En medio de fuertes tensiones geopolíticas por la guerra en Ucrania,
crecen en Bolivia especulaciones de que el Gobierno del presidente Luis Arce
favorecerá a empresas rusas en su adjudicación de contratos de explotación de
litio. El país sudamericano tiene las reservas más grandes de un mineral
necesario en las tecnologías energéticas que reemplazarán a los combustibles
fósiles.
En las últimas semanas, la empresa del estado Yacimientos de Litio
Boliviano (YLB) ha despedido a por lo menos tres empleados de alto nivel y
varios administradores más especializados en el proceso técnico de explotación
y producción del mineral para reemplazarlos con personas sin experiencia en la
industria con ligas políticas al Gobierno, de acuerdo con tres fuentes con
conocimiento directo consultadas de manera independiente. YLB tiene un rol
central en el programa piloto que arrancó el año pasado en que ocho empresas
internacionales compiten por demostrar que sus tecnologías son las más
eficientes y limpias para explotar el litio y generar energía. La
Administración de Arce, la cual se prepara para publicar los resultados este
mes, ha generado con este programa gran expectativa en los mercados, asegurando
que las empresas con los mejores resultados serán las elegidas.
Sin embargo, una fotografía en la que el hijo del presidente, Luis
Marcelo Arce Mosqueira, posa junto a dos ejecutivos de la empresa estatal rusa
Uranium One, una de las ocho seleccionadas, circula por chats entre miembros
del sector, impulsando rumores de que se negocian acuerdos por fuera del
proceso piloto.
A pesar de que no se sabe con certeza cuándo o en qué contexto se tomó
esa fotografía con Alexander Kochnev y Andrey Shutov, el papel del hijo del
presidente ha sido muy cuestionado. A inicios del año, medios nacionales
citaron documentos que indican que Arce Mosqueira trabajó con la empresa del
estado Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sin tener un puesto
específico. A partir de la publicación, y de acuerdo con medios bolivianos, el
presidente de la paraestatal confirmó los hechos.
En un mensaje de texto a EL PAÍS, Arce Mosqueira aseguró que él “no tiene
nada que ver con las contrataciones”, y agregó que estas “se están llevando a
cabo conforme a la ley y las está supervisando la autoridad competente”. Al ser
cuestionado sobre su reunión con Uranium One y la fotografía en cuestión no
respondió a las preguntas. Llamadas y mensajes al equipo de comunicación del
presidente Arce, así como a YLB y al Ministerio de Hidrocarburos y Energías
tampoco fueron respondidas.
Que Bolivia tiene una preferencia por Rusia no es ninguna sorpresa, dice
Álvaro Ríos, consultor especializado en energía y exministro de Hidrocarburos y
Minería de Bolivia. “Muy claramente hay un mayor alineamiento con China y sus
empresas y Rusia y sus empresas, que con las americanas, eso es una corriente
que vemos hace mucho”, dice el especialista, quien actualmente es consultor
independiente. En su primera visita a Rusia, el canciller Rogelio Mayta se
reunió con su contraparte Serguéi Lavrov para abordar convenios en explotación
de litio y energía nuclear. La visita fue en octubre, cuatro meses antes de que
Rusia atacara a Ucrania.
“Hay un clima laboral desagradable y tenso” dentro de YLB, dijo una
fuente interna quien pidió no revelar su identidad por temor a represalias. “En
los niveles más arriba no les convenía que un profesional pudiera tomar
decisiones importantes en la política de litio a nivel nacional. Han ido
cambiando de personal en esta fase final para ir tomando decisiones a su
criterio”, agregó.
Una fuente con conocimiento del proceso expresó que el ministro de
Hidrocarburos y Energía Franklin Molina ha mostrado favoritismo por la empresa
rusa Uranium One que forma parte del programa piloto. El resto de las empresas
participantes son las chinas Contemporary Amperex Technology, Fusion Enertech,
Citic Guoan Group y TBEA Group; la argentina Tecpetrol; y las estadounidenses
Lilac Solutions y EnergyX.
El martes, en conferencia de prensa, Molina informó que dos empresas
fueron descalificadas y que YLB presentará los resultados del programa “en los
próximos días”. Molina no precisó cuáles empresas fueron eliminadas.
“Para la siguiente etapa se va a necesitar bastantes recursos humanos
calificados, suponiendo que las ocho empresas que se conocen continúen, se va a
requerir una fuerte contraparte boliviana por lo que no me parece correcto lo
que están haciendo con técnicos, es preocupante”, dijo un exfuncionario de YLB
que desea permanecer anónimo. “Entiendo que es un tema de presión política”,
agregó.
Bolivia, junto con Argentina y Chile, tiene el 56% de las reservas de
litio comprobadas en el planeta, de acuerdo con el Servicio Geológico de
Estados Unidos. En Argentina, los gobiernos locales tienen el poder de asignar
los recursos a empresas privadas a cambio de réditos, mientras que en Chile, el
Gobierno busca nacionalizar el mineral. Bolivia se ha tomado su tiempo,
haciendo esperar a gigantes de la tecnología como Tesla, cuyos autos dependen
de baterías de litio. Los ojos del mundo están en el país andino y las empresas
que resulten ganadoras pudieran llevar una ventaja competitiva a nivel global
en un momento en que países desarrollados trabajan para reemplazar vehículos
que funcionan con gasolina por eléctricos, con energía procedente de fuentes
renovables.
El Gobierno de Evo Morales, presidente de 2006 a 2019, había acordado
adjudicar un contrato de explotación de litio a una empresa alemana, el cual se
vio truncado en 2019 cuando Morales salió del país en medio de una crisis
política tras los comicios que el exmandatario definió como un “golpe en su
contra”. Uno de sus últimos actos fue suspender dicho contrato y, en una visita
a México en 2021, el expresidente dijo que las protestas que terminaron por
derrocarlo fueron a partir de su decisión de industrializar el litio. Desde
entonces, el futuro del codiciado mineral ha sido incierto.
Más allá de qué empresas sean las elegidas, el Gobierno todavía tiene que
resolver el marco regulatorio y el pacto social con las comunidades que serán
afectadas por la actividad industrial, dice el exministro Ríos.
“El problema fundamental no radica en esta selección de tecnología, sino
en la ausencia de un pacto con el departamento de Potosí, que es el
departamento en que está ubicado el salar de Uyuni, el principal salar boliviano”,
asegura Ríos. “No hay un pacto o una ley clara que permitan hacer inversiones
masivas ahí”. En un acercamiento con esta comunidad, la empresa estadounidense
EnergyX ha prometido invertir 100.000 dólares en educación y salud en Uyuni.
Una fuente cercana al proceso asegura que el Gobierno de Arce trabaja
ahora mismo en una propuesta de ley que permitiría a empresas privadas explotar
el recurso, ya que actualmente solo el Gobierno lo tiene permitido. Pero, a
pesar de que el partido del presidente, el Movimiento al Socialismo –
Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS–IPSP), tiene mayoría,
hay divisiones internas que no garantizan que la ley sea aprobada.
“Mientras no se haga un pacto social con el pueblo, hay una beligerancia
del mismo pueblo al que hace 500 años los españoles le saquearon la plata y
dejaron miseria”, dice Ríos. “Lo mismo hay es, una suerte de paranoia en la
gente que está ahí, que tiene gran esperanza y quiere que queden beneficios
para ellos”. El País de España (https://bit.ly/3to6rRV)
BOLIVIA SIGUE EVALUANDO SEIS FIRMAS PARA SOCIEDADES MINERAS DE LITIO
Mining Weekly (https://bit.ly/3Qao816)
Bolivia ha reducido a seis de ocho la lista de empresas extranjeras
competidoras que compiten por explotar sus vastos recursos de litio, dijo el
ministro de Energía, Franklin Molina , como parte del esfuerzo más ambicioso
del país hasta ahora para extraer el metal.
Bolivia tiene los recursos de litio más grandes del mundo, el metal
ultraligero clave para fabricar baterías para vehículos eléctricos, pero ha
luchado durante décadas para extraerlos comercialmente.
Bajo el presidente de izquierda Luis Arce , Bolivia ha buscado asociarse
con firmas extranjeras para reactivar su capacidad minera . El año pasado,
anunció una lista de ocho empresas de Estados Unidos, China, Rusia y Argentina
que, de ser elegidas, extraerían el metal utilizando una tecnología no probada
conocida como Extracción Directa de Litio.
En rueda de prensa, Molina no especificó qué dos empresas habían sido
inhabilitadas. Dijo que se espera que los resultados finales se anuncien el 15
de junio, en sí mismo un retraso en la fecha límite inicial de mayo para el
anuncio.
Bolivia aún enfrenta una ardua batalla para explotar su litio, que
incluye obstáculos legales y un historial irregular para las empresas
multinacionales que operan en la nación andina.
Según la ley boliviana, solo la empresa estatal de litio Yacimientos de
Litio Bolivianos (YLB) puede extraer el metal. El gobierno aún tiene que
anunciar cómo cuadraría esa restricción con la asociación con empresas
extranjeras.
Bolivia también se ha quedado atrás de sus vecinos Argentina y Chile, que
han construido importantes operaciones de litio en un momento en que los
precios se están disparando. Chile es el segundo productor mundial de litio y
Argentina tiene una cartera prometedora de proyectos que ya están en el mundo.
La lista inicial de finalistas en Bolivia incluye a las startups
estadounidenses Lilac Solutions -respaldada por el fabricante de automóviles
alemán BMW y Breakthrough Energy Ventures de Bill Gates- y EnergyX, así como el
gigante fabricante chino de baterías CATL.
Las otras empresas son la argentina Tecpetrol, la rusa Uranium One y las
empresas chinas Fusion Enertech, TBEA y CITIC Guoan Group.
UN SALVAVIDAS DE ARMAS NO LETALES PARA UN GOBIERNO BOLIVIANO EN APUROS
Ante las persistentes protestas en las calles en 2019, el Ejecutivo de
Jeanine Áñez pidió ayuda a Macri en Argentina y a Moreno en Ecuador para que le
prestaran armas antimotines para reprimir
El País de España (https://bit.ly/3aDn067)
La urbanización de El Pedregal —a 14 kilómetros al sur de La Paz— amanece
en un clima de tensión. Hace 21 días que Evo Morales fue reelegido nuevamente
presidente de Bolivia. Hace 21 días que Bolivia es un caos de violencia y
represión. Denuncias de fraude. Denuncias de un golpe de Estado en marcha. El
país estalló en choques entre militantes del Movimiento al Socialismo (MAS) y
opositores de todos los colores que entendieron que ahora sí, que este es el
momento para desplazar a Morales después de 13 años en el poder. Como en otras
ciudades, al mismo tiempo, pasadas las primeras horas de ese 11 de noviembre de
2019, la tensión en El Pedregal se convierte en estallido. Algunos vecinos
salen a las calles. Otros observan desde las ventanas de sus casas. Percy
Noguera, de 32 años, es uno de ellos. Hasta que no aguanta más y se suma a las
manifestaciones.
Frida Conde Noguera se enteró por los medios de comunicación que su
hermano Percy murió ese mismo día. Lo escuchó en la radio. Hablaban de choques
en las calles. De enfrentamientos. De lo que sucedía en El Pedregal. Hablaban
de muertos. Frida no le creyó al locutor. Tenía la esperanza de encontrar vivo
a Percy. Salió de su casa en el barrio de Villa Fátima y caminó hasta el sur de
La Paz, donde había escuchado que su hermano yacía muerto.
Después de esquivar los retenes de los opositores a Morales, logra llegar
a El Pedregal. Sube y baja las empinadas calles, casi todas empedradas, con la
esperanza de hallarlo con vida. Los policías que estaban ahí le dicen que no
hay ningún muerto. Pero una mujer de pollera se le acerca y le muestra el lugar
dónde está su hermano. Percy, envuelto en dos bolsas de yute, yace sin vida en
medio de unos arbustos, donde horas antes había sido el escenario de una
represión policial. Luego se enteraría de que fue asesinado ese día a las
10:30, que no era parte de los movilizados y que los vecinos lo obligaron a
salir a las calles. Hoy, en diálogo con esta alianza periodística, cree que los
policías intentaron ocultar el cadáver.
Ese día en El Pedregal también murió Paulino Condori Aruni, de 21 años, a
causa de un “traumatismo torácico penetrante (provocado) por un proyectil de
arma de fuego”, según el informe del Instituto de Investigaciones Forenses
(IDIF). Sus familiares creen que a Condori le quitaron la vida los perdigones
metálicos disparados por la policía. Como el proyectil atravesó el cuerpo de
lado a lado y no pudo ser hallado, la investigación no determinó con qué arma
le dispararon. Además, la fuerza policial negó el uso de armas de fuego
reglamentarias.
Así como en El Pedregal, en varias zonas de La Paz y en el resto de
Bolivia hay marchas, bloqueos, toma de instituciones, enfrentamientos entre
afines y contrarios al MAS, el partido que lidera Evo Morales, y represión.
La calle es un fuego y las manifestaciones se extienden por todo el país.
Los jefes de la Policía y las Fuerzas Armadas bolivianas están preocupados: los
almacenes se están vaciando rápidamente y temen que no alcancen las balas y los
gases lacrimógenos para detener tantas protestas. Bolivia no fabrica armas ni
municiones químicas. Los golpistas tienen un plan.
Mauricio Macri está a punto de despedirse como presidente de Argentina.
Falta menos de un mes para que le ceda el bastón y la banda a Alberto
Fernández. Ahora, en esta mañana del 12 de noviembre de 2019, conversa en su
oficina con el canciller Jorge Faurie. Será una de las últimas veces que se
encuentren en la Casa Rosada. Del otro lado de la pared, en el despacho del
jefe de Gabinete, Marcos Peña, se prepara para un cónclave mayor.
Las tres secretarias de Peña acomodan varias sillas alrededor de la mesa.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, llega puntual: 12.25. Media hora
después lo hace su jefe de Gabinete, Gerardo Milman. Enseguida aparecen el
número dos de Seguridad, Eugenio Burzaco, y su hombre de mayor confianza, Darío
Oroquieta. El resto llega 10 minutos después. Son el Director Nacional de
Gendarmería, Gerardo Otero, y los jefes de las otras tres fuerzas de seguridad
interior: el jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia; Eduardo Scarzello,
de la Prefectura Nacional Naval, y Alejandro Itzcovich Griot, de la Policía de
Seguridad Aeroportuaria. La reunión se completa con el Ayudante de Órdenes del
jefe de Gendarmería.
Son las 12.51 del mediodía. Ya están todos. La reunión puede comenzar.
Al menos por el momento, las autoridades del Gobierno saliente no esperan
una gran movilización a la Casa de Gobierno. ¿Cuál es, entonces, el conflicto
que está a punto de estallar?
Los únicos disturbios de los que hablan los diarios argentinos suceden a
2.600 kilómetros de ahí, en la ciudad de La Paz. Este 12 de noviembre terminará
con una noticia que conmociona a la región: el presidente de Bolivia, Evo
Morales, y su vice, Álvaro García Linera, acaban de aterrizar en México como
refugiados políticos. Mientras tanto, en el Aeropuerto de El Palomar, provincia
de Buenos Aires, 11 gendarmes del grupo de élite Alacrán cargan sus armas y el
resto de sus pertrechos militares para una nueva misión. Se están por subir al
Hércules C-130, el avión más grande de la Fuerza Aérea Argentina, para proteger
a la Embajada en La Paz de los disturbios en las calles.
A último momento, una nota de Gendarmería pide que agreguen un segundo
cargamento; la mayoría con el sello de Fabricaciones Militares. Los
funcionarios de la Anmac, la oficina que controla la salida y entrada de armas,
no ven ninguna irregularidad. La nota está firmada por Rubén Yavorsky, director
de Logística de Gendarmería. Lleva día y hora: martes 12 de noviembre de 2019,
exactamente a las 13:06, apenas 15 minutos después del comienzo de la cumbre de
seguridad en la oficina de Marcos Peña.
La lista del nuevo material solicitado por Yavorsky dice: 70.000
cartuchos antimotines, 100 spray gas pimienta y 700 granadas de gas. El
argumento es defender el palacio de la calle Aspiazu 497 de la revuelta que
provocó el golpe de Estado en Bolivia. A ningún gendarme le llama la atención
la cantidad de cartuchos antimotines que están llevando a La Paz.
La relación con lo que suele usarse para reprimir una manifestación es
llamativa. Un gendarme aporta el dato en off. El 14 de diciembre de 2017, en
vísperas del debate por la reforma previsional impulsada por el gobierno de
Mauricio Macri, la plaza del Congreso se llenó de organizaciones sociales y
partidos de izquierda que rechazaban el proyecto de ley. Gendarmería respondió
con palazos, gases y balas de goma en una represión que duró desde la mañana
hasta que cayó el sol. Con 162 heridos y 60 detenidos, fue la mayor represión
en los cuatro años del gobierno de Macri. Ese día, cuenta el gendarme, la
fuerza utilizó 5.000 postas antimotines. Ahora, decía el documento, se
necesitaban 70.000 para frenar las eventuales protestas frente a la Embajada
Argentina.
Cuando los alacranes llegaron a La Paz, tomaron sus pertenencias y se
dirigieron a la sede diplomática. En el aeropuerto quedaron todos los elementos
antimotines solicitados en el envío de urgencia. Cuando la calma volvió al
país, el grupo de élite volvió a la Argentina con todo el equipo, las armas y
las municiones. El segundo envío no.
Es el 12 de noviembre de 2019 y hace algunas horas que Evo Morales está
en Ciudad de México, donde se quedará tres meses antes de viajar a Buenos Aires
para asentar su asilo político junto a García Linera.
A 5.554 kilómetros de la capital azteca, la senadora de Unidad Demócrata
(UD) Jeanine Áñez asume de facto. El teniente coronel Rolando Gallardo, miembro
de la Casa Militar, le coloca la banda presidencial. Apenas habían pasado 24
horas de la represión de El Pedregal, donde además de Aruni y Noguera fue
asesinado Juan Marín Félix Taco, de 18 años. A presidente depuesto, presidente
puesto.
Una parte de la ciudadanía masifica su presencia en las calles como
expresión de apoyo al líder cocalero y repudio a lo que consideran un golpe de
Estado. Otra parte aplaude el mandato de Áñez. Mientras tanto, la Policía
reprime y empieza a agotar el diezmado armamento antidisturbios que queda en
sus almacenes.
Para las primeras horas del 13 de noviembre la Policía y la Fuerza Aérea
Boliviana reciben una buena noticia. El avión Hércules C-130 dejó un cargamento
especial en el aeropuerto de El Alto. El entonces embajador argentino en
Bolivia, Normando Álvarez García, supervisa personalmente la entrega de
material anti tumulto a las fuerzas bolivianas. La división no está estipulada
por ningún documento y abre una discusión entre los jefes de la policía y los
de la Fuerza Aérea. ¿Cuánto se lleva cada uno?
La situación es tensa y hay poco tiempo. Los gendarmes argentinos ya
abandonaron el lugar y están en camino rumbo a la Embajada. Salvo uno, que no
vino en ese avión ni necesitó la autorización de la ministra Bullrich para
estar en el hangar. Se llama Héctor Adolfo Caliba, tiene rango de comandante y
cumple funciones como agregado militar en Bolivia desde antes del golpe.
Responde directamente al número uno de Gendarmería. Como enlace entre las
fuerzas bolivianas y las fuerzas argentinas, Caliba tiene la confianza del
jefe, y, además, sabe perfectamente lo que necesita la Policía local para
profundizar la represión.
Por el momento, Caliba es el hombre clave para que se concrete la
operación. No solo por la confianza entre ambas fuerzas sino por haber
participado en las reuniones con los policías bolivianos para preparar la
represión y el golpe. En el aeropuerto de El Alto todavía es de noche. A pesar
de la hora, hay un movimiento inusual. El Hércules C-130 ya está sobre la
pista. La puerta de la bodega está abierta. Los motores del avión quedarán en
marcha durante toda la estadía en Bolivia; en total, una hora y media.
El funcionario de mayor rango en el lugar es el embajador Álvarez García;
lo asisten dos secretarios de la Embajada. Pero Caliba tiene la voz de mando.
La misión que tiene cumplir es doble: evacuar al resto del personal de la
Embajada argentina en Bolivia por un lado y, por el otro, coordinar la entrega
del material antidisturbios con la Policía local. La primera parte del plan se
cumple sin inconvenientes.
Entregar el cargamento será un poco más complejo. En el mismo lugar se
encuentra otro agregado militar argentino: el capitán de navío Miguel Ángel
Alonso, nombrado en misión permanente desde 2017 y con fuertes relaciones con
la Fuerza Aérea Boliviana. Caliba y Alonso se cruzan en una discusión por el
destino del cargamento. Caliba puede tener la voz de mando pero Alonso lleva
más tiempo en el país y, sobre todo, tiene mayor jerarquía en su fuerza.
Finalmente, la policía se queda con 26.900 cartuchos 12/70. La FAB con más de
40 mil de las mismas municiones.
Un hombre observa la escena. Es Jorge Salinas Berríos, jefe de seguridad
de la Embajada Argentina en Bolivia. “En ese momento vi que estaban bajando
unas cajas con un montacargas. Las mismas fueron llevadas a la entrada de una
plataforma donde se procedió a cargar el montacargas a una camioneta de la
Policía”, relataría tiempo después, en una escueta declaración ante la comisión
de investigadores en la Fiscalía de La Paz.
En ese entonces Salinas Berríos llevaba más de 20 años trabajando en la
Embajada. “Me llamó la atención que varias personas, cuatro o seis, alzaban las
cajas que aparentemente no eran grandes. Curiosamente pregunté qué es lo que
hay adentro para que pesen tanto y me dijeron, los policías que estaban
cargando, que los gases y las municiones eran pesados”, agregaría el
funcionario en su escueta declaración judicial. “Después dejaron de cargar el
resto de las cajas, el montacargas lo metió en el hangar de la Fuerza Aérea
Boliviana donde guardaban el avión Hércules”.
Además de ver cómo bajaban las cajas con armamento y su distribución, el
jefe de seguridad vio a funcionarios y familiares de diplomáticos argentinos
reunidos en la madrugada del 13 de noviembre de 2019 en el ex hotel Radisson,
en pleno centro de La Paz. Esperaban que la Policía Boliviana los escoltara
hasta el aeropuerto de El Alto. Era necesario, relató Salinas Berrios, contar
con seguridad porque la situación estaba complicada. Él mismo había estado
coordinando con el agregado de la Gendarmería en La Paz cómo sería ese
traslado.
Horas más tarde, la Embajada argentina en La Paz recibirá una carta
firmada por Terceros Lara. Se dirige a Álvarez García:
“Excelentísimo señor embajador:
A tiempo de hacerle llegar el más cordial saludo, tengo bien a dirigirme
a su distinguida persona a objeto de agradecerle por la colaboración prestada a
esta institución armada, en el marco del apoyo internacional entre nuestros
países, debido a la situación conflictiva que vive Bolivia”.
La carta de agradecimiento tiene, además, un detallado de todos los ítems
recibidos por la Fuerza Aérea: 40.000 cartuchos AT 12/70, 18 gases lacrimógenos
en spray MK-9, 5 gases lacrimógenos en spray MK-4, 50 granadas de gas CN, 19
granadas de gas CS, 52 granadas HC.
“Con este motivo reitero al excelentísimo señor embajador, seguridades de
mi más alta consideración”, finaliza la carta. No es para menos. En un país al
filo de la guerra civil después de un golpe de Estado, con el presidente y el
vicepresidente en el exilio, las calles de las principales ciudades están en un
incendio contínuo. El miedo de los jefes de quedarse sin material para
controlar las protestas es un temor fundado: Bolivia no tiene fábricas
militares que produzcan elementos químicos antimotines como gas pimienta o gas
lacrimógeno. La posibilidad de prolongar la represión depende de las armas no
letales que ese día llegaron en el Hércules.
La carta de agradecimiento del comandante permanecerá en los cajones
diplomáticos de la sede argentina hasta el inicio de un nuevo Gobierno
democrático en Bolivia.
Todavía es 13 de septiembre. La policía y las FAB ya disponen de
suficientes municiones y gases lacrimógenos para afrontar la agudización del
levantamiento popular. La presidenta de facto Jeanine Áñez les da el postre de
la jornada. Emite un Decreto Supremo que exime de responsabilidad penal a las
Fuerzas Armadas intervinientes en operativos “para el restablecimiento del
orden interno y estabilidad pública”.
El país está prendido fuego. Hay protestas por todas partes. Pasado el
mediodía, cerca de 5.000 pobladores del Chapare —la región donde creció
Morales— marchan hacia el centro de Cochabamba para repudiar el Golpe de
Estado. El Gobierno estrena el decreto que habilita la represión. Poco antes de
llegar, a la altura de Sacaba, una falange armada, compuesta por el Ejército y
la Policía, les corta el paso. Los manifestantes están sobre el puente
Huayllani. Intentan negociar con la policía pero, justo en ese momento, cuando
todo parece destrabarse, un avión caza de la Fuerza Aérea Boliviana sobrevuela
la zona. Se desata la represión. Dos helicópteros vuelan sobre los manifestantes
mientras la policía y el ejército disparan a quemarropa. La columna del Chapare
nunca llegará a Cochabamba. El resultado son 11 manifestantes muertos y más de
100 heridos.
La campaña del Gobierno Boliviano para conseguir armas y municiones extiende
su alcance hacia otros países. Es el 16 de noviembre. Suena el teléfono en el
despacho de la ministra de Gobierno de Ecuador, María Paula Romo. Del otro lado
de la línea, el ministro de Defensa boliviano, Luis Fernando López Julio. Le
pide ayuda. Le explica que, a pesar de los esfuerzos, no alcanzan las
municiones para detener el avance de las manifestaciones.
El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno sigue el conflicto en Bolivia con
especial atención y ofrece su colaboración. Al revés de lo que sucedería con el
Gobierno de Mauricio Macri —donde el acuerdo incluiría un envío puerta a
puerta— esta vez el Gobierno de Áñez no tendría delivery. Antes de que termine
ese día, un avión de la Fuerza Aérea Boliviana aterriza en Quito para retirar
lo siguiente: 5.000 granadas de mano GL-302, 2.398 proyectiles de largo alcance
calibre 37 mm., 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 mm. y 500 granadas
de sonido y destello para exteriores. Todas municiones fabricadas por la
ecuatoriana Santa Bárbara EP y la brasileña Cóndor. La firma del documento que
detalla el cargamento dice: general Fernando Correa Gordillo, director de
Logística de la Policía de Ecuador.
El avión de las FAB aterriza la madrugada del 17 de noviembre en La Paz.
Sólo dos días después, el Gobierno boliviano enciende una represión en la
localidad de Senkata, en El Alto, a 40 kilómetros de La Paz.
El 19 de noviembre, Senkata amanece militarizada. El gobierno de Áñez
tomó la decisión de acabar con la toma de la planta de gas por parte de
militantes y dirigentes del MAS. La planta que YPFB tiene en Senkata es la más
importante para abastecer de gas licuado a todo el occidente del país. Con
temor al desabastecimiento, el gobierno activó una nueva represión que
terminará en masacre. Otra vez 11 muertos y cientos de heridos.
Los gases lacrimógenos y municiones enviados a Bolivia por el entonces
presidente ecuatoriano Lenín Moreno fueron entregados no solo a la Policía,
sino también a las Fuerzas Armadas. Más de un año y medio después, cuando sea
detenido y acusado de los delitos de tráfico de armas y resoluciones contrarias
a la Constitución y a las leyes, el general Jorge Gonzalo Terceros Lara, lo
negará: dirá que la despensa de los militares no tenía armamento no letal.
Los que recibió Bolivia no fueron los únicos préstamos de municiones no
letales para reprimir las protestas que retumbaron en Sudamérica en 2019.
En octubre de 2019, cuando Ecuador enfrentaba un paro que había dejado
seis muertos y decenas de heridos, Colombia acudió a su auxilio y le envió
19.000 cartuchos de gas y granadas de mano que la Policía Nacional de ese país
necesitaba. La confirmación de ese préstamo, que no había sido revelado
públicamente antes, aparece en tres documentos oficiales del Gobierno y la
policía de Ecuador y también, curiosamente, en uno del Gobierno de Bolivia.
El informe de juicio político contra María Paula Romo, la ministra de
Gobierno de Moreno, reconstruyó parte de esa transacción ante la Asamblea
Nacional del Ecuador. Según el informe preparado por tres asambleístas, el
Estado ecuatoriano usó 2368 cartuchos de gas de corto alcance, 1297 cartuchos
de gas de largo alcance y 63 granadas de mano durante los 11 días de paro.
Preocupado por la escala de la protesta, el Ministerio de Gobierno salió de
compras, asegurando al menos 5.000 cartuchos de gas de corto alcance, 5.000
cartuchos de gas de largo alcance y 5 mil granadas de mano.
El cargamento más grande le llegaría a Ecuador sin intercambiar dinero:
entre el 9 y 10 de octubre de 2019 —según un documento oficial del Gobierno
ecuatoriano obtenido por esta alianza periodística— ese mismo Ministerio
recibió un préstamo de la Policía Nacional de Colombia. Se trataba de 7.140 mil
cartuchos de gas de calibre 37 mm, 2.000 cartuchos de gas de calibre 40 mm,
8.000 granadas de mano trifásicas y 2.000 granadas multimpacto y 10 fusiles
lanza gases, para un total de más de 19.000 materiales.
Un informe del Gobierno boliviano también corrobora esa información. El
18 de diciembre de 2019, el agregado militar de la embajada de Bolivia en Quito
le envió un informe a su jefe en La Paz, el Ministro de Defensa Luis Fernando
López, sobre la deuda que tenía su país con Ecuador por el préstamo de granadas
y proyectiles un mes atrás.
Para ese momento, Colombia ya estaba cerca de cumplir un mes de
movilizaciones de su propio paro nacional, que solo en su primera jornada de
represión —la del 21 de noviembre— contaba tres personas asesinadas y 120
heridas.
En esa carta escrita tres semanas después del inicio de las protestas en
Colombia, el agregado boliviano, el coronel José Luis Frías Cordero, le dijo al
ministro del Gobierno Áñez que Ecuador necesitaba con rapidez la devolución del
material que les había enviado prestado.
Pero era tarde. Las armas y las municiones ya estaban en las calles
bolivianas.
Recién dos años después del golpe, el Gobierno electo de Luis Arce dará a
conocer la carta de agradecimiento por el envío de armamento argentino que
compromete, al menos hasta el momento, al comandante general Terceros Lara, a
su segundo, a los gendarmes argentinos que trajeron los pertrechos militares,
al presidente Mauricio Macri y a la plana mayor de su gabinete.
“Buscamos la carta a partir de un pedido de Cancillería boliviana, que
tenía indicios de colaboración de algunos países en los días del golpe”,
explicó el embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro. “Lo primero que
hicimos fue ir a buscarla al archivo del embajador, que es lo que corresponde,
no había cable ni mensaje a la Cancillería, que es lo que se suele hacer. La
encontramos en el archivo general”, detalla Basteiro desde La Paz. Según la
hipótesis del actual gobierno argentino, una copia quedaría a manos del
Gobierno boliviano y la otra en la Justicia argentina.
Para Sabina Frederic, entonces ministra de Seguridad argentina, no hay
dudas sobre la veracidad de la carta pero señala un matiz. “Primero, la carta
es auténtica. Luego hay que aclarar que hay dos versiones, una sin la recepción
del ayudante del agregado naval adjunto de Argentina y otra con su firma. La
carta fue la vía de acceso a todo el episodio. Sin ella, hubiera sido muy
difícil desarmar toda la trama. No es el único elemento, porque en la embajada
ya había información, pero si fue una evidencia central”.
Con el documento en la mano, los gobiernos de ambos países abrieron una
investigación. Dieron con testigos que ayudaron a reconstruir la llegada de
ambos cargamentos, hallaron las casi 30 mil balas de goma y los spray
lacrimógenos que la policía tenía en uno de sus almacenes. También los memos
oficiales y los correos electrónicos que comprometen a muchos funcionarios y
gendarmes argentinos. Sin embargo, la carga que las FAB almacenaron en el
hangar de los Diablos Negros —compuesto por 40.000 cartuchos, spray y gases
lacrimógenos— nunca se encontró.
Por otras causas pero siempre ligadas al Golpe de Estado, a principios de
2022, el Tribunal de Sentencia Anticorrupción 1º de La Paz condenará a tres
años de cárcel a Palmiro Gonzalo Jarjury Rada, ex comandante general de la
Armada Boliviana y a Jorge Gonzalo Terceros Lara, por los delitos de Resoluciones
contrarias a la Constitución y a las Leyes e Incumplimiento de Deberes en grado
de complicidad. Antes —todavía apretado por el escándalo de la carta— el
comandante Terceros Lara hará una defensa tradicional: negar absolutamente
todo. Su abogado Jorge Santisteban intentará demostrar que el documento está
fraguado y que la firma es falsa. Y, sobre todo, es falso el objetivo. ¿Por qué
las FAB van a hacerse de material antimotines si no se dedican a repeler
motines?, pregunta Santisteban.
La pregunta como argumento de la defensa podría sostenerse, si no fuera
por los resultados de las investigaciones de los organismos internacionales de
derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos creó un equipo
de trabajo especial para investigar las masacres de Sacaba y Senkata. El Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), reconstruyó ambas
matanzas.
Sobre Sacaba dice: “La investigación verificó que las tropas de las
Fuerzas Armadas se encontraban fuertemente armadas. Oficiales y alumnos del
Ejército portaban fusiles SIG y FAL, además de armas de dotación individual,
mientras que los soldados estaban dotados con pistolas lanza gases, escopetas
Mossberg 12 mayor, granadas de gases y escudos. Efectivos de la Fuerza Aérea
boliviana portaban fusiles GALIL y granadas de gas”. Si Bolivia no fabrica
armas de composición química. ¿De dónde provinieron las granadas de gas?
Para Basteiro, esas granadas podrían ser las mismas que fueron
custodiadas por los gendarmes desde El Palomar hasta La Paz. “Las municiones
(enviadas por el gobierno de Macri) pudieron haber sido utilizadas cada vez que
la fuerza aérea participó de represiones, como en Sacaba y Senkata, aunque no
tengo pruebas fehacientes para asegurar que esas municiones provocaron muertos
bolivianos”.
La burocracia militar —que ingenuamente expuso al Gobierno argentino—
también se repitió en los vínculos de la policía boliviana con la gestión del
ecuatoriano Lenín Moreno.
UN JOVEN INTERRUMPE A GRITOS ALMAGRO PARA CULPARLE DEL "GOLPE"
EN BOLIVIA
Swissinfo de Suiza (https://bit.ly/3Nyd8sQ)
Un joven interrumpió a gritos este martes una charla del secretario
general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro,
acusándolo de haber orquestado un "golpe de Estado" en Bolivia en
2019 y de tener "las manos manchadas de sangre".
"¡Eres un mentiroso, eres un mentiroso!", respondió Almagro
desde el escenario al joven que le estuvo gritando desde el público durante
varios minutos, hasta que dos agentes de la policía se lo llevaron del recinto.
El rifirrafe tuvo lugar durante una charla del secretario general de la
OEA sobre la libertad de prensa en el continente americano, celebrada con
motivo de la IX Cumbre de las Américas, que tiene lugar esta semana en Los
Ángeles (Estados Unidos).
El joven acusó a Almagro de tener las manos "manchadas de
sangre" por la muerte de manifestantes durante la crisis política desatada
en Bolivia en 2019.
Ese año, la OEA denunció irregularidades en las elecciones en las que Evo
Morales salió reelegido y el mandatario abandonó el país denunciando un golpe
de Estado en su contra.
Después de que la policía sacara al joven de la sala, Almagro afirmó que
está acostumbrado a escuchar estas "mentiras", y defendió la
actuación de la OEA en el caso boliviano.
Afirmó que los observadores electorales de la OEA hallaron una
"manipulación de los resultados electorales", pero se deslindó de la
actuación de la oposición boliviana, con la que no tuvo "ningún
contacto", afirmó.
El actual mandatario boliviano, Luis Arce, decidió no acudir a la cita
hemisférica ante la decisión de Estados Unidos en calidad de anfitrión de
excluir de la Cumbre a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua por
considerarlos antidemocráticos y atentar contra los derechos humanos, lo que ha
provocado la baja de otros presidentes, como el mexicano Andrés Manuel López
Obrador.
ACUSAN A LA GESTIÓN DE MACRI DE TENER RESPONSABILIDAD EN LA MUERTE DE UN
PERIODISTA EN BOLIVIA
Telam de Argentina (https://bit.ly/3mxjtZq)
El secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla acusó al gobierno
del expresidente Mauricio Macri de tener "responsabilidad" en la
muerte del periodista Sebastián Moro, presuntamente asesinado en Bolivia, al
haber "colaborado" con la administración de facto de Jeanine Áñez y
"favorecido el golpe contra un gobierno democrático y hermano", en
referencia a Evo Morales.
"Si hoy Sebastián (Moro) no está con nosotros y hubo una
colaboración del gobierno de Mauricio Macri en ese gobierno militar, hay
también responsabilidad de Macri por la muerte de Sebastián y de cada ciudadano
que perdió la vida en esos meses", señaló Pietragalla en un homenaje
realizado esta tarde en el salón Eva Perón del Senado.
Organizada como charla debate en el Día del Periodista, la convocatoria
reiteró la exigencia de que la Justicia boliviana investigue la muerte en
circunstancias sospechosas del periodista argentino, quien falleció el 16 de
diciembre de 2019 en La Paz a la semana de haber sido encontrado
semi-inconsciente y con marcas de una golpiza.
Por entonces, en los primeros días posteriores al golpe, Moro escribía
para Página 12 y trabajaba en Prensa Rural y Radio Comunidad, la revista
semanal y la emisora de la Confederación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
Junto a Pietragalla, en el homenaje estuvieron las hermanas del
periodista, Penélope y Melody Moro; el embajador de Bolivia en la Argentina,
Ramiro Tapia; la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (Frente de
Todos-Mendoza); su par de Jujuy Guillermo Snopek (FdT) y los diputados Hugo
Yasky y Leila Chaher, también del oficialismo.
"Quiero repudiar el rol del gobierno nacional de Mauricio Macri por
haber colaborado con esa dictadura militar (por la gestión de la expresidenta
de facto Áñez). Ese gobierno favoreció y apoyó el golpe de estado a un gobierno
democrático y hermano como el del presidente Evo Morales", apuntó
Pietragalla en su intervención.
Y repudió la "colaboración del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales,
quien, sin duda, en los meses anteriores al golpe (del 10 de noviembre de 2019)
habilitó los aeropuertos para que se hagan vuelos internos de Jujuy a
Bolivia", puntualizó.
"Exigimos a la Justicia argentina que dé respuesta de lo que pasó en
Jujuy y sobre las armas que llegaron en los días previos al golpe a
Bolivia", reclamó por otro lado el secretario de Derechos Humanos.
Se refería al anuncio que realizó el lunes el embajador argentino en La
Paz, Ariel Basteiro, cuando informó que el actual gobierno de Bolivia había
descubierto 40.000 municiones en poder de la Fuerza Aérea boliviana que habían
llegado desde Argentina a través del contrabando.
Además, Pietragalla consideró que "un apoyo como el que se dio en
esos años al golpe militar tiene que ser repudiado" y exhortó a "no
mirar para otro lado" frente al reclamo de que la Justicia argentina
investigue "el rol del gobernador jujeño Gerardo Morales, que no fue
pasivo", indicó.
Finalmente, el funcionario agregó que "cuando llegan estos sujetos
que vienen a saquear el Estado, a esos periodistas como Sebastián hay que
agradecerles y felicitarlos porque no ocultaron lo que pasó en Bolivia".
Las acusaciones contra el gobierno de Macri se repitieron en la mayoría
de los oradores que se hicieron presentes en el Salón Eva Perón del Senado.
Por ejemplo, el embajador de Bolivia, Ramiro Tapia, cuestionó que Macri
no haya habilitado el espacio aéreo argentino para el paso del avión que
llevaba a Morales al exilio, "como si fuera el dueño del cielo".
En cambio, reprochó el diplomático, "el gobierno del presidente
Macri tuvo la desfachatez de usar un avión Hércules para llevar armamento
bélico a Bolivia para que se enfrenten entre hermanos".
El embajador también responsabilizó a la exministra de Seguridad de
Cambiemos, Patricia Bullrich, a quien criticó por "negar lo que había
pasado" con el envío de municiones y pertrechos represivos en un avión
Hércules desde la Argentina.
"El gobierno de la Argentina (por la gestión de Cambiemos) nunca
tuvo la moral para admitir que ellos llevaron armamento bélico. Ni olvido ni
perdón. Justicia para los malos gobernantes que nos enfrentaron entre
hermanos", enfatizó Tapia.
Por su parte, Penélope Moro, hermana de Sebastián, recordó su trayectoria
y destacó que "su vida no fue un desperdicio", aunque luego advirtió
que tuvo que "perder a un hermano para traer este reclamo" al Senado
de la Nación.
"Desde que Sebastián no está, no solo por la gestión criminal del
asesino Mauricio Macri, se terminó la cobertura (periodística) de los juicios
de lesa humanidad. Aunque hoy tenemos una democracia plena, esas coberturas no
fueron retomadas", reprochó.
Antes de establecerse en Bolivia, Sebastián Moro cubría para Radio Nacional
las audiencias de los juicios de lesa humanidad que se realizaban en Mendoza,
su provincia de origen.
La otra hermana de Moro, Melody, exigió "verdad y justicia" y
describió a su hermano como "la primera víctima fatal del golpe de Estado
que se hizo en Bolivia en complicidad con el gobierno argentino comandado por
Mauricio Macri".
"Ni olvido, ni perdón. Exigimos verdad y justicia", insistió.
Por último, Fernández Sagasti exhortó a los presentes a enfrentar la
sobreinformación "que no permite sentarse a reflexionar" -según
advirtió- con una "actitud crítica" ante los medios, y en ese sentido
valoró el ejemplo de la figura de Moro, al plantear que "se necesitan más
Sebastián".
"En el Día del Periodista, Sebastián era un militante de la verdad,
del criterio y la reflexión", subrayó, para luego recordar que el gobierno
de Cambiemos tiene cuatro imputados en la causa "por llevar armas con un
avión Hércules a Bolivia", en alusión a Bullrich, el exjefe de gabinete
Marcos Peña, el excanciller Jorge Faurie y el propio Macri.
"Eso hay que decirlo en cada lugar donde estemos. No es lo mismo un
Gobierno que defiende la democracia que otro que ayuda a la matanza, al
sacrificio de un pueblo que durante siglos luchó por tener gobernantes que se
parecieran a su pueblo. No toleraron eso y, de propios hermanos, como el
gobierno de la Argentina, colaboraron con la matanza, entre otros, de nuestro
Seba", acusó la senadora por Mendoza.
En Bolivia, la causa judicial que investiga las circunstancias por las
cuales Sebastián Moro resultó muerto está caratulada con el delito de homicidio
y tramita en el Juzgado 10° de Instrucción Cautelar en lo Penal de La Paz.
POR QUÉ HAY DUEÑOS DE SUPERMERCADOS CHINOS QUE QUIEREN DEJAR ARGENTINA Y
MIGRAR A BOLIVIA O CHILE
I Profesional de Argentina (https://bit.ly/399nqkh
A la par de la profundización de flagelos como la inflación y las
complicaciones para hacerse con determinados productos de la canasta básica, el
negocio de los supermercados chinos atraviesa su peor momento en la Argentina.
Con indicadores de venta en baja y dificultades para afrontar el pago de
sueldos y alquileres, los empresarios del rubro no sólo apuestan por la
expansión fuera de las principales ciudades del país: ya comenzaron a sondear
oportunidades en naciones limítrofes. Consideran que, si no hay un cambio
rápido en las políticas económicas vigentes, lo más saludable es probar suerte
en otras economías de América del Sur.
Desde CEDEAPSA, la organización que integra a los comerciantes asiáticos,
reconocieron ante iProfesional que los inversores de ese nicho comenzaron a
evaluar condiciones para comenzar a radicarse en Bolivia, Chile, Ecuador y
Paraguay. También Perú aparece en el radar de las posibilidades. Señalan que la
inflación de esos países, por debajo del 3 por ciento anual, es atractivo
suficiente para comenzar a diagramar un éxodo.
Afirman que, si bien el cierre de comercios mermó en esta final de primer
semestre, prácticamente ya no quedan autoservicios orientales en funcionamiento
en las zonas céntricas de Capital Federal, Rosario y Santa Fe, por mencionar
algunas ciudades clave. En la geografía porteña, detallaron desde la
organización, salvo contadas excepciones ya no quedan locales operativos en
Recoleta y Puerto Madero, y la presencia es simbólica en Palermo.
"Estamos haciendo misiones a países de la región para evaluar
posibilidades. Mirando las oportunidades en otros lugares por el contexto que
estamos viviendo en la Argentina. Bolivia, por ejemplo, tiene una inflación del
2,5 por ciento anual. Perú y Paraguay no llegan al 3 por ciento. Lo mismo Chile
y Ecuador. Estamos hablando de países con hasta 15 años de estabilidad
económica. Bueno, nos interesan los lugares donde se pueda volver a
crecer", dijo a iProfesional Yolanda Durán, titular de CEDEAPSA.
Supermercados chinos: oportunidades que se reducen en el interior
"Tras el cierre de más de 200 bocas que sufrimos con la pandemia
empezó la radicación de los empresarios en el interior de la Argentina. Pero la
realidad es que hay zonas y pueblos que ya tienen copada toda la capacidad de
ventas. En Luján, Chivilcoy o Trenque Lauquen, en la provincia de Buenos Aires,
ya hay muchos supermercados orientales funcionando y no queda lugar para los
que quieren salir de Buenos Aires. Por eso, también, se están dando más
instalaciones en Misiones, Jujuy o Santiago del Estero", agregó.
La directiva sostuvo que, en simultáneo a la caída en la facturación, los
supermercados chinos atraviesan grandes problemas de abastecimiento. Durán
sostuvo que esto es por efecto de la decisión de los fabricantes de
determinados insumos básicos de apostar directamente por la exportación. Con la
perspectiva de asegurarse una recaudación en dólares.
"Hay faltantes de azúcar, harina, aceite. No nos entregan o nos
dejan muy poca mercadería. No es únicamente un problema nuestro: también ocurre
en los hipermercados. Los grandes productores otra vez apuestan a vender fuera
de la Argentina, para hacer la diferencia. No nos extrañaría, también,
encontrar que hay otros que guardan productos a la espera de un alza mayor por
efecto de la gran inflación", expresó Durán.
Súper chinos: la inflación tira abajo la rentabilidad
La entrevistada señaló que los supermercadistas ya no pueden hacer frente
a los incrementos permanentes que exhibe la mercadería. "La semana pasada,
Arcor nos aumentó los productos un 6 por ciento y avisó que en estos días habrá
otra suba. Los fiambres nos vienen llegando con incrementos del 12 por ciento
mensual. La realidad es que no podemos transferir semejantes aumentos porque no
nos compraría nadie. Pero así no se puede durar en términos comerciales. Desde
que inició la guerra en Ucrania hasta ahora los precios en las góndolas
subieron por lo menos 30 por ciento", precisó Durán.
Por último, la directiva mencionó las dificultades que atraviesan los
dueños de supermercados asiáticos para afrontar el pago de alquileres, sobre
todo en Capital Federal.
"La mayoría de los empresarios firmó contratos con ajustes
semestrales, la mayoría de ellos en dólares. Les tocan pagar aumentos de hasta
el 30 por ciento cada seis meses. Por eso mucho se han mudado a locales más
chicos o directamente cierran. Lamentablemente, la situación del sector en
general no ha hecho más que complicarse por el momento económico que atraviesa
el país", concluyó.
PUGNA ENTRE EVO MORALES Y LUIS ARCE ¿POR LAS ELECCIONES DE 2025?
Tras su regreso al poder, el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS)
boliviano mantiene una popularidad significativa y una fuerte capacidad de
movilización social, pero está lejos de la hegemonía del pasado.
Rebelión de España (https://bit.ly/3xvxa1u)
A las idas y vueltas de los proyectos presidenciales se suman las
tensiones entre «arcistas» y «evistas» y la persistente polarización del país.
El expresidente Evo Morales, respaldado por el principal sindicato de
cocaleros del que es titular, decidió pasar a la ofensiva contra el gobierno de
su heredero político Luis Arce y le reclamó públicamente por la falta de obras
y la permanencia en el cargo del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, a
quien ha cuestionado duramente.
Evo Morales es líder del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) que
controla la mayoría en la Asamblea Legislativa, pero la semana pasada perdió
una batalla política al no lograr que los legisladores censuraran a del
Castillo. Arce respaldó la gestión de su ministro durante una ceremonia pública
y evitó hacer comentarios sobre las discrepancias en su gobierno.
Para la minoritaria y dividida oposición política las disputas están
motivadas por pugnas de poder y por el liderazgo del partido oficialista con
miras a las elecciones presidenciales de 2025. Arce está habilitado a
postularse a una reelección consecutiva. Todos saben que Arce fue el cerebro
del modelo económico de Morales que dio al país estabilidad y crecimiento
durante el auge de las materias primas y como mandatario ha seguido la política
de su mentor con una economía estatista.
Tras más de una década en el poder (2006-2019) Morales fue obligado a
dejar el poder en 2019 en medio de un golpe que costó la vida de 37 personas,
tras falaces acusaciones de la Organizaicón de Estados Americanos (OEA) de
fraude electoral en los comicios de ese año en los que buscaba un cuarto
mandato consecutivo. A su regreso del exilio retomó el liderazgo del principal
sindicato cocalero y del MAS.
Morales está presente entre las primeras tres noticias más importantes
del país cada día, por distintos motivos. Sin embargo, insólitamente, a
principios de abril denunció un presunto ncubrimniento de narcotráfico en el
entorno presidencial, pues un supuesto coronel habría instruido a un subalterno
que abandonara un lugar donde habría encontrado al menos cuatro fábricas de
cocaína.
¿Un país dividido?
Según medios hegemónicos, se han registrado varias pruebas de división en
el Movimiento al Socialismo (MAS) que han derivado incluso en la expulsión de
Rolando Cuéllar, un diputado cruceño que ha criticado severamente a Morales y
que se ha pronunciado en numerosas oportunidades en favor del gobierno de Arce
y de un nuevo liderazgo en el partido.
Algunos de los clivajes que dividen al país son campo versus ciudades;
indígenas versus no indígenas; comités cívicos versus sindicatos; Santa Cruz,
Beni, Potosí y Tarija, en el oriente y el sur del país, versus las regiones del
occidente y el norte (donde está La Paz).
Y, por supuesto, la división en
torno a las dos opiniones sobre el derrocamiento de Evo Morales y sobre el
carácter del gobierno dictatorial de Jeanine Áñez, si fue un ataque a la
democracia boliviana o un intento fallido de salvarla de una «dictadura»
previa.
El presidente Luis Arce, con ideología fuertemente estatista y
antielitista con cierta tendencia tecnocrática,
no ha logrado encaminar las acciones judiciales para establecer la
responsabilidad de la clase política en los dramáticos sucesos que antecedieron
y sucedieron a la renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre de 2019 y el golpe
de Estado.
Arce es un reconocido economista y lleva por buen camino al país, pero
carece del brillo político de su antecesor, Evo Morales, a quien no le gusta
que le peleen liderazgo. La indefinición respecto al juzgamiento de los
responsables del golpe ha llevado a algunos analistas a pronosticar que la
polarización se transformará en un mal crónico.
La supuesta debilidad del gobierno de Arce es en gran parte un efecto del
aislamiento del MAS en el campo comunicacional y cultural, lo que no es culpa
del presidente y tiene muchos años de historia. Poco después del paro, Evo
Morales, en su condición de presidente del partido, organizó una caminata de
180 kilómetros desde Caracollo (Oruro) hasta La Paz en apoyo al presidente. La
marcha comenzó siendo menospreciada por los principales medios de prensa y
terminó movilizando a decenas de miles de campesinos, vecinos pobres y
trabajadores.
Mostró dos cosas a la vez: la gran fortaleza del MAS entre los sectores
plebeyos y su alejamiento de la clase media urbana, de donde provienen los
operadores periodísticos e intelectuales. Aunque el oficialismo cuenta con
algunos medios estatales y privados, la inferioridad de su fuerza
comunicacional ha sido evidente, en especial por el fuerte antagonismo en
contra suya de los principales periódicos, televisoras y radios del país.
Los memoriosos señalan que a lo largo la historia boliviana, la
desaparición política de un caudillo importante ha generado coyunturas de
dispersión del poder, fragmentación social y disputas caóticas, Pero aquí EvoMorales
no ha desaparecido del panorama político, sino sigue siendo uno de los actores
principales.
Aunque las encuestas de popularidad lo ponen por detrás de Arce y del
vicepresidente David Choquehuanca, la masiva marcha que organizó, mostró que
sigue teniendo una fuerza política que no se puede menospreciar, además de
controlar el partido de gobierno, lo que puede ser importante cuando se deba
definir el candidato para 2025.
Si Arce optara por la reelección, probablemente el MAS se dividiría, pues
no es un secreto para nadie que Morales quiere volver a candidatear en 2025.
Sabe que la única forma realista a corto plazo de que la oposición llegue
democráticamente al poder pasa por la división del MAS en las próximas
elecciones.
Esta comprensión limita sus posibilidades de maniobra, igual que las de
Arce. Sin embargo, las diferencias entre ambos, que comienzan a despuntar,
podrían desarrollarse de tal manera que desbordaran el marco de prudencia
dentro del que han actuado hasta ahora.
El momento en que Evo retire su apoyo a Arce públicamente podría estar
cada vez más cerca, así como un nuevo período de inestabilidad e incertidumbre
en el país, desde la iniciativa de un referéndum revocatorio o la
obstaculización desde la Asamblea Legislativa contra Arce, e incluso la
persecución contra Morales.
¿PUEDE EL SEGURO CONSTRUIR UNA SOCIEDAD MÁS HUMANA, SALUDABLE, JUSTA Y
SOSTENIBLE?
La ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra acoge desde hoy a
profesionales del mundo asegurador de toda América Latina para avanzar en la
aportación de este sector a la Agenda 2030.
La Vanguardia de España (https://bit.ly/3xi73JV)
Representantes de las principales organizaciones aseguradoras de
Latinoamérica, de la organización La Alianza del Seguro, y de la II Cumbre
Iberoamericana-El Seguro en la Agenda 2030 darán la bienvenida a los 300
asistentes presenciales y los 1.200 inscritos a la retransmisión en directo del
evento inaugural de la II Cumbre del Seguro que se iniciará hoy 8 de junio en
Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). Un evento que preside Ximena Behoteguy,
presidenta del Banco Fie, y dirige Sergio Suxo Uría, consejero global de
Génesis Latam Consulting.
En la jornada inaugural, se entregarán los Reconocimientos
Internacionales de La Alianza del Seguro a las empresas seleccionadas por
prácticas de éxito en la implementación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU. Las empresas elegidas en la primera edición de los
Reconocimientos Internacionales -la segunda edición ya ha sido convocada-; a la
que se presentaron 30 proyectos son: ‘Café Seguro’ de Seguros Bolívar
(Colombia); ‘DKV Impacta’ de DKV Seguros Médicos (España); ‘Readaptación
Profesional’ de Fremap (España) y ‘Proyectos colectivos’ de Rio Uruguay Seguros
(Argentina).
Conferencia de un futurista
A la entrega de los reconocimientos le seguirá la conferencia del
reconocido como uno de los principales futuristas de España por la revista
Forbes, Marcos Urarte. Miembro del Think Tank Club de Roma y del International
Institute for Strategic Studies (IISS) del Reino Unido, está considerado como
uno de los mejores especialistas internacionales en geoestrategia y
geopolítica. Su conferencia lleva por título: ¿Cuál es el contexto mundial y
cuáles los desafíos para poder lograr un mundo más comprometido con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)?
La jornada inaugural finalizará con un cóctel en el Hotel Los Tajibos de
Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), el mismo donde se desarrollará la totalidad
de los actos del evento inaugural de la II Cumbre Iberoamericana-El Seguro en
la Agenda 2030 desde el mismo miércoles 8 de junio, hasta el viernes 10 de
junio. Está previsto que al acto asistan representantes de los gobiernos de
España, México, Colombia, Argentina y Bolivia, así como autoridades locales.
Amplio programa
La importancia de los seguros inclusivos; la necesidad de practicar y
respetar la equidad de género y diversidad en las plantillas de las empresas de
la industria aseguradora y en sus órganos directivos; cómo el Seguro puede
contribuir a mitigar los efectos del cambio climático; y el análisis del
contexto mundial para que el Seguro pueda ofrecer productos más adecuados a sus
necesidades y constante evolución serán los temas más destacados de las
ponencias y conversatorios que se desarrollarán en Santa Cruz de la Sierra, a
lo largo del jueves, 9 de junio, y viernes, 10 de junio.
Un total de 18 actividades que contarán con la participación de 33
expertos internacionales y representantes de la industria aseguradora en
Latinoamérica y España, y que comparten el objetivo común de que el Seguro sea
el garante de una sociedad humana, saludable, justa y sostenible.
Una iniciativa global
La Alianza del Seguro, entidad sin ánimo de lucro, cuenta con el apoyo de
140 organizaciones, entidades y empresas, que conforman el Consejo
Iberoamericano de la Alianza del Seguro e impulsan la II Cumbre
Iberoamericana-El Seguro en la Agenda 2030. Desde el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), o el Programa para el Medio Ambiente de la
ONU (UNEP); a universidades como la Universidad Católica Argentina; pasando por
las principales asociaciones de corredores, mediadores y agentes de seguros de
Latinoamérica y España (Copaprose, AMIS, Abocoser, ABA, Fapasa, Unespa..) y las
principales empresas aseguradoras, apoyan y colaboran con la iniciativa de la
Alianza del Seguro. Asimismo, fundaciones como la Fundación Ideas para la Paz,
la Fundación Flor, o la World Happiness Foundation, entre otras, se han sumado
a la misma.
De junio a noviembre; de Bolivia a Madrid
La Cumbre Iberoamericana- El Seguro en la Agenda 2030 se prolonga en el
tiempo de junio a noviembre, y se desarrollará en cuatro sedes físicas
territoriales: Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Buenos Aires (Argentina),
Ciudad de México (México), y Madrid (España). Las dos citas más próximas en el
calendario son Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) del 8 al 10 de junio, y Buenos
Aires (Argentina) el 15 de junio. La cita en México será el 20 de octubre y la
edición de Madrid, el 16 y 17 de noviembre.
La Alianza del Seguro, entidad que convoca esta Cumbre Iberoamericana, se
constituyó en noviembre del 2020, con la finalidad de abrir un diálogo sincero
entre la sociedad y el mundo del Seguro, más allá́ de las transacciones operacionales en que el Seguro da cobertura a
accidentes, enfermedades o catástrofes. La Alianza creó un Think Tank , que hoy
está
formado por casi un centenar de personas de América Latina y España procedentes del mundo del
Seguro y de otros ámbitos de nuestra sociedad.
El año 2021, y con el apoyo de más de cien organizaciones, entidades y
empresas del mundo del Seguro, convocó la I Cumbre Iberoamericana-El Seguro en
la Agenda 2030, que se celebró
del 20 al 24 de septiembre. De esta primera Cumbre se ha editado y publicado
una memoria descriptiva que demuestra la voluntad de la Alianza de avanzar
inexcusablemente hacia la definición de nuevos principios y valores que definan
el Seguro a través de la Agenda 2030 y que puede consultar, o descargar.
GEÓGRAFO GASTÓN GAETE DICTÓ CHARLA A ESTUDIANTES BOLIVIANOS DE LA
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
UPLA de Chile (https://bit.ly/3H5C092)
El geógrafo y académico de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de
la Universidad de Playa Ancha, Gastón Gaete Coddou, realizó de manera
telemática una charla a los estudiantes de la asignatura de Ordenamiento
Territorial de la carrera de Ingeniería en Geografía de la Universidad Mayor de
San Andrés, UMSA, Bolivia.
Durante la charla, el docente se refirió a los recursos como agentes en
la gestión territorial, identificando en detalle la tipología de los recursos
territoriales con ejemplificaciones tanto de Chile como de Bolivia.
Igualmente, el profesor Gaete compartió con los estudiantes de la UMSA
los sectores de la economía asociados a los recursos y la distribución de estos
últimos en ambos países, generándose un enriquecedor diálogo referido a
experiencias de Bolivia y otros países latinoamericanos sobre la gobernanza de
los recursos territoriales.
La exposición consideró también el trabajo de conceptos de gestión local,
variables de un proceso de gestión y sus características.
El académico del Departamento de Ciencias y Geografía fue enfático en
indicar que “la gestión del territorio y en particular el ordenamiento del
mismo tiene que obedecer a las necesidades de las personas y no a la imposición
que de éstas hace el Estado, porque se puede llegar a un punto de crisis, por
ejemplo, al tomar decisiones en nombre del progreso sin consultar los
requerimientos de los habitantes del lugar”.
La exposición fue solicitada al docente UPLA por la catedrática Bertha
Gozalvez, quien dicta la asignatura de Ordenamiento Territorial de la carrera
de Ingeniería en Geografía de la UMSA.
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