LA QUINUA BOLIVIANA, DEL "SUEÑO A UNA PESADILLA"

La quinua es uno de los alimentos ancestrales más completos y ha sido considerado como un aliado importante en la reducción del hambre y la desnutrición en el mundo, pero los más de 70.000 productores bolivianos del grano han pasado del auge en el negocio a una caída vertiginosa al ver el desplome de los precios y de las exportaciones que otrora lideraba Bolivia.
La causa de esas reducciones está en el aumento de la oferta mundial del grano, rico en proteínas, aminoácidos, vitaminas y minerales, en países que antes no lo cultivaban, pero que comenzaron a hacerlo por las recomendaciones internacionales sobre sus propiedades nutritivas y dietéticas y su adaptación a diversas condiciones geográficas y ambientales.
El alimento es originario de las riberas del lago Titicaca, compartido por Bolivia y Perú, donde la pareja de agricultores aymaras Ismael Cruz y Margarita Zarate cultiva la quinua blanca en la localidad boliviana de Ñacoca y la procesan para consumo propio como hacían sus ancestros de forma artesanal elaborando platillos que apoyan su dieta en medio de carencias económicas.
“La quinua es más alimento para nuestro cuerpo, para que sea fuerte y no nos agarren las enfermedades”, sostiene Cruz, mientras que su esposa añade que sus platillos favoritos son el p’esque (guiso), la phisara (preparada con queso) y la quispiña (galletas) por los beneficios del calcio, además de la combinación de quinua con diferentes frutas para preparar jugos.
La pareja apenas tiene cuatro hectáreas de diferentes cultivos, pero sueña con tener más tierras, motocultores, semillas certificadas y obtener apoyo gubernamental para acceder a los mercados internacionales, pues de momento sus eventuales excedentes de quinua son vendidos a comerciantes del vecino Perú a precios muy bajos, equivalentes a unos 6 o 7 dólares por arroba.
"La mejor quinua del mundo se produce en el altiplano sur de Bolivia"
Los que sí han dado un salto son los agricultores del altiplano sur boliviano, que incluye la región entre los grandes salares de Coipasa y Uyuni, donde se produce la quinua real orgánica o ecológica, que se diferencia por sus granos grandes y de colores y es procesada en la planta industrial de la Asociación Nacional de Productores de Quinua (Anapqui), que visitó France 24 en el municipio de Challapata, en la región de Oruro.
“Para nosotros es la mejor quinua del mundo porque se produce en una zona altamente natural, que está bendecida por los salares, producida a una altitud superior a los 3.600 metros sobre el nivel del mar”, afirma Eduardo Paye, subgerente del programa de quinua natural de Anapqui, una asociación de familias campesinas que exporta a Europa, Estados Unidos, Canadá y China.
Sin embargo, según reconoce el entrevistado, los compradores finales consumen genéricamente el alimento y no reconocen la marca de la quinua real orgánica que demanda esfuerzos y costos adicionales a los campesinos bolivianos para ofrecer un producto con la menor mecanización posible, “con cero pesticidas, cero agroquímicos”.
La quinua real orgánica “es altamente nutritiva y ecológicamente producida”, pero el precio es igual al de la producción de otros países y “eso nos perjudica”, agrega Paye.
“Es doloroso decirlo, pero hay un cambio dramático”
Bolivia cedió hace años el primer lugar de las exportaciones de quinua a Perú y aunque ambos países andinos todavía son los mayores exportadores del grano, actualmente alrededor de 120 naciones han logrado desarrollar de forma experimental y comercial plantaciones en varias regiones del mundo, según datos de Anapqui y de la Fundación Tierra, de Bolivia.
De la época dorada que vivió la quinua boliviana hace unos años, ahora se ha pasado a las cifras rojas, según muestran los datos del privado Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), cuyo gerente, Gary Rodríguez, resumió: “Es doloroso decirlo, pero hay un cambio dramático” que supone una transición “de un sueño a una pesadilla”.
El año pasado, las exportaciones sumaron 61,7 millones de dólares, lo que muestra una caída de 134 millones de dólares frente a los 196,6 millones reportados en el 2014, que fue el mejor año después de que Naciones Unidas declarara el 2013 como el Año Internacional de la Quinua, a propósito de una campaña promovida precisamente por Bolivia.
Los menores ingresos son el resultado de la caída en el precio del grano que se ha situado este año en 2.072 dólares por tonelada métrica, una suma similar a la de hace 15 años y que representa menos de un tercio de los 6.602 dólares que se pagaban en 2014.
La baja de precios también parece haber desincentivado el cultivo del grano en Bolivia: entre el 2020 y el 2021, la producción se redujo casi a la mitad, al pasar de 70.170 a 38.800 toneladas, según cifras del IBCE.
En las cifras globales de exportaciones bolivianas, el valor de la quinua representa un porcentaje de menos del 1 % y en la de productos no tradicionales –excluyendo la industria extractiva–, un 2% y, aunque parece no incidir en la economía nacional, más de 70.000 productores están sufriendo por la baja de precios.
Lo llamativo es que, según apunta Gary Rodríguez, los agricultores peruanos han aumentado su producción y el valor de sus exportaciones de quinua dulce, debido a que tendrían menos costos de producción que la quinua real orgánica boliviana a la que le hacen falta mercados especiales.
Para ayudar a los quinueros, el ministro de Desarrollo Rural, Remmy Gonzáles, anunció hace poco que en ocho meses se ampliará el mercado estadounidense para productos de quinua con valor agregado y que se creará un sistema de certificaciones y denominación de origen para la quinua real orgánica con el fin de obtener un mejor precio por un producto de más calidad.
Según el ministro, el mercado mundial de la quinua es igual a 13.000 millones de dólares y los productores bolivianos pueden mejorar su economía accediendo a los mismos si cumplen con los estándares internacionales y las certificaciones que respaldan la calidad de la quinua real.
“Puede haber cien países que estén ofreciendo la quinua, igual no vamos a alcanzar a la demanda internacional. Ahora hay que trabajar en eso para que tengamos un valor adicional por ser país de origen”, sostuvo Gonzáles.
Los dirigentes quinueros ven con expectativa la ayuda del Gobierno para hacer efectiva la denominación de origen para varias comunidades, un tema que lleva discutiéndose hace casi dos décadas. Esa “herramienta comercial” permitiría tener mejores precios como incentivo para que las nuevas generaciones no dejen sus tierras y migren, algo que ya se vive en Bolivia. France 24 (https://bit.ly/3HP9ysm)
 
 
 
 
 
BATTISTI LLAMA TRAIDOR A EVO Y DICE QUE ESTUVO EN UN CENTRO DE ESPIONAJE EN BOLIVIA
 
Política Livre de Brasil (https://bit.ly/3ntNTN3)
 
En la correspondencia del informe con Cesare Battisti, pocos nombres provocaron su indignación tanto como el de Evo Morales, expresidente de Bolivia y alguna vez uno de los líderes de la izquierda en América Latina.
“Evo es un traidor y un cobarde”, dijo Battisti, refiriéndose al político que entregó al fugitivo a los italianos.
La huida del exterrorista italiano a Bolivia se produjo tras la elección de Jair Bolsonaro en Brasil, a finales de octubre de 2018.
En sus últimos días de libertad en Santa Cruz de la Sierra, entre fines de ese año y principios de 2019, Battisti aseguró haber sido recibido en el país por un representante del MAS (Movimento al Socialismo), partido de Evo. Morales.
También contó haber sido instalado en esa ciudad, una de las más desarrolladas de Bolivia, en un “lodge dentro de un centro de vigilancia computarizado, montado por el servicio de inteligencia boliviano para espiar a la oposición”.
Con 67 años y con pocas posibilidades de aliviar -a corto plazo- su cadena perpetua, Battisti concedió una entrevista por primera vez desde que regresó a Italia hace tres años y medio. Folha lo publica en exclusiva.
La serie de correspondencias comenzó en abril de 2021 y continúa hasta el día de hoy.
Habla de sus últimos momentos en Brasil, su fuga y encarcelamiento en Bolivia y su regreso a territorio italiano. Hubo un intento de entrevistarlo en persona, pero la reunión no fue autorizada por el centro penitenciario. Este es el segundo de tres informes sobre la entrevista de Battisti.
Con respecto a Bolivia, Battisti dijo que se dio cuenta de que algo no iba bien cuando hubo un desacuerdo entre las autoridades locales: la solicitud de asilo la había presentado él a las pocas semanas de haber ingresado a Bolivia, pero la respuesta que recibió fue que la solicitud debía se han hecho justo en la entrada.
El proceso, como se temía, no siguió adelante. Detenido, fue entregado a la policía italiana y expulsado formalmente del país.
Battisti dijo que miembros del PT y organizaciones sociales como el MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) y Sintusp (Sindicato de Trabajadores de la USP) se contactaron con el presidente boliviano en 2017, cuando el gobierno de Michel Temer daba señales de que revertiría el refugio en Brasil, y que Evo Morales tendría garantizada la protección.
La información fue confirmada por Magno de Carvalho, del Sintusp y uno de los principales amigos del italiano en su temporada brasileña. Era la casa de Magno en Cananeia, en la costa sur de São Paulo, donde Battisti pasó una temporada.
El italiano atribuye a Evo Morales su viaje a Bolivia y también lo culpa de lo que llamó el “secuestro”, en referencia a su detención.
Como fue expulsado de Bolivia, y no extraditado de Brasil, el proceso de extradición juzgado por el STF en 2010 –determinando que, si regresaba a Italia, pasaría un máximo de 30 años en prisión– perdió efecto.
Su defensa incluso intentó tomarlo en consideración en Italia, para intentar rebajar la pena, pero la Justicia italiana se lo negó.
Es, a juicio del reo, otra influencia directa de Evo Morales en su estado.
“Él al menos podría hacerme arrestar, yo respondería en los tribunales y se negaría la extradición por prescripción y delito político. Evo se vendió sin escrúpulos. Un gesto despreciable de un hombre indigno que reveló toda su obscenidad meses después, cuando abandonó a su propio pueblo a los golpistas para huir”.
Asegura que la alternativa a Bolivia era la Nicaragua de Daniel Ortega, país que había visitado en la década de 1980, cuando vivía en México. Pero dice que descartó esa opción porque entendió que el régimen de Ortega convirtió al país en una dictadura.
LA IZQUIERDA
La confesión de Battisti (de participación en crímenes que siempre negó durante sus años de refugio) tuvo un efecto en la izquierda brasileña, con muchos de sus antiguos seguidores distanciándose de él, como lo hizo el ex presidente Lula.
Antes, amplios sectores de izquierda, como el PT, PSOL y PSTU, así como movimientos sociales, defendían su libertad.
Tras admitir su culpabilidad, Battisti trató de justificarse con uno de los políticos brasileños más activos en su defensa: el exsenador Eduardo Suplicy (PT).
El italiano subrayó en un mensaje enviado a Suplicy que, si insistía en la inocencia, repetiría a los que fabrican monstruos para encubrir la verdad histórica. “Lo que le interesa es si ayudó a un culpable oa un inocente. Y en esto no puedo garantizarte una clara satisfacción.
A lo largo de más de un año de correspondencia, dijo que muchos amigos, incluso brasileños, lo apoyaron aún sabiendo que, en el fondo, podría ser culpado por los crímenes en Italia.
“Siempre he profesado mi inocencia y cada uno era libre de interpretar como mejor le pareciera, pero para muchos estos problemas no surgieron, simplemente defendieron la ideología de la época de los hechos. Me apoyaron por una variedad de razones, ya sea porque me declaré no culpable, o porque muchos países no concebían una condena en rebeldía, o porque di la idea de un luchador por la libertad”.
El exdiputado federal Fernando Gabeira, ahora comentarista de GloboNews, fue el primer contacto de Battisti —cuenta el italiano— en Brasil, en 2004, cuando desembarcó huyendo de Francia. El distanciamiento entre ellos se produjo mucho antes de su regreso a Italia.
Battisti dice que tiene un sentimiento por Gabeira similar al que tiene por el expresidente Lula: lo ayudó al principio, pero luego lo descartó.
“Cuando Gabeira fue candidato en Río en una coalición de derecha, le aconsejaron que me negara (la misma historia que Lula). Lamenté que no me hubiera dado buenos consejos. Mientras yo quería entregarme a las autoridades para pedir refugio, él dijo que no era así y así quedé semiclandestina de 2004 a 2007. Creo que en el pasado Gabeira fue un buen político y un amigo, pero también fue devorado por el juego del poder”, escribió.
Gabeira dice que la historia contada por el italiano no “coincide con los hechos”. Se postuló para el gobierno de Río por el PV (con el apoyo del DEM y el PSDB) en 2010 contra Sérgio Cabral (apoyado por el PT) y afirmó que su coalición no era de derecha.
“Battisti ya ha dicho que lo engañé diciendo que el gobierno le daría asilo fácil. Ahora dice que lo engañé al impedir que se rindiera”, dijo Gabeira, también en desacuerdo con la evaluación de Battisti sobre lo que sería una candidatura de derecha.
En las cartas, el italiano utiliza expresiones como “chivo expiatorio” y “venganza de estado” para referirse a su caso. Y casi siempre habla de sí mismo en tercera persona, más o menos como Edson Arantes do Nascimento cuando habla de Pelé.
“No reconozco la imagen que pintaron de mí, ese ser no soy yo”, justificó.
EL CASTIGO
Cesare Battisti nunca tuvo ninguna relevancia en la izquierda extremista italiana, pero su larga huida lo convirtió en un personaje central de esos años.
El ex terrorista Arrigo Cavallina, de 76 años, fundador de las PAC y quien cumplió 12 años de prisión (condenado por uno de los asesinatos que involucran a Battisti), piensa que sí hay una “venganza de Estado” contra su ex colega. Dice que contribuyó a su postura arrogante y desafiante en los largos años de fuga.
“Él creó un personaje, un mito, para protegerse. Battisti no podía admitir estos crímenes como refugiado. Entiendo que lo hiciste para sobrevivir”, dijo.
Cavallina lo conoció en la prisión de Udine en 1977 y poco después lo reclutó para las PAC. Battisti estuvo preso por delitos comunes —comenzó a delinquir a los 17 o 18 años— y reconoce que Cavallina “perfeccionó ciertos aspectos de mi rebeldía”.
En ese momento, Italia tenía un régimen democrático que adoptó instrumentos estrictos para enfrentar ataques terroristas como el secuestro y asesinato del ex primer ministro Aldo Moro, en 1978, una acción llevada a cabo por las Brigadas Rojas, el mayor grupo terrorista de izquierda.
Pero no estaba ni cerca de una dictadura como las de los países latinoamericanos, donde los grupos guerrilleros tomaron las armas para tratar de derrocar a los gobiernos autoritarios.
La comparación entre estas dos realidades (frecuente aún hoy en Brasil) persiste y lleva a muchos a considerar a Battisti como un militante a la guerrilla latinoamericana, visión que no es correcta.
Activa en una asociación que se dedica a las penas alternativas y la recuperación social de los presos, Cavallina dice que los juicios por los años de fracaso -incluidos los de Battisti- traen sentencias que reflejan fielmente, en la “inmensa mayoría”, lo sucedido.
Aboga por cumplir una condena, pero cuestiona la cadena perpetua. “Él podría cumplir una sentencia alternativa, tal vez haciendo algo en beneficio de las víctimas y el estado. Así las cosas, se paga mal contra mal.”
Battisti se enfrentó a la opinión de arrogancia de Cavallina. Su respuesta: “Supongo que la arrogancia de la que habla tiene que ver con mi insistente defensa del derecho al refugio y mis denuncias contra la persecución estatal. Eso sí, exhausto de tanto acoso y desprevenido, puede que haya expresado intenciones desmedidas. De todos modos, yo pago mis errores, no recaen sobre los demás”.
 
 
 
 
 
GUSTAVO PETRO: HABLEMOS DE LA COCA Y LA COCAÍNA
 
Podría aprovecharse la gran cantidad de cultivos que Colombia tiene para convertirse en un país líder en la investigación de esta planta
 
El País de España (https://bit.ly/3nefzoV)
 
Tras su victoria de masiva votación pero resultado dividido en una campaña marcada por la incertidumbre, a Gustavo Petro lo espera un país con retos de largo alcance, y la esperanza y expectativa de millones de personas que votaron por la promesa de un cambio. Uno de estos retos (con su propia esperanza de cambio) será el abordaje al fenómeno de los cultivos de coca y sus derivados. Considerando que el futuro presidente ha afirmado que habrá un “cambio de paradigma” de la guerra contra las drogas es natural esperar una voluntad política para superar el enfoque tradicional.
Pero, ¿qué es lo que podemos esperar? Una valoración crítica de la campaña del nuevo jefe del ejecutivo nos deja con una mezcla de promesas claras, dudas cruciales y recomendaciones divididas en tres grandes frentes: abordaje a los cultivos coca, dimensión internacional, y la regulación de la cocaína.
En el punto de origen, el cultivo y producción, la promesa más clara declarada en el programa y debates es la prohibición de la aspersión aérea con glifosato. Esto ya marcará una gran diferencia con el actual gobierno quien a pesar de terminar su mandato en menos de dos meses continúa presionado para reanudar este método. Además, considerando la afirmación del presidente electo de cumplir con lo pactado dentro del acuerdo de paz, podemos esperar avances hacia lo estipulado en el punto 4 – “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”-. Petro ha mencionado el cumplimiento a cabalidad del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y el impulsar la sustitución de tierras y de economías para no depender del mercado de la cocaína.
Sin embargo, aún no disponemos del detalle de cómo va a implementar este cumplimiento, un desafío mucho más complejo de lo que parece: hay una progresiva desfinanciación del Punto 4 en todos sus componentes, un avance total de apenas el 49%, solo un 11.33% de las familias vinculadas al PNIS cuentan con un servicio de apoyo financiero para proyectos productivos de ciclo largo y se ha avanzado muy poco en la construcción de la ley que determina el tratamiento penal diferencial para pequeños cultivadores. Todo ello se produce en un contexto de desconfianza en el programa, así como de falta de instrumentos adicionales como el catastro multipropósito o una mayor participación de las comunidades étnicas en instancias decisorias del PNIS.
Además, los programas se mantienen sin evaluaciones suficientes para conocer su verdadera eficacia. La perspectiva comparada como la recopilada por el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de Los Andes, serviría aquí. Esta
sugiere en sus primeras entregas que en lugar de imponer la erradicación total como condición previa para los cultivadores, se debería implementar una sustitución gradual. Algo que nunca hemos intentado en el país. Otras publicaciones como el ‘Catálogo de las pequeñas soluciones alternativas para sustituir los cultivos de coca en Colombia’ brindan algunas pistas sobre experiencias exitosas de sustitución de cultivos. Por ejemplo, la participación de diversas instituciones públicas y privadas, el reconocimiento y recuperación de las tradiciones, la apertura de nuevas opciones de comercialización, la generación de capacidades técnicas locales y la participación activa de las comunidades.
Por último, cabría explorar tal y como se menciona en el programa de gobierno la regulación de las plantas y sus derivados y la investigación de los usos benéficos. A pesar de los múltiples nutrientes y alcaloides que la planta de coca tiene y de los usos medicinales, nutricionales y agroindustriales que podríamos explorar, en el país hemos decidido quedarnos solo con una relación: la cocaína. Pero podría aprovecharse la gran cantidad de cultivos que Colombia tiene para convertirse en un país líder en la investigación de esta planta, algo que lateralmente podría contribuir a rebajar el estigma existente tanto sobre ella como sobre nuestra nación.
Conectando el frente del cultivo con el internacional, es vital que el próximo gobierno mire más hacia la región, específicamente los casos de Perú y Bolivia con la Enaco y el modelo de control social, respectivamente. En ambos países existen zonas donde es legal cultivar hoja de coca y, a pesar de que aún mantienen retos y vacíos, son modelos de los que podemos aprender. Ahora, mirando hacia el norte, el otro gran cambio que se espera en el plano internacional consistiría en reorientar la política exterior colombiana respecto a las drogas con EEUU y la UE. De cumplir con el plan de gobierno, los esfuerzos de cooperación internacionales para el financiamiento destinado a la llamada guerra contra las drogas se redirigirán a apoyar políticas y programas de transformación económicas en las regiones con presencia de cultivos de coca.
Esto no suena lejano ni descabellado considerado que la actual estrategia de lucha contra el narcotráfico entre Estados Unidos y Colombia incluye un enfoque más integral y la definición de medidas de éxito más amplias que no solo se centren en el número de hectáreas erradicadas. Además, Juan González, Asistente Especial del Presidente Biden y Director Senior del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferip Occidental, lamentó que la agenda entre ambos países haya estado dominada por la lucha contra las drogas durante tantos años.
Hay en el plano transnacional una vía adicional, probablemente más compleja políticamente: el cambio inaplazable que se espera con el nuevo gobierno es el liderar y fortalecer la conversación sobre regular la cocaína. De acuerdo al último Informe Mundial de Drogas (2021) se estima que 20 millones de personas fueron consumidoras de cocaína en el 2019 (0,4% de la población mundial). Según datos del Informe Europeo sobre drogas (2021), la cocaína es la segunda droga ilegal más consumida en Europa. Existe un demanda muy poderosa y estable y Colombia, como país con el mayor número de cultivos de coca, ya debería tener claro que los esfuerzos por erradicar los cultivos de coca de poco sirven.
Aunque Petro habla de un nuevo paradigma y de regular los usos derivados de las plantas hasta ahora se ha demostrado comparativamente tímido en este frente, de manera que no es claro si su apuesta mayor es sustituir o regular (acciones no excluyentes). Por supuesto que regular la cocaína no depende solo de Colombia, y este es un camino largo y políticamente costoso por las dudas y prejuicios que se mantienen tanto entre las élites como entre la ciudadanía. Sin embargo, los giros que se empiezan a producir en la agenda mundial cuestionando la guerra contra las drogas constituyen una oportunidad que deberíamos comenzar a aprovechar y liderar, cambiando la pregunta de si deberíamos regular esta sustancia o no, a cómo hacerlo.
Por último, es vital que este reenfoque se acompañe desde el nuevo gobierno de un abandono de la narrativa tradicional que estigmatiza la planta (“la mata que mata”), las personas que la cultivan (“narcocultivadores”) y las que usan drogas (“enfermos”). Este cambio en el lenguaje puede parecer menor, pero si en algo ha sido exitosa la guerra contra las drogas es en anclarse en la opinión pública. También es primordial que se abandone la narrativa de que todos los males del país con causa del narcotráfico. Ante diagnósticos erróneos habrá soluciones erradas. Por supuesto que los mercados ilegales de drogas son un factor crucial a considerar, pero restringir el abordaje a esta dimensión no producirá resultados fructíferos como no los ha producido hasta ahora.
La existencia de vacíos y dudas sobre cómo regular los mercados de drogas no significa que no debamos explorar otros caminos especialmente cuando hay certeza y evidencia que respalda que lo que actualmente hacemos no funciona. Ya sabemos que la guerra contra las drogas fracasó. Ahora es el momento de explorar otros caminos, con la evidencia y el pragmatismo de nuestro lado.
 
 
 
 
 
COMO CANDIDATO, PETRO CUESTIONÓ LA POLÍTICA DE EU DE COMBATE AL NARCOTRÁFICO: “DEJÓ UN MILLÓN DE MUERTOS, LA MAYORÍA COLOMBIANOS Y MEXICANOS”
 
Latinus de EEUU (https://bit.ly/3QGWNUE)
 
El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, comenzó esta semana una serie de llamadas con los líderes mundiales tras imponerse en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el fin de semana. Ante esto, revivieron algunas críticas pasadas que el político realizó al manejo del combate al narcotráfico.
El martes tuvo una conversación con el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, sobre la relación diplomática entre ambos países, particularmente la seguridad bilateral y la cooperación antinarcóticos. Sin dar detalles, Petro calificó la llamada como una “conversación muy amistosa”. Sin embargo, el exalcalde de Bogotá criticó, cuando era candidato, la política antidrogas que impulsa EU.
En una entrevista con la periodista Vicky Dávila, directoria de Semana, Petro dijo el 29 de mayo que “tras 40 años de hacer lo mismo” la situación del narcotráfico en Latinoamérica y las muertes por sobredosis de drogas entre los estadounidenses han empeorado.
“Está el tema de las drogas. Hoy, después de 40 años de hacer lo mismo, fumigar, capturar cabecillas y extraditarlos, los gringos tienen más muertos por sobredosis. Pasaron de 3 mil por cocaína y cero por marihuana, a 60 mil o 70 mil por no sé qué químicos. Se están matando”, dijo el ahora presidente electo.
El colombiano se refería así a la crisis por el tráfico de fentanilo y las muertes por sobredosis de drogas en EU, que por dos años consecutivos han impuesto cifras récord. El país registró 107 mil muertes por sobredosis en 2021; un 15% más que en 2020, cuando se registraron 93 mil.
En 2021, del total de muertes por sobredosis, 71 mil fueron por consumo de fentanilo y otros opioides sintéticos, un aumento de 23% comparado con el año previo.
Petro también habló de las muertes relacionadas con el narcotráfico y la violencia que genera en América Latina, situación que debe ser discutida con el gobierno de Joe Biden.
“Dialogar con Estados Unidos sobre cómo hacer una política eficaz para que Colombia disminuya, por lo menos, su papel en el narcotráfico y ojalá deje el narcotráfico. Creo que es un tema de diálogo, no es una imposición. Si lo que hemos hecho en 40 años ha funcionado o no; si ese millón de muertos latinoamericanos, la mayoría colombianos y mexicanos, han valido la pena en este desastre de un Estado que se carcome por el narcotráfico“, dijo el colombiano.
Petro apeló en ese momento a fortalecer el diálogo entre ambos países para encontrar una solución: “No se pueden cambiar las reglas si no es con la voluntad de las dos partes. Eso implica un diálogo previo entre Estados Unidos y Colombia. Tenemos que dialogar de muchos temas”.
Además, durante la entrevista se abordó el problema de los narcogobiernos. “Hoy esos narcotraficantes son más poderosos que Pablo Escobar. Ahora, un solo propietario del negocio produce desde la mata de coca hasta la venta en las esquinas de Nueva York. Eso ni lo soñó Pablo Escobar y todo ese mundo ha capturado al Estado”, dijo.
“Tienen bajo nómina a generales y a otros oficiales, senadores, representantes y funcionarios del gobierno. Han puesto a presidentes varias veces, no una vez. Todo eso es el acumulado de una política que ha fracasado”, indicó.
Petro aseguró que “hay una política que se degrada en la cocaína y la sangre” y continuó: “A mí me tocó denunciar que el 35% del Senado estaba conformado por legisladores que hacían leyes por las mañanas y por la tarde hacían la lista de a quienes iban a asesinar. ¿Eso se merece Colombia? ¿La ley de Colombia tiene que pasar por ese tipo de política degradada y sanguinaria? ¿O podemos cambiar?”.
Sobre las operaciones de los cárteles, Petro denunció en ese momento que los grupos criminales mexicanos operan en suelo colombiano. “Hoy Colombia exporta más cocaína que nunca. Los narcotraficantes, que son mexicanos, se quedan con la ganancia. En Colombia están los ejércitos, el problema y la violencia, pero no nos quedamos con las ganancias de la cocaína”, dijo.
Petro tomará el cargo el próximo 7 de agosto y se convertirá en el primer presidente de izquierdas del país andino.
 
 
 
 
 
PETRO LE DIO VOZ A "LOS NADIES" PARA CONVERTIR EL DESCONTENTO EN PROYECTO POLÍTICO
 
Diario Panorama de Argentina (https://bit.ly/3OijxbN)
 
El triunfo de Gustavo Petro en Colombia es el acontecimiento político más significativo que haya ocurrido en América Latina los últimos años y plantea, además de lo que representa para la historia del país suramericano, un giro en el enfoque con que se tratan los problemas tanto internos como regionales. 
El signo que selló Colombia este domingo es el de un cambio definitivo en el sentido hegemónico de la política colombiana. Es el estallido del bloque de poder cimentado por el uribismo y el primer intento histórico de la izquierda de gobernar Colombia, después de una guerra social de varias décadas que les enfrentó a muerte.
El conservadurismo criollo es el principal derrotado. Aunque en el último minuto trató de deshacerse del uribismo por la ventana de atrás, sacando del sombrero a un impresentable 'outsider' populista de centro, no le dieron las cuentas. Con la derrota del uribismo muere el sujeto político emblemático para la derecha mas guerrerista y represora del continente, en sus formas políticas y en sus medios de comunicación. Habrá que esperar cómo se comportarán los sectores de derecha en esta nueva etapa, en la que han perdido el Palacio de Nariño pero tienen mucho poder mediático y económico.
Petro se convierte así en el primer presidente costeño de la historia del país. Los sectores periféricos (excluidos urbanos y también rurales, sobre todo fuera de la influencia andina) han sido los triunfadores también por primera vez en la historia y se vienen a ganar un puesto en la sociedad colombiana, dirigiendo un cambio de rumbo.
El país cambió. Y no fue fácil. Fueron años de un proceso progresivo de acumulación de fuerzas y de desmantelamiento del discurso ideológico de la derecha. 
Un momento épico
Hay que evaluar que el triunfo de Petro no es cualquier triunfo. Petro le ganó a todo el poder establecido, incluso después del rápido lavado de cara que intentó la derecha con Rodolfo Hernández. También en la campaña, cuando se pensó que el apoyo en la primera vuelta del expresidente César Gaviria y el Partido Liberal podría ser el espaldarazo definitivo a favor de Petro, este se resistió a una negociación que hipotecara el futuro colombiano y nombró a Francia Márquez como su llave vicepresidencial.
Hoy, ambos lo han logrado con la votación más grande en la historia electoral colombiana: más de once millones de votos.
Además, hay que reconocer que el discurso de Petro en su campaña no fue un discurso populista en sentido tradicional, es decir, no produjo engañosas ofertas de difícil cumplimiento, sino un marco general de actuación. Es un programa maximalista, de contenido de izquierda contemporánea, pero sin mercadeo de programas sociales onerosos para conquistar pobres incautos, sino que su propuesta es, nada menos, que la transformación total de Colombia.
Y la parte más épica se sitúa en que el estallido en Colombia, producido en varias oleadas en 2019, 2020 y 2021, junto al estallido en Chile, pasan a ser ahora movilizaciones que tuvieron una transcendencia política de alto impacto, a pesar de la criminalización que han recibido. Estos estallidos, una vez verificado el triunfo popular en Colombia, han sido los acontecimientos que van marcando la rostridad en la política latinoamericana en esta tercera década del siglo. No solo sacuden las sociedades, sino que producen una salida electoral alternativa.
Con todo esto queremos decir que Petro ganó contra todo el poder reunificado y de forma bastante ética. No es un populista ramplón que ofreció cárcel, dólares y mano dura a sus votantes como sí lo hizo el candidato 'outsider' y pragmático apoyado por la derecha, sino uno que trazó un nuevo paisaje político para Colombia. Fue el holgado triunfador que no contó con el apoyo de ningún poderoso. Ganó con la Colombia excluida, no solo en lo económico sino en lo cultural y geográfico, por ello no es casual que sea el primer presidente costeño y contra un santandereano. 
¿Cómo ganó Petro? Los datos en la elección
Lo más asombroso de la jornada de ayer es que Petro y Márquez lograron convocar al "abstencionismo crónico" que se ubicaba en sus zonas de influencia: las ciudades y las costas. Este es el gran éxito de la campaña de ambos, una estrategia que desarrollaron incluso en un momento de incógnita, cuando irrumpió sorpresivamente el ingeniero Rodolfo Hernández, hace pocas semanas.
De los 2,7 millones de votos que Petro pudo sumar después de la primera vuelta, hay que contar que unos 500.000 pueden provenir de la desafiliación a la "suma perfecta" (que se pensó luego del resultado de la primera vuelta) entre Hernández y el candidato uribista, Federico Gutiérrez, cuya adición automática superaba los 11 millones, aunque en el balotaje terminó consiguiendo algo más de 10,5 millones de votos. Una cifra cercana que hace pensar que la suma automática no estaba mal.
Pero el dato más importante en torno a los nuevos votos del balotaje puede ubicarse en los cuatro puntos de avance en la participación en este 2022 (58 %) en comparación con 2018 (54 %), que la convierten en la elección de mayor participación de todo lo que va de siglo en Colombia, produciendo el mayor caudal de votos y una votación histórica en números. La diferencia radicó en que la abstención no se presentó igual a lo largo del país, sino que cedió justo en los hábitat de los votantes de Petro: las ciudades y las costas. Hacía allá dirigieron su discurso y hoy recogen un triunfo inolvidable.
Es también importante contemplar los que votaron por Hernández en la primera vuelta y por Petro en la segunda, debido al peso político que conlleva ser apoyado por Uribe y el uribismo, tal como sucedió hacia la segunda vuelta. No son muchos pero sí los necesarios para ratificar que la mayoría del electorado colombiano hoy es antiuribista por sobre cualquier cosa.
Entonces, Petro conquistó abstencionistas crónicos, rasguñó el voto conservador que iba automáticamente al 'outsider antipetrista', movilizó los barrios de las ciudades y a las regiones excluidas que han votado históricamente hacia la izquierda o a favor de los acuerdos de paz y a los jóvenes y mujeres que moran en esos territorios. 
Así consiguió el resultado histórico que supera en casi un millón de votos al conseguido por el presidente saliente, Iván Duque, en las presidenciales de 2018.
Como anecdótico se recuerda que después de la primera vuelta, cuando, en medio del engorroso resultado, el líder necesitaba insuflar ánimo a su equipo, planteó a la audiencia que le faltaban un millón y medio de votos para ganar, cuando en realidad le faltaban casi tres millones de votos. La noticia es que los ha conseguido. Y es una proeza por ser el líder más vituperado de Colombia de las últimas décadas.
 
 
 
 
 
LA ESCALADA DE VIOLENCIA EN LAS PROTESTAS EN ECUADOR DEJA CUATRO MUERTO, HERIDOS Y DAÑOS MATERIALES
 
ABC de España (https://bit.ly/3QFov4a)
 
La violencia en las movilizaciones promovidas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en contra del Gobierno del presidente Guillermo Lasso, se ha extendido a varias ciudades de Ecuador, y ha dejado cuatro muertos, 18 policías desaparecidos —que ya han sido localizados—, la toma de pozos petroleros y el incendio de un banco en la ciudad amazónica de Puyo. Por su parte, la Fiscalía General también denunció un ataque de manifestantes en su sede de Quito. Este miércoles, la capital seguía bajo asedio, sin transporte público, el bloqueo intermitente de las vías, el cierre obligado de los comercios, pero no se produjeron los ataques a instituciones, ni el enfrentamiento con las fuerzas del orden, de la víspera.
La novedad fue la marcha de miles de indígenas y campesinos en varias zonas de la ciudad.
El dialogo promovido por la llamada Comisión convocante, que representa a unas 300 organizaciones de la sociedad civil y tiene la asistencia técnica del Sistema de las Naciones Unidas y la Unión Europea, se alzaba como la única opción para salir de la crisis; pero el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, ha cuestiona la legitimidad de la Comisión y ha puesto nuevas condiciones para sentarse a la mesa, mientras que el presidente Lasso aceptó de inmediato.
En ciudades como Cuenca y Ambato también hubo movilizaciones pero de los sectores que condenan el paro, y lamentan las pérdidas económicas. Ellos alientan el diálogo como la única salida democrática, pero la decana de la Universidad SEK y miembro de la Rede de Politólogas, María Paz Jervis, dijo no ver cercana una salida honrosa para las partes, porque en el movimiento indígena hay nula intención de reivindicaciones, ya que lo que quieren es el caos y «tumbar al Gobierno». En esa línea, el ministro de Defensa, Luis Lara, había alertado al país señalando que la democracia en Ecuador está en serio riesgo, ante la acción concertada de personas exaltadas vinculadas a grupos violentos que buscan crear pánico. Por eso, para el ex ministro de Gobierno, Mauricio Gándara, en el Gobierno hace falta estrategia política y determinación, para «imponer la autoridad».
Lasso gana en el Congreso
Una hábil jugada política del Ejecutivo, al emitir un nuevo decreto de estado de excepción, incorporando dos provincias, a las tres anteriores, impidió que la Asamblea Nacional (Congreso) echara abajo el que estaba en vigencia, para el que contaba con los votos necesarios; de ese modo, el bloque correísta de UNES tampoco pudo invocar el estado de «grave conmoción social», con el que pretendía plantear la remoción de Guillermo Lasso de la Presidencia de la República. Para frustrar esa pretensión, fue clave la decisión del Partido Social Cristiano de anticipar que no cuenten con ellos. «Nebot está en contra de la insubordinación», dijo Gándara.
En este escenario, observadores comenta que, desde Bélgica (aunque algunos dicen que estaría en México), Rafael Correa presiona al presidente de la Conaie, Leonidas Iza, y a otros dirigentes, para que radicalicen la medida. En paralelo, ha promovido una campaña internacional condenando la «represión de Lasso al pueblo indígena». En ese sentido se han pronunciado el expresidente de Bolivia, Evo Morales, el Foro de Sao Paulo y sectores afines. Para María Paz Jervis, se trata de grupos de izquierda anárquicos que han cooptado las instituciones y la narrativa de defensa de los derechos humanos, poniendo en riesgo que una conquista tan importante para la humanidad, empiece a perder adeptos y legitimidad.
 
 
 
 
 
GUATEMALA, BOLIVIA Y VENEZUELA EN LOS ÚLTIMOS PUESTOS DEL ÍNDICE ANTICORRUPCIÓN
 
La Hora de Guatemala (https://bit.ly/3tQSBIb)
El Consejo y Sociedad de las Américas (AS/COA, por sus siglas en inglés) y Control Risks una firma consultora global de riesgos y estrategias, publicaron la cuarta edición del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2022 que evalúa a 15 países latinoamericanos. Guatemala se posiciona en el puesto 13 de 15, seguido de Bolivia y Venezuela siendo los países con los menores punteos registrados.
Uno de los primeros aspectos que destaca de la lucha contra la corrupción es un panorama mixto en toda América Latina durante el último año. A la vez, mencionan que algunos países mostraron resiliencia, mientras que otros, incluidos los dos países más grandes de la región, México y Brasil, vieron nuevos reveses para instituciones clave y el entorno anticorrupción en general.
“Para muchos ciudadanos de la región, la corrupción ha pasado a un segundo plano frente a otros problemas como la inflación y la lucha continúa contra el COVID-19”, destacan.
Además, citan que algunos gobiernos están reduciendo su compromiso anticorrupción, mientras que otros siguen adelante con los esfuerzos para fortalecer las instituciones independientes y el escenario general en 2022 era de relativa estabilidad tras los claros retrocesos de los últimos años.
“El índice es una herramienta analítica basada en datos que se lanzó en 2019 para evaluar la capacidad de los países latinoamericanos para detectar, castigar y prevenir la corrupción”, explica.
EVALÚAN Y CLASIFICAN A PAÍSES EN FUNCIÓN DE EFICACIA EN COMBATE ANTICORRUPCIÓN
En lugar de medir los niveles percibidos de corrupción, el Índice CCC evalúa y clasifica a los países en función de la eficacia con la que pueden combatir la problemática. Se considera que los países con una puntuación más alta tienen más probabilidades de ver a los actores corruptos procesados y castigados, añadieron.
CONSIDERARON 14 VARIABLES
Asimismo, el Índice analiza 14 variables clave, incluida la independencia de las instituciones judiciales, la solidez del periodismo de investigación y el nivel de recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco.
Estas variables se dividen en tres categorías: capacidad jurídica, democracia e instituciones políticas, y sociedad civil y medios de comunicación. Los puntajes generales de los países son un agregado ponderado de estas tres categorías.
A la vez, anotan en que el índice se basa en una gran cantidad de datos y en una encuesta patentada realizada entre los principales expertos en anticorrupción de Control Risks, la academia, la sociedad civil, los medios de comunicación y el sector privado.
GUATEMALA EN EL PUESTO 13 DE 15
En el caso de Guatemala, destacan que en 2021 tuvo un punteo de 3.84, en 2020 4.04 y en 2019 4.55, lo que evidencia que comparado a 2022 con el 3.38 el país ha ido en descenso y ahora se encuentra en la posición 13 de 15.
“El puntaje general de Guatemala cayó casi un 12% año tras año, y se mantuvo en el puesto 13, solo por delante de Bolivia y Venezuela. El país experimentó reveses en las tres categorías, pero el más significativo fue una disminución del 17% en la capacidad jurídica, que ha ido en descenso de trayectoria desde 2019”, se lee en el informe.
SEÑALAN ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRESIDENTE ALEJANDRO GIAMMATTEI
Además, el informe señala que Guatemala experimentó caídas particularmente pronunciadas en las variables que evalúan organismos anticorrupción y la independencia de la oficina del Fiscal General, reflejando actos recientes de la administración del presidente Alejandro Giammattei.
“Encabezado por la Fiscal General Consuelo Porras, el Ministerio Público (MP) obstruyó y despidió a funcionarios que realizaban investigaciones de corrupción”, agrega la publicación.
Por otro lado, dicha evaluación califica la capacidad legal en 3.09, un 3.11 en democracia e instituciones políticas y un 5.05 en sociedad civil y medios de comunicación.
También destacan que, siguiendo presiones institucionales y amenazas a su seguridad, varias prominentes figuras de la lucha anticorrupción huyeron de Guatemala durante el último año.
A la vez citan que, en julio de 2021, Juan Francisco Sandoval, titular de la Unidad Anticorrupción (FECI), organismo del MP, fue despedido y ahora está exiliado en EE.UU.
 
 
 
 
 
BRISA DE ANGULO, SÍMBOLO DE LA LUCHA CONTRA EL ASI EN BOLIVIA
 
De acuerdo con cifras de la Fundación Una Brisa de Esperanza, el 85 por ciento de los casos de abuso sexual en Bolivia son cometidos por un familiar o por alguien cercano a la víctima, situación que hace más traumática la vivencia para las infancias y adolescencias.
 
Feminacida.com.ar (https://bit.ly/3ODGC8W)
 
Según la Fiscalía de Bolivia, entre enero y junio del presente año hubo 4.326 casos de violencia sexual a nivel nacional, una cifra preocupante teniendo en cuenta que fueron 1.000 casos más en comparación con los reportados en el 2021, según un análisis durante el mismo rango de tiempo.
Ante la necesidad de contrarrestar la violencia sexual que sigue en aumento en Bolivia, existen fundaciones como Una Brisa de Esperanza (FUBE), una iniciativa que asiste y acompaña a niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de esta violencia en Cochabamba, Bolivia.  Desde su creación, la organización ha acompañado más de 2.000 casos brindando servicios legales, psicológicos, médicos y sociales -gratuitos- a las víctimas y a sus familias.
Su fundadora, Brisa de Angulo, quien con tan solo 15 años fue víctima de violencia sexual en repetidas ocasiones por parte de un primo, lucha contra la impunidad con resiliencia en un país donde las cifras de violencia sexual nunca han bajado.
En este sentido, Brisa presentó recientemente su testimonio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para pedir justicia, sentar un precedente regional y demandar reformas en el código penal de Bolivia mientras ofrece servicios profesionales de calidad para niños, niñas y adolescentes víctimas de agresión sexual.
La visibilización de la historia de Brisa en el ámbito internacional es un precedente para Bolivia y para otros países de América Latina en donde hay altas cifras de violencia sexual. Además, ha sido clave para traer a colación una problemática que se presenta diariamente en el mundo, pero de la que poco se habla: la violencia sexual ejercida por familiares. Como afirma Brisa: “Escuchamos sobre violaciones en universidades o violaciones en colegios, pero donde más ocurren es dentro del entorno familiar”.
Lastimosamente, la fundación lleva un tiempo siendo objeto de una campaña de difamación por parte de sujetos condenados por violencia sexual (algunos con sentencias), que buscan evitar a la justicia y el reconocimiento público de sus agresiones.
Lo anterior, es un riesgo y retroceso en el trabajo que se ha realizado con la infancia y adolescencia boliviana que, en vez de recibir acompañamiento para promover un desarrollo infantil sano e integral -que erradique las consecuencias y traumas que pueden quedar como resultado de la violencia psicológica y sexual- quedaría en el limbo al no tener a donde acudir.
La erradicación de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes es una responsabilidad que compartimos todas las personas. Visibilizar esta problemática y a organizaciones como FUBE puede crear conciencia y voluntad política para que se implementen medidas eficaces que permitan que historias como la de Brisa no vuelvan a repetirse.