La mano dura
contra la minería ilegal de oro en Perú ha creado nuevas rutas de contrabando
por su porosa frontera con Bolivia, con algunas bandas usando "mulas
humanas", carros blindados y avionetas para evadir su captura.
El oro es
transportado a través de la selva, bosques y el lago Titicaca que comparten
Perú y Bolivia, y es vendido a comercializadores del metal precioso para
exportarlo desde la capital boliviana, La Paz, dijeron autoridades peruanas.
Bolivia, un
productor de oro relativamente pequeño que no ha desarrollado nuevas grandes
minas en el 2014, exportó oficialmente 24 toneladas de oro entre enero y
agosto, según datos de la agencia de estadísticas de Bolivia.
Eso es seis
veces más el volumen de oro producido en los primeros siete meses del año y más
de tres veces del volumen total exportado en todo el 2013, lo que ilustra cómo
el oro peruano está siendo desviado.
Casi todo el
oro exportado de Bolivia fue enviado a Estados Unidos, según datos del
Gobierno.
El Gobierno del
presidente peruano, Ollanta Humala, lanzó a fines del año pasado medidas
drásticas para controlar la bonanza de la minería ilegal de oro de la última
década, cuya actividad ha destruído miles de hectáreas de bosques amazónicos y
ha contaminado sus ríos con mercurio.
Pero la
proliferación de las rutas de contrabando en Bolivia muestran cuán difícil es
erradicar la minería ilegal si no hay una mejor coordinación entre ambos
países.
"Ellos se
mueven mucho más rápido que nosotros", dijo el intendente de control
aduanero peruano Gustavo Romero, quien está investigando el comercio ilegal de
oro.
"Cerramos
una puerta y ellos ya han abierto otra", agregó.
Funcionarios de
la aduana y autoridades del sector minero de Bolivia declinaron hacer
comentarios.
Mineros de oro
legal en Perú reportaron 178 toneladas de oro para exportación el año pasado al
Gobierno. La aduana peruana sin embargo, registró exportaciones por 290
toneladas.
Una fuente del
ministerio dijo que la diferencia de 112 toneladas, con un valor de unos 3.000
millones de dólares, fue mayormente atribuída a la extracción de oro por
mineros ilegales que se filtraba a la cadena de exportaciones de Perú.
"Lo que no
podíamos permitir era que bajo nuestras narices, por nuestra principal puerta,
salía todo ese flujo de oro ilegal", dijo Romero.
"Pero con
Bolivia tenemos 1.000 kilómetros de frontera, y todos esos kilómetros son
totalmente transitables", agregó.
Al ser
consultado acerca de si el oro peruano está siendo contrabandeado a Bolivia
para su exportación a Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Interna
estadounidense dijo que Washington y Lima estaban discutiendo compartir datos
comerciales para investigar lavado de activos.
MULAS Y CARROS
BLINDADOS
Un traficante
de oro que contrabandea el mineral por Bolivia afirmó que si bien los mineros
ilegales han sido golpeados en la región amazónica de Madre de Dios, en el
sureste de Perú, la producción mensual de minas ilegales peruanas sólo se
habría reducido a entre 4 y 5 toneladas desde las 8 toneladas antes de las
medidas.
"Nos hemos
llevado el oro por motocicleta, por mula, por carros blindados y nunca por el
mismo camino", dijo el traficante. Una vez que el oro cruza a Bolivia, es
dejado en casas seguras antes de ser enviado a los compradores.
El traficante,
quien habló con Reuters bajo la condición de anonimato, dijo que la ruta más
segura para evitar asaltos de cargamento por parte de bandidos en la frontera,
era llevar el oro a Bolivia usando avionetas.
Las leyes
peruanas prohiben al Gobierno derribar pequeñas aeronaves.
"El oro es
pesado y puede desbalancear una avioneta, entonces puedes sólo transportar
hasta 200 kilos en cada vuelo", dijo el traficante. "Pero eso es más
seguro que por tierra", agregó.
El contrabando
de oro a Bolivia implica un cambio de lo que sucedía antes, cuando el mineral
boliviano se transportaba a Perú para evitar impuestos, dijo Hector Córdova, un
ex ministro de minería del presidente boliviano Evo Morales.
Las
interdicciones en la minería ilegal son el esfuerzo más reciente de Perú para
intentar controlar una fiebre del oro en la selva amazónica, a donde migran
trabajadores, a menudo de empobrecidas zonas andinas, que se sumergen en los
ríos en busca de pepitas de oro.
Perú ha
introducido nuevos requisitos para empresas exportadoras del mineral y ha
restringido el combustible y mercurio usado en zonas de minería ilegal. Además,
ha enviado tropas para destruir maquinarias en minas no autorizadas.
En junio, el
entonces responsable contra la minería ilegal, Daniel Urresti, declaró que la
mayoría de la minería en Madre de Dios se había erradicado. Poco tiempo
después, el general del Ejército retirado fue promovido como ministro del
Interior.
Sin embargo,
Urresti dijo recientemente que tenía conocimiento de la proliferación de bandas
de traficantes en Puno, en la frontera con Bolivia. El ministro afirmó que
grandes números de personas cruzaban la frontera cargando pequeñas cantidades
de oro, en un contrabando "tipo hormiga".
La llegada del
oro peruano a Bolivia inunda el mercado local y deprime los precios, dijo
Edmundo Polo, jefe de Ferreco, una federación de mineros de oro de menor escala
en Bolivia.
Por eso, los
mineros locales a menudo tienen que esperar hasta que el oro peruano no esté
disponible en el mercado local antes de poder vender el suyo.
"Nuestros
propios compradores de oro compran el metal a los peruanos. No es ningún
secreto", dijo Polo.
Parte del salto
en las exportaciones de oro de Bolivia este año podría ser porque menos oro
boliviano se está traficando a Perú, o porque Bolivia ha logrado que menos
firmas exportadoras escondan el mineral en envíos de "desperdicios"
para evitar pagar regalías.
"Pero
demasiado oro está siendo exportado para que eso explique la diferencia",
dijo Córdova. "Es por las medidas que está tomando Perú", agregó. (www.lta.reuters.com/article)
DEMANDA BOLIVIANA: ¿POR QUÉ EL TRATADO DE 1904 NO ES
TEMA?
El Mostrador de Chile (www.elmostrador.cl/opinion)
Una de las
cosas interesantes que suelen preguntarse los chilenos todos los días es ¿de
qué realmente se trata la Demanda Boliviana?, ¿por qué dicen algunos que es el
tratado de 1904 y otros lo niegan?
La verdad es
que el objetivo de la demanda boliviana no tiene nada que ver con el tratado de
1904. Es más, este tratado se encuentra en plena vigencia y jamás se ha
presentado alguna nota de protesta sobre el mismo. Por lo cual la estrategia
chilena al demostrar el cumplimiento del tratado hace unos meses mediante un
libro pequeño fue excelente, ya que le dio una orientación al cumplimiento estricto
del derecho internacional público en el marco normativo interno, económico,
internacional y diplomático a nivel mundial.
Pero, si no es
el tratado, ¿cuál es el fin de la demanda?
La demanda
boliviana dice: “La obligación de negociar de buena fe una salida soberana al
mar”. Bien, debemos desmenuzar esta frase para entender de una mejor
manera. Por lo cual, tenemos que establecer que existen dos tipos de
obligaciones señaladas en esta frase: una de negociar y otra de resultado.
La primera es avalada por los Actos Unilaterales, fuentes de derecho
internacional que no se encuentran en las fuentes formales de este derecho,
sino que como una fuente auxiliar. La promesa, como acto jurídico unilateral,
es válido. Así lo ha establecido la Corte Internacional de Justicia en
diferentes casos o disputas que se han presentado, tales como: caso ensayos
nucleares, caso Ihlen, etc., y entre otros que no llegaron a la CIJ, como
cartas, etc. Respecto de la segunda obligación, estamos hablando sobre un
resultado que Bolivia espera al judicializar la demanda: acceso con soberanía
al mar. La pregunta es ¿realmente procedente esta petición? Realmente, no. Ya
que no existe algún caso en derecho internacional donde un país obligue a
condicionar una negociación, además de obligarlo a negociar. Este punto no
tiene fundamento jurídico.
Pero tan fácil
no es desarrollar y llegar a estas conclusiones, ya que la obligación de
resultado depende –como accesoria– de la obligación de negociar –obligación
principal–. En este punto, debemos entender que los Actos Unilaterales que
Chile realizó se encuentran en distintos puntos de nuestra historia: 1895,
1920, 1950 y 1975.
La primera
estrategia boliviana (1895) fue apuntar hacia el pretratado de 1904, pero la
verdad es que dejaron a un lado esta posición, ya que las negociaciones fueron
frustradas tanto por Bolivia como Chile. Lo que se tradujo finalmente en el
tratado de 1904, el cual jamás fue interpuesto a la fuerza, lo que consta en
las actas de ambos países.
Aproximadamente
en 1920, la situación fue distinta, ya que Bolivia presenta en la Sociedad de
las Naciones una demanda intentando una salida al mar, lo cual fue desechado.
Con el tiempo, también prefirió pedir Antofagasta en vez de Arica –ya que Chile
se lo había ofrecido–, pero esto finalmente frustró todo. Consecuencia de ello,
fue creado el Tratado de Lima de 1929 con Perú.
En 1950, muchos
señalan las notas diplomáticas como la gran negociación y a pesar de que
existió una promesa de negociar, está se frustró, ya que en Bolivia hubo revueltas
civiles que llevaron a desestabilizar nuevamente el país. Por el otro lado,
Chile estaba en periodo de termino de un gobierno y el principio de otro (los
de González Videla e Ibáñez). Por lo tanto, todo quedó, nuevamente, en nada.
Por último, en
1975 –y creo que es el punto crítico–, tal como lo dijo el ex presidente
boliviano Meza: se estableció en la negociación de Charaña una promesa de
salida al mar “concreta y cierta”. Dos palabras que se tratarán de ocupar en el
alegato y que, a pesar de ser cierta y concreta dicha promesa, está sufrió un
revés gigante con la negativa de Perú, ya que el tratado de 1929 establecía que
este último también debía decidir sobre la salida al mar para Bolivia. La cual
fue negada por el tercer país.
Fue así como
hasta el día de hoy Bolivia ha alegado cada negociación como una falta de buena
fe y compromiso de nuestro país. Pero ¿es realmente cierto esto? No, ya que la
negociación de 1975 establece algo cierto y concreto: existe un cambio de
circunstancias e imposibilidad para cumplir el Acto Unilateral.
De los
diferentes estudios sobre Actos Unilaterales de los Estados podemos encontrar
que dentro de ellos existe la modificación o revocación. Este mecanismo fue
establecido por el mismo relator, Víctor Rodríguez Cedeño, de la Comisión de
Derecho Internacional, en virtud del mandato de las Naciones Unidas, para
regular actos unilaterales. Si bien no se estableció una regulación completa de
Actos Unilaterales de los Estados, sí dijo que dentro de la doctrina existen
modificaciones y revocaciones. ¿Por qué? Porque los actos unilaterales no
pueden ser perpetuos. Es más, la revocación para que proceda dependerá de uno
de los tres factores específicos: 1) Si es que la consienten ambos Estados; o
2) que existe una imposibilidad de ejecutarlo; o, 3) que haya ocurrido un
cambio de circunstancias. Por lo tanto, Chile tiene como demostrar que existe
una imposibilidad por el Tratado de 1929 a un acceso por Arical, y el cambio de
circunstancias que significó no haber reclamado antes de 1929 este acceso y
haber cambiado de opinión por parte de Bolivia.
Por otro lado,
la aceptación de la CIJ de la obligación de negociar significaría un caos a
nivel mundial, ya que nadie podría o querría negociar cualquier cosa, ni
siquiera en los foros mundiales, todo por la obligación a negociar que puede
ser condicionada.
En conclusión,
el Tratado de 1904 no es tema, sino que son los Actos Unilaterales los que
quieren modificar este mismo acuerdo. Y Chile, por lo menos esta vez, tiene
todo para ganar ante la Corte Internacional de Justicia direccionando su
estrategia a la revocación o modificación de estos actos, estableciendo a la
vez que “sutilmente” Bolivia quiere anular o modificar el Tratado de 1904 a
través de una sentencia de la CIJ.
DETRÁS DE UNA DEMANDA BOLIVIANA
Chile enfrenta en La Haya un reclamo que pone en amenaza
a la estabilidad de su frontera
El País de España (www.internacional.elpais.com)
Recientemente,
Bolivia presentó una demanda contra Chile en la Corte Internacional de Justicia
de La Haya, solicitando a dicho tribunal que obligue a Chile a negociar y en
definitiva conceder una salida soberana al mar.
La salida
soberana por territorio chileno que pide Bolivia necesariamente implica una
modificación no-convenida del Tratado de Paz y Amistad de 1904, que fijó las
fronteras entre Chile y Bolivia y determinó un generoso régimen de acceso no
soberano de Bolivia al mar. Por tanto, la demanda representa una amenaza a la
estabilidad de las fronteras, así como al principio básico del derecho
internacional de la observancia de los tratados.
El Gobierno de
La Paz ampara su demanda en el Pacto de Bogotá, pero el artículo VI de ese
pacto excluye de la jurisdicción de la Corte los asuntos resueltos o gobernados
por tratados previos a su suscripción, efectuada el año 1948. Bolivia sostiene
que su demanda no toca el tratado de 1904; pero lo cierto es que aun cuando
evita mencionarlo, sus peticiones afectan de raíz lo que dicho tratado resolvió
y gobierna hasta hoy.
Bolivia
argumenta que Chile estaría obligado a otorgarle acceso soberano al mar
producto de los diálogos sobre el tema que ambos países han sostenido a lo
largo de la historia. El Gobierno de La Paz confunde así una aspiración con un
derecho. Un derecho así de trascendente, que afecta nada menos que la
integridad territorial de un país y los tratados vigentes, no se puede inferir
a partir de negociaciones y diálogos que no fructificaron. De ser cierta la
hipótesis boliviana, ningún país dialogaría con otro por el temor a que las
fórmulas de acuerdo que se exploren, si fracasan, se conviertan posteriormente
en obligaciones para dicho Estado.
Hay un asunto
adicional. Cada vez que Chile, en el marco de negociaciones políticas, formuló
propuestas para satisfacer la aspiración marítima boliviana, las conversaciones
fracasaron por causas ajenas a la voluntad de Chile, la mayoría imputables a la
política interna boliviana.
El destacado
diplomático boliviano Walter Montenegro sostiene en su libro 'Oportunidades
perdidas: Bolivia y el mar' que es necesario reconocer que los propios
bolivianos han contribuido a esa serie de negociaciones frustradas; por su
parte, el excanciller Armando Loayza ha argumentado que en el fracaso de las
negociaciones bilaterales, Bolivia ha tenido “una responsabilidad muy alta”.
Bolivia quiere
hacer creer a la comunidad internacional que se encuentra enclaustrada. La
realidad es diferente. Bolivia goza de un irrestricto acceso al mar, de manera
no soberana.
En virtud del
ya mencionado Tratado de 1904, Chile reconoció a favor de Bolivia “el más
amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del
Pacífico”. Este régimen fue ampliado por la Convención de Tránsito de 1937 a
“toda clase de carga y en todo tiempo sin excepción alguna”.
Bolivia ejerce
potestad aduanera sobre las cargas provenientes o manifestadas a su país y
hasta dispone de sus propias instalaciones y personal de aduanas en los puertos
chilenos.
Nuestro país
también exime del Impuesto al Valor Agregado a los servicios a las cargas
bolivianas en tránsito, con lo cual se otorga a Bolivia una ventaja superior a
las concedidas por la comunidad internacional a los países sin litoral. Además,
Bolivia goza de almacenamiento gratuito hasta por un año para la carga de
importación y 60 días para la carga de exportación. Este beneficio no se aplica
ni para las cargas chilenas, ni para las cargas de terceros países.
Chile
construyó, con cargo a sus propias arcas fiscales, un ferrocarril y línea
férrea para unir el puerto de Arica con La Paz. El ferrocarril ha prestado
servicios de transporte de carga y, en diversas épocas, también de pasajeros.
Pero más allá
de lo que señala la historia y los claros hechos, el Gobierno de Chile está
convencido de que el desarrollo de América Latina pasa en forma importante por
erradicar los fantasmas del pasado y girar la vista hacia adelante. La demanda
boliviana en nada ayuda a tal propósito.
Chile y Bolivia
tienen pendiente el desafío de construir relaciones de futuro. Dejar atrás el
siglo XIX para entrar definitivamente al siglo XXI.
Heraldo Muñoz es canciller de Chile
BOLIVIA: ASEGURAN QUE SANTA CRUZ ES BASE DE LOS CARTELES
DE LA COCAÍNA
El investigador boliviano en temas de seguridad y
narcotráfico Roberto Méndez aseguró que los carteles internacionales del narcotráfico
han instalado oficinas de cobros en Santa Cruz de la Sierra.
La Capital de Argentina (www.lacapital.com.ar)
El investigador
boliviano en temas de seguridad y narcotráfico Roberto Méndez aseguró que los
carteles internacionales del narcotráfico han instalado oficinas de cobros en
la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, algo que niegan las
autoridades.
En el libro
"Sicarios y poder", que será presentado en los próximos días, Méndez
habla de los vínculos de Bolivia con redes internacionales del narcotráfico
como país productor de la hoja de coca, insumo básico de la cocaína. "En
Bolivia y particularmente en Santa Cruz (hay) carteles (que) han establecido
oficinas de cobros. Por eso hay sicarios", anticipó por Twitter el
investigador, que además es abogado y que como periodista cubrió durante 20
años el tema narcotráfico en Bolivia. El estudio está respaldado con
estadísticas sobre secuestros y muertes en los últimos dos años en la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra, la más poblada de Bolivia.
Sin embargo, el
viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, negó
que existan operadores de los cárteles internacionales de droga en Bolivia. A
pesar de esto, la unidad de inteligencia de la policía antidrogas reportó el
aumento en Santa Cruz de ciudadanos de Colombia, México y Brasil con probables
vínculos con el narcotráfico. El viceministro Cáceres, por otra parte, admitió
que aumentó el tráfico de "cocaína peruana" por el lago Titicaca para
su posterior traslado a países vecinos. Cáceres es un ex cultivador de la hoja
de coca en el trópico de Cochabamba, como el presidente Evo Morales. Los
operativos antidrogas en Bolivia decomisaron un 48 por ciento más de cocaína de
enero a octubre de este año en relación con 2013, según datos del
viceministerio de Defensa Social de Cáceres. Bolivia,a Colombia y Perú son los
mayores productores mundiales de hoja de coca y de cocaína.
UN TELEFÉRICO PARA UNIR DOS REALIDADES ANTAGÓNICAS EN LA
CAPITAL DE BOLIVIA
El Diario 24 de Argentina (www.d24ar.com/nota)
A partir de una
inversión de casi 235 millones de dólares, las distancias entre La Paz y El
Alto, en Bolivia podrán recorrerse en muy poco tiempo gracias a la instalación
de un moderno teleférico.
Esta
infraestructura, inaugurada en mayo y que está por estrenar su tercera línea,
la verde (hay ocho planificadas para el futuro), ha reducido significativamente
el tiempo de viaje, convirtiéndose en uno de los medios de transporte más
populares de la capital y en símbolo del desarrollo económico.
Según sus
creadores, también está ayudando a interconectar las distantes realidades de
este rincón de Bolivia, y esperan que el teleférico pueda ayudar a la
integración de los barrios y su población del mismo modo que el metro lo hizo a
comienzos del siglo pasado en ciudades de Europa y Estados Unidos.
Las estaciones
del teleférico se encuentran a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar. El
servicio ha transportado a unos 5 millones de pasajeros desde su inauguración,
que pagan US$0,40 por viaje.
Radio Pachamama de Perú (www.pachamamaradio.org)
El país de
Bolivia, sigue con mayores exportaciones de quinua, ubicándolo en el primer
lugar, mientras que Perú se ubica en el segundo, reveló Grimel Álvarez Flores,
del área de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio y la Producción de Puno.
Detalló, que
Perú exporta la quinua a Estados Unidos (EEUU), y Canadá y en pequeña cantidad
a Europa, sin embargo a nivel mundial se sigue consagrándose como los primeros
productores de esta especie.
Dijo, que el
comportamiento de la producción de la quinua en los últimos diez años se ha
incrementado de quince mil toneladas en el 2000 al 37 mil toneladas en el 2014
aproximadamente.
“También se ha
incrementado el rendimiento por hectárea, en el año 2000 teníamos un
rendimiento de 827 kilos por hectárea, pero comparando en el año 2014 hemos
tenido un rendimiento de más de mil kilos por hectárea, lo cual es un
indicativo de que nuestra productividad está en aumento, sin embargo se hacemos
comparaciones a nivel nacional vemos que Puno hace cinco años representaba en
promedio 68% de la producción nacional, pero en este año hubo estimaciones que
representa aproximadamente entre 45 a 49%”, incidió.
Asimismo,
refirió que Puno hasta abril de este año ha tenido una exportación en el rubro
de agro de 0.4 millones de dólares, entre ellos está la quinua que ya son
productos con valor agregado como la perlada.
Radio Pachamama de Perú (www.pachamamaradio.org)
Para director
de la Escuela Superior de Formación Artística ESFA Puno, José Domingo Calizaya
Mamani, la no llegada de bandas bolivianas a la Festividad de la Santísima
Virgen de la Candelaria no afectarían las celebraciones, pues afirma que las
bandas de Puno duplican en calidad a las de Bolivia.
“Puno tiene
músicos de alta calidad”, afirma Calizaya ante la amenaza de las bandas
bolivianas de no venir a Puno por la postulación ante la UNESCO de la
Festividad de la Candelaria. “Las bandas orquesta de Puno tienen un reparto
instrumental que duplica la calidad interpretativa de los bolivianos”, indicó
Calizaya.
Asimismo,
menciona que la Festividad de la Santísima Virgen de la Candelaria se base en
hechos históricos que forman parte de Puno, que reúne la cosmovisión andina y
la religión católica.
Por otro lado,
indica que falta un registro de todas las danzas nativas y mestizas que se
tiene en Puno, pues esto ha dado pie al reclamo de los bolivianos. Ante ello,
señaló que desde el ESFAP se planteó al Gobierno Regional realizar esta labor.
¿LA CANDELARIA TIENE DANZAS BOLIVIANAS?
A más tardar este viernes, la Unesco decide si esta
festividad religiosa de Puno pasa a ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Desde el país vecino se denuncia que el Perú se ha apropiado de bailes suyos
para avalar la candidatura.
Publimetro de Perú (www.publimetro.pe)
La Festividad
de la Virgen de La Candelaria de Puno, conocida por sus coloridas danzas y
bandas de músicos, está optando a engrosar la Lista Representativa del
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de de la Unesco. La decisión que
adopte esta entidad de las Naciones Unidas para la educación y la cultura
llegará desde París a más tardar el próximo viernes 28.
En su análisis,
la Unesco deberá tener en cuenta una objeción formal presentada por Bolivia a
principios de mes contra la candidatura peruana. El país vecino esgrime que, en
un video promocional de la festividad religiosa, el Perú presenta danzas
bolivianas como propias.
Según el
director del Centro Universitario de Folklore de la Universidad Nacional Mayor
San Marcos (UNMSM), Carlos Sánchez, un pequeño grupo de las danzas que se
bailan en La Candelaria, que él estima en un máximo del 10%, tiene orígenes
compartidos en los dos países.
“Se comparten
bailes como la llamerada, la kullawada y la waca-waca, que tienen su origen en
la época colonial, cuando toda esa zona geográfica era un mismo territorio.
Pasó el tiempo y con las repúblicas se impusieron fronteras políticas
arbitrarias que cortaron un espacio cultural homogéneo”, le explicó a
Publimetro.
Para este
especialista, Bolivia tendría solo un “único sustento” para cuestionar la
candidatura peruana: la danza de los caporales. “Nace en La Paz y es muy
difundida por todo el continente. Pero es un lunar en medio del resto de bailes
de la festividad”.
Al igual que
Sánchez, la investigadora cultural Gledy Mendoza, de la Dirección de
Investigación de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas,
ensalza los valores culturales entre ambos países.
“Compartimos
muchas manifestaciones culturales desde tiempos inmemoriales. Las fronteras no
son significativas en ese sentido para determinar propiedades”. Sánchez y
Mendoza consideran que los orígenes comunes de las danzas de La Candelaria no
deslegitimizan la candidatura peruana, ya que estas forman parte de una
manifestación cultural más amplia.
“El Perú está
en todo su derecho de solicitar la declaración a la Unesco por el significado,
la magnitud religiosa y cultural de la festividad de La Candelaria. Es derecho
de todos los pueblos hacerlo con sus manifestaciones relevantes”, dice Mendoza.
Por su parte,
Sánchez pide no perder de vista que la solicitud del Perú “no busca reconocer
las danzas, sino a la fiesta de La Candelaria en sí”.
Desde el pasado
lunes, un comité intergubernamental se reúne en París para evaluar 46
expedientes de países que quieren inscribir en la Lista del Patrimonio Cultural
Inmaterial alguna tradición local de trascendencia para el mundo.
CRÍTICA: “OLVIDADOS”, LA POLÉMICA PELÍCULA BOLIVIANA
CANDIDATA AL OSCAR 2015
Cine Encuentro de Perú (www.cinencuentro.com)
Ya iniciada la
temporada de premios hollywoodenses, se acerca el momento de conocer las películas
nominadas a Mejor Filme Extranjero
para los Premios Oscar 2015.
En un artículo
reciente del diario Los Angeles Times se especula sobre 6 películas que suenan
fuerte para quedar en la lista final de nominadas. Ahí se incluye a la
archipopular “Relatos salvajes”, de Argentina; y para sorpresa de no pocos,
también a la boliviana Olvidados
(Forgotten), una superproducción dirigida por el mexicano Carlos Bolado.
“Olvidados” se
propone abordar los hechos ocurridos durante el infame Plan Cóndor, llevado a cabo por las dictaduras militares en
Latinoamérica con apoyo de la CIA en las décadas de 1970 y 1980. La película,
que aún se encuentra en cartelera en Bolivia, ha causado polémica por su
tratamiento de tan delicado episodio de la vida política y social de nuestra
región.
A continuación
presentamos un texto crítico escrito por nuestra colaboradora boliviana Mary
Carmen Molina:
Olvidados:
Fracasos para la restitución histórica
En agosto de
este año, las Abuelas de Plaza de Mayo encontraron al nieto número 114. En
noviembre de 1977, durante la última dictadura militar en Argentina, Laura
Carlotto fue secuestrada por un grupo de tareas cuando estaba embarazada. En
cautiverio, el 26 de junio de 1978, dio a luz un niño, al que llamó Guido.
Luego, fue asesinada y, ese mismo día, su cuerpo fue entregado a su madre,
Estela de Carlotto. Después de 36 años de búsqueda, Estela, ahora presidenta de
la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, encontró a su nieto. “Es una
reparación, para él, para nuestra familia, para la sociedad en su conjunto”, dijo la abuela al anunciar la noticia.
Casualmente,
junto a esta reparación histórica se ubicó en el contexto boliviano el estreno
de Olvidados, película
coguionizada, producida y protagonizada por la actriz, modelo y productora Carla Ortiz, sobre la ‘Operación
Cóndor’ que implementaron las dictaduras militares en Latinoamérica, los
crímenes y represiones que se gestaron a partir de esta sanguinaria
congregación política y, en particular, la historia de apropiación-secuestro de
un menor en Argentina.
Con un aparato
de marketing y prensa casi incomparable en el medio, la película se presentó
como una interpelación para la recuperación de la memoria. “¿Te atreves a
recordar?”, eslogan de la cinta, es, antes de verla, un enganche comercialmente
efectivo, pero políticamente un tanto mediocre. ¿De pronto la urgencia histórica deviene atrevimiento curioso que
sostiene la cadena de consumo?, ¿dónde cabe esta pregunta sino en la
seducción fácil de un espectador en el que conviene preservar la ingenuidad?
Sin embargo, los alcances de este slogan y la información difundida sobre la
película se quedan cortos en la sala de cine, donde el despliegue de una
ostentosa producción no termina de obnubilar al espectador y cubrir el
desconcertante discurso de condonación de culpas y crímenes.
Desde un
inicio, el montaje de las imágenes trabaja la articulación entre tiempos y
espacios diferentes: pasado y presente confluyen a través de los personajes y
sus historias, en el cruce del respaldo de las imágenes de archivo y la
escenografía de lo contemporáneo. Estas historias viajan por el continente, de
un país a otro: ágiles y serviles, las imágenes ilustran el flujo y la
consolidación de acuerdos, poderes y personas que sostuvieron el Plan Cóndor.
La didáctica de este planteamiento es deducible e, incluso, aburrida: la idea parece ser ubicar al espectador en
un terreno distante a la realidad que ve en pantalla y, de esta manera,
presentar la trama sin cargas subjetivas que participen en la comprensión de
las imágenes y las interfieran.
Rápidamente, la
película va descubriendo el punto de vista desde el que emana la narración, en
los personajes del Coronel José Mendieta y Lucía, secuestrada y torturada por
la dictadura. Viejo y solo, el coronel pasa sus últimos días en Bolivia,
atormentado por los fantasmas del pasado, imágenes de angustia y desesperación
que lo conducen hacia una suerte de catarsis: aunque parte de un operativo
criminal, el coronel es una persona que cometió errores y está arrepentida. La
voluntad de borrar y reparar el pasado sería suficiente para dejar de lado la
condena a la impunidad.
El hecho de que
sea él el personaje central de la película implica que, de manera sutil, el
espacio privilegiado de la trama sea el de los altos mandos militares: conocemos de cerca los detalles del Plan
Cóndor y no tan de cerca el movimiento social que éste reprimía. De este
lado de opositores al régimen militar, Lucía es la figura central: ella es la
esposa de un periodista europeo relacionado con grupos opositores socialistas,
no una opositora activa. No es casual la lateralidad de este personaje: esta
decisión narrativa la ubica en un lugar ambiguo, que conviene para la
preservación de la mirada apolítica que busca la trama. Aquí reside el peligro
de este discurso: lo apolítico es una vía de lectura insólita y poco justa para
la realidad de crimen e impunidad de los regímenes dictatoriales. Esta osada
mirada tiene su momento culminante en una escena, en la que un personaje
equipara la criminalidad del régimen dictatorial militar con el “radicalismo”
de sus opositores, entregados a ideales inútiles por los que no valdría la pena
luchar.
Lo insólito se
vuelve incorrecto y ofensivo en las secuencias que muestran las torturas que
sufrieron los secuestrados y desaparecidos. La pretensión de fidelidad
histórica –presente, por ejemplo, en la intención del uso de imágenes de
archivo– halla una desafortunada ruta en la búsqueda de realismo en estas
secuencias: violencia y sangre
excesivas, en imágenes repetitivas y dilatadas innecesariamente, revelan
torpeza en la comprensión de la responsabilidad de la representación de estos
hechos históricos. Al parecer, a mayor cantidad de golpes y sangre, mayor
fidelidad o correspondencia con la realidad, en la visión violenta de esta
mirada, que no revela características diferentes a las de cualquier película
comercial de acción, terror o gore. La violencia es gratuita, no restaurativa,
es ofensiva porque su realismo no responde a la condena si no al afán de la
seducción del espectáculo.
El aplauso para
la calidad del trabajo de actores, actrices, técnicos y profesionales del cine
en Bolivia se enmudece completamente cuando descubrimos la consolidación de una
propuesta narrativa y ética que no es responsable con la historia, que no
recurre a la memoria para restaurar el presente sino para relativizar la
injusticia y criminalidad de los hechos, a favor de quienes asesinaron
impunemente y dejaron una huella de violencia y represión en la historia de
Latinoamérica.
Crítica originalmente
publicada en el periódico mensual ‘El Desacuerdo’, en agosto de 2014. Reeditada
en Extravío. Acercamientos críticos a Olvidados,
publicación digital de Cinemas Cine y la Escuela Popular para la
Comunicación, puesta en línea en agosto.
Crítica
originalmente publicada en el periódico mensual ‘El Desacuerdo’, en agosto de
2014. Reeditada en Extravío. Acercamientos críticos a Olvidados,
publicación digital de Cinemas Cine y la Escuela Popular para la
Comunicación, puesta en línea en agosto.
AGUA MAS ALLÁ DEL ESTADO
Rebelión de España (www.rebelion.org)
Los comités de
agua de Bolivia defienden sus formas organizativas horizontales y participativas,
frente un Estado cada vez mas centralizado.
La autonomía y
horizontalidad son parte de las formas tradicionales organizativas de los
bolivianos. Juntas constituyen una manera real, práctica, cotidiana de entender
lo público y de vivir la democracia participativa siempre al margen del Estado
y de los gobiernos de turno.
Los comités de
agua de la zona sud de la ciudad de Cochabamba, la cuarta ciudad mas grande de
Bolivia, son el epitome de las formas autonómicas y horizontales bolivianas.
Esta red todavía activa, se volvió visible después de la ‘guerra del agua’ del
2000., cuando una movilización popular de gran escala detuvo los intentos de
privatizar el sistema publico de agua de la ciudad.
Mientras muchos
asocian la guerra del agua con la noción de verdadera democracia, esta
descripción pudiera poseer una contradicción en si misma: una guerra –cualquier
guerra- implica violencia, pérdida de energía y recursos, muertes, desacuerdo y
la democracia (como la conocemos en Occidente), tiene la función de precisamente
evitar todo aquello. Pero el conflicto no fue una simple batalla por la defensa
de un recurso. Uno de los principales motivos de tal(es) conflicto(s) fue
precisamente la histórica y permanente lucha de las y los bolivianos por
defender su derecho a decidir de una manera horizontal y autónoma sobre sus
propias necesidades, es decir: su imperiosa y siempre pospuesta necesidad de vivir
en verdadera democracia.
En septiembre de 1999, el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cochabamba (SEMAPA) fue vendido al consorcio Aguas del Tunari, una empresa que tenía como socio mayoritario a la corporación Bechtel. Esto fue el corolario de un proceso largo de ajustes estructurales guiados y auspiciados por el Banco Mundial y El Fondo Monetario Internacional desde mediados de los años 80’s en los países latinoamericanos, incluida Bolivia. Des pues de la privatización, los ciudadanos del valle boliviano empezaron a enfrentar aumentos excesivos de las tarifas, al mismo tiempo que las cooperativas y comités de agua se encontraron administrando servicios de agua sin concesiones estatales, lo que significaba que Aguas del Tunari podía enjuiciarlos por competencia ilegal y podía también apropiarse de esos sistemas.
En septiembre de 1999, el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cochabamba (SEMAPA) fue vendido al consorcio Aguas del Tunari, una empresa que tenía como socio mayoritario a la corporación Bechtel. Esto fue el corolario de un proceso largo de ajustes estructurales guiados y auspiciados por el Banco Mundial y El Fondo Monetario Internacional desde mediados de los años 80’s en los países latinoamericanos, incluida Bolivia. Des pues de la privatización, los ciudadanos del valle boliviano empezaron a enfrentar aumentos excesivos de las tarifas, al mismo tiempo que las cooperativas y comités de agua se encontraron administrando servicios de agua sin concesiones estatales, lo que significaba que Aguas del Tunari podía enjuiciarlos por competencia ilegal y podía también apropiarse de esos sistemas.
Este panorama
siniestro dio origen a la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida
(comúnmente llamada Coordinadora del Agua). Después de varios meses de
negociaciones con el Estado y confrontaciones con las fuerzas armadas, la
Coordinadora, logró expulsar a la compañía.
Muchas
realidades se hicieron visibles por primera vez y con claridad a partir de la
Guerra del Agua del año 2000 en Cochabamba. Por ejemplo, un sinfín de formas de
organización que no están regidas por las estructuras occidentales de
democracia, un caso es el de los Comités de agua de la ciudad de Cochabamba,
que fueron centrales en el actuar de la Coordinadora del agua y que a partir de
los enfrentamientos del 2000 y junto a los demás sectores que participaron
activamente en aquellos hechos, establecieron redes de contacto entre sí e
iniciaron procesos de coordinación y cooperación mutua.
Los Comités de
agua de Cochabamba son particularmente tradicionales de la zona Sur de esta
ciudad, pero se encuentran en toda el área periurbana de la ciudad La zona sur
está compuesta por seis distritos y que tiene la mitad de la población de la
ciudad: hablamos de mas de doscientos mil habitantes. Esta zona tiene entre
cien y ciento veinte Comités de agua a los que se suman 400 en toda el área
metropolitana de Cochabamba de acuerdo a Stefano Archidiacono de la ONG CeVI.
Entonces estamos hablando de miles de personas organizadas alrededor—pero no
exclusivamente—del agua.
Aunque en
Bolivia no existen dos servicios que operen de la misma manera, está claro que
en el caso del agua, las organizaciones del tipo de los Comités, mantienen la
visión del agua como un ser viviente, divino; como la base de la reciprocidad y
la complementariedad. Un ser que es de todos y es de nadie, un ser que es visto
como una expresión de flexibilidad y adaptabilidad, quien ayuda a la naturaleza
a crear y transformar la vida y permite la reproducción social. El desarrollo
de las asambleas de estos Comités de agua reflejan esos usos y costumbres de la
comunidad, estas organizaciones son una manera de crear comunidades, similares
a las que existen en las zonas rurales, en la urbe.
Muchos han
registrado los orígenes de las practicas autónomas adoptadas por los comités de
agua hasta el imperio incaico, pasando por la colonia, hasta nuestros días.
Como resultado, los comités de agua son a menudo considerados expresiones
modernas de practicas comunales antiguas.. En un articulo de Bolpress del 2001
titulado Estado y Autonomía en Bolivia, una Interpretación Anarquista, Carlos
Crespo explica que la autonomía en Bolivia, “no es un ideal a conseguir, sino
una práctica cotidiana de los pueblos, comunidades y grupos de afinidad”. Estos
procesos horizontales, han sido desde siempre la práctica social y política del
boliviano en relación al Estado y el poder imperante, desde el incario y
pasando por la colonia, la república y el Estado plurinacional.
Como las luchas
indígenas y la organización propia de sus sociedades, los comités de agua
representan una visión antiestatal de la autonomía puesto que surgen en barrios
y zonas marginales de la ciudad, los llamados cinturones de pobreza, una mezcla
de inmigrantes campesinos –que aportaron a sus nuevas comunidades ahora
urbanas- sus tradiciones andinas de trabajo solidario y por turnos, conocido
como el “ayni;” y de mineros relocalizados que, por su parte, aportaron a estas
comunidades olvidadas por el Estado, toda la experiencia organizativa adquirida
de los sindicatos de las minas.
Los Comités de
agua, son el resultado de la promoción y el reforzamiento del poder y los
procesos autónomos de la gente. Están basados en prácticas autónomas que no son
reconocidas --ni necesitan ser reconocidas-- por el Estado ni por la comunidad
internacional. Aquí, los miembros de la comunidad dividen y distribuyen roles
para responder a la pregunta de cómo proveer de agua al vecindario. Por eso
están construyendo redes que les permiten organizarse y compartir estrategias
sobre cómo acceder y proveerse de agua en sus comunidades. No están organizados
en contra de los sistemas públicos de agua sino a favor de la capacidad de
decidir cómo y hasta dónde deben conectarse a esos sistemas de agua.
Claramente, son
la expresión más genuina de cómo hacer política de una manera autónoma.
En los Comités
de agua, las preocupaciones sociales más importantes tienen que ser atendidas a
nivel de la comunidad y por eso se diferencian de la percepción estatal de los
movimientos sociales como expresiones pedigüeñas (o de demandas) de la
comunidad hacia el Estado, en los Comités de agua, la gente se organiza para
determinar e implementar las condiciones de su propia vida, no para pedir
favores de los gobiernos de turno. Por ello, van incluso más allá del tema del
agua porque aunque fueron creados alrededor de la ausencia, escases o
abundancia del líquido elemento, éstos también se ocupan de muchos otros
asuntos: el bienestar de los miembros, la seguridad, fiestas, futbol, etc.
Tal es el grado
de independencia de acción de los Comités de agua que han sido llamados por
algunos como “zonas liberadas del Estado”. Se viven tiempo confusos en Bolivia
y los desafíos de los comités de agua son numerosos. Pasando por las
limitaciones técnicas y financieras de los comités hasta las negociaciones con
el Estado para el respeto de su autonomía.
La cuestión
técnica es transversal a los diferentes procesos de formación y consolidación
de los comités de agua en Cochabamba y por ello, es una limitación de la que se
tiene consciencia, así lo muestra la participación de Gastón Zeballos,
dirigente del comité San Miguel Km 4 en el Primer Intercambio Internacional de
Experiencias entre operadores de agua de Uruguay, Colombia y Bolivia realizado
en Montevideo en Octubre del año 2013. Durante las jornadas de URCOLBOL, los
participantes bolivianos mostraron más interés en el área técnica de la
cloración, potabilización y tratamiento de aguas servidas que en cualquier otro
tema. Gaston Zeballos, participante de un comité de agua dice: “nos interesa
mas lo técnico porque nosotros tenemos los indicadores sociales cubiertos. En
nuestros comités hay participación, control social y rotación. Nos falta lo
otro.”
Tan importante
como lo técnico es la limitación económica. Especialmente cuando hablamos de
proyectos absolutamente necesarios y definitivamente inalcanzables con recursos
propios, como es el caso del alcantarillado de la zona correspondiente a cada
comité que además del costo debe, necesariamente, pensarse como parte de un
sistema más amplio que englobe a todos los sistemas alternativos o no. Este
tipo de proyectos indiscutiblemente, necesitan del apoyo y la inversión
estatal, un apoyo que debiera traducirse en la voluntad para respetar la
autonomía de los comités de agua, su visión particular sobre sus necesidades, y
al mismo tiempo el aporte efectivo de manera que el agua y su adecuado manejo y
distribución sean accesibles a todos pero que en tiempos de elecciones se viene
empleando de manera clientelar.
Cuando Evo
Morales asumió el poder el 2006, había la esperanza de que en su gobierno se
ampliara la autonomía y el autogobierno de los movimientos sociales. Sin
embargo, ha ocurrido lo contrario. El estado ha iniciado un proceso de
expansión hacia nuevas áreas, siendo el agua una de ellas. Hay una creciente
intervención del Estado en asuntos tradicionalmente fuera de su alcance. Esta
intervención ha tomado un impulso muy centralista. Las recientes legislación en
torno al agua dan poder al estado para decidir e intervenir sobre los sistemas
comunitarios y las prácticas autónomas que hasta ahora no reconocía.
A través de la
Convención sobre el Derecho al Agua promovida por el gobierno boliviano en la
ONU y a través de la Declaración de los Derechos de la Madre Tierra, el
gobierno de Morales ha declarado que la naturaleza tiene derechos, creando un
marco "derechos" que traslada la responsabilidad y por lo tanto el
poder de administrar los recursos hídricos de la gente para el Estado. Mientras
que estos esfuerzos han sido celebrados internacionalmente y se considera a
Morales como el líder en reformas medioambientales, esta estrategia traslada la
responsabilidad y el poder de administrar agua de la gente al Estado. Las
maneras tradicionales de uso del agua se vuelven nulas y sin sentido y aquellos
que buscan acceso al agua deben recurrir al Estado, la ley y las cortes. En su
camino, los comités de agua enfrentaran desafíos técnicos y económicos junto
con los continuos esfuerzos de cooptación por parte del Estado. Pero su éxito,
epitomizado en la guerra del agua, ha demostrado que organizados
horizontalmente, los bolivianos pueden recuperar la capacidad de manejar sus
bienes comunes con autonomía, contra el poder establecido y las formas
tradicionales de entender la ‘democracia’. La gente hoy día no se está
organizando para hacer demandas al Estado, pero para determinar e implementar
las condiciones de sus propias vidas.
PIQUÉ (OHL) APUESTA POR INVERTIR EN PAÍSES CON SEGURIDAD
JURÍDICA Y DICE QUE NO VOLVERÁN A BOLIVIA DE MOMENTO
El Economista de España (www.eleconomista.es)
El consejero
delegado de OHL, Josep Piqué, ha afirmado que las empresas deben centrar sus
inversiones en países que ofrezcan seguridad jurídica, y en el caso de América
Latina ha puesto como ejemplo los cuatro países que forman parte de la Alianza
del Pacífico (México, Perú, Chile y Colombia), en contraste con Bolivia, donde
OHL ya estuvo y, de momento, no piensa volver.
"Hay que
centrarse mucho en países que ofrecen seguridad jurídica", ha señalado
Piqué, para después señalar que "no es casual" que OHL se centre en
los países que conforman la Alianza del Pacífico. "En cambio, estábamos en
el mundo bolivariano y, de momento, no pensamos volver", ha añadido.
El exministro
de Exteriores ha señalado que internacionalizar una empresa es "muy fácil
decirlo, pero muy difícil hacerlo", por lo que "hay que identificar
muy bien los países a los que se va". Piqué ha dicho que "China es
para los chinos, Brasil es para los brasileños" y que "las
oportunidades están en otros negocios".
El exministro
ha matizado que "la presencia de China en África es de todos conocida,
pero también es cierto que la calidad de los trabajos no suele ser la exigible
y empieza a haber un cierto rechazo o recelo respecto a la capacidad de las
empresas chinas".
"Los
chinos pueden ofrecer una financiación que nosotros no podemos", pero las
empresas españolas tienen "talento y capital humano", ha resaltado
Piqué.
Respecto a la
situación de España en materia de infraestructuras, ha afirmado que el país
tiene, "en términos generales, una dotación de infraestructuras admirable,
comparable con cualquier país del mundo, aunque nos falta ampliar la red
portuaria", ha señalado en el transcurso de su intervención en la jornada
'Reindustrializar España', organizada por el diario 'El Economista'.
Piqué ha
apuntado que "las infraestructuras dependen en buena medida de los
presupuestos públicos", por lo que "es previsible que en los próximos
años, al menos en Europa, vamos a estar en un mercado de poca expansión".
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