉTICA NACIONAL

El gobierno insiste en confiarle al mercado la solución de una crisis creada por el mercado. Los sectores postergados siguen subsidiando las inepcias del modelo. Propuestas para una Política Energética Nacional.

Argen Press de Argentina (www.argenpress.info)

Parlamentarios de derecha calificaron como mezquino e insuficiente el bono compensatorio dispuesto por el gobierno para atenuar el efecto de las alzas en el precio de los combustibles derivados del petróleo, el que atribuyeron a una maniobra de populismo electoral.
Aunque evidentemente es así, la crítica de la derecha evade el problema de fondo, consistente en la ausencia de una política energética nacional y la incapacidad del sistema de mercado desregulado para solucionar las crisis que provoca su propia lógica depredadora.
La sostenida tendencia al alza en el precio internacional del petróleo, que amenaza con transformarse en un factor estructural, debe entenderse en correlación con la crisis energética derivada de los recortes del suministro de gas argentino y con el alarmante nivel de desinversión en el sector eléctrico, controlado íntegramente por el capital transnacional.
Enfrentado a una contingencia que no está en condiciones de manejar, el gobierno se debatió entre tres medidas de carácter paliativo, inscritas en la lógica de mercado: incrementar el fondo de estabilización del precio del petróleo, reducir el impuesto específico a los combustibles o entregar un subsidio directo a los sectores más afectados, que fue finalmente su opción.
Las dos primeras, que apuntan a la contención de precios, eran exigidas por la derecha y los gremios empresariales, quienes no pierden oportunidad para imponer exenciones tributarias.
El gobierno las descartó con base en el argumento de que constituirían un subsidio a transportistas y automovilistas, o sea, sectores de ingresos medios y altos. En aval de tal decisión, cabe agregar que una economía tan desregulada, la rebaja del impuesto a los combustibles no garantiza su traslado a precios, y que su restitución a los niveles anteriores requeriría de una iniciativa de ley, que la derecha eventualmente está en condiciones de bloquear.
Sin embargo, la probable prolongación de la crisis no permite descartar que la capacidad de presión corporativa de los gremios del transporte termine por imponerlas.
Un bono miserable
En definitiva, el gobierno optó por enviar al parlamento una iniciativa legal que dispone un bono de 16 mil pesos, pagaderos en dos mensualidades, a 2,2 millones de familias: 160 mil familias del programa Chile Solidario; 433 mil que reciben el subsidio único familiar, 386 mil que reciben pensiones asistenciales; 600 mil personas que reciben pensiones mínimas, 100 mil que reciben pensiones de gracia e ingresos inferiores a 100 mil pesos y 520 mil trabajadores con un ingreso inferior a 180 mil pesos, según el desglose entregado por el propio presidente Lagos.
El costo de la medida alcanza a 36 mil millones de pesos, unos 59 millones de dólares, los que provendrán de los aproximadamente 200 millones de dólares de ahorro fiscal, por prepago de deuda externa con los ingresos extraordinarios del cobre.
Lo primero que resalta es que el desglose de las familias beneficiadas constituye un reconocimiento empírico de lo que se intenta negar con el espejismo de las estadísticas. En Chile hay 2,2 millones de familias cuyo ingreso mensual fluctúa entre 20 y 180 mil pesos. Si se considera un promedio de cuatro personas por familia, se desprende que más de la mitad de la población se encuentra bajo la línea de pobreza.
En segundo lugar, un bono de ocho mil pesos mensuales no representa ninguna solución, toda vez que alcanza para 13 kilos de pan, 23 boletos de micro y 15 litros de parafina.
En opinión del economista Hugo Fazio, 'nadie podría oponerse a que se entregue un bono, pero realmente no guarda relación con la magnitud del problema. Esto no atenúa nada porque el alza del precio del petróleo se ha transformado en una fuente de ingresos fiscales importante, dado que es un impuesto proporcional que va creciendo en la medida que sube el precio y genera un ingreso fiscal significativo. Que se diga que es 'un gran esfuerzo' y un paliativo, claramente no es así'.
Control social de precios
Enseguida, el bono se hará todavía más insuficiente en el probable caso de que el alza del combustible se refleje en un alza equivalente del precio del trasporte, y por esa vía genere una espiral alcista en los precios de productos y servicios de primera necesidad.
En tal caso, la única medida capaz de evitar un mayor deterioro de la ya deprimida capacidad de consumo de la gran mayoría de la población, sería un mecanismo de reajuste salarial que compense el alza de los productos de primera necesidad.
Es evidente que una medida de esa naturaleza se aparta de la lógica del actual modelo, y precisamente de eso se trata.
El gobierno hizo suya la tesis neoliberal de la 'mano invisible' del mercado, y por tanto, de que la oferta y la demanda son las únicas y supremas instancias de asignación de recursos y regulación de las intermediaciones propias de la actividad económica, noción que se contrapone diametralmente con aquella que postula que los precios, entre ellos el del trabajo, y el ingreso de las personas, se inscriben en lo que la teoría marxista denomina relaciones sociales de producción, y que por tanto, pueden y deben ser regulados en función de correlaciones políticas y necesidades sociales.
Ante el argumento neoliberal de la falta de recursos para la reajustabilidad salarial, la respuesta es que no hay ninguna razón válida para que sean los sectores más postergados y desposeidos los que sigan subsidiando, con el deterioro de su capacidad de consumo y calidad de vida, los desajustes intrínsecos del modelo, así como la imprevisión y las trapacerías de sus gestores y beneficiarios.
En tal sentido, la movilización de los estudiantes de Valdivia, para oponerse a un incremento en el precio del pasaje escolar, está señalando un camino, el de la participación ciudadana y la lucha popular para imponer el control social de los precios.
Con su habitual arrogancia, el Ministro Eyzaguirre ironizó que 'el Viejo Pascuero no existe', al intentar justificar el bono. Pero tampoco existe Mandrake el Mago, y si existiera, no sería capaz de llegar a fin de mes con el ingreso que perciben más de ocho millones de chilenos.
Dependencia energética
El Ministro Eyzaguirre tiene en parte razón cuando plantea que Chile no es productor de petróleo y que el gobierno no tiene cómo controlar la fluctuación de su precio internacional. Pero por más que el alza de los combustibles tenga un origen externo, sus consecuencias en la economía del país expresan una crisis mayor; a saber, la falta de una política energética nacional, que ha hecho de este país uno de los más dependientes del mundo en esta materia.
Precisamente, los efectos que desencadena el alza de los combustibles demuestran que el mercado es incapaz de asignar eficientemente los recursos y sustentar una política energética nacional.
Chile no tiene petróleo, pero tiene un enorme potencial de generación de energía hidroeléctrica y posee importantes reservas de carbón.
La producción de carbón se abandonó por estrechas consideraciones de rentabilidad de corto plazo, aun cuando sustentaba la actividad económica de importantes localidades de las cuencas carboníferas.
El costo de la imprevisión no sólo lo están pagando los mineros del carbón y sus familias, cuya mentada reconversión productiva y laboral ha sido un estruendoso fracaso, sino también la dependencia de la matriz energética nacional de productos importados como el petróleo y el gas natural, sujetos a contingencias inmanejables de precios y suministro.
Las mismas consideraciones de rentabilidad, así como la anarquía derivada de la desregulación, amenazan con una grave crisis de desabastecimiento en el sector eléctrico, entregado imprudentemente al capital transnacional, mediante oscuras transacciones fuera del control ciudadano.
El problema de fondo en el sector, el cual no constituye la menor novedad puesto que fue suficientemente advertido en su oportunidad, consiste en que las empresas transnacionales, que no obedecen al interés nacional sino al de sus propietarios e inversionistas, chantajean al gobierno y se niegan a invertir en la medida en que no se les garantice determinada tasa de rentabilidad, que por cierto pagarán los usuarios por la vía del incremento de los precios, fijado por ley.
En el marco del actual modelo de mercado desregulado, este problema no tiene solución, y por el contrario, tenderá a agudizarse, con consecuencias imprevisibles para el desarrollo nacional. Como señala Hugo Fazio, 'las transnacionales no asumen su responsabilidad frente al bajo nivel de inversiones, y el gobierno no utiliza o no dispone de mecanismos que las obliguen e ello. En la práctica, no se asume que el sistema eléctrico se encuentra debilitado y por tanto, sometido a contingencias. El tema tiende a agravarse dado que la economía crece y por tanto las necesidades de abastecimiento también, estimándose que llegaría a requerir 400 mil kw. adicionales por año'.
Hacia una política energética nacional
La solución, por tanto, no es técnica ni económica, sino política, y dependerá de la capacidad del movimiento popular de forzar un cambio en las orientaciones y prioridades estratégicas del modelo de desarrollo nacional. En el marco de una estrategia de desarrollo distinta, una política energética nacional debería considerar ejes como los siguientes:
I) Reorientar la política de relaciones internacionales en función de una mayor y mejor integración con países que tienen disponibilidad energética, como Argentina, Bolivia y Venezuela. Por ejemplo, Chile es un país con alto potencial de generación de energía hidroeléctrica. Hipotéticamente, podría canjear electricidad por gas con Argentina y Bolivia, o cobre por petróleo con Venezuela. De hecho, Argentina está canjeando petróleo por ganado y tecnología con Venezuela.
II) Recuperar el rol estratégico del Estado en la planificación, inversión y construcción de la matriz energética nacional, puesto que ya está demostrado que el sector privado no invierte, y si lo hace, es condicionado por expectativas de rentabilidad y no en función de las necesidades del desarrollo nacional.
III) Diversificar la matriz energética nacional, incorporando otros recursos abundantes, como el carbón o construyendo centrales hidroeléctricas de pasada, y prospectando fuentes alternativas, como la energía geotérmica, la energía solar o la energía eólica, sin perjuicio de la racionalización del transporte, con la recuperación del trasporte público y del ferrocarril como medio eficiente para el transporte de carga.
Las crisis que el modelo ya no puede controlar
La crisis energética nacional no es sino una demostración de que este modelo ya no está en condiciones de solucionar los desequilibrios estructurales que genera su lógica interna, orientada a la rentabilidad del capital a todo trance, y que en la práctica se traduce en que su principal ventaja competitiva es la sobreexplotación del trabajo.
Esta crisis se suma a otras de similar naturaleza, entre las que cabe consignar:
-La crisis en la generación de trabajo, expresada en el hecho de que ni aun en un ciclo expansivo, este modelo logra suministrar trabajo suficiente para el crecimiento de la población, y el que suministra, es precario y mal remunerado.
-La crisis de la educación, que en la práctica se ha transformado en un instrumento para consolidar las actuales desigualdades.
-La crisis de la previsión, que empieza a emerger como un problema social de incalculables proyecciones, especialmente cuando el sistema deba empezar a pagar pensiones en forma masiva, en los próximos diez a quince años.
-La crisis de la salud, a la que los sectores de menores ingresos virtualmente no tienen acceso.
-La crisis medioambiental, que acaba de expresarse en la muerte de todo un ecosistema en el humedal del río Cruces, en Valdivia, en función de las ganancias de una planta de Celulosa, que manifiestamente atropelló la precaria legislación ambiental, ante la desidia de la autoridad ambiental.
El actual modelo económico ya no está en condiciones de enfrentar y solucionar crisis de esta naturaleza estructural, cuyos efectos, medidas de parche no harán sino incrementar.



CON EL GASODUCTO ANDINO LA MINERÍA SALTEÑA COTIZA EN ALZA

Ayer se recibieron los primeros sobres de la licitación. Las ofertas económicas se abrirán el 23 de mayo. Pequeñas y grandes compañías mineras ya mueven sus tableros en los yacimientos de la Puna salteña.

El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.com.ar)

Dos conocidas compañías del campo de la construcción y el mantenimiento de redes hidrocarburíferas, Pamar y Conta Walter Mario, entraron en carrera por el Gasoducto de la Puna.
Sus antecedentes empresariales fueron presentados ayer en el centro de6 convenciones del Grand Bourg, durante un acto que fiscalizó la escribana de Gobierno, Laura Wayar, y que contó con la presencia de autoridades del Ministerio de la Producción, la Secretaría de Minería y ambas oferentes.
Una comisión técnica integrada por el subsecretario de Minería, Mariano Arce Lloveras, Federico Toncovich, Daniel Eduardo Cabrera y Julio Osvaldo Chávez evaluará los antecedentes de las interesadas y emitirá dentro de las próximas cuatro semanas el dictamen de precalificación que dará paso a la apertura de las ofertas económicas. Según precisó el ministro de la Producción, Sergio Camacho, la apertura de los sobres con ofertas económicas está fijada para el 23 de mayo y la adjudicación se prevé a mediados de junio de este año. El funcionario reiteró que es decisión del Ejecutivo Provincial que esta obra de infraestructura energética indispensable para el desarrollo minero y el mejoramiento de la condiciones de vida en departamento Los Andes cobre formas definitivas a fines de 2005 o a más tardar en los primeros meses de 2006. De acuerdo con las previsiones técnicas, la construcción del gasoducto minero demandará unos seis meses de ejecución y una inversión cercana a los 20 millones de pesos.
En este punto, la licitación que arrancó el mes pasado prevé que cada empresa presente en su sobre dos ofertas económicas. La primera deberá explicitar el costo de ejecución de la obra y la segunda -dispuesta como alternativa obligatoria- deberá indicar el costo de su financiamiento.
A partir de los montos, plazos y tasas de interés que expresen las las diferentes alternativas, la Provincia elegirá la oferta que se juzgue más conveniente, o sea que podría aceptar las condiciones de financiamiento propuestas por Pamar o Conta Walter Mario, o cancelar la ejecución del gasoducto a modo de contado, recurriendo para ello a otras fuentes financieras o a un esfuerzo con recursos propios, si así la obra resulta menos costosa.
Dentro y fuera del país muchas compañías mineras comienzan a dar por descontado que, tras la grave crisis que eclosionó en el país en 2001 y frustró su financiamiento, el gasoducto de la Puna transita hacia definitiva y esperada concreción.
Por eso, varias ya anticiparon importantes inversiones para retomar proyectos que sin gas aparecían como inviables pero que ahora ponen a la Puna salteña con cotizaciones en alza en las principales bolsas de la minería mundial, como son las de Vancouver y Toronto en Canadá.
Grandes compañías anuncian inversiones en Los Andes
A comienzos del mes pasado, en el marco de la convención que reunió en las ciudades canadienses de Toronto y Vancouver a lo más encumbrado de la minería mundial, autoridades de la Provincia aseguraron ante empresarios, inversores y operadores financieros del sector que el ansiado gasoducto de la Puna dejará de ser un proyecto frustrado por la crisis para convertirse a fines de este año o a comienzos del próximo, cuanto mucho, en una realidad.
La respuesta de sectores empresarios que tienen o habían dejado de lado proyectos metalíferos y no metalíferos en el Oeste salteño no se hizo esperar. Antes de que la misión encabezada por el gobernador Juan Carlos Romero dejará Canadá, los directivos de varias compañías habían manifestado su interés en reinyectar inversiones hacia proyectos de exploración, producción e industrialización minera que a partir de la construcción de la red gasífera del departamento Los Andes tendrían ecuaciones y perspectivas completamente distintas.
Un mes después, representaciones de más de media docena de grandes compañías, incluidas varias líderes canadienses, ya se reunieron en Salta con las autoridades del Ministerio de la Producción y la secretaría de Minería, ante las cuales expusieron proyectos que contemplan fuertes inversiones a partir de la disponibilidad de gas natural en el Oeste salteño.
Tres de estas compañías, se supo, decidieron reimpulsar proyectos metalíferos con importantes inversiones previstas en la mina de oro, plata cobre Diablillos. Las exploraciones, según se anunció, serán retomadas el mes próximo. A la par, comienzan a perfilarse nuevos emprendimientos a partir del rico potencial de minerales no metalíferos de la zona. En los próximos días, justamente, tiene previsto llegar a Salta una representación empresaria de la matriz estadounidense de Borax Argentina, que confirmaría un significativo programa de inversiones en Olacapato, uno de los puntos que tocará la red gasífera en su trayectoria desde el Río de las Burras (Susques) hasta el Salar de Pocitos.
En esta última localidad, punto donde se radicará el principal parque minero industrial de la Puna salteña, pequeñas, medianas y grandes empresas mineras también comienzan a mover sus fichas de cara a las nuevas posibilidades que se abrirán allí con el gas natural para el procesamiento de diferentes minerales.
"Será una bisagra en la región"
"El gasoducto de la Puna será una bisagra en el desarrollo productivo de la zona y en la calidad de vida de las poblaciones del lugar", aseguró ayer el ministro de la Producción, Sergio Camacho.
El funcionario ratificó que esta obra "es un objetivo prioritario" de la Provincia y precisó que todos los plazos trazados en la licitación apuntan a tener el tendido gasífero "en ejecución a mediados de este año".
La red gasífera de 184 kilómetros, remarcó el funcionario, "forma parte de las medidas que llevarán desarrollo integral al departamento Los Andes porque modificará los aspectos productivos, sociales, ambientales y turísticos. Cambiará, sin duda, la historia del departamento", enfatizó Camacho.
Sobre las próximas escalas del proceso licitatorio, el ministro precisó que tras la etapa de evaluación de antecedentes y precalificación, que se inició ayer, la apertura de los sobres con ofertas económicas está fijada para el 23 de mayo, mientras que la adjudicación definitiva de la obra está prevista el 23 de junio.
A la par de los beneficios económicos y su repercusión tanto en fuentes de trabajo como en ingresos, Camacho resaltó los del orden social y ambiental.
"El gasoducto dará lugar a la ejecución de redes domiciliarias en San Antonio de los Cobres, Olacapato, Cauchari y Salar de Pocitos. Se prevé una importante ocupación tanto en las redes que llevarán el gas natural hacia las casas, como en las empresas que se instalarán en la región. Esto también ayudará a contrarrestar la creciente migración de los pobladores y permitirá impulsar el desarrollo turístico de la Puna dentro del esquema global de la provincia", acotó el ministro de la Producción.
A la par, Camacho hizo notar los beneficios ambientales que supondrá la llegada del preciado fluido a una de las regiones más inhóspitas del planeta, en donde por falta de leña la escasa vegetación (tolas y otras arbustivas) retrocede a pasos preocupantes, mientras que una garrafa resulta impagable.



KIRCHNER AMENAZÓ A REPSOL CON RETIRARLE LA CONCESIÓN DEL MAYOR YACIMIENTO DE GAS

Diario de ABC de España (www.abc.es)

Repsol YPF ha modificado sus planes de mantenimiento y ampliación del yacimiento de gas Loma de la Lata, el más importante de Argentina y del cono sur, después de que el Gobierno argentino amenazara hace unos días con retirarle la concesión si persistía con sus planes, por implicar «eventuales estragos» en el suministro de gas y electricidad.
En una carta de extrema dureza, el Ministerio del ramo calificó de «despropósito», «falta de previsión», «decisión intempestiva», «negligencia» y «operación imprudente» el proyecto de obras de la petrolera.
En la misiva, dirigida al presidente, Antonio Brufau, el secretario de Energía, Daniel Cameron, le intimaba a que en un plazo de 24 horas dispusieran «formular los descargos correspondientes y aportar» a su Departamento «alternativas satisfactorias». En caso contrario, anticipaba, «se dará de inmediato inicio a los procesos sancionatorios previstos en la ley», que contempla, directamente, el «apercibimiento, suspensión o eliminación del registro», esto es, la concesión del yacimiento de Loma de la Lata, en la provincia de Neuquén, que vence en 2027.
El motivo del enfrentamiento ha sido el cambio imprevisto de «las restricciones de inyección de gas para el mes de abril», comienzo del invierno austral. Según la carta, Repsol YPF se había comprometido «en la reunión de mantenimiento llevada a cabo el 26 de enero del 2005» y ratificada el «10 de marzo» pasado a rebajar el suministro, por obras de mejora y mantenimiento del yacimiento, a «22 millones de metros cúbicos», pero «en la reunión del jueves 31 de marzo se informó» que los recortes aumentarían a «279 millones».
«Despropósito»
Esta medida habría implicado, a su juicio, «un incremento en la restricción para el mes de 257 millones de metros cúbicos, que representan un aumento porcentual sobre el previsto del orden del 1.168,2%, es decir, un incremento de 12,68 veces».
«La magnitud de dicha modificación», insiste la carta, «es en sí misma un despropósito» que desencadenó la amenaza de suspensión de la concesión el pasado 4 de abril. El Gobierno de Kirchner, implicitamente, acusa de mala fe a Repsol YPF. Reprocha a la compañía no haber acometido «esas tareas en el mes de octubre de 2004» demostrando «negligencia» y «total falta de previsión». De seguir con los planes que tenían previstos, asegura que se habrían producido «eventuales estragos» en el «abastecimiento de gas natural y electricidad de nuestro país».
La reacción de Repsol YPF fue responder a la carta y, a tenor de los hechos, dar marcha atrás de inmediato a sus planes aunque considera que «los datos» que surgen en la misiva mencionada fueron «mal interpretados por algún miembro de la Secretaría a partir de una primera reunión entre técnicos de ambas partes y otras empresas del sector». En Repsol YPF intentaron quitar hierro al asunto y un portavoz dijo que «el problema está resuelto y la compañía está suministrando al sistema los mismos metros cúbicos (39 millones) por día que el año pasado».
Se da la circunstancia de que Gas Natural Ban, que al igual que Repsol YPF está controlada por La Caixa, es la única empresa de servicios públicos de capital español que ha renunciado, el 15 de marzo, sin contraprestación de ninguna naturaleza, a la defensa de sus intereses en los tribunales internacionales a petición de Kirchner. Una treintena de compañías, entre las que figuran Telefónica, Endesa y Aguas de Barcelona, mantienen sus demandas contra el Estado argentino en el Ciadi (Centro Internacional de Arreglos Diferenciales que depende del Banco Mundial) por incumplimiento de contrato.
Renacionalizar los servicios públicos
Por otra parte, una amplia mayoría de argentinos quiere que el Estado retome los servicios públicos privatizados en la década pasada, según una encuesta publicada ayer por «El Cronista».
Un 78% de los vecinos de Buenos Aires y sus alrededores, donde residen casi la mitad de la población argentina, apoya que los servicios públicos sean controlados por el Estado, según un sondeo de la consultora Fara y Asociados.



Gas Atacama, GasAndes y Gasoducto del Pacífico

GASODUCTOS RECHAZAN LÍMITE A IMPORTACIONES DE GAS NATURAL

El Diario de Chile (www.eldiario.cl)

Como una “acto expropiatorio por parte de la autoridad” fue calificada la iniciativa legal que busca limitar a 85% las importaciones de gas desde Argentina, según una declaración conjunta realizada ayer por las empresas Gas Atacama, GasAndes y Gasoducto del Pacífico.
A juicio de las compañías “cualquier restricción que impida el uso de la capacidad instalada constituiría un acto expropiatorio por parte de la autoridad”, y al mismo tiempo, una medida que atenta no solo contra las políticas de libre mercado del país, sino también del acuerdo de integración gasífera firmado con Argentina. Si bien consideran que los cambios planteados a la ley eléctrica para incentivar las inversiones en generación con combustibles distintos al gas natural argentino, va en la dirección correcta, advirtieron que de aprobarse la indicación que fija cuotas a las importaciones se estaría cometiendo “una clara trasgresión a los acuerdos internacionales con Argentina, diluyéndose así nuestra postura como país respetuoso de los acuerdos internacionales y por tanto, perder crédito para exigir el cumplimiento del Protocolo Sustitutivo frente a este país”, señala el documento.
Inversiones
Agregaron que la modificación legal “representa un cambio a las reglas de mercado bajo las cuáles fueron hechas las inversiones en los gasoductos de importación de gas natural a Chile, las que ascienden a US$ 1.500 millones. De este total, US$ 420 millones corresponde a la gasoducto GasAtacama –controlado en parte iguales por Endesa y CMS Energy–; US$ 400 millones al gasoducto Norandino –perteneciente a la belga Tractebel–; US$ 325 millones al ducto de GasAndes –ligado a la francesa Total– y US$ 320 Millones a la red de GasPacífico –controlado por TransCanada International, El Paso International (21,8%), Gasco, ENAP y Repsol-YPF. A futuro, las firmas gasíferas señalan que se está afectando el desarrollo del mercado del gas natural y de la energía, por cuanto, el contenido del proyecto “constituiría una seria amenaza para el marco de desarrollo libre y competitivo establecido hasta el presente para la industria de importación, transporte, distribución y comercialización de gas natural en Chile”.
Pese a la férrea oposición a la norma, que además es rechazada por parlamentarios de Renovación Nacional y la UDI, el gobierno ha logrado imponer su planteamiento. Ayer la Comisión de Minería y Energía del Senado aprobó la indicación con tres votos a favor y dos en contra. Ahora será rol de la Sala ratificar o rechazar la norma más polémica del proyecto de ley, bajo la cual, el gobierno busca llevar a los agentes del mercado a una diversificación de las fuentes de energía de gas natural.