Carlos Mesa,
expresidente de Bolivia y portavoz internacional de la demanda marítima
boliviana, realiza una gira internacional para explicar las razones y los
objetivos que tiene su país para llevar hasta la Corte Internacional de
Justicia de La Haya, el caso de la demanda en contra de Chile. A su paso por
Holanda conversó con Radio Media Naranja.
Radio Media Naranja (RMN).- Ha llamado la atención, en el ámbito
internacional, esta gira que usted está realizando para puntualizar la posición
boliviana sobre su demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
La más importante de las entrevistas que ha tenido ha sido con el Secretario
General de Naciones Unidas. ¿Cuál es el resultado?
Carlos Mesa
(CM).- La idea básica, esto es muy importante subrayarlo, es explicar la
naturaleza, el contenido y los objetivos de nuestra demanda. No buscamos
adhesiones porque Bolivia ha escogido el camino de la Corte Internacional, lo
que implica que respetaremos en plenitud y nos someteremos a lo que la Corte
decida.
La reunión con
el Secretario Ban Ki-moon ha sido en ese contexto. Él ha escuchado con mucho
interés y creo que ha entendido muy bien la lógica jurídica sobre la que
Bolivia se maneja y los argumentos fundamentales que son claves. El más
importante, no estamos demandando ni directa ni indirectamente nada vinculado
al Tratado de 1904. Bolivia respeta rigurosamente el cumplimiento de los
tratados internacionales. Tampoco buscamos una modificación unilateral y
coercitiva, por decirlo de alguna manera de fronteras sino, por el contrario,
el objetivo es un diálogo con Chile que sea el resultado del fallo de la Corte
Internacional de Justicia. Además nuestra demanda no es un problema de fronteras,
no es un tema de reivindicación geográfica frente a la Corte.
Eso no es fácil
de comprender, quien no está al tanto, no me refiero al Secretario General de
la ONU, pero hay jefes de Estado de América Latina que no están, no tienen por
qué, empapados en el detalle de la naturaleza del juicio y en qué consiste. He
allí la importancia de mi trabajo.
RMN.- Chile cuestiona la competencia de la Corte Internacional para
juzgar este tema, entre otras razones porque es una materia que ha sido
sancionada antes de la creación del organismo.
CM.- Primer
elemento, nos sorprende que Chile cuestione la competencia de la Corte en la
medida en que no hizo absolutamente nada parecido en el juicio que desarrollo
con el Perú y aceptó el fallo que la Corte dictó, ya que es uno de los
suscriptores del Pacto de Bogotá (30 de abril de 1948).
Usted hace
referencia específica a que el tema ya ha sido resuelto antes de la firma del
Tratado de Bogotá y este es precisamente el punto nodal de conflicto. Bolivia
no está poniendo en tela de juicio, en absoluto, el Tratado de 1904. No es
sujeto directo ni indirecto de nuestra demanda. En consecuencia, lo que Bolivia
plantea es que Chile le hizo a Bolivia, después del Tratado de 1904, tanto
antes de 1948 como después, promesas formales y concretas a nivel de
Presidente, ministros de Relaciones Exteriores o embajadores plenipotenciarios
ofertas específicas, no solamente de negociar, sino de entregarle soberanía,
sea en un puerto, sea en un corredor, sean otras modalidades.
Es en función de
esos compromisos que Bolivia plantea su demanda.
RMN.- La reivindicación boliviana se basa en lo que conoce como
derechos expectaticios, que son esperanzas que aún no están catalogados como
derechos en sí. ¿No teme Ud. que la Corte no pueda pronunciarse porque debe
juzgar solo con razones jurídicas?
CM.- La
respuesta categórica es NO. Bolivia no basa su juicio en derechos
expectaticios. Esta es otra interpretación equivocada, para decirlo
elegantemente, por parte de las autoridades chilenas. Nosotros estamos basados
en una jurisprudencia existente, en varios casos en lo que la Corte
Internacional de Justicia ha fallado sobre la base jurídica boliviana.
¿En qué
consiste nuestro fundamento jurídico? Las obligaciones unilateralmente asumidas
por un Estado para con otro Estado, los compromisos formales, son jurídicamente
exigibles.
Tenemos el
juicio de Australia contra Francia en el caso de las pruebas nucleares
(Sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 20 de diciembre de 1974);
el de Dinamarca contra Noruega por el caso de Groenlandia (Fallo de 14 de junio
de 1993); el de Camerún Septentrional (Fallo de 2 de diciembre de 1963); el
caso de Hungría y República Checa (Fallo de 25 de septiembre de 1997), para
mencionar algunos ejemplos específicos.
En consecuencia
en absoluto estamos hablando de derechos expectaticios. Hablamos de
jurisprudencia con una lógica jurídica y con antecedentes en los que la Corte
falló en la forma en que Bolivia lo está planteando.
RMN.- No creo exagerar si le digo, ya que no existen cifras oficiales,
que hay aproximádamente un 20% de chilenos partidarios de una solución de
salida al mar para Bolivia. Pero hay un 80% duro que tiene expresión popular y
política, que se niega terminantemente. ¿Cómo revertir una situación de esa
naturaleza para alcanzar una solución?
CM.- Permítame
dos consideraciones. Una preliminar y otra de fondo sobre la pregunta.
La preliminar,
que es la más importante. Estoy convencido que lo que Bolivia está buscando es
una solución definitiva, sobre bases razonables, que en ningún caso afectarían
un contexto geográfico, geopolítico vital para Chile. Estoy convencido que esa
solución debe cerrar una página histórica para poder encarar el siglo XXI de
manera positiva, con una gran potencialidad de complementariedad económica y de
otras naturaleza entre Chile y Bolivia. No solamente vinculada a la energía, el
agua, el territorio, sino sobre todo el desarrollo mutuo más dinámico del norte
de Chile y el oeste de Bolivia.
Dado que lo que
Bolivia plantea es razonable y en los términos de la proporción correcta, que
no afectaría, en nuestro criterio, nada esencial en Chile, habría que
reformular muchos de los razonamientos de una opinión pública que, yo entiendo,
tiene por supuesto un sentido nacionalista pero que podría tener un sentido
integracionista también.
Dicho lo cual,
es cierto, en este momento hay una mayoría de chilenos que no son favorables a
una solución de la naturaleza que Bolivia está buscando. Pero yo quiero
recordarle algo, Cuando comenzó el gobierno del Presidente Morales, el
2006, tuvo una extraordinaria relación con la Presidente Bachelet. La mejor que
haya tenido Bolivia después del conflicto histórico entre ambos países, la
opinión pública tuvo una actitud muy favorable a un arreglo entre Bolivia
y Chile cuando todavía se estaba planteando La Agenda de los 13 Puntos sin nada
en concreto. Ese nivel favorable superó el 60% de mirada positiva hacia
Bolivia.
¿Qué quiero
decir con esto? La opinión pública bien explicada, bien orientada, puede
cambiar su punto de vista. Es una alimentación mutua. Las élites alimentan a la
opinión pública y la opinión pública a las élites. En ese contexto una lógica
positiva de las élites chilenas podría variar el manejo o la opinión general
del país.
RMN.- Dice usted "nuestro planteamiento no afectaría nada
fundamental para los chilenos". ¿Significa entonces que hay un cambio en
la mirada boliviana?
CM.- No. Lo que
nosotros creemos es que si la Corte Internacional de Justicia falla en favor de
Bolivia y obliga a Chile a sentarse a dialogar con nosotros la agenda de ese
diálogo debe ser muy abierta, basada, como no puede ser de otra manera, en las
siete oportunidades en que Chile negoció con Bolivia, una salida soberana al mar.
Ahora, la posibilidad de plantear soluciones imaginativas y nuevas, debiera ser
posible. Por supuesto el acceso soberano al mar es el objetivo final, de lo
contrario no tendría sentido el juicio.
Cuando digo “no
afectaría de una forma significativa” me refiero a una nación que tiene más de
cuatro mil kilómetros de costa, a la que no le estamos pidiendo, ni muchísimo
menos, la restitución de 120 mil kilómetros ni 400 kilómetros lineales de costa
y que eventualmente podríamos encontrar una solución en la que el concepto de
soberanía plena y útil para Bolivia no afectará, en el sentido que hago
referencia, a aspectos esenciales de lo que Chile considera su heredad.
RMN.- Y en ese sentido, porque no lo he encontrado en el planteamiento
boliviano, ¿existe el criterio en La Paz que una solución cualquiera requiere
compensación para Chile?
CM.- Existe el
criterio que tenemos que generar una negociación en la que la mente de ambos
negociadores esté abierta. Eso implica la posibilidad de considerar cualquier
opción, cualquier camino, en la que el resultado final sea soberanía para
Bolivia.
Mencionar una
respuesta directa o indirecta sobre la pregunta no sería pertinente porque uno
de los aspectos que Bolivia subraya, para evitar un contexto complejo de
interpretaciones, es que nuestra lógica es que el diálogo de buena fe, sobre
bases razonables, en un tiempo determinado, no se vea entorpecido por
preconceptos que den lugar a interpretaciones de qué queremos. Lo que queremos
es acceso soberano y eso tiene múltiples posibilidades.
RMN.- Se insiste permanentemente que es un tema bilateral entre Bolivia
y Chile. Sin embargo, ¿no tiene la impresión que toda solución pasa
necesariamente por ese tercer país que es Perú, en donde existe, por lo menos,
un sector político importante que no es partidario de una frontera común con
Bolivia.
CM.- Sería
interesante ver cómo desemboca el problema del triángulo que enfrentan Chile y
Perú hoy día. Es decir, ese entusiasmo de la relación bilateral, de alguna
manera está en entredicho porque estamos hablando de un triángulo de pocas
hectáreas que ha convertido el tema en una cuestión nacional para ambos
países. Ojalá que el resultado sea positivo.
La pregunta
incluye el término, toda solución. La respuesta dice, no toda solución. Estamos
perfectamente conscientes de que entre las soluciones posibles podría ser que
haya un tercer países involucrado, pero no el concepto de toda solución.
USAN
TECNOLOGÍA MEXICANA EN CENTRO DE MINERÍA SUSTENTABLE
En
el proyecto ecológico de las universidades de San Luis Potosí y de Arizona
participan la Minera San Cristóbal y expertos de Bolivia.
Milenio
de México (www.milenio.com)
La
Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Instituto de Desarrollo en
Ciencias médicas de la Universidad de Arizona de Estados Unidos inaugurarán el
Centro de Investigación sobre Minería Compatible.
Para ello
solicitaron apoyo de expertos de Bolivia que han implementado con tecnología de
vanguardia mexicana modelos de explotación con los que han reducido materiales
tóxicos hacia la población y el medio ambiente.
Javier Díaz
de Medina, gerente de responsabilidad social corporativa de Minera San
Cristóbal, en Bolivia, explicó que no solo aportarán tecnología sino también
sus modelos de prácticas elaborados desde hace siete años, con lo que el centro
de investigación podrá generar los contenidos necesarios para que académicos,
legisladores y el gobierno federal efectúen las modificaciones y reformas
legales sin entrar en conflicto con la inversión y desarrollo económico
trazados por las empresas.
Y es que
Bolivia, agregó, ha logrado mediante este tipo de gestión empresarial reducir a
más de 50 por ciento los contaminantes que afectan tanto a los trabajadores, a
las comunidades cercanas y al medio ambiente, causando desastres naturales
irreparables y afectaciones graves a la salud.
A ello se
suma que aumentó la competitividad dentro de la empresa a escala internacional.
“Se
instaló, por ejemplo, un domo en Minera San Cristóbal, que tuvo una inversión
de 10 millones de dólares y que se ha convertido en el más grande de América
Latina, con lo que se ha evitado que la generación de polvo llegue a afectar a
trabajadoras y pobladores”, dijo tras referir que dicho centro se inaugurará en
tres meses creando una red de investigación con otras universidades
latinoamericanas y con fuertes lazos gubernamentales.
La
tecnología, que ahora quieren aportar a México, fue diseñada por especialistas
mexicanos y consiste en evitar que los trabajadores y los pobladores respiren
diversos polvos en los denominados tiraderos y que adquieran enfermedades
pulmonares.
También han
reducido el uso de agua, de 52 mil toneladas cúbicas a 25 mil, mediante el
recirculamiento de líquido. “Son eficiencias sencillas que deben ser aplicadas
en estos procesos”, agregó.
El domo,
aclaró, es una tecnología mexicana, la cual por ahora no genera ganancias, pero
sí va a contribuir a prevenir la contaminación.
“Es preciso
acabar con los pasivos ambientales y, en ese sentido, Bolivia ha logrado
erigirse con una propuesta viable de minería del siglo XXI aun cuando hace tres
meses se registró un derrame en cuencas, con contaminación focalizada que ya
está siendo atendida ”, explicó Díaz de Medina.
La
capacitación es elemental. “Se han otorgado más de 70 mil horas hombre en un
año, lo que se traduce en mayor preparación para evitar siniestros que pongan
en riesgo la integridad y vida de los mineros.
“Estamos
creando programas de desarrollo sostenibles con las comunidades, siendo
facilitadores de crecimiento en caso de que la mina desaparezca; en nuestro
caso, es esencial dado que 29% de la fuerza laboral es femenina y son madres de
familia”, precisó.
El ex secretario de Energía cuestionala ley corta de
Kirchner que benefició a las provincias y la nueva norma de Galuccio.
“HAY QUE ESTATIZAR TODO EL PETRÓLEO Y TERMINAR CON JEQUES
PROVINCIALES COMO LOS KIRCHNER O LOS SAPAG”
Política Online de Argentina (www.lapoliticaonline.com)
Cuando Repsol
era el dueño de la principal petrolera del país, Gustavo Calleja era el
aguafiestas de las asambleas de accionistas de YPF. “Tenía 60 acciones. Las
compré cuando las vendieron en 1995, a 19 dólares. Yo estudiaba los balances,
iba, me sentaba en primera fila y hacía preguntas por escrito. El Estado nacional
tenía el 20 por ciento del paquete hasta 1999 y después vendió todo y le
quedaron mil acciones de un total de 353 millones de acciones. Las provincias
vendieron casi todo porque Cavallo las apretaba”, recuerda. Ahora, con la
empresa parcialmente estatizada, Calleja sigue opinando a contramano de la
mayoría de los especialistas. Ex subsecretario de Combustibles de Alfonsín,
presidente del Instituto de Energía de la Fundación Illia y fundador y
vicepresidente del Grupo Moreno, afirma que es imprescindible recuperar el
monopolio de la explotación de YPF y terminar con las provincias petroleras.
Además, dice que Miguel Galuccio es neomenemista y sostiene que Argentina debe
dejar de exportar combustible ya mismo.
El borrador de
la nueva ley de hidrocarburos autoriza a exportar hasta el 20 por ciento de la
producción sin retenciones y con libre disponibilidad de las reservas. ¿Qué
opina?
La libre
disponibilidad en un país que está en emergencia y no tiene el
autoabastecimiento es impermitible. Acá no hay que exportar un solo metro
cúbico de gas y un solo metro cúbico de petróleo.
¿Usted prefiere
que siga vigente la ley actual, de la época de Onganía?
Si, la 17.319,
pero que la cumplan. Yo quiero una YPF cien por ciento estatal y que el
subsuelo sea estatal y no quiero más concesiones. La actual ley está hecha por
un señor Walter James Levy, que era de la CIA, que las conocía todas. Lo trae
Krieger Vasena. Hace una ley para Estados Unidos, que da para todo, para hacer
todo estatal o todo privado o algo mixto.
¿Por qué la
nueva ley enfrentó a los gobernadores, que apoyaron la expropiación parcial de
YPF, con el poder central?
Porque las
empresas le pagan a los gobernadores beneficios más grandes. Kirchner les
regaló el subsuelo a los gobernadores con la ley corta (de hidrocarburos, en
2006). Menem ya les había regalado gran parte del impuesto a los combustibles,
al crudo procesado, los fondos viales y energéticos. Ahí se para la
construcción de caminos y se paran las represas. Les libera los precios y les
libera la exportación y los gobernadores se dedican a recontraexplotar.
Exportaron a precios lamentables sin reposición de reservas. Los yacimientos se
hicieron mierda y se acabó el gas y el petróleo: no exploraron más.
¿Pero el
gobierno nacional no aparece aliado con las empresas frente a los gobernadores?
Las empresas
son equilibristas porque arreglan cualquier cosa para que no los controlen. Si
el gobierno nacional se aviva, tiene la herramienta para controlar, que es YPF.
Galuccio los puede controlar.
Pero Galuccio
cree que sacar Vaca Muerta adelante es inviable sin asociarse con Chevron y
otras grandes.
¡Si, pero se le
asocian sin poner guita!
La nueva ley de
hidrocarburos coincide con el vencimiento de las concesiones.
Las concesiones
están todas vencidas, vencen ahora en 2016 y 2017 pero sobre prórrogas mal
dadas. Loma de la Lata vencía en el 95. Cavallo por decreto las prorroga. Su
origen se empieza a contar desde que se entrega YPF. Les regalaste 20 años.
¿Qué hay que
hacer con Vaca Muerta?
Seguir
explorando pero llamando a técnicos independientes. Por ejemplo, al Instituto
de Energía que tiene la Facultad de Ingeniería de la UBA y a la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de La Plata. Porque Galuccio anda dando vueltas
por el mundo y nadie le cree porque lleva los papeles de YPF que no son
creíbles. Porque no tiene técnicos del nivel que tenía la YPF estatal.
¿Usted sostiene
que hay que terminar con las provincias petroleras?
Por supuesto.
Con el esquema actual se benefician ocho millones de argentinos que viven
arriba de los yacimientos contra 32 millones que entregan todo. De provincias
parasitarias inviables, aparecen los jeques, aparece Sobisch, Kirchner. Son los
dueños de la jurisdicción. Las regalías de las provincias, que es baja, tienen
que ser invertidas en lo que el petróleo y el gas destruyen. No para financiar
la campaña de Sapag.
Volver a
Estenssoro
¿Galuccio
quiere volver al modelo que creó Estenssoro durante el gobierno de Menem?
Si, Galuccio es
un estenssorista, es neomenemista. Estenssoro no era un petrolero, era un
hombre de negocios, con gran empuje. Cavallo lo elije porque era el único que
podía privatizar la empresa. Echó 50 mil tipos a la calle y metió 50 mil tipos
NN que eran las consultoras, Andersen Consulting y otras, que firmaban los
balances, eran los mismos que después fueron contadores de Enron. Como son los
de Galuccio, Haliburton y Chevron, los de la guerra del Golfo.
Hoy nadie hace
cuestionamientos de fondo a ese modelo.
No lo
cuestionan porque, aunque invierte a costos desconocidos, aumenta la
producción. No se conocen los costos, pero con lo que cuesta importar se supone
que lo que paga Galuccio es menor. No da información, aprueban los contratos
sin mirarlos aunque la ley de hidrocarburos dice que deben ser aprobados por el
Poder Ejecutivo.
¿Cómo era el
proyecto Estenssoro?
Venden las
acciones, queda el 20 por ciento para el Estado, 10 por ciento para las
provincias y el resto privado. ¿Quién compra la mayoría? Los fondos de pensión
de los Estados Unidos. Estenssoro y sus amigos compran un 3 por ciento y Oscar
Vicente con Pérez Companc compran otro 3 por ciento. Ese es el modelo
Estenssoro: él era el dueño de todo.
Se había
quedado con el managment.
El managment de
Estenssoro era muy capaz, muy capaz de cosas muy buenas y muy capaz de cosas
muy malas. Estenssoro perforaba, pero también vendía al exterior. Él estaba de
acuerdo con los decretos desreguladores de Dromi, Aráoz y Menem que tiraron por
la borda todo el concepto vigente hasta Alfonsín de que no había que exportar
sino acumular reservas. Manejaba una empresa que daba grandes utilidades y el
Estado cobraba el 20 por ciento. Tenía un muy buen gerente financiero, Carlos
Olivieri, liberal pero muy honesto y capaz. Yo le decía a Estenssoro: “Mire yo
a la empresa la quiero cuidar porque esta empresa se va a volver a estatizar,
no tenga duda. Por eso, me preocupan las macanas que hacen ustedes”.
La YPF estatal
¿Por qué la
nafta aumentó un 45 % en lo que va del año?
Bueno, ahí ya
tendríamos que decir que queremos el precio internacional, que es más barato.
El tema es que es la única forma que tiene Galuccio de recuperar renta.
¿Está bien
entonces que YPF aumente la nafta?
Sí, yo
preferiría subir el precio de las naftas con impuestos. A mí no me preocupa
sacar autos de circulación pero necesitaría un buen transporte público y no
existe.
¿Qué haría con
YPF si lo convocaran mañana para conducirla?
Primero me
quedo con el cien por ciento de las acciones y segundo, pido que me controlen.
Es absurda la teoría de que las sociedades anónimas no tienen controles. Soy un
ex Swift, audité Fiat, trabajé en Petroquímica Mosconi. Todas las empresas
necesitan dos controles: un auditor interno, que en YPF dependa de Presidencia,
y un auditor externo, una figura sagrada que es otro canal de información que
vos necesitás. No sé porque Galuccio no quiere que lo controlen. A mí no me
gusta. "El avance alocado de los no convencionales es para mantener la
estructura gigantesca de las multinacionales. Es un asesinato a la naturaleza,
es criminal. Seguro van a incluir algo en la nueva ley de hidrocarburos. Lo más
grave es lo que quieren hacer en Entre Ríos, van a perforar arruinando las
termas y el lago y debajo de todo tenés el acuífero Guaraní."
¿Y después?
Creo otra vez
los fondos energéticos y viales. Aumento los precios, pongo la cara y digo esta
plata va a ir para una empresa del Estado que se va a dedicar a hacer
gasoductos. O en este caso digo: voy a cambiar la matriz energética de la
Argentina, voy a hacer represas por todos lados. Las de Santa Cruz son para los
amigos, haría otras. Iría a la hidroeléctrica, con un plan contra las
inundaciones, y a la energía nuclear. Somos hijos del petróleo, todavía hoy
somos la civilización del petróleo.
¿Se está
acabando igual o no?
No, no, hay una
gran pelea. El avance alocado de los no convencionales es para mantener la
estructura gigantesca de las multinacionales. Yo creo que es un asesinato a la
naturaleza, es criminal. Seguro van a incluir algo en esta nueva ley de
hidrocarburos. Lo más grave es lo que quieren hacer en Entre Ríos, cerca de
Federación. Ahí van a perforar arruinando las termas y el lago y debajo de todo
tenés el acuífero Guaraní.
Ahora pareciera
que sólo quedan hidrocarburos no convencionales.
Quedan
convencionales. El 80 por ciento de la energía del mundo se mueve con
hidrocarburos y nosotros no tenemos una matriz diversificada como Brasil. Tenés
10 mil productos que hacen a nuestra vida cotidiana que genera la industria
petroquímica.
Más liberales
que Menem
¿Cómo ve la
renuncia de Daniel Cameron, después de 11 años como secretario de Energía del
gobierno?
Cameron fue un
desastre. Es un eléctrico. Escribió la plataforma de Kirchner presidente hasta
con errores de ortografía: era más liberal que Menem. Hizo líneas de alta
tensión volcadas al sur. Acumuló muchos errores. Él dice que se fue porque
planteó que se acababan las reservas y que iba a haber que importar cada vez
más. Tendrían que haber cortado las exportaciones de gas y petróleo hace rato.
La reemplazante que puso Kicillof es mejor, más racional.
Todavía las
empresas siguen exportando.
Si, pero no
pueden. Estás en emergencia, la ley de hidrocarburos te lo prohíbe. Hoy
exportan sin declarar. Tenés que controlar con la Marina o con la Prefectura.
Además, siguen dando contratos de concesión. Le dieron en el mar, del Estado
nacional, en Tierra del Fuego, contratos de concesión a Pan American, Total y
Wintershall. Enarsa se puede recuperar, hay que meterla adentro de YPF para
bajar costos.
¿Por qué hay
que pasar de las concesiones a los contratos de explotación?
La concesión en
la historia argentina es un contrato de traidores. Es un contrato que se
caracteriza por la libre disponibilidad, el concesionario decide cuánto saca y
decide a quién le vende y cuánto le vende. En el contrato de explotación, vos
trabajas para la empresa del Estado, que te compra la producción y te paga un
precio determinado. Pero todo el crudo va para el Estado. En el mundo, la
concesión murió hace dos décadas. Los concesionarios tendrían que cumplir la
ley de hidrocarburos.
¿No la cumplen?
¡No! Por
empezar, tendrían que mantener un nivel adecuado de reservas. Esto nadie lo
dice, pero en Estados Unidos hay un contraalmirante en cada pozo. Vos sacaste
un metro y no repusiste un metro, te matan. Acá lo manejan las provincias. Las
reservas se venían cayendo y las provincias no dijeron nada. No sé sabe lo que
se exportó, nadie quiso controlar nada. Ese es el fracaso rotundo de la ley
corta.
¿Cuál es el
modelo posible en América Latina?
El modelo
imposible es este, el argentino. Un mamarracho. No sabés para qué lado van. El
modelo posible es el de Evo Morales en Bolivia, el de Brasil, el de Uruguay que
es el que mejor anda, son cien por cien importadores. Yo no sé si Dilma en
Brasil va a licitar en un modelo de contrato que dejó vigente Cardoso –que
entrega parte del petróleo- los yacimientos del presal, a 6 mil metros de
profundidad. Lula había declarado que eso no era para exportar, eso es para los
brasileros. Ellos tampoco modificaron la legislación de apertura de Cardoso pero
no fue por supuesto una apertura alocada como la nuestra.
¿Por qué
cuestiona al grupo de los ex secretarios de Energía?
Porque trabajan
para las petroleras, para las privatizadas, cobran de ahí. Tienen mucho poder,
tienen mucha plata y le hacen firmar cualquier cosa a los candidatos. Tres
trabajan para Galuccio. El único que sabe es Montamat, un hombre honesto que no
quiso hacer la prorroga de Loma de la Lata, pero muy ingenuo: cree en el
mercado. Los demás no saben ni prender una estufa de gas. Ninguno de ellos
quiere volver a Alfonsín, todos quieren volver a Menem, que es volver al
mercado. Pero no lo dicen. Uno que trabajó a muerte para la privatización fue
Redrado.
¿Y cómo ve el
rol de los sindicatos en esta discusión?
El SUPE, con
Juan Carlos Crespi, el de Boca, y Antonio Cassia, apoyaron la privatización. Es
como dice Riquelme ¿cuántos bosteros hay ahí?. Crespi era la mano izquierda de
Diego Ibañez, la mano derecha era Cassia. Los demás juegan para las privadas. A
mí Guillermo Pereyra no me dejó hablar cuando se discutió el pago a Repsol.
Pichetto quería que hablara y él no me dejó.
Se pagó demás a
Repsol.
¡Cero había que
pagar! Lo que dijo Kicillof y no cumplió. Hay que hacer la de Illia: dos
decretos de nulidad y otro de juicio penal. ¡Había que meterlos presos!.
El
Ciudadano de Chile (www.elciudadano.cl)
El profesor
inglés, David Harvey, volvió a Ecuador. Presentó un nuevo libro, advirtió sobre
las contradicciones del capitalismo, y opinó sobre el ‘modelo Correa’ que
trasciende fronteras. En entrevista con Andes, dijo que Latinoamérica está
tomando la posta al tratar de revertir los peores aspectos del neoliberalismo,
y anunció que “se debería inventar un mundo en el que haya valores, en el que
no se busque el lucro, en el que se pueda vivir una vida decente y tengamos un
ambiente distinto”.
¿Por qué el
fin del capitalismo?
Porque creo
que hay muchas señales que indican que el capitalismo está un poco fuera de
tiempo y de espacio, lo que imposibilita que siga expandiéndose. El capitalismo
es un sistema que, o crece o muere. Las posibilidades de crecimiento están cada
vez más y más circunscritas. Ahora el capitalismo está establecido en todo el
mundo, y no me puedo imaginar un crecimiento mayor al 3% en base a lo que
existe ahora.
¿Qué lo
motivó a escribir este libro en particular?
Es parte de
una gran secuencia que ha venido desarrollándose por 10 o 15 años. Quería que
quedara claro que un análisis basado en la teoría de Marx puede ser muy útil y
puede ayudar a entender lo que sucede actualmente en la sociedad. Así que parte
de mi misión era dejar claro lo que Marx realmente dijo, dado que ha habido
muchos malos entendidos al respecto, y demostrar que si se toma en cuenta lo
que en verdad dijo y la forma en que lo dijo, entonces es muy útil y podemos entender
por qué tenemos estancamiento, por qué tenemos inequidad social, por qué
tenemos desempleo, y también tanto daño ambiental.
El
vicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera, ha dicho: “El neoliberalismo es
un arcaísmo que lo estamos botando al basurero de la historia”. ¿Qué piensa al
respecto?
Bueno, el
capitalismo ha tomado muchas formas a lo largo de la historia. Desde los
setentas ha venido cambiado su modus operandi (modo de operar, en
Latín). Algunas personalidades clave, como Pinochet en Chile, se han visto
inmersas en una forma neoliberal que ha tenido características muy específicas,
y muchas de estas características han sido, por ejemplo, la baja de sueldos,
que recaen especialmente sobre las clases bajas, mientras que las clases altas
se vuelven más y más ricas. Entonces, puedo entender muy bien porqué muchos
movimientos alrededor del mundo buscan salir de esta específica forma
neoliberal de hacer política. Latinoamérica, en general, está tomando la posta
al tratar de revertir algunos de los peores aspectos del neoliberalismo. Ahora,
la pregunta es: ¿el problema es el neoliberalismo o es el capitalismo en todas
sus formas?
Algunos
líderes están hablando del modelo de Correa, ¿Lo conoce? ¿Qué piensa al
respecto?
Sí, claro. En
cuanto al gobierno ecuatoriano, creo que no es único. Hay algunas semejanzas
con lo que se ha hecho en Bolivia, lo que se ha intentado en Venezuela, lo que
está pasando en Brasil, o en Argentina, que se trata de salir de esta forma
neoliberal e intentar redistribuir las riquezas entre la masa poblacional, y si
observamos los datos podemos ver que aquí en Ecuador ha disminuido la inequidad
social, y algo similar está sucediendo en Bolivia, se ha invertido mucho más en
los campos de la educación y la salud y muchos servicios sociales de ese tipo.
Las
infraestructuras han mejorado, se han construido carreteras. Se está intentando
distribuir las riquezas, y ese no ha sido el caso de muchos países en Europa y
Norteamérica. Entonces, aquí hay un modelo distintivo. Además, en Ecuador hay
un problema muy específico, que constituye una contradicción en el hecho de que
para poder llevar a cabo todo esto, se requiere explotar el petróleo y a la vez
hay una normativa constitucional que busca proteger a la madre naturaleza. Cómo
manejan esta contradicción es una de las preguntas clave ahora.
El Presidente
Correa ha hablado de privilegiar a los derechos de las personas ante el
capital, ¿coincide con usted?
Creo que aquí hay un principio muy importante, yo he trabajado mucho con esta organización, y aquí viene uno de los slogans: ¿Queremos las ciudades para los ingresos o las ciudades para la gente?, y creo que alguien que está intentando reformar o alejarse del neoliberalismo intentará crear un país para la gente y no para el capital. Pero creo que eso es algo difícil de lograr, ya que el capital es necesario para lograr cosas y para poder entregar bienes a la población.
Creo que aquí hay un principio muy importante, yo he trabajado mucho con esta organización, y aquí viene uno de los slogans: ¿Queremos las ciudades para los ingresos o las ciudades para la gente?, y creo que alguien que está intentando reformar o alejarse del neoliberalismo intentará crear un país para la gente y no para el capital. Pero creo que eso es algo difícil de lograr, ya que el capital es necesario para lograr cosas y para poder entregar bienes a la población.
Si el
capitalismo está herido de muerte y el neoliberalismo también, ¿ante qué
estamos?
Para ser
honesto, no estoy muy seguro. Pero si viviéramos en el siglo XV y alguien nos
preguntara: ¿cómo es el capitalismo? No tendríamos idea de cómo contestar eso y
la verdad, no creo que se haya aclarado esa respuesta. Bueno, ahora creo que
debemos alejarnos de una sociedad que se basa en juegos monetarios y que quiere
comercializar todo, y empezar a pensar realmente en construir un mundo en el
que la gente tenga acceso a las cosas que se necesitan para vivir una vida
decente. Por ejemplo, recientemente en los Estados Unidos se ha visto cómo se
les ha quitado viviendas a 6 millones de personas por no tener suficiente
dinero para pagarlas, y todo el mundo tiene derecho a una casa y un ambiente
decente. Se debería inventar un mundo en el que haya valores, en el que no se
busque el lucro, en el que se pueda vivir una vida decente y tengamos un
ambiente distinto.
BOLIVIA:
TRAMO FINAL DE LAS ELECCIONES CON AMPLIA VENTAJA PARA MORALES
La
Mañana de Córdoba, Argentina (www.lmcordoba.com.ar/nota)
El
oficialismo y la oposición de Bolivia transitarán con objetivos bien disímiles
los 24 días que restan de campaña proselitista antes de las elecciones del 12
de octubre, porque mientras los unos deben consolidar la ventaja que las
encuestas muestran para el presidente Evo Morales, que lo pone a las puertas de
otra reelección, los otros apostarán a achicar esa diferencia para alentar las
chances de una eventual segunda vuelta. Formalmente iniciada el viernes, la
campaña en Bolivia se lleva adelante con dos particularidades: es la primera
vez que no está financiada por el Estado y la única pelea verdadera parece ser
qué fuerza será segunda y a qué distancia del gobernante Movimiento al
Socialismo (MAS) que vuelve a postular a Morales.
La decisión le corresponderá a los casi seis millones de ciudadanos habilitados para votar, que deberán elegir entre cinco binomios: los que encabezan Morales; el empresario Samuel Doria Media, por Unidad Democrática (UD); el exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga, por el Partido Demócrata Cristiano (PDC); el exalcalde paceño Juan Del Granado, del Movimiento Sin Miedo (MSM), y el líder indígena Fernando Vargas, por el Partido Verde.
La decisión le corresponderá a los casi seis millones de ciudadanos habilitados para votar, que deberán elegir entre cinco binomios: los que encabezan Morales; el empresario Samuel Doria Media, por Unidad Democrática (UD); el exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga, por el Partido Demócrata Cristiano (PDC); el exalcalde paceño Juan Del Granado, del Movimiento Sin Miedo (MSM), y el líder indígena Fernando Vargas, por el Partido Verde.
La ventaja
que las encuestas -de todas las empresas- le dan a Morales y su vice, Álvaro
García Linera, permite especular con que el oficialismo logrará más de 50% de
los votos y evitará una eventual segunda vuelta (prevista para el 7 de
diciembre), ayudado por el hecho de que la oposición no logró unificar el voto
anti-MAS.
Mientras Quiroga parece dueño del voto más “duro” de la derecha y tiene más presencia en los medios que en actos, Doria Media -uno de los hombres más ricos del país, que va por su tercer intento de llegar al Palacio Quemado- se muestra como hombre exitoso y respalda centros de emprendimientos privados y hasta competencias atléticas como parte de su campaña.
Mientras Quiroga parece dueño del voto más “duro” de la derecha y tiene más presencia en los medios que en actos, Doria Media -uno de los hombres más ricos del país, que va por su tercer intento de llegar al Palacio Quemado- se muestra como hombre exitoso y respalda centros de emprendimientos privados y hasta competencias atléticas como parte de su campaña.
Elecciones
en Bolivia, Brasil y Uruguay
LA
POLÍTICA OLVIDADA
Rebelión
de España (www.rebelion.org)
El mes
próximo se dirime buena parte del futuro cercano del sur de América. Los
procesos electorales en Brasil, Bolivia y Uruguay definirán, además de sus
propias correlaciones locales de fuerzas, algunas proyecciones o tendencias
sobre el resto del subcontinente. Lejos de toda homogeneidad, en cada país se
expresan particularidades propias aunque guardan en común cierta indefinición
de las magnitudes que, según resulten, pueden alterar los escenarios de manera
relevante.
El caso de
Bolivia parece el menos comprometido, ya que para el emblemático 12 de octubre
venidero, la victoria del actual presidente Evo Morales, candidato por el
gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), no está puesta en duda por
consultora alguna. Sin embargo, su desafío inmediato es retener las dos
terceras partes de la representación en la asamblea legislativa plurinacional,
cosa que requiere una casi idéntica proporción de sufragios totales. Sin dejar
de reconocer la importancia que en la avizorada perspectiva de triunfo tiene el
crecimiento económico y la redistribución de la riqueza, entre otras
conquistas, la gran victoria del reformismo boliviano se gestó en el proceso
constituyente –y sus consecuentes luchas- entre el 2006 y el 2008, que
cristalizó en la actual Constitución. En el país mediterráneo no sólo tuvo y
tiene lugar una importante transformación socioeconómica, sino además, una
enfática transformación política y cultural, a diferencia de los otros dos
países que renovarán los poderes ejecutivo y legislativo en los que el régimen
político liberal-fiduciario goza de impunidad politológica.
Muy diferente
es la perspectiva en Brasil, particularmente a partir del inesperado giro de
este mes, luego de la trágica muerte en un accidente aéreo del candidato
presidencial por el Partido Socialista (PSB) Eduardo Campos. Por primera vez en
la historia de ese país, se sustituye la polarización entre el Partido de los
Trabajadores (PT), liderado por el ex presidente Lula y la actual presidenta y
candidata presidencial Dilma Rousseff, y el partido de la Socialdemocracia
Brasileña (PSDB) cuyo máximo referente es el ex presidente Fernando Henrique
Cardoso, aunque en esta oportunidad promueve la candidatura de Aécio Neves. Hoy
la histórica oposición la ocupa el PSB, con la curiosa particularidad de que su
candidata no es socialista sino una ex integrante del PT, la ex ministra y
senadora Marina Silva, que recaló secundando la fórmula presidencial del PSB
luego de fracasar en el intento de crear su propia fuerza, la “Red de
sustententabilidad”. Silva hoy concita el apoyo de buena parte del
establishment y los grandes capitales apelando fundamentalmente a resaltar los
logros del gobierno neoliberal de Cardoso y sus medidas monetaristas. Sin
embargo, su trayectoria está lejos de representar ortodoxia alguna. Al igual
que Dilma, es mujer y suma la infrecuente particularidad de pertenecer a una
minoría étnica, venida del pobre interior campesino como el estado de Acre,
analfabeta hasta su adolescencia, devota pentecostal, que luego de la ruptura
con el PT coqueteó tanto con el PSOL (una ruptura por izquierda del PT) como
con el PSDB, impulsando hoy un aparente capitalismo ecológico del que se
desprende cierto sesgo neoliberal y posmoderno. Producto del azar y de las
construcciones mediáticas del marketing político, parece captar, además del
apoyo de los grandes intereses, buena parte del descontento con la gestión del
PT de la clase media, como la que salió a las calles en la última fase de las
jornadas de junio del 2013, a las que el sociólogo brasileño Celso Frederico
señaló como conducidas por la “lógica del espectáculo” y manipuladas por los
medios de comunicación que expresaron una “estetización de la política que
reproducía, a su modo, la permanencia en lo visible, en lo inmediato”.
Pareciera que la retirada del lulismo de estas capas resulta una respuesta
refractaria a la nueva base social del PT: los sectores más postergados,
beneficiados hoy por las políticas públicas de inclusión social. Aunque con
sesgo paternalista y orientadas al acceso a ciertos bienes de consumo, éstas
políticas le otorgan una nueva base social al oficialismo, sin necesaria
movilización ni participación política. De este modo, sólo se acrecienta la
crisis de representación de los partidos y organizaciones tradicionales como
los sindicatos.
En Uruguay,
la confrontación es más previsible aunque con algunos signos de alarma para la
continuidad del proyecto reformista, que sospecho está amenazado por similares
segmentos sociales y etarios que en Brasil: las capas medias y la juventud. El
informe de agosto de la consultora Factum dirigida por Oscar Bottinelli revela
tres datos comparativos entre la campaña del 2009 y la actual, indispensables
para reconducir la estrategia electoral. A nivel urbano, el declive de 7 puntos
en la capital (donde habita casi la mitad del electorado) es coincidente con
aquel llamado de atención que significó el enorme abstencionismo y voto en
blanco para las elecciones municipales de 2010. A nivel social, la merma entre
los sectores con mayor instrucción formal (5 puntos para los que accedieron a
la escuela media y 11 puntos entre los de nivel terciario y universitario). A
escala etaria, la pérdida de 6 puntos entre los jóvenes y de 9 entre los
adultos medios aunque con un incremento de 2 puntos entre los adultos mayores.
Para decirlo crudamente, el Frente Amplio uruguayo (FA) envejece y se
desilustra.
Al igual que
el oficialismo brasileño, el uruguayo entra en un sorpresivo cono de
incertidumbre frente a personajes esculpidos por el cincel mediático y la
cínica audacia comunicacional. El caso del crecimiento de intención de voto de
Lacalle Pou, hijo del ex presidente ultraderechista Lacalle -de rancia estirpe
para la dinástica tradición conservadora uruguaya- aporta un nuevo caso de
emergencia sorpresiva. Un personaje caricaturezco, munido de un discurso
evasivo e impreciso, plagado de lugares comunes y gestos farandulescos, en
ocasiones ramplones, en otros mundanos, que sin embargo concita atracción, no
sólo en la previsible derecha local, sino en ciertas fracciones de la clase
media que abandonan al FA. O en jóvenes que no vivieron en carne propia la
devastación neoliberal y dan por sentado el intervencionismo estatal en la
economía y la relativa contención de la barbarie capitalista. Jóvenes a los que
ya no seduce la palabra, ni la argumentación persuasiva, sino que se ven
maniatados por el culto de la imagen, el monopolio de la apariencia ejercido
por los medios de comunicación audiovisuales oligopolizados, los mismos a los
que el presidente Mujica les concedió graciosamente la continuidad de la
ocupación del éter público, hipotencando el futuro del mensaje.
No deja de
resultar paradojal que las dos experiencias de convergencia de izquierdas y
reformismos más originales, con una ejemplar organización de bases y
horizontalidad, el PT y el FA, terminen desmovilizadas, vaciadas y jugando en
la cancha y las reglas cuyo repudio parecen haber olvidado: las del
electoralismo mediático y el personalismo sustituista.
Aunque no
creo que pueda establecerse unicausalidad, ni correlatos mecánicos, el olvido
de los dos pioneros de la política como crítica y superación del régimen
representativo, no puede excluirse de un balance a la hora de confrontar las
perspectivas, cualquiera sea el resultado final entre estos dos últimos
ejemplos con el boliviano. El MAS tuvo la valentía de organizar un proceso de
debate y luchas por un reforma constitucional que lejos de resultar totalmente
superadora de las limitaciones del “ancien regime”, abrió resquicios para la
participación política de los excluidos históricos concediéndoles derechos
inéditos, aún a costa de acompañarlos con el atajo reeleccionista, tan
fertilizante de los personalismos. Comprendió que la política no es sólo la
superestructura de la base económica sino también un posible campo de
transformación institucional.
Cuando las
alternativas electorales quedan ceñidas en el campo de las medidas
económico-sociales -cuya importancia no minusvaloro, aunque tampoco absolutizo-
y si luego éstas son sólo efectos publicitarios desgajados de implementación
futura, meras promesas sin garantía de efectivización carentes de compromisos
programáticos, es muy probable que se expanda el imaginario ideológico de
igualación entre todos los políticos, cada vez más divorciados a su vez de la
sociedad civil. En tal contexto político-cultural, se van quebrando
fidelidades, inclinaciones ideológicas o morales, induciendo a priorizar
crecientemente intereses inmediatos de mejoramiento de las condiciones de vida.
O en otros términos a optar por quién logre concitar algún tipo de confianza en
la resolución de necesidades individuales o fraccionales, cosa nada ajena a la
seducción por imagen y la manipulación publicitaria. El debate queda
restringido a la eficacia.
Una vez
aceptado este juego y lanzada la disputa, ya no hay otro camino posible que la
conquista de la credibilidad. Afortunadamente los progresismos pueden apelar a
la experiencia de gobierno y la confrontación con el pasado para intentar
conquistarla. Pero no se espera de ellos sólo eficacia sino también
legitimidad. Como en Bolivia.
OCTUBRE
SERÁ UN MES CLAVE PARA LA IZQUIERDA LATINOAMERICANA
Más
de 150 millones de sudamericanos acudirán a las urnas en Uruguay, Brasil y
Bolivia, países dominados por esta corriente política.
Pulzo
de Colombia (www.pulzo.com/mundo)
El Movimiento
al Socialismo (MAS) en Bolivia gobierna desde el 2006, el Frente Amplio en
Uruguay desde el 2005 y el Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil desde el
2003.
Dilma Rousseff, heredera del carismático
expresidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), buscará un segundo mandato
en Brasil el 5 de octubre. Por su parte, Evo Morales, primer jefe de Estado indígena de Bolivia y acérrimo
crítico de Washington, buscará el tercero el 12 de octubre.
José Mujica, el exguerrillero de estilo austero que
gobierna en Uruguay, país donde no se permite la reelección consecutiva, apoya
como candidato a la presidencia al exmandatario de la coalición de izquierda Tabaré Vázquez (2005-2010), para los
comicios previstos el 26 de octubre.
"Si me
hubiera preguntado por las elecciones hace un año, hubiera dicho que, en las
tres, la continuidad estaba asegurada", explica Carlos Malamud,
especialista en América Latina del Instituto Real Elcano de Madrid.
"Sin
embargo, en los últimos meses, tanto en Uruguay como en Brasil el escenario se
ha modificado y bastante", con la presencia de dos imprevistos candidatos
opositores -el uruguayo Luis Lacalle
Pou y la brasileña Marina Silva-, que hacen inevitable una segunda
vuelta electoral, en la cual podrían incluso llegar al poder.
Duelos apretados
Contra todo
pronóstico, Lacalle Pou ganó en junio en Uruguay las primarias del Partido
Nacional (centro-derecha) y desde entonces su popularidad no ha parado de
crecer. Una encuesta publicada el miércoles le atribuye un 28% de intención de
voto (y 11% al otro partido de derecha, su aliado tradicional) contra un 40% para
Vázquez.
En Brasil,
Silva se convirtió en candidata tras la dramática muerte en un accidente de
avión en agosto del socialista Eduardo Campos, a quien acompañaba en la fórmula
como candidata a la vicepresidenta. El instituto Datafolha le daba el miércoles
un 47% de intención de voto en la segunda vuelta contra un 43% para Rousseff.
"En
estas elecciones, Silva es a Brasil lo que Lacalle Pou a Uruguay", opina
Adolfo Garcé, investigador de Ciencias Sociales de la Universidad de
Montevideo.
"Los dos
crecen en buena medida en la opinión publica, apoyándose en cierto clima de
decepción, de desgaste, de mal humor de la opinión publica ante una serie de
gobiernos de izquierda", considera.
Brasil, en
recesión desde hace poco, es terreno de fuertes protestas sociales y Silva, una
ecologista negra de 56 años "consigue encarar un rostro de ese
cambio", de "esa oposición sin partido que salió a las calles en
junio del 2013" frente a Rousseff, de 66 años, estima André Cesar,
analista de la consultora Prospectiva.
En Uruguay,
Lacalle Pou, de 41 años, se presenta con un estilo más fresco y renovador
frente al veterano Vázquez, de 74, que "se ha desconectado de la opinión
pública" al suponer que "es el mismo electorado que hace 10 años
atrás", subraya Ricardo López Gottig, analista del Centro para la Apertura
y el Desarrollo de América Latina.
"Por
ejemplo, Tabaré Vazquez no usa las redes sociales" y "no quiere
debatir" con sus competidores, agrega.
Evo Morales, el único que la tiene fácil
El presidente
de Bolivia obtendría un 56% de los votos según las encuestas, y se encuentra
muy por delante de su rival de centro derecha, Samuel Doria Medina (17%).
"El
presidente Morales nunca debatió para las elecciones y le fue muy bien",
con un 54% de los votos en 2006 y 64% en 2010, explica Marcelo Silva, profesor
de la Universidad de La Paz, al preguntarse por qué entonces debatiría ahora.
Gracias a una
calma que debería llevar el crecimiento económico a un 5% este año y una
oposición casi inexistente, se prevé que Morales sea la excepción a pesar del
cansancio de la opinión pública.
En general
"comienzan a soplar vientos en la región, conjuntamente con el fin del
ciclo económico tan favorable que tuvo sobre todo América del Sur, que buscan
una renovación del liderazgo", afirma Daniel Zovatto, director para
América Latina del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia
Electoral.
Tras años de
crecimiento, "parte de la nueva clase media podría regresar a la
pobreza" o "pedir más calidad de vida, mas servicios públicos" a
quien esté en el poder, concluyó.
TRANSFERENCIA
DE CARGA BOLIVIANA SE SUMA A REPUNTE DE PUERTO DE IQUIQUE
Aumentó
en un 9% la transferencia de carga entre julio 2013 y el mismo mes en 2014
Mundo
Marítimo de Chile (www.mundomaritimo.cl)
Con casi 30
mil toneladas a favor respecto a igual mes de 2013, julio 2014 marca un
positivo cambio en la transferencia de carga total del Puerto de Iquique. Los
embarques y desembarques bolivianos también se sumaron al repunte con un alza
de alrededor de 1.400 toneladas. Aunque el tonelaje acumulado transferido por
Bolivia aún no supera al de 2013, la diferencia alcanza sólo un poco más de 3
mil toneladas.
El embarque
boliviano destacó con una variación del 22% entre julio de 2013 y 2014,
evidenciando la importancia del Puerto de Iquique para Bolivia. En este
sentido, la ruta que conecta a Iquique con Oruro, está completamente terminada
en el territorio chileno.
Una vez
pavimentado el 10% restante que queda en Bolivia, el Puerto de Iquique podrá
posicionarse como una de las mejores alternativas para Oruro, Cochabamba y
Santa Cruz. Hoy, las estadísticas apuntan precisamente en esa línea, destacando
las exportaciones bolivianas a través de Iquique. Si bien la carga de
mercadería boliviana subió en un año, paralelamente el desembarque mantuvo
cifras similares entre julio de 2013 y 2014.
De acuerdo al
gerente general de Empresa Portuaria Iquique (EPI), Alfredo Leiton, Bolivia es
y será siendo uno de los mercados externos más relevantes para el Puerto de
Iquique. El comercio actual entre ambos países, en especial entre Iquique y
Oruro es muestra de una relación histórica que busca vincular económicamente
las ciudades desde 1864.
Incluso,
observando los tres últimos años, la transferencia de carga boliviana en el
Puerto de Iquique aumentó de 135.000 toneladas en 2012 a 195.000 toneladas en
2013. Actualmente el tonelaje acumulado durante 2014 es de 99.972, sólo un 3%
por debajo en 2013 en el mismo mes.
YURI FERNÁNDEZ: "EL OBJETIVO SIEMPRE ES DEJAR LA
VILLA"
Clarín de Argentina (www.clarin.com)
Llegó desde
Oruro, Bolivia, hace 20 años. “La crisis y la necesidad me llevaron a buscar
mejores condiciones de vida”, cuenta Yuri Fernández, sastre de oficio. Al
principio, vivió y trabajó en un taller clandestino del Bajo Flores. Hasta que
en 1995 entró a la textil Brukman y con su familia se mudaron primero al Barrio
Rivadavia y, hace 16 años, a la 1.11.14. Cuando Brukman quebró, sus
trabajadores la recuperaron y hoy Yuri es uno de sus delegados. También es
delegado de la manzana 9 de la villa.
“La mayoría de
los inmigrantes trabajamos en negro, muchas horas y con salarios bajos, y no
tenemos la documentación al día. Nos es imposible alquilar y comprar es un lujo
inalcanzable. Construimos viviendas y cosemos ropa de marca y no podemos
acceder a esos bienes. Por eso vivimos en villas”, explica, sentado en la sala
de una casa sin ventanas ni luz natural. La construcción da a un pasillo
interno. “La luz se corta a cada rato, y a la tarde se corta el agua –afirma–.
En muchas manzanas no hay cloacas. En la mía sí, porque la hicimos los vecinos,
pero cuando llueve mucho rebalsa. También hicimos las conexiones de luz y agua.
El Estado no nos dio nada. La ley 403 ordena urbanizar la villa, pero no la
cumplen. En diez años la población se cuadriplicó y vivimos hacinados. La
mayoría alquila”.
Yuri no: compró
un terreno e hizo su vivienda. Abajo están la cocina, el baño, su taller de
costura y un cuarto, en el que vive con su señora. Hay dos cuartos más, en un
1° y 2° piso, donde viven sus cuatro hijos de entre 21 y 27 años, y una nieta
de 3. “Dos de mis hijos estudian enfermería, uno para docente y otro
Arquitectura –dice–. El objetivo siempre es dejar la villa. No es digno vivir
en un lugar así”.
“Queremos poder
tener todo legal”
Soy de Bolivia,
vinimos hace 20 años con mi esposo y mis cuatro hijas. Acá estaba toda la
familia de mi esposo y nos animamos, pero nos costó mucho acostumbrarnos. Al
principio nos alojó un cuñado, mi esposo trabajaba en una fundición y yo en una
fábrica de medias de nylon, era la época del 1 a 1 y aunque juntábamos lo más
que podíamos no llegábamos. Hasta que encontramos acá en la villa la misma
casita en la que vivo ahora, eran unos paraguayos que se estaban volviendo a su
país y mi cuñada nos ayudó a pagarla: nos costó cuatro mil (pesos/dólar). La
familia nos decía que no era un buen lugar pero nosotros pensamos: no, vamos a
salir adelante. Y nos acomodamos. Mis hijas han hecho una vida normal, como en
todos lados hay que tener un poco de cuidado pero sí, vienen amigas de otros
barrios y se cambian en casa antes de salir, todas esas cosas. Si quisiera
irme, puedo salir, pero vivimos bastante bien acá. Solo queremos los papeles de
la casa, y pedimos medidor para poder tener servicio de luz. Queremos poder
tener todo legal.
LA
ALIANZA EN CAMPAÑA
Informe
21 de España (www.informe21.com)
Si ya
resultaba interesante que la Alianza del Pacífico fuera motivo de debate entre
países, lo es mucho más que se haya convertido en asunto polémico al interior
de los países. En las tres naciones sudamericanas que celebrarán comicios
presidenciales en octubre, la Alianza del Pacífico que conforman México, Chile,
Perú y Colombia ha pasado de ser un tema de política exterior a constituir
parte del orden del día doméstico. En los tres, los líderes opositores, que en
al menos dos casos tienen serias posibilidades de ganar y en el otro de hacer
buen papel, la han reivindicado, ofreciendo integrarse a ella o por lo menos
expandir los lazos con ella, en contra de la línea mantenida por sus gobiernos.
Se trata de
un giro de la máxima significación. Hasta hace unos meses era costumbre leer
opiniones adversas sobre esta iniciativa de integración de países de visión más
bien liberal en boca de líderes de signo contrario, como Evo Morales, que la
considera una “conspiración de Estados Unidos para dividir a Unasur”. Ningún
líder político de fuste parecía dispuesto a romper allí una lanza en defensa de
ella. Otra forma en que los países de visión más bien estatista y
proteccionista enfrentaban a la Alianza era más sutil: Brasil, por ejemplo,
como se lo contaba a uno medio mundo en Santiago, buscaba por la vía
diplomática desacelerar esta iniciativa, cultivando a sus críticos o tentando a
sus partidarios más tibios. Desde el otro lado, ningún gobierno aliancista
parecía interesado en entrar en un “cuerpo a cuerpo” con los gobiernos
críticos, contentándose con dejar que fuesen los hechos consumados los que
hablaran solos. Pero esos hechos -por ejemplo el anuncio de la eliminación del
90 por ciento de los aranceles entre México, Chile, Perú y Colombia- eran en sí
mismos una forma de responder a Brasil y al ALBA.
Hoy todo eso
ha cambiado gracias a las campañas electorales de Brasil, Uruguay y Bolivia. En
Brasil, Marina Silva, la estrella emergente de la campaña y retadora pugnaz de
Dilma Rousseff, ha plasmado en un documento de 250 páginas que contiene el
programa de gobierno una visión sobre la integración de su país con el resto de
la región muy distinta de la imperante. Allí, mencionando de forma puntual a la
Alianza, anuncia que abogará por “flexibilizar” las reglas del Mercosur para
poder hacer acuerdos bilaterales con terceros si los demás miembros están en
desacuerdo. Pone como ejemplo de cómo la situación actual trae perjuicios a
Brasil el caso de la negociación entre Mercosur y la Unión Europea, que lleva
años trabada por las resistencias de Argentina. Según ha explicado ella misma,
no quiere repetir esto en relación con la Alianza y por ello se hace necesario
modificar las restricciones que ahora impiden que Brasil negocie con los países
de ese grupo latinoamericano.
Esta no es
una visión expresada efímeramente al calor de una campaña para diferenciarse
del adversario, sino parte de un documento que la candidata presentó en persona
junto a dos figuras determinantes de su equipo: el economista Eduardo Giannetti
da Foneca y Neca Setúbal, la accionista del imperio Itaúsa que controla el Itaú
Unibanco, el mayor banco de la región, y que coordina muchos aspectos de la
campaña. Que una líder ecologista que fue ministra de Lula haga una propuesta
de esta naturaleza tiene una connotación sorprendente. Por cierto, esto ha
animado a otro líder opositor, el candidato socialdemócrata Aécio Neves, que va
tercero en los sondeos, a retomar su entusiasmo por la iniciativa de
integración, que ya había expresado en 2013 pero que desde entonces no había
figurado de manera prominente en sus pronunciamientos. Neves sostiene que
Mercosur está “anquilosado” y que la Alianza es un ejemplo de cómo se puede
hacer para que una iniciativa integradora como la del Mercosur se convierta en
una área de libre comercio que permita a los miembros firmar acuerdos con
terceros sin cortapisas.
No es posible
a estas alturas medir con exactitud de qué manera la presión opositora influirá
en Dilma Rousseff si logra la complicada reelección, pero todo indica que el
escenario ha cambiado mucho con respecto a los tiempos en que Brasilia actuaba
diplomáticamente -y de forma esporádica también lanzando algún dardo- en contra
de la Alianza. A partir de ahora seguir actuando así entraña un costo para el
Partido de los Trabajadores. Desde luego, si Marina Silva gana con apoyo de
Neves y del Partido Social Demócrata -y eventualmente se le une en el gobierno
el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, actualmente aliado al Partido
de los Trabajadores, pero con crecientes muestras de simpatía por la
oposición-, puede darse un giro copernicano en ese país en materia de política
latinoamericana. Ya Marina Silva ha dicho muy específicamente que pretende “nuevos
estándares” comerciales con Chile, por ejemplo. Esto, en cuanto a sus
relaciones comerciales con América Latina. Pero su visión va más allá y
ambiciona “relanzar el dinamismo comercial con Estados Unidos y la Unión
Europea”. Eso implica que su relación con la Alianza podría ser parte de la
relación con el Asia, el otro referente.
En Uruguay
está sucediendo algo no menos digno de atención. El candidato del Partido
Nacional, Luis Lacalle Pou, se ha acercado mucho al favorito, el ex Presidente
Tabaré Vázquez, del Frente Amplio, la gran coalición de izquierda. En algunos
sondeos incluso aparece por delante del oficialista. Lacalle ha hablado de una
“profundización de los vínculos con la Alianza del Pacífico” en el marco de sus
10 propuestas de política internacional. En cambio, el Frente Amplio no
menciona a la Alianza en su programa de gobierno.
La actitud
del gobierno uruguayo, hay que reconocerlo, ha sido distinta con respecto a la
Alianza que la de otros miembros del Mercosur, como Brasil, Argentina y Bolivia
(también lo ha sido la de Paraguay). Tratándose de una economía más abierta,
Uruguay ha querido presionar a sus socios para que adopten una visión más
propicia al libre comercio y ha mantenido relaciones bastante correctas con el
espacio comercial de México, Chile, Perú y Colombia. De hecho, el
vicepresidente Danilo Astori -probable ministro de Economía o canciller si
ganara Vázquez- ha participado en muchas de las reuniones de la Alianza por ser
Uruguay uno de los 25 países observadores. Montevideo no ha querido desmentir
rotundamente las constantes rumores sobre la eventualidad de una integración
formal al grupo, aunque es posible que esa actitud haya tenido más bien el
objetivo de presionar a sus socios actuales. Son conocidas las tensiones de Uruguay
con Argentina.
La línea de
Lacalle es mucho más nítida porque, sin llegar a hablar abiertamente de una
integración plena con el espacio aliancista, su propuesta de estrechar las
relaciones tiene un mensaje implícito que propios y extraños han sabido entender
como un giro de política exterior y comercial importante. En la eventualidad de
una victoria de Marina Silva con apoyo de Aécio Neves en segunda vuelta en
Brasil y de Lacalle en el balotaje de Uruguay (con respaldo del Partido
Colorado, el otro opositor), se puede dar un escenario en el que dos países del
Mercosur pongan a sus socios ante un disparadero, obligándolos a aceptar o bien
una inclinación de facto hacia la iniciativa de México, Chile, Perú y Colombia
o una modificación sustancial de sus propias reglas.
En Bolivia,
mientras tanto, Jorge Quiroga, el ex presidente que candidatea por el Partido
Demócrata Cristiano, ha hablado en términos muy desafiantes. “Algo estratégico
para Sudamérica en el siglo XXI es la Alianza del Pacífico… es la alianza más
importante de Sudamérica”. Ha llegado a decir que pedirá que su país se una a
ella, porque el “futuro está en Asia y se la puede aprovechar para llegar a
esos mercados”. Para atizar más el fuego, ha vinculado el aspecto económico y
comercial al de la reivindicación marítima, señalando que unirse a ella tendría
“un contenido simbólico” por tratarse de una integración por la vía del Océano
Pacífico.
A diferencia
de Silva y Lacalle, Quiroga todavía está lejos del oficialismo en las encuestas
y enfrenta un proceso electoral sesgado para que gane Morales, pero es la
primera vez que alguien desafía en esta materia al presidente, que es quien más
duras expresiones públicas ha tenido contra la iniciativa integradora de libre
comercio. Si logra hacer un buen papel en las elecciones y posicionarse como
líder de la oposición, este será seguramente uno de los caballitos de batalla
de Quiroga contra el gobierno, colocando a Morales a la defensiva en una
materia en la que hasta ahora había jugado a la ofensiva.
Todo esto
supone un giro coqueto de la política latinoamericana: en el preciso momento en
que desde Chile, uno de los miembros clave de la Alianza, se emitían señales
menos entusiastas con esta iniciativa de las que había habido hasta el cambio
de gobierno, y cuando todavía no se disipaban del todo las dudas sobre si el
PRI, de nuevo en el poder en México, mantendría la misma visión que el PAN,
desde los países y bloques competidores situados en las antípodas llegaban las
señales de signo positivo.
Chile ha
matizado en los últimos tiempos lo que al comienzo del nuevo gobierno parecía
ser una resistencia casi explícita y en México ya no queda duda de que Peña
Nieto tiene el corazón en la Alianza, independientemente de que haya sido su
predecesor quien primero apostó por ella en su país. Pero no deja de ser cierto
que esta iniciativa corría el peligro de frenarse si no surgían impulsos
renovados. Esos impulsos vienen hoy preferentemente desde Brasil, Uruguay,
Bolivia y otros países (en la propia Venezuela la oposición democrática ha
invocado a la Alianza como un paradigma de relaciones comerciales).
De lo que más
habrá que estar pendientes es de lo que suceda en Brasil, por supuesto. La
Alianza representa un tercio de la economía latinoamericana, una mitad de sus
exportaciones y una población de más de 200 millones, por tanto es una especie
de Brasil II pero con una propuesta diferenciada de la estatista y
proteccionista. Hasta que surgieron voces tan clamorosas al interior de Brasil
en favor de la Alianza, lo común era entender que se estaba produciendo una
rivalidad por lo menos tácita entre esas dos potencias. Aunque la Alianza no
defendía sus políticas en el plano político e ideológico en foros
internacionales, en tratos diplomáticos y en la dialéctica política de forma
explícita, su mera existencia era un polémica tácita con Brasilia. Ahora es
Brasilia la que polemiza consigo mismo mientras la Alianza observa expectante.
La Alianza
está en campaña, pero no por iniciativa propia sino de sus rivales. Las vueltas
que da la vida.
EL
TRIUNFO DE LA PERSEVERANCIA: LA RESOLUCIÓN DEL G77+CHINA ANTE LA ONU SOBRE
DEUDA SOBERANA
La
Tercera de España (www.tercerainformacion.es)
El G-77+China
(conformado por más de 130 países) aprobó en el marco de la Asamblea General
del 9 de septiembre de 2014, la propuesta de crear un mecanismo de
reestructuración de deuda soberana sustentado en la Organización de Naciones
Unidas (ONU). Dado que todos los países del G-7 (Alemania, Canadá, Estados
Unidos, Francia, Italia, Japón y Gran Bretaña) son altamente endeudados (usando
la definición del Banco Mundial de más de ciento por ciento de la deuda en
relación al PIB), este mecanismo podría aplicarse más allá de las economías
emergentes y en desarrollo para abarcar a todos los países que suscriban el
mismo. En adelante, tendrán un año para construir el mecanismo pudiendo seguir
los lineamientos de la UNCITRAL (Comisión de las Naciones Unidas para el derecho
mercantil internacional).
La votación a
favor representa un triunfo latinoamericano liderado por Argentina y propuesto
por Bolivia. Recibió el apoyo de todos los países de América Latina a excepción
de México. Costa Rica y el Perú cambiaron su voto en el último momento. Sin
embargo, es una mala noticia para la mayoría de las organizaciones de la
sociedad civil europea que trabajan el tema de la deuda si se toma en cuenta
que sus gobiernos emitieron los votos en contra. La excepción es Noruega, que
ha tomado una postura positiva sobre el asunto. En América Latina, los
profesores Oscar Ugarteche y Alberto Acosta propusieron una Tribunal
Internacional de deuda soberana construido desde la ONU, publicado en español
en 2006 por Polis y en inglés en el 2007 por el Finnish Journal of Latin
American Studies. Esto diferencia su propuesta de la de otros países europeos y
de la del propio Fondo Monetario Internacional (FMI). Desde el 2000, el mundo
se dirigía hacia una crisis de deuda y no existían mecanismos en ciernes, como
mostraron Argentina en el 2001 y Uruguay en el 2002.
La profesora
Anne Krueger propuso en 2001 desde el FMI y con el apoyo de la ONU, un
mecanismo de reestructuración de la deuda soberana (SDRM por sus siglas en
inglés) que operaría dentro de casa. El argumento era que había mucho contagio
financiero. El proyecto fue echado abajo por el Departamento del Tesoro de
Estados Unidos en agosto del 2002. John Taylor ha escrito cómo la ayuda del
Departamento del Tesoro en el caso de Uruguay, en agosto de 2002, facilitó la
recuperación económica de dicho país,(2) lo que fue una detonante para acabar
con la iniciativa del SDRM.
Únicamente en
el 2014, después del caso del fondo de inversión NML Capital contra Argentina y
del fallo final del juez Griesa, quien ordena que los últimos acreedores que no
han restructurado, cobren más que los primeros que renegociaron su deuda, es
que quedó en evidencia que hay un problema financiero de carácter sistémico. La
respuesta no tardó en llegar por parte de la Asociación Internacional del
Mercado de Capitales (ICMA por sus siglas en inglés), el mismo día que la
iniciativa del G-77+China se introdujo en la Asamblea General para su votación,
el 29 de agosto del 2014.
Las reformas
propuestas por el ICMA, respaldadas por el Tesoro de Estados Unidos, en esencia
afirman que las reglas estadounidenses aplicadas sobre Argentina están
equivocadas. Afirman que "[…] el emisor no tendrá ninguna obligación de
pago igual o catastral en cualquier momento con respecto a cualquier otra deuda
externa y, en particular, no estará obligado a pagar otra deuda externa en el
mismo tiempo o como condición para el pago de las cantidades adeudadas bajo los
bonos y viceversa".(3) Al mismo tiempo acaban con el pari passu.
En segundo
lugar, reducen los umbrales para el numero de tenedores de bonos que puedan
entrar en una negociación "que se transmite por la mayoría de: (A) al
menos el 66 2/3 por ciento del monto del capital total de los títulos de deuda
en circulación de las series afectadas; y (B) más de 50 por ciento del monto
total del capital de los valores en cada una de las series afectadas
[...]". Estas reformas van en la dirección correcta, pero son
insuficientes.
El G77+China
ha hecho una incursión en la internacionalización de las cortes, la ley y la
jurisdicción que será resistida por los once países que votaron en contra:
Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Israel, Japón, Australia, Canadá,
Hungría, República Checa, Irlanda y Finlandia. A favor votaron Brasil, Rusia,
India, China, Sudáfrica, (BRICS) más la mayoría de América Latina, África y
Asia. Las abstenciones vinieron básicamente de Medio Oriente y los países
insulares más algunos nuevos países europeos junto con Francia, Grecia, España
e Italia. En cuanto a la abstención gala, es sorprendente dado que el Club de
París tiene por sede el Tesoro francés, mientras que los países mediterráneos
con alto endeudamiento se mostraron renuentes a asustar a los mercados
financieros internacionales. La abstención de Francia debe por tanto verse como
un voto en contra, y la de los países mediterráneos como un voto a favor.
La reacción
de la representante de Washington, Terri Robl, puso sobre la mesa el hecho de
que no esperaban la presentación de la propuesta, y mucho menos que obtendría
mayoría absoluta de votos. La estadounidense sostuvo que un mecanismo (de
reestructuración de deuda) se está discutiendo actualmente en el FMI si bien,
en el 2002, el Departamento del Tesoro bloqueó al SDRM a cambio de un mecanismo
de mercado. El segundo argumento en contra de Robl es que iba a crearse
incertidumbre económica, punto que no fue levantado ni en el año 2002 ni en el
más reciente debate del ICMA. El lanzamiento del UNCITRAL no creó ninguna
incertidumbre. También dijo que en el pasado, el Tesoro había preferido los
mecanismos de mercado, recordándole a los memoriosos sobre lo ocurrido en el
2002.
En suma, la
resolución ante la ONU es un golpe al dominio de todos los mecanismos legales
relacionados con las finanzas de parte del capital financiero internacional, y
es un primer paso en la dirección correcta hacia la construcción de un
mecanismo global para las finanzas globales. El gobierno de Estados Unidos
odiará esto, pero no importa, los problemas globales requieren soluciones
globales, independientemente de las creencias del Departamento de Estado y el
ICMA y del equipo del Proyecto para el Nuevo Siglo Americano. Otro mundo es
posible y vamos para allá.
¿HACIA UN SUBIMPERIALISMO BRASILEÑO?
Mendoza de Argentina (www.mdzol.com/opinion)
En tanto el
liderazgo de Brasil se consolida en América del Sur, aumenta la preocupación de
sus vecinos. Algunos autores creen que Brasilia está promoviendo políticas
subimperialistas y que grandes multinacionales como Vale, Petrobras o Camargo
Corrêa están ayudando a expandir esa nueva hegemonía.
Desde que, en
la última década, Brasil se ha consolidado como potencia hegemónica en
Sudamérica, se han escrito ríos de tinta sobre las implicaciones de ese
liderazgo para sus vecinos, en especial para los más pobres, como Paraguay y
Bolivia. Ya en los 70, el teórico
brasileño Ruy Mauro Marini habló de “subimperialismo brasileño” en
el contexto de la dinámica centro-periferia. Marini sostenía que el equipo
tecnocrático-militar que asumió el poder tras el golpe militar de 1964 poseía
un “proyecto político” que implicaba la “construcción de un área de influencia
y vigilancia en la región” bajo la égida de Washington. Medio siglo después, y
tras doce años de gobiernos progresistas con Lula da Silva y Dilma Rousseff,
las elites económicas del país, tanto la tradicional clase terrateniente como
la próspera burguesía industrial de São Paulo, son más poderosas que nunca y
cuentan con el firme apoyo del aparato estatal. Mientras tanto, en los países
vecinos pero también en el mismo Brasil, intelectuales de izquierdas y
movimientos sociales comienzan a preguntarse si ciertas políticas impulsadas
por Brasilia son coherentes con un discurso oficial plagado de referencias a la
integración regional y la buena vecindad.
La geopolítica
americana ha cambiado mucho en las dos últimas décadas. Los expertos coinciden
en que Latinoamérica ha dejado de ser el patio trasero de Estados Unidos y,
aunque México conserva su influencia en América Central y el Caribe, Brasil ha
consolidado su liderazgo en América del Sur. En su reciente ensayo Brasil
Potencia. Entre la integración regional y un nuevo imperialismo, el
intelectual uruguayo Raúl Zibechi sostiene que “el ascenso de Brasil al rango
de potencia es un proceso irreversible y conflictivo”, si bien “aún no sabemos
si el Brasil Potencia se convertirá en un nuevo imperialismo”. Algo sí parece
evidente: el país no aspira apenas al liderazgo regional, sino a jugar un rol
destacado en el tablero global del siglo XXI. Se trata, añade Zibechi, de un
“desafío inédito”: es la primera vez que emerge una potencia intrarregional en
América Latina.
Ese ascenso de
Brasil se sostiene sobre la alianza entre las elites brasileñas y el aparato
estatal, alianza que, paradójicamente, se ha fortalecido desde la llegada al
poder del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, en 2002. Al contrario que
en otros países de la región, la burguesía brasileña tiene un claro proyecto
político y ha obtenido el apoyo del lulismo para llevarlo a cabo: “busca un
reposicionamiento ventajoso de Brasil en la división internacional del
trabajo”, señala Zibechi, y eso se traduce en una “concentración y
centralización del capital para competir fuera de sus fronteras”. En otras
palabras, ha calado la idea de que, para tener algo que decir en el tablero
global, un país debe ser sede de fuertes compañías transnacionales. Y desde ese
convencimiento ha desplegado el Palacio del Planalto (sede del poder Ejecutivo)
una estrategia de internacionalización de las empresas brasileñas, con dos
destinos preferenciales: los países vecinos sudamericanos y, cada vez más,
África Occidental.
Si con el ex
presidente Fernando Henrique Cardoso se acometieron los procesos de
privatización de las empresas públicas, con Lula esas empresas se concentraron
y fusionaron, para después lanzarse fuera de las fronteras brasileñas. Algunas
de esas firmas son ya líderes mundiales: la minera Vale do Rio Doce, la
petrolera Petrobras, las constructoras Odebrecht y Camargo Corrêa. La inversión
extranjera directa (IED) de multinacionales brasileñas en el exterior supone
unos 190 mil millones de dólares (unos 147 mil millones de euros) según una
investigación del Instituto Brasileño de Relaciones Internacionales; la suma es
equiparable a los PIB de Ecuador, Uruguay, Bolivia y Paraguay, juntos. Y, en 2011, las
transnacionales brasileñas repatriaron 21.200 millones de dólares,
el equivalente al PIB paraguayo.
El papel del
BNDES
La dirección
estatal fue clave en ese proceso: el Gobierno promovió concentraciones y
fusiones, como la creación de Brasil Foods en 2009, a partir de la fusión de
las dos mayores empresas brasileñas del sector alimentario: Sadia y Perdigão.
Aunque el factor más importante ha sido el firme apoyo a los procesos de
internacionalización favorecido por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y
Social brasileño, el BNDES. Convertido por Lula en la principal herramienta
para la dirección de la economía brasileña, el BNDES ha visto cómo se
multiplicaba por diez su presupuesto en trece años: de 11.000 millones de
dólares en 1997 a 100.000 millones en 2010, o lo que es lo mismo, un 7% del PIB
brasileño.
La promoción de
proyectos extractivos e infraestructuras a cargo de las grandes empresas
brasileñas ha sido un objetivo fundamental del BNDES, que es uno de los
principales financiadores de los
corredores IIRSA, la iniciativa regional para mejorar e integrar las
infraestructuras en el continente. La apuesta de Lula ha sido por la
financiación de proyectos fuera de las fronteras brasileñas: el
presupuesto del BNDES para esta partida aumentó un 1.185% entre 2001 y 2010.
Las represas
tienen aquí un lugar privilegiado, por cuanto el abastecimiento energético es
una cuestión estratégica para Brasil. Existen alrededor de
150 proyectos de centrales hidroeléctricas en la Amazonia andina y
muchas de ellas serán financiados por el BNDES, construidas por empresas
brasileñas y destinadas a la exportación de energía a Brasil. Perú firmó en
2010 un acuerdo con Brasil para la construcción de cinco centrales
hidroeléctricas que supondrán conjuntamente una capacidad de 6.673 MW, en un
país que consume alrededor de 5.000 MW. El 90% de esa energía, previsiblemente,
se exportará a Brasil. Las obras estarán a cargo de Electrobras y beneficiarán
también a Odebrecht, OAS y Andrade Gutierrez. No participarán empresas peruanas
y, dado que Brasil será el principal comprador de esa energía, es probable que
pueda negociar precios favorables, apunta Zibechi. Además, algunos de esos
proyectos han provocado procesos de resistencia entre las poblaciones
afectadas: es el caso de la represa de Inambari, que requería del
desplazamiento forzoso de 15.000 personas.
Algunos
intelectuales y periodistas han alertado del riesgo de que suceda con estas
represas algo parecido que lo que sucedió con la central hidroeléctrica
binacional de Itaipú, que, en la frontera entre Brasil y Paraguay, es la
segunda mayor del mundo. Es también, para algunos, un ejemplo de la lógica
del subimperialismo: el leonino tratado de Itaipú, firmado en 1973,
en tiempos de dictaduras militares, obligaba a Paraguay a vender a Brasil la
energía que no necesita -usa apenas el 4% de la energía generada- a un precio
muy por debajo del mercado, y ese montante terminaba casi absorbido por el pago
de la deuda que Paraguay contrajo con Brasil por la construcción de la represa.
Aunque las condiciones mejoraron para Paraguay con el nuevo acuerdo firmado en
2011, Itaipú sigue provocando una sensación de injusticia que contribuye a
fraguar la imagen de un Brasil imperialista en el país vecino, donde la soja,
que ocupa el 60% de la superficie cultivable, está en manos de los hacendados
brasileños, propietarios del 80% de este recurso.
En Ecuador, la
confrontación ha sido directa. El Gobierno de Rafael Correa se enfrentó a la
multinacional Odebrecht por la represa de San Francisco, financiada también por
el BNDES. La central tuvo fallos en las turbinas que provocaron la paralización
de la represa apenas un año después de su inauguración. Como en muchos otros
proyectos, el crédito lo recibía directamente la empresa, pero la deuda se
quedaba para el Estado ecuatoriano. Además, el consorcio empresarial se había
blindado por contrato de cualquier responsabilidad por daños, por lo que Quito
debía asumir las pérdidas. Correa decidió expulsar a la multinacional; su
entonces homólogo, Lula, y el canciller, Celso Amorim, defendieron la postura
de la empresa, que es, por cierto, uno de los mayores donantes de las campañas
electorales del PT.
Pero el BNDES
no sólo ha financiado obras e infraestructuras, sino también la expansión en el
extranjero de empresas como JBS S.A., líder mundial en el sector del
procesamiento de carne. El banco ha sufrido críticas por prestar dinero público
a grandes transnacionales a intereses por debajo del mercado. El pasado mes de
octubre, la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo(OCDE)
cuestionó que el BNDES esté dejando fuera de los mercados de crédito corporativo
a los prestamistas privados y sugirió al Gobierno de Rousseff que
retire su apoyo a la entidad.
Las “cuatro
hermanas”
Entre las
principales beneficiarias de la financiación del BNDES están las constructoras
conocidas como las “cuatro
hermanas”: Odebrecht, OAS, Camargo Corrêa y Andrade. Aunque en los
últimos años han diversificado sus actividades, que hoy abarcan desde la
petroquímica y el agronegocio hasta la moda, la construcción civil y las
infraestructuras siguen siendo su más lucrativo negocio. Todas ellas mantienen
una estrecha relación con gobiernos de diverso color político, entre otras
cosas, por ser los mayores financiadores de las campañas electorales. Baste un
ejemplo: Odebrecht aportó 11 de los 17 millones de reales recaudados por el
Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), un partido de ideología
difusa que desde 2002 sostiene la delicada mayoría del PT en el Congreso y el
Senado.
Las “cuatro
hermanas” han sido las más beneficiadas por las obras asociadas al Mundial de
Fútbol y lo serán también de los Juegos Olímpicos que Rio de Janeiro albergará
en 2016. A través de diversos consorcios, se han repartido los 30.000 millones
de reales (casi mil millones de euros) que representan las diez mayores
inversiones de los megaeventos. Mientras, los movimientos sociales gritaban en
las calles que un país con el hábitat de infraestructuras básicas que tiene
Brasil, desde la vivienda hasta el alcantarillado pasando por los hospitales,
no debería gastar el dinero de los contribuyentes en construir estadios de
fútbol. Tampoco han faltado los escándalos: el Ministerio de Trabajo ha
encontrado obreros en
condiciones análogas a la esclavitud en las obras de la represa de Jiraú,
un proyecto financiado por el BNDES y desarrollado por un consorcio en el que
figura Camargo Corrêa, y en las obras de ampliación del aeropuerto de
Guarulhos, en São Paulo. También abundan las acusaciones por cartelización y
sobrefacturación, como en el caso de las obras de
rehabilitación ambiental de la Bahía de Jacarepaguá en Rio de
Janeiro.
LAS HEROICAS TRAVESÍAS DE DOS COMPAÑEROS DE RUTA
ABC de Paraguay (www.abc.com.py)
Surcado por
ríos de sangre, sacudido por estruendo de cañones, el violento siglo XX, con la
pugna entre Paraguay y Bolivia por el Chaco Boreal, asistió a uno de los
conflictos bélicos más importantes desarrollados en América del Sur entre la
Primera Guerra Mundial y la Segunda: la Guerra del Chaco (1932-1935). Cuando
Paraguay enfrentaba la posibilidad de una contienda armada con Bolivia, y cuando
esta por fin estalló, entre aquellos que más activamente contribuyeron, primero
a su preparación, entre 1929 y 1932, y luego, a partir de 1932 y durante todo
el transcurso de la guerra, a su defensa, estuvo el capitán de Navío de la
Armada del Paraguay José Alfredo Bozzano Baglietto.
José Bozzano,
nacido en el barrio de Loma San Jerónimo, de Asunción, el 7 de diciembre de
1895 (en algunas fuentes, el 17 de diciembre de 1896), era hijo del armador
naviero José Bozzano, venido a Paraguay de Varazze, Liguria, y de Benedicta
Baglietto, argentina. Los Bozzano eran constructores navales y algunos habían
venido ya en el siglo XIX a Paraguay a trabajar en su oficio. José Bozzano
entró en 1917 en la Armada como guardiamarina, en 1918 fue destinado a los
Arsenales, diseñó allí embarcaciones y aparatos, el gobierno del presidente
Montero lo envió al Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1919, egresó en
1924 como arquitecto e ingeniero naval, con un posgrado en Ingeniería
Aeronáutica en 1925, siguió mientras tanto cursos en la Escuela de Guerra
Naval, Connecticut, y en la Quinta Base Naval y Aérea, Hampton Roads, y volvió
como arquitecto e ingeniero Naval, máster en Ingeniería Aeronáutica y piloto
aviador naval en 1925 a Paraguay.
Uno de los
motivos de la relevancia histórica de la Guerra del Chaco es expuesto de modo
muy claro por el capitán Bozzano: «El enemigo nos trajo una guerra en la que el
material, en todas sus formas, constituía el factor decisivo. Aquella fue la
primera guerra, en todas las Américas, donde las comunicaciones, el transporte
mecánico, la aviación, la radio, el tanque, el lanzallamas y las minas entraban
en acción como consecuencia de la mecánica industria» (José A. Bozzano:
Reminiscencias, Asunción, Casa Editorial Toledo, 1962, p. 43).
LOS PRESAGIOS
DE GUERRA Y LOS PREPARATIVOS
El periodo
posterior a la Primera Guerra Mundial está marcado en Paraguay por las luchas
internas del partido gobernante, las protestas obreras y estudiantiles y un
sistemático avance de Bolivia en el Chaco, del cual, en el breve gobierno de
Luis A. Riart, se toma conciencia, con lo que se hace consciente también la
necesidad de preparar una defensa.
Las primeras
décadas del siglo XX, sabido es, fueron en nuestro país de guerras civiles, y ,
por su intervención en los conflictos internos, el Ejército fue una institución
bastante afectada por la inestabilidad política. Señala la historiadora Liliana
Brezzo que «la estructura militar como el parque de guerra fueron desquiciados
una y otra vez en las repetidas revoluciones y golpes militares que asolaron el
país desde 1870 a 1922» (El Paraguay a comienzos del siglo XX, 1900-1932,
Asunción, El Lector, Colección La Gran Historia del Paraguay 9, 2010, p. 92).
Luis Riart, en
1924, durante su presidencia provisional, empezó a preocuparse por la
desorganización castrense, y en esto fue seguido por los presidentes
posteriores. Su plan de reorganizar las Fuerzas Armadas y adquirir armamento,
municiones y equipos se comenzó a aplicar bajo la presidencia de su sucesor,
Eligio Ayala (1924-1928), con él, Riart, como ministro de Guerra y Marina. Se
iniciaron cursos en la Escuela Superior de Guerra, se contrataron misiones
militares de Francia y Argentina y en 1931 se incorporaron al Ejército dos
flamantes cañoneros: el Paraguay y el Humaitá.
ESPIONAJE EN
LONDRES Y VIOLENCIA MODERNA
A fines de la
década loca, de los Roaring Twenties británicos, tan intensos en el Londres del
Point Counter Point (1928) de Huxley, concretamente entre 1928 y 1929, José
Bozzano, entonces teniente segundo de marina, era espía y hacía informes como
tal desde esa ciudad, donde, cuenta en sus Reminiscencias (Asunción, Casa
Editorial Toledo, 1962), averiguó «lo que los bolivianos habían comprado:
artillería, cañones, obuses, aviones, ametralladoras livianas y pesadas, proyectiles
para artillería y ametralladoras, gas mostaza en botellones y tanques de asalto
livianos». «Nuestro torvo enemigo», escribe Bozzano en ese libro, «se nos vino
al ataque con un concepto pleno de la guerra moderna».
Ya había pasado
la «Gran Guerra», y, aunque aún no se llamaba la «Primera», la grandeza épica
ya era un sueño roto en la aterrada y ebria joven modernidad de aquellos años,
y las adquisiciones de Bolivia tuvieron que dejarle en claro a Bozzano que el
enfrentamiento sería, como él mismo escribe, una «guerra técnica moderna a base
de armamento mecánico; armas automáticas, aviación, tanques, lanzallamas», con
los antiguos ideales heroicos tal vez no del todo extintos, pero sí en segundo
plano: «era indudable que las acciones no se desarrollarían únicamente con
bayonetas, sables, caballos y lanzas. La lucha sería moderna. El valor personal
no sería (…) el factor decisivo de la contienda» (José Bozzano: Reminiscencias,
Asunción, Casa Editorial Toledo, 1962, p. 11).
LOS GUERREROS
GEMELOS Y SUS DÍAS DE GLORIA
La importancia
del río Paraguay en la defensa del territorio chaqueño y la necesidad de la
Armada paraguaya de dominar esa vía fluvial eran tenidos en cuenta desde hacía
tiempo, y no es raro que el entonces guardiamarina Bozzano llevara a Estados
Unidos los planos de dos buques de guerra que había diseñado y los hiciera eje
de sus estudios de Arquitectura e Ingeniería Naval en el Instituto Tecnológico
de Massachusetts. Cuando volvió a Paraguay en 1925, y ante la cada vez más real
posibilidad de guerra con Bolivia, el presidente Eligio Ayala y su ministro de
Guerra y Marina, Luis A. Riart, aprobaron los planos de los dos cañoneros y
enviaron a su autor a Europa para concretar su fabricación.
Fueron hechos
en Génova, en los astilleros de Nicolo Odero. Bozzano supervisó in situ su
construcción. El Boletín del Centro Naval de Argentina escribió sobre estas
embarcaciones, que fueron bautizadas como el Paraguay y el Humaitá: «Son
consideradas como las naves más modernas y perfectas en su género, pues tanto
en su poder ofensivo como defensivo, han sido aplicados los adelantos últimos
de la ingeniería naval» («Crónica Extranjera. Paraguay», Boletín del Centro
Naval, tomo XLVIII, número 487, 1931, p. 833).
Se hicieron a
la mar desde el puerto de Génova, se adentraron en el océano, se perdieron poco
a poco en lontananza, surcaron durante varios meses los oleajes que separaban
el viejo mundo del nuevo, y llegaron a Asunción el 5 de mayo de 1931. Mucho
tiempo después, en un artículo publicado en la década de 1960 («Actuación de la
Armada antes y durante la contienda chaqueña», Revista de la Armada Nacional,
Asunción, Armada Nacional, año XV, número 81, 1963, p.44), un José Bozzano
anciano ya, con nostálgico pero firme, tajante orgullo retrospectivo, escribiría
que, juntos, el Paraguay y el Humaitá «hubieran podido hacer frente a cualquier
escuadrón naval de aquella época».
DESBARATARON
UNA BANDA NARCO QUE OCULTABA LA DROGA BAJO LA ARENA DE PLAYAS DE PUERTO MADRYN
Se
libraron 64 órdenes de detención; dos hermanos cordobeses serían los jefes de
la organización; los estupefacientes eran traídos desde Bolivia
La
Nación de Argentina (www.lanacion.com.ar)
En un amplio
operativo de drogas que incluyó allanamientos en esta ciudad, Puerto Madryn ,
Puerto Pirámides, Playa Unión y Capital Federal, se desbarató esta madrugada
una banda narco que incluyó la detención del "cabecilla, las primeras
líneas y el contador de la red", en un procedimiento que incautó drogas,
vehículos de alta gama, armas de fuego y dinero en efectivo, según confirmó el
juez federal de Rawson, Hugo Sastre.
"Es la
organización más importante que hemos desbaratado en Chubut. Se libraron 64
órdenes de detención de personas que serán alojadas en la Unidad 6 de Rawson.
Hay dos hermanos cordobeses jefes de la banda", sostuvo el magistrado. El
operativo se denominó "Arenas blancas" debido a que la droga
"venía desde Bolivia, ingresaba al país por el norte y llegaba a Buenos
Aires, para luego llegar a esta provincia y ser enterrada en una cantera en el
área de El Doradillo y en el sector Gauchito Gil", según informó Sastre en
conferencia de prensa.
Desde allí se
fraccionaba y distribuía para su venta. "Le hicimos creer a la banda que
estaba todo relajado, que no investigábamos. Así tenemos la totalidad de las
escuchas telefónicas en donde esta gente estaba en contacto con los que les
vendían la droga. Hay profesionales hasta personas de los estratos más
bajos", relató el juez. "Tenemos la investigación muy avanzada y un
especialista que trabajará la vinculación de la banda con el lavado de dinero.
Hay un monotributista que tenía 37 camiones por ejemplo", añadió.
En los
operativos, que comenzaron sobre esta madrugada, se involucró a 300 policías de
Chubut y 50 de la Federal. "Fue una decisión difícil pero esperamos e
hicimos creer a la banda que estaba todo muy relajado para desbaratar a toda la
red. Los allanamientos se realizaron también en tres lugares de Buenos
Aires", dijo el juez.
"Sabemos
que la droga se almacenaba acá, se distribuía y comercializaba. Hay un mercado
grande y preocupante. Hay profesionales, todo tipo de perfiles. Nuestra idea
fue cortar en un nivel que permita desbaratar a la organización. Esto no quiere
decir que se acabará la droga, pero sí mandamos el mensaje de que acá se trabaja",
enfatizó Sastre,
En cuanto a
los allanamientos realizados en Buenos Aires, precisó que fueron "tres en
Lomas de Zamora, tres en Esteban Echeverría y uno en Monte Grande". Se
detuvo a "dos varones y una mujer extranjeros (bolivianos)", que eran
"las personas que tenían vínculo" con la organización. "Puede
que haya más" detenciones, aclaró.
"No
hemos secuestrado tanta cantidad de drogas. Lo difícil de la situación es
cuándo cortar, a veces no teníamos suficiente prueba para desarticular la
organización. Son misiones difíciles. Uno escuchaba en los medios que no se
hacía nada, que esto es un `viva la Pepa`, que uno es un inepto y la decisión
mía fue seguir investigando, recabando pruebas como para desbaratar la
misma", subrayó.
El jefe de la
División Drogas Peligrosas de la provincia, comisario Leonardo Bustos anticipó
que en el marco de los 75 allanamientos que se realizan en el valle,
principalmente en Puerto Madryn, "hay drogas secuestradas, mucho dinero en
efectivo, cerca de 20 armas y gran cantidad de vehículos". En cuanto a los
detenidos, confirmó que uno de ellos está vinculados a una empresa dedicada a
la explotación de áridos en Madryn y afirmó que los allanamientos están
relacionados con el hallazgo de 500 tizas de cocaína días atrás en una cantera
cerca del basural de la ciudad portuaria la semana pasada.
El ministro
de Gobierno, Javier Touriñán valoró el acompañamiento de la Justicia Federal y
el profesionalismo de la policía ya que "no se filtró absolutamente
nada" durante el tiempo de la investigación.
Dijo que el
nombre del operativo, "Arenas Blancas", se debe a "la
localización, básicamente en Puerto Madryn, y al tipo de droga del que se está
tratando, principalmente cocaína". También precisó que "hay gente con
antecedentes en la materia" e indicó que como estos hechos "son
flagelos para la sociedad y que no hay que tener contemplaciones al momento de
proceder con los hechos judiciales.
Touriñán
sostuvo que a este accionar se le suma "el acompañamiento esencial de la
Justicia que ha ordenado estos tipos de procedimientos, lo que concluye en el
efecto final que se da a partir de la mañana de hoy".
El ministro
de Gobierno reveló que conforme avance la investigación se tendrán mayores
precisiones acerca del volumen de droga secuestrada y otros detalles del
operativo "Arenas Blancas".
LAS MUERTES EN LA AMAZONIA DELATAN LA DIMENSIÓN DE LA
TALA ILEGAL EN PERÚ
El País de España (www.internacional.elpais.com)
El pasado 1 de
septiembre cuatro ciudadanos de la etnia ashánica fueron asesinados en la frontera
de la selva amazónica entre Perú con Brasil. Uno de ellos había sido amenazado
el año pasado por denunciar, con pruebas, la tala ilegal de madera en su
comunidad, ubicada en el departamento de Ucayali, en la zona oriental de Perú.
Una batalla que se prolonga desde hace años. El Organismo de
Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
(Osinfor), la entidad que supervisa la extracción en el 32% del área total de
bosques amazónicos, estima que entre 2009 y 2013 la extracción ilegal ascendió
a más de 31 millones de dólares. La Interpol, sin embargo, indica que el país
pierde unos 250 millones anuales por ese delito; es decir, 1.5 veces de lo que
obtiene la industria legal.
“No se ha
conocido responsables, no hubo interés del Estado en hacer una investigación”,
indica Ruth Buendía, presidenta de la principal organización de la etnia
asháninca, refiriéndose al asesinato en 2013 del jefe nativo Mauro Pío,
amenazado por madereros ilegales en la selva central peruana. La comunidad de
Pío, Nuevo Amanecer Hawai, estaba superpuesta a una concesión forestal de la
empresa Balarín que el Gobierno suspendió después del asesinato del líder. En
2012, un informe de Environmental
Investigation Agency (EIA) demostró que el sistema de concesiones en
Perú es corrupto y opera con información falsa, incluso cuando se trata de la
exportación a EE UU de especies protegidas internacionalmente, como el cedro y
la caoba.
Saweto, la
comunidad de Edwin Chota, uno de los activistas asesinados a principios de
septiembre, enfrenta un problema similar. Chota solicitó al Estado la
titulación y demarcación de su comunidad nativa, que fue inscrita y reconocida
oficialmente en 2003. Sin embargo, un año antes, el Estado había otorgado a
unos privados una concesión forestal por 40 años. “El problema es que una
entidad da los títulos y otra da las concesiones; para una, la comunidad existe
y para la otra, no”, asegura la viceministra de Interculturalidad, Patricia
Balbuena. “Estamos pagando las consecuencias del desorden de la transferencia
de competencias a los Gobiernos regionales”, añade desde Pucallpa, donde
coordina la recogida de los restos desmembrados de Chota y de los otros tres
asesinados.
Mario Osorio,
coordinador en Oxapampa de la ONG Instituto del Bien Común (IBC), que asesora
legalmente a comunidades amazónicas, cuenta que desde el Gobierno de Alan
García (2006-2011) “ha habido muchos cambios en el procedimiento de titulación
y muchos vacíos”. La decisión de titular o no a una comunidad corresponde a las
direcciones regionales agrarias, quienes suelen alegar la falta de presupuesto
para viajar a hacer la demarcación.
Según el
Colectivo Territorios Seguros, que agrupa a 26 instituciones de la sociedad
civil, unos 18 millones de hectáreas de comunidades en la Amazonía peruana no
están tituladas. “La tala ilegal necesita insertarse y lavarse. Corrompe la
institución: no son solo mafias de madera sino también otros poderes ilegales
que han entrado a dominar ante la ausencia del Estado. Es trágico porque Edwin
Chota fue asesinado por tener un rol muy activo contra estas mafias”, asegura a
EL PAÍS Julia María Urrunaga, de EIA.
La
investigadora peruana cuestiona, también, la futura concesión gubernamental de
cinco millones de hectáreas más: “Con este sistema, que ha demostrado ser un
fracaso, entregan más tierra sin controlarla, es más volumen para lavar la
madera”. “En la exportación, Aduanas no tiene capacidad de saber si se trata de
la especie que la empresa dice: si no declaran que es caoba o cedro, nadie va a
mirar”, añade Urrunaga. Un documento de la Superintendencia Tributaria citado
en el Informe de Osinfor de 2014 alerta que no hay “normatividad que exija
descripciones mínimas en la declaración aduanera de exportación de madera”.
Laura Martín,
de la ONG Sustain Labour, con sede en Madrid, conoció a Chota semanas antes de
su muerte. “Contó su caso ante muchas instituciones y mostró los documentos que
gestionó. Aportó pruebas de un delito, lo cual es mandato de la administración
estatal: se lo puso en bandeja pero hubo dejación”. El 25 de abril, Chota
reiteró a la Fiscalía provincial su denuncia, pues la tala ilegal se había
intensificado en el Alto Tamaya, donde se ubica su comunidad, pero tampoco tuvo
respuesta.
“Quien denuncia
tiene que proveer la logística necesaria para hacer las investigaciones",
precisa Max Silva, asesor de la Organización
Regional Aidesep en Ucayali (ORAU), la central principal de
organizaciones indígenas de la selva peruana.
Osinfor asegura
que en áreas bajo permisos forestales otorgados a comunidades nativas —operados
por terceros— encuentran información falsa en los documentos de gestión de la
madera.
Las mafias han
encontrado una nueva forma de operar: obtienen autorización de los Gobiernos
regionales para sacar madera que sea producto de arrastre de río. Osinfor no
tiene competencia para fiscalizar ese rubro, pero describe que para las maderas
que por sus características no pueden flotar hay “una utilización indebida de
esta modalidad”, para la cual no hay límite de autorizaciones. El volumen de
extracción por arrastre de río se incrementa cada año.
Una fuente
estatal que solicita anonimato incide en que la mayor parte de la madera
valiosa en Perú ya fue extraída y para obtenerla “hay que ir cada vez más
lejos, los costos ya no cubren la ganancia, por eso los circuitos ilegales de
la madera son usados también por el narcotráfico”.
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