INSULZA: ENTRE EL TRIUNFO Y EL ABISMO

JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO DEL EJÉRCITO AFIRMÓ QUE WASHINGTON NO TOLERARÁ ‘PAÍSES PERTURBADORES’ EN LATINOAMÉRICA

EE.UU. QUIERE ORDEN EN EL BARRIO

Aunque aseguró que Estados Unidos no planea atacar o invadir a Venezuela, el general norteamericano Richard Myers declaró en Colombia que la falta de cooperación de los países de la región en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico podría obligar a su país a “intervenir directamente”.

La Nación de Chile (www.lanacion.cl)

Cada vez con mayor asiduidad y firmeza, Estados Unidos está manifestando su preocupación sobre la situación en América Latina. Y es que la inestabilidad política y la agitación social que impera en algunos países, así como la presencia de líderes que despliegan las banderas del antinorteamericanismo, ha comenzado a ser tenido muy en cuenta en los sectores más ‘duros’ de la administración del Presidente George W. Bush.
Y, de hecho, uno de sus máximos representantes en materia militar ‘golpeó la mesa’ ayer en Colombia.
En unas declaraciones que hicieron recordar que EE.UU. sigue considerando la región como su ‘patio trasero’, el jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército estadounidense, Richard Myers, advirtió sin miramientos en Bogotá que Washington no tolerará “países perturbadores” en Latinoamérica y que no cooperen en la lucha contra el terrorismo.
“En esta región todos los países tenemos que estar luchando todos contra un enemigo común (el terrorismo) y no se pueden tener países perturbando la estabilidad con maneras que no son útiles para combatir a esta amenaza”, dijo el alto oficial estadounidense.
Myers, sin citar a ningún país en concreto, respondió así en rueda de prensa a una pregunta sobre las insistentes denuncias de Venezuela sobre supuestos planes estadounidenses de intervenir militarmente en el país para derrocar al Presidente Hugo Chávez, cuya ‘revolución bolivariana’ de izquierda desata animadversión en los sectores más derechistas de la Casa Blanca.
Al ser emplazado por la prensa para que precisara su opinión sobre este último punto, Myers intentó descomprimir la polémica, al asegurar que “con relación a algunas expresiones o comentarios que he visto en la prensa acerca de rumores de que los Estados Unidos atacaría o invadiría a Venezuela, puedo decir que nada está tan lejos de la realidad”.
No obstante, el jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército estadounidense dejó un inquietante mensaje a los gobiernos de la región para que sigan sus directrices en el combate contra el terrorismo y el narcotráfico, dos aspectos clave para la administración Bush.
“La falta de cooperación en esa lucha podría obligar a EE.UU. a intervenir directamente (…) Obviamente, no puedo hablar sobre qué es lo que se haría”, apuntó.
Los fuertes ‘recados’ que dejó Myers durante su estancia en Colombia han sido precedidos por varios toques de alarma emitidos por el secretario de Defensa norteamericano, Donald Rumsfeld, quien ha criticado las anunciadas compras por parte de Venezuela de navíos y aviones de guerra a España, y de cien mil fusiles AK-47 a Rusia.
Sin embargo, no sólo el asunto venezolano genera reticencias en Washington. La polarización que vive Ecuador, donde el Presidente Lucio Gutiérrez está enfrentado con la oposición y el Parlamento; la inestabilidad en Haití; la agitación político-social y el antinorteamericanismo de Evo Morales en Bolivia; la narcoguerrilla en Colombia y las violentas protestas en Centroamérica en rechazo al Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Estados Unidos, se han convertido a los ojos de la Casa Blanca en factores de desestabilización para la zona.
RICE OTRA VEZ A AMÉRICA LATINA
Desde que asumió su nuevo mandato en enero último, el Presidente George W. Bush ha instruido a sus colaboradores cercanos para que pongan a América Latina en entre sus prioridades.
Es así como -siguiendo los pasos del secretario de Defensa Donald Rumsfeld y del jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército de EE.UU., Richard Myers- la encargada de la diplomacia estadounidense Condoleezza Rice se prepara para iniciar su segunda visita a región desde que fue confirmada en su cargo. Entre los destinos de esta reconocida “halcón” del gobierno de Bush está Chile, además de Brasil, Colombia y El Salvador. Rice -quien en enero viajó a México- visitará estos cuatro países latinoamericanos entre el 26 y el 30 de abril, para “expresar el apoyo a la democracia, el libre comercio y el desarrollo sostenible en la región y más allá”, según el Departamento de Estado norteamericano.



LLEGO DE ARGENTINA GRAN PARTE DE LA CARGA DEMORADA DE GLP

SE ALEJA POSIBILIDAD DE DESABASTECIMIENTO DE GAS, PERO OTRO AUMENTO ES INMINENTE


Diario ABC de Paraguay (www.abc.com.py)

El gerente de Gas Corona Oscar Velilla aseguró ayer que ya no existe ningún problema en el suministro argentino del gas licuado de petróleo (GLP), salvo el precio, que indefectiblemente subirá, según dijo. Añadió que la nueva variación oscilaría entre G. 4.000 ó G. 6.000 más por garrafa, que, sumados a G. 4.000 por envase, que se ha incrementado desde el lunes pasado, totalizan una variación de G. 8.000 a 10.000, respectivamente, por cilindro.
Todas las empresas fraccionadoras de nuestro país que esperaban autorización de Argentina para la importación de gas licuado de petróleo (GLP) han sido autorizadas para la importación del producto. Sin problemas, decenas de vehículos con cargas completas de GLP arribaron a nuestro país entre el domingo y ayer, por lo que el suministro está asegurado a nuestro mercado interno.
Agregó que el sello a su cargo tiene una provisión asegurada de 2.500 toneladas (2.500.000 kilos), pero eso incluso puede ir aumentando en volumen, desde el momento en que la exportación ha sido autorizada por el Gobierno argentino.
Por consiguiente, cualquier posibilidad de desabastecimiento se aleja, aclaró Oscar Velilla a nuestro diario, aunque agregó que, tras el arribo de la partida demorada de las cargas de gas desde la Argentina, estas vienen con precios superiores. Acotó que la tonelada métrica ha subido 100 dólares en relación a las cargas recibidas en el mes anterior.
SUBA TOTAL RONDARIA G. 10.000 POR GARRAFA
Esta situación impactará de nuevo en forma negativa en los consumidores, atendiendo a que de vuelta estamos frente a un inminente incremento de precio de entre G. 400 ó G. 600 por kilo, según Velilla; es decir, entre G. 4.000 ó G. 6.000 por cada garrafa de 10 kilos. Estos valores sumados al último incremento registrado el lunes de la semana pasada (4 de abril), que fue de G. 4.000 por garrafa (de 10 kilos), tendríamos una variación total de entre G. 8.000 a 10.000, en escasos días de diferencia.
Consultado Velilla en qué aspectos nos afectaría directamente la falta de autorización del Gobierno boliviano para la exportación de gas a nuestro país, superado el problema argentino, respondió: "Afecta mucho, no precisamente en el volumen, sino más bien en el precio, ya que podríamos mejorar bastante el precio final al público si traemos de allá", explicó.
En otro orden, consultado Pedro Balotta, gerente de Corporación Petrolera SA (Copesa) y presidente de la Cámara Paraguaya de Gas (Capagás), no quiso adelantar sobre los posibles aumentos de los precios, aunque reconoció que efectivamente ha subido la tonelada de gas entre US$ 60 y 100. No obstante, en su intención de no alarmar a la ciudadanía, apuntó que el nuevo aumento podría orillar los G. 4.000 por garrafa de 10 kilos.



BOLIVIANO TRAÍA CARGAMENTO DROGAS A LA PROVINCIA DE EL LOA

El Mercurio de Calama, Chile (www.mercuriocalama.cl)

Un boliviano que esperaba hacer una gran venta de pasta base de cocaína y marihuana, fue detenido por Carabineros del Os-7 de Calama, cuando el hombre se aproximaba a la ciudad.
El procedimiento tuvo lugar a la una de la madrugada cuando los efectivos policiales realizaban los recorridos habituales por el sector, precisamente para evitar el ingreso de ese tipo de mercancías ilícitas y peligrosas.
Las continuas rondas del Grupo Os-7 de Carabineros de Calama por el sector se debía, además de la preocupación constante por la lucha contra el narcotráfico, a que hace unos dos meses tuvieron antecedentes de que un boliviano ingresaría a Chile por la Provincia El Loa trayendo drogas.
Pasada la medianoche, los carabineros avistaron a un caminante que se movilizaba en la obscuridad y que al parecer tomaba precauciones para no ser visto. Ante esa situación lo vigilaron en su desplazamiento y cuando lo tuvieron cerca lo abordaron.
Se trataba de un boliviano de 26 años de edad, quien reconoció que había ingresado al país sin documentos y por paso no habilitado.
Ante esa realidad, los carabineros realizaron el correspondiente control de identidad y entre el equipaje del individuo hallaron los característicos paquetes enhuinchados que constituyen siempre la primera pista para que los policías se den cuenta que hay drogas.
El individuo fue detenido y trasladado al cuartel policial, donde las pruebas correspondientes demostraron que los productos que portaba el boliviano eran prohibidos.
En cuatro paquetes, el hombre había ingresado 3 kilos y 600 gramos de sulfato de cocaína o pasta base y, en otros siete paquetes portaba 8 kilos y 23 gramos de marihuana.
El hombre no estuvo muy colaborador y no dijo nada sobre la procedencia de esos productos penados por la Ley 20.000 sobre control de drogas y estupefacientes. Tampoco entregó a los efectivos policiales ningún dato sobre el destino o el contacto que le recibiría las especies.
El hombre fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público de Calama bajo el cargo de narcotráfico e ingreso ilegal al país sin documentos y por paso inhabilitado.



ELECCION DE LA OEA / Las lecciones del empate

INSULZA: ENTRE EL TRIUNFO Y EL ABISMO

El gobierno valora como una victoria que Chile conservara el apoyo de 17 países por cinco rondas, pero la nueva votación el 2 de mayo disminuye las posibilidades futuras de Insulza. Washington no aceptará una derrota liderada por Venezuela.

El Mercurio de Chile (www.emol.com)

Es difícil describir los rostros que mostraban los integrantes de las delegaciones chilena y mexicana al minuto de conocerse el primer empate.
Las caras eran de sorpresa y frustración por los votos comprometidos que no llegaron. Ambos candidatos estimaban cercanos a 20 sus votos, pero las cifras se estancaron durante cinco rondas en 17 para cada uno.
En el elegante salón de las Americas de la sede del edificio de la OEA, el Canciller Ignacio Walker tenía los ojos enrojecidos, el ministro José Miguel Insulza se paseaba nervioso y Luis Derbez se frotaba las manos, siempre sonriente.
Para ambas delegaciones, los éxitos empataron los fracasos ayer.
En el caso chileno, dos de los 19 votos considerados seguros 24 horas antes (Bahamas y Haití) volaron hacia Derbez debido a la presión estadounidense. El éxito estuvo en que los 17 respaldos a Insulza resistieron cinco rondas... Especial desilusión provocó la fuga de Haití, por todo el interés que Chile ha puesto en la normalización de ese país, donde mantiene un contingente militar que México no ha ofrecido.
México, a su vez, compartió con Estados Unidos el fracaso de no poder dar vuelta a los países del CARICOM. Y su éxito, en evitar la derrota definitiva que ayer lo rozó muy cerca.
Desde el Congreso de EE.UU. surgieron voces de críticas que llegaron a afirmar que este empate podría costarle el cargo a Roger Noriega, encargado de America Latina dentro de la Secretaria de Estado. Nunca, en la historia de la OEA, un candidato apoyado por Washington, había pasado por el bochorno de un empate sin vuelta.
La jornada electoral se trasladó al 2 de mayo, donde volverán a enfrentarse los candidatos de México y Chile, que aseguraron proseguirán hasta el final.
El mayor riesgo
Para muchos, la diplomacia chilena deberá evaluar si puede arriesgar continuar apostando enormes recursos a una postulación que se debilitará luego de 20 días en que Washington se volcará a un lobby mucho más caro, billetera en mano y oreja abierta para tratar de conquistar a los países del CARICOM.
En los ultimos meses, Lagos, Insulza y personeros de la Cancillería visitaron todos los países de la OEA. Pero al interior de la Cancillería se critica que no fue suficiente, que la campaña fue tardía, en exceso personalizada en pocas figuras y que se improvisó.
Exitista, el Canciller Walker, en medio de los sucesivos empates, insistía en vaticinar una sorpresa. Pero el ministro no es más que el reflejo de una campaña que encabezó el Presidente y que gestionó el subsecretario Cristián Barros, desde la Cancillería.
El peso que tuvo el lobby boliviano en estas elecciones también deberá ser proyectado a mayo. Ayer el Canciller Ignacio Siles explicó que para su país, Derbez da mayor confianza que Insulza, aunque reconoció por primera vez que en la OEA es la asamblea la que toma las decisiones y no la secretaría general.
Los pesimistas no sólo prevén el lobby de Washington para conquistar votos, sino que creen que será difícil restarle votos al candidato mexicano. "La tarea para Insulza", opinan, será que "no caigan sus 17 preferencias". Ningún país de Norte y Centro América se fue con Insulza y del sur se fueron con Derbez, en cambio, Colombia, Paraguay, Perú y Bolivia.
En la jornada de ayer se pudo ver en terreno cómo se realizan las negociones diplomáticas a nivel regional. En el intermedio de las tres votaciones iniciales de la mañana con las dos de la tarde, no solamente Chile sino que Argentina y Brasil realizaron cabildeos especialmente con Paraguay para tratar de revertir su apoyo a Derbez.
La Canciller de ese país, Leyla Rachid, quien postula al cargo de Secretaria General Adjunto por Derbez, explicó muy sonriente que su postulación no determinaba el voto paraguayo y que los dos candidatos eran muy atractivos. No varió su opción.
Insulza recalcó ayer, después de hablar con el Presidente, que sigue hasta el final y que su candidatura es de principios, un proyecto para todas las Américas y no para una parte. Y se mostró confiado en ampliar su "mayoría sólida". Walker regresó de inmediato a Chile, mientras que el ministro del Interior participó anoche e una recepción en la residencia del embajador Esteban Tomic donde habían caras alegres y otras... de derrota.
¿Un tercer candidato?
En el intermedio que se vivió entre las primeras tres votaciones de la mañana y las dos de la tarde, las delegaciones de Perú y Bolivia habrían hecho saber a la candidatura de México su decisión de levantar una tercera figura de "consenso" de persistir el empate.
El canciller peruano, Manuel Rodríguez Cuadros, que sería la persona, reconoció esa posibilidad, al comentar que los estatutos de la OEA así lo permiten.
"La posición del Perú ha sido coherente y definida. Hace más de cinco meses señalamos que podría existir un bloqueo; se ha producido ese bloqueo y mantenemos la misma actitud de seguir trabajando por un liderazgo fuerte y legítimo en la región, ya sea con un candidato peruano o uno no peruano", dijo, advirtiendo que la decisión no está tomada.
Aunque se cree que Perú se inclinó por Derbez, Rodríguez Cuadros insistió en que la elección fue secreta y que Lima jamás confirmó su voto.
El fantasma de Chávez
Aunque el secretariado para asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Roger Noriega, negó que el apoyo del líder venezolano Hugo Chávez a Insulza influyera, ayer era un secreto a voces que ésa fue una de las razones que impulsaron a EE.UU. a impedir que Insulza obtuviera la mayoría en la OEA. Fuentes diplomáticas chilenas revelaron que el propio Noriega les confesó en tono de disculpa que la postura de Washington había sido decidida en la Casa Blanca y él poco podía hacer.
En todo caso, su postura anti Chávez no fue capaz de influir a los países que apoyaron a Chile para darse vuelta y romper el empate. La mantención del 17 a 17 se atribuye a Venezuela, que fue capaz de liderar un eje Sur (con Chile y los caribeños) que no cedió frente al polo Norte (EE.UU., Canadá y México).
Incluso dentro del Senado estadounidense hubo críticas al Departamento de Estado por dedicarse sólo a causar una derrota política al archienemigo local de Bush, que a su vez respalda a Fidel Castro.
Cuentas en la Moneda
En La Moneda, la sorpresa fue mayúscula cuando temprano en la mañana se enteraron de las declaraciones triunfalistas que había hecho en Washington el Canciller Walker.
La molestia la aterrizó el Presidente Lagos en la tarde al señalar que "uno siempre espera ganar, pero las elecciones se ganan cuando se cuentan los votos".
Pero también se le reconoció al Canciller como mérito que Chile lograra sostener los 17 votos durante las cinco rondas.
El Presidente vio la primera ronda por TV y el empate lo recibió con desaliento, dadas las seguridades de triunfo que le habían dado horas antes desde Washington.
Las siguientes votaciones las siguió a través de informes, puesto que decidió no interrumpir sus reuniones de trabajo. Por la tarde almorzó con los senadores de la Concertación y los detalles de los dos empates se los hicieron llegar al comedor.
Culminado el proceso, el Presidente habló con el ministro Insulza, a quien le informó que su candidatura continuaba hasta el final.
Más tarde confirmó esta determinación a la prensa y comentó que en los próximos días definirán la nueva estrategia para triunfar el 2 de mayo. Respecto de la propuesta chilena, el Mandatario expresó que "la OEA no puede trabajar sólo con la mirada puesta en la frontera del continente. La OEA se debe abrir al mundo, con nuestra propia fuerza, con lo que somos, con nuestra diversidad".
Declaró también que los chilenos deben estar satisfechos con la jornada de ayer y, aludiendo a las presiones recibidas, planteó que el país se mueve "por ideas, por principios, no por intereses".
Los análisis de Palacio interpretan el resultado como una derrota de EE.UU. No pudo sostener a su delfín, el salvadoreño Francisco Flores, y tampoco obtuvo los votos para Derbez, a pesar de que se asegura que Condoleezza Rice telefoneó a 16 países para pedir el apoyo para el Canciller mexicano.



PARA BOLIVIA "NO ES FAVORABLE" UN SECRETARIO DE LA OEA CHILENO

El canciller boliviano, Juan Ignacio Siles, aseguró hoy que para su país "no es favorable" la posible elección del candidato chileno, José Miguel Insulza, como secretario de la OEA, al reiterar su respaldo al aspirante mexicano, Luis Ernesto Derbez.

El Comercio de Perú (www.elcomercioperu.com.pe)

"Nuestra posición con respecto al ministro Insulza de Chile es clara: tenemos gran respeto por él como figura de Estado de su país, pero nosotros en ningún caso podremos votar por razones históricas por el candidato chileno", afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, en declaraciones difundidas por medios en La Paz.
Siles se refirió al empate registrado en las cinco votaciones que se realizaron en la Asamblea de Cancilleres de la OEA (Organización de Estados Americanos), reunida este lunes en Washington.
Aunque admitió que Santiago no podrá interferir en el tratamiento de la reivindicación marítima boliviana, consideró que "no es conveniente para el país que haya (...) un secretario (general) que sea chileno".
"No es una situación favorable para nuestro país contar con un secretario general que sea chileno", reiteró el jefe de la diplomacia de La Paz, aunque admitió que si la asamblea designa a Insulza como secretario general aceptarán el resultado. Indicó, asimismo, que el empate en la votación de la OEA fue un triunfo en la defensa de la dignidad de Bolivia, según reseñó, por su parte, la agencia estatal de informaciones.
"No quiero cantar victoria, aquí nadie ha ganado, ni nadie ha perdido, pero sí hemos ganado nosotros (Bolivia) en la defensa de nuestra dignidad nacional", afirmó.
La diplomacia boliviana ha desplegado una intensa gestión para impulsar la candidatura del secretario de Relaciones Exteriores de México, argumentando que la eventual llegada de Insulza al máximo cargo de la OEA puede frenar su demanda marítima.
Bolivia y Chile mantienen una centenaria disputa territorial, después de que el país altiplánico se quedara sin acceso al océano tras perder ante Santiago la Guerra del Pacífico (1879-1883), en la que luchó aliada con Perú. La Paz ha dicho que no votará por Insulza debido a que éste considera que la salida de Bolivia al Océano Pacífico es un tema bilateral y no multilateral, en el cual la OEA no tendría ningún rol. Insulza insiste en que será imparcial frente al reclamo que hace Bolivia a Chile para obtener una salida al mar si resulta elegido al cargo de secretario general de la OEA.



Opinión:

MAREMOTO JURÍDICO EN BOLIVIA

Argen Press de Argentina (www.argenpress.info)

Por: Wilson Jaime Villarroel Montaño.- Un maremoto sorpresivo se ha producido en Bolivia luego de las declaraciones de un magistrado del Tribunal Constitucional reafirmando lo que ya muchos sabían, aunque jamás se presentaron acciones legales específicas acusando el vicio: los 76 contratos de riesgo compartido suscriptos con las empresas petroleras transnacionales, no fueron nunca aprobados por el Poder Legislativo que debió cumplir el artículo 59, atribución 5ª, de la norma fundamental que requiere de esta ratificación congresal para su validez jurídica. El problema es, a nuestro juicio, más impresionante que real. Sin embargo, sus connotaciones reavivan, y grandemente, el debate sobre la validez legal -y aún constitucional- de las operaciones a cargo de las petroleras. Es más, podría alentarse una reactivación inesperada de la presión social más radicalizada, aunque esta contingencia parece más improbable que posible.
El tema sale a propósito de una demanda presentada en la vía ordinaria -ante juez civil comercial, como si el contrato fuere uno de carácter privado- por un diputado asesorado por grupo de abogados e ingenieros. En la demanda, equívoca en su planteamiento ante un órgano jurisdiccional incompetente para pronunciarse sobre la nulidad de los contratos de riesgo compartido en ejecución desde 1997, se pretende, casi extemporáneamente, restar validez y consiguiente eficacia jurídica a los contratos que, según la nueva Ley de HC, deberá 'migrar' al nuevo régimen normativo que se espera aprobar en las siguientes semanas.
El problema es de índole jurídica pero revela, también, la escasa fortuna de las acciones emprendidas contra a) la Ley de Hidrocarburos Nº 1689 promulgada en el primer período presidencial del renunciado Sánchez de Lozada, b) el Decreto Supremo Nº 24806 de 4 de agosto de 1997, dictado también por Sánchez de Lozada; y, por supuesto, c) los contratos cuyo modelo fue aprobado por el citado decreto.
En efecto, sorprende la escasa capacidad de análisis de las connotaciones jurídicas de los instrumentos que autorizan la explotación y comercialización del gas natural a las petroleras transnacionales en Bolivia. Las fuerzas que se oponen al modelo privatizante adoptado, no cuentan, por lo visto, con asesoramiento suficiente que impugne, oportunamente, los instrumentos legales, reglamentarios o contractuales del sistema vigente. El Tribunal Constitucional -cuya labor se centra exclusivamente en el alcance de las demandas incoadas ante su jurisdicción- no puede ir más allá del debate sobre los puntos precisos de reclamo de la constitucionalidad de la Ley Nº 1689, del susodicho decreto, o de los contratos suscriptos. Las demandas, por lo visto, carecieron del suficiente rigor técnico en el análisis delicado de las disposiciones redargüidas. Por ello, no es de extrañar que ya en ocasiones anteriores el TC declarara la constitucionalidad de la ley citada y el decreto acusado.
La célebre Sentencia Constitucional 114/2003 debe ser estudiada con más detenimiento. En rigor, según entendió el Tribunal, la Ley Nº 1689, al autorizar disponibilidad a las petroleras -en la llamada 'boca de pozo'- sobre el gas natural extraído de su yacimiento, no vulneraba la Constitución. En verdad, el artículo 139 constitucional proclama que los yacimientos se encuentran sometidos al dominio 'directo, inalienable e imprescriptible del Estado', no así el gas extraído y cuantificado en 'boca de pozo'. En este razonamiento hay una gran diferencia entre el 'yacimiento' y el producto extraído, esto es, el gas obtenido y su reservorio natural. La confusión del lego debe imputarse a la lectura rápida del citado artículo 139 que reza: 'Ninguna concesión o contrato podrá conferir la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos'. Siguiendo la doctrina del Tribunal, atribuyendo el gas a las petroleras, con destino a su transporte y ulterior comercialización, no se violenta la norma constitucional que sólo reserva al Estado la propiedad del yacimiento, la que ha permanecido intacta.
Este argumento del Tribunal es recogido oportunamente por las petroleras que, en los últimos días, afirmaron que el gas extraído 'les pertenece' pues, efectivamente, conforme a la anterior normativa (Ley Nº 1689, con más su decreto y los contratos aprobados por éste), el gas natural, una vez extraído del yacimiento, se encuentra a disposición de las empresas que, en contrapartida, una vez cuantificado y valorados el volumen y características técnicas del gas natural, hacen pago de las regalías y comunican estos datos, así como los relativos al transporte y comercialización, a la Administración tributaria a efectos del cálculo impositivo.
Cualquier análisis, luego de la sentencia constitucional emitida en 2003, tenía que indagar en los requisitos formales de los contratos, atentos a que la constitucionalidad de la ley y el decreto quedaba reafirmada. Desde luego, reconozcamos, los contratos de riesgo compartido, versando sobre 'la explotación de las riquezas naturales', según previene la atribución 5ª del artículo 59 constitucional, debieron ser objeto de autorización y aprobación congresal.
Los contratos de riesgo compartido sólo llevan la firma del representante de la empresa petrolera y el presidente ejecutivo de YPFB, según el modelo aprobado por el decreto fundado, a su vez, en la ley vigente. Si la ley y decreto -pero no el contrato- fueron declarados constitucionales por el Tribunal, los posibles recurrentes: a) no advirtieron del requisito constitucional o, b) no fundaron convenientemente la ausencia de aprobación congresal como causal de inconstitucionalidad de los contratos. He ahí su error pues el Tribunal no puede resolver fuera de lo estrictamente demandado.
La ausencia de dicha aprobación impide evidenciar la manifestación de voluntad del pueblo soberano que, a través del Poder Legislativo, debiera culminar la expresión de su conformidad con un contrato una de cuyas prestaciones tiene por objeto la explotación de la riqueza natural. Hay un vicio del consentimiento del Estado cuyo alcance está en una zona difusa entre la nulidad y la anulación. Posiblemente, por el tiempo transcurrido desde la suscripción del contrato (1997), la ineficacia ya no puede fundarse en la segunda.
Aunque el vicio se origina en la inobservancia de una disposición constitucional expresa, su tratamiento -en cuanto entidad nulificadora de lo obrado- pareciera incardinarse más bien en la esfera del control de la legalidad y no de la constitucionalidad. Lo sustancial reside en un vicio de la voluntad, materia propia de discusión legal y no constitucional. La voluntad estatal, en este tipo de contratos, a nuestro juicio, se conforma con la concurrencia de manifestación expresa del Poder Ejecutivo, a través de un modelo de contrato previsto según un decreto específico, fundado en la ley, y el Poder Legislativo, en la aprobación congresal. Ambas parcelas del Poder Público completan, cada una desde sus competencias específicas, la manifestación de voluntad requerida para la validez del consentimiento estatal.
En nuestra opinión, si sólo operara la aprobación congresal -supuesto hipotético difícil de concebir- entonces la validez del supuesto contrato quedaría igual discutida pues, recuérdese, la ley previó que una norma reglamentaria (decreto) establecería el formato y contenidos del contrato. Como dicho decreto no podría emitirse por el Legislativo, entonces tendríamos un problema de legalidad y no de constitucionalidad pues ésta quedaría aparentemente cubierta por el pronunciamiento del Congreso. Pero, nuestro caso es a la inversa y, ausente la aprobación congresal exigida en la Constitución, se quiere suponer, engañosamente, un tema de constitucionalidad. No parece ello evidente pues, en sustancia, el problema es el mismo: falta la concurrencia de los Poderes inmiscuidos en la producción del consentimiento estatal. Por ello, creemos, en lógica jurídica, que el problema es de legalidad y no estrictamente de constitucionalidad.
Esta distinción, que a ojos del 'profano' parece poco importante, es vital para atribuir a un determinado órgano el conocimiento de una controversia concreta. En principio y de manera general, si el problema es de constitucionalidad, ahí está el Tribunal Constitucional. Si es de legalidad, lo será la Corte Suprema, sea en alguno de sus órganos menores, o por ella misma. Este es el caso presente.
En efecto, la demanda de nulidad no puede presentarse ante un juez civil-comercial, como ha ocurrido recientemente, en razón a que no es un asunto de índole privada sujeto a las reglas de derecho común. Es decir, aunque estamos ante un contrato, éste no es un contrato civil o comercial (1). El órgano competente para declarar la nulidad del contrato estatal, por expresa prescripción constitucional contenida en el artículo 118º, atribución 7ª es la Corte Suprema, reunida en Sala Plena que atribuye a ésta el conocer de las 'causas contenciosas que resulten de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo…' Esta atribución se reitera, inequívocamente, en el artículo 55º, atribución 10ª de la Ley de Organización Judicial.
Es más, la Ley de Administración y Control Gubernamentales (Ley SAFCO) Nº 1178 de 20 de julio de 1990, vigente siete años antes de los contratos de riesgo compartido, señala en su artículo 47º que los contratos suscriptos por el Estado son administrativos (2). Entonces, ni duda cabe que los contratos de riesgo compartido, por expresa determinación del legislador boliviano, son también administrativos y jamás podrían ser materia de controversia ante un juez civil.
Existe un procedimiento específico para la tramitación de controversias suscitadas por los particulares en ocasión de los contratos estatales, contemplado, todavía, en el Código de Procedimiento Civil en los artículos 775 y siguientes. Este procedimiento específico, alguna vez derogado erróneamente (3), pero fue repuesto, de manera discreta, por la Ley Nº 1979 de 24 de abril de 1999 (4).
Por tanto, la demanda presentada por un diputado nacional y varios abogados e ingenieros (5), además de equivocar gruesamente la vía procesal, podría culminar rápidamente en desmedro de su pretensión (6) que, aunque legítima en el fondo, no puede prosperar por un camino equivocado. Es, para nosotros, otro error que confirma la fragilidad de la estrategia jurídica de quienes aspiran a revertir el modelo privatizador de la explotación de las riquezas naturales. Teniendo el gas natural una connotación social de semejante trascendencia pública, los errores son casi imperdonables.
En cuanto al problema de fondo, esto es, el cumplimiento del requisito extrañado de la aprobación congresal de los contratos, ya se han escuchado algunas opiniones que restan importancia al hecho. Alguno ha afirmado que, por ejemplo, en muchos de los demás contratos celebrados por el Estado a propósito de otras riquezas naturales, no ha operado jamás tal aprobación (7). El argumento no nos parece conducente pues, al fin y al cabo, los mandatos constitucionales son indiscutibles y su redacción, que se remonta a tiempos lejanos en que los contratos estatales eran poco frecuentes, permanece todavía vigente. Igual sucede con otros dispositivos constitucionales que la dinámica de los tiempos actuales ha venido en tornar anacrónicos (8).
El Congreso podría muy bien subsanar el vicio, confirmando la voluntad del Estado -a través del Poder Legislativo- en la suscripción de los contratos de riesgo compartido. Es una solución cuya legitimidad puede ser discutible (9), pero que podría ahorrar el enorme esfuerzo interpretativo de encontrar en la constitucionalidad de la ley y su decreto reglamentario, la aprobación que ha sido extrañada.
Después de todo, al Congreso boliviano no le falta voluntad política para consumar la aprobación de la nueva Ley de HC en los contenidos ya señalados por la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores se ha mostrado harto dispuesta a encontrar un renovado punto de 'equilibrio' entre las expectativas de las empresas petroleras y la presión social de los sectores más estatizantes o radicalizados. Se anticipaba, hasta antes de la contingencia que ahora estudiamos, la deducibilidad y/o acreditabilidad del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), así como otras disposiciones que provean mayor 'viabilidad' al texto legal (10).
No hay, entonces, tal maremoto. Es casi un fantasma. El tema suscitado no debiera, al menos en el papel, revestir la trascendencia que se ha sugerido con tono de alarma. Y, por supuesto, no parece ser un obstáculo insalvable a la aprobación de la nueva Ley de Hidrocarburos en Bolivia, tal como se han propuesto, con visos de urgencia, los Poderes Públicos en este país.
Notas:
1) El contrato no es una categoría única y exclusiva de la esfera privada, esto es, del Derecho Civil, disciplina jurídica que norma, por excelencia, las relaciones entre los particulares, aunque se revela insuficiente para normar las relaciones entre éstos y el Estado. Así, Bercaitz, Miguel Angel ('Teoría General de los Contratos Administrativos', edt. Depalma, Buenos Aires, 1980, pág. 133), advierte que el reconocimiento del contrato administrativo -como una categoría contractual propia del Derecho Administrativo- goza hoy de la recepción doctrinal de los publicistas más connotados, desde Jellinek, Jezé, Laband hasta los administrativistas como García de Enterría y Fernández, Garrido Falla y, en la escuela administrativista rioplatense (Marienhoff, Dromi, Cassagne, Gordillo, Escola, etc.) cuya influencia en nuestro medio es innegable. Así lo atestigua la naciente doctrina nacional como, por ejemplo, Dermizaky, Pablo, edit. Amigos del Libro, La Paz, o Fernández, Lindo: 'Derecho Administrativo', imprenta edit. G.H., La Paz, 1989, págs. 169 y ss.
2) El citado art. 47º señala que se crea la jurisdicción coactiva fiscal para el conocimiento de demandas en ocasión de ...contratos administrativos con el Estado... Pero esta jurisdicción especializada y expedita está destinada al cobro de adeudos al Estado preestableciéndose, conforme a la estructura y función procesal que se atribuye a las partes, que el Estado es el sujeto activo de la pretensión de cobro de un crédito y jamás a la inversa. Concluye el dispositivo señalando que '…son contratos administrativos aquellos que se refieren a contratación de obras, provisión de materiales, bienes y servicios y otros de similar naturaleza'. (El subrayado es nuestro). La distinción entre contratos civiles y administrativos celebrados por el Estado, por decisión del 'príncipe' (la ley), ha quedado establecida casi irrefragablemente optándose por declarar, en los hechos, la inexistencia de los primeros. No hay, que se conozca, una modulación del Tribunal Constitucional o alguna interpretación jurisprudencial de la Corte Suprema, que desarrolle la posible diferencia entre los contratos que refiere esta ley y los 'otros de similar naturaleza'.
3) Fue derogado, inexplicablemente y con exceso, a tiempo de dictarse la Ley del Tribunal Constitucional Nº 1836 de 1º de abril de 1998, creyéndose que este procedimiento especial que figuraba en el Código de Procedimiento Civil, al mismo tiempo que otros procedimientos propios de la jurisdicción constitucional, ya no tenía cabida en un cuerpo de normas procesales destinadas, principalmente, a las controversias suscitadas entre particulares.
4) Pudiera parecer que este procedimiento no puede aplicarse en la materia porque fue repuesto dos años después del comienzo de ejecución de los contratos de riesgo compartido, pero a) a tiempo de la suscripción de los contratos de riesgo compartido y comienzo de ejecución de los mismos, estaba plenamente vigente; b) también está vigente al momento de la presentación de la demanda que aquí estudiamos.
5) Otro punto de interés radica en la suficiente legitimación activa para interponer la demanda aunque la suscripción del mismo por un diputado nacional, que arguye, al menos, la representación de su circunscripción electoral, pues y conforme a un adagio de antiguo: 'la medida de la acción se encuentra en la medida del interés'. En otros términos, la pregunta inquiere sobre el 'interés' legítimo -medido en función a la representatividad de los demandantes- para incoar una demanda de esta naturaleza.
6) Una excepción de incompetencia, opuesta por los demandados, esto es, el Estado -a través del presidente ejecutivo de YPFB- y los representantes de las empresas, podría poner punto final a la demanda incoada, a pesar de la validez de sus argumentos pero la impropiedad de la vía elegida. En Bolivia, lo que ocurre, es que hay una práctica común y generalizada de demandar al Estado, en ocasión de cualesquier contrato suscripto por aquél, por la vía civil ordinaria pues no solamente se desconoce el alcance de las previsiones normativas procesales especiales o específicas para trámites así singulares, sino que el órgano competente, nada menos que el Pleno de la Corte Suprema, hace poco menos que infranqueable el camino a la justicia prometida en la Constitución. Los recientes cambios e innovaciones en la legislación administrativa -una Ley de Procedimiento Administrativo, por ejemplo- sólo toman en cuenta el íter procesal en ocasión del acto administrativo pero no del contrato administrativo, estableciendo vías harto dificultosas para la tramitación de las demandas incoadas por particulares agraviados por el incumplimiento contractual del Estado.
7) Tal el caso señalado por el analista energético Carlos Alberto López, que recuerda que la Ley de Inversiones Nº 1182, en sus artículos 15 al 19, establece la figura de contratos de riesgo compartido. Este observador señala, con cierta lógica, que si el Congreso tuviera que aprobar cada uno de los contratos de riesgo compartido, entonces también 'tendría que estar autorizando no sólo los de hidrocarburos, sino también los mineros, forestales y de explotación de recursos hídricos'.
8) Por ejemplo, siguiendo ejemplos parecidos, la necesaria autorización congresal al Ejecutivo para la adquisición de bienes inmuebles según la atribución 8va. del artículo 59 constitucional, o la autorización de empréstitos a las universidades privadas según la atribución 9ª, del mismo artículo, etc. La legislación administrativa, a través del sistema normativo de la citada Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) Nº 1178 de 20 de julio de 1990, permite un tratamiento más eficiente y expedito, al menos teóricamente, de los procesos de adquisición de bienes inmuebles.
9) De hecho, pudiera presentarse una presión de las empresas petroleras para que así se consigne en la ley para cerrar el paso a una discusión tribunalicia sobre la validez de los 76 contratos en curso (aunque algunos sólo señalan 72). La invocación a un vicio del consentimiento -si se aplicaran las reglas de derecho común- ya podría ser extemporánea a casi ocho años de la suscripción de los contratos de marras. El requisito faltante, en el fondo y sustancialmente, según nuestro parecer, es de este tipo y no de otro. Confiando en este argumento, aún sin insertar la aprobación ausente -a fin de evitar el revuelo social que ello supondría- la solución podría alcanzarse sin disparar un tiro. Y, en verdad, la demanda que hablamos puede muy bien llegar ante la Corte Suprema que, de todos modos conocería del asunto, suponiendo que el trámite judicial prosiga su camino o se instaure directamente ante su Pleno. La Corte Suprema es más propicia a este tipo de análisis, esto es, al estudio jurídico de los vicios del consentimiento, incluso de los órganos públicos. Cosa distinta, sin embargo, sería el caso de una renovada demanda de inconstitucionalidad, si llega a tiempo, ante el Tribunal Constitucional que podría resultar -si nos atenemos a las declaraciones contundentes del magistrado Durán para quien los contratos debieron ser aprobados por el Legislativo- en la invalidez de los contratos. En términos más prácticos, el factor tiempo es vital, sea para quienes demanden la inconstitucionalidad, sea para el Congreso y su voluntad ratificatoria. Y, ciertamente, si opera la aprobación congresal, ¿qué sentido tendría demandar la ausencia anterior de la misma? La discusión, siempre en el plano teórico, versaría ulteriormente sobre la validez de esta sui generis confirmación legislativa de un acto incompleto en su requisitoria constitucional. Este es, en rigor, el punto discutible, en la esfera doctrinal, de la legitimidad de la confirmación. Otra vía que pudo haberse incoado, aunque muy improbable por el desconocimiento de las disposiciones aprobatorias del modelo de contrato de riesgo compartido, es la del recurso directo de nulidad ante el Tribunal Constitucional. Este recurso es una figura sui generis en la legislación procesal constitucional boliviana. En esta vía se acusa la usurpación de funciones -y en el caso presente, hubiérase podido argüir que los suscribientes del contrato usurparon una función del Poder Legislativo. Pero este camino ya no es posible porque el recurso directo de nulidad sólo puede abrirse en un plazo de treinta días de conocido el acto supuestamente nulo. Los contratos de las petroleras, aunque hubiesen sido poco divulgados -era información que se mantenía casi en reserva- fueron, en todo caso, aprobados por un decreto, que es una norma publicada en la Gaceta Oficial. En todo caso, ya cerrando el tema, es seguro que este fin de semana ha congregado a los asesores jurídicos de las petroleras, del Poder Ejecutivo y aún del Legislativo. La estrategia emergente pasa por el análisis político de la conveniencia de resolver la cuestión en sede judicial común (Corte Suprema o uno de sus órganos de loa justicia ordinaria, el juez civil-comercial) o en sede constitucional (Tribunal Constitucional).
10) Por ejemplo, la supresión del veto de los pueblos indígenas a las operaciones en sus territorios históricos. Y así otras modificaciones: ya estaba poco menos que sacramentada la supresión del término 'obligatorio' en el mandato legal de adecuación de los contratos al nuevo régimen jurídico. El tema, ahora, es de ver si en el cálculo político de evitar mayores observaciones al texto legal, se puede subsanar el vicio acusado sin provocar problemas sociales.



Lego de la aclaración del Tribunal Constitucional acerca de los contratos que las empresas petroleras firmaron sólo con el Poder Ejecutivo y que no fueron autorizados por el Congreso Nacional

ANDRÉS SOLIZ RADA: BOLIVIA NUEVAMENTE VUELVE A SER PROPIETARIA DE SUS HIDROCARBUROS

Diario Rebelión de Uruguay (www.rebelion.org)

El investigador y analista, Andrés Soliz Rada, manifestó que Bolivia nuevamente vuelve hacer propietaria de sus hidrocarburos luego de la aclaración del Tribunal Constitucional acerca de los contratos que las empresas petroleras firmaron sólo con el Poder Ejecutivo y que no fueron autorizados por el Congreso Nacional. Expresó que las petroleras nunca fueron legales en el país a partir del proceso de la capitalización efectuado en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, ya que éstas no tuvieron la autorización del Congreso y operaron de manera arbitraria en la explotación de hidrocarburos.
De acuerdo a su explicación en el tema de hidrocarburos, Bolivia habría logrado la tercera nacionalización de este recurso natural como es el petróleo, y que la primera fue durante el gobierno de David Toro en 1937, la segunda en el gobierno del general Alfredo Ovando Candía en 1969 y ahora el país ésta en la perspectiva de la anulación de los contratos que no fueron autorizados por el Congreso.
"Todos los yacimientos petrolíferos y gasíferos están volviendo al poder del Estado nacional, ésta es la gran importancia que conlleva la aclaración del Tribunal Constitucional. La demanda que se hizo acerca de la nulidad de los contratos tiene que ser definida por un Juez de Partido que tiene que decretar su inexistencia", expresó.
El experto sostuvo que "para la existencia de un contrato deben darse varios requisitos, por ejemplo, el consentimiento, y esto debe producirse a través del Parlamento y éste al no haber aprobado los contratos de las empresas petroleras en 1997 no ha dado su consentimiento, lo que significa que nunca existieron y que por lo tanto las empresas petroleras no fueron legales en el país porque no nacieron a la vida jurídica y todos esos contratos son inexistentes".
Soliz Rada dijo que esta situación coloca al país con enorme fuerza, ya que se ha quitado de manera total y absoluta la fuerza a las petroleras, dejándolas en la imposibilidad de quejarse ante cualquier tribunal internacional. "Bolivia logró recuperarse, pero está por perder todas estas ventajas por contar con un Ministro de Hidrocarburos que pareciera está asustado como si fuera perjudicado lo personal", puntualizó.
"Hoy más que nunca debe existir una situación de vigilia, movilización del pueblo boliviano, porque ahora que hemos recuperado los hidrocarburos "no lo rifemos" como lo hizo Gonzalo Sánchez de Lozada, firmando contratos tan abusivos. Llegó el momento de recuperar, en primer lugar las reservas del petróleo y gas, los 53 trillones de pies cúbicos y los 900 millones de barriles de petróleo, añadió.
El investigador aclaró que Bolivia no debe pagar nada por lo que hubieran invertido las empresas petroleras, porque básicamente éstas han operado en el país de forma ilegal y que más al contrario se les debe cobrar daños y perjuicios contra el Estado boliviano.
Manifestó que desde el punto de vista jurídico las petroleras deberían devolver el valor de todos los hidrocarburos que han explotado ilegalmente.
"A las empresas la única alternativa que les queda es quejarse a la corte celestial, porque en la tierra y en Bolivia, éstas deben pagar daños y perjuicios que cometieron contra la economía nacional , porque para que exista un contrato debe haber capacidad y luego el consentimiento que el pueblo lo da a través del parlamento. Sostuvo que un tercer elemento es la causa lícita y que un cuarto elemento es el Código Civil que es el objeto cierto, el quinto elemento son las solemnidades y lo más importante de éstos puntos es el consentimiento.
Asegura que de nada vale tener los cuatro elementos si no hay el consentimiento y por falta de este elemento el contrato es nulo y al ser nulo nunca ha nacido a la vida jurídica, por tal razón, el Estado nunca se ha desprendido de nada", explicó.
En ese contexto, dijo que lo más conveniente para el país es acudir a la inversión china que sí está dispuesta a llevar adelante un proceso transparente en beneficio del país, dejando de lado a empresas que sólo se han enriquecido a costa del Estado boliviano, pero eso depende de tener gobernantes patriotas y no personas asustadizas como el Ministro de Hidrocarburos.
DAÑOS ECONÓMICOS
Por otra parte, el analista e investigador expresó que existen las figuras penales que se refieren a los daños económicos al Estado y que todos los responsables deben ir a la cárcel, previo el caso de Corte para las autoridades que infringieron la ley y que otros deberán pasar a la justicia ordinaria como es el caso de Sánchez de Lozada.
Sin embargo, Solís Rada aclaró que el Tribunal Constitucional determinó la constitucionalidad del Decreto emitido el 4 de agosto de l997, antes que Gonzalo Sánchez de Lozada deje la Presidencia de la República, lo que da lugar a sostener que igual hubo un crimen contra el país de parte de esta instancia jurídica. Sin embargo, para reivindicarse en algo, esta instancia del Poder Judicial sostiene que el Decreto es constitucional, pero no obviaba la obligación de que el Congreso autorice los contratos y al no haber la autorización del Parlamento los decretos son nulos de pleno derecho.



Opinión:

DILEMAS

Diario Rebelión de Uruguay (www.rebelion.org)

Pablo Stefanoni.- El instrumento político creado por las organizaciones campesinas –y especialmente impulsado por los cocaleros– acaba de cumplir su décimo aniversario. Desde aquel ya lejano 1995, mucha agua –y sangre de los bolivianos– corrió bajo el puente y este movimiento político-sindical consiguió transformarse en una fuerza de alcance nacional. Incluso, a la luz de los resultados electorales del 5 de diciembre, en la primera fuerza municipal del país. La propia secretaria de estado norteamericana, Condoleeza Rice, ha manifestado su inquietud por el crecimiento del “partido de los cocaleros” y Carlos Mesa comprobó en carne propia que es imposible “ralear” a esta fuerza de un acuerdo nacional le dé un poco de paz social a su tambaleante administración.
Heredero de las “tradiciones sindicalistas” de los sectores populares bolivianos –al decir de René Zavaleta– el MAS presenta una experiencia novedosa de hacer política desde los sindicatos. Lo cual ha permitido una proyección político-electoral de las movilizaciones sociales desarrolladas en los últimos años. Hoy, este movimiento cuenta con importantes responsabilidades institucionales, más de 40 alcaldías y 34 legisladores (luego de la expulsión de Filemón Escobar). Y, también, con algunos dilemas en su accionar político, no siempre fáciles de resolver.
Entre el parlamento y las calles
Los dos años de gestión legislativa han puesto de relieve las dificultades para articular los tiempos parlamentarios con los de las movilizaciones sociales, y no resultó tan sencillo como se esperaba en un principio combinar el “poder en las instituciones” con el “poder en las calles”, cuyas lógicas de acción y decisión son diferentes. A ello se suma, que en el Parlamento son los sectores de clase media quienes poseen mayor capacidad performativa, en detrimento del papel menos “visible” de los diputados campesinos e indígenas. De allí que el clivaje entre bloque parlamentario y movimiento sindical, al interior del MAS, se haya profundizado en los últimos tiempos.
“Formalmente la estructura parlamentaria está subordinada a la sindical pero, en los hechos y por las propias características de sus competencias legislativas, esto no es así –sostiene Álvaro García Linera en su último libro–; generando tensiones y diferencias entre los componentes de una y otra”; cuyo nexo –en ausencia de bisagras institucionales– es el liderazgo de Evo Morales. Entretanto, en la bancada del MAS se fue consolidando una suerte de “corporativismo parlamentario” que refuerza su autonomización de los movimientos sociales y sindicales, actuando muchas veces en función de sus propios “intereses” de grupo.
Etnia, clase y nación
Al igual que en otros movimientos campesino-indígenas de la región andina, existe en el MAS una tensión entre una dimensión clasista y otra étnico-identitaria, no siempre fácil de articular (como lo demostró la discusión alrededor del “bloque indígena” masista en el congreso). Con una paradoja: pese a ser un partido campesino, el MAS no ha hecho de la cuestión de la tierra su principal bandera. La identidad campesina sui generis de los cocaleros –pequeños propietarios y fuertemente enfrentados con las políticas norteamericanas– quizás ayude a explicar esta “anomalía” y el perfil “nacionalista” –más que indianista– adoptado, en la política cotidiana, por el MAS.
Aunque oficialmente su “ideología” se compone de elementos kataristas, marxistas y cristianos (teología de la liberación), parece ser la herencia –parcialmente resignificada– del nacionalismo revolucionario de los años ’40 y ’50 la que le da coherencia a su accionar: especialmente la dicotomización del campo político entre Nación y Antinación. En alguna medida, el MAS ha ocupado el lugar vacante dejado por el MNR, ya alejado del discurso montenegrino de antaño.
En este sentido, el canto del himno nacional y las vivas a Bolivia en los actos y congresos del MAS, y su perspectiva “nacionalista” más general no deja de ser significativa cuando, por otro lado, se cuestiona la propia idea de bolivianidad nacida en 1825. Lo mismo vale para la política nacionalizadora: ¿con el actual Estado patrimonialista y elitario que rige en Bolivia se garantiza que el excedente de los recursos naturales “recuperados” sean utilizados en beneficio de las mayorías nacionales? ¿No se pierde de vista –por momentos– la perspectiva de descolonización radical de la sociedad y el Estado?
Entre la moderación y la radicalización
La reciente decisión de Evo Morales de abandonar su alianza informal con Carlos Mesa ha derivado en numerosos análisis periodísticos acerca de los perjuicios para el MAS de “su alejamiento” de los sectores medios. El líder cocalero respondió diciendo que hay sectores que son “clase a medias”, que algunos “pasaron de las camisas blancas –en referencia a los falangistas– a los pañuelos blancos”, y acusó a (ex) asesores que durante los últimos tiempos le recomendaban “moderarse para ganar a las clases medias” –como José Antonio Quiroga– de utilizar al MAS.
En este sentido surgen varios interrogantes: ¿La política de “apoyo crítico” a Carlos Mesa aumentó la adhesión de los sectores medios hacia el MAS? ¿Se trata verdaderamente de “clases medias” o de sectores elitarios reacios a apoyar a un indígena más allá de sus propuestas? ¿Es posible la “vía Lula” –aplicada en Brasil, un país institucionalmente estable– en Bolivia, donde las clases dirigentes carecen de mediaciones institucionales para encarrilar las crisis? ¿O el caso boliviano se parece más al venezolano, donde Hugo Chávez no cuenta con el apoyo de los sectores medios –más cercanos a una oposición radical a su gobierno– y tuvo que propiciar la movilización popular contra la oligarquía local, en un contexto de fuerte polarización?
De la capacidad del MAS para “descorporativizarse” y articular una “voluntad colectiva” transformadora dependerá la posibilidad de dejar atrás la pesada herencia con la que cargan los movimientos sociales bolivianos: la de ser más eficaces para vetar políticas opuestas a sus intereses que para llevar a la práctica propuestas alternativas desde la esfera estatal.



NUEVAMENTE, PREMIOS Y CASTIGOS AL CONSUMO DE GAS

EL QUE ENCIENDE EL GAS, PIERDE

Página 12 de Argentina (www.pagina12web.com.ar)

Con el objeto de establecer un sistema de premios y castigos para desalentar los consumos de gas natural “no industriales”, desde el próximo viernes 15 volverá a regir el Programa de Uso Racional de la Energía (PURE) que ya se aplicó el invierno pasado. Para el actual período, que finalizará el 30 de septiembre, se prevén algunas variaciones respecto de 2004. Los consumos residenciales no se compararán contra igual bimestre del año anterior, sino con períodos de 2003 con temperaturas medias similares. Además, se castigará progresivamente a los usuarios con mayores consumos. La restricción que se intenta inducir en el mercado interno, en principio para que no existan problemas de abastecimiento para la industria y la generación eléctrica, contrasta con el sostenido aumento de las exportaciones. Para algunos analistas, se trata también de una suba tarifaria encubierta.
La resolución 624/05, publicada ayer en el Boletín Oficial, establece que los usuarios no industriales con consumos mayores a los 1000 metros cúbicos anuales, esto es los residenciales R3 y los Servicios Generales P (comerciales), tendrán que reducir su consumo en un 10 por ciento para no recibir penalidades. En otras palabras, si el promedio mensual de consumo de estos usuarios se encontrase por encima del 90 por ciento del volumen fijado para el período de referencia, se les aplicará un cargo adicional por excedentes de consumo de 0,11 pesos por cada metro cúbico consumido de más. En 2004, este ahorro debía ser del 5 por ciento. A diferencia de 2004, cuando la medición de los consumos residenciales se realizó en base a un criterio cronológico, bimestre contra igual bimestre del año anterior, este año se tomará en cuenta el factor climático a partir de la comparación de las temperaturas medias en iguales períodos de 2003. Sólo se recurrirá a 2004 en el caso de quienes no registren consumos en 2003. Esta modificación fue introducida porque durante el invierno pasado las temperaturas fueron relativamente altas en relación con la media, determinando por lo tanto consumos menores. En consecuencia, si en 2005 se comparase contra un invierno benigno, sería necesario un ahorro mayor para evitar los castigos.
En el caso de los usuarios residenciales que consumen entre 500 y 1000 metros cúbicos anuales (R2), accederán a bonificaciones cuando consuman por debajo del 95 por ciento del período de referencia, en tanto que pagarán por el exceso recién a partir del 105 por ciento del consumo con el que se compara. Por último, los consumos residenciales de hasta 500 metros cúbicos anuales (R1) recibirán bonificaciones por cada metro cúbico menos que consuman en relación con el período de referencia y no recibirán castigo por el consumo excedente.
El intento de restringir el consumo interno contrasta con el aumento de las exportaciones. De acuerdo con un trabajo del Idicso de la Universidad del Salvador, realizado por el investigador Andrés De Dicco sobre la base de cifras del Enargas y de la Secretaría de Energía, mientras en 2003 se “produjeron” 50.676 millones de metros cúbicos de gas natural y se exportaron 6.764 millones, el 13,35 por ciento, para 2005 se estima una extracción de 60 mil millones con exportaciones por 8500 millones, más del 14 por ciento. Además, a pesar de la crisis, en 2004 las exportaciones aumentaron el 8 por ciento y alcanzaron los 7299 millones de metros cúbicos. El 92,2 por ciento de estas ventas fueron a Chile. Cabe recordar que la Ley 24.076 que sirve de marco regulatorio para el gas prohíbe las ventas al exterior cuando el mercado interno no es satisfecho.



OTRA VEZ HABRÁ PREMIOS Y CASTIGOS AL CONSUMO DE GAS

El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.com.ar)

El Gobierno reactivará a partir del viernes el Programa de Uso Racional de la Energía (PURE), implementado el año pasado para garantizar la disponibilidad de gas durante el invierno, mediante un sistema de penalidades y bonificaciones a las variaciones en el consumo que incluye algunas modificaciones respecto del año pasado. A diferencia de 2004, cuando la medición de los consumos residenciales se realizó en base a un criterio cronológico -bimestre contra bimestre-, este año se tomará en cuenta el factor climático a partir de la comparación de las temperaturas medias equivalentes con las registradas en iguales períodos de 2003. Otra de las modificaciones será que se aumentarán los porcentajes que deberán ahorrar para no ser penalizados los consumidores residenciales del segmento "R3" y Servicios Generales "P", que son los que tienen consumos de más de 1.000 metros cúbicos anuales.
Estos usuarios deberán reducir un 10 por ciento más el consumo de gas para no pagar multas, según específica la Resolución 624/05 de la Secretaria de Energía publicada ayer en el Boletín Oficial.
En los casos que el promedio mensual anual de consumo de estos usuarios se ubique por encima del 90 por ciento del volumen fijado para el Período de Referencia, se les aplicará un cargo adicional por excedentes de consumo.
Estos usuarios tendrán ahora que aumentar a 10 por ciento sus ahorros contra sólo el 5 por ciento que se les exigió en 2004, para no pagar las multas. Por ese concepto pagarán 0,11 pesos por cada metro cúbico consumido de más. Para los denominados Períodos de Referencia en base a los cuales se establecerán los volúmenes de consumos a bonificar, se tomarán las temperaturas medias registradas en 2003, y sólo para quienes no registren consumos en ese año se tomaran las de 2004 como referentes.
Esta modificación tiene en cuenta que durante el invierno pasado las temperaturas fueron relativamente altas, por lo que resulta conveniente remitirse a los valores de 2003 donde esas marcas fueron las habituales para los períodos invernales de la región.
La aplicación del PURE en 2004 fue calificada como "muy positiva" por el Gobierno, ya que 3,9 millones de facturas recibieron premios, liberando en consecuencia gas natural para usos de la actividad productiva.
El PURE, que se mantiene desde el año pasado para los servicios de energía eléctrica, entrará en vigencia para los consumos de gas el 15 de abril y se extenderá hasta el 30 de setiembre próximo.



BUSCAN QUE LA GENTE AHORRE ENTRE UN 5 Y UN 10% DE GAS

La Nación de Argentina (www.lanacion.com.ar)

El Gobierno reflotó el plan de uso racional del gas, ahora endurecido: a partir del viernes, 4,1 millones de usuarios de gas natural deberán ahorrar entre el 5 y el 10 por ciento de su consumo habitual para evitar mayores costos en la factura. "No hay crisis energética, de ninguna manera va a faltar el gas en las casas de familia. Se trata de un plan para que la gente consuma el gas, que es un recurso natural no renovable, de una manera racional", dijo una fuente de la Secretaría de Energía.
El funcionario especificó que "es lógico que el plan esté más ajustado que el año pasado, porque ya está instalada entre la gente la idea del ahorro". Precisó, además, que "hay un mensaje claro para los usuarios residenciales: no hay aumento de tarifas, pero a cambio deberán ahorrar en su consumo".
La medida fue dispuesta a través de la resolución 624/2005, publicada ayer en el Boletín Oficial, y estará vigente desde el 15 del actual y hasta el 30 de septiembre de cada año.
Hay dos puntos fundamentales que diferencian este plan de la versión 2004: este año se amplió el umbral de los usuarios que deberán ahorrar para no sufrir los aumentos, y la comparación se hará tomando en cuenta el consumo y las temperaturas de cada bimestre de este año contra el bimestre de 2003 en que se hayan registrado temperaturas similares.
Es decir que cada una de las 9 distribuidoras de gas que hay en el país (Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi Gas del Sur, Distribuidora de Gas del Centro, Distribuidora de Gas Cuyana, Gas Natural BAN, Gas NEA, Gasnor, Litoral Gas y Metrogas) deberá incorporar a sus sistemas de facturación la información sobre la temperatura promedio de los 6 bimestres de 2003. Así, la comparación se hará entre los consumos de gas realizados durante bimestres que hayan sufrido una temperatura similar en ese año, como una forma de evitar desajustes por diferencias climáticas.
En el país hay 6,1 millones de casas de familia que utilizan del servicio de gas natural. De estos, 1.900.000 clientes corresponden a la categoría R1 (consumen menos de 500 metros cúbicos al año); 1.700.000 son de la categoría R2 (entre 500 y 1000 metros cúbicos al año) y 2.400.000 son R3 (consumos superiores a los 1000 metros cúbicos).
Caso por caso
El año pasado, para no ser multados, aquellos clientes residenciales cuyo consumo superara los 1000 metros cúbicos al año (R3) debían ahorrar un 5% sobre 2003. Este año, esos clientes deberán ahorrar un 10%, y aquellos que consumen entre 500 y 1000 metros cúbicos año (R2), deberán ahorrar el 5%. El año pasado estos clientes no tenían penalidades.
Sólo los clientes considerados R1 (menos de 500 metros cúbicos al año) no sufrirán castigos si no ahorran. Pero la resolución indica que el Enargas deberá "incentivarlos" para no exceder el consumo de años anteriores. La resolución explica que a los usuarios R2 que superen el 105% del consumo del período anterior se les aplicará un aumento en el metro cúbico excedente de 0,11 centavos. El costo del metro cúbico hoy es de 0,15 centavos. Según las estimaciones de la Secretaría de Energía, la factura promedio tendría un aumento del 4,5% en aquellos usuarios que consuman un 10% más.
Las multas contribuirán a la expansión del sistema, ya que un porcentaje será destinado al tendido de nuevos gasoductos, según especifica la resolución.
El año pasado, el Gobierno puso en marcha un plan para que la población ahorrara al menos un 5% en el consumo de gas. En total, las distribuidoras devolvieron, en premios por un menor consumo, 95 millones de pesos repartidos entre 3,9 millones de facturas, lo que permitió que la industria contara con más gas.
Para Jorge Lapeña, ex secretario de Energía de Raúl Alfonsín y actual consultor en temas de energía, "estamos frente a una crisis energética de características estructurales, porque el transporte de gas y la generación de electricidad son insuficientes para atender la demanda. Me parece bien que el Gobierno implemente un plan de ahorro, pero no entiendo por qué no se unifica el discurso y se habla de la crisis energética. Así sería más fácil de entender para la gente".
El año pasado, el Gobierno aplicó medidas extraordinarias como reducir las exportaciones de gas a Chile, atendiendo la ley que indica que, ante la escasez, debe dar prioridad al consumo interno.



CARTA DE EVO MORALES DIRIGENTE DEL MOVIMIENTO AL SOCIALISMO (MAS) AL PRESIDENTE VENEZOLANO HUGO CHÁVEZ FRÍAS

Argen Press de Argentina (www.argenpress.info)

Cochabamba (Bolivia), 11 de abril de 2005.
Señor:
HUGO CHAVEZ FRIAS,
Presidente Constitucional de la República Bolivariana de VenezuelaCompatriotas del valeroso y ejemplar Pueblo Bolivariano de Venezuela
Presente.-
Estimados compañeros y compañeras, hermanos y hermanas:
Cuando se conmemora el Tercer Encuentro Mundial con la Revolución Bolivariana 'Aprender del mundo y divulgar lo nuestro…' en nombre del Movimiento al Socialismo (MAS)-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP), las organizaciones indígenas, campesinas y originarias de esta noble tierra y los movimientos sociales de Bolivia, reciban un saludo cordial y revolucionario.
El 11, 12 y 13 de abril de 2002, los venezolanos y venezolanas escribieron historia cuando con el mejor arma que es la fortaleza y movilización del pueblo derrotaron a una asonada fascista y golpista digitada por los tristemente célebres 'escuálidos' que son los representantes de la oligarquía, las transnacionales y el imperialismo norteamericano.
Desde aquella vez y, con el ejemplo heroico de otros pueblos latinoamericanos, nuestro continente ha empezado a cambiar el curso de la historia convirtiéndose en una esperanza para los más pobres, los marginados y para las mayorías nacionales y convirtiéndose también en una pesadilla para los poderosos, el imperialismo y sus secuaces.
Por eso, desde Bolivia el país ubicado en el epicentro del continente latinoamericano, aunque en esta oportunidad no estamos físicamente junto a ustedes, tengan en cuenta que estamos presentes, mano a mano a mano y codo a codo, apoyando con nuestra solidaridad la conciencia de todos los venezolanos y venezolanas que están construyendo una nueva patria, una nueva sociedad.
Como dice el presidente y comandante Hugo Chávez Frías, 'después del golpe la revolución bolivariana está más fuerte que nunca' y lo estará para siempre, porque ustedes compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, ya no están solos, ahora tienen el respaldo moral y material de miles de compatriotas en el continente y el mundo que defenderán los logros sociales, económicos y políticos de la República Bolivariana de Venezuela.
En Bolivia, así como en Venezuela y otros países, los indígenas, campesinos y originarios y los movimientos sociales y progresistas, con el ejemplo de nuestros antepasados tenemos un reto y además un mandato que es construir la Patria Grande con solidaridad, con equidad, con unidad y sobretodo, con dignidad.
Señor Presidente, compatriotas venezolanos y venezolanas, en esta oportunidad y siempre, reciban toda nuestra solidaridad, hermandad y compromiso de lucha por ese sagrado propósito que beneficiará a las mayorías nacionales.
'Gloria al bravo pueblo'.
Atentamente.
EVO MORALES AIMA
Presidente del MAS Bolivia