LITIO EN BOLIVIA: ¿QUÉ HAY DETRÁS DE LOS CONTRATOS FIRMADOS POR EL GOBIERNO CON EMPRESAS DE CHINA Y RUSIA?

Los salares de Uyuni en Bolivia son un lugar único en el mundo con un paisaje de desierto blanco, que atrae la atención de todas las miradas y ha sido protagonista de eventos internacionales, como el Rally Dakar. Sin embargo, alberga algo aún mayor y es una gran mina de litio. Por ese motivo, Bolivia busca posicionarse en la cadena de suministro del conocido ‘oro blanco’. Un material muy demandado dentro de la industria de los vehículos eléctricos y el almacenamiento de energía. Ahora, el gobierno boliviano quiere explotarlo a través de una empresa rusa y china.

Bolivia esconde un tesoro debajo de sus salares: es el país con más recursos de litio del mundo. Esa riqueza natural provoca que esta nación esté inmersa en una batalla política y cívica por la extracción del denominado “oro blanco”. El gobierno boliviano ya firmó contratos con un consorcio chino y una empresa rusa para separar y extraer el mineral, pero lo hizo sin consultar a las comunidades indígenas y campesinas que están alrededor de los salares, sin aprobar estudios ambientales y sin brindar transparencia. Ahora, estos contratos están estancados porque no tienen la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Bolivia, a través de la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), firmó el 26 de noviembre de 2024 un contrato con el consorcio chino Hong Kong CBC Investment Limited. El objetivo principal de este convenio es la producción de carbonato de litio en el salar de Uyuni e incluye la instalación de dos plantas industriales: una de Extracción Directa de Litio (EDL) y otra de salmuera residual.
YLB había firmado otro contrato con la rusa Uranium One Group, que es una subsidiaria de la estatal Rosatom, 40 días antes. Este acuerdo establece una concesión por 22 años (prorrogables) a cambio de una inversión de 1000 millones de dólares. Tras la construcción de una planta, la empresa recuperará su inversión mediante contratos adicionales de operación, mantenimiento y comercialización.
El primer contrato con el consorcio chino tiene un pequeño avance: la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados de Bolivia aprobó ese contrato, pero todavía falta un largo proceso legislativo por delante. Resta que el pleno de la Cámara de Diputados avale ese convenio y luego tiene que pasar al Senado, donde también debe ingresar a una comisión y ser aprobado por los senadores. Mientras, el contrato con los rusos está congelado.
La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia está dividida por dos instancias: la Cámara de Diputados y el Senado. En ambas entidades el partido de Luis Arce, que era la organización política de Evo Morales, no tiene mayoría para aprobar estos contratos. El Legislativo boliviano está fragmentado entre los fieles a Arce y Morales, pero también hay corrientes de oposición, que son alianzas de derecha, y que también están divididas.
De acuerdo con los contratos firmados con las dos empresas que fueron directamente adjudicatarias del desarrollo de la industria del litio, Bolivia deberá pagar a estas compañías más de 2000 millones de dólares, además de intereses y compensación por inflación. Esa es la principal observación que hacen políticos, cívicos y expertos. En el caso del contrato con el consorcio chino se deberá hacer una devolución de todos los costos por la construcción de las dos plantas de extracción de litio, se hará un pago en especie con carbonato de litio y se realizará una consulta a las comunidades después de que se tenga el proyecto a diseño a final.
Además, la evaluación de impacto ambiental de las dos plantas de extracción de litio se realizará una vez que los contratos sean aprobados en la Asamblea Legislativa Plurinacional, así lo reconoció el presidente de YLB, Omar Alarcón, quien dijo en conferencia de prensa en La Paz: “En el contrato hemos puesto un acápite muy importante. Al inicio, una vez que se tenga aprobado el contrato, vamos a tener una evaluación de impacto ambiental, este estudio se realiza siempre y cuando el proyecto esté a diseño final”.
Mongabay Latam consultó a Alarcón qué se haría si la evaluación de impacto ambiental concluye que hay daños al ambiente y a las comunidades del lugar cuando los contratos ya estén firmados. El funcionario respondió que una vez se tengan todos los estudios necesarios, se hará la evaluación de impacto ambiental y que con estos datos se determinará una afectación directa o indirecta al ambiente o al uso y acceso al agua de las comunidades aledañas, lo que mostrará si hay o no factibilidad para pasar a la construcción de las plantas.
La minería del litio, como cualquier actividad minera, inevitablemente tiene un impacto socio-ambiental. El gobierno boliviano empezó con la perforación de 178 pozos de agua en zonas cercanas al salar de Uyuni para que funcione la planta piloto de producción de carbonato de litio en la comunidad de Lippi. Esa planta dejó de operar al cien por cien porque hubo reclamos de los comuneros.
Una de las comunidades afectadas es Río Grande, que se movilizó contra el proyecto del litio porque temen quedarse sin agua, lo que afectaría a las actividades económicas de estas zonas, como la ganadería camélida, la producción de quinua y el propio turismo.
“Ahora seguro quieren llevar agua no solo a la planta de Llipi, sino también a las plantas que piensan construir con estos nuevos contratos. Una sobreexplotación nos dejaría prácticamente sin agua. Los pozos subterráneos que se explotan para el consumo humano de Río Grande son los mismos que ahora se llevan para la planta de litio”, reclamó Donny Alí, dirigente de la comunidad de Río Grande. “Entonces, una sobreexplotación pondría en riesgo el consumo humano de agua y, obviamente, el terreno sería más árido y no nos permitiría sembrar quinua y las llamas y vicuñas no tendrían qué comer y tomar”, agregó Alí.
Alarcón añadió que para empezar la construcción de las plantas es necesario contar con una licencia ambiental, documento que se obtiene solo con ciertos requisitos y recordó que para este permiso también es necesario contar con la consulta previa a las comunidades. “Una vez que tengamos el proyecto a diseño final, recién se hacen las consultas previas a las comunidades. La consulta previa es un requisito para la licencia ambiental que está normado”, explicó.
José Carlos Solón, sociólogo y director de la Fundación Solón, una organización enfocada en el cambio climático, derechos ambientales y sostenibilidad, consideró que, con la aprobación de los contratos con las compañías china y rusa, el Estado boliviano “no se quedará con la mejor parte” de las utilidades que podrían generar los proyectos que estarán a cargo de estas empresas extranjeras. El experto precisó que la ejecución de los proyectos para extraer carbonato de litio también traerá para el país “fuertes impactos ambientales” por el uso de grandes cantidades de agua.
“Con estos proyectos y estos contratos se afectará a más de 15 comunidades que están en los salares, se van a afectar cuencas y microcuencas y los contratos no establecen cuáles son los niveles correctos de consumo de agua, no hay hasta ahora un análisis del impacto medioambiental”, explicó Solón a este medio.
El activista también cuestionó que el contrato con el consorcio chino Hong Kong CBC Investment Limited salió a la luz pública una vez que hubo reclamos cuando ingresó a la Asamblea Legislativa Plurinacional sin que se haya realizado una socialización, sobre todo con las instituciones cívicas del departamento de Potosí, que es la región que alberga la mayoría de los salares, entre ellos el de Uyuni.
Solón explicó que, en todos los escenarios de precios del litio, Hong Kong CBC Investment Limited siempre tendrá un mayor beneficio que YLB debido a que además de recuperar su inversión y sus costos de operación y mantenimiento recibirá: primero, 12 % de interés por su inversión inicial; segundo, 1700 dólares por tonelada de carbonato de litio; y tercero, 49 % de las utilidades.
“Esta es la crónica de una tragedia anunciada. Un relato de errores y concesiones que parecen superar cualquier expectativa de entreguismo en la administración de los recursos naturales del país. Los datos contenidos en el contrato con CBC y sus anexos no dejan margen a la duda: el panorama económico proyectado es desalentador”, concluyó Solón.
El acuerdo con el consorcio chino estipula la construcción de dos plantas. La primera es la de salmuera residual. En su primera fase deberá producir carbonato de litio grado batería, con una capacidad de producción de 10 000 toneladas anuales y una tasa de recuperación mínima del 80 %. En la segunda fase, la producción debería subir a 15 000 toneladas anuales adicionales.
La segunda planta es la de EDL. En su primera fase deberá producir 25 000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería, con una tasa mínima de recuperación del 80 %. Para la segunda fase, esta capacidad se mantiene. El plazo de vigencia del contrato, de aplicarse solo la primera fase, es de 36 años. Si se abarca la segunda fase sube a 42 años.
Héctor Córdova es analista en temas mineros e investigador de la Fundación Jubileo. El experto explicó a Mongabay Latam que los contratos firmados por el Gobierno con las empresas extranjeras dejan el peso de los riesgos en el Estado boliviano, incluso con aplicación de penalidades. Además, cuestionó que la consulta a las comunidades y que la evaluación de impacto ambiental no se haya ejecutado antes de firmar los contratos.
“La consulta libre, previa e informada, que se realizaría a las comunidades que serían afectadas por el uso de agua, debió ser realizada antes de la suscripción de los contratos. Por otra parte, los contratos no contemplan salvaguardas ante impactos socioambientales, tales como la afectación a por lo menos 20 comunidades en sus actividades productivas y turísticas, y la utilización/contaminación de ingentes cantidades de agua, en una de las regiones más secas del país”, detalló Córdova.
El año pasado, Bolivia fue el país que menos exportó en el triángulo del litio que conforman también Chile y Argentina: solo 9.75 millones de dólares, según datos a noviembre de 2024 publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se calcula que Bolivia tiene recursos por 23 millones de toneladas métricas de litio concentradas sólo en los salares de Uyuni y Coipasa, que son los reservorios más grandes de este mineral en el mundo.
Sin embargo, Bolivia camina a su sexto fracasó en industrializar el litio. Ya lo intentó antes en cinco oportunidades desde 1975, pero todos esos intentos fallaron por diversos motivos. “El tiempo del litio se nos puede escapar de las manos, cuidado que mañana ya aparezcan las baterías de hidrógeno, de sodio y reemplacen al litio”, advirtió el presidente Arce hace dos semanas. Ahora, la batalla política en el Legislativo y la lucha cívica en las calles pone en jaque el futuro del mineral. (https://lc.cx/ivrRak)
 
 
 
 
 
PLAGIÓ EL PLAN DE GOBIERNO DE UN PARTIDO PERUANO: LA FUERZA POLÍTICA QUE IMPULSA LA CANDIDATURA DE EVO MORALES EN BOLIVIA
 
El expresidente renunció al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), partido del que fue líder por casi 30 años. Ahora, dice, competirá bajo la plataforma del Frente para la Victoria (FPV)
 
Infobae de Argentina (https://lc.cx/6evkM8)
 
El expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) ha anunciado que buscará su candidatura para las elecciones del 17 de agosto de 2025, pero lo hará fuera del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido que lideró durante casi tres décadas.
Morales competirá bajo la plataforma del Frente para la Victoria (FPV), una agrupación política de bajo perfil que en 2020 estuvo involucrada en una grave polémica, al plagiar el plan de gobierno del partido peruano ORDEN.
El plagio ocurrió cuando el FPV presentó su propuesta electoral ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, y se descubrió que el plan contenía fragmentos casi idénticos al programa de ORDEN, partido peruano que en 2016 promovió la candidatura de Ántero Flores Aráoz.
El texto del FPV replicaba frases como "Orden, seguridad y tranquilidad para todos" y "No hay inversión si no hay orden público“. Además, la estructura del índice y varios apartados eran casi calcos de la propuesta peruana, con solo pequeños ajustes, como la eliminación de temas relacionados con la pesquería (pues Bolivia no tiene acceso al mar).
Al descubrirse el plagio, el dirigente Frank Campero aseguró que la situación sería analizada por el comité político del partido y que se solicitaría una aclaración pública sobre las similitudes con el plan peruano. Campero afirmó que los colaboradores de Chi Hyun Chung, el candidato presidencial del FPV de ese entonces, eran los responsables directos de esta incidencia.
Esta controversia fue ampliamente discutida en los medios bolivianos, y el FPV fue criticado por este acto de plagio.
Evo Morales 2025
La decisión de Morales de alejarse del MAS marca una ruptura significativa con el partido que lo llevó al poder en tres elecciones presidenciales consecutivas (2006, 2009 y 2014).
Esta separación también refleja las crecientes tensiones entre Morales y el actual presidente Luis Arce, quien asumió el cargo en 2020. La relación entre ambos se ha deteriorado desde finales de 2021 debido a diferencias en la gestión del Ejecutivo y en la dirección política del MAS. Morales ha denunciado una serie de errores dentro del oficialismo y ha expresado su malestar por cómo se ha manejado la crisis política que enfrentó Bolivia en 2019, cuando él fue forzado a dimitir tras unas elecciones cuestionadas.
A raíz de esta separación, decenas de seguidores de Morales han abandonado el MAS para unirse al FPV, aunque algunos diputados que aún permanecen en el partido prefieren no renunciar por temor a perder sus escaños en el Legislativo.
Esta división podría marcar el inicio de una nueva fase política en Bolivia, donde el FPV, con unos 50.000 afiliados frente a los más de un millón del MAS, busca consolidarse como un partido relevante. En las últinas elecciones, el FPV obtuvo solo el 0,39% de los votos, una cifra modesta, pero la incorporación de Morales podría revitalizar al grupo y darle una mayor visibilidad.
Evo Morales gobernó Bolivia en tres periodos consecutivos con el MAS (2006-2009, 2010-2014 y 2014-2019) e intentó buscar un cuarto mandato en las elecciones de 2019. No obstante, las acusaciones de fraude electoral a su favor, que provocaron intensas protestas, llevaron a la anulación de esos comicios. Posteriormente, Morales renunció a la presidencia, denunciando ser víctima de un golpe de Estado.
La división dentro del MAS comenzó a gestarse tras la crisis política de 2019, luego de que Morales abandonara el cargo y se exiliara en México y Argentina.
A pesar de un fallo constitucional en 2023 que establece que la reelección indefinida no es un derecho humano, y que limita a dos los periodos presidenciales en Bolivia, Morales afirma que sigue siendo elegible para postularse nuevamente.
 
 
 
 
 
MINISTRA TOHÁ VISITA BOLIVIA Y FIRMA PROTOCOLO PARA RECONDUCCIÓN DE MIGRANTES IRREGULARES
 
TODOS LOS MEDIOS DE CHILE 
 
En La Paz, Bolivia, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, firmó este jueves junto al ministro de Gobierno de ese país, Eduardo del Castillo, el protocolo que establece el procedimiento de reconducción para migrantes irregulares.
Además, en la oportunidad el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, suscribió junto al ministro Del Castillo un acuerdo que permite la homologación de licencias de conducir de ambos países.
Protocolo sobre reconducción
El protocolo sobre procedimiento de reconducción para migrantes irregulares -firmado por los ministros Tohá y Del Castillo-, permite la implementación del Acuerdo de Cooperación Migratoria que había sido suscrito por ambos secretarios de Estado en diciembre pasado en La Moneda. En dicho acuerdo, Bolivia aceptó la reconducción de personas no bolivianas, de terceros países, algo que -hasta ese momento- el país vecino no aceptaba.
Ahora, con la firma concretada este jueves en La Paz, ambos países aplicarán en forma inmediata los procedimientos de reconducción en la frontera.
¿Cómo funcionará este procedimiento de reconducción? En el caso de Chile, si Carabineros o el Ejército encuentra a un ciudadano boliviano o de un tercer país dentro de la zona de 10 km desde la frontera hacia el interior del territorio nacional, esta persona será derivada a personal de PDI para que lo entregue a la policía boliviana y retorne a ese país, previo registro biométrico.
Durante la ceremonia realizada este jueves en la Casa Grande del Pueblo, en La Paz, Bolivia, la ministra Carolina Tohá indicó “¿qué es lo que se busca con esto? Que quienes quieran cruzar la frontera lo hagan legalmente, que nadie aproveche el hecho de que tenemos una frontera bastante sinuosa, por el hecho de que está situada precisamente en la cordillera, para vulnerar el deber que tiene el Estado de controlar la circulación en el límite fronterizo. Lo que va a permitir esto es que cuando detectemos que una persona está atravesando, va a ser reconducido al país vecino”.
En esa línea, la ministra agregó que el protocolo funcionará “acreditando a través de algún medio razonable que, efectivamente, esa persona cruzó desde el país vecino. Esos medios pueden ser múltiples, por ejemplo, que tenga documentos que dan cuenta que estaba alojada en un hotel o que ocupó un medio de transporte del país vecino, o que tiene una boleta de que hizo una compra, o bien que los agentes de la seguridad al momento de detectarlo le saquen una fotografía georreferenciada que da cuenta que está atravesando irregularmente, sin documentos”.
En tanto, el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, recalcó que “si queremos trabajar para tener fronteras más seguras, para encontrarnos de mejor manera en beneficio de nuestros pueblos, necesitamos que todas aquellas personas que transitan por nuestras fronteras lo hagan a través de los pasos fronterizos autorizados”.
El protocolo suscrito con Bolivia se suma a medidas ya adoptadas por el Gobierno de Chile para fortalecer el control y la seguridad en la frontera:
•          Despliegue militar en la frontera desde febrero de 2023.
•          Refuerzo tecnológico con los proyectos Muralla Digital y SIFRON.
•          Fortalecimiento del Servicio Nacional de Aduanas y mejoras de los complejos fronterizos.
•          La primera Política Nacional de Migración y Extranjería y una agenda legislativa que cuenta con seis leyes despachadas que mejoran la legislación migratoria.
Acuerdo sobre licencias de conducir
En tanto, el acuerdo que permite la homologación de licencias de conducir entre Chile y Bolivia -firmado por los ministros Muñoz y Del Castillo – se trata de un acuerdo inédito, en que los conductores -de nacionalidad boliviana o chilena- que posean licencias bolivianas profesionales y no-profesionales, podrán reconocerla en Chile sin realizar los exámenes teóricos ni prácticos, exigiéndose sólo los exámenes psicotécnicos y médicos. Con ello, podrán obtener una licencia de conductor chilena equivalente.
De la misma forma, los conductores de nacionalidad chilena o boliviana, que posean licencias profesionales y no-profesionales chilenas, podrán reconocerla en Bolivia sin realizar los exámenes de conocimiento y habilidad práctica, obteniendo la licencia de conductor boliviana equivalente.
Al respecto, el ministro Muñoz señaló que se trata de un acuerdo que debe ser ratificado por el Congreso chileno y que “no pone límite en el número de transportistas de cada país que se hagan parte de este beneficio. Todo transportista boliviano que acredite una licencia de conducir debidamente obtenida y que sea respaldada por el gobierno y que diga sí, esta es una licencia legítima para transportar carga, para transportar pasajeros, va a poder homologarla en el Estado chileno con una licencia equivalente a aquello que tiene derecho y que ha mostrado, que acredita que está en condiciones de poder transportar”.
“Me decían acá en el caso del gobierno boliviano estiman que son 60.000 los transportistas, bueno, los que sean. Toda persona que acredite una licencia de conducir para poder transportar carga o pasajeros va poder hacerlo”, agregó el secretario de Estado.
 
 
 
 
 
BOLIVIA REFUERZA SU ESTRATEGIA COMERCIAL CON SUPERVISIÓN EN PUERTO URUGUAYO
 
América Retail de Perú (https://lc.cx/iNPXPl)
 
El gobierno boliviano continúa impulsando su comercio exterior con la supervisión del depósito franco en el Puerto de Nueva Palmira, Uruguay. Esta inspección busca mejorar la logística fluvial y aprovechar al máximo las ventajas estratégicas que ofrece esta instalación clave para la conexión con mercados internacionales.
Importancia del depósito franco en Nueva Palmira
Ubicado en el departamento de Colonia, el Puerto de Nueva Palmira es un punto neurálgico para el transporte de mercancías en la región. Gracias a acuerdos de cooperación entre Bolivia y Uruguay, este depósito permite a Bolivia almacenar y movilizar productos sin costos adicionales, facilitando el acceso a mercados a través de la hidrovía Paraguay-Paraná y el puerto de Montevideo.
Supervisión de las instalaciones y expansión del comercio
En el marco de esta estrategia, el embajador boliviano en Uruguay, Adalid Contreras, acompañado por una delegación diplomática y el presidente de la Administración Nacional de Puertos de Uruguay (ANP), Juan Curbelo, recorrieron las instalaciones del puerto. Durante la visita, se analizaron nuevas oportunidades para ampliar el uso del depósito franco y optimizar su operatividad.
Un paso clave en la integración económica
Desde la Cancillería boliviana se destacó la importancia de este espacio para fortalecer el comercio exterior y mejorar la competitividad del país. En un contexto de creciente demanda logística, optimizar el uso del depósito franco puede representar una reducción significativa en los costos de exportación e importación, beneficiando a sectores clave de la economía boliviana.
La relación comercial entre Bolivia y Uruguay ha sido reforzada en los últimos años mediante acuerdos bilaterales orientados a mejorar las condiciones de exportación. La optimización del depósito franco en Nueva Palmira es parte de una estrategia más amplia para consolidar a Bolivia como un actor relevante en el comercio internacional, aprovechando la infraestructura portuaria uruguaya para expandir su presencia en mercados globales.
La reciente supervisión del depósito franco en Nueva Palmira reafirma el compromiso del gobierno boliviano de mejorar su logística comercial y fortalecer su relación con Uruguay. Con miras a una mayor integración económica, la optimización de este recurso se perfila como un pilar fundamental para el crecimiento del comercio exterior boliviano.
 
 
 
 
 
COLOMBIA Y BOLIVIA ADOPTAN NUEVO CERTIFICADO DE ORIGEN
 
Dian Gobierno de Colombia (https://lc.cx/YaYyOz
 
Para facilitar el comercio intracomunitario y de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2455 de 2024 de la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la República de Colombia y el Estado Plurinacional de Bolivia han acordado a partir de este a partir del 28 de febrero la implementación del formulario de certificado de origen adoptado entre las partes para los usuarios de comercio exterior.
La implementación del certificado de origen se llevará a cabo a través del Sistema Informático de Origen, inicialmente en formato físico, hasta el inicio del intercambio digital en un periodo de producción controlada, previsto para el 7 de marzo del presente año. 
La duración de este periodo estará supeditada al acuerdo entre Colombia y Bolivia para determinar la fecha definitiva de entrada en operación. Los certificados de origen emitidos con fecha anterior al 28 de febrero de 2025 mantendrán su validez conforme a las disposiciones contenidas en la Decisión 416 de 1997.
Para ello, en el Sistema Informático de Origen se estableció el formato de certificado de origen CAN, identificado con el código 295 y el esquema 55 para la calificación de origen en la declaración juramentada. La presentación, diligenciamiento y firma de la declaración juramentada y del certificado de origen se seguirán realizando bajo las mismas condiciones actualmente establecidas, con el debido cumplimiento de las Normas de Origen y los Criterios de Calificación de las Mercancías estipulados en la Decisión 416 de 1997.
Las declaraciones juramentadas de origen bajo los esquemas actuales tendrán validez hasta el 27 de febrero de 2025. A partir del 28 de febrero, los productores y exportadores deberán elaborar nuevas declaraciones para aquellas mercancías con destino a Bolivia que deseen acogerse al trato preferencial bajo el acuerdo de la CAN, seleccionando el esquema 55.
 
 
 
 
 
OPERATIVOS EN BOLIVIA LOGRARON INCAUTAR CISTERNA CON DIÉSEL Y VOLQUETA CON EXPLOSIVOS QUE PRETENDÍAN CRUZAR LA FRONTERA CON PERÚ
 
El Viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Amílcar Velásquez, ejecutó la operación en diversas zonas del país, incautando combustibles, maíz y ganado sin documentación legal
 
Infobae de Argentina (https://lc.cx/uUAB9y)
 
El Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando de Bolivia, ejecutó una serie de operativos en distintas zonas del departamento de La Paz, afectando significativamente a las redes que intentan movilizar mercancías y combustibles sin la documentación legal correspondiente. Durante las intervenciones, se decomisaron vehículos de alto tonelaje que transportaban diésel y garrafas hacia la frontera con Perú, además de un camión cisterna con una gran cantidad de combustible.
El coronel Luis Amílcar Velásquez, viceministro de Lucha Contra el Contrabando, explicó que los controles se intensificaron en sectores estratégicos con el objetivo de frenar el tráfico ilegal. En el marco de estos operativos, se detectó el intento de salida de 75 cabezas de ganado ovino sin autorización, así como la incautación de un camión con 400 quintales de maíz en el sector fronterizo del hito 22. También se decomisaron 596 unidades de aceite en Tupiza y 27 cabezas de ganado camélido que eran trasladadas sin los permisos correspondientes.
El objetivo era llegar a Perú
La autoridad boliviana detalló que los operativos se llevaron a cabo en diversas zonas del departamento de La Paz, con resultados que reflejan el impacto en las actividades ilegales. “Trabajando ejecuta sus tareas de interdicción desde conocimiento, los siete días de la semana y las 24 horas del día. Es así que en el sector de Villamontes, la FTC Villamontes ha comisado un bus repleto de mercadería”, indicó la autoridad.
En Achacachi, se interceptó un camión cisterna con aproximadamente 14.000 litros de diésel que no contaba con la documentación legal para su transporte. Asimismo, se decomisó un camión Nissan Condor con 4.000 litros de diésel y 32 garrafas que intentaban ser trasladadas de manera ilícita hacia Perú. Otro operativo en Guachis permitió la incautación de 2.400 kilogramos de carne de res, que también tenía como destino el país vecino.
Los explosivos no cumplía con la normativa
Entre las intervenciones más relevantes, el Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando reportó el decomiso de una volqueta que transportaba explosivos sin las medidas de seguridad establecidas. La carga incluía 20 cajas de anfo, cuatro cajas de dinamita y detonantes, los cuales eran trasladados sin la documentación requerida.
El comandante indicó que el transporte de explosivos debe cumplir con estrictas normas de seguridad, como el uso de vehículos especializados y la separación de la dinamita y los detonantes. Sin embargo, la volqueta incautada no contaba con estas medidas, lo que motivó su intervención y comiso. Las autoridades investigan si el destino final de la carga eran las cooperativas mineras de Apolo o, en su defecto, Tiahuanaco.
Las autoridades señalaron que este tipo de intervenciones buscan frenar el comercio ilegal y garantizar la seguridad en las zonas afectadas por el contrabando. La incautación de explosivos sin autorización representa un riesgo elevado tanto para el transporte como para el uso indebido en actividades extractivas.
El impacto de estas acciones superó el medio millón de bolivianos (72 mil 380.00 de dólares) en afectación económica al contrabando, según indicó el viceministro Velásquez. Los operativos se mantendrán en distintos puntos estratégicos para evitar el flujo ilegal de mercancías y fortalecer la lucha contra el contrabando en zonas fronterizas.
La ejecución de estos controles responde a estrategias de interdicción permanente con patrullajes y operativos sorpresa en diferentes regiones del país. Las autoridades recalcaron la importancia de la cooperación interinstitucional y el trabajo coordinado para enfrentar esta problemática que afecta a la economía nacional.
La ruta del contrabando
La ruta del contrabando es una trocha que está cerca a un puesto de vigilancia fronterizo que no cuenta con la presencia de policías.
“Las fronteras del país son territorios liberados. Hemos perdido el control territorial de nuestras fronteras. Los puestos fronterizos son nominales, básicamente cumplen una formalidad”, dijo el exministro del Interior, Rubén Vargas, al dominical.
En su paso por esta zona, también se develó que varios de los contrabandistas están construyendo sus casas de varios pisos que financian con dinero de esta economía criminal.
A kilómetros de esa ruta se encuentra un centro poblado que sirve de punto de comercio del contrabando. Todos los miércoles, según el informe, se llena de mucha gente en busca de ropa, combustible y otros insumos. Algunos pobladores la conocen como la Feria.
“Ya en este punto, las organizaciones que están detrás del contrabando han logrado tener niveles de sofisticación que hace que tengan una cada de distribución impresionante”, alertó Claudia Linares, presidenta de la Comisión de Luchas contra el Comercio Ilícito.
Se estima que el Perú pierde al año 600 millones de dólares solo por contrabando, una cifra que sería engañosa, pues el monto sería mucho más, remarcó Cuarto Poder.
 
 
 
 
 
LA PLATAFORMA BITWAGE ATERRIZA EN BOLIVIA Y APUNTA AL MERCADO DE FREELANCERS
 
El aterrizaje de Bitwage a Bolivia permitirá a las empresas y profesionales que ofrecen sus servicios vía remota, la posibilidad de enviar o recibir pagos en criptomonedas.
 
Be (in) Cripto https://lc.cx/WiJ-n3)
 
La plataforma de nómina y facturación en criptomonedas, Bitwage, anunció su llegada a Bolivia para atender a su creciente número de usuarios. La empresa resaltó que sus servicios crecen entre 15% y 20% al mes, principalmente en el sector tecnológico, entre empresas y trabajadores remotos o freelancers que reciben pagos desde el extranjero.
Bolivia ha sido uno de los países de Latinoamérica con mayor adopción de criptomonedas en el último año. A finales de 2024, su Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) suspendió la resolución N. 58/2024 que buscaba oficializar el registro de los exchanges de criptomonedas que quisieran operar en el país. Las empresas cripto ya no necesitan registrarse.
Bitwage aterriza en Bolivia y se expande en Latinoamérica
El aterrizaje de Bitwage a Bolivia permitirá a las empresas y profesionales que ofrecen sus servicios vía remota, la posibilidad de enviar o recibir pagos en divisas o criptomonedas, desde el extranjero, como Estados Unidos, Europa o Reino Unido. Lo anterior, sin intermediarios y con conversión de divisas o cripto a fiat en tiempo real.
“Frente al crecimiento del trabajo remoto, ofrecemos una solución simple y segura para que los trabajadores bolivianos reciban pagos sin restricciones y con menores costos”, explicó Jonathan Chester, CEO de Bitwage.
Datos de Crypto Payroll mostraron que, en 2024, más del 55% de los millennials, y56% de la Generación Z, estuvieron dispuestos a recibir su salario en criptomonedas, mientras que las stablecoins representan el 65% de las transacciones de nómina. Además, el 53% de los contratistas optaron por retirar sus ganancias en criptomonedas el año pasado.
No solo eso, el 60% de los trabajadores autónomos recibieron pagos en criptomonedas “en algún momento” de 2024. Además, encuestas en LinkedIn y X mostraron que los profesionistas elegirían USDT o USDC para el pago de su nómina. Latinoamérica no ha sido ajena a ese fenómeno global, ya que Argentina, Brasil, Colombia y México han aumentado su adopción cripto en el último año.
A finales de 2024, los abogados Iver von Borries y Javier Romero Mendizábal presentaron un proyecto de ley al Senado de Bolivia, con el que pretendieron vincular el valor del boliviano con el de Tether (USDT). Lo anterior, para reconocer a la stablecoin USDT como un índice de referencia válido en la indexación de contratos civiles y comerciales.
Crece uso de criptomonedas en Bolivia
BeInCrypto reportó semanas atrás el auge en el uso diario de criptomonedas en Bolivia para el pago de bienes y servicios, en especial, la aceptación de criptomonedas como Bitcoin y USDT mostró un cambio en la dinámica económica del país, impulsado en parte por la flexibilización de normativas y la creciente digitalización de las finanzas.
Comercios icónicos como la salteñería La Heredera se posicionó como pionera en la adopción de este método de pago, promocionando su facilidad y rapidez. Asimismo, cafeterías como Rock y Kioskicoffe “Ke Riquito” han integrado este sistema para atraer a un público más amplio.
Cabe recordar que la Ley del Presupuesto General del Estado 2025 permite a las empresas estatales realizar pagos con activos virtuales cuando no puedan acceder a divisas convencionales. El Decreto Supremo 5301 establece los mecanismos para que estas transacciones se lleven a cabo de manera regulada.
 
 
 
 
 
PERUANA ES DETENIDA EN ESPAÑA POR REALIZAR CIRUGÍAS ESTÉTICAS EN UN QUIRÓFANO CLANDESTINO EN MADRID
 
La connacional fue intervenida junto a otras tres mujeres, dos colombianas y una boliviana por operar sin las debidas licencias médicas ni las mínimas condiciones de higiene
 
Infobae de Argentina (https://lc.cx/jNEVsI)
 
Una investigación conjunta entre la Policía Nacional de España y la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid destapó una red de operaciones quirúrgicas ilegales realizadas en un quirófano clandestino en el distrito madrileño de Carabanchel.
Las autoridades detuvieron a cuatro mujeres, entre ellas, una peruana, quien fue señalada de realizar procedimientos de cirugía estética sin las debidas licencias médicas ni las mínimas condiciones de higiene.
Las víctimas, en su mayoría de origen latino, fueron sometidas a intervenciones como liposucciones, aumentos de pecho y ligaduras de trompas, pagando precios que oscilaban entre los 1.200 y 4.000 euros.
La operación se desarrolló el pasado 6 de febrero, tras recibir diversas denuncias sobre el funcionamiento de la clínica clandestina. La investigación reveló que las detenciones se realizaron en un local de la calle, en cuya trastienda se accedía a un inmueble donde se efectuaban las intervenciones quirúrgicas, fuera del alcance de la ley y sin las condiciones mínimas para salvaguardar la salud de las personas que se sometían a los tratamientos.
Entre las arrestadas se encuentran dos mujeres de Colombia, una de Bolivia, y nuestra compatriota, quienes estaban operando como profesionales sin la formación necesaria, lo que agrava la situación legal que enfrentan.
La peruana, cuyo nombre se mantiene en reserva por razones legales, es descrita como una mujer con aparente conocimiento de procedimientos médicos, pero sin estudios profesionales para realizar intervenciones quirúrgicas.
Los agentes encontraron que ella, junto con las otras detenidas, estaba ejerciendo prácticas de intrusismo laboral, uno de los delitos más graves en este tipo de casos. La investigación indica que la clínica era frecuentada por unas 20 personas al día, quienes confiaban en la promesa de una cirugía económica y accesible, sin imaginar el peligro que corrían.
El quirófano improvisado se encontraba en una vivienda que contaba con equipos médicos sin los permisos adecuados y, en muchos casos, medicamentos caducados. Incluso, se descubrió que los fármacos y productos sanitarios estaban almacenados de manera inapropiada.
Además, en un congelador se hallaron viales de medicamentos mezclados con alimentos comunes, lo que plantea serias dudas sobre las condiciones de almacenamiento y uso de estos productos. Por último, los policías encontraron una agenda con anotaciones, registros de las intervenciones realizadas y diversos informes preoperatorios.
Según las autoridades, la clínica no solo carecía de los permisos necesarios para realizar cirugías, sino que también se usaban métodos inadecuados para la esterilización de material quirúrgico, como gasas reutilizadas y equipos sin el mantenimiento apropiado.
Estas prácticas pusieron en peligro la salud y la vida de las mujeres que acudían a este quirófano clandestino en busca de soluciones rápidas y económicas a sus inquietudes estéticas.
Las investigaciones revelaron además que las detenidas se valían de redes sociales para ofrecer sus servicios. Publicitaban sus tratamientos a través de plataformas conocidas, alcanzando a un público vulnerable, quienes confiaban en las ofertas aparentemente accesibles.
Las denuncias que llevaron a la Policía a iniciar la investigación se basaron en que una de sus pacientes requirió atención médica urgente tras una intervención fallida, y en alertas por parte de la Consejería de Sanidad.
Uno de los momentos más impactantes de la operación fue el hallazgo de dos mujeres afectadas, una de ellas ingresada en un hospital por complicaciones tras una liposucción realizada en la clínica clandestina.
A pesar de las complicaciones y las evidentes irregularidades en las intervenciones, las arrestadas ofrecían a las víctimas la devolución del dinero a cambio de que no denunciara los hechos ni la clínica, creando una red de silencio que impedía que se destapara el caso a tiempo.
Los detenidos están siendo investigados por varios delitos, incluyendo intrusismo laboral, estafa, delitos contra la salud pública y contra los consumidores. Además de las cuatro mujeres arrestadas, hay otras dos personas imputadas, una ejerciendo como anestesista y otra como enfermera, quienes también formaban parte de la estructura ilegal.