"QUEREMOS VENDERLE MAR A BOLIVIA"
La Estrella de Arica, Chile (www.estrellaarica.cl)
Con más convocatoria de la esperada la "Comisión Pro Comercialización de salida al mar para Bolivia con Soberanía" se reunió el miércoles en la noche en el auditorio de la Asociación Chilena de Seguridad (AChS). El cirujano dentista Eduardo Autrán, quien lidera esta comisión, fundamentó a los asistentes que la idea es comercializar una franja corredor territorial de 5 o 10 kilómetros de ancho, a partir de la Línea de la Concordia hacia el sur, entre la línea costera y el camino internacional Arica-Tacna.
Esa carretera sería el eje central de un área tripartita (hacia el oriente), a fin de no perder la frontera con Perú.
Desde donde converjan los tres países (denominado inicialmente Zona Cero, con un control policial compartido y desmilitarizado) y hacia el Hito 1, habría una franja de 20 a 40 metros de ancho, superficie suficiente como para que Bolivia diseñe un camino y transite por su territorio hacia la costa.
Mientras que la franja marítima sería del mismo ancho que la territorial (5 a 10 kilómetros), hasta las 200 millas marítimas, explicó Autrán.
ARGUMENTOS
"Los bolivianos quieren una salida al mar con soberanía y somos los únicos que podemos dársela, pero a cambio de gas, que es una fuente energética básica, aunque agotable. Entonces, la transacción debe ser hecha de tal manera que cuando esa fuente se agote, el terreno esté más que pagado", enfatizó.
Añadió que aparte del recurso energético, es necesario transar recurso hídrico que constituye un elemento vital para el crecimiento y desarrollo de cualquier ciudad.
Especificó que para recibir el agua, se debería aumentar el caudal de captación del río Lauca y del Silala. Para eso, es necesario diseñar e implementar un sistema de canalización para hacer llegar agua desde Bolivia al Lago Chungará y así ocupar la infraestructura actualmente existente y sin uso.
CONDICIONES
Precisó que dentro de las condiciones geopolíticas de la entrega territorial, Bolivia no podría construir un puerto, ya que geográficamente resultaría muy complejo. A cambio, propone ampliar el puerto de Arica.
Explicó que esta entrega debe excluir la industria pesquera, priorizando el espacio marítimo, turístico, habitacional y la franja marítima ser considerada como zona protegida. "Si los bolivianos quieren desarrollar proyectos industriales se podrán acoger a las leyes chilenas", advirtió.
El profesional acotó que más temprano que tarde Chile le dará salida al mar a Bolivia, por lo que se debe crear un plan de negocios en Arica, antes de que sea sólo un acuerdo de buena voluntad entre las Cancillerías.
COMISIONES
Los asistentes al encuentro concluyeron que es necesario que Arica sea un socio estratégico de Bolivia para negociar la venta de mar a Bolivia, con beneficios exclusivos para los ariqueños.
Para eso, se formó comisiones de trabajo que fundamentarán la propuesta con argumentos sólidos. Una vez finalizada será presentada al Gobierno de Chile.
OTRA PREGUNTA
Autrán dijo que después de la consulta ciudadana para darle una salida al mar a Bolivia se debería efectuar otra consulta, preguntando a la gente si es que estarían dispuestos a venderle mar a Bolivia, explicándole los antecedentes expuestos por esta comisión. Sostuvo que el próximo viernes, a las 21 horas, se reunirán nuevamente en la AChS.
Medida de fuerte impacto en Latinoamérica y el mundo
EVO MORALES, UN CAMPESINO AYMARÁ, SE ATREVIÓ A NACIONALIZAR EL PETRÓLEO Y EL GAS
La noticia más importante en lo que va del año sucedió ante nuestras narices el 1º de mayo, cuando Evo Morales leyó el decreto recuperando la riqueza hidrocarburífera. Estamos ante un hecho histórico, de honda repercusión en Bolivia y la región.
Argenpress de Argentina (www.argenpress.info)
A Evo Morales le gusta un “look” apropiado para cada ocasión. Se vistió como sus ancestros antes de la asunción formal en La Paz, participando de una ceremonia de los pueblos originarios. También llevó un pullover a su gira internacional por América Latina, Europa y Asia, que fue el hazmerreír de la “prensa seria” que juzga a los políticos según las pilchas. Y lució una campera con ribetes artesanales en la jura como presidente, sin usar traje ni corbata.
Ahora en la retina de los televidentes de su país y el mundo apareció en un campo de gas, con un casco de petrolero, para anunciar la nacionalización del gas y petróleo. Los monopolios extranjeros y su prensa adicta no tuvieron tiempo de hacer comentarios venenosos sobre la vestimenta del ex campesino cocalero. Es que les dio un ataque de pánico tras la resolución del jefe de Estado adoptada cuando se cumplían los primeros cien días de gobierno.
En efecto, desde el pozo San Alberto, en Caraparí, en el departamento petrolero de Tarija, el más importante del país y que hasta ahora administraba un consorcio integrado por Petrobras de Brasil y Repsol de España, el mandatario leyó el decreto 28.701 “Héroes de El Chaco” (en referencia a los muertos en la guerra de 1932-1935 contra Paraguay, donde perdió buena parte de la región chaqueña).
El documento, rubricado por todo el gabinete, implicó reasumir el control total de la industria hidrocarburífera, refundando en los próximos 60 días la residual Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) e imponiendo reglas de juego absolutamente nuevas a las empresas extranjeras que quieran permanecer en el país.
El vicepresidente Alvaro García Linera habló a la gente reunida en la Plaza Murillo y presentó sencillamente cómo será la nueva ecuación: “le hemos dado la 'vuelta a la tortilla': antes las empresas ganaban un 82 por ciento. Ahora sólo se llevarán un 18 y el 82 por ciento será para el Estado”.
La mayoría del altiplano y de los demás pueblos al sur del río Bravo (y también unos cuantos millones que viven al norte de ese río, si se toman en cuenta las movilizaciones del 1º de mayo en EEUU), rugió de felicidad. Lo hicieron porque compartían el mensaje de Evo: “se acabó el saqueo de los recursos naturales de Bolivia”.
La otra guerra
La novedad no se quedó en frases bonitas relativas al patrimonio nacional históricamente vaciado por las multinacionales y la “rosca” criolla que tan bien representó Gonzalo Sánchez de Lozada hasta que fue expulsado del poder en 2003. Este privatizó los recursos naturales entre 1996 y 1997 disfrazando la operación de “capitalización”, en un todo de acuerdo con la ola que bajaba del Consenso de Washington y colegas como Carlos Menem.
Además de patriotismo, el mensaje de Morales conlleva futuros beneficios tangibles para su sufrido pueblo. Este descendió hasta los escalones de los más pobres del continente teniendo fortunas bajo tierra, en su momento el estaño y luego el gas.
Ahora el Estado tendrá con qué financiar sus planes sociales, si es que el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) se mantiene en la tesitura de cumplir las promesas que lo llevaron a la victoria el 18 de diciembre pasado, cuando colectó el 54 por ciento de los sufragios.
Tomar el control de la renta petrolera y gasífera supondrá un ingreso al fisco de 700 millones de dólares anuales, aunque otros cálculos estiman una suma algo menor. Pero de cualquier manera, se trata de una masa de recursos soñada por un presidente progresista para financiar sus metas sociales en un territorio con tanta deuda interna por pagar.
Los trabajadores, campesinos e intelectuales del altiplano siempre anhelaron que las riquezas naturales fueran propiedad social, incluso la Constitución Política del Estado tiene artículos sobre el tema. Hasta aquí habían sido simple expresión de anhelos. Ahora pueden ser una realidad, aunque esta historia está lejos de haber concluido con un final feliz pues en un sentido recién empieza.
De esos anhelos da cuenta la primera nacionalización, en 1937, dictada por el gobierno de David Toro, un militar nacionalista, que afectó a la Standard Oil. En 1969 hubo una medida similar, tomada por el general Ovando Candia contra la Gulf Oil, a instancias de su ministro de Minas, Marcelo Quiroga Santa Cruz. Este fue asesinado en 1980 por la dictadura de Luis García Mesa.
Según Morales, la suya será la tercera y definitiva nacionalización de esos recursos. Puede que así sea, pero no resultará de la mera firma del decreto mencionado sino de un duro proceso contra los intereses extranjeros afectados por el mismo. Esas multinacionales van a declarar una segunda “guerra del gas”. La primera, de sentido patriótico, la libraron los trabajadores entre setiembre y octubre de 2003, cuando echaron a Sánchez de Lozada pagando el precio de un centenar de muertos entre esas jornadas y las previas, de 2000 y 2002.
Enemigos de cuidado
El presidente decretó que “el Estado recupera la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de estos recursos”. Eso, aunque no confisca, hiere profundamente al lobby hidrocarburífero que sentó sus reales en Bolivia en el siglo XX y se adueñó del patrimonio de YPFB con Sánchez de Lozada y sus continuadores, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez, sin olvidar a sus antecesores Hugo Banzer y Jorge Quiroga. Estos son enemigos de cuidado: Petrobras, Repsol, Shell (angloholandesa), British Gas y British Petroleum (británicas), Panamerican Energy, Exxon Mobil y Vintage (estadounidenses), Dong Wong (coreana), Pluspetrol (argentina), Total (francesa) y Canadian Energy.
Las más importantes son Petrobras, que explota campos y se quedó con refinerías; Repsol, que opera con su controlada Andina, y Shell, dueña de Transredes, que tiene bajo su férula la red de gasoductos y oleoductos. En total la escudería de firmas foráneas explota 56 campos de gas y petróleo, dos refinerías y dos firmas de redes y logística. Ese esquema, espuriamente privatizado, hizo el milagro de que “cuando el gas está bajo tierra es nuestro, pero cuando llega a boca de pozo es ajeno”, como explicó Morales ante las insidiosas preguntas de Patricia Janiot, de CNN.
La sola enumeración del team extranjero mete miedo porque un latinoamericano medianamente informado sabe que es el autor de golpes de Estado, intervenciones militares y campañas de desestabilización contra gobiernos constitucionales. Del golpe de 1930 en Argentina se dijo que tenía “olor a petróleo”.
Ese sector imperial se puso en marcha para denigrar las decisiones adoptadas en La Paz, mellarlas y disminuirlas. Su campaña mediática -recogida en medios argentinos como “La Nación”- asegura que la nacionalización ahuyentará las inversiones extranjeras y conducirá al estancamiento económico de Bolivia. Antonio Brufau, titular de Repsol, llegó con la urgencia de los bomberos a la Casa Rosada para pedir a Néstor Kirchner que apacigüe los ánimos patrióticos de Morales. Kirchner y Lula da Silva se reunirán con éste en Puerto Iguazú y, además de procurar un precio barato para sus compras de gas, harán lobby por Petrobras y Repsol.
Es de esperar que el aymará se sobreponga a la guerra de las petroleras y a las presiones, incluso de las de los “presidentes amigos”. Es que su decisión anunciada el 1 de mayo será un hecho histórico en la medida que no tenga retrocesos. Bolivia posee reservas estimadas en 48,7 billones de pies cúbicos de gas, las segundas en el continente después de las de Venezuela, y después de tanto saqueo y muertes, tienen que servir a su población. Por: Emilio Marín (LA ARENA)
Opinión:
NACIONALIZACIÓN DE ENERGÉTICOS CALDEA ÁNIMOS EN SUDAMÉRICA
La Jornada de México (www.jornada.unam.mx)
TRAS LA NACIONALIZACION decretada el pasado lunes por Evo Morales vino el amarre de navajas y los ánimos se caldearon entre los mandatarios de cuatro gobiernos sudamericanos directamente involucrados -por una u otra causa- en el asunto. Paradójicamente, Lula y Kirchner brincaron, aunque la decisión boliviana se tomó bajo la premisa del interés colectivo y no de los negocios privados.
FELIZMENTE LOS CUATRO se reunieron ayer en Iguazú, en una especie de "cumbre", en la que el tema central fue la nacionalización energética boliviana y el efecto para las otras tres naciones. Las fingidas sonrisas de los mandatarios (Néstor Kirchner, Evo Morales, Luiz Inacio Lula da Silva y Hugo Chávez) invitan a pensar sobre el ácido destilado durante la reunión, aunque a coro negaron que exista "una crisis regional" y descartaron efectos negativos por la citada nacionalización.
CON TODO Y sonrisas para la foto, Lula y Kirchner reclaman para sus países abasto garantizado de energéticos y precios bajos, incluso muy bajos, como hasta el pasado domingo. Lo primero es atendible, pero lo segundo no tanto, de acuerdo con un informe del gobierno boliviano difundido a principios de 2004, y retomado por Econoticias Bolivia, cuyas partes medulares se reproducen a continuación:
LAS TRASNACIONALES QUE operan en Bolivia reportan uno de los más altos índices de ganancia en la industria petrolera mundial. Informes oficiales del gobierno boliviano establecen que esos consorcios han tomado el control de los ricos yacimientos de petróleo y gas, con los costos de producción más bajos del mundo, al haber recibido sin mayores inversiones los gigantescos pozos y campos desarrollados por el Estado, pagar impuestos casi simbólicos.
REPSOL Y AMOCO, que tomaron el control de la ex empresa estatal boliviana YPFB, presentan los costos unitarios de producción y de exploración de hidrocarburos más bajos entre 200 empresas analizadas a nivel mundial. El costo promedio para la producción de un barril equivalente de petróleo es de 5.6 dólares a nivel mundial, pero en Bolivia se reduce, en el caso de Repsol, a sólo un dólar y en el de Amoco a 0.97 dólares. En el ámbito internacional, únicamente la petrolera Niko Resources tiene un costo de producción más bajo (0.87), según consigna la publicación internacional Global Upstream Performance Review 2003.
LAS OTRAS TRASNACIONALES que operan en Bolivia, como Total, Maxus, Petrobras, British Gas, Panamerican Gas y Shell, también tienen costos muy bajos, producto de las excesivas y onerosas concesiones que el Estado boliviano otorgó en la década de los años 90, cuando se privatizó ("capitalizó", según la versión gubernamental de aquellos años) la industria petrolera boliviana y se desmanteló la empresa estatal. Los costos de producción incluyen gastos operativos, mantenimiento de pozos, infraestructura y equipamiento, gastos administrativos directos e impuestos de producción.
TODAS LAS INVERSIONES y trabajos de prospección, exploración y desarrollo de campos realizadas por el Estado boliviano beneficiaron directamente a las petroleras extranjeras, que sin invertir demasiado encuentran gas y petróleo a raudales. No es casual que el informe oficial establezca que las trasnacionales que operan en el país tengan también los costos más bajos en la búsqueda y desarrollo de un barril equivalente de petróleo, que es de 8.58 dólares a nivel mundial y de 5.66 dólares el promedio latinoamericano. Este costo en el caso de Repsol en Bolivia es de apenas 0.40 dólares por barril equivalente de petróleo, 20 veces por abajo del promedio internacional y 14 veces menos que el latinoamericano.
EL RESTO DE las trasnacionales energéticas que operan en Bolivia tienen similares indicadores y sus perspectivas para acrecentar sus ingresos son enormes. Con una escasa tributación, costos tan bajos y aprovechando al máximo el trabajo anterior desarrollado por el Estado, invertir en Bolivia se ha convertido en sinónimo de altas ganancias y escasos riesgos.
EL INFORME SUBRAYA que la tasa de éxito para encontrar gas y petróleo en Bolivia es una de las más altas del mundo: 50 por ciento, en comparación con otros países donde ese nivel llega a 20 por ciento. Esto quiere decir que a nivel internacional 8 de cada 10 intentos por encontrar gas y petróleo están condenados al fracaso; en Bolivia cinco de cada 10 intentos dan resultado.
LOS BENEFICIOS OBTENIDOS por las trasnacionales se agrandan en Bolivia, no sólo por la vigencia de los bajísimos costos de producción y los reducidos impuestos (las petroleras pagan apenas el 18 por ciento del valor de la producción hidrocarburífera en boca de pozo), sino también por los reducidos márgenes de la refinación de hidrocarburos y su conversión en gasolina, gas licuado y otros carburantes que son comercializados.
LOS CONSUMIDORES DOMESTICOS e industriales del país más pobre de Sudamérica deben pagar por carburantes como si fueran importados de Kuwait o Arabia Saudita, todo en beneficio de las trasnacionales petroleras, que además tienen la capacidad tecnológica y administrativa para maquillar sus cuentas financieras, burlar los endebles controles estatales y presentar un nivel de ganancias por debajo de lo real para así pagar menos impuestos.
LAS PETROLERAS EXTRANJERAS que explotan los recursos naturales no renovables de Bolivia pagan muy pocos impuestos. Como muestra, en el quinquenio 1998-2002, Repsol apenas pagó 4.3 millones de dólares como promedio anual, y 5.2 millones Amoco.
AHORA, CAMBIAN LAS reglas del juego.
Las rebanadas del pastel:
LOS TRES PARTIDOS políticos "grandes" están involucrados en el estallido de Atenco; en el peloteo, ninguno de ellos lo evitó. Son las tres fuerzas mayoritarias de las que salieron los actuales presidente municipal, gobernador estatal y presidente de la República, y saldrá el nuevo mandatario del país. No hay ingobernabilidad, dice monseñor Abascal, pero un problema con ocho vendedores ambulantes derivó en multitudinaria trifulca, con muertos civiles, heridos y detenidos de ambos bandos, bloqueo de carreteras y toda la cosa. Qué debilidad en la última recta del sexenio, qué fragilidad a escasas semanas de las elecciones presidenciales.
Opinión:
UN DAÑO IRREPARABLE
La Jornada de México (www.jornada.unam.mx)
Mientras el gobierno de Bolivia nacionalizaba los hidrocarburos, el presidente de Uruguay anunciaba en Washington la salida del Mecado Común del Sur (Mercosur), sumiendo a la más importante alianza regional en una crisis casi terminal de la que resultará muy difícil salir: las relaciones entre sus presidentes se han erosionado y la desconfianza ocupa ahora el lugar de la necesaria solidaridad.
Tabaré Vázquez fue contundente. Dos días antes de su entrevista con George W. Bush anunció su intención de "desligarse como miembro pleno del Mercosur" con el objetivo de concretar acuerdos comerciales con la superpotencia para ganar mercados para las exportaciones primarias de Uruguay. Además, y pese a que los ambientalistas argentinos despejaron el bloqueo del principal puente internacional, adelantó que seguirá adelante con las denuncias ante los organismos internacionales por "el daño provocado por las protestas contra las plantas de celulosa". Apenas difundida la noticia, miembros del gabinete uruguayo desmintieron la eventualidad de una ruptura del Mercosur y voceros del propio Vázquez matizaron sus afirmaciones.
Sin embargo, los desmentidos no son creíbles, toda vez que Vázquez ha forjado todo un estilo de ambigüedades y vaivenes, afirmaciones contradictorias luego negadas por sus voceros.
Mes y medio atrás, en Caracas, aseguró en tono tajante, junto a Hugo Chávez, que Uruguay no firmará un TLC con Estados Unidos. La semana pasada, con el presidente Fox, en México, dijo lo contrario. Uruguay no puede pretender que un acuerdo con Washington sea recibido sin más por sus vecinos. Más aún cuando Vázquez sostiene que se trata de buscar "una nueva inserción de Uruguay en el mundo" y asegura que su objetivo es "liberar al Uruguay" de los problemas que le acarrea el Mercosur.
Los objetivos y el lugar donde fueron planteados, en medio de reuniones con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, no son de recibo cuando la región atraviesa una coyuntura que puede suponer un viraje de larga duración respecto a la tradicional dependencia de Estados Unidos y los organismos financieros.
En efecto, el litigio entre Argentina y Uruguay por las plantas de celulosa está en camino de resolverse. Los ambientalistas de la Asamblea de Gualeguaychú despejaron la ruta y levantaron el corte del puente internacional, principal argumento del gobierno uruguayo para mantener las espadas en alto. Ahora el diferendo se ventilará en instituciones internacionales, ya que Néstor Kirchner decidió presentar un reclamo ante el Tribunal de La Haya, que había condicionado a que los vecinos levantaran el bloqueo.
Los 100 mil manifestantes que desbordaron las inmediaciones del puente el pasado domingo, son fiel testimonio del potente rechazo y del masivo apoyo con que cuentan los ambientalistas. La forma democrática y horizontal con que funciona la asamblea, a la que acuden miles de vecinos, capaces de debatir y acordar durante horas, fue reconocida hasta por la derecha argentina.
La incapacidad de negociar y el apego de Vázquez a los acuerdos con megaempresas de celulosa pudo más, sin embargo, que la movilización social. Estamos ante un triunfo de las multinacionales y una derrota de la movilización social, en la cual un gobierno que se proclama de izquierda jugó un papel decisivo.
El grave momento que atraviesa la región requiere grandeza. Todo indica que se están desdibujando los alineamientos tradicionales y están emergiendo otros. El eje Cuba-Venezuela-Bolivia es ya una realidad, tanto en el terreno político como en la cooperación económica.
Por otro lado, parece insinuarse otro eje "estabilizador" conformado básicamente por Brasil, Chile y Uruguay, con buenas relaciones con Washington, los organismos financieros internacionales y las grandes empresas. El papel de Argentina parece aún incierto, ya que si bien necesita mantener su sólida alianza con Brasil, comparte con el eje "bolivariano" sus raíces afincadas en la profunda movilización y revuelta popular, que marca límites a cualquier gobierno. No era en absoluto absurda ni irreal la política de la administración Bush -expresada de modo directo por Condoleezza Rice- de apostar a Brasil como el gran estabilizador de la convulsionada región.
El gobierno de Lula ha adoptado una posición apaciguadora ante la nacionalización de los hidrocarburos por el gobierno de Evo Morales. Un medido comunicado oficial aplacó la ira del presidente de Petrobras y reconoció el derecho de Bolivia de controlar la comercialización, transporte e industrialización de los hidrocarburos "como acto inherente a su soberanía". Pero hay contradicciones insoslayables.
Brasil depende en un 50 por ciento del gas boliviano; 75 por ciento del gas consumido en Sao Paulo, corazón de la industria de la décima potencia industrial del mundo, proviene de Bolivia. Como contrapartida, Petrobras produce 15 por ciento del producto interno bruto boliviano y son brasileños los que cultivan 30 por ciento de la soya en el separatista departamento de Santa Cruz. Lula moderó sus impulsos, pero todos los testimonios dan cuenta de su perplejidad ante el sorpresivo anuncio de Evo.
Síntoma de los nuevos tiempos, Lula, Kirchner, Evo y Chávez se reunieron para ver cómo seguir adelante y, sobre todo, para debatir el precio del gas que será uno de los ejes de la nueva política boliviana.
El daño irreparable infligido al Mercosur, que hasta hace un año parecía en condiciones de expandirse incluyendo a Bolivia y Venezuela, puede ser ahora el punto de partida de otra integración anclada en los hidrocarburos y en sociedades movilizadas. Sin embargo, tampoco es el momento de echar las campanas al vuelo. Hay demasiadas contradicciones sobre la mesa. Brasil sigue apostando al IIRSA, integración destinada a facilitar el flujo de mercancías Pacífico-Atlántico acorde con las necesidades actuales del comercio global digitado por las multinacionales. Un test decisivo será el proyectado Gasoducto del Sur: si se concreta será la primera gran obra Norte-Sur, orientada a comunicar a los países de la región a contramano de las expectativas de los mercados.
PROBLEMA REGIONAL. La opinión
''EL PROBLEMA VA ESTAR EN LOS CONTRATOS A LARGO PLAZO''
El Tribuno de Argentina (www.eltribunosalta.com.ar)
El presidente boliviano Evo Morales ha adoptado una decisión de fondo, que se inscribe en lo que llamamos "cumplimiento de una promesa electoral". Esta, a su vez, se inscribe dentro de lo que podemos llamar "la gran cuestión del gas", que está en el centro del debate político de ese país vecino desde hace tres años y que ha producido conmociones tales como fue la caída de dos presidentes y que forzó el referéndum que, a su vez, arrojó como resultado la nacionalización.
Es una medida que va a afectar el desenvolvimiento de Bolivia con los países vecinos, ya que Argentina y Brasil son importadores. Y nuestro país tiene problemas en ciernes respecto de este punto.
La que se puso en marcha es una transformación profunda para Bolivia, porque no se trata de una nacionalización sino que algo más que eso: es el Estado que adquiere un protagonismo que antes no tenía, adquiere la propiedad y el dominio de lo que produzcan las empresas, asume la responsabilidad de la comercialización y determina las condiciones. En definitiva, lo que va a determinar son los precios. Tenemos ante nuestros ojos un Estado cuya presencia es muy superior, cuando no total, frente a un sector privado que va a hacer sólo de servicios.
Se tienen que reconvertir los contratos existentes y se abre un período de seis meses en los que se van a definir las modalidades. El decreto que realizó el Estado boliviano es muy escueto y debemos observar con atención este período en el que se sientan a negociar, para que podamos ir viendo cómo se resuelven los primeros casos. Es necesario un compás de espera para evaluar cómo evoluciona el sistema. El decreto dice que el Estado se quedará con un 82 por ciento de la producción y esto va a afectar la economía de cada yacimiento.
En cuanto a la relación con nuestro país, tenemos dos tipos de relaciones con el Estado de Bolivia. Nosotros le compramos a través del gasoducto del Norte desde hace dos años el equivalente al 4 por ciento de lo que consumimos, así que no creo que repercuta demasiado. No va a tener, me parece, un impacto significativo por más que se incremente el precio.
Además, como estamos en medio de una crisis energética, necesitaríamos importar más cantidad de gas y tendríamos que hacer un acuerdo a largo plazo para adquirir mayores cantidades de fluido y por mayor tiempo. En este punto, para poder avanzar en un acuerdo por un tiempo largo, será necesario esperar que se acomode la economía energética boliviana.
Hay que ver cómo el gobierno argentino afronta este aumento y, como se trata de una cantidad pequeña, por más que se incremente no impactará demasiado en los consumidores particulares.
Editorial:
LOS EFECTOS DE LA DECISIÓN BOLIVIANA
La decisión del gobierno boliviano de tomar el control total de los hidrocarburos de ese país, como es lógico, no ha pasado inadvertida.
El Diario de Chile (www.eldiario.cl)
Con el decreto de nacionalización, el Estado recuperará la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de los recursos hidrocarburíferos del país, por lo que las empresas operadoras quedan obligadas a entregar en propiedad a Yacimientos Petrolífertos Fiscales Bolivianos (YPFB) toda su producción.
La decisión de Morales afectada a dos de los principales inversionistas en aquel país: la hispano-argentina Repsol YPF y la brasileña Petrobras que en conjunto han invertido US$ 2.500 millones en Bolivia durante los últimos 10 años.
Por una parte, el gobierno brasilero ha sido categórico en afirmar que actuará con firmeza en todas las instancias en el sentido de preservar los intereses de Petrobras. Por otra parte, en España si bien tenían internalizado que Bolivia podría implementar medidas en esta línea, fue una sorpresa que se produjera sin negociación de por medio.
Si bien se desconocen muchos aspectos del nuevo régimen que se implantará en Bolivia parece claro que no habrá compensaciones para las empresas que fueron nacionalizadas. Al mismo tiempo, parece bastante evidente que esta medida implantada marca sólo el comienzo de una nueva etapa en Bolivia que sólo puede acrecentarse. De hecho el mismo Evo Morales anunció la futura nacionalización del resto de la minería y también del sector forestal.
En el caso de esta nacionalización de hidrocarburos se calcula que el fisco boliviano podría recaudar unos US$ 320 millones adicionales con la medida adoptada. Sin embargo, ésta puede ser una ganancia sólo de corto plazo, ya que el efecto en el largo plazo puede ser muy negativo.
No cabe duda que la decisión de Morales es un retroceso que si bien sofísticamente puede aparecer como una medida popular, a la larga será mucho más perjudicial que beneficiosa. ¿Qué capacidad tiene Bolivia para desarrollar por sí mismo sus fuentes energéticas? ¿Qué empresa extranjera querrá invertir en Bolivia con estas leyes del juego? Son sólo algunas de las preguntas que quedarán sin contestar con estas medidas, y que sin duda afectarán fuertemente el desarrollo de Bolivia condenándola cada vez más a la pobreza.
Editorial:
INQUIETUD EN LATINOAMÉRICA
El gobierno del Presidente Chávez ha intentado asumir una función protagónica en la región, con manifestaciones de un retorno al populismo y a las viejas tendencias "antiyanquis", con matizaciones étnicas, indigenistas y de esquemas revolucionarios trasnochados
La Estrella de Arica, Chile (www.estrellaarica.cl)
La nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia ha exacerbado un cuadro de incertidumbre regional. Esta medida extrema, a pocas horas del encuentro en La Habana y de la firma de un tratado comercial del Presidente Morales con sus congéneres de Venezuela y de Cuba, esboza un eje ideológico con rumbos difícilmente previsibles. No sólo desafía el liderazgo natural de Brasil, sino que menoscaba una de sus mayores inversiones, su abastecimiento de energía y un entendimiento bilateral de décadas.
El gobierno del Presidente Chávez, al amparo de la prosperidad petrolera y en su rivalidad con Estados Unidos, ha intentado asumir una función protagónica en la región. Su intervencionismo político y económico lo ha enfrentado con sucesivos gobiernos, culminando con su injerencia en los tratados comerciales de Lima y Bogotá con Washington, junto a sus interferencias en el actual proceso electoral de Perú, que ha llevado al retiro del embajador de éste en Caracas.
Son manifestaciones de un retorno al populismo y a las viejas tendencias "antiyanquis", con matizaciones étnicas, indigenistas y de esquemas revolucionarios trasnochados. Existe un quiebre notorio de las viejas alianzas y esfuerzos de integración regional, con crisis agudas en el Pacto Andino y en el Mercosur. En lo comercial, el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) está en hibernación, en tanto que la antigua Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) significa poco o nada. La Comunidad Sudamericana de Naciones, que impulsa Brasil y que podría concretarse en importantes realidades de integración, está amenazada por divisiones y antagonismos. A los conflictos existentes entre Venezuela y Bolivia con Perú, se suma uno entre Argentina y Uruguay, por las empresas uruguayas en la frontera.
Habrá que esperar y trabajar en un decantamiento y moderación de estos procesos. La situación debería tender a estabilizarse cuando se supere los procesos electorales en Perú, México, Colombia y el propio Brasil, llamado a asumir cierto liderazgo. Nuestra diplomacia tendrá que coadyuvar discretamente, sin pretender protagonismos que no le corresponden, y extremar su cautela en los entendimientos bilaterales y en sus actuaciones en la OEA y otros organismos o referentes regionales. Debemos procurar, caso a caso, la mejor relación con cada país, junto con afianzar nuestros entendimientos necesarios y tradicionales.
Cabe confiar en que los nuevos gobiernos y los ya establecidos moderen los brotes ideológicos, no extremen sus posiciones de conflicto y maduren en políticas realistas y de cooperación: la situación en cada uno de nuestros países nos afecta a todos.
Opinión:
NACIONALIZACIÓN, ENTRE LA ANGUSTIA Y LA ESPERANZA
La Primera de Perú (www.ednoperu.com)
Como era de esperarse, la noticia de la nacionalización de los hidrocarburos proclamada por el gobierno de Evo Morales en Bolivia, con masivo apoyo popular, ha creado considerable angustia entre las empresas transnacionales que explotan nuestros recursos naturales.
Así, crecen las presiones y reclamos a los candidatos presidenciales para que den garantías y seguridades de que no habrán reformas ni renegociación de concesiones mineras y petrolíferas, del manejo tributario, o de los contratos del gas de Camisea.
Inclusive, el embajador de EE.UU. ha pedido a los candidatos presidenciales que “aclaren” su posición sobre la nacionalización de recursos naturales, lo que resulta inaceptable, pues ni él ni ningún otro funcionario extranjero puede exigirle explicaciones a peruanos sobre temas que nos incumben. ¿Quién le dio vela en este entierro?
Lo cierto es que la creciente intranquilidad y controversia alrededor de la explotación de nuestros recursos naturales no es un fenómeno aislado ni pasajero, porque diariamente llegan noticias –dentro y fuera del país– que muestran que América Latina está dejando atrás los excesos y abusos del neoliberalismo, asumiendo un nuevo camino, buscando el desarrollo con equidad y justicia social.
Eje central de este nuevo rumbo es la reivindicación del derecho de las naciones a decidir sobre el manejo y destino de nuestro patrimonio natural.
Así, ante el descuido ambiental, la negativa a pagar regalías mineras, el incumplimiento de compromisos ambientales y las picardías tributarias para recortar el impuesto a la renta y el canon para regiones y municipios, el pueblo está diciendo basta.
Las grandes empresas que aprovechan nuestros minerales e hidrocarburos tienen que reconocer las legítimas demandas de la Nación y entender que no pueden seguir operando bajo un esquema donde el país rinde pleitesía a la gran transnacional, que impone condiciones y privilegios, colocándose por encima de la ley y del interés nacional.
La enorme disparidad entre lo que se llevan las transnacionales y lo que recibe el país llama a escándalo: entre 1992 y 2004 las exportaciones mineras superaron los US$ 40 mil millones de dólares, pero el canon minero apenas ascendió al 1% del valor exportado: de cada cien dólares de mineral vendido, las regiones y municipios ¡apenas percibieron 1 dólar! Ante esto, la ciudadanía exige nuevas y mejores condiciones.
Este reclamo popular no se contentará con la propina adicional que propone Alan García para mantener tranquilo al pueblo, o las divagaciones de Humala sobre el real contenido de su propuesta de “nacionalizar”.
Los candidatos presidenciales tienen que asumir compromisos claros para transformar el régimen de explotación de recursos naturales, pues los ciudadanos queremos mucho más que un mero reajuste de regalías o una reasignación del canon: nuestra demanda es por refirmar y ejercer plena soberanía sobre nuestras riquezas, tal como consagra nuestra Constitución, que establece que los recursos naturales son propiedad de la Nación. Por ello, para nacionalizar el manejo de nuestros recursos, tenemos que aplicar este principio constitucional, haciéndolo respetar, como no lo hicieron ni Toledo ni Fujimori.
Los peruanos queremos que nuestro oro, cobre, petróleo y gas se aprovechen de forma equitativa y justa, con visión de desarrollo nacional. La participación privada debe darse bajo condiciones transparentes, con licencia social, responsabilidad ambiental y, por sobre todo, con legitimidad e integridad económica, donde al país, a la región y al municipio les corresponda una compensación adecuada por el consumo de su patrimonio natural y una participación apropiada en la riqueza producida.
OPINION
“DEMÓCRATAS” Y “POPULISTAS”
Página 12 de Argentina (www.pagina12.com.ar)
Condoleezza Rice y Thomas Shannon hicieron un llamado el martes para frenar el eje populista representado por los gobiernos de Venezuela, Bolivia y por Humala en Perú. El mismo día, el Financial Times descerrajó su editorial contra los “populismos” de Venezuela, Bolivia y Argentina, alabó a los gobiernos “democráticos” de Uruguay y Chile y colocó al de Brasil en una zona intermedia. Para Rice y Shannon, Brasil, Argentina y Chile deberían neutralizar la ola populista. Para el Financial Times, Argentina y en parte Brasil también forman parte de esa amenaza.
Desde la derecha argentina, el proceso regional se enfoca con una óptica todavía más sesgada, porque achaca al progresismo en general la incapacidad de timonear el proceso de integración. Tanto hablan de la unidad latinoamericana –dicen desde allí– y el Mercosur nunca estuvo peor que ahora, cuando casi todos los gobiernos tienen un tinte progresista.
La nacionalización en Bolivia y sus ecos en Brasil y las diferencias entre Uruguay y Argentina por las papeleras dispararon estos enfoques sobre una realidad que desconcierta a un pensamiento que fue hegemónico durante los últimos treinta años. Todos establecen líneas divisorias y tienden a acentuarlas: Argentina, Brasil y Chile contra Venezuela y Bolivia. O Uruguay y Chile contra todos los demás. Y estas líneas tienden a subsumirse en la segunda visión, porque cuanto más peleen “democráticos” y “populistas”, más se probaría la impotencia, la ingenuidad o la falta de idoneidad de esta especie de ola de gobiernos reactivos al neoliberalismo que, según sus adversarios, no entienden a los mercados y sus movimientos.La reacción de Lula ante los sacudones que provocó la nacionalización boliviana sobre la industria paulista fue convocar de urgencia a esta reunión en Puerto Iguazú. La Fiesp (la central empresaria de San Pablo) clamó por represalias, la oposición salió a cortarle la yugular al presidente por la relación amistosa con Evo Morales y hasta el titular de Petrobras anunció contragolpes. Si dejaba crecer ese discurso, que seguramente iba a estimular a su contraparte en Bolivia, la confrontación hubiera ascendido a un punto con poco retorno.
La intención de Lula fue anteponer un carril negociador a cualquier posible exabrupto. Si el exabrupto estallaba antes, ese carril hubiera sido más difícil de establecer. La reunión de los cuatro presidentes a solas demuestra además que se trató de no dejar nada en el tintero, que cada quien volcara sin testigos lo que tuviera atravesado, desde el mercantilismo de Petrobras hasta la falta de comunicación previa por parte de Evo. Pero la declaración pública fue de respaldo al Mercosur y a la convergencia energética en la región.
La reacción de Lula de abrir rápidamente esta válvula de negociación para impedir el envenenamiento con sospechas, desconfianzas o agravios no se dio en el caso de las papeleras. En este punto, el encuentro de presidentes fue lo primero que se condicionó a algún tipo de resultado, con lo que ahora Kirchner y Vázquez no pueden coincidir en reuniones o tienen que evitarse mientras el discurso nacionalista al cuete tiende a extenderse, sobre todo en Uruguay.
Los presidentes de la región coinciden en la necesidad de cambiar un Mercosur fundado en paradigmas de fines de los ’80 como pura confluencia de mercados. Venezuela propone el ALBA como alternativa de intercambio solidario, complementario y de beneficio mutuo, lo cual presupone un poderoso sector estatal de la economía. En países como Argentina y Brasil, el Estado quedó raquítico y la mayor parte de la economía es privada. El ALBA es muy difícil así, pero el Mercosur librado al flujo de los mercados es pura crisis de asimetrías, competencias desleales y preeminencia del más fuerte. La integración por el libre impulso de los mercados es la guerra de las economías. La reunión de Puerto Iguazú genera otra variable donde la voluntad política, sobre la base de un proyecto común de integración regional, abre el cauce a instancias de racionalidad que de otra manera serían imposibles.
Análisis:
NACIONALIZACIÓN DESDE ADENTRO
La nacionalización de los hidrocarburos fue recibida en Bolivia con un gran impacto en los medios de comunicación, con una fiesta entre los sectores que apoyan al presidente Evo Morales, críticas de parte de la oposición y cautela en la mayoría de los ciudadanos bolivianos.
BBC de Londres (www.news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america)
La noticia sorprendió al país entero el lunes 1 de mayo, cuando el presidente Morales, flanqueado de militares fuertemente armados, anunció en el pozo San Alberto -el de mayor producción actualmente-, la recuperación de los hidrocarburos en favor del Estado boliviano.
Ese día, los trabajadores bolivianos esperaban, como regalo del mandatario, un sustancial incremento salarial y la anulación de un decreto considerado el eje del modelo neoliberal vigente en el país.
Miles de personas se habían concentrado en la plaza Murillo -el centro del poder político en La Paz- para escuchar esas medidas, sin embargo, terminaron festejando por otro motivo: la nacionalización de los hidrocarburos.
Pero, más allá de ese festejo del 1 de mayo, no hubo mayores manifestaciones populares de apoyo.
Jugada política
El analista en temas energéticos, Humberto Vacaflor, le dijo a la BBC que la nacionalización es "una medida muy esperada, pero como fue anunciada en medio de una campaña electoral para la (Asamblea) Constituyente, la gente se ha dado cuenta de que era una jugada política y por eso no ha festejado mucho".
La oposición política, las regiones productoras, los empresarios y, como era de esperar, las empresas petroleras recibieron la medida con preocupación.
Los opositores creen que la norma, que grava con el 82% de tributos a los campos de gran producción, es de corte político porque su lanzamiento coincidió con el inicio de la campaña para la elección de constituyentes, que se desarrollará el 2 de julio.
Coincidieron en ese criterio los líderes de la oposición, Jorge Quiroga (derecha) y Samuel Doria Medina (centro).
Los líderes cívicos de Tarija, la región que produce más del 80 por ciento del gas, expresaron su preocupación por la posible paralización de inversiones y la pérdida de mercados.
Los empresarios agremiados coincidieron con este criterio.
El analista Vacaflor informó que en las regiones existe "preocupación porque se teme que las empresas afectadas comiencen a sabotear (el negocio del gas) y a sobreexplotar algunos campos sin invertir lo que se necesite para ello".
Agregó que también hay inquietud ante la posibilidad de que algún tribunal arbitral le de la razón a las empresas y confisque los recursos del gas.
Inquietud
Las empresas petroleras que operan en Bolivia, entre ellas la brasileña Petrobras y la española Repsol, hicieron conocer su inquietud, pero decidieron quedarse en el país, con el fin de negociar nuevos contratos en un plazo de seis meses, tal como establece el decreto de nacionalización.
El Gobierno consideró que las reacciones no fueron agresivas y calificó de "buena señal" la decisión de las petroleras, según dijo el vicepresidente Álvaro García Linera.
En contrapartida, la bancada parlamentaria de Evo Morales respaldó plenamente el decreto e, incluso, sugirió elevarlo a rango de ley para evitar futuras demandas ante la justicia.
Los sectores sociales que respaldan al Mandatario anunciaron la defensa del decreto, si fuera posible, con medidas de presión que permitan su plena aplicación.
Nada de ello será necesario, al menos en el futuro inmediato, puesto que las protestas que estaban anunciadas en contra del Gobierno, por temas diversos, empezaron a desactivarse tras las aprobación del decreto de nacionalización.
Ese es el caso de la poderosa región de Santa Cruz, que había planificado llevar adelante un paro cívico este jueves, pero la medida quedó suspendida.
En el otro extremo, los sectores sociales radicales, como la Central Obrera Boliviana (COB), criticaron la nacionalización por ser "una medida incompleta", según el dirigente Jaime Solares, quien es el más duro crítico del Gobierno entre los movimientos sociales.
Pero, más allá de las opiniones encontradas, la gente ya salió de la sorpresa y la vida en Bolivia volvió a la normalidad.
Así lo muestran los medios de comunicación, que los dos primeros días de mayo dedicaron sus ediciones completas al decreto de nacionalización, pero, poco a poco, recuperaron el ritmo cotidiano.
Opinión:
NO DESPRECIARLOS COMO DEMAGOGOS
THE INDEPENDENT de Londres
Mientras los hispanos cruzan la frontera entre México y Estados Unidos, más al sur los recientes presidentes de izquierdas elegidos parecen determinados a ejercer todo su poder para burlarse de Estados Unidos y de la filosofía del libre mercado. La última acción de Evo Morales para nacionalizar las reservas de gas natural controladas por las empresas extranjeras es un ejemplo de políticas nacionales de un nuevo gobierno populista elegido con la bandera de restablecer la riqueza del país para su propio pueblo. Bolivia es el segundo país más grande de América en término de reservas de hidrocarburos. La segunda razón para tener en cuenta, particularmente en Washington, es la que se refiere a la ola de elecciones de izquierdas populistas, incluyendo a Brasil, Bolivia, Venezuela y Chile, y probablemente también Perú en su segunda vuelta presidencial a celebrar a finales de este mes.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, está siguiendo conscientemente los pasos del presidente Hugo Chávez de Venezuela con la nacionalización de la energía. Sería una equivocación despreciar - como lo está haciendo Washington- a los presidentes de Venezuela y Bolivia como meros demagogos. Las reservas de energías son bienes nacionales que el Estado tiene un derecho para controlar y obtener beneficio de ellos. El modo de su incautación es finalmente una materia legal, así como el control del estado es una materia de prudencia económica. Sin embargo, Morales, Chávez y sus otros colegas de izquierdas en América Latina representan algo real e importante. Pesa el efecto de Iraq, al estimular el antinorteamericanismo en países que rechazaron secundar y bendecir la invasión, y del grito de una mayoría de la población que se siente excluida por el desigual crecimiento y las políticas liberales promovidas por EE. UU. y los bancos internacionales.
Opinión:
BOLIVIA, PRIMERAS REACCIONES
La República de Perú (www.larepublica.com.pe)
Las reacciones mundiales a la decisión boliviana de comercializar su gas y petróleo han sido variadas. Wa- shington ha guardado silencio, como que las empresas afectadas son de la UE y Brasil. Bruselas ha expresado la esperanza de que no se trate de una decisión final, y ofrece sus buenos oficios para nuevas negociaciones.Madrid ha sido cauto, afirma que seguirá apoyando al gobierno boliviano, y ha despachado de urgencia un equipo de negociadores a La Paz. México ha declarado que seguirá invirtiendo en Bolivia a pesar de todo, y China se ha encogido de hombros con un comentario histórico sobre pasadas tomas de recursos energéticos. Brasilia es hasta el momento la capital más irritada, sobre todo por la anunciada alza del precio del gas boliviano, y ha convocado a Evo Morales a una cumbre con sus colegas de Argentina y Venezuela. Los demás países de la región están esperando nuevos desarrollos para pronunciarse, y miden la cosa según los vaya afectando.
Hay cierta moderación en los gobiernos afectados y se explica por el argumento económico: la necesidad de mantener a sus empresas, las cuales no han sido expropiadas, funcionando en Bolivia. La idea parece ser que no ha sucedido nada irreversible y que es posible llegar a acuerdos que mantengan buena parte de las utilidades en su sitio.
Pero detrás de cada gobierno están los opositores, que sobre todo en España han comenzado a exigir mano dura en defensa de los intereses nacionales. Es probable que esta parte de la reacción termine articulándose no tanto en términos de la economía, sino de la ideología, es decir la posibilidad de que el gesto de Morales se contagie por la región.
La voz más ideológica en este momento es la de la prensa de derecha estadounidense, que ya está evaluando lo sucedido en términos de lo que llaman seguridad hemisférica. Temen sobre todo que Morales, Hugo Chávez y Fidel Castro juntos logren arrastrar a un par de países más y constituirse en un motor del sentimiento anti-EEUU en la región.
En el otro lado de la cerca, Chávez ha saludado la medida boliviana como un fortalecimiento del eje energético, o más bien trío ideológico anti-EEUU, que cuajó la semana pasada en La Habana. Los mercados de combustibles no se han movido por lo sucedido, y más bien se ha empezado a pronosticar una caída de los precios del cobre en las bolsas mundiales.
La evolución del caso boliviano es clave para países que, como el Perú, tienen amplios movimientos de opinión pública interesados en nuevas reglas para la relación con las transnacionales, y líderes que las han ofrecido. Ahora la bola está en la cancha de los afectados por este cambio de reglas, anunciado desde el gobierno de Carlos Mesa.
Opinión:
BOLIVIA: DETRÁS DE LA NACIONALIZACIÓN SORPRESIVA DE LOS HIDROCARBUROS
La República de Perú (www.larepublica.com.pe)
No está en discusión la medida de nacionalización del petróleo y del gas en Bolivia. No solo porque es una decisión soberana, sino, también, porque así lo dispuso el voto popular en el referéndum del 2004. La pregunta Nº 2 (¿Está usted de acuerdo con la recuperación de la propiedad de todos los hidrocarburos en boca de pozo para el Estado boliviano?) tuvo 1'913,642 votos a favor, 92.2% de los votos válidos.
El pueblo votó así, entre otras razones, porque estaba plenamente probado que los principales campos de gas, San Alberto y San Antonio, fueron descubiertos en los 80 por la estatal petrolera YPFB (www.cristaldemira.com, 23/2/2006). La política de Sánchez de Losada de reducir las regalías de estos campos de 50 a 18% (Ley 1689 de 1996) se consideró una entrega de los recursos naturales.
Es decir, un despojo. Todo a consecuencia de la política pro-capital extranjero de dicho gobierno, que también privatizó YPFB y concedió precios baratos para la exportación del gas.
La Ley 3058 de mayo del 2005 (consecuencia del referéndum) estableció un nuevo impuesto del 32% (llevando de nuevo la participación del Estado al 50%) y dio un plazo de 180 días (diciembre 2005) para la recuperación. Ese plazo no se cumplió y le tocó esta tarea al nuevo gobierno de Evo Morales, ya en el 2006. Bolivia (y todo el mundo) sabía que el gobierno tenía que cumplir con lo establecido en el Art. 5 de la Ley 3058, para lo cual planteó nuevos términos a las empresas.
Sin embargo, el decreto del 1 de mayo de nacionalización de los hidrocarburos fue sorpresivo pues, de un lado, no se había anunciado (se sabía que el 1 de mayo se anunciaría el aumento del salario mínimo) y, de otro, se hizo con una intervención militar en los pozos. ¿Por qué?
Las interpretaciones abundan. Algunos afirman que si bien hubo acuerdo con buena parte de las empresas (las negociaciones son individuales), no sucedió lo mismo con la estatal Petrobras, que tiene una participación preponderante en la industria petrolera del país. El gobierno habría planteado impuestos y regalías por 82%, con el 18% restante para Petrobras, pero ésta habría pedido 70% para el Estado y 30% para la empresa.
El impasse con las petroleras, la caída de la popularidad de Evo Morales de 80 a 68% a fines de abril (“solo” 50% en Santa Cruz) y la cercanía de las elecciones de julio para la Asamblea Constituyente habrían sido las causas del “adelanto sorpresa” del decreto.
De su lado, el hecho de que los militares hayan tomado las instalaciones les confiere un rol activo en la actual política, lo que levanta su imagen después del “affaire misiles” (una buena cantidad de la cúpula militar fue purgada por el gobierno de Morales debido a la entrega a EEUU de misiles comprados a China). Hay más: se afirma que los militares (incluidos los que apoyaron a dictaduras anteriores) siempre criticaron las políticas económicas neoliberales de Sánchez de Losada.
Pero también hay “razones de Estado”: los militares (que en todas partes se autoperciben como “garantes de la unidad nacional”) ven con preocupación los planteamientos autonómicos, desde siempre impulsados por Santa Cruz, y que ahora son un punto central de agenda de la Constituyente.
La firmeza y contundencia con que se venía preparando el Paro General de Santa Cruz, anunciado para ayer 4 de mayo, también habrían podido contribuir a la decisión de Morales y de los militares. ¿Cómo hacer un Paro justo cuando todo el país aplaude el decreto de nacionalización de los hidrocarburos? ¿Está Santa Cruz contra la voluntad de la mayoría de la población? Sea lo que fuere, el hecho es que el Paro General de Santa Cruz fue suspendido el 3 de mayo.
La Estrella de Arica, Chile (www.estrellaarica.cl)
Con más convocatoria de la esperada la "Comisión Pro Comercialización de salida al mar para Bolivia con Soberanía" se reunió el miércoles en la noche en el auditorio de la Asociación Chilena de Seguridad (AChS). El cirujano dentista Eduardo Autrán, quien lidera esta comisión, fundamentó a los asistentes que la idea es comercializar una franja corredor territorial de 5 o 10 kilómetros de ancho, a partir de la Línea de la Concordia hacia el sur, entre la línea costera y el camino internacional Arica-Tacna.
Esa carretera sería el eje central de un área tripartita (hacia el oriente), a fin de no perder la frontera con Perú.
Desde donde converjan los tres países (denominado inicialmente Zona Cero, con un control policial compartido y desmilitarizado) y hacia el Hito 1, habría una franja de 20 a 40 metros de ancho, superficie suficiente como para que Bolivia diseñe un camino y transite por su territorio hacia la costa.
Mientras que la franja marítima sería del mismo ancho que la territorial (5 a 10 kilómetros), hasta las 200 millas marítimas, explicó Autrán.
ARGUMENTOS
"Los bolivianos quieren una salida al mar con soberanía y somos los únicos que podemos dársela, pero a cambio de gas, que es una fuente energética básica, aunque agotable. Entonces, la transacción debe ser hecha de tal manera que cuando esa fuente se agote, el terreno esté más que pagado", enfatizó.
Añadió que aparte del recurso energético, es necesario transar recurso hídrico que constituye un elemento vital para el crecimiento y desarrollo de cualquier ciudad.
Especificó que para recibir el agua, se debería aumentar el caudal de captación del río Lauca y del Silala. Para eso, es necesario diseñar e implementar un sistema de canalización para hacer llegar agua desde Bolivia al Lago Chungará y así ocupar la infraestructura actualmente existente y sin uso.
CONDICIONES
Precisó que dentro de las condiciones geopolíticas de la entrega territorial, Bolivia no podría construir un puerto, ya que geográficamente resultaría muy complejo. A cambio, propone ampliar el puerto de Arica.
Explicó que esta entrega debe excluir la industria pesquera, priorizando el espacio marítimo, turístico, habitacional y la franja marítima ser considerada como zona protegida. "Si los bolivianos quieren desarrollar proyectos industriales se podrán acoger a las leyes chilenas", advirtió.
El profesional acotó que más temprano que tarde Chile le dará salida al mar a Bolivia, por lo que se debe crear un plan de negocios en Arica, antes de que sea sólo un acuerdo de buena voluntad entre las Cancillerías.
COMISIONES
Los asistentes al encuentro concluyeron que es necesario que Arica sea un socio estratégico de Bolivia para negociar la venta de mar a Bolivia, con beneficios exclusivos para los ariqueños.
Para eso, se formó comisiones de trabajo que fundamentarán la propuesta con argumentos sólidos. Una vez finalizada será presentada al Gobierno de Chile.
OTRA PREGUNTA
Autrán dijo que después de la consulta ciudadana para darle una salida al mar a Bolivia se debería efectuar otra consulta, preguntando a la gente si es que estarían dispuestos a venderle mar a Bolivia, explicándole los antecedentes expuestos por esta comisión. Sostuvo que el próximo viernes, a las 21 horas, se reunirán nuevamente en la AChS.
Medida de fuerte impacto en Latinoamérica y el mundo
EVO MORALES, UN CAMPESINO AYMARÁ, SE ATREVIÓ A NACIONALIZAR EL PETRÓLEO Y EL GAS
La noticia más importante en lo que va del año sucedió ante nuestras narices el 1º de mayo, cuando Evo Morales leyó el decreto recuperando la riqueza hidrocarburífera. Estamos ante un hecho histórico, de honda repercusión en Bolivia y la región.
Argenpress de Argentina (www.argenpress.info)
A Evo Morales le gusta un “look” apropiado para cada ocasión. Se vistió como sus ancestros antes de la asunción formal en La Paz, participando de una ceremonia de los pueblos originarios. También llevó un pullover a su gira internacional por América Latina, Europa y Asia, que fue el hazmerreír de la “prensa seria” que juzga a los políticos según las pilchas. Y lució una campera con ribetes artesanales en la jura como presidente, sin usar traje ni corbata.
Ahora en la retina de los televidentes de su país y el mundo apareció en un campo de gas, con un casco de petrolero, para anunciar la nacionalización del gas y petróleo. Los monopolios extranjeros y su prensa adicta no tuvieron tiempo de hacer comentarios venenosos sobre la vestimenta del ex campesino cocalero. Es que les dio un ataque de pánico tras la resolución del jefe de Estado adoptada cuando se cumplían los primeros cien días de gobierno.
En efecto, desde el pozo San Alberto, en Caraparí, en el departamento petrolero de Tarija, el más importante del país y que hasta ahora administraba un consorcio integrado por Petrobras de Brasil y Repsol de España, el mandatario leyó el decreto 28.701 “Héroes de El Chaco” (en referencia a los muertos en la guerra de 1932-1935 contra Paraguay, donde perdió buena parte de la región chaqueña).
El documento, rubricado por todo el gabinete, implicó reasumir el control total de la industria hidrocarburífera, refundando en los próximos 60 días la residual Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) e imponiendo reglas de juego absolutamente nuevas a las empresas extranjeras que quieran permanecer en el país.
El vicepresidente Alvaro García Linera habló a la gente reunida en la Plaza Murillo y presentó sencillamente cómo será la nueva ecuación: “le hemos dado la 'vuelta a la tortilla': antes las empresas ganaban un 82 por ciento. Ahora sólo se llevarán un 18 y el 82 por ciento será para el Estado”.
La mayoría del altiplano y de los demás pueblos al sur del río Bravo (y también unos cuantos millones que viven al norte de ese río, si se toman en cuenta las movilizaciones del 1º de mayo en EEUU), rugió de felicidad. Lo hicieron porque compartían el mensaje de Evo: “se acabó el saqueo de los recursos naturales de Bolivia”.
La otra guerra
La novedad no se quedó en frases bonitas relativas al patrimonio nacional históricamente vaciado por las multinacionales y la “rosca” criolla que tan bien representó Gonzalo Sánchez de Lozada hasta que fue expulsado del poder en 2003. Este privatizó los recursos naturales entre 1996 y 1997 disfrazando la operación de “capitalización”, en un todo de acuerdo con la ola que bajaba del Consenso de Washington y colegas como Carlos Menem.
Además de patriotismo, el mensaje de Morales conlleva futuros beneficios tangibles para su sufrido pueblo. Este descendió hasta los escalones de los más pobres del continente teniendo fortunas bajo tierra, en su momento el estaño y luego el gas.
Ahora el Estado tendrá con qué financiar sus planes sociales, si es que el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) se mantiene en la tesitura de cumplir las promesas que lo llevaron a la victoria el 18 de diciembre pasado, cuando colectó el 54 por ciento de los sufragios.
Tomar el control de la renta petrolera y gasífera supondrá un ingreso al fisco de 700 millones de dólares anuales, aunque otros cálculos estiman una suma algo menor. Pero de cualquier manera, se trata de una masa de recursos soñada por un presidente progresista para financiar sus metas sociales en un territorio con tanta deuda interna por pagar.
Los trabajadores, campesinos e intelectuales del altiplano siempre anhelaron que las riquezas naturales fueran propiedad social, incluso la Constitución Política del Estado tiene artículos sobre el tema. Hasta aquí habían sido simple expresión de anhelos. Ahora pueden ser una realidad, aunque esta historia está lejos de haber concluido con un final feliz pues en un sentido recién empieza.
De esos anhelos da cuenta la primera nacionalización, en 1937, dictada por el gobierno de David Toro, un militar nacionalista, que afectó a la Standard Oil. En 1969 hubo una medida similar, tomada por el general Ovando Candia contra la Gulf Oil, a instancias de su ministro de Minas, Marcelo Quiroga Santa Cruz. Este fue asesinado en 1980 por la dictadura de Luis García Mesa.
Según Morales, la suya será la tercera y definitiva nacionalización de esos recursos. Puede que así sea, pero no resultará de la mera firma del decreto mencionado sino de un duro proceso contra los intereses extranjeros afectados por el mismo. Esas multinacionales van a declarar una segunda “guerra del gas”. La primera, de sentido patriótico, la libraron los trabajadores entre setiembre y octubre de 2003, cuando echaron a Sánchez de Lozada pagando el precio de un centenar de muertos entre esas jornadas y las previas, de 2000 y 2002.
Enemigos de cuidado
El presidente decretó que “el Estado recupera la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de estos recursos”. Eso, aunque no confisca, hiere profundamente al lobby hidrocarburífero que sentó sus reales en Bolivia en el siglo XX y se adueñó del patrimonio de YPFB con Sánchez de Lozada y sus continuadores, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez, sin olvidar a sus antecesores Hugo Banzer y Jorge Quiroga. Estos son enemigos de cuidado: Petrobras, Repsol, Shell (angloholandesa), British Gas y British Petroleum (británicas), Panamerican Energy, Exxon Mobil y Vintage (estadounidenses), Dong Wong (coreana), Pluspetrol (argentina), Total (francesa) y Canadian Energy.
Las más importantes son Petrobras, que explota campos y se quedó con refinerías; Repsol, que opera con su controlada Andina, y Shell, dueña de Transredes, que tiene bajo su férula la red de gasoductos y oleoductos. En total la escudería de firmas foráneas explota 56 campos de gas y petróleo, dos refinerías y dos firmas de redes y logística. Ese esquema, espuriamente privatizado, hizo el milagro de que “cuando el gas está bajo tierra es nuestro, pero cuando llega a boca de pozo es ajeno”, como explicó Morales ante las insidiosas preguntas de Patricia Janiot, de CNN.
La sola enumeración del team extranjero mete miedo porque un latinoamericano medianamente informado sabe que es el autor de golpes de Estado, intervenciones militares y campañas de desestabilización contra gobiernos constitucionales. Del golpe de 1930 en Argentina se dijo que tenía “olor a petróleo”.
Ese sector imperial se puso en marcha para denigrar las decisiones adoptadas en La Paz, mellarlas y disminuirlas. Su campaña mediática -recogida en medios argentinos como “La Nación”- asegura que la nacionalización ahuyentará las inversiones extranjeras y conducirá al estancamiento económico de Bolivia. Antonio Brufau, titular de Repsol, llegó con la urgencia de los bomberos a la Casa Rosada para pedir a Néstor Kirchner que apacigüe los ánimos patrióticos de Morales. Kirchner y Lula da Silva se reunirán con éste en Puerto Iguazú y, además de procurar un precio barato para sus compras de gas, harán lobby por Petrobras y Repsol.
Es de esperar que el aymará se sobreponga a la guerra de las petroleras y a las presiones, incluso de las de los “presidentes amigos”. Es que su decisión anunciada el 1 de mayo será un hecho histórico en la medida que no tenga retrocesos. Bolivia posee reservas estimadas en 48,7 billones de pies cúbicos de gas, las segundas en el continente después de las de Venezuela, y después de tanto saqueo y muertes, tienen que servir a su población. Por: Emilio Marín (LA ARENA)
Opinión:
NACIONALIZACIÓN DE ENERGÉTICOS CALDEA ÁNIMOS EN SUDAMÉRICA
La Jornada de México (www.jornada.unam.mx)
TRAS LA NACIONALIZACION decretada el pasado lunes por Evo Morales vino el amarre de navajas y los ánimos se caldearon entre los mandatarios de cuatro gobiernos sudamericanos directamente involucrados -por una u otra causa- en el asunto. Paradójicamente, Lula y Kirchner brincaron, aunque la decisión boliviana se tomó bajo la premisa del interés colectivo y no de los negocios privados.
FELIZMENTE LOS CUATRO se reunieron ayer en Iguazú, en una especie de "cumbre", en la que el tema central fue la nacionalización energética boliviana y el efecto para las otras tres naciones. Las fingidas sonrisas de los mandatarios (Néstor Kirchner, Evo Morales, Luiz Inacio Lula da Silva y Hugo Chávez) invitan a pensar sobre el ácido destilado durante la reunión, aunque a coro negaron que exista "una crisis regional" y descartaron efectos negativos por la citada nacionalización.
CON TODO Y sonrisas para la foto, Lula y Kirchner reclaman para sus países abasto garantizado de energéticos y precios bajos, incluso muy bajos, como hasta el pasado domingo. Lo primero es atendible, pero lo segundo no tanto, de acuerdo con un informe del gobierno boliviano difundido a principios de 2004, y retomado por Econoticias Bolivia, cuyas partes medulares se reproducen a continuación:
LAS TRASNACIONALES QUE operan en Bolivia reportan uno de los más altos índices de ganancia en la industria petrolera mundial. Informes oficiales del gobierno boliviano establecen que esos consorcios han tomado el control de los ricos yacimientos de petróleo y gas, con los costos de producción más bajos del mundo, al haber recibido sin mayores inversiones los gigantescos pozos y campos desarrollados por el Estado, pagar impuestos casi simbólicos.
REPSOL Y AMOCO, que tomaron el control de la ex empresa estatal boliviana YPFB, presentan los costos unitarios de producción y de exploración de hidrocarburos más bajos entre 200 empresas analizadas a nivel mundial. El costo promedio para la producción de un barril equivalente de petróleo es de 5.6 dólares a nivel mundial, pero en Bolivia se reduce, en el caso de Repsol, a sólo un dólar y en el de Amoco a 0.97 dólares. En el ámbito internacional, únicamente la petrolera Niko Resources tiene un costo de producción más bajo (0.87), según consigna la publicación internacional Global Upstream Performance Review 2003.
LAS OTRAS TRASNACIONALES que operan en Bolivia, como Total, Maxus, Petrobras, British Gas, Panamerican Gas y Shell, también tienen costos muy bajos, producto de las excesivas y onerosas concesiones que el Estado boliviano otorgó en la década de los años 90, cuando se privatizó ("capitalizó", según la versión gubernamental de aquellos años) la industria petrolera boliviana y se desmanteló la empresa estatal. Los costos de producción incluyen gastos operativos, mantenimiento de pozos, infraestructura y equipamiento, gastos administrativos directos e impuestos de producción.
TODAS LAS INVERSIONES y trabajos de prospección, exploración y desarrollo de campos realizadas por el Estado boliviano beneficiaron directamente a las petroleras extranjeras, que sin invertir demasiado encuentran gas y petróleo a raudales. No es casual que el informe oficial establezca que las trasnacionales que operan en el país tengan también los costos más bajos en la búsqueda y desarrollo de un barril equivalente de petróleo, que es de 8.58 dólares a nivel mundial y de 5.66 dólares el promedio latinoamericano. Este costo en el caso de Repsol en Bolivia es de apenas 0.40 dólares por barril equivalente de petróleo, 20 veces por abajo del promedio internacional y 14 veces menos que el latinoamericano.
EL RESTO DE las trasnacionales energéticas que operan en Bolivia tienen similares indicadores y sus perspectivas para acrecentar sus ingresos son enormes. Con una escasa tributación, costos tan bajos y aprovechando al máximo el trabajo anterior desarrollado por el Estado, invertir en Bolivia se ha convertido en sinónimo de altas ganancias y escasos riesgos.
EL INFORME SUBRAYA que la tasa de éxito para encontrar gas y petróleo en Bolivia es una de las más altas del mundo: 50 por ciento, en comparación con otros países donde ese nivel llega a 20 por ciento. Esto quiere decir que a nivel internacional 8 de cada 10 intentos por encontrar gas y petróleo están condenados al fracaso; en Bolivia cinco de cada 10 intentos dan resultado.
LOS BENEFICIOS OBTENIDOS por las trasnacionales se agrandan en Bolivia, no sólo por la vigencia de los bajísimos costos de producción y los reducidos impuestos (las petroleras pagan apenas el 18 por ciento del valor de la producción hidrocarburífera en boca de pozo), sino también por los reducidos márgenes de la refinación de hidrocarburos y su conversión en gasolina, gas licuado y otros carburantes que son comercializados.
LOS CONSUMIDORES DOMESTICOS e industriales del país más pobre de Sudamérica deben pagar por carburantes como si fueran importados de Kuwait o Arabia Saudita, todo en beneficio de las trasnacionales petroleras, que además tienen la capacidad tecnológica y administrativa para maquillar sus cuentas financieras, burlar los endebles controles estatales y presentar un nivel de ganancias por debajo de lo real para así pagar menos impuestos.
LAS PETROLERAS EXTRANJERAS que explotan los recursos naturales no renovables de Bolivia pagan muy pocos impuestos. Como muestra, en el quinquenio 1998-2002, Repsol apenas pagó 4.3 millones de dólares como promedio anual, y 5.2 millones Amoco.
AHORA, CAMBIAN LAS reglas del juego.
Las rebanadas del pastel:
LOS TRES PARTIDOS políticos "grandes" están involucrados en el estallido de Atenco; en el peloteo, ninguno de ellos lo evitó. Son las tres fuerzas mayoritarias de las que salieron los actuales presidente municipal, gobernador estatal y presidente de la República, y saldrá el nuevo mandatario del país. No hay ingobernabilidad, dice monseñor Abascal, pero un problema con ocho vendedores ambulantes derivó en multitudinaria trifulca, con muertos civiles, heridos y detenidos de ambos bandos, bloqueo de carreteras y toda la cosa. Qué debilidad en la última recta del sexenio, qué fragilidad a escasas semanas de las elecciones presidenciales.
Opinión:
UN DAÑO IRREPARABLE
La Jornada de México (www.jornada.unam.mx)
Mientras el gobierno de Bolivia nacionalizaba los hidrocarburos, el presidente de Uruguay anunciaba en Washington la salida del Mecado Común del Sur (Mercosur), sumiendo a la más importante alianza regional en una crisis casi terminal de la que resultará muy difícil salir: las relaciones entre sus presidentes se han erosionado y la desconfianza ocupa ahora el lugar de la necesaria solidaridad.
Tabaré Vázquez fue contundente. Dos días antes de su entrevista con George W. Bush anunció su intención de "desligarse como miembro pleno del Mercosur" con el objetivo de concretar acuerdos comerciales con la superpotencia para ganar mercados para las exportaciones primarias de Uruguay. Además, y pese a que los ambientalistas argentinos despejaron el bloqueo del principal puente internacional, adelantó que seguirá adelante con las denuncias ante los organismos internacionales por "el daño provocado por las protestas contra las plantas de celulosa". Apenas difundida la noticia, miembros del gabinete uruguayo desmintieron la eventualidad de una ruptura del Mercosur y voceros del propio Vázquez matizaron sus afirmaciones.
Sin embargo, los desmentidos no son creíbles, toda vez que Vázquez ha forjado todo un estilo de ambigüedades y vaivenes, afirmaciones contradictorias luego negadas por sus voceros.
Mes y medio atrás, en Caracas, aseguró en tono tajante, junto a Hugo Chávez, que Uruguay no firmará un TLC con Estados Unidos. La semana pasada, con el presidente Fox, en México, dijo lo contrario. Uruguay no puede pretender que un acuerdo con Washington sea recibido sin más por sus vecinos. Más aún cuando Vázquez sostiene que se trata de buscar "una nueva inserción de Uruguay en el mundo" y asegura que su objetivo es "liberar al Uruguay" de los problemas que le acarrea el Mercosur.
Los objetivos y el lugar donde fueron planteados, en medio de reuniones con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, no son de recibo cuando la región atraviesa una coyuntura que puede suponer un viraje de larga duración respecto a la tradicional dependencia de Estados Unidos y los organismos financieros.
En efecto, el litigio entre Argentina y Uruguay por las plantas de celulosa está en camino de resolverse. Los ambientalistas de la Asamblea de Gualeguaychú despejaron la ruta y levantaron el corte del puente internacional, principal argumento del gobierno uruguayo para mantener las espadas en alto. Ahora el diferendo se ventilará en instituciones internacionales, ya que Néstor Kirchner decidió presentar un reclamo ante el Tribunal de La Haya, que había condicionado a que los vecinos levantaran el bloqueo.
Los 100 mil manifestantes que desbordaron las inmediaciones del puente el pasado domingo, son fiel testimonio del potente rechazo y del masivo apoyo con que cuentan los ambientalistas. La forma democrática y horizontal con que funciona la asamblea, a la que acuden miles de vecinos, capaces de debatir y acordar durante horas, fue reconocida hasta por la derecha argentina.
La incapacidad de negociar y el apego de Vázquez a los acuerdos con megaempresas de celulosa pudo más, sin embargo, que la movilización social. Estamos ante un triunfo de las multinacionales y una derrota de la movilización social, en la cual un gobierno que se proclama de izquierda jugó un papel decisivo.
El grave momento que atraviesa la región requiere grandeza. Todo indica que se están desdibujando los alineamientos tradicionales y están emergiendo otros. El eje Cuba-Venezuela-Bolivia es ya una realidad, tanto en el terreno político como en la cooperación económica.
Por otro lado, parece insinuarse otro eje "estabilizador" conformado básicamente por Brasil, Chile y Uruguay, con buenas relaciones con Washington, los organismos financieros internacionales y las grandes empresas. El papel de Argentina parece aún incierto, ya que si bien necesita mantener su sólida alianza con Brasil, comparte con el eje "bolivariano" sus raíces afincadas en la profunda movilización y revuelta popular, que marca límites a cualquier gobierno. No era en absoluto absurda ni irreal la política de la administración Bush -expresada de modo directo por Condoleezza Rice- de apostar a Brasil como el gran estabilizador de la convulsionada región.
El gobierno de Lula ha adoptado una posición apaciguadora ante la nacionalización de los hidrocarburos por el gobierno de Evo Morales. Un medido comunicado oficial aplacó la ira del presidente de Petrobras y reconoció el derecho de Bolivia de controlar la comercialización, transporte e industrialización de los hidrocarburos "como acto inherente a su soberanía". Pero hay contradicciones insoslayables.
Brasil depende en un 50 por ciento del gas boliviano; 75 por ciento del gas consumido en Sao Paulo, corazón de la industria de la décima potencia industrial del mundo, proviene de Bolivia. Como contrapartida, Petrobras produce 15 por ciento del producto interno bruto boliviano y son brasileños los que cultivan 30 por ciento de la soya en el separatista departamento de Santa Cruz. Lula moderó sus impulsos, pero todos los testimonios dan cuenta de su perplejidad ante el sorpresivo anuncio de Evo.
Síntoma de los nuevos tiempos, Lula, Kirchner, Evo y Chávez se reunieron para ver cómo seguir adelante y, sobre todo, para debatir el precio del gas que será uno de los ejes de la nueva política boliviana.
El daño irreparable infligido al Mercosur, que hasta hace un año parecía en condiciones de expandirse incluyendo a Bolivia y Venezuela, puede ser ahora el punto de partida de otra integración anclada en los hidrocarburos y en sociedades movilizadas. Sin embargo, tampoco es el momento de echar las campanas al vuelo. Hay demasiadas contradicciones sobre la mesa. Brasil sigue apostando al IIRSA, integración destinada a facilitar el flujo de mercancías Pacífico-Atlántico acorde con las necesidades actuales del comercio global digitado por las multinacionales. Un test decisivo será el proyectado Gasoducto del Sur: si se concreta será la primera gran obra Norte-Sur, orientada a comunicar a los países de la región a contramano de las expectativas de los mercados.
PROBLEMA REGIONAL. La opinión
''EL PROBLEMA VA ESTAR EN LOS CONTRATOS A LARGO PLAZO''
El Tribuno de Argentina (www.eltribunosalta.com.ar)
El presidente boliviano Evo Morales ha adoptado una decisión de fondo, que se inscribe en lo que llamamos "cumplimiento de una promesa electoral". Esta, a su vez, se inscribe dentro de lo que podemos llamar "la gran cuestión del gas", que está en el centro del debate político de ese país vecino desde hace tres años y que ha producido conmociones tales como fue la caída de dos presidentes y que forzó el referéndum que, a su vez, arrojó como resultado la nacionalización.
Es una medida que va a afectar el desenvolvimiento de Bolivia con los países vecinos, ya que Argentina y Brasil son importadores. Y nuestro país tiene problemas en ciernes respecto de este punto.
La que se puso en marcha es una transformación profunda para Bolivia, porque no se trata de una nacionalización sino que algo más que eso: es el Estado que adquiere un protagonismo que antes no tenía, adquiere la propiedad y el dominio de lo que produzcan las empresas, asume la responsabilidad de la comercialización y determina las condiciones. En definitiva, lo que va a determinar son los precios. Tenemos ante nuestros ojos un Estado cuya presencia es muy superior, cuando no total, frente a un sector privado que va a hacer sólo de servicios.
Se tienen que reconvertir los contratos existentes y se abre un período de seis meses en los que se van a definir las modalidades. El decreto que realizó el Estado boliviano es muy escueto y debemos observar con atención este período en el que se sientan a negociar, para que podamos ir viendo cómo se resuelven los primeros casos. Es necesario un compás de espera para evaluar cómo evoluciona el sistema. El decreto dice que el Estado se quedará con un 82 por ciento de la producción y esto va a afectar la economía de cada yacimiento.
En cuanto a la relación con nuestro país, tenemos dos tipos de relaciones con el Estado de Bolivia. Nosotros le compramos a través del gasoducto del Norte desde hace dos años el equivalente al 4 por ciento de lo que consumimos, así que no creo que repercuta demasiado. No va a tener, me parece, un impacto significativo por más que se incremente el precio.
Además, como estamos en medio de una crisis energética, necesitaríamos importar más cantidad de gas y tendríamos que hacer un acuerdo a largo plazo para adquirir mayores cantidades de fluido y por mayor tiempo. En este punto, para poder avanzar en un acuerdo por un tiempo largo, será necesario esperar que se acomode la economía energética boliviana.
Hay que ver cómo el gobierno argentino afronta este aumento y, como se trata de una cantidad pequeña, por más que se incremente no impactará demasiado en los consumidores particulares.
Editorial:
LOS EFECTOS DE LA DECISIÓN BOLIVIANA
La decisión del gobierno boliviano de tomar el control total de los hidrocarburos de ese país, como es lógico, no ha pasado inadvertida.
El Diario de Chile (www.eldiario.cl)
Con el decreto de nacionalización, el Estado recuperará la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de los recursos hidrocarburíferos del país, por lo que las empresas operadoras quedan obligadas a entregar en propiedad a Yacimientos Petrolífertos Fiscales Bolivianos (YPFB) toda su producción.
La decisión de Morales afectada a dos de los principales inversionistas en aquel país: la hispano-argentina Repsol YPF y la brasileña Petrobras que en conjunto han invertido US$ 2.500 millones en Bolivia durante los últimos 10 años.
Por una parte, el gobierno brasilero ha sido categórico en afirmar que actuará con firmeza en todas las instancias en el sentido de preservar los intereses de Petrobras. Por otra parte, en España si bien tenían internalizado que Bolivia podría implementar medidas en esta línea, fue una sorpresa que se produjera sin negociación de por medio.
Si bien se desconocen muchos aspectos del nuevo régimen que se implantará en Bolivia parece claro que no habrá compensaciones para las empresas que fueron nacionalizadas. Al mismo tiempo, parece bastante evidente que esta medida implantada marca sólo el comienzo de una nueva etapa en Bolivia que sólo puede acrecentarse. De hecho el mismo Evo Morales anunció la futura nacionalización del resto de la minería y también del sector forestal.
En el caso de esta nacionalización de hidrocarburos se calcula que el fisco boliviano podría recaudar unos US$ 320 millones adicionales con la medida adoptada. Sin embargo, ésta puede ser una ganancia sólo de corto plazo, ya que el efecto en el largo plazo puede ser muy negativo.
No cabe duda que la decisión de Morales es un retroceso que si bien sofísticamente puede aparecer como una medida popular, a la larga será mucho más perjudicial que beneficiosa. ¿Qué capacidad tiene Bolivia para desarrollar por sí mismo sus fuentes energéticas? ¿Qué empresa extranjera querrá invertir en Bolivia con estas leyes del juego? Son sólo algunas de las preguntas que quedarán sin contestar con estas medidas, y que sin duda afectarán fuertemente el desarrollo de Bolivia condenándola cada vez más a la pobreza.
Editorial:
INQUIETUD EN LATINOAMÉRICA
El gobierno del Presidente Chávez ha intentado asumir una función protagónica en la región, con manifestaciones de un retorno al populismo y a las viejas tendencias "antiyanquis", con matizaciones étnicas, indigenistas y de esquemas revolucionarios trasnochados
La Estrella de Arica, Chile (www.estrellaarica.cl)
La nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia ha exacerbado un cuadro de incertidumbre regional. Esta medida extrema, a pocas horas del encuentro en La Habana y de la firma de un tratado comercial del Presidente Morales con sus congéneres de Venezuela y de Cuba, esboza un eje ideológico con rumbos difícilmente previsibles. No sólo desafía el liderazgo natural de Brasil, sino que menoscaba una de sus mayores inversiones, su abastecimiento de energía y un entendimiento bilateral de décadas.
El gobierno del Presidente Chávez, al amparo de la prosperidad petrolera y en su rivalidad con Estados Unidos, ha intentado asumir una función protagónica en la región. Su intervencionismo político y económico lo ha enfrentado con sucesivos gobiernos, culminando con su injerencia en los tratados comerciales de Lima y Bogotá con Washington, junto a sus interferencias en el actual proceso electoral de Perú, que ha llevado al retiro del embajador de éste en Caracas.
Son manifestaciones de un retorno al populismo y a las viejas tendencias "antiyanquis", con matizaciones étnicas, indigenistas y de esquemas revolucionarios trasnochados. Existe un quiebre notorio de las viejas alianzas y esfuerzos de integración regional, con crisis agudas en el Pacto Andino y en el Mercosur. En lo comercial, el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) está en hibernación, en tanto que la antigua Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) significa poco o nada. La Comunidad Sudamericana de Naciones, que impulsa Brasil y que podría concretarse en importantes realidades de integración, está amenazada por divisiones y antagonismos. A los conflictos existentes entre Venezuela y Bolivia con Perú, se suma uno entre Argentina y Uruguay, por las empresas uruguayas en la frontera.
Habrá que esperar y trabajar en un decantamiento y moderación de estos procesos. La situación debería tender a estabilizarse cuando se supere los procesos electorales en Perú, México, Colombia y el propio Brasil, llamado a asumir cierto liderazgo. Nuestra diplomacia tendrá que coadyuvar discretamente, sin pretender protagonismos que no le corresponden, y extremar su cautela en los entendimientos bilaterales y en sus actuaciones en la OEA y otros organismos o referentes regionales. Debemos procurar, caso a caso, la mejor relación con cada país, junto con afianzar nuestros entendimientos necesarios y tradicionales.
Cabe confiar en que los nuevos gobiernos y los ya establecidos moderen los brotes ideológicos, no extremen sus posiciones de conflicto y maduren en políticas realistas y de cooperación: la situación en cada uno de nuestros países nos afecta a todos.
Opinión:
NACIONALIZACIÓN, ENTRE LA ANGUSTIA Y LA ESPERANZA
La Primera de Perú (www.ednoperu.com)
Como era de esperarse, la noticia de la nacionalización de los hidrocarburos proclamada por el gobierno de Evo Morales en Bolivia, con masivo apoyo popular, ha creado considerable angustia entre las empresas transnacionales que explotan nuestros recursos naturales.
Así, crecen las presiones y reclamos a los candidatos presidenciales para que den garantías y seguridades de que no habrán reformas ni renegociación de concesiones mineras y petrolíferas, del manejo tributario, o de los contratos del gas de Camisea.
Inclusive, el embajador de EE.UU. ha pedido a los candidatos presidenciales que “aclaren” su posición sobre la nacionalización de recursos naturales, lo que resulta inaceptable, pues ni él ni ningún otro funcionario extranjero puede exigirle explicaciones a peruanos sobre temas que nos incumben. ¿Quién le dio vela en este entierro?
Lo cierto es que la creciente intranquilidad y controversia alrededor de la explotación de nuestros recursos naturales no es un fenómeno aislado ni pasajero, porque diariamente llegan noticias –dentro y fuera del país– que muestran que América Latina está dejando atrás los excesos y abusos del neoliberalismo, asumiendo un nuevo camino, buscando el desarrollo con equidad y justicia social.
Eje central de este nuevo rumbo es la reivindicación del derecho de las naciones a decidir sobre el manejo y destino de nuestro patrimonio natural.
Así, ante el descuido ambiental, la negativa a pagar regalías mineras, el incumplimiento de compromisos ambientales y las picardías tributarias para recortar el impuesto a la renta y el canon para regiones y municipios, el pueblo está diciendo basta.
Las grandes empresas que aprovechan nuestros minerales e hidrocarburos tienen que reconocer las legítimas demandas de la Nación y entender que no pueden seguir operando bajo un esquema donde el país rinde pleitesía a la gran transnacional, que impone condiciones y privilegios, colocándose por encima de la ley y del interés nacional.
La enorme disparidad entre lo que se llevan las transnacionales y lo que recibe el país llama a escándalo: entre 1992 y 2004 las exportaciones mineras superaron los US$ 40 mil millones de dólares, pero el canon minero apenas ascendió al 1% del valor exportado: de cada cien dólares de mineral vendido, las regiones y municipios ¡apenas percibieron 1 dólar! Ante esto, la ciudadanía exige nuevas y mejores condiciones.
Este reclamo popular no se contentará con la propina adicional que propone Alan García para mantener tranquilo al pueblo, o las divagaciones de Humala sobre el real contenido de su propuesta de “nacionalizar”.
Los candidatos presidenciales tienen que asumir compromisos claros para transformar el régimen de explotación de recursos naturales, pues los ciudadanos queremos mucho más que un mero reajuste de regalías o una reasignación del canon: nuestra demanda es por refirmar y ejercer plena soberanía sobre nuestras riquezas, tal como consagra nuestra Constitución, que establece que los recursos naturales son propiedad de la Nación. Por ello, para nacionalizar el manejo de nuestros recursos, tenemos que aplicar este principio constitucional, haciéndolo respetar, como no lo hicieron ni Toledo ni Fujimori.
Los peruanos queremos que nuestro oro, cobre, petróleo y gas se aprovechen de forma equitativa y justa, con visión de desarrollo nacional. La participación privada debe darse bajo condiciones transparentes, con licencia social, responsabilidad ambiental y, por sobre todo, con legitimidad e integridad económica, donde al país, a la región y al municipio les corresponda una compensación adecuada por el consumo de su patrimonio natural y una participación apropiada en la riqueza producida.
OPINION
“DEMÓCRATAS” Y “POPULISTAS”
Página 12 de Argentina (www.pagina12.com.ar)
Condoleezza Rice y Thomas Shannon hicieron un llamado el martes para frenar el eje populista representado por los gobiernos de Venezuela, Bolivia y por Humala en Perú. El mismo día, el Financial Times descerrajó su editorial contra los “populismos” de Venezuela, Bolivia y Argentina, alabó a los gobiernos “democráticos” de Uruguay y Chile y colocó al de Brasil en una zona intermedia. Para Rice y Shannon, Brasil, Argentina y Chile deberían neutralizar la ola populista. Para el Financial Times, Argentina y en parte Brasil también forman parte de esa amenaza.
Desde la derecha argentina, el proceso regional se enfoca con una óptica todavía más sesgada, porque achaca al progresismo en general la incapacidad de timonear el proceso de integración. Tanto hablan de la unidad latinoamericana –dicen desde allí– y el Mercosur nunca estuvo peor que ahora, cuando casi todos los gobiernos tienen un tinte progresista.
La nacionalización en Bolivia y sus ecos en Brasil y las diferencias entre Uruguay y Argentina por las papeleras dispararon estos enfoques sobre una realidad que desconcierta a un pensamiento que fue hegemónico durante los últimos treinta años. Todos establecen líneas divisorias y tienden a acentuarlas: Argentina, Brasil y Chile contra Venezuela y Bolivia. O Uruguay y Chile contra todos los demás. Y estas líneas tienden a subsumirse en la segunda visión, porque cuanto más peleen “democráticos” y “populistas”, más se probaría la impotencia, la ingenuidad o la falta de idoneidad de esta especie de ola de gobiernos reactivos al neoliberalismo que, según sus adversarios, no entienden a los mercados y sus movimientos.La reacción de Lula ante los sacudones que provocó la nacionalización boliviana sobre la industria paulista fue convocar de urgencia a esta reunión en Puerto Iguazú. La Fiesp (la central empresaria de San Pablo) clamó por represalias, la oposición salió a cortarle la yugular al presidente por la relación amistosa con Evo Morales y hasta el titular de Petrobras anunció contragolpes. Si dejaba crecer ese discurso, que seguramente iba a estimular a su contraparte en Bolivia, la confrontación hubiera ascendido a un punto con poco retorno.
La intención de Lula fue anteponer un carril negociador a cualquier posible exabrupto. Si el exabrupto estallaba antes, ese carril hubiera sido más difícil de establecer. La reunión de los cuatro presidentes a solas demuestra además que se trató de no dejar nada en el tintero, que cada quien volcara sin testigos lo que tuviera atravesado, desde el mercantilismo de Petrobras hasta la falta de comunicación previa por parte de Evo. Pero la declaración pública fue de respaldo al Mercosur y a la convergencia energética en la región.
La reacción de Lula de abrir rápidamente esta válvula de negociación para impedir el envenenamiento con sospechas, desconfianzas o agravios no se dio en el caso de las papeleras. En este punto, el encuentro de presidentes fue lo primero que se condicionó a algún tipo de resultado, con lo que ahora Kirchner y Vázquez no pueden coincidir en reuniones o tienen que evitarse mientras el discurso nacionalista al cuete tiende a extenderse, sobre todo en Uruguay.
Los presidentes de la región coinciden en la necesidad de cambiar un Mercosur fundado en paradigmas de fines de los ’80 como pura confluencia de mercados. Venezuela propone el ALBA como alternativa de intercambio solidario, complementario y de beneficio mutuo, lo cual presupone un poderoso sector estatal de la economía. En países como Argentina y Brasil, el Estado quedó raquítico y la mayor parte de la economía es privada. El ALBA es muy difícil así, pero el Mercosur librado al flujo de los mercados es pura crisis de asimetrías, competencias desleales y preeminencia del más fuerte. La integración por el libre impulso de los mercados es la guerra de las economías. La reunión de Puerto Iguazú genera otra variable donde la voluntad política, sobre la base de un proyecto común de integración regional, abre el cauce a instancias de racionalidad que de otra manera serían imposibles.
Análisis:
NACIONALIZACIÓN DESDE ADENTRO
La nacionalización de los hidrocarburos fue recibida en Bolivia con un gran impacto en los medios de comunicación, con una fiesta entre los sectores que apoyan al presidente Evo Morales, críticas de parte de la oposición y cautela en la mayoría de los ciudadanos bolivianos.
BBC de Londres (www.news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america)
La noticia sorprendió al país entero el lunes 1 de mayo, cuando el presidente Morales, flanqueado de militares fuertemente armados, anunció en el pozo San Alberto -el de mayor producción actualmente-, la recuperación de los hidrocarburos en favor del Estado boliviano.
Ese día, los trabajadores bolivianos esperaban, como regalo del mandatario, un sustancial incremento salarial y la anulación de un decreto considerado el eje del modelo neoliberal vigente en el país.
Miles de personas se habían concentrado en la plaza Murillo -el centro del poder político en La Paz- para escuchar esas medidas, sin embargo, terminaron festejando por otro motivo: la nacionalización de los hidrocarburos.
Pero, más allá de ese festejo del 1 de mayo, no hubo mayores manifestaciones populares de apoyo.
Jugada política
El analista en temas energéticos, Humberto Vacaflor, le dijo a la BBC que la nacionalización es "una medida muy esperada, pero como fue anunciada en medio de una campaña electoral para la (Asamblea) Constituyente, la gente se ha dado cuenta de que era una jugada política y por eso no ha festejado mucho".
La oposición política, las regiones productoras, los empresarios y, como era de esperar, las empresas petroleras recibieron la medida con preocupación.
Los opositores creen que la norma, que grava con el 82% de tributos a los campos de gran producción, es de corte político porque su lanzamiento coincidió con el inicio de la campaña para la elección de constituyentes, que se desarrollará el 2 de julio.
Coincidieron en ese criterio los líderes de la oposición, Jorge Quiroga (derecha) y Samuel Doria Medina (centro).
Los líderes cívicos de Tarija, la región que produce más del 80 por ciento del gas, expresaron su preocupación por la posible paralización de inversiones y la pérdida de mercados.
Los empresarios agremiados coincidieron con este criterio.
El analista Vacaflor informó que en las regiones existe "preocupación porque se teme que las empresas afectadas comiencen a sabotear (el negocio del gas) y a sobreexplotar algunos campos sin invertir lo que se necesite para ello".
Agregó que también hay inquietud ante la posibilidad de que algún tribunal arbitral le de la razón a las empresas y confisque los recursos del gas.
Inquietud
Las empresas petroleras que operan en Bolivia, entre ellas la brasileña Petrobras y la española Repsol, hicieron conocer su inquietud, pero decidieron quedarse en el país, con el fin de negociar nuevos contratos en un plazo de seis meses, tal como establece el decreto de nacionalización.
El Gobierno consideró que las reacciones no fueron agresivas y calificó de "buena señal" la decisión de las petroleras, según dijo el vicepresidente Álvaro García Linera.
En contrapartida, la bancada parlamentaria de Evo Morales respaldó plenamente el decreto e, incluso, sugirió elevarlo a rango de ley para evitar futuras demandas ante la justicia.
Los sectores sociales que respaldan al Mandatario anunciaron la defensa del decreto, si fuera posible, con medidas de presión que permitan su plena aplicación.
Nada de ello será necesario, al menos en el futuro inmediato, puesto que las protestas que estaban anunciadas en contra del Gobierno, por temas diversos, empezaron a desactivarse tras las aprobación del decreto de nacionalización.
Ese es el caso de la poderosa región de Santa Cruz, que había planificado llevar adelante un paro cívico este jueves, pero la medida quedó suspendida.
En el otro extremo, los sectores sociales radicales, como la Central Obrera Boliviana (COB), criticaron la nacionalización por ser "una medida incompleta", según el dirigente Jaime Solares, quien es el más duro crítico del Gobierno entre los movimientos sociales.
Pero, más allá de las opiniones encontradas, la gente ya salió de la sorpresa y la vida en Bolivia volvió a la normalidad.
Así lo muestran los medios de comunicación, que los dos primeros días de mayo dedicaron sus ediciones completas al decreto de nacionalización, pero, poco a poco, recuperaron el ritmo cotidiano.
Opinión:
NO DESPRECIARLOS COMO DEMAGOGOS
THE INDEPENDENT de Londres
Mientras los hispanos cruzan la frontera entre México y Estados Unidos, más al sur los recientes presidentes de izquierdas elegidos parecen determinados a ejercer todo su poder para burlarse de Estados Unidos y de la filosofía del libre mercado. La última acción de Evo Morales para nacionalizar las reservas de gas natural controladas por las empresas extranjeras es un ejemplo de políticas nacionales de un nuevo gobierno populista elegido con la bandera de restablecer la riqueza del país para su propio pueblo. Bolivia es el segundo país más grande de América en término de reservas de hidrocarburos. La segunda razón para tener en cuenta, particularmente en Washington, es la que se refiere a la ola de elecciones de izquierdas populistas, incluyendo a Brasil, Bolivia, Venezuela y Chile, y probablemente también Perú en su segunda vuelta presidencial a celebrar a finales de este mes.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, está siguiendo conscientemente los pasos del presidente Hugo Chávez de Venezuela con la nacionalización de la energía. Sería una equivocación despreciar - como lo está haciendo Washington- a los presidentes de Venezuela y Bolivia como meros demagogos. Las reservas de energías son bienes nacionales que el Estado tiene un derecho para controlar y obtener beneficio de ellos. El modo de su incautación es finalmente una materia legal, así como el control del estado es una materia de prudencia económica. Sin embargo, Morales, Chávez y sus otros colegas de izquierdas en América Latina representan algo real e importante. Pesa el efecto de Iraq, al estimular el antinorteamericanismo en países que rechazaron secundar y bendecir la invasión, y del grito de una mayoría de la población que se siente excluida por el desigual crecimiento y las políticas liberales promovidas por EE. UU. y los bancos internacionales.
Opinión:
BOLIVIA, PRIMERAS REACCIONES
La República de Perú (www.larepublica.com.pe)
Las reacciones mundiales a la decisión boliviana de comercializar su gas y petróleo han sido variadas. Wa- shington ha guardado silencio, como que las empresas afectadas son de la UE y Brasil. Bruselas ha expresado la esperanza de que no se trate de una decisión final, y ofrece sus buenos oficios para nuevas negociaciones.Madrid ha sido cauto, afirma que seguirá apoyando al gobierno boliviano, y ha despachado de urgencia un equipo de negociadores a La Paz. México ha declarado que seguirá invirtiendo en Bolivia a pesar de todo, y China se ha encogido de hombros con un comentario histórico sobre pasadas tomas de recursos energéticos. Brasilia es hasta el momento la capital más irritada, sobre todo por la anunciada alza del precio del gas boliviano, y ha convocado a Evo Morales a una cumbre con sus colegas de Argentina y Venezuela. Los demás países de la región están esperando nuevos desarrollos para pronunciarse, y miden la cosa según los vaya afectando.
Hay cierta moderación en los gobiernos afectados y se explica por el argumento económico: la necesidad de mantener a sus empresas, las cuales no han sido expropiadas, funcionando en Bolivia. La idea parece ser que no ha sucedido nada irreversible y que es posible llegar a acuerdos que mantengan buena parte de las utilidades en su sitio.
Pero detrás de cada gobierno están los opositores, que sobre todo en España han comenzado a exigir mano dura en defensa de los intereses nacionales. Es probable que esta parte de la reacción termine articulándose no tanto en términos de la economía, sino de la ideología, es decir la posibilidad de que el gesto de Morales se contagie por la región.
La voz más ideológica en este momento es la de la prensa de derecha estadounidense, que ya está evaluando lo sucedido en términos de lo que llaman seguridad hemisférica. Temen sobre todo que Morales, Hugo Chávez y Fidel Castro juntos logren arrastrar a un par de países más y constituirse en un motor del sentimiento anti-EEUU en la región.
En el otro lado de la cerca, Chávez ha saludado la medida boliviana como un fortalecimiento del eje energético, o más bien trío ideológico anti-EEUU, que cuajó la semana pasada en La Habana. Los mercados de combustibles no se han movido por lo sucedido, y más bien se ha empezado a pronosticar una caída de los precios del cobre en las bolsas mundiales.
La evolución del caso boliviano es clave para países que, como el Perú, tienen amplios movimientos de opinión pública interesados en nuevas reglas para la relación con las transnacionales, y líderes que las han ofrecido. Ahora la bola está en la cancha de los afectados por este cambio de reglas, anunciado desde el gobierno de Carlos Mesa.
Opinión:
BOLIVIA: DETRÁS DE LA NACIONALIZACIÓN SORPRESIVA DE LOS HIDROCARBUROS
La República de Perú (www.larepublica.com.pe)
No está en discusión la medida de nacionalización del petróleo y del gas en Bolivia. No solo porque es una decisión soberana, sino, también, porque así lo dispuso el voto popular en el referéndum del 2004. La pregunta Nº 2 (¿Está usted de acuerdo con la recuperación de la propiedad de todos los hidrocarburos en boca de pozo para el Estado boliviano?) tuvo 1'913,642 votos a favor, 92.2% de los votos válidos.
El pueblo votó así, entre otras razones, porque estaba plenamente probado que los principales campos de gas, San Alberto y San Antonio, fueron descubiertos en los 80 por la estatal petrolera YPFB (www.cristaldemira.com, 23/2/2006). La política de Sánchez de Losada de reducir las regalías de estos campos de 50 a 18% (Ley 1689 de 1996) se consideró una entrega de los recursos naturales.
Es decir, un despojo. Todo a consecuencia de la política pro-capital extranjero de dicho gobierno, que también privatizó YPFB y concedió precios baratos para la exportación del gas.
La Ley 3058 de mayo del 2005 (consecuencia del referéndum) estableció un nuevo impuesto del 32% (llevando de nuevo la participación del Estado al 50%) y dio un plazo de 180 días (diciembre 2005) para la recuperación. Ese plazo no se cumplió y le tocó esta tarea al nuevo gobierno de Evo Morales, ya en el 2006. Bolivia (y todo el mundo) sabía que el gobierno tenía que cumplir con lo establecido en el Art. 5 de la Ley 3058, para lo cual planteó nuevos términos a las empresas.
Sin embargo, el decreto del 1 de mayo de nacionalización de los hidrocarburos fue sorpresivo pues, de un lado, no se había anunciado (se sabía que el 1 de mayo se anunciaría el aumento del salario mínimo) y, de otro, se hizo con una intervención militar en los pozos. ¿Por qué?
Las interpretaciones abundan. Algunos afirman que si bien hubo acuerdo con buena parte de las empresas (las negociaciones son individuales), no sucedió lo mismo con la estatal Petrobras, que tiene una participación preponderante en la industria petrolera del país. El gobierno habría planteado impuestos y regalías por 82%, con el 18% restante para Petrobras, pero ésta habría pedido 70% para el Estado y 30% para la empresa.
El impasse con las petroleras, la caída de la popularidad de Evo Morales de 80 a 68% a fines de abril (“solo” 50% en Santa Cruz) y la cercanía de las elecciones de julio para la Asamblea Constituyente habrían sido las causas del “adelanto sorpresa” del decreto.
De su lado, el hecho de que los militares hayan tomado las instalaciones les confiere un rol activo en la actual política, lo que levanta su imagen después del “affaire misiles” (una buena cantidad de la cúpula militar fue purgada por el gobierno de Morales debido a la entrega a EEUU de misiles comprados a China). Hay más: se afirma que los militares (incluidos los que apoyaron a dictaduras anteriores) siempre criticaron las políticas económicas neoliberales de Sánchez de Losada.
Pero también hay “razones de Estado”: los militares (que en todas partes se autoperciben como “garantes de la unidad nacional”) ven con preocupación los planteamientos autonómicos, desde siempre impulsados por Santa Cruz, y que ahora son un punto central de agenda de la Constituyente.
La firmeza y contundencia con que se venía preparando el Paro General de Santa Cruz, anunciado para ayer 4 de mayo, también habrían podido contribuir a la decisión de Morales y de los militares. ¿Cómo hacer un Paro justo cuando todo el país aplaude el decreto de nacionalización de los hidrocarburos? ¿Está Santa Cruz contra la voluntad de la mayoría de la población? Sea lo que fuere, el hecho es que el Paro General de Santa Cruz fue suspendido el 3 de mayo.
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