EL ROL DE LA POLICÍA EN EL GOLPE

Revelar los procedimientos del «golpe suave» en Bolivia resulta en una tarea imprescindible para los latinoamericanos, ahora que se avecina una nueva oleada progresista y el imperio, obviamente, hará lo posible por destruirla.
En este marco, la experiencia vivida en Bolivia es importante dado que en ella se ha experimentado lo que hasta el momento había sido simplemente una teoría del Departamento de Estado y, si bien, hubieron intentos de probarla en Venezuela y en Nicaragua, éstos fracasaron. Bolivia se presenta pues como la experiencia más avanzada de este nuevo tipo de Golpe, ya que los modelos de Golpes parlamentarios, aplicados en el Brasil y el Paraguay obedecen a otras lógicas, pues requieren mayorías parlamentarias de derecha.
En este momento, es conveniente develar el rol de la policía, dado que comienzan a salir algunas revelaciones al respecto. El golpe de Estado en Bolivia tuvo como uno de sus principales ejes a la policía. Sin embargo, lo que han tratado de presentar a la opinión pública es que la ésta simplemente se replegó a sus guarniciones para no seguir enfrentándose a la población que protestaba en las calles, en cumplimiento de un paro cívico convocado por las fuerzas de la derecha. De este modo, aparecía como que si el principal actor de los acontecimientos hubiera sido la población, o mejor dicho, los PITITAS que, a falta de gente, amarraban cordeles (pitas) entre dos postes que hubieran en las esquinas de las calles, impidiendo, de ese modo, el paso de la gente, de ahí, el denominativo de pititas. La narrativa que han tratado de posicionar es que fue esa protesta de la gente la que provocó la renuncia de Evo Morales. Eso es ridículo, puesto que, como se ha afirmado líneas arriba, estos sectores de la población no contaban con suficiente gente para sus protestas y de ahí que recurrieran a las pititas. Los medios de comunicación evidenciaron su participación en el golpe, mostrando únicamente y exagerando los bloqueos de las pititas que se dieron en las zonas acomodadas de las ciudades, mientras que en los barrios populares, la adhesión al paro cívico era prácticamente nula y eso fue sistemáticamente ignorado por los medios.
Ahora bien, ¿cuál el rol de la policía en este contexto? Las protestas se convirtieron en violentas, cuando la OEA hizo público, antes de lo anunciado, su infame informe. Fue como si fuera un santo y seña para que los paramilitares y delincuentes pagados de la Unión Juvenil Cruceñista y de la Resistencia k’ochala comenzaron a agredir a personalidades y dirigentes del MAS y a incendiar los edificios de los Tribunales Departamentales Electorales. Es en este momento en que la policía comienza a intervenir, veladamente, en las sombras. Ya se han hecho públicos testimonios de gente que ha reconocido a policías vestidos de civil entre los paramilitares que asolaban las calles junto con los delincuentes agrediendo a todo lo que se parecía a un masista, especialmente, si iban vestidos con tradicionales vestimentas indígenas.
Así también, ya está muy claro que la policía permitió a los paramilitares quemar los recintos de los tribunales departamentales electorales. En esos momentos, diversos canales televisivos captaron imágenes de los asaltantes de esos tribunales, mientras la policía contemplaba pasivamente esos hechos. No es posible suponer que los manifestantes sobrepasaron a la policía, pues para eso se requieren ingentes cantidades de manifestantes y eso simplemente no hubo. Esto también demuestra la participación de Carlos Mesa en el golpe, pues fue él quien convocó a la gente a manifestarse en los tribunales departamentales electorales, sabía pues lo que iba a ocurrir. Es el responsable directo de las quemas de esos edificios y el principal beneficiario, puesto que allí se quemaban las pruebas de que no hubo el fraude que él denunció.
Luego vino el «motín» policial. Pero no fue un movimiento espontáneo de la base policial, por el contrario, fue el producto de las instrucciones emanadas de los más altos rangos de la estructura policial. Por esa razón no es estrictamente correcto llamarlo «motín». Está en la misma esencia de un motín que los rangos bajos se rebelen a las instrucciones de su superioridad. Acá lo que ocurrió fue la implementación de un plan coordinado con la comandancia de la policía con la dirigencia política y «cívica» de la derecha. En este marco, el ex ministro de gobierno, Carlos Romero, ha develado ya los nombres de los principales cabecillas del denominado motín, todos ellos oficiales de alta graduación. Esto también está demostrado por el video filtrado en el que el líder golpista, Luis Fernando Camacho, revela que su padre «cerró», con los militares. «Y lo propio ocurrió con la policía»,  agregó en su revelación. Además, una vez Evo hizo pública su renuncia «para evitar mis hermanos sigan siendo agredidos», como dijo el presidente indígena, la policía ya estaba reprimiendo las movilizaciones que se presentaban, fundamentalmente en El Alto. De este modo, la policía se había comprometido con la dirigencia de la derecha a no reprimir sus «movilizaciones», mientras sometía con mucha saña las movilizaciones del pueblo, así queda revelado el carácter profundamente racista el golpe. En ese momento, en la ciudad de El Alto, la resistencia del pueblo fue realmente poderosa y esa sí sobrepasó a la policía, incendiando varias estaciones policiales. Fue un atardecer espeluznante y una de las noches más terribles que se vio en la historia de la ciudad de La Paz. Se hizo correr el rumor que «vándalos» bajarían desde El Alto a saquear  la ciudad de La Paz. Los pititas hicieron barricadas en sus barrios aterrorizados por las «hordas de masistas» que vendrían a tomar venganza. La policía filmó varios audiovisuales para difundirlos por redes, donde humildes policías suplicaban piedad y se humillaban haciendo desagravios a la wiphala que horas antes habían quemado. Entonces, se jugó la última carta que el golpe había preparado. El ejército salió a las calles para «pacificar», un eufemismo que las clases dominantes siempre han utilizado para someter las protestas de los humildes.
Así, reforzados por las Fuerzas Armadas, la policía consolidó el golpe sometiéndose a la autoridad de la autoproclamada que, en recinto parlamentario vacío, se declaró ilegalmente presidenta, custodiada por policías y militares. Es el momento culminante del golpe, y además el hecho que lo caracteriza como tal, la subordinación de la policía y las Fuerzas Armadas a una autoproclamación ilegal.
Finalmente, la «pacificación» ejecutada por la policía, una «paz» hecha posible con la sangre de las víctimas caídas en Sacaba y Senkata. Esas masacres, es necesario entenderlo, son parte del golpe, pues implican el aplastamiento a la resistencia contra la subversión reaccionaria. En ese proceso, la policía ejerció un rol protagónico. Rebelión de España (https://bit.ly/3aruMO7)
 
 
 
 
 
TODO SOBRE LA VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 EN BOLIVIA: ¿CUÁL ES EL PLAN DE ARCE?
 
Sputnik Nerws de Rusia (https://bit.ly/3r7LmIS)
 
Ante la nueva ola de contagios de COVID-19 iniciada en Santa Cruz, que amenaza expandirse al resto del país, se vuelve aún más urgente iniciar una vacunación a gran escala. El Ministerio de Salud de Bolivia asegura que está preparado para ejecutar la tarea, ni bien lleguen las primeras dosis aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En las primeras semanas de enero de 2021 el Gobierno de Luis Arce prevé iniciar la vacunación contra el coronavirus. Como parte del mecanismo Covax, impulsado por la OMS, el país recibirá más de 3 millones de dosis para inmunizar aproximadamente al 30% de su población total de 11 millones de personas. 
En entrevista con Sputnik, el viceministro de Seguros de Salud y Gestión del Sistema Único de Salud (SUS), Álvaro Terrazas, adelantó que Bolivia cuenta con un plan de vacunación a gran escala que ya fue presentado al mecanismo Covax.
"Como todos los países miembro del mecanismo Covax, estamos a la espera de la aprobación de la OMS, como organismo externo, para poder tener la certeza de qué tipo de vacuna vamos a utilizar", contó.
Asimismo el viceministro informó que el Gobierno nacional también mantiene reuniones con otros Gobiernos y empresas farmacéuticas para obtener vacunas por otros medios, "como son los acercamientos y negociaciones bilaterales, tanto de Estado a Estado, o con los laboratorios correspondientes, para lo que implica la negociación en cuanto a cantidad y costos".
En este sentido, el Ministerio de Salud tiene la ventaja de poder adquirir un gran lote de dosis, lo cual reduciría el costo, aunque según el jerarca, cualquier gobernación, municipio o prestadora privada de salud también puede mantener sus propias negociaciones por la vacuna. 
"No tenemos ninguna limitante en que un gobierno subnacional realice acercamientos por su lado", dijo. Sin embargo, aclaró "que toda vacuna que ingrese a Bolivia debe tener la aprobación de la Autoridad Reguladora de Medicamentos de Bolivia (Agemed)". 
"Naturalmente, los recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) están destinados y garantizados para que las compras sean realizadas por la vía del Ministerio de Salud, en el entendido de que en las negociaciones siempre rige la lógica de mercado: a mayor cantidad, los costos son más bajos", resaltó Terrazas.
Además, el viceministro señaló que la cartera ya dispone de capacidad de almacenamiento a las bajas temperaturas que requieren las fórmulas, así como las millones de agujas necesarias para inmunizar a todo el país.
"Se debe garantizar la cadena de frío y la logística. Si bien cada departamento tiene una capacidad destinada, la mayor capacidad de almacenamiento de todo el país la concentramos en los almacenes nacionales del Ministerio de Salud", sostuvo y completó:
"Están las diferentes variabilidades que se tiene para el manejo de cada vacuna. Eso influye también en las decisiones técnicas."
Uno de los principales cuidados que se debe tener con las vacunas está en conservar la cadena de frío. La fórmula de Pfizer/BioNTech (Estados Unidos y Alemania) necesita permanecer a -70º C, mientras la de Moderna (EEUU) requiere -30ºC. Por su parte, la vacuna Sputnik V (Rusia) se conserva a -18º C, "pero es manipulable hasta los -8º o -2º", indicó Terrazas. 
¿Cómo es el plan de vacunación de Bolivia?
Cuando la OMS apruebe algunas de las vacunas, "podremos implementar con más detalle la logística, la cadena de frío, a qué temperatura se va a manejar, qué característica va a tener esta vacuna, para poder hacer la formación, capacitación y distribución de la vacuna", aclaró el viceministro de Seguros de Salud y Gestión del SUS.
Desde la Presidencia, la ministra María Nela Prada remarcó en conferencia de prensa que "las vacunas van a ser gratuitas" para la población. Además, advirtió que el Gobierno "no va a permitir que se lucre con las vacunas ni que las personas de mayores recursos económicos sean las que primero accedan a ellas". 
En cuanto al calendario, la ministra apenas informó que las vacunas se aplicarán "en el primer trimestre de 2021". Aunque no dio una fecha precisa, extraoficialmente aseguraron en el Gobierno del MAS que calculan aplicar las primeras dosis en enero de 2021.
Las primeras vacunas contra COVID-19 se inyectarán a quienes trabajan en el sector de Salud, porque "son los que se encuentran más expuestos, son hermanas y hermanos que están en la primera línea de batalla. Luego, serán vacunadas las personas con enfermedades de riesgo y las personas adultas mayores", anunció Prada. Finalmente, será inoculado el resto de la población a lo largo del año.
La segunda ola de COVID-19
Mientras se prepara el gran operativo de vacunación, cada día se hace más evidente que en Bolivia se inició el rebrote, o la segunda ola de contagios de COVID-19. Desde septiembre, primó el relajo. Pero en este fin de año, otra vez la población está pendiente del dato diario de contagios, para compararlo con el día anterior. Y preocuparse.
Para el 15 de diciembre, el Ministerio de Salud registró 371 contagios. El día anterior, habían sido 195 los casos nuevos y otros 120 el 13 de diciembre. Dos semanas antes, el 29 de noviembre, se habían registrado solamente 30 positivos de coronavirus. 
El 80% de nuevos casos se registran en el departamento oriental de Santa Cruz de la Sierra. Su gobernador, Rubén Costas, ya oficializó el inicio del rebrote.
Este repunte de casos se debe a un exceso de confianza y relajación en gran parte de la población, que evade las normas básicas para evitar contagios (uso de barbijo, distanciamiento social de dos metros y lavado constante de manos).
Muestra de ello fue el partido Aurora-Bolívar, en la ciudad de Cochabamba, que se jugó con público la tarde del 15 de diciembre. Al finalizar este encuentro, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) determinó prohibir la presencia de público en los próximos partidos, hasta que finalice la liga, a fin de año.
Cuando ingresaba el público al estadio Félix Capriles, personal del Sedes realizó —al azar- 84 pruebas rápidas. Y 10 de ellas dieron positivo a COVID-19. Estas personas se pusieron violentas con el personal de Salud, ya que no les permitían ingresar a ver el partido. Finalmente, huyeron antes de empezar el tratamiento por su enfermedad. Ante tales niveles de indolencia social, se hace urgente acceder a las vacunas que prometen poner fin a la pandemia.
 
 

 
 
“DEBEMOS PROFUNDIZAR LA…”: LUIS ARCE TOMA UNA DECISIÓN QUE NADIE ESPERABA PARA BOLIVIA
 
Este 16 de diciembre, se llevó a cabo una teleconferencia entre los países miembros Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y asociados, como Chile, Colombia y Perú.
 
El Intra América News de México (https://bit.ly/3r752N1)
 
En busca de una “ayuda disimulada” para su golpeada economía durante la pandemia del coronavirus, el presidente de Bolivia, Luis Arce, propuso este miércoles 16 de diciembre al Mercosur emprender acciones conjuntas para solicitar a los países desarrollados y organismos de financiamiento medidas de alivio a la deuda externa que incluyan diferimientos, condonaciones o reestructuraciones de pagos.
De acuerdo con AFP, el planteamiento lo hizo el presidente boliviano Arce, en el marco de una teleconferencia entre los países miembros Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y asociados, como Chile, Colombia y Perú. Bolivia se encuentra en proceso de adhesión. Arce propuso una reunión de ministros de Economía de los países “a fin de acercar nuestras posiciones y construir ejes argumentativos que nos posibiliten solicitar a los países desarrollados y organismos de financiamiento internacional, un conjunto de medidas de alivio a la deuda externa en favor de nuestros países”.
Sugirió la ejecución de “hechos mínimos”, como la inmovilización de los pagos de la deuda externa, la creación de un fondo de crédito que involucre a países donantes y aportantes, el acceso a créditos blandos y el incremento de la ayuda oficial para el desarrollo. El presidente boliviano, quien cumplió las funciones de ministro de Economía durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019), también sugirió a sus pares “la conformación de una mesa de negociación con los países en desarrollo que posibilite plantear una estrategia con posiciones, plazos y condiciones”
Esa estrategia debe ser -indicó- para “el diferimiento del pago de deudas, reestructuraciones a las mismas o la condonación de las deudas”. Arce ya planteó en varias ocasiones que su país se inclina por una condonación de la deuda externa, por la crisis económica generada a causa de la pandemia y -además- según él, por errores administrativos del gobierno transitorio de la derechista Jeanine Áñez, su antecesora durante un año.
También destacó lo golpeada que está la región por el covid-19, cuando la Comisión Económica para América Latina (Cepal) considera que América Latina sufrirá en conjunto en 2020 a causa del coronavirus una contracción de 7,7% de su Producto Interno Bruto (PIB). En la teleconferencia, el presidente argentino Alberto Fernández anunció que buscará que el Mercosur asuma un compromiso con el cuidado del medioambiente, del que depende en buena medida la ratificación de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea.
 
 
 
 
 
ELECCIONES SUBNACIONALES, UNA NUEVA BATALLA POR EL ESTADO PLURINACIONAL BOLIVIANO
 
Nodal de Argentina (https://bit.ly/34mKB4O)
 
Empieza una nueva etapa de la Democracia en Bolivia, y empiezan a aparecer nombres y candidatos para una mayor elección de representantes en el país. Se elegirán 336 alcaldes, 2008 concejales, 9 gobernadores, 8 subgobernadores, 19 corregidores, 272 asambleístas departamentales, 15 autoridades regionales, que establecerán la democratización a nivel local y definitivamente dejarán establecida la geografía del poder a nivel territorial.
Desde cada municipio, desde cada departamento se plantea o la ampliación hegemónica expresada en las pasadas elecciones con el apoyo al MAS-IPSP o bien una ruptura contra hegemónica establecida por las oposiciones paradisputarle al gobierno central la gobernabilidad posible desde las regiones o departamentos.En este camino, es que debemos ver a los contendientes a través de sus representaciones: los partidos y agrupaciones ciudadanas.
Existe en la actualidad de manera permanente una crisis institucional de la representación partidaria. Salvo el propio MAS con sus dificultades, los partidos creados o ya establecidos antes de la pasada década, o ya no están vigentes o andan ofreciendo la rehabilitación de su sigla al mejor postor.
Otros los más nuevos, como Comunidad Ciudadana (CC), son una suma de intereses políticos y de clase en torno a Carlos Mesa, que no suman a una colectividad sino a una serie de individualidades, descontentos e incluso los que salieron del propio MAS buscando mejores proyecciones políticas.
No tienen organicidad y tienen una bancada en la Asamblea Plurinacional con la que esperan presionar para lograr ventajas políticasen la gestión, pero además desde allá posesionar territorialmente a quienes podrían ser sus candidatos en las subnacionales.
A otros que se crearon al calor de la coyuntura golpista, son los que representan a partir de Creemos la expresión de la derecha ultraconservadora, que dispuesta a propiciar golpes de estado propugna ahora la lucha por una hegemonía regional desde el oriente que le permita hacer frente al gobierno nacional e imponer ventajas para los sectores oligárquicos cruceños.
Su eje central estará centrado en la gobernación y el municipio de la ciudad de Santa Cruz, sin posibilidades reales de expandirse a otros espacios territoriales. La Pazque ha sido la cuna de la victoria masista 2020 con más del 62% de apoyo, pero tanto la gobernación como las alcaldías de La Paz y El Alto fueron perdidas por el MAS-IPSP en las pasadas elecciones sub-nacionales de 2015, aun cuando se tuviera un voto nacional apabullante en apoyo al binomio Evo Morales-Álvaro García Linera.
Hoy existe una nueva coyuntura y hay un rearme de las organizaciones en procura de la representación local y que terminará por definir la batalla por la hegemonía en la sede de gobierno.
En Cochabamba, lugar de manera tradicional de las victorias del MAS, sin embargo la alcaldía fue perdida como en otros lugares del país, por insistir en proclamar candidatos que no tenían ningún respaldo popular, y en muchos casos tan sólo el de los propios medios de comunicación, de la farándula o bien de los escenarios deportivos, o incluso el de ser conocido en su factura por haber ocupado públicamente algún cargo.
En definitiva, el MAS-IPSP, en las capitales de departamento, y más allá de ellas, generó una lógica marquetinera de con quien ganar, por sobre perspectivas políticas y principios del Instrumento y del propio proceso revolucionario de cambio.
Entonces abundaron las clases medias, “los pitimasistas”, conversos que ingresaron con parentela y amigos a los espacios de poder y se desvincularon totalmente de la perspectiva política del cambio, más bien muchos se sirvieron de él para el envilecimiento y la corrupción que finalmente fue achacada al MAS-IPSP por las conductas personales de esas autoridades.
Tenemos que repasar la experiencia pasada en la gestión de las autoridades elegidas en los procesos electorales subnacionales. Los resultados siempre han sido importantes, como es el caso de las Alcaldías, que de 336, el MAS llegó a tener 225 como promedio a lo largo de dos elecciones subnacionales realizadas desde el 2005; demostrando el poder territorial con el que cuentan las organizaciones sociales y el MAS como su representación política.
Ahora bien este gran poder territorial no estuvo en relación con la capacidad de gestión de las autoridades locales, por cuanto algunas autoridades no fueron elegidas por el mandato popular sino por las decisiones de algunos dirigentes e incluso ministros, finalmente el propio Evo y por tanto el control social no término de ser una herramienta social fundamental para apoyar y fiscalizar a esas autoridades.
Por otra parte muchas de ellas además fueron elegidas bajo el liderazgo de Evo, y no de sus propios méritos y reconocimiento social, de esta manera, los llamados “invitados” principalmente en las ciudades se hicieron frecuentes, y lamentablemente la mayoría de ellos pretendieron asumir que sus “cualidades sociales” habían sido suficientes y que no le debían nada a la representación política, generándose un desencuentro entre la perspectiva política y los intereses individuales o familiares de las autoridades electas.
En otros casos, los alcaldes electos, sin apoyo político y de gestión, ni por el MAS ni por el propio Gobierno central, en casos se inmovilizaron, se asustaron de la maraña administrativa y no realizaron gestión, siendo tildados de ineficientes; en otros, se rodearon de familiares, amigos y técnicos oportunistas que asumieron la conducción de la gestión, y en definitiva realizaron corrupción que en casos derivó en cárcel y en el congelamiento de los fondos municipales.
Peor aún en otros casos como en el pasado republicano y neoliberal, algunas autoridades abusaron del poder con el acoso político sobre las mismas compañerasdel propio MAS para forzar su renuncia, en otros casos como el de Chuquisaca incluso hablamos de denuncias de violación por parte de concejales y autoridades. Ahora bien como leemos esto sin el prejuicio que seguramente lo harían los “pititas”?.
Pues desde la mirada de la colonización persistente en lo republicano-neoliberal, que ha marcado a los colonizadores y también a los colonizados, que interpretan el poder con la misma mirada introyectada por la colonia, de querer ser igual que los poderosos cuando tengan poder. Es decir, aunque nuestro proceso proviene de una insurrección de los oprimidos, de los IOC, las formas y contenidos del poder aún no los hemos consolidado en alternativa.
No se trata tan sólo de llegar al poder sino de qué hacer con él, envilecernos como siempre lo hicieron los patrones, o ejercer el servicio al pueblo como mandato popular, ese el dilema estructural. Pero partamos del principio popular de elegir a los mejores compañeros y esperar que se respete ese mandato.
Que no se busque ganar con cualquiera que sume votos, sino con compañeros honestos, transparentes y comprometidos, con los que incluso si no llegamos a ganar, seremos coherentes y éticamente transparentes con lo que proclamamos como principios y objetivo político, creemos que debíamos haber aprendido bastante de las lecciones del último tiempo.
Ejerzamos el control social y el acompañamiento sobre los elegidos, pues es nuestro derecho y políticamente nuestra obligación, para que realicemos colectivamente una gestión diferente, comprometida y gestora del poder popular.
Mientras exijamos, creemos espacios para la conformación de escuelas de formación política y de gestión para apoyar a nuestras autoridades electas y a nuestros dirigentes actuales y futuros, los necesitamos para combatir la corrupción y profundizar la lucha por la descolonización para hacer posible el Vivir Bien.
No es la lucha por el poder sobre las pegas, es por el proyecto político comunitario y plurinacional, y los que elijamos deben representar este horizonte político, que seguirá siendo de lucha, porque lo que sigue no es un final feliz, sino de esfuerzo y construcción; ejerciendo la autocrítica para mejorar aprendiendo de las caídas o las ausencias del pasado y proponiendo siempre caminos para una revolución consecuente.
 
 
 
 

BOLIVIA. EVO MORALES EMPIEZA A NO SER QUERIDO ENTRE LOS MILITANTES DE SU PARTIDO. SE LLEVÓ UN ‘SILLAZO’ Y GRITOS DE ‘RENOVACIÓN’ Y ‘FUERA’. YA NO DA MIEDO
 
Desde hace dos semanas, las reuniones regionales del MAS terminan en violencia tal cual sucedió en Moco Moco, La Paz; Machakamarka, Oruro; Cobija, Pando; Colcapirhua, Cochabamba; La Guardia y Cotoca en Santa Cruz.
 
Hispanidad de España (https://bit.ly/37valxV)
 
En Bolivia, el expresidente Evo Morales fue víctima este lunes de un sillazo durante un acto en Cochabamba para ultimar los preparativos de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), para las elecciones regionales y locales de 2021, recoge Página 7.
Una silla azul de plástico le llegó al exmandatario, que acudió a esa región para reunirse con sus militantes. Pero los simpatizantes, molestos con la forma cómo se llevaba el encuentro, se levantaron de sus sillas y empezaron a gritar. “¡Renovación!, mientras que otros a viva voz decían: “¡Fuera, fuera!”, dirigiéndose a quienes estaban en la cabecera, entre ellos Evo.
Mientras seguían los gritos, algunos simpatizantes se levantaron de las sillas y comenzaron a arrojarlas al lugar donde estaba Morales.
El hecho sucedió solo cuatro días después que Morales tuviera que esconderse en la Alcaldía de Betanzos, por tres horas ante la ira, de los campesinos del norte de Potosí que no estaban de acuerdo con la elección de los candidatos para Gobernador y alcalde de Potosí.
Desde hace dos semanas, las reuniones regionales del MAS terminan en violencia tal cual sucedió en Moco Moco, La Paz; Machakamarka, Oruro; Cobija, Pando; Colcapirhua, Cochabamba; La Guardia y Cotoca en Santa Cruz, añade Página 7.
Ante este panorama, Morales trató de minimizar la situación acusando a la “prensa de la derecha”.
Pero parece que Morales empieza a ser impopular..., incluso en sus propias filas.
 
 
 
 
 
15 AÑOS DE LA VICTORIA DE EVO: ALTIBAJOS DEL PRIMER PRESIDENTE INDÍGENA DE BOLIVIA
 
CNN de Brasil (https://bit.ly/37sIT3W)
 
El 18 de diciembre de 2005, Bolivia eligió al primer presidente indígena del país : Evo Morales . Con alta popularidad, logró ser reelegido dos veces más, permaneciendo en el poder hasta noviembre de 2019, cuando decidió renunciar por presiones de las calles y las Fuerzas Armadas, quienes lo acusaron de fraude electoral.
• Inicio de la vida política
Juan Evo Morales Ayma, de etnia indígena aymara, nació el 26 de octubre de 1959 y creció en una comunidad agrícola rural de Bolivia. Cuando era niño, ayudaba a padres a criar llamas y nunca terminé la escuela secundaria.
Una grave sequía que afectó a Bolivia a principios de la década de 1980 obligó a Evo y su familia a mudarse a una región productora de hoja de coca. Años más tarde, se convirtió en líder sindical de los cocaleros , iniciando la vida política.
Disputó la presidencia de Bolivia por primera vez en 2002, pero terminó en segundo lugar, detrás de Gonzalo Sánchez de Lozada. La elección fue considerada una de las más disputadas en la historia del país. Lozada eventualmente dimitiría y huiría a los Estados Unidos poco después de asumir el cargo. 
• Llegando al poder
En las siguientes elecciones, en 2006, Evo volvió a intentarlo y esta vez obtuvo la victoria, convirtiéndose en el primer presidente indígena del país, por el partido MAS (Movimiento al Socialismo). Fue un verdadero logro para la población indígena , que no tuvo derecho al voto hasta 1952.
Para muchos indígenas, Evo se parecía a ellos y pensaba como ellos. Durante la campaña, el líder de los cocaleros apostó por camisas más informales, en lugar del tradicional traje y corbata, creando una relación más cercana con los votantes.
Con ideología socialista , Evo prometió reducir la desigualdad en el país y gobernar a favor de los más desfavorecidos. 
• Gobierno de Evo
Sob o mandato dele, mais de meio milhão de bolivianos saíram da pobreza. Além disso, a Bolívia deixou de ser o país mais pobre da América do Sul, duplicando o Produto Interno Bruto (PIB) em quatro anos, com uma política de projetos sociais e a estatização da indústria dos hidrocarbonetos, segundo uma declaração do então ministro da Economia – e hoje presidente –, Luis Arce, em dezembro de 2009, à agência de notícias Reuters. Evo também usou os recursos do gás para ampliar a precária infraestrutura do país.
Introdujo una nueva constitución en el país, otorgando escaños en el Congreso a los grupos indígenas. Apoyó abiertamente el cultivo de coca porque creía que era parte de la cultura indígena boliviana.
Feroz crítico de la política exterior de Estados Unidos, Evo estableció una sólida alianza con los entonces líderes de Venezuela, Hugo Chávez , de Ecuador, Rafael Correa , y de Cuba, Fidel Castro . 
Expulsó a la Administración de Control de Drogas de EE. UU. De Bolivia en 2008 y, unos años después, dijo que podía otorgar asilo a Edward Snowden, un ex funcionario de la Agencia de Seguridad Nacional de EE. Documentos secretos del gobierno de EE. UU.
Por todos sus logros logró ser reelegido en 2009 y 2014.
Durante los mandatos enfrentó una dura oposición de la región más rica del país, formada por los estados de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando. Estas zonas de tierras bajas concentran la mayor parte de la riqueza del país y la población blanca de origen europeo, en contraste con las tierras altas andinas, en su mayoría pobres e indígenas. Liderados por Santa Cruz, los estados lideraron protestas por una mayor autonomía en 2008.
Estas manifestaciones terminaron perdiendo fuerza ante el fuerte crecimiento económico de Bolivia y el desmantelamiento de la oposición a Evo. 
Bajos
• Acusaciones de corrupción y abuso de poder
La situación de Evo empezó a complicarse cuando todavía intentaba postularse para el tercer mandato. En 2013, la Corte Constitucional del país dictaminó que podía postularse por tercera vez para la presidencia, algo sin precedentes. Muchos opositores consideraron abusiva la decisión.
A pesar del período de crecimiento económico del país, el escenario positivo comenzó a cambiar a partir de 2014, con el fin del ciclo de las materias primas. Al mismo tiempo, hubo escándalos relacionados con Evo.
En 2015, por ejemplo, se vio obligado a reconocer un caso secreto con una mujer que fue arrestada por malversación de dinero público. Casos de corrupción como este, además de acusaciones de abuso de poder , comenzaron a ser frecuentes, molestando incluso a los partidarios del líder indígena.
La disputa por el tercer mandato ya había sido polémica, pero Evo quería volver a correr. Para ello, convocó en 2016 a un referéndum para que la población votara si se aprueba una nueva reforma de la Constitución que le permita volver a funcionar en 2019. La mayoría votó “no”, pero el Tribunal Constitucional volvió a actuar a favor de Evo, quien se postuló para un cuarto mandato.
• Elecciones impugnadas
El 20 de octubre de 2019, Evo parecía haber ganado otra votación. Sin embargo, comenzaron a surgir sospechas de fraude debido a fallas inexplicables en la difusión de resultados.
Lo que sucedió fue lo siguiente: los resultados se estaban dando a conocer en el sistema de conteo rápido del Tribunal Supremo Electoral y mostraban a Evo en primer lugar por un pequeño margen, lo que indicaba que habría una segunda vuelta con el rival Carlos Mesa. 
Sin embargo, esta actualización se detuvo durante 24 horas. Cuando regresó, nombró a Evo como el ganador en la primera vuelta, lo que provocó acusaciones de que las elecciones habían sido manipuladas. La Organización de Estados Americanos (OEA) incluso ha hablado de pruebas de fraude. Meses después, un estudio independiente dijo que la conclusión fue apresurada.  
• Renunciar
La sospecha de fraude provocó movilizaciones en todo el país. Evo negó los cargos e insistió en que había ganado las elecciones. Parte de los bolivianos, principalmente en los estados más ricos, tomó las calles, apoyados principalmente por Luis Fernando Camacho, uno de los líderes de la oposición en Santa Cruz.
Durante semanas, parte de la población fue presionada para que abandonara Evo y hubo una escalada de tensiones, con registros de manifestantes que prendieron fuego a urnas y colegios electorales. En zonas leales al MAS, hubo enfrentamiento con la policía y ataques a líderes pro-Evo
Entidades y opositores seguían hablando de fraude electoral y Evo dijo que había un golpe de Estado en proceso. A la luz de la situación, dijo que realizaría una segunda vuelta si una revisión del conteo de votos encontrara evidencia de irregularidades en la votación. Para ello, permitió que se realizara una investigación de las elecciones, con la participación de la OEA, en un intento de calmar el ánimo en el país.
Aun así, las protestas no cesaron y hubo huelgas, barricadas y demandas de nuevas elecciones, así como episodios de violencia en algunas ciudades. Al menos 30 personas murieron, 500 resultaron heridas y más de 400 fueron arrestadas durante enfrentamientos entre manifestantes y policías.
La situación empeoró aún más después de que las Fuerzas Armadas dijeron que no enfrentarían a los manifestantes. La OEA señaló varias irregularidades en las elecciones y Evo anunció que convocaría a una nueva votación. Aun así, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y Policía de Bolivia le pidió al presidente que renunciara para restablecer el orden público en el país.
Horas después, el 10 de noviembre de 2019, Evo Morales dimitió como presidente boliviano.
Rehabilitación
Dos días después de renunciar, Evo viajó a México en busca de asilo político . Varios otros altos cargos del gobierno boliviano también renunciaron y la senadora opositora Jeanine Áñez asumió la presidencia de manera interina, prometiendo establecer un nuevo consejo para el organismo electoral y convocar nuevas elecciones, que no tendrían a Evo como candidato.
Evo quería estar más cerca de Bolivia. Luego, el 12 de diciembre, llegó a Argentina, donde permaneció casi un año, como refugiado. 
Áñez acusou o líder indígena de sedição e terrorismo e muitos líderes do MAS foram presos. Ela reverteu uma série de políticas do governo anterior, reatou relações com os EUA e reconheceu o opositor Juan Guaidó como presidente da Venezuela. Em meio às mudanças, a pandemia de Covid-19 chegou à Bolívia. Com isso, as eleições previstas para o começo do ano tiveram de ser adiadas. 
Ex-ministro de Evo, Luis Arce anunciou a candidatura e liderou as pesquisas durante a campanha. A direita não conseguiu oferecer uma alternativa viável para a disputa. Com baixa popularidade, Áñez desistiu de apresentar candidatura. 
Arce fue elegido en octubre, con el 55% de los votos, en la primera vuelta. Poco después de la victoria, los cargos contra Evo y otros militantes del MAS fueron retirados y el personal militar que participó en la violencia postelectoral de 2019 fue procesado por los tribunales.
Evo regresó a Bolivia tras la victoria de Arce, a pie, cruzando la frontera con Argentina, rehabilitado por el nuevo gobierno, pero con la promesa de no participar en la nueva administración.
 
 
 
 
REFORMA JUDICIAL EN BOLIVIA PIERDE IMPULSO Y GENERA POLÉMICA
 
Sputnik News de Rusia (https://bit.ly/2WtwtTc)
 
Un ambicioso proyecto de reforma judicial en Bolivia arrancó en noviembre con marca de urgencia y ganó rápidamente consenso político, pero va perdiendo impulso y hasta genera nuevos roces entre el oficialismo y la oposición, con polémicas y cambio de fechas.
El referéndum nacional anunciado por el Gobierno socialista para el 7 de marzo, con objeto de poner en marcha la reforma de la Justicia a partir de un cambio de la Constitución, sigue oficialmente en pie, pero nadie sabe cuándo se haría.
Esa fecha, coincidente con una jornada de elecciones regionales, fue propuesta por el ministro de Justicia, Iván Lima, principal impulsor de la reforma judicial, quien en pocos días pasó de un entusiasmo que parecía contagiante a una cautela que despertó sospechas en opositores, que denunciaron una supuesta intención gubernamental de anular el plan.
Idas y venidas
Lima, un exmagistrado del Tribunal Constitucional, lanzó el plan al asumir su cargo tras la asunción presidencial de Luis Arce, el 8 de noviembre, quien entre otras cosas había prometido la reforma judicial para acabar con un sistema conocido históricamente como corrupto, ineficiente y sometido a los poderes políticos.
Aseguró entonces que la reforma tenía carácter de urgencia porque la "crisis" del sistema de jueces, tribunales y fiscalías afectaba a todos los ciudadanos y dañaba también al proceso democrático.
El 3 de diciembre, al instalar un grupo de diez "notables" encargado de elaborar los proyectos legales del nuevo sistema, Lima sugirió que los cambios mayores serían aprobados mediante un referéndum de reforma constitucional a realizarse junto con los comicios regionales, que para esa fecha ya estaban convocados.
El trabajo de los "notables" parecía avanzar en consenso, hasta que el ministro dijo el pasado fin de semana que el referéndum no sería posible en la fecha anunciada.
"La reforma constitucional queda descartada para el 7 de marzo, ya no hay la posibilidad material para llegar a esa instancia, pero el Gobierno del Movimiento Al Socialismo [MAS] mantiene la firme decisión de hacer la reforma judicial que espera Bolivia", anunció el Ministro.
Explicó que el cambio de planes surgió de "incontables" demandas de participación hechas por colegios regionales de abogados, comités cívicos, universidades y expertos de todo el país, que consideraban excluyente al trabajo encomendado a los "notables".
Lima dijo que, en esa situación, su oficina decidió realizar a partir de enero un proceso de "socialización" de la reforma en los nueve departamentos, visitando cada uno de éstos durante al menos una semana.
"Vamos a encarar este proceso durante los tres primeros meses del año, escuchar al país para la reforma estructural de la justicia, para tener un documento consensuado entre todos los bolivianos a fines de marzo, cuando ya hayan pasado las elecciones subnacionales", señaló el ministro de Justicia.
Agregó, ante las primeras críticas al cambio de planes, que la necesidad de un acuerdo nacional sobre los cambios en la justicia convertía en poco significativo a un desacuerdo inicial sobre fechas y plazos.
Desconfianza 
"El proceso se está quedando solamente en buenas intenciones (…) El anuncio del MAS de llevar adelante el proceso con calma es una señal para seguir manipulando el sistema judicial y la Fiscalía", dijo esta semana el abogado Carlos Alarcón, jefe de la bancada parlamentaria de la conservadora Comunidad Ciudadana.
Prueba de esa "manipulación", según sugirió, sería la reciente decisión de una jueza anticorrupción de anular y archivar un proceso abierto contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) por un supuesto fraude electoral en 2019.
El diputado Erwin Bazán, de la alianza ultraconservadora Creemos, afirmó que el cambio de planes del MAS revelaría que este partido "hubiera decidido usar no más la justicia como estaba, anulando juicios y sacando resoluciones judiciales en su favor".
"El MAS pretende hacer creer a los bolivianos que hay interés de reformar la justicia. Es posible que así lo quiera el ministro (Lima), no así el MAS que quiere hacer creer que hay un nuevo MAS", sostuvo.
Acrecentando esta polémica, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, del MAS, justificó el aplazamiento indefinido del referéndum y negó que la reforma judicial sea algo urgente.
"Vamos a ir avanzando, paso a paso; para nosotros no es lo más urgente, como en algún momento indicó también nuestro ministro, por supuesto que eso era una prioridad para él; sí, lo entendemos, pero tenemos que ser responsables con el pueblo boliviano y por eso es que hemos decidido avanzar de a poco pero con pasos firmes", dijo Mamani.
Cambios
La más reciente reforma estructural del sistema judicial boliviano llegó incorporada en la Constitución Plurinacional promulgada en 2009 por Morales.
Como medida supuestamente revolucionaria, esta Constitución estableció la elección por voto popular de los magistrados nacionales, miembros de los tribunales Supremo de Justicia, Constitucional y Agroambiental, además del Consejo de la Magistratura encargado de la designación jueves de menor rango.
Los candidatos, dispuso la Constitución, deben ser preseleccionados por el parlamento.
En 2013 y 2017 se realizaron las dos primeras elecciones judiciales nacionales, con ausentismo mayoritario de votantes debido en parte a un boicot de la oposición derechista que denunció que el MAS impuso su mayoría en el parlamento para llenar las listas de candidatos con personas afines al Gobierno.
Aún así, los tribunales nacionales electos por voto popular han funcionado sin mayores objeciones, a diferencia del Consejo de la Magistratura que resultó envuelto en frecuentes controversias.
Al anunciar el plan de reforma, el ministro Lima dijo que una de ellas sería la supresión del Consejo de la Magistratura, al que acusó de no cumplir sus tarea de designar jueces en la cantidad y con la calidad requeridas.
Actualmente, según el ministro, hay al menos 150 juzgados vacantes, lo que agrava el atraso en los juicios, un mal crónico del sistema.
 
 
 
 
EL NUEVO GERENTE DE BOLIVIANA DE AVIACIÓN TIENE UN GRAN RETO POR DELANTE: «LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA ES DE LAS MÁS DIFÍCILES»
 
Aviación Online de Chile (https://bit.ly/34odb5L)
 
Boliviana de Aviación transita la peor crisis en 13 años desde su inicio de operaciones. Los conflictos políticos y sociales que vivió Bolivia en 2019, sumados a la pandemia, la pusieron en una situación crítica
El mes pasado, todavía bajo la gestión de gobierno anterior, BoA salió a desmentir las acusaciones de Constantino Klaric, un asesor aeronáutico que cuestionaba la incapacidad del gobierno por la situación económica de la empresa, pero finalmente la realidad sale a la luz.
“La puesta en tierra de la flota de aeronaves tuvo un efecto negativo en la generación de ingresos; provocando pérdidas por 132 millones de dólares que impactaron en las finanzas de la empresa, los escasos ingresos se utilizaron para cubrir el pago de bienes y servicios esenciales para la operación”, dijo Ronald Casso, gerente de la empresa estatal BoA en una entrevista para el diario “La Razón”, quien asumió en el cargo el 2 de diciembre con el objetivo de reflotar la aerolínea.
“La empresa que dejé no es la misma”, dijo Casso en referencia a su retorno al puesto. “La pandemia azotó al país y la aerolínea estatal pasó de generar ingresos de entre 25 y 30 millones de dólares al mes, a cero durante varios meses, por lo que el pago de obligaciones como salarios, impuestos, alquileres, pago a proveedores, entre otros, fue imposible de cumplir”, argumentó.
“La situación de la empresa es de las más difíciles. El duro impacto por la pandemia significó la crisis más grande en la historia de la aviación”, y recalcó que muchas aerolíneas del mundo se encuentran en la misma situación.
 
 
 
 
 
LAS VACUNAS Y LA GUERRA DEL PACÍFICO, POR RENÉ GASTELUMENDI
 
Noticias por el Mundo (https://bit.ly/34nGy8z)
 
Me resulta inevitable el paralelismo entre la guerra por las vacunas y la guerra del Pacífico. 142 años después, las diferencias en la forma de encarar las dificultades parecen las mismas.
Chile ha sido superior a toda la región, pero a los peruanos esa comparación nos duele mucho más, por ser nuestro vecino inmediato y porque nos vapuleó. Los datos disponibles señalan que Chile cuenta con un stock preadquirido de vacunas comparable (incluso superior) al de EE. UU. o la UE: 84 millones de dosis para una población estimada en 19 millones de personas.
Es decir, 4,4 dosis por habitante. Ya sea por culpa de Vizcarra, por culpa de Sagasti, por culpa Merino, por culpa del Congreso pasado o el actual, todos ellos peruanos pertenecientes a nuestra clase política, por culpa de quien sea, nosotros, como país, a diferencia de Chile, estamos últimos en la cola. Hemos vuelto a ser vapuleados.
En 1879, cuando se inició la guerra del Pacífico, Mariano Ignacio Prado era el presidente del Perú. Como sabemos, la guerra nos agarró con los pantalones abajo en términos militares y políticos, como la pandemia ahora.
Luego de las derrotas navales y terrestres en el sur, y a falta de armamento y equipo para abastecer a las tropas, viaja a Europa. Entonces Nicolás de Piérola aprovecha y lo derroca. Planeó resucitar la antigua Confederación Perú-Boliviana para atacar a Chile por la retaguardia, pero asediado por sucesivos pronunciamientos militares dimitió en noviembre de 1881.
En plena guerra con un enemigo superior, unido y organizado, dos generales empezaron otra rivalidad por el poder. Cáceres e Iglesias, ambos militares distinguidos. Iglesias, apoyado por los chilenos, se hizo de la presidencia del Perú en 1883 y firmó con el gobierno de Chile el Tratado de Ancón.
Aunque el gobierno de Iglesias, con el apoyo de los chilenos, iba imponiendo su autoridad a lo largo del país, subsistía el gobierno paralelo del contralmirante Lizardo Montero, con sede en Arequipa. Cáceres era el segundo vicepresidente de este gobierno y, tras la ocupación chilena de Arequipa y la huida de Montero a Bolivia, quedó en sus manos la presidencia de la República.
Historia de enfrentamientos de caudillos a costa del Perú que, en este momento, adquiere enervante vigencia.
 
 
 
 
INFORME RECOMIENDA PROFUNDA REVISIÓN DE LA POLÍTICA ANTIDROGAS DE EEUU
 
Agencia IPS de México (https://bit.ly/3oYpSvW)
 
El Congreso de Estados Unidos ha publicado un extenso informe sobre la política de drogas en el continente americano, en el cual establece una larga lista de recomendaciones para detener el narcotráfico y abordar los problemas de salud pública creados por el consumo de drogas. El informe adelanta cómo podría ser la lucha contra el crimen organizado durante la administración del presidente electo Joe Biden.
Publicado por la Comisión de Política de Drogas del Hemisferio Occidental de la cámara baja del Congreso en Washington, el informe aboga por cambios profundos y sistemáticos en la forma en que Estados Unidos combate el narcotráfico. Propone, además, una mayor coordinación internacional, un enfoque más holístico en la formulación de las políticas y una revisión a las anticuadas penalidades que se imponen a los países que no logran alcanzar los objetivos anuales.
“Es posible que nunca pongamos fin al tráfico ilegal de drogas, así como no podemos eliminar el consumo de sustancias”, se lee en el documento. “Pero podemos manejar mejor estos graves problemas mediante una estrategia integral”.
El informe recomienda que Estados Unidos establezca “acuerdos de asistencia extranjera” multianuales desarrollados por los embajadores con los líderes políticos y de seguridad en los países. Señala que dichos acuerdos permitirían un mayor intercambio de información, así como mayor transparencia entre los países y soluciones de mayor costo-beneficio para asuntos como el crimen organizado, la reforma de la justicia criminal y los derechos humanos.
Los planes también podrían incluir la sincronización de los esfuerzos para prevenir las transacciones digitales ilícitas, que, como dice el informe, están siendo cada vez más utilizadas por los grupos de crimen organizado para lavar las ganancias de las drogas.
“Lo que un país como Colombia necesita es muy diferente a lo que uno como México, El Salvador u Honduras podría necesitar”, dijo Shannon O’Neil, presidenta de la Comisión, al referirse a la propuesta durante un encuentro sobre el informe realizado el 3 de diciembre.
“En ese sentido, permite ahorrar dinero y evita poner en marcha políticas que son poco eficaces para un contexto en particular”, agregó.
El informe rechaza los enfoques tradicionales para la formulación de políticas antidrogas, que hasta el momento han demostrado ser limitantes, y propone no sucumbir a disyuntivas falsas como “seguridad pública versus salud pública”, que, recalca el informe, pueden obstaculizar estrategias más eficaces, holísticas y multifacéticas. El informe hizo uso extensivo de las investigaciones y análisis propios de InSight Crime.
Lo que deben hacer los diseñadores de políticas, continúa el informe, es tomar los mejores aspectos de ambos lados del debate: seguir invirtiendo en estrategias tradicionales, como el financiamiento a la formación de los policías y la destrucción de laboratorios de drogas, pero complementarlos con planes para mejorar la salud pública, los derechos humanos y el desarrollo económico alternativo.
Todo esto requeriría la unión de la comunidad internacional e involucrar al sector privado con el fin de discutir formas creativas para generar cambios a largo plazo, puntualiza el informe. Por ejemplo, menciona la titulación de tierras en zonas rurales de Colombia donde el cultivo de coca está creciendo. Al otorgar títulos de tierras, los agricultores pueden acceder al crédito y a los servicios gubernamentales, y de esta manera atraer inversiones que les permitan alejarse de los cultivos ilícitos.
El informe también insta a que los funcionarios revisen lo que se conoce como el proceso de certificación y clasificación, mediante el cual la Casa Blanca publica una lista anual de países productores y de tránsito que han “evidentemente fracasado” en la lucha por detener los delitos relacionados con las drogas. Los países que aparecen en la lista pueden recibir sanciones como castigo, aunque esto es poco común.
Este proceso equivale a una lista de “buenos y malos”, como se lee en el documento, con una teatralización que aliena innecesariamente a los socios latinoamericanos y no logra evitar la corrupción. El proceso también ha sido señalado de tener motivaciones políticas, como dice el informe, dado que a veces algunos aliados estadounidenses quedan por fuera de la lista sin las debidas explicaciones.
El informe contiene recomendaciones acertadas que se habían quedado en el tintero durante mucho tiempo, y que, si se aplican correctamente, podrían mejorar los problemas de narcotráfico y consumo de drogas que actualmente son endémicos en América Latina.
En primer lugar, el informe deconstruye viejos debates entre disyuntivas falsas como “seguridad pública versus salud pública”, dos estrategias que solo tienen sentido si se aplican juntas.
En Colombia, por ejemplo, la fumigación aérea de cultivos ilícitos de coca es costosa y aliena a las comunidades rurales. Sin embargo, los esfuerzos de erradicación de la coca pueden cumplir un papel como parte de una estrategia más amplia para abordar el asunto si se combinan con “incentivos positivos”, como la construcción de carreteras y el aumento de las oportunidades agroindustriales para ayudar a los cultivadores en la transición a la economía legal.
“No podemos controlar el suministro de drogas nocivas sin reducir a la vez la demanda, y no podemos detener la demanda si no se limita también la oferta”, puntualiza el informe.
Esta afirmación da directamente en el clavo.
En segundo lugar, las acciones de buena fe coordinadas por Estados Unidos, como sugiere el informe, son en general positivas, ya que se ha demostrado los buenos resultados de los trabajos de coordinación actualmente en marcha.
A pesar de que padecen de muchas deficiencias, los trabajos en conjunto con Estados Unidos han dado lugar a una reforma legítima de la justicia criminal y a una recuperación económica de la que otros países podrían beneficiarse.
En México, por ejemplo, la Iniciativa Mérida parece haber ayudado a disminuir las tasas de homicidios como resultado de una reforma policial apoyada por Estados Unidos, como indica el informe.
La aplicación de estrategias similares —mejoradas con base en errores previos— podría ser constructiva si se diseñan según las necesidades específicas y el contexto sociopolítico de cada país. Al menos, esto sería más rentable que muchos de los esfuerzos que se adelantan actualmente.
Por último, la decisión del informe de rebatir la eficacia del proceso de certificación y clasificación en temas de drogas podría crear un cambio profundo en la lucha internacional contra el narcotráfico.
Incluir a un país en la lista de los que han “fallado evidentemente” se presenta como una amenaza, y entorpece innecesariamente las relaciones con los países, que de hecho ya son frágiles. También hace que Estados Unidos parezca poco comprensivo con las necesidades de la región, y que se interesa solo por mantener el control del panorama político.
Tal vez el mejor ejemplo de esto último es Bolivia, que ha aparecido en la lista cada año desde 2008, cuando el expresidente Evo Morales expulsó al embajador y a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos.
Si bien Estados Unidos tenía y tiene razones para dudar por el manejo del cultivo de coca en el país, como la implementación de un mercado legal de coca a nivel nacional, su decisión de incluir a Bolivia en la lista en un momento en que Perú y Colombia estaban produciendo mucha más coca se vio como algo políticamente motivado, y puso más distancia entre los dos países.