La
organización criminal “La Gran Familia” estaría operando con todo su poderío y
al parecer hasta recargada, ya que extendió con éxito sus tentáculos a Ecuador,
Colombia y Bolivia, en donde opera asociada a las mafias que controlan los
gremios de construcción civil y otras actividades ilícitas.
Según
informes de inteligencia de la Policía, la banda continúa operando desde
prisión, siempre liderada por Ángel Román León Arévalo (a) “Viejo Paco”, quien
está preso en el penal de Challapalca.
Al parecer
mantendría de alguna forma comunicación con sus secuaces, los que han sabido
mantenerse ocultos para evitar ser captados por el 'radar' policial y terminar
siendo capturados.
Los informes
revelan que esta organización criminal ha desatado, con sus nuevos asociados,
una serie de atentados contra empresarios que tienen prósperos negocios en la
frontera con Perú e incluso en provincias a las que se tiene fácil acceso.
Está en
ecuador
Revelaron,
incluso, que “Chacho Palomino” se encuentra coordinando las acciones de estas
mafias en Ecuador, quienes además le estarían brindando protección de la
Policía peruana que en más de una oportunidad ha intentado detenerlo, pero ha
fallado.
Las fuentes
policiales revelaron que el modus operandi es casi el mismo que emplearon en el
norte peruano, pero que han reclutado a los más sanguinarios delincuentes
quienes no temen enfrentar a la Policía con tal de cumplir sus objetivos.
Refirieron
que la mayoría de los hampones han sido seleccionados de acuerdo a su
especialidad. Citaron por ejemplo que los grupos de asaltantes son peruanos y
ecuatorianos, mientras que los asesinos a sueldo o sicarios son exclusivamente
colombianos, a los que desplazan por todos lados para que cometan los
homicidios.
documentos
falsos
Revelaron que
cruzan la frontera con los documentos de identidad de sus propios países, y no
pueden ser identificados como criminales porque no existe una base de datos
común que permita a las autoridades peruanas, ecuatorianas, colombianas o
bolivianas, identificarlos con facilidad.
Estos fríos
asesinos serían los autores de más de una docena de muertes en todo el Perú y
hasta el momento no son identificados.
Por el
momento la Policía investiga a estos maleantes y espera que pronto haya buenos
resultados.
Se supo que
incluso habría algunos nuevos cabecillas que ya estarían identificados.
alianza
estratégica
De otro lado,
los informes policiales revelan que los cabecillas de "La Gran
Familia" para poder subsistir, esta vez sin exponerse mucho ante la
Policía, han suscrito importantes alianzas con otras mafias delincuenciales,
las mismas que operarían en todo el país, incluso hasta en el extranjero.
Revelaron que
muchas de estas organizaciones están encabezadas por rankeados delincuentes que
son los que ejecutan los más importantes atracos, en los que logran conseguir
importantes sumas de dinero.
"Muchos
de estos delincuentes son de la misma talla que 'Viejo Paco' o quizá hasta más
peligrosos, pero saben mantenerse en el anonimato. No está siendo difícil poder
identificarlos plenamente, ya tenemos sus alias y de dónde son, pero aún
estamos trabajando para lograr atraparlos", dijo la fuente policial, la
misma que reveló que entre julio y agosto se hicieron varios operativos para
atrapar al resto de la banda, pero sin resultados.
Son asesinos profesionales
De acuerdo a
reportes policiales, varios de los sicarios colombianos pertenecientes a esta
organización criminal habrían cometido sonados asesinatos, los que hasta el
momento los investigadores de la Dirincri Lima no pueden resolver.
Se informó
que la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Dirimin)
investiga esta organización con un grupo especial, que incluso ya se habría
desplazado a Ecuador para conseguir información sobre los movimientos de esta
mafia.
Los
investigadores esperan que estas nuevas organizaciones criminales queden al
descubierto lo más pronto posible y que sus miembros sean detenidos y
encarcelados por muchos años.
Estas bandas
han desatado una ola de terror y han derramado mucha sangre de inocentes. Les
espera un severo castigo. (www.larepublica.pe)
TRES ESCENARIOS ELECTORALES DISPARES
Uruguay, Bolivia y Brasil tendrán elecciones. La lucha
opositora y la influencia argentina.
Arg Noticias de Argentina (www.argnoticias.com)
Uruguay, Brasil y Bolivia tendrán elecciones
presidenciales antes de que termine el año. Los tres países presentan
condiciones políticas y electorales dispares. Mientras que en Uruguay, el
presidente está obligado a retirarse porque la constitución impide su
reelección, en Bolivia las encuestas pronostican una contundente victoria de
Evo Morales. Argentina puede verse afectada por la decisión que tomen los
electores de los países vecinos.
En Brasil, la
elección es la más reñida y la más imprevista. Tras el mundial, la presidenta Dilma Rousseff tenía una aceptación que rozaba el 40 por
ciento de la población y era la indiscutible candidata a ser reelecta, pese a
que el país que preside sufre una crisis en su sector industrial. Sin embargo, la muerte del precandidato presidencial socialista Eduardo Campos
hizo que Marina Silva tuviera que competir en las elecciones.
Silva creció en popularidad y hoy las encuestas la posicionan
segunda en la primera vuelta y triunfadora en un posible ballotage. Silva se
opone al matrimonio igualitario y por este motivo perdió a gran parte de su
grupo de trabajo en las elecciones. El gobierno de Dilma corre peligro y desde Brasil Lula Da Silva intenta
recordar los logros de su gestión para volver a posicionarla.
El presidente
boliviano Evo Morales cuenta con todas las ventajas para ser re-relecto. Las
encuestas muestran un favoritismo superior al 60 por ciento y no hay candidato
capaz de acercársele en los sondeos. En las elecciones de 2005, Morales asumió
el poder con el 54 por ciento de los votos, mientras que en 2009 obtuvo el 64
por ciento. En Bolivia este año las elecciones, que se celebrarán el 12 de
octubre, serán decisivas. El pueblo Boliviano elige Presidente y vicepresidente de la República,
130 miembros de la Cámara de Diputados y 36 integrantes del Senado.
En Uruguay el escenario es diferente. El actual presidente
José Mujica deberá dejar el poder sin ser candidato a una reelección que está
prohibida por la constitución. Hace pocos meses, el Frente Amplio (FA) tenía la
victoria casi asegurada por la presencia de Tabaré Vázquez, un hombre
enemistado con la Casa Rosada y que llegó a decir que casi le declara la guerra
a la Argentina por el conflicto de la papelera exBotnia.
El contrincante
de Vázquez es Luis Lacalle, un político que fue catapultado por la interna del
Partido Blanco. El joven se queda con el electorado de su fuerza y del Partido
Colorado, mientras que Tabaré Vázquez apuesta a enfocarse en conquistar el voto
de la clase media con ún cambio en el Impuesto a la Renta de las Personas
Físicas (IRPF).
El próximo 8 de
octubre, se desarrollará un debate televisivo nacional que no contará con la
presencia de Vázquez que se negó a competir. Luis Lacalle Pou -segundo en las
encuestas-, debatirá con Pedro Bordaberry -tercero- y Pablo Mieres, el cuarto.
¿VIENE EL CAMBIO EN BRASIL Y EN AMÉRICA LATINA?
El Nacional de Venezuela (www.el-nacional.com)
Por Carlos
Sánchez Berzaín.- La inesperada candidatura presidencial de Marina
Silva por el Partido Socialista Brasileño), como consecuencia del fallecimiento
del líder y candidato de ese partido Eduardo Campos en un accidente de aviación
el 13 de agosto pasado, ha producido un shock en el proceso electoral de
Brasil.
La amplia
favorabilidad de la presidenta Dilma Rousseff y candidata del Partido de los
Trabajadores ha desaparecido y la favorita es ahora Marina Silva, cuyo triunfo
electoral traería consigo el cambio político y económico en Brasil y en América
Latina.
De acuerdo a
las últimas encuestas, Marina Silva empata con Dilma Rousseff para la primera vuelta
del 5 de octubre y ganaría en la segunda vuelta del 2 de noviembre. La propia
candidata oficialista ha reconocido esta tendencia cuando en el segundo debate
de presidencial del primero de septiembre, se concentró en atacar solo a Marina
Silva con diversos argumentos que buscaban descalificarla.
El segundo
debate presidencial fue prácticamente un duelo entre las candidatas Dilma y
Marina, quedando casi al margen el candidato Aécio Neves del Partido de la
Social Democracia Brasileña. La estadística del debate muestra que entre los
temas la economía ocupó 25,5% de las intervenciones, la actuación política de
los candidatos 16,5% y la seguridad 13%. En estos tres temas la candidata
oficialista no se ha mostrado precisamente aventajada.
Sobre los temas
principales de la elección, en la economía la gestión de Rousseff ofrece malos
datos, se advierte un creciente descontento social que es objeto de la crítica
de Marina Silva. Respecto a la actuación política, la presidenta representa
ahora el oficialismo y las viejas formas de hacer política y Marina la tercera
vía. En cuanto a la seguridad los datos son perjudiciales a la presidenta. En
suma, el proceso electoral muestra a Silva como representando el cambio y a
Rousseff solo como más de lo mismo.
El nuevo escenario
electoral ha alterado toda la estrategia de Rousseff. El periódico O Globo de
Brasil ha publicado que la campaña de la presidenta "piensa solo en
estrategias para quebrar la trayectoria ascendente de Marina Silva". Un
despacho de la agencia Reuters desde Brasilia informa que el comando de campaña
de Dilma Rousseff se reunió para cambiar la estrategia de campaña de reelección
y que "buscará destruir la imagen de Marina Silva como candidata de la
tercera vía".
En política
económica la gestión de Rousseff muestra que el PIB y el per cápita han bajado
por tercer año consecutivo, el desempleo ha subido, el indicador de libertad
económica ubica al Brasil en el puesto 20 de 29 en la región calificado como
"mayormente no libre" y está señalada por no generar confianza a la
inversión extranjera. Importantes sectores de Brasil critican la política
comercial del PT calificándola de perjudicial a las exportaciones brasileñas.
Durante los 8
años de Lula y 4 años de Rousseff el gobierno del PT ha convertido a Brasil en
el mas importante aliado regional del proyecto anti democrático
cubano-venezolano, concebido y desarrollado por Castro y Chávez, bajo la
denominación de socialismo del siglo XXI o movimiento bolivariano.
Con el PT
Brasil realiza millonarias inversiones en Cuba favoreciendo a la dictadura
castrista y sin atención a la violación de los derechos humanos que antes tenía
como bandera; la Venezuela no democrática mantiene estrecha cooperación
económica y recibe el apoyo permanente de Brasil en foros y organismos
internacionales; los gobiernos del PT han sostenido en el poder a Evo Morales e
ignoran deliberadamente que el incremento en la producción de coca en Bolivia
ha convertido a Brasil en su primer consumidor.
Por acuerdos
internacionales previos Brasil ha recibido en los últimos años como refugiados
a centenas de perseguidos políticos de Venezuela, Bolivia y otros países de las
dictaduras del socialismo del siglo XXI, pero la hostilidad desde el gobierno
ha sido clara.
Pero parece que
las cosas pueden cambiar. Si Dilma Rousseff no logra la reelección y Marina
Silva gana las elecciones, el nuevo gobierno socialista del PSB traerá consigo
cambios no sólo para el Brasil sino para toda América Latina. Marina Silva
–desde su candidatura socialista– le está ofreciendo a los brasileños "que
no es más de lo mismo". ¿Viene el cambio en Brasil y América Latina?
DICTADURAS DEL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI ATACAN A ISRAEL
Aprovechando los hechos de guerra en la Franja de Gaza,
los dictadores del socialismo del siglo XXI en América Latina han atacado a
Israel con el discurso antiimperialista, han alentado –cuando no organizado–
manifestaciones antiisraelitas, han formulado acusaciones malintencionadas,
ratificando así su defensa y vinculación con el terrorismo. Un hecho político
que tiene que ver, fundamentalmente, con los principios y valores que el Estado
de Israel representa y defiende.
ABC de Paraguay (www.abc.com.py)
Por Carlos
Sánchez Berzaín.- Las diferencias entre los dictadores e Israel son
muchas y profundas. Israel es una democracia que respeta la libertad, la
vigencia de la ley, el pluralismo y la tolerancia. Es permanentemente agredido
pero no es inerme, se defiende y sabe reconocer las amenazas. En su democracia,
el “Estado de derecho” está vigente, existe “separación e independencia de los
poderes públicos”, hay respeto a los derechos fundamentales, existe “libertad
de expresión y de prensa” y una vigorosa “opinión pública”, las “elecciones son
libres y basadas en el voto universal y secreto”, hay “alternancia en el
poder”, se alienta la iniciativa privada y se respetan las “libertades
económicas”, se respeta la “propiedad privada” y se fomenta el trabajo
comunitario.
Todos estos
principios sostienen e integran los “valores de la civilización”, y son los que
los jefes de Gobierno de Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua violan,
tergiversan y suplantan para mantenerse indefinidamente en el poder. Los
dictadores vulneran a diario los derechos humanos, concentran todo el poder, se
han puesto por encima de la ley y simulan democracia. Suprimen la prensa libre,
controlan la opinión pública y la reemplazan por la opinión publicitada.
Confiscan y se apropian de la propiedad privada y persiguen a sindicalistas, campesinos,
periodistas, políticos y empresarios.
En Israel no se
utiliza a los jueces y al Poder Judicial como sistema de represión política, no
existen presos políticos, no hay exiliados, ni perseguidos por su posición
frente al gobierno o por defender la libertad. Ni en situación de guerra
existen cartillas de racionamiento, no hay hambre. Sus ciudadanos pueden salir
e ingresar a su país libremente y gozan de la protección del Estado, no de su
amenaza. Los israelitas en lugar de escapar de su patria se quedan en ella, así
sea en un constante estado de preguerra o guerra misma; defienden su país como
parte de la defensa de su libertad. La nación israelí, el pueblo judío, es una
muestra extraordinaria de unidad en la diversidad.
En cambio, las
dictaduras del socialismo del siglo XXI en las Américas se fundan en el poder
absoluto e indefinido. Imponen como doctrina la confrontación étnica y regional
al interior de sus Estados para dividir y destrozar sus naciones. Tienen
perseguidos y presos políticos, exiliados, y han perpetrado masacres,
asesinatos y juzgamientos sumarios digitados. La dictadura de Cuba ha exiliado
por millones, la de Venezuela por miles, las de Bolivia y Ecuador por centenas.
Cuba y Venezuela están en crisis económica y los demás van por el mismo camino.
Son productores de violencia y miseria. La corrupción es parte esencial en su
sistema que garantiza la impunidad. El narcotráfico se incrementa
dramáticamente y aparece la sospecha de los “narcoestados”. Las elecciones son
ejercicios magistrales de simulación democrática y fraude electoral. A título
de antiimperialistas, en realidad son enemigos de la libertad.
Como dogma de
su acción política, los dictadores atribuyen sus propios crímenes y conductas a
quienes consideran sus enemigos, y lo han hecho con Israel: Fidel Castro
escribiendo de “holocausto y genocidio” después de ejercer 55 años de
dictadura, fusilamientos, asesinatos, invasiones, guerrillas, terrorismo y de
haber convertido a Cuba en una cárcel. Maduro, Morales, Correa y Ortega, siguiendo
la línea de su maestro, hablan de “masacres”, declaran que Israel es un Estado
“terrorista” y que el Primer Ministro “está poseído por el demonio”.
Los regímenes
dictatoriales ven en la lucha de Israel por la libertad un mal ejemplo para los
pueblos. La defensa de la libertad incomoda a los dictadores, la democracia los
amenaza, la tolerancia los pone en evidencia, la unidad en la diversidad los
perjudica, la transparencia los acusa, la prensa libre los aterroriza, el
estado de derecho los condena, la verdad los derrota.
MORALES AUGURA QUE LOGRARÁ 80 O 90 % DE VOTACIÓN EN ÁREA
RURAL EN ELECCIONES
Terra de España (www.terra.com.es)
El presidente
de Bolivia, Evo Morales, auguró hoy que obtendrá el 80 o 90 % de la votación en
las áreas rurales de su país en los comicios del 12 de octubre próximo, en los
que aspira a la reelección para un tercer mandato hasta 2020.
En una
entrevista con el canal privado ATB, Morales consideró que logrará
"resultados interesantes, 80 o 90 %" de la votación del "movimiento
campesino" boliviano por las obras que está realizando su Gobierno en las
áreas rurales.
"En el
campo, yo calculo en un término medio va a ser un 90 %", dijo, y no solo
porque Morales viene del movimiento campesino, sino porque todos se quejaban
antes de nunca llegaban las obras al medio rural.
Aseguró que en
el trópico de Cochabamba, su feudo sindical y político situado en el centro del
país, obtendrá un 97 % e indicó que el 3 % restante serán votos de
"algunos abuelitos" que se ponen nerviosos y "se equivocan"
al sufragar.
Morales también
se refirió al anuncio realizado la semana pasada por el diputado oficialista
Luis Gallego, quien afirmó que las organizaciones del norte de la región andina
de Potosí controlarán el voto y castigarán con latigazos a quienes no voten por
el partido oficialista en las elecciones.
Según el
mandatario, se trata de "expresiones" que reflejan el sentimiento de
campesinos e indígenas hacia los partidos políticos que les "hicieron
tanto daño" y les humillaron en el pasado, "pero en el fondo es
discurso, no hay chicotazos (latigazos)".
"Aquí no
va a haber chicotazos, nunca ha habido chicotazos, pero hay un sentimiento
profundo", señaló.
Morales también
indicó que no tiene "planes" de prolongar su mandato hasta el año
2025 para ser él quien lidere el proceso para aplicar una agenda económica y
social que elabora actualmente su Gobierno con miras a la celebración del
bicentenario de la fundación de Bolivia.
En esa línea,
anunció que ha pedido a la Asamblea Legislativa que se apruebe una ley para que
quien esté en el Gobierno "cumpla con la Agenda Patriótica".
Con el aval del
Tribunal Constitucional, Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera
aspiran a la reelección para un tercer mandato hasta 2020.
El actual
gobernante, favorito según las encuestas difundidas hasta el momento, competirá
por la Presidencia de Bolivia contra el empresario Samuel Doria Medina, el
expresidente Jorge Quiroga (2001-2002), el exalcalde de La Paz Juan del Granado
y el líder indígena Fernando Vargas.
FRACASO Y RETARDACIÓN DE JUSTICIA OBLIGA A EXCLUIR A
JUECES CIUDADANOS EN BOLIVIA
Spanish People Daily de China
(www.spanish.peopledaily.com.cn)
El fracaso de
los jueces ciudadanos por convertirse en un elemento que alimenta la
retardación de justicia motivó al Órgano Judicial a plantear un proyecto de ley
para prescindir de estos "jurados del pueblo" que nacieron al amparo
del Código de Procedimiento Penal aplicado en Bolivia desde junio de 2001.
El presidente
de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara Baja, Juan Carlos Cejas, explicó
a Xinhua que el proyecto de ley denominado "Para el descongestionamiento y
efectivización del sistema penal" tiene entre sus principales puntos la
eliminación de los jueces ciudadanos.
Considera que,
en su criterio, se ha evidenciado en los hechos y a través de denuncias que
estos jueces contribuyen a la dilación de la justicia y, por tanto, al elevado
índice de carga procesal pendiente.
"La
implementación de los jueces ciudadanos, que en su momento se presentó como un
elemento revolucionario de la justicia, no fue tal, sino que ha sido un
fracaso; no han contribuido como debieron hacerlo porque, además, ese sistema
no se acomoda a nuestra cultura", aseveró.
Señaló que las
condiciones de Bolivia respecto de otras naciones desarrolladas donde existen
los jueces ciudadanos nos son iguales, por varios factores desde cultural,
nivel de formación, económico, falta de apoyo estatal, amedrentamiento, escasez
de tiempo, trabajo y otros.
"De
acuerdo a la fundamentación del proyecto de ley que ha sido trabajado en el
Órgano Judicial en coordinación con el Ejecutivo, señalan que la mayoría de los
tribunales de sentencia tardan en su conformación muchos meses, lo que
lógicamente genera la retardación de justicia", afirmó el legislador.
Además, dijo
que hay casos en los que se han tenido que recorrer juzgados, primero por
capitales de departamento y luego provincias, por el tema de recusaciones y
excusas.
Otro de los
argumentos es que los jueces ciudadanos no se presentaban por falta de
información, nivel de formación, ocupación laboral, lo que impedía una pronta
conformación de los tribunales de sentencia.
Se evidenció
también que muchos ciudadanos tenían temor de enfrentar delincuentes
peligrosos.
"Estos
argumentos han obligado a hacer un análisis serio para que desaparezcan los
jueces ciudadanos, porque no han contribuido a una justicia rápida, sino (que)
han sido parte fundamental para la retardación de justicia", aseveró, al
manifestar que se pretende una justicia rápida.
En su
explicación ante los diputados, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ), Jorge von Borries, dijo que la ley que propusieron denominada "Para
el descongestionamiento y efectivización del sistema penal", permitirá
descongestionar los procesos penales en sus etapas investigativa y cautelar.
Von Borries
precisó que la propuesta legal modifica parcialmente el Código de Procedimiento
Penal, lo que permitirá frenar el uso abusivo de las excusas, recusaciones,
excepciones e incidentes que interrumpen el normal desarrollo de los procesos.
Además, dijo
que se ordena que, mientras dure el proceso de descongestionamiento judicial,
el Tribunal de Sentencia pueda funcionar con un juez técnico y dos jueces
ciudadanos en los procesos en curso, pero en los nuevos no participarán más los
jurados del pueblo.
CUESTIONAMIENTOS
Por su parte,
la ex diputada opositora y experta penalista Norma Piérola dijo que estas leyes
son "parche" cuando se precisa de una reestructuración general de la
justicia.
"La
retardación de justicia se incrementó en esta gestión por la politización de
este órgano y la falta de capacidad de los que están dirigiendo el Órgano
Judicial", aseveró.
La asambleísta
mencionó que las autoridades nacionales estarían tratando de copiarse el
procedimiento judicial que existe en Cuba.
"Uno de
los grandes avances que tuvimos en la justicia boliviana para igualar a todos
los países del mundo que cuentan con ese mecanismo fueron los jueces
ciudadanos, y ahora eliminarlos considero que es un retroceso", añadió
Piérola.
Por su parte,
el abogado experto en temas penales, Raúl Paniagua, consideró que con esta
acción se estarían afectando a la participación ciudadana que está avalada en
la Constitución Política del Estado (CPE).
A decir del
jurista, se estaría dando un retroceso en la justicia boliviana al evadir la
participación de los jueces ciudadanos.
Asimismo, dijo
que se estaría atentando (contra) la democratización del Poder Judicial.
"El 85 por
ciento de los detenidos no tiene sentencia, pero no por culpa de los jueces
ciudadanos, sino de los jueces de la etapa preparatoria del juicio.
"Es un
peligro porque se violentaría sin duda el control social", dijo Paniagua,
al resaltar que el Estado debería invertir más en recursos humanos y económicos
para una buena administración de la justicia.
Los jueces
ciudadanos fueron insertados al sistema judicial en 1999 con el nuevo Código de
Procedimiento Penal.
Sin embargo, en
2011 se conformó una comisión codificadora para elaborar otro Código Procesal
Penal que excluya a los jueces ciudadanos, debido a las varias críticas por
parte de las autoridades judiciales y de gobierno por la retardación de los
juicios.
Pedro Arenas, exalcalde
'PUTUMAYO FRACASA EN ERRADICACIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS'
El exmandatario, hoy en el Observatorio de Cultivos
Declarados Ilícitos, dice que estrategia para erradicar coca está ligada a la
llegada del extractivismo y es la causa de las manifestaciones que duraron más
de 50 días.
El Espectador de Colombia (www.elespectador.com)
Pedro Arenas
García fue alcalde de San José del Guaviare, es un reconocido líder comunitario
y miembro del Observatorio de Cultivos Declarados Ilícitos, una organización
internacional que monitorea, entre otras, la problemática de las erradicaciones
forzosas manuales y aéreas, los modelos de desarrollo rural Integral y los
procesos de inclusión de las organizaciones y movimientos sociales de
campesinos, pequeños agricultores, indígenas, colonos. En Costa Rica, durante
la V Conferencia Latinoamericana sobre Política de Drogas, Arenas habló con El
Espectador sobre el fracaso de las estrategias de lucha contra cultivos
ilícitos, que implicó la llegada de proyectos extractivistas y las protestas
sociales.
¿Cómo explica
este paro desde la política estatal contra los cultivos de coca?
En el Putumayo
hay un indicio cada vez más claro de una asociación entre la política de
reducción de oferta, basada casi de forma exclusiva en métodos de erradicación
forzada como las fumigaciones o las erradicaciones manuales no concertadas, con
la llamada locomotora minero-energética. Las dos demandas principales de la
población lo reflejan: no más erradicación forzada, paren las fumigaciones
aéreas contra pequeños cultivadores de coca, no más expansión del
extractivismo, en un ecosistema frágil como el del pie de monte amazónico,
donde hay resguardos indígenas y gran variedad de recursos naturales asociados
a la diversidad propia de nuestra amazonia.
Pareciera que
las operaciones de erradicación de cultivos hubiesen tenido en muchas partes
del país el propósito de sacar corriendo a las comunidades campesinas, que en
efecto lo hacen y así lo muestran las cifras de desplazados internos. Ante la
quiebra de su economía de subsistencia basada en la hoja de coca, se fueron y
el territorio quedó libre para el ingreso de acaparadores de tierras y luego
para la llegada de la extracción de recursos naturales a gran escala, sea
petróleo o minería, como se ve en el Chocó, en el Meta, Cauca, Nariño, Norte de
Santander. Lo manifiestan las comunidades campesinas cuando protestan.
¿Qué ofrece el
Estado?
Putumayo ha
sido uno de los escenarios más importantes del país en materia de la llamada
‘sustitución de cultivos’. El lenguaje sustitucionista, que a principios de los
90 nos vendieron a través de programas como el Plante, luego se manifestó en
Familias en Acción o apoyos de la ONUDD, y después, más fuerte en el caso del
Putumayo, a través de Usaid en medio del Plan Colombia. Putumayo es uno de los
casos ejemplarizantes de la falta de éxitos en inversiones para la sustitución
de cultivos y desarrollo alternativo. Hay un mundo de elefantes bancos:
construcciones de plantas procesadoras de productos sutitutos que, se supone,
las comunidades iban a emprender de manera masiva.
También se
evidencia una contradicción entre el estímulo que se quiere dar a comunidades
que están dejando atrás la coca, con los programas de erradicación forzada:
cultivos alternativos de piña, pimienta, cacao, caucho, en muchas regiones de
Colombia han sido fumigados. Hay varios casos en Cauca, Guaviare, Nariño y más
recientemente en Putumayo, donde en una cooperativa de mujeres dedicadas a
sembrar piña como alternativa económica, hubo fumigaciones.
Lo tercero,
para entender el Putumayo, es que las meras inversiones en el fomento de cultivos
sustitutos no bastan si no están asegurados mercados, si no hay
infraestructuras carreteables, si no hay buenos precios, y eso se ata con la
problemática en general del sector agrario colombiano. El tal paro agrario del
año pasado hacía notar que hay desarreglos del mercado incluso para cultivos
lícitos en los que se sustentan economías campesinas muy viejas, como la
boyacense o cundinamarquense. Eso tiene una relación directa con la expansión
de cultivos ilícitos y de alguna forma es desmotivante, cuando el lenguaje
oficial invita a la gente a dejar atrás la coca para que siembre maíz, yuca o
plátano.
El Putumayo
muestra que no basta con que la estadística oficial presente que antes había
160 mil hectáreas de coca y ahora 50 mil, y que eso sea el grandioso éxito de
la política colombiana, que incluso se ha querido exportar. No basta reducir el
área sembrada si las condiciones objetivas que permiten la siembra persisten,
en un ambiente de alta conflictividad no sólo armada sino social, como lo
evidencian todos estos paros.
¿Qué traen a
largo plazo esos resultados en la disminución de cultivos de coca?
Entramos en los
éxitos de la política antidrogas colombiana, basados principalmente en
reducción de la oferta, aunque no se puede negar que las autoridades han hecho
a veces énfasis en interdicción en ríos y destrucción de laboratorios. Miremos
desde la década de los 80, cuando Colombia no era un gran productor de coca, no
tenía tanta extensión sembrada, sino que importaba pasta base de Perú y Bolivia
y refinaba en Colombia, en sitios como Tranquilandia, y exportaba cocaína. La
manipulación de los cultivos con fines comerciales fue muy fuerte en los 90,
cuando los cultivos más se expandieron, así llegamos a la ‘capital mundial de
la coca’ en Miraflores (Guaviare), y arrancan por ahí las fumigaciones sobre el
94. Para fines de los 90 los cultivos se trasladaron a Putumayo, luego a
Nariño, y empieza toda esta migración de un sitio a otro: fumigación,
resiembra.
Hemos sido
campeones de reducción de hectáreas, pero también de resiembra. También hay que
mirar en un periodo de tiempo más largo y hacia las especialidades de cada país
de la región andina en términos globales. Sumados los tres países, seguimos
satisfaciendo la demanda internacional de cocaína. Desde el punto de vista de
la ONU, no se puede mirar sólo el caso colombiano, lo tendrán que ver más
hemisférico y atender a cosas como la producción total o los volúmenes
exportables. Ahí ya es distinto, es en dónde hemos puesto los énfasis y qué
hemos facilitado desde las estrategias gubernamentales.
¿Cómo ha
afectado la vida del campesino esa persecución a los cultivos?
Hay daños a
cultivos y cultivadores, que han implicado violaciones a los derechos humanos y
mayores áreas deforestadas de ecosistemas frágiles. La persecución de los
cultivos ha llevado a que algunos de estos se instalen en zonas protegidas,
desde páramos en el caso de la amapola hasta coca en parques naturales o
resguardos indígenas, y ha llevado también a un debilitamiento de las
institucionalidades locales y las autoridades territoriales. Esto último se
pone de manifiesto en Putumayo en la reforma al sistema de regalías que dice:
pasamos de producir 9 mil barriles de petróleo a 40 mil, pero eso no nos ha
representado mayores ingresos como departamento. Tenemos más producción, pero
los gobernantes no pueden hacer más inversiones porque el nuevo sistema
centralizó esos recursos.
Esta estrategia
nos ha llevado a una militarización de la vida local en las comunidades
productoras. En el Putumayo, todo se ha concentrado en seguridad. La estrategia
de fondo estaba enfocada en quitarle a las guerrillas la fuente de financiación
que pueden obtener de los cultivos ilícitos, con sus impuestos y su
participación en la cadena, asuntos que se aceptan más claramente al aparecer
en la mesa de diálogo en La Habana, pero eso no ha llevado seguridad para esas
poblaciones.
¿La estrategia
de seguridad también se puede entender en función de los proyectos extractivos?
El alcalde de
Puerto Asís, en una entrevista en El Espectador, acepta que ha habido un
incremento del pie de fuerza militar, mayores instalaciones, pero para cuidar
las inversiones de petróleo: un pozo petrolero, un batallón. Eso implica que la
seguridad está en función de esa economía extractiva más no de la seguridad de
la población. Hay otros daños como el desplazamiento forzado de población, en
zonas donde se aplican programas antidrogas. Esa economía ilegal más las
políticas interdictivas ocasionan aumento de homicidios y de otro tipo de
violaciones graves.
También, desde
el punto de vista jurídico, el encarcelamiento de campesinos cultivadores. Las
cárceles de Caquetá, Meta, Guaviare, Putumayo, tienen a muchos capturados en
operaciones en cultivo o pequeños laboratorios. Ese conjunto de daños causados
a estas poblaciones invitaría en cualquier país civilizado a revisar lo que se
ha estado haciendo, que es lo que de fondo reclaman las comunidades campesinas
del Putumayo. No sólo es que les digan: aquí hay plata para ya no sembrar coca
sino plátano, sino que hablen de los derechos de esas poblaciones y cómo podría
haber cambios en ese sentido.
Recordemos que
Colombia es el único país del mundo donde hay fumigaciones.
En Marruecos se
quiso implementar un programa de fumigaciones y la monarquía no aceptó. En Afganistán,
que años después de la invasión estadounidense sigue siendo el principal
productor de amapola en el mundo, EE.UU. propuso un programa de fumigaciones,
pero tampoco lo aceptaron. Perú quiso hacer un intento pero no lo puso en
práctica. En muchas otras partes hay programas de erradicación, pero no con el
método de envenenamiento aéreo de tierras.
El discurso que
ha pretendido justificar esto ha sido la complejidad del conflicto interno, los
riesgos de seguridad de los erradicadores manuales. Se argumenta que los
campesinos con sus cultivos generan un daño ambiental cuando agregan
insecticidas, herbicidas, y en los lugares donde transforman coca en pasta
base. Pero uno no puede justificar un mal mayúsculo porque el otro está
haciendo un mal. Este argumento, en muchos otros países, se ha empleado para
negarse a la fumigación aérea. Colombia es el único que sigue practicando eso.
¿Cómo vulnera
la fumigación aérea los derechos de los campesinos del Putumayo?
Le dije en un
encuentro regional para la paz al alcalde de Puerto Asís, que ha sido alcalde
tres veces, que comparara desde su primer periodo, hace 17 años, con el actual,
cuántas veces ha crecido el área urbana de Puerto Asís. Dijo que casi cinco. No
es porque haya mucha gente del centro de Colombia interesada por irse a Puerto
Asís. Es porque población de veredas aledañas se ha visto obligada a
desplazarse al casco urbano. Figuran en el sistema de población desplazada.
También se ha
visto, en las áreas fumigadas, un cambio en el uso del suelo, que antes estuvo
en tareas agrícolas y que debido a las fumigaciones se ha transformado en
pastos. Por lo general ocurre en el norte amazónico, lo cual representa un
nuevo foco de tensión porque está probado que, con coca, una familia campesina
se puede sostener hoy con una hectárea y media sembrada. No ocurre lo mismo con
ganadería: una familia para sostenerse con ganado tiene que tener una extensión
en pradera mucho mayor para alimentar unas cuantas vacas, debido a la calidad
de los suelos y los modelos de rendimiento ganadero. Esto implicará que
revisemos cosas como el ordenamiento territorial.
Hay poblaciones
que son fumigadas y que, al no tener más oportunidades, lo que hacen es migrar
más adentro de los bosques y selvas, a tumbar y restablecer un cultivo de coca.
A veces tratan de ir más lejos para escapar a las autoridades. Eso lleva a una
ampliación de la frontera agrícola, puntas de colonización muy activas que no
hemos logrado frenar. Hay en el Putumayo, Caquetá, Guaviare, Meta, Vichada
¿Cómo sería un
modelo de desarrollo alternativo que funcione en el Putumayo?
Tengo
esperanzas en lo acordado en el punto cuatro en La Habana. Las partes generaron
unos considerandos que implican reconocer que este problema tiene variables
como pobreza, falta de acceso a tierras, desempleo, situación de marginalidad,
poca presencia institucional en territorios donde se produce, vulneración de
derechos de las poblaciones.
El acuerdo
plantea dar un tratamiento diferente a poblaciones mas vulnerables, llámese
campesinos cultivadores, indígenas y usuarios de drogas. El negocio está en los
que la procesan con fines comerciales de gran escala, los que la transforman en
clorhidrato de cocaína o los que la exportan o están ligados al trafico
nacional o internacional. Para las poblaciones más vulnerables hay que
establecer un tratamiento que implica consideraciones sociales y económicas.
Para los que se lucran hay que establecer una política criminal.
Este acuerdo
del punto cuatro implica un enfoque territorial con altísimas dosis de participación
comunitaria. Lo que me parecen novedoso es que se harían asambleas comunitarias
y municipales para establecer planes comunitarios y municipales de sustitución
de cultivos y desarrollo alternativo. Obviamente también plantean la creación
de una institucionalidad para atender esos programas, un programa nacional de
desarrollo integral alternativo.
¿Cómo ven esto
las comunidades?
Con algo de
desconfianza y expectativa. Desconfianza porque en departamentos como el
Putumayo las guerrillas siguen muy beligerantes. Eso socava la confianza de la
gente en el proceso y a algunos los lleva a pensar que no hay voluntad de poner
fin al conflicto. Pero también la desconfianza de hasta qué punto nuestro
Estado va a cumplir los compromisos y la implementación de los acuerdos. Muchos
líderes campesinos de las zonas productoras dicen que lo que pasa es que el
gobierno no cumple acuerdos que se hicieron hace años.
Hay que revisar
cuántos paros hubo en el Putumayo en los últimos 20 años y cuántos acuerdos ha
firmado el gobierno con las comunidades que han hecho paros, y cuántos de esos
compromisos se han cumplido. Como es posible que, por ejemplo, en una región
como el Catatumbo, en el paro del año pasado, uno de los reclamos era que el
gobierno cumpliera los acuerdos hechos en 1996. O que el paro del Cauca de
principios de 2000 exigiera compromisos del año 99. O los indígenas, que cuando
bloquean la Panamericana le dicen al gobierno que hace dos, cuatro, seis años
se comprometió a hacer cosas que no cumplió. Eso socava la confianza de la
comunidad, no solo por la conflictividad sino por las acciones institucionales.
¿Cómo cambiará
las cosas una posible firma del fin del conflicto?
Lo de La Habana
es una novedad porque siempre se ha argumentado: no podemos cumplir con las inversiones
porque allá está la guerrilla, el conflicto no permite entrada de funcionarios,
las institucionalidades no alcanzan. Ahora, si se firma el fin del conflicto,
ya no existiría esa excusa. Luego vendrán cosas como la coordinación
interinstitucional, la bolsa de recursos que se tendría que juntar para
inversiones que demanden estas comunidades. Esos principios deben estar
adelante a la hora de pensar en un plan de desarrollo alternativo en el
Putumayo. El principio del dialogo, la inclusión de todos, de gremios
económicos y producción, una serie de voluntades políticas desde el nivel
territorial hasta nacional, la coordinación institucional, la concurrencia de
recursos.
¿Y luego las
discusiones particulares sobre las alternativas para cada comunidad?
Sí, las
discusiones más propias de los agrónomos y demás. Esto se ha querido hacer al
revés: se dice que el suelo de tal vereda es apto para que siembren pimienta,
entonces siembren pimienta, sin considerar el resto de factores, por eso muchas
veces se ha caído en fracasos. Hay que poner unos principios antes, de hecho la
ONU lo aceptó en una cumbre realizada el año pasado en Lima, en la que se
establecieron los principios rectores del desarrollo alternativo, que ya son
una especie de ley en el sistema de Naciones Unidas. Unos principios que
incluyen democracia, dialogo, concertación y demás. En el caso colombiano, en
las puntas de colonización, es lo que le va a agregar un condimento a toda esta
discusión.
Pero
hay zonas donde definitivamente ningún otro renglón económico puede
implementarse. Hay zonas del país donde lo único es la coca. La hoja de coca
para pasta base. Eso puede sonar a sacrilegio, pero hay partes donde habrá que
pensar en sistemas de gradualidad, donde no obliguemos a las comunidades a la
‘coca cero’, sino que las ayudemos a buscar salidas lícitas pero manteniendo
una parte de su predio con coca. Ayudar a que vayan saliendo de la coca con la
misma coca. Parece raro, pero en la mayoría de zonas la gente ha empleado los
recursos que le ofrece el cultivo de coca bien para su sostenimiento familiar,
como la compra de los alimentos, vestuario, salud, transporte, y en algunas
oportunidades como un recurso que inmediatamente se traslada a un ahorro
directo, no por medio de bancos, sino que el ahorro son vacas. Es decir, la
gente traslada lo que le ofrece la coca al ganado, y el ganado se constituye en
el ahorro. Muchos han logrado trasladarse de coca a ganadería sin ningún apoyo
gubernamental, con apoyo de la misma coca.
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