Friday, September 21, 2018

EL COSTO ECONÓMICO DE UN CENTENARIO CONFLICTO. BOLIVIA PIERDE US$ 1.000 MILLONES ANUALES POR NO TENER MAR


En 1879 Bolivia perdió no solo su acceso al mar, 120 mil kilómetros cuadrados de territorios ricos en minerales y 400 km de costa, sino también la oportunidad de exportar cobre, litio, plata y otros recursos de gran valor en el mercado mundial.
Esa condición de mediterraneidad, que cercenó al país, causó pérdidas económicas que actualmente rondan el dos por ciento del Producto Interno Bruto, según estudios citados por especialistas del Banco Central de Bolivia y otras instituciones financieras.
La falta de un puerto propio obliga a transportar productos a través de Arica, al norte de Chile. Ello encarece el comercio exterior e implica costos por concepto de aranceles.
Según el Libro del Mar, que cita la publicación Doing Business del Banco Mundial, las exportaciones bolivianas por contenedor son 55 puntos porcentuales más caras que las de Chile y 60 por ciento más que las peruanas.
Bolivia tiene los costos de transporte más altos de América del Sur con 31 puntos porcentuales más que la media continental, refiere la publicación.
El volumen reproduce también un informe del Secretario General de Naciones Unidas del año 2012, en el cual se estima que 15 de los Estados Sin Litoral en desarrollo ocuparon los puestos más bajos de la clasificación del Índice de Desarrollo Humano.
En este sentido, destaca en el caso boliviano que el país experimentó un impulso por el crecimiento del Producto Interno Bruto a partir de 2006, cuando asumió la presidencia Evo Morales.
Sin embargo, acota que 'si la nación andino amazónica tuviera mejores posibilidades de expandir su comercio exterior a través de una salida soberana al mar, su crecimiento económico sería mayor'.
Según el texto editado por la Cancillería boliviana, a pesar de la tendencia creciente en desarrollo humano, Bolivia sigue manteniendo una distancia importante con los países de la región.
Otro de los ejemplos plasmados en El Libro del Mar es que entre 1960 y 2000 Chile recibió 218 mil millones de dólares por concepto de exportación. A su vez, de 2003 a 2013 recibió 346 mil 216 millones de dólares, según el Banco Central del país austral.
'Esta realidad indica que a precios de hoy Chile ha recibido mucho más de 900 mil millones de dólares por el cobre extraído de lo que fue territorio boliviano', refiere el documento.
SERENIDAD, CLAVE DE LA ESPERA
El próximo 1 de octubre la Corte Internacional de Justicia (CIJ) anunciará el fallo sobre la causa boliviana. Por lo pronto, las autoridades del país andino amazónico han pedido serenidad en espera del trascendental fallo.
En dicho tribunal, con sede en la ciudad holandesa de La Haya, transcurrió a mediados de marzo la última fase de la interpelación boliviana a Chile interpuesta en 2013 para que este negocie de buena fe su pedido de un acceso soberano al océano Pacífico.
De un lado, Bolivia le exige a Chile que dialogue para solucionar su mediterraneidad, condición vigente desde 1879. Del otro, y basándose en el Tratado de 1904, el país austral esgrime que no existe nada pendiente en materia limítrofe con Bolivia.
El mencionado acuerdo selló los límites territoriales entre ambas naciones tras la Guerra del Pacífico (1879-1883) que perdió Bolivia e involucró también a Perú. Como resultado, el país ganador se hizo con 120 mil kilómetros cuadrados de territorios ricos en minerales y 400 km de litoral.
Tras admitir la demanda en 2015, la fase oral del contencioso tuvo lugar en marzo de este año en La Haya. Allí, el equipo de juristas bolivianos y extranjeros expuso ante la Corte que el pedido no toca ni con el pétalo de una rosa la letra o el espíritu de ese documento.
Sin embargo, el canciller chileno Roberto Ampuero, quien lideró la delegación de su país, dijo que Bolivia pretende desconocer los tratados.
El pacto validó y concretó el cercenamiento boliviano y, a cambio, Chile comprometió una serie de facilidades para que La Paz accediera al libre comercio a través de los puertos de Arica y Antofagasta.
No obstante, Bolivia afirma que el Tratado de 1904 fue impuesto, injusto e insiste en que la demanda no es sobre ese documento histórico.
La comitiva boliviana, encabezada por el presidente Morales -fue la primera vez que un jefe de Estado asistió a una audiencia de ese tipo en la Corte-, demostró que en varias ocasiones Chile reconoció que pueden sentarse a hablar.
La Paz apela al artículo 31 del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá, vigente desde 1948) y cita una decena de compromisos escritos asumidos por altos representantes chilenos entre 1920 y 2010 para negociar ese pedido.
Chile, a su vez, afirma que no hay nada pendiente sobre el tema. Ese ha sido su accionar durante todos estos años: cautela. Ejemplo de ello fue la Agenda de los 13 puntos negociada durante el primer mandato de Michelle Bachelet que incluía el abordaje del tema marítimo, pero que nunca se concretó.
La causa marítima boliviana comprende no solo cuestiones de soberanía, sino ejemplos concretos de daños económicos al país. Prensa Latina de Cuba www.prensa-latina.cu)






EMPRESARIOS DICEN QUE BOLIVIA PIERDE US$ 1.000 MILLONES ANUALES POR NO TENER MAR

La Tercera de Chile (www.latercera.com)
                                                                          
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) afirmaron hoy que su país pierde mil millones de dólares al año por carecer de una salida al mar, lo que a su juicio le resta un crecimiento del 2% en su Producto Interno Bruto (PIB).
El presidente de la entidad, Ronald Nostas, aseguró en un comunicado que la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya prevista en próximo 1 de octubre, sobre la demanda marítima de Bolivia ante Chile, “puede significar la reparación de una deuda histórica inconmensurable”.
Nostas consideró que un fallo del tribunal con sede en la ciudad holandesa de La Haya a favor de la demanda boliviana y “una negociación efectiva posterior pueden significar al país mucho más que asegurar un crecimiento del PIB superior en el 2%”.
“O aumentar ingresos de hasta 1.000 millones de dólares por año, lo que hoy perdemos por el enclaustramiento, sino la posibilidad de una vinculación directa y rápida con los mayores mercados del mundo y abrir un escenario de negocios sin precedentes”, añadió.
“Las barreras que impone a Bolivia la mediterraneidad son múltiples, afectan la competitividad y generan que el costo del transporte de nuestros productos se encarezca más allá del 30 %”, advirtió.
El representante empresarial denunció que Bolivia está sometida “a los abusos, conflictos internos o la propia burocracia de la administración de los puertos chilenos, que generan millonarias pérdidas a nuestro comercio exterior”.
“La solución favorable a Bolivia en el diferendo marítimo podría incluso beneficiar a los propios chilenos, porque se podrían generar bloques comerciales a partir de Perú, Bolivia y Chile”, señaló.
Las tres naciones “tienen el potencial de conectar los grandes mercados de América del Sur con los países asiáticos con exportación de materia prima y productos industrializados”, argumentó.
Además, “iniciaría otra etapa de integración entre todas las naciones de Suramérica, algo que no se ha logrado en cientos de años”, agregó el presidente.
Nostas participó en marzo pasado en la delegación boliviana que presentó los alegatos del país ante la corte.





DIPUTADO FLORES RECONOCE QUE SE EXPRESÓ MAL CONTRA BOLIVIA, PERO SOSTIENE SU POSTURA

Radio Bio Bio de Chile (www.biobiochile.cl)
                                                                                      
Ante los dichos contra Bolivia, emitidos en Twitter por el diputado de Los Ríos, Iván Flores (DC), el parlamentario reconoció que quizás se equivocó en la forma, pero sostuvo que mantiene sus críticas al respecto.
En conversación con la Radio, el parlamentario accedió a referirse a sus palabras en Twitter en contra de Bolivia, a días de conocerse el fallo de la Corte Internacional de La Haya. En la publicación adjuntó imágenes de la parada militar, señalando “ni un litro de mar para Bolivia”.
Flores reconoció que se equívoco en la forma e incluso borró la polémica publicación, pues no esperaba generar tanto rechazo, señaló.
Sin embargo, sostuvo que mantendrá las críticas y consideró apropiado hacerlas, tras las últimas declaraciones de Evo Morales. Según Flores, existe toda una campaña comunicacional y de lobby por parte de Bolivia.
Cabe destacar que, entre 2014 y 2018, el parlamentario fue miembro de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.
La demanda marítima de Bolivia fue presentada ante la Corte de La Haya en 2013, y finalizará el litigio cuando se lea el fallo el 1 de octubre de este año.
"Ni un solo litro de agua para Bolivia": critican polémico tuit de diputado por Los Ríos
Parlamentarios del Partido Socialista en Los Ríos rechazaron los dichos del diputado DC Iván Flores en contra del presidente de Bolivia, a días de conocerse el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Lo califican de inoportuno y llaman a la prudencia.
Esos fueron los dichos que el diputado Flores publicó en su perfil de la red social Twitter, en relación al litigio entre Bolivia y Chile. Posterior a eso la publicación fue borrada de su cuenta.
Las palabras del congresista y exintegrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, con imágenes adjuntas de la parada militar chilena, ha generado críticas en diputados de la ex Nueva Mayoría, que su partido también integró.
En ese sentido, el diputado del PS por la zona, Patricio Rosas, llamó a la prudencia y a esperar confiados el fallo de La Haya.
En la misma línea, el diputado también del PS, Marcos Ilabaca, calificó de inoportunos los dichos de Flores y llamó a la mesura, ya que Chile, independiente del fallo, tendrá que seguir relacionándose con el país vecino.
Radio Bío Bío intentó tener contacto con el diputado Flores, lo que hasta el momento no ha sido posible.
Cabe indicar que también han existido dimes y diretes a nivel central, luego que el presidente de Bolivia, Evo Morales, manifestara que un sector de Chile lo quiere derrocar, lo que para el canciller chileno, Roberto Ampuero, significaría que Morales prepara el terreno para un fallo adverso.






Tendencias Net de España (www.tendencias21.net)

José Rodríguez Elizondo.- Debido a la experiencia con Bolivia, permanecer o no en el Pacto de Bogotá se ha convertidp en tema de debate político, en Chile. La opinión pública ilustrada comienza a comprender que no bastan los abogados para defender los intereses nacionales y que el derecho internacional no es intercambiable con la diplomacia. Es un tema al cual he asignado la mayor importancia, en mis libros y como docente. Últimamente, prestigiosos embajadores de carrera han asumido idéntico criterio y expertos de otros ámbitos me han acompañado en el debate. El siguiente texto, por ejemplo, fue fruto de un trabajo conjunto con un sociólogo que estuvo vinculado al equipo de defensa en La Haya, un ex embajador en Japón y Argentina y un ex comandante en jefe del Ejército.
Por ser un tema de interés nacional indiscutido, nos alegra que se esté produciendo un debate serio sobre el Pacto de Bogotá. Ante conflictos concretos, reducirse a la sola lógica legalista es negarse a asumir ideas diversas y soslayar factores tan principales de las relaciones internacionales como la experiencia histórica, el análisis político, la profesionalidad diplomática, la geoeconomía y la perspectiva estratégica. Es bloquearse al estudio de la realidad.  
Perseverar en esa actitud reduccionista, nos aleja cada vez más de las doctrinas de las escuelas diplomáticas desarrolladas, para las cuales, eventualmente, la audacia puede ser la verdadera prudencia. La diplomacia vaticana suele aplicar ese criterio: “La prudencia es una virtud del gobierno; la audacia también”. Talleyrand, maestro del pragmatismo diplomático, enseñaba que en materia de conflictos “aún el derecho más legítimo puede ser discutible”.
Dicho reduccionismo ha sido denunciado por nuestros historiadores. Para Francisco A Encina, Chile produce un fenómeno exótico: “el traspaso de la mentalidad jurídica propia a los pueblos extraños con que entra en relaciones”. Mario Barros, en su obra Historia Diplomática de Chile, describe esto como una “esclavitud jurídica”, base de una “espantosa falta de imaginación”.
En el caso del conflicto con Bolivia, el verdadero problema no es el juicio en La Haya. Este es un síntoma.  El gran desafío es una apetencia territorial de dicho país en perjuicio de Chile. Para alcanzarla, utiliza todos los medios a su alcance, entre ellos la demanda y persistirá en su propósito, cualquiera sea el tenor del fallo.
Sobre esa base, en todas nuestras publicaciones hemos enfatizado que se trata de un conflicto de poder –es decir, básicamente político- por estar en juego la soberanía. A mayor abundamiento, el gobierno boliviano lo ha politizado al extremo. No considerarlo es soslayar a) que se nos está aplicando en formato judicial ese recuperacionismo territorial que algunos desestiman por sernos “inoponible”, b) que el presidente Evo Morales lo ha proclamado sin tapujos en la Haya y  uno de sus cancilleres incluso invocó la ordalía de la sangre, y c) que los jueces de la Corte asumieron como legítima la demanda boliviana, en una decisión que la doctrina comparada tipifica como “desviación del poder”.
Sería ingenuo, entonces, pensar que el gobierno boliviano renunciará a su estrategia  después del inminente fallo de la Corte. Estamos ante un desafío para largo, que incluso pudiera llegar a involucrar a otros países. La idea de anunciar, en el momento oportuno, el retiro del Pacto de Bogotá, es adelantarse a posibles escenarios más complejos, recuperando la plenitud de la facultad nacional para resguardar nuestra soberanía.  
Cabe agregar que, a partir del rechazo de la Corte a nuestras excepciones preliminares de competencia, la necesidad de desvincularnos del Pacto fue asumida por la opinión pública ilustrada y su debate fue legitimado por la Cancillería. Esto choca contra la posición del juridicismo a ultranza, para cuyos defensores el retiro siempre será inoportuno.
En definitiva, sin renunciar a las razones del derecho, pretendemos que Chile pase de los tiempos judiciales a los tiempos de la diplomacia profesional, asumiendo la necesaria capacidad de viraje de nuestra política exterior, aumentando así las opciones del jefe de Estado. Renunciar a esta opción, bajo el pretexto de la “oportunidad”, es ignorar la importancia de las señales en política internacional y mutilar a priori las opciones defensivas de nuestro país.
Reiteramos, por tanto, que el interés nacional se defiende con “todos los recursos legítimos del poder” y con “total apego a la Carta de la ONU.” En esto no hay amenaza alguna, no hay estridencia nacionalista, ni menos, una actitud temeraria.  El problema real, es que no hay peor sordo que el que no quiere oír ni hay mayor obstáculo para los intereses nacionales que los que no se atreven a innovar cuando las circunstancias lo exigen.





PACTO DE BOGOTÁ: MIEMBROS DE COMITÉ ASESOR ABREN DEBATE

La Tercera de Chile (www.latercera.com)
                                                                                                        
Al mediodía de este viernes, el canciller Roberto Ampuero se reunirá con el Comité Asesor por la demanda marítima boliviana. La instancia está integrada por distintas personalidades, incluyendo abogados, académicos, representantes del Poder Judicial, ex ministros y embajadores y fue creada por el excanciller, Heraldo Muñoz, para trabajar con el equipo que representa a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) por la demanda marítima boliviana.
La cita, de hecho, forma parte de una serie de reuniones que encabezarán Ampuero, el agente de Chile ante La Haya, Claudio Grossman, y el propio Presidente Sebastián Piñera.
Si bien las reuniones buscan una coordinación de cara a dicho hito, el encuentro de este viernes está cruzado por las distintas posturas que tienen miembros de este comité sobre la permanencia de Chile en el Pacto de Bogotá, que entrega competencias a la Corte para zanjar controversias entre países.
Consultado al respecto, el abogado, exembajador e integrante del comité, José Rodríguez Elizondo, dijo a La Tercera que “a futuro está puesto el tema, si ya se empezó a discutir, y creo que hay una buena mayoría de opinión pública ilustrada que está por salirse del Pacto de Bogotá”. El jurista agregó que “esto no depende si nos vaya mal o bien en el fallo”.
Hace unos meses, Elizondo junto a otros expertos, como el exsubsecretario Gabriel Gaspar y el exembajador Eduardo Rodríguez, habían redactado una misiva en que afirmaban que “la idea de anunciar, en el momento oportuno, el retiro del Pacto de Bogotá, es adelantarse a posibles escenarios más complejos, recuperando la plenitud de la facultad nacional para resguardar nuestra soberanía”. También planteaban que “a partir del rechazo de la Corte a nuestras excepciones preliminares de competencia, la necesidad de desvincularnos del Pacto fue asumida por la opinión pública ilustrada”.
Como contraparte, el exministro Carlos Ominami, también miembro del comité asesor, aseguró a este medio que “la discusión sobre la salida del Pacto de Bogotá me parece totalmente inoficiosa, no tiene efecto sobre el fallo mismo y sería contrariar todo lo que ha sido la tradición chilena de respeto al derecho internacional, la integración, la paz y la concordia entre los pueblos”.
Hoy, el Ampuero abordó el tema señalando que el debate por la permanencia en el pacto “es un escenario hipotético. Nosotros entendemos plenamente que haya políticos, columnistas, expertos en política internacional que estén debatiendo, es un debate absolutamente legítimo, pero lo cierto que para el Gobierno este no es un tema. Nosotros estamos en otro momento, en el momento de esperar la lectura del fallo y que será el 1 de octubre, mientras tanto no nos pronunciamos sobre escenarios hipotéticos”.
En la víspera, el ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, había dicho sobre la discusión por un eventual retiro que “hay que verlo en su minuto”.





PUERTO DE ILO AVANZA FRENTE AL GRAU PERO NO ANTE ARICA

Empresario Fuster señala que el terminal marítimo de la región peruana no tiene tránsito y flujo naviero.

Diario Correo de Perú (www.diariocorreo.pe)

Mientras en Tacna se presentan los estudios terminados del megapuerto Almirante Miguel Grau para que se ubique en la playa Meca en Ite, en Ilo ofrece descuentos a los empresarios bolivianos y peruanos para que importen su mercadería; sin embargo, el expresidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna (CCIPT) Aldo Fuster Ocaña considera que el puerto de Arica sigue teniendo la ventaja.
FLUJO
El empresario, que ahora mismo trabaja un proyecto para exportar la Granada Wonderful, sostuvo que para sus fines y de muchos de sus colegas, Ilo todavía no conviene ya que recalca que no tiene tráfico.
"Por ejemplo para exportar la granada vamos a necesitar embarcaciones para enviar nuestros contenedores cada cuatro días, pero Ilo tiene un flujo quincenal, en cambio al puerto de Arica todos los días llegan embarcaciones", explicó.
Para que Ilo sea atractivo para los importadores y exportadores, tanto de Bolivia y de Perú, dijo que primero deberá generar un reflujo y un tráfico regular.
"Tienen un proceso enorme todavía por trabajar, van a tener que conseguir carga para obtener más frecuencia, sino tanto los industriales como los comerciantes van a seguir utilizando el puerto de Arica... hoy en día (el puerto de Ilo) no es viable si no hay carga y frecuencia", precisó.
Sobre el puerto Grau, mencionó que si bien se dieron a conocer los estudio, falta cumplir con el desafío de conseguir inversionistas, que presume se dificultará con el ingreso de la nueva autoridad regional. "Ilo seguirá adelante", acotó.





PUERTO ALMIRANTE GRAU DE TACNA EN PERÚ Y EL CORREDOR BIOCEÁNICO CENTRAL CAPTAN EL INTERÉS DE ZICOSUR
                                                                                                        
Nuevos proyectos de infraestructura favorecen, especialmente, a los productores de alimentos

Mundo Marítimo de Chile (mundomaritimo.cl)
                                                                   
La gran despensa de alimentos en América del Sur no solo está en Bolivia y Brasil, sino también Argentina, donde ven con buenos ojos el desarrollo del puerto Almirante Miguel Grau y del corredor bioceánico central. "Nuestras regiones son netamente productoras de alimentos y esta situación nos favorece y beneficia. Este puerto que es un proyecto que está en una fase que puede empezar a implementarse y desarrollarse es muy importante para la región", señaló Luis Mariano Fernández, subsecretario de integración regional de la provincia de Tucumán, jurisdicción que integra la Comisión de Energía y Minas de la Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur (Zicosur).
En el espacio estudiado se construirán tres muelles, uno de categoría multipropósito, otro para minerales y uno para granos. También está considerado ejecutar un rompeolas, un canal de acceso y una zona de maniobras con una profundidad superior a los 20 metros.
El periodo de operación del puerto está fijado entre 2023 y 2052, lo que beneficiaría de manera directa a las regiones del sur de Perú y, en Bolivia, a Cochabamba, La Paz, Oruro y Santa Cruz. De manera indirecta se vería favorecido Mato Grosso en Brasil, según el Gobierno Regional de Tacna.
La sesión del grupo de trabajo realizada en Tacna reunió a representantes de Argentina, Chile, Paraguay y Bolivia. "Hoy con el puerto Grau y el ferrocarril transoceánico que estamos presentando es una gran oportunidad para poder sacar toda la mercadería hacia los países asiáticos y potenciar todas estas regiones", dijo el gobernador Omar Jiménez Flores, presidente de la comisión de Energía y Minas de la Zicosur.
La Zicosur es un proyecto de complementación económica, comercial y cultural, además de cooperación intergubernamental y empresarial que congrega a las regiones vecinas con el Trópico de Capricornio. Cuenta con diez comisiones integradas por miembros de los ejecutivos de cuarenta gobiernos locales de los países involucrados. En Perú, las regiones que conforman la macrosur, Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna, integran el grupo de trabajo.





RECHAZO CONJUNTO A LA MILITARIZACIÓN DE LA FRONTERA ENTRE BOLIVIA Y ARGENTINA

Notas de Periodismo de Argentina (www.notasperiodismopopular.com.ar)

El repudio a la militarización de la frontera entre Argentina y Bolivia sigue en la agenda de Evo Morales que este jueves envió una carta a las Madres de Plaza de Mayo en agradecimiento a su apoyo, luego de que el mandatario boliviano acusara a Mauricio Macri de querer “amedrentar y asustar” a su pueblo con la instalación de bases militares en la frontera de ambos países.
“No estoy de acuerdo con lo que hizo estos últimos días Argentina, militarizar la frontera con Bolivia, en La Quiaca, al frente de Villazón. Lo que hacen es amedrentar, intentarán asustarnos, no nos vamos a asustar, somos un pueblo unido, son fuerzas sociales. Intentarán como sea amedrentarnos, no van a poder”, afirmó Morales durante un acto en Villa Charcas, Chuquisaca, el pasado 23 de agosto. También reiteró las críticas a los países que admiten bases militares estadounidenses en sus territorios y a la OTAN.
En efecto, agosto fue el mes en el que el Gobierno argentino inauguró una base en la ciudad fronteriza de La Quiaca, limítrofe con Bolivia, enmarcado en el plan de reforma de las Fuerzas Armadas impulsado por el Ejecutivo para que se ejecuten tareas de seguridad interior. Además el presidente Mauricio Macri ordenó la instalación de una base militar en Abra Pampa, también en Jujuy, a 70 kilómetros de la frontera boliviana.
Por su parte, desde la Asamblea Popular de la Puna, denunciaron que el “despliegue militar desproporcionado, viola las leyes de Seguridad Interior y Defensa Nacional y rompe el pacto político-social desde el retorno a la Democracia” y que “obedece al Acuerdo que firmó el Gobierno Nacional en noviembre del año 2016 con la Guardia Nacional de Georgia, perteneciente al Ejército de los EE.UU.”.
Asimismo, insistieron en que dicho acuerdo “establece la instalación de bases militares encubiertas en áreas de recursos naturales estratégicos como Neuquén, Misiones y Jujuy, que bajo la subordinación mencionada favorece a la diplomacia estadounidense para coercionar sobre el actual y los sucesivos gobiernos nacionales con el fin de obtener ventajas en la adjudicación de explotaciones de esos recursos”.
El embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez, negó que haya fuerzas militares extranjeras operando en su país y aseguró que las Fuerzas Armadas argentinas “tienen la suficiente cualificación y calidad para cumplir el rol, no hace falta ningún protectorado ni nada”.
Este jueves el presidente del Estado Pluricultural de Bolivia envió una carta a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, quien previamente se solidarizó con y le agradeció el apoyo de la organización a la lucha antiimperialista.
“A nombre del pueblo de Bolivia, le agradezco el respaldo militante de las Madres de Plaza de Mayo con la causa de la justicia y soberanía de Argentina y Bolivia, países que aún curan las heridas del criminal Plan Cóndor financiado por Estados Unidos que causó las peores violaciones a los derechos humanos”, escribió Morales y añadió: “Reafirmamos nuestro compromiso para una lucha conjunta por la liberación definitiva de nuestros pueblos. Mientras existan las Madres de la Plaza de Mayo y los movimientos sociales e indígena originarios de Bolivia, América Latina será tierra libre de la intromisión imperialista”.





ASÍ CAMINA AMÉRICA LATINA EN POLÍTICAS DE DROGAS

Mientras los países vecinos están transitando hacia enfoques de salud pública, en Colombia se acaba de anunciar un nuevo proyecto de decreto que retorna a las políticas de represión.

El Espectador de Colombia (www.colombia2020.elespectador.com)
                                                     
“Alguien tiene que ser el primero”, le dijo José Mujica al diario O Globo de Brasil en junio de 2012, en medio de la Cumbre Río +20, en la que el entonces presidente uruguayo dio a conocer al mundo su propuesta de legalizar la marihuana. Un año y medio después, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en regular desde el cultivo hasta la comercialización. El impulso a la legalización en América Latina se puso en marcha.
Casi cinco años antes, en 2009, la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia había lanzado un grito de desesperanza ante el fracaso de la guerra contra el narcotráfico. Así lo plantearon los expresidentes y creadores de esa Comisión Ernesto Zedillo, de México; Fernando Henrique Cardozo, de Brasil, y César Gaviria, de Colombia. A partir de ese momento, su reclamo se hizo global.
Bastó una mirada al contexto del momento para que el fracaso de esa lucha en la región se hiciera evidente. Entre Colombia, Perú y Bolivia producían la totalidad de la oferta mundial de cocaína. Mientras el consumo se estabilizaba en Estados Unidos y en Europa, en América Latina continuaba expandiéndose.
A este colapso se llegó luego de que los países latinoamericanos manifestaron por décadas su irrestricto apoyo a la “guerra contra el narcotráfico”, que fue promovida desde la administración de Richard Nixon en Estados Unidos, a inicios de los años 70. Desde esa época se propagó por América Latina un enfoque represivo y prohibicionista que tuvo su auge en los años 90.
De acuerdo con un informe del Colectivo de Estudios, Drogas y Derecho (CEDD) y el centro de estudios Dejusticia, en esa década se desplegó en la región un conjunto de legislaciones para reforzar la visión punitiva del problema de las drogas. En Brasil, por ejemplo, una ley de 1990 consideró los delitos relacionados con drogas como “crímenes hediondos”. Situación similar vivieron países como Argentina, Costa Rica y Ecuador. Este último contó con las penas más duras para el tráfico y la tenencia de estupefacientes.
Un caso particular representó Colombia, pues en medio de esta oleada de legislaciones hacia la represión en los países vecinos, en junio de 1994 un fallo de la Corte Constitucional despenalizó el porte y consumo de dosis mínimas de marihuana y cocaína. La decisión fue pionera en la región en la adopción de medidas alternativas para combatir el problema de las drogas.
En los primeros años del siglo XXI, cuando se abrieron camino varios gobiernos progresistas en América Latina, encabezados por Lula Da Silva, Néstor Kirchner, Hugo Chávez, Evo Morales o Rafael Correa, a pesar de que se reorientaron diversas políticas públicas en sus países, no fue así con el problema de las drogas. Por el contrario, otro informe del CEDD concluyó que el enfoque represivo y prohibicionista se perpetuó en la región. La cárcel siguió siendo la primera respuesta a los delitos relacionados con estupefacientes.
Hoy existe consenso frente a uno de los efectos que más produce la política de drogas con enfoque represivo y prohibicionista: el impacto en términos de hacinamiento carcelario. En todo el continente, en promedio, los delitos de drogas constituyen la tercera causa por la que más se encarcela a la población. De acuerdo con el CEDD, en los países latinoamericanos en los que imperó el enfoque represivo antidrogas, la población encarcelada por delitos relacionados con el tema se incrementó considerablemente frente a la población carcelaria en general en el período 2000-2015.
Brasil y Colombia son los casos que representan los aumentos más drásticos: en el primero, el porcentaje de encarcelados por drogas se incrementó en un 267 %, frente al 51 % de aumento en la población carcelaria; y en el segundo, aumentó en 289 % frente al 141 % de crecimiento de esta población en general.
Los efectos limitados de las políticas represivas para mitigar el problema de las drogas y lo costoso de mantener esta lucha fueron las principales razones para el anuncio categórico de la Comisión Latinoamericana en 2009 sobre el fracaso de esta batalla. Por eso, la decisión adoptada por José Mujica en Uruguay, cuatro años después, constituyó el inicio de un cambio de paradigma. Uruguay asumió la regulación completa de la marihuana y así abrió el camino para que otros países al menos pusieran el tema sobre la mesa.
En la actualidad, el cambio en la orientación hacia políticas menos represivas y el peso mayor en el enfoque de salud pública es palpable en países como Ecuador, Argentina o México, cuyas políticas predominantes fueron prohibicionistas. En tales naciones se ha generado consenso en torno al consumo y porte personal como un derecho que atañe únicamente a la esfera individual del ciudadano. De forma simultánea, los usos medicinales y terapéuticos del cannabis ya se permiten en Chile y Paraguay, entre otros.
En síntesis, frente al panorama regional en materia de drogas, el decreto anunciado por el presidente Iván Duque, otorgando facultades a la Policía para decomisar cualquier cantidad de dosis de droga y alucinógenos en Colombia, va en contravía de la tendencia.
Cuando a Mujica, en los años en los que acaparó portadas en el mundo, le preguntaron por qué legalizar la marihuana, respondió: “Se trata de robarle el mercado al narcotráfico como mejor manera de combatirlo. La otra vía es: encontramos un cargamento, otro cargamento, otro más y ganamos un montón de batallas, pero él nos gana la guerra”.





EL RÁPIDO REGRESO DEL TEMIDO POPULISMO

Brasil, el país guía en el continente, se dirime entre dos opciones dramáticas, que podrían ser calificadas como populistas de izquierda o de ultra derecha.

El País de España (elpais.com/internacional)

Hay un país del mundo donde se realizarán elecciones presidenciales el próximo 7 de octubre. El líder más popular de ese país no puede presentarse porque está detenido, acusado de haber recibido sobornos. El segundo líder más popular no puede hacer campaña porque fue acuchillado y aún tiene sus intestinos a la miseria. Este último además es lo más parecido a un fascista que alguna vez tuvo posibilidades de ser presidente electo en todo el continente americano. En los últimos tres años, el PBI de ese país cayó un 10%. La anterior presidenta fue derrocada por una conspiración en la que participó activamente su vicepresidente. Los principales empresarios están presos por hechos de corrupción. La tasa de asesinatos por habitante es de las más altas del mundo. Amplias áreas del territorio están controladas por narcos o por milicias parapoliciales. Estos datos sugieren que se trata de una nación con serios riesgos de desintegrarse.
Sin embargo, hace muy poco tiempo, la imagen de ese país era exactamente la contraria. Tanto fue así que la influyente revista inglesa The Economist publicó en su tapa una imagen de uno de los símbolos de ese país —el Cristo Redentor— transformado en un cohete a punto de despegar. El país se llama Brasil. Es el gigante de latinoamérica y una de las 10 economías más grandes del mundo. En el momento de aquella portada, Brasil formaba parte de un grupo de países llamados BRICS, que empezaban a desafiar la hegemonía de las potencias tradicionales. BRIC, justamente, es la unión, en ese orden, de las iniciales de Brasil, Rusia, India y China. Altri tempi.
La parábola que une a aquellos momentos de euforia con esta tragedia social quizá sirva para entender lo que ocurrió en América Latina en los últimos 20 años. Los principales países del continente sufrieron una traumática crisis sobre el final del milenio pasado. Renacieron de sus cenizas en la década siguiente gracias a un boom en los precios de las materias primas que le vendían al mundo. Y se hundieron nuevamente en el desconcierto cuando estos últimos valores cayeron. El proceso fue tan dramático como una montaña rusa.
Cada período tuvo una expresión política muy identificable. En los años noventa, gobernaban la mayoría de los países presidentes de centro derecha que gozaban del aplauso de los mercados, se alineaban con los Estados Unidos y propiciaban política de apertura comercial. En los 2000, paulatinamente, fueron asumiendo en cada país líderes con retórica de izquierda y latinoamericanista: el sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, el militar antinorteamericano Hugo Chávez en Venezuela, el peronista de izquierda Néstor Kirchner en Argentina, el líder indigenista Evo Morales en Bolivia, fueron algunos de estos fenómenos.
Durante los años de vacas gordas, esos líderes gozaron de altísimo consenso popular porque el nivel de vida de sus sociedades mejoró mucho. Cuando el milagro se agotó, comenzaron las crisis: el régimen venezolano se transformó en una dictadura militar tradicional que llevó al país a una crisis social, el PT brasileño implosionó por la recesión económica y los escándalos de corrupción, el kirchnerismo argentino fue reemplazado por Mauricio Macri, quizá el líder que mejor expresó que los tiempos cambiaban de nuevo. Por unos años, pareció que América Latina volvía a aplicar políticas parecidas a las de los noventa. La culpa de todo, decía el sentido común, la había tenido el “populismo”.
Las cosas no eran tan sencillas. Las políticas implementadas en los países más poderosos de la región —Argentina, Brasil, Venezuela— han vuelto a fracasar, cada una por sus razones. Así las cosas, en la Argentina, Cristina Kirchner es una opción muy competitiva para las presidenciales del año próximo. En Venezuela, la dictadura sobrevive. Y Brasil, el país guía en el continente, se dirime entre dos opciones dramáticas, que podrían ser calificadas como populistas de izquierda o de ultra derecha. Una es Jair Bolsonaro, un exmilitar misógino, racista y homofóbico. La otra es Fernando Haddad, el intelectual que fue designado candidato desde prisión por Lula da Silva, el verdadero líder del país.
Gane quien gane, los desafíos de Latinoamérica serán muy complejos en los años que vienen. Es lo que ocurre cuando las vacas se vuelven flacas.
En los tiempos de bonanza, nadie imaginó que la caída sería tan rápida y dolorosa.

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