AMÉRICA LATINA: PODERÍO DE LAS DERECHAS Y ULTRADERECHAS

Dos candidatos derechistas definirán el balotaje en Bolivia, donde el proceso popular se auto-destruyó. Incógnitas ante los comicios presidenciales en Chile. En el primer semestre de 2026 se votará en Colombia y Perú. Dentro de un año debería haber elecciones en Brasil, pero para eso falta una eternidad.

En aquella parte de la ciudadanía opositora al gobierno de Javier Milei, y por lo tanto en las dirigencias y militancias que representan a esos sectores, existe un ánimo optimista luego de la derrota del oficialismo nacional en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires el 7 de este mes.
Simultáneamente, el conjunto de América Latina está amenazado por la agresión militar -potencial o real- de Estados Unidos, como nunca antes desde el fin de la era de las dictaduras militares pro-estadounidenses que dominaron a la región hasta la década de los años ‘80 del siglo pasado.
(Argentina se liberó del yugo dictatorial a fines de 1983, Uruguay en 1985 pero de forma condicionada bajo la extorsión de las fuerzas armadas golpistas y criminales, y también en 1985 Brasil inició una larga y engorrosa transición entre el régimen de facto y un gobierno surgido del voto ciudadano. Chile recién tuvo elecciones en 1990 pero con militares genocidas y cómplices civiles en altísimos cargos bélicos, parlamentarios y judiciales, al punto de que el dictador Augusto Pinochet siguió siendo jefe del Ejército hasta 1998, y aún después ocupó un cargo de senador vitalicio; renunció recién en 2002, a los 86 años de edad, cuando consiguió que la Corte Suprema fraguara un “sobreseimiento” en favor suyo por la condición de “demente incurable” para afrontar las investigaciones por delitos cometidos durante su gobierno. Crónica de Página 12, nota del 05/07/2002).
La actual administración norteamericana de Donald Trump lleva a cabo una estrategia de acoso militar contra Venezuela en particular, y por lo tanto contra la paz de toda América Latina. Pero además, los intereses de Estados Unidos en la región están representados por fuerzas políticas y líderes de derecha y/o ultraderecha, que no ascienden al poder a través de dictaduras -como en el siglo pasado- sino mediante procesos electorales.
En los próximos meses del año en curso y posteriormente a lo largo de 2026, tendrán lugar -si no existieran hechos que alteren los plazos legalmente establecidos en cada caso- elecciones presidenciales y también legislativas en distintos países, entre ellos Bolivia, Chile, Perú, Colombia y Brasil.
Al cabo de tales votaciones, y asimismo de los comicios parlamentarios argentinos del 26 de octubre venidero, quedará configurado el mapa político-institucional del sur del continente en la mitad de la tercera década del siglo.
La derecha en Bolivia, y en Chile las incógnitas
El 19 de octubre, una semana antes de los comicios legislativos que en nuestro país marcarán el futuro del mileísmo, deberá realizarse la segunda vuelta presidencial en Bolivia. El Estado Plurinacional fundado hace 20 años con el liderazgo de Evo Morales está atravesando una etapa de implosión y auto-destrucción probablemente sin antecedentes históricos en nuestra región, al menos cercanos en el tiempo.
El derrumbe, bajo la presidencia del actual mandatario Luis Arce, de la prosperidad conseguida por las mayorías sociales durante los gobiernos de Evo a partir de marzo de 2006 -una revolución democrática, popular, indigenista y nacionalista que sus impulsores denominaron “Proceso de Cambio”-, en simultáneo con divisiones feroces y violentas entre los sectores encabezados por Morales y Arce respectivamente, condujeron a la catástrofe electoral de distintos candidatos que representaban a todo ese espacio socio-político en la primera ronda electoral del pasado 17 de agosto.
Así fue que los dos candidatos que pasaron a la ronda siguiente para definir quién será el próximo presidente, son representantes de distintas variantes de la derecha subordinada a Estados Unidos y a las clases dominantes bolivianas: por un lado Rodrigo Paz Pereira (cuya identidad jurídica lleva el nombre del viejo “Partido Demócrata Cristiano” pero se trata de un agrupamiento ocasional generado recientemente para la actual coyuntura electoral), y por otro Jorge “Tuto” Quiroga (que lleva en su boleta electoral el nombre de Libertad y Democracia, “Libre”). Ambos competirán en el balotaje dentro de cuatro semanas. (Tema reseñado en un informe del portal de Telesur, nota del 28/08/25).
Otra instancia de votación presidencial determinante para la política latinoamericana se realizará el 16 de noviembre en Chile. Pero la Constitución del país exige que para definir el resultado en esa ocasión, cualquier postulante debe superar el 50 % de los votos. Esa posibilidad está descartada por todas las previsiones razonables, y por lo tanto las dos candidaturas más votadas competirán en la segunda vuelta prevista para el 14 de diciembre.
Por primera vez en cinco décadas y media -desde el triunfo en 1970 del líder de izquierda Salvador Allende, quien proponía la “vía chilena al socialismo” y en 1973 fue derrocado por las fuerzas armadas genocidas y murió mientras resistía el bombardeo aéreo militar sobre la casa de gobierno llamada “palacio La Moneda”-, una dirigente proveniente de la izquierda suma chances de lograr un alto porcentaje de votos pero a la vez tendría condiciones muy difíciles para ganar el balotaje: se trata de Jeannette Jara, integrante del Partido Comunista y quien fuera ministra de Trabajo del actual mandatario Gabriel Boric.
Varias incógnitas atraviesan las perspectivas de la disputa. Hasta el momento los estudios pre-electorales indican que la representante del progresismo -en ese país, centroizquierda e izquierda- tendría que enfrentar en segunda vuelta a un/una candidato/ta de la derecha y la ultraderecha, que en Chile siempre han unido sus votos para la instancia definitoria.
Los probables adversarios de Jara en un balotaje podrían ser la ex legisladora y ex ministra Evelyn Matthei -experimentada dirigente de 71 años e hija de Fernando Matthei, uno de los jefes de la dictadura (1973/1990) que junto con Pinochet y otros dos jerarcas genocidas formaron lo que se llamaba “junta militar de gobierno”-, o en su lugar el ultraderechista José Antonio Kast -quien ganó en la primera ronda de la elección de 2022 pero después fue derrotado por Boric en el balotaje-.
Además, entre un total de ocho candidatos/as se postula asimismo Johannes Kaiser, un extremista de derecha violento, impune y reivindicador de la dictadura, con un perfil similar al de Milei. (En un artículo de la cadena informativa pública francesa “France-24” puede verse un panorama general del proceso electoral en Chile. Nota del 25/08/25).
Colombia y Perú en la primera parte del ‘26
Dentro del primer semestre de 2026 está prevista la realización de comicios presidenciales en Colombia y Perú, mientras que en la segunda mitad del año se votará por el futuro mandatario de Brasil.
En el caso colombiano el proceso comenzará el 8 de marzo con la renovación del Congreso. Luego, el 31 de mayo tendrá lugar la elección del presidente de la República. Y si ningún candidato/ta superara esa vez el 50 % de los votos, se disputará una segunda vuelta el 21 de junio. Hasta ahora los pronósticos son completamente inciertos.
La única certeza por el momento es que Gustavo Petro, actual jefe del Estado y el primero con trayectoria política de izquierda que alcanzó ese lugar en dos siglos de vida independiente del país, no podrá presentarse a la reelección por impedimento constitucional.
La coalición que Petro lideró para ganar en 2022, llamada “Pacto Histórico”, elegirá candidato/ta en una consulta abierta -sin obligación legal de realizarla o participar- prevista para el 26 de octubre venidero (misma fecha de la votación parlamentaria en Argentina). (Ver información y análisis del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, “Celag-Data”. Reporte del 29/08/25).
En cuanto al proceso en Perú, la primera instancia de votación presidencial fue convocada para el 12 de abril del año próximo. En el paía latinoamericano de mayor fragmentación en su organización político-partidaria e institucional, y de máxima dispersión de las ofertas electorales, se da por seguro que habrá una segunda vuelta, la cual está fechada el 12 de abril. Las candidaturas deberán formalizarse el 14 de marzo. Varios aspirantes están proscriptos y existen todo tipo de adulteraciones a la limpieza del comicio. (Tema desarrollado en otro informe de “Celag-Data”. Reporte del 26/04/25).
Hasta el momento las funciones presidenciales están al mando de Dina Boluarte, quien ocupó el cargo tras el derrocamiento -dispuesto por vía parlamentaria y forzado por presiones militares y judiciales- del presidente Pedro Castillo. Fue uno de los pocos mandatarios peruanos de la última década surgido del voto popular, pero solo pudo ejercer la presidencia durante un año y medio, antes de ser destituido por el Congreso, dominado por la derecha y la ultraderecha.
Perú sigue sometido al capitalismo salvaje extremo -generalmente llamado “neoliberal”- iniciado hace 35 años por Alberto Fujimori (fallecido en 2024). Este dirigente primero ganó la elección de 1990, y un año y medio después instauró una dictadura cívico-militar. En un contexto de terror político y persecución a opositores, ganó sucesivas reelecciones fraudulentas y gobernó hasta el año 2000, cuando huyó a Japón (país de sus ancestros). Muchos años después fue extraditado, sometido a procesos penales y condenado.
Desde aquella época el país sufre desigualidades sociales cada vez más desesperantes, violencia criminal especialmente en Lima y otros centros urbanos, continua inestabilidad política, y una corrupción generalizada en los gobiernos, el parlamento y el poder judicial.
Brasil: un año, una eternidad
Dentro de casi exactamente un año, si no ocurrieran sucesos impredecibles, la opinión pública continental y mundial estarán pendientes de la elección presidencial en Brasil. Pero dada la magnitud de la disputa de intereses contenida en ese país -derivada, a su vez, de la magnitud de su importancia económica, poblacional y geopolitica-, falta una eternidad hasta llegar a la fecha prevista.
El calendario de los plazos institucionales define que los comicios deben realizarse el 4 de octubre de 2026, y en caso de que ningún candidato lograra el 50 % de los sufragios, los dos más votados pasarán al segundo turno de votación cuatro semanas más tarde, el 26 del mismo mes.
Sin embargo (y como se mencionó al principio de este artículo), desde la época de los regímenes dictatoriales no existía una amenaza tan alevosa de Estados Unidos contra la paz en el sur continental.
La condena a prisión, el 11 de este mes, contra el ex presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, potenciaron las decisiones violentas de Donald Trump contra la soberanía y la convivencia pacífica en Brasil y el resto de la región.
Semanas antes, el gobierno imperial trumpista había desplegado agresiones armadas y propaganda de guerra contra Venezuela.
En estos momentos dramáticos de la historia, los gobiernos y dirigencias políticas de derecha y ultraderecha en América Latina no están sostenidos unicamente por las oligarquías de cada país y los poderes extranjeros, todo lo cual genera condiciones para que puedan ganar elecciones y así dejar de lado la implantación de las clásicas dictaduras.
Ahora, además, el poderío militar más gigantesco de toda la historia de la humanidad avanza contra los pueblos, los territorios y los recursos de la región, siempre con el objetivo de redoblar la supremacía de las clases dominantes locales, del capitalismo saqueador trasnacional y de la dominación geopolítica estadounidense. Diario Contexto de Argentina (https://n9.cl/o5oatd)
 
 
 
 
 
A UN MES DE SEGUNDA VUELTA: BOLIVIA VIVE LA PEOR CRISIS POLÍTICA Y ECONÓMICA DE SU HISTORIA
 
Ahora de Perú (https://n9.cl/wwc1dw)
 
Bolivia se prepara para una elección que marcará un antes y un después en su historia política. El 19 de octubre, Rodrigo Paz Pereira (PDC) y Jorge “Tuto” Quiroga (Alianza Libre) se medirán en una segunda vuelta presidencial que no solo definirá quién ocupará la Casa Grande del Pueblo, sino que también simbolizará el cierre de dos décadas de hegemonía del Movimiento Al Socialismo (MAS).
La cita electoral ocurre en medio de una de las coyunturas económicas más duras de los últimos 20 años. La inflación golpea los bolsillos de las familias, los dólares escasean y el combustible se ha convertido en un bien cada vez más difícil de conseguir. El desgaste social es evidente: los precios de alimentos como la carne se han disparado, y una frase se repite con resignación en las calles: “100 bolivianos ya son como 10, no alcanza para nada”.
Una economía en jaque
El país arrastra un déficit fiscal desde 2014 y la caída de las reservas internacionales —que llegaron a 15.000 millones de dólares en la bonanza y hoy están prácticamente agotadas— ha limitado la capacidad del Estado para sostener subsidios y controlar precios.
La falta de combustible ha afectado al transporte público y privado, encarecido los fletes y alterado cadenas de suministro. A ello se suma la escasez de dólares en el sistema financiero, que encarece las importaciones y genera incertidumbre cambiaria.
La gestión del presidente Luis Arce, otrora considerado el “arquitecto” del milagro económico boliviano durante el primer ciclo del MAS, hoy se percibe como un fracaso. Su aprobación se ha desplomado y sectores de su propio partido le han dado la espalda.
Propuestas en pugna
En este contexto, los candidatos han planteado recetas distintas: Jorge “Tuto” Quiroga (Alianza Libre): propone un paquete de emergencia de 12.000 millones de dólares gestionados con organismos internacionales como el FMI para estabilizar la economía antes de fin de año. Plantea, además, eliminar gradualmente el subsidio a los combustibles, manteniéndolo solo para el transporte público.
Asimismo, Rodrigo Paz Pereira (PDC): apuesta por el plan 50/50, que busca repartir equitativamente los recursos fiscales entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales, fortaleciendo municipios, gobernaciones y universidades. Ha prometido que desde el 9 de noviembre, un día después de asumir, todos los bolivianos tendrán acceso asegurado a combustible.
Las propuestas reflejan enfoques distintos: uno orientado a la disciplina fiscal con apoyo externo, y otro a la descentralización y redistribución interna de los recursos.
 
 
 
 
 
BOLIVIA: RESURGE LA CAZA Y EL TRÁFICO DE JAGUARES
 
La Policía Boliviana lamenta que los detenidos en operativos sean liberados por la Justicia y exige más jueces especializados en el área rural. Según datos policiales, en Bolivia, un solo colmillo de jaguar puede llegar a costar 4000 dólares en el mercado asiático.
 
Revista Mongabay de Indonesia (https://n9.cl/d9aqb)
 
El 28 de abril pasado un cráneo de jaguar cruzó casi toda Bolivia. Los huesos de la cabeza del felino salieron de la Chiquitania, en el departamento de Santa Cruz, y fueron interceptados en la ciudad de El Alto, contigua a La Paz. Un ciudadano boliviano trasladó el cráneo hasta la frontera con Chile. El traficante fue detenido y, según informaron varios activistas ambientales, ofrecía partes del jaguar en redes sociales. En los dos últimos años, los casos de tráfico de jaguar ascienden a 20, aunque no son datos oficiales y son procesos enumerados por expertos.
El traficante se enfrentó a la Justicia un día después de haber sido detenido. Obtuvo el beneficio de la detención domiciliaria. El cráneo del jaguar tenía sus colmillos intactos, lo que presume que iba a ser ofertado a buen precio. Según el director de la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (POFOMA), coronel Carlos Chispas, el detenido ofrecía en redes sociales el cráneo del jaguar a 2500 bolivianos (360 dólares).
“Nosotros realizamos el operativo en la ciudad de El Alto y se aprehendió a esta persona. Hay personas que se dedican al tráfico ilegal del jaguar para traficar los colmillos de este animal, que son muy demandados en países de Asia con fines medicinales u otros usos. Lamentablemente, como en otros casos, la Justicia decidió que el traficante tenga detención domiciliaria”, afirmó Chispas a Mongabay Latam.
El jefe policial detalló que un solo colmillo de jaguar en Asia cuesta 4000 dólares y que en los últimos cuatro años se decomisaron 236 colmillos de este felino en distintos operativos. Chispas añadió que POFOMA realiza las acciones para dar con los traficantes, pero que en la Justicia muchas veces no se abren los procesos legales o son beneficiados con detenciones domiciliarias o incluso recuperan la libertad.
“Tenemos medidas cautelares emitidas por el Tribunal Agroambiental, pero aún existen tareas pendientes en la protección del medio ambiente. Nos faltan jueces capacitados que puedan analizar adecuadamente estos casos, ya que algunos de ellos terminan liberando a personas implicadas en delitos como el tráfico de fauna silvestre”, dijo Chispas.
Por ejemplo, explicó el jefe policial, un caso reciente que motivó el reclamo policial fue la liberación de cuatro extranjeros involucrados en el tráfico ilegal de peces ornamentales en el departamento de Beni, pese a las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
En el primer semestre de esta gestión, 173 animales silvestres fueron rescatados en distintos operativos en diferentes regiones de Bolivia, además de 37 animales domésticos encontrados en condiciones de vulnerabilidad, según datos de POFOMA y de la Fiscalía General. De esos 173, un 20 % son felinos y hay diez jaguares rescatados.
Rebrote de asesinatos
Sobre los casos de tráfico de jaguares vivos, la fiscalía y POFOMA no tienen un dato concreto, pero según Chispas “pasan los diez” en los dos últimos años. Pero existe otra problemática que se agrava: según Rodrigo Herrera, director de la Asociación de Justicia Ambiental de Bolivia, existe un rebrote de asesinatos de jaguares en diferentes regiones bolivianas.
“No son cifras oficiales, es información que tenemos sobre los reportes que nos llegan. Desde la pasada gestión, han rebrotado estos casos de tráfico y caza del jaguar, siendo alarmante lo que sucedió hace aproximadamente tres semanas, con cuatro hechos de caza y tráfico de jaguar”, relató Herrera a Mongabay Latam.
En los últimos 20 años, el desborde de casos de tráfico y caza del jaguar sucedió en el periodo entre 2014 y 2019, según datos de la Asociación de Justicia Ambiental de Bolivia. El delito comenzó a disminuir por las sentencias que se estaban ejecutando contra los acusados. Durante la pandemia por el Covid-19 la actividad ilegal bajó, pero desde 2024 nuevamente se dieron a conocer casos de jaguares asesinados.
Según Herrera, entre 2024 y septiembre de este año, existen 12 casos conocidos que implican al menos a 20 jaguares asesinados. “Solo son los casos sobre los que tenemos certeza, son cifras no oficiales. Es muy preocupante, no habíamos tenido este rebrote de casos desde hace mucho tiempo”, alertó el activista.
El experto sostuvo que estos crímenes son consecuencia de la inacción del Estado para actuar de oficio y procesar a los responsables. Además, también alertó sobre la oferta de caza silvestre que algunos operadores de turismo estarían promoviendo, similar al caso de Jorge Néstor Noya, un ciudadano argentino que ofrecía paquetes turísticos desde su país para llegar a Bolivia a cazar jaguares, a través de su empresa Caza & Safari, como publicó Mongabay Latam. El costo de este paquete llegaba a 50 000 dólares.
Según datos de POFOMA, los lugares donde se registran la caza de jaguares son en el municipio de Ixiamas, al norte del departamento de La Paz; en el municipio de Porvenir, en el departamento de Pando; en municipios de Beni; en el Chaco boliviano; y en la Chiquitania de Santa Cruz.
Por los últimos casos de este periodo, existen alrededor de 13 personas que están siendo investigadas por la fiscalía tras denuncias de los activistas. Según datos de la Asociación de Justicia Ambiental de Bolivia, desde 2014 hasta la fecha, se registraron 47 casos relacionados con la caza y el tráfico ilegal del jaguar. De esa cantidad, solo cinco terminaron con sentencia. Ninguno corresponde al último periodo.
Herrera añadió que la baja cantidad de sentencias se debe a que los fiscales del sector rural no están capacitados para realizar una investigación por ese delito ambiental. Además, a pesar de que el Estado debería actuar de oficio, los procesos son impulsados por activistas, pero la falta de recursos económicos para hacer el seguimiento hasta conseguir un fallo se convierte en otro obstáculo.
Mongabay Latam buscó conocer la opinión del Ministerio de Ambiente y Agua sobre el rebrote de asesinatos del jaguar, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.
Fallo inédito
El Tribunal Agroambiental de Bolivia emitió en abril de este año un fallo inédito y ordenó a diferentes entidades del Estado la protección del jaguar y de su hábitat. La sentencia exige mayor control en aeropuertos, fronteras y terminales de buses con el objetivo de frenar el tráfico de fauna silvestre. Esa sentencia, que está en plena vigencia, dispone medidas de protección para el jaguar, para su hábitat y para los defensores ambientales.
En ese fallo, la instancia judicial ordenó al Ministerio de Medio Ambiente y Agua que en el plazo de seis meses (hasta octubre) concluya la actualización de la categoría del jaguar en el libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia para que se lo catalogue como especie en peligro o en peligro crítico, porque actualmente está como una especie vulnerable. También instruyó a esta cartera de Estado a que implemente planes de manejo participativo para mitigar los conflictos ambientales, en el plazo de seis meses, con énfasis en el jaguar.
Marcos Uzquiano es el presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (Abolac) y considera a los jaguares como su familia. Por su trabajo, sabe que el felino ya no vive tranquilo. Las mafias internacionales “le han echado el ojo” y lo buscan en las profundidades de la selva boliviana para arrancarle sus colmillos después de matarlos a balazos.
Para Uzquiano, esto tiene una explicación sencilla: en los países asiáticos los jaguares son apuntados como sustitutos del tigre (Panthera tigris), una especie que está al borde de la extinción, y es por eso que ahora son traficados para suplir una demanda.
Desde hace varios años, Uzquiano recibe información que apunta a que ciudadanos chinos pagan a los comuneros bolivianos por los colmillos de jaguar. El guardaparque, junto a su equipo de trabajo, lleva años rastreando este crimen, decidido a ponerle freno antes de que sigan matando a más felinos.
“La única alternativa para conservar el jaguar es una mayor fiscalización, una mayor coordinación a nivel interinstitucional entre los distintos niveles del Estado y también mayores acciones de prevención y de sensibilización con las comunidades”, resaltó Uzquiano, quien también afirmó que se necesita “un fortalecimiento directo al trabajo que hacen los guardaparques para que por lo menos los jaguares que están dentro de las áreas protegidas puedan ser protegidos realmente, como debe ser”.
Según datos de la Dirección General de Biodiversidad, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, entre 2014 y 2020, al menos 760 colmillos de jaguar han sido decomisados en Bolivia en diferentes operativos a personas que habían comprado o trataban de comercializar estas piezas, aunque no existe información de decomisos por año.
Las cifras y datos más actualizados en Bolivia están en el Plan de Acción para la Conservación del Jaguar 2020-2025, elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en el que se detalla que desde 2014 existe una “caza furtiva” de jaguares en el país con el fin de vender partes -como los colmillos y piel- al mercado asiático. Sin embargo, este plan también recoge datos que revelan que se solicitaron cuerpos enteros de jaguar para elaborar la “pasta de jaguar”, la cual es utilizada como una alternativa a la “pasta de tigre”, con fines medicinales en China y otros países de Asia.
 
 
 
 
 
BOLIVIA GOLD STOCKS: CONFLICTO EN LOS AVANCES DEL BANCO CENTRAL
 
El Pueblo de Perú (https://n9.cl/iqivy)
 
Bolivia enfrenta un creciente debate sobre la administración de sus reservas de oro después de que el banco central autoriza las ventas de metales para obtener dólares estadounidenses entre la legal y la transparencia.
El país posee oficialmente alrededor de 24.1 toneladas de oro, pero solo el 9%, poco más de 2 toneladas, se almacena en Bolivia. El resto se mantienen en bancos extranjeros.
Por ley, el banco central debe mantener al menos 22 toneladas, aunque las transacciones recientes han causado dudas sobre si se cumple este reclamo.
Rodrigo Rosa Laserna, ingeniera de sistemas de Bolivia, le dijo a UPI que las medidas del país reflejan la urgente necesidad de que el gobierno asegure la liquidez.
“El Banco Central ha aprobado los avances de ventas de más de 17 toneladas en unos pocos meses. Dicen que la producción futura cubrirá estas tradiciones, pero en la práctica las acciones actuales están bajo presión”, dijo.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro ha defendido la estrategia, diciendo que las acciones no se mantienen en cúpulas naturales, sino que se invierten en bancos internacionales como el Banco de Acuerdos Internacionales en Suiza y grandes instituciones comerciales.
“Sería negligencia mantener el oro almacenado en La Paz cuando puede crear retornos en el extranjero”, dijo el ministro en una entrevista con la salida boliviana El Deber.
Sin embargo, los críticos advierten que el banco central está interpretando la ley muy relajada. Una ley 2023 puso un mínimo obligatorio de 22 toneladas para proteger las acciones, pero un cálculo de seis meses podría permitir al país mantener menos oro de lo que requería la ley.
El problema se profundiza después de que el banco central aprobó una resolución que permitió que las reservas caigan temporalmente por debajo del mínimo de 22 toneladas. Los legisladores de la oposición pidieron sobre las inspecciones borrosas de manchas para verificar cuánto oro hay.
Agregar a la disputa legal es un problema estructural. Gran parte del oro de Bolivia es informalmente y se pasa de contrabando en los países vecinos como Perú y Chile.
Los expertos estiman que entre 20 toneladas y 30 toneladas dejan ilegalmente a Bolivia cada año. En lugar de vender al Banco Central, muchos productores prefieren obtener metal en el extranjero, donde se les paga directamente a dólares estadounidenses. Rodrigo Rosa dijo que este es uno de los problemas más críticos.
“El estado requiere que los mineros vendan al banco central en condiciones adversas para que puedan recurrir al contrabando.
Aunque los precios internacionales del oro siguen siendo altos, las exportaciones legales de Bolivia disminuyeron por encima del 70% en 2024, según el Instituto Nacional de Estadísticas.
Los analistas dicen que la “Ley de Oro” llamada SO alentó el contrabando a pesar del fortalecimiento de las acciones.
En la actualidad, el banco central dice que cumplirá con el requisito de 22 toneladas al reponer los mercados nacionales en los próximos meses.
Sin embargo, con la escorrentía presidencial del 19 de octubre, las preocupaciones aumentan que el costo real de la estrategia disminuirá en el próximo gobierno.
Candidato para el candidato presidencial del partido demócrata cristiano Rodrigo Paz Pereira, el ganador de la primera ronda, dijo que el oro es la herramienta clave para abordar la crisis financiera de Bolivia, y señala que ahora crea más de $ 4 mil millones
Ha sugerido “estandarizar” cooperativas mineras a escala pequeña “en lugar de atacarlas”, como ahora es el caso porque no pagan impuestos y causan pérdidas ambientales, creando un banco minero propiedad estatal.
 
 
 
 
 
DILEMAS SOBRE LA AUTOIDENTIFICACIÓN INDÍGENA/INDIA EN BOLIVIA
 
Según los resultados del Censo 2024, el 38,7% de la población boliviana se autoidentifica como indígena. Este dato es objeto de análisis y reflexión por académicos y activistas.
 
Argentina Indymedia Org. (https://n9.cl/mgcqp6)
 
Recientemente, Nadia Beller escribió un artículo en el que señala: “El Censo 2024 muestra que la tesis de un país esencialmente indígena ha perdido base empírica”. No obstante, la sociología comprende también en sus postulados que la identidad es un proceso de construcción y dinámica social; es decir, que se construye la identidad de manea continua, en todo momento y bajo ciertos elementos influyentes. Un día un ciudadano puede autoidentificarse como mestizo y al otro, como aymara. Pero en Bolivia, curiosamente cuando existen conflictos sociales, la identificación del otro se establece ´con el siguiente epíteto: “indio de mierda”. Asimismo, se enfatiza que Bolivia sería mestiza gracias a que ha atravesado por un proceso de hibridación y mestizaje. Habría que decir sobre este elemento que, desde 1952, el proyecto del MNR fue construir una comunidad imaginada con base en el mestizaje, y el mismo tenía como idea-fuerza la coerción mediante la educación o las fuerzas armadas con el servicio militar obligatorio, entre otros. Es decir que la identidad mestiza no fue por obra y gracia del espíritu santo, sino por ejercicio de coerción desde el Estado.
A pesar de la mirada ideológica de Beller, es importante analizar los datos de los Censos pasados. Se observa que el año 2001, el 62% de la población declaró pertenecer a una nación o pueblo indígena. En 2012, se registró un 41%. Los recientes resultados contabilizaron un 38,7%. Al parecer existiría una reducción de identificación. Sin embargo, existe un ascenso en relación a la Encuesta de Hogares (2018) que registró un 34% y la de 2021, un 26,5%.
Un elemento sustancial sobre la autoidentificación y la identidad a tomar en cuenta para hacer el análisis es que ambos conceptos resultan de un proceso de construcción social, es decir que la población es producto social y de influencias externas desde la familia, la sociedad y el Estado; esto consiste en que no solo cuenta cómo uno se autoidentifica, sino también cómo el otro lo identifica.
Por otro lado, el Censo tiene como fin obtener información detallada de la población en un determinado momento. Respecto a la identidad, el Censo busca obtener cuántas personas se autoidentifican con una nación o pueblo originario, entre otros.
Pero ¿a qué se deben estos resultados del Censo de Población y Vivienda (2024)? Existe una suerte de reducción y aumento a la vez. Las principales causas de la reducción de la autoidentificación con relación al Censo 2001, son las siguientes:
El primer elemento es el proceso de migración y urbanización; es decir que, a partir de la migración de aymaras, quechuas, guaraníes y otras culturas de segunda y tercera generación a las ciudades, se produjo este fenómeno. La población en el área urbana registró un crecimiento constante, del 62% en el 2001 al 69,0% en 2024. Por lo que se menciona que el 69% vive en áreas urbanas y el 31% vive en áreas rurales, es decir 7 de cada 10 bolivianos viven en las ciudades (INE, 2024). Entonces, la población se incrementó en las ciudades y en consecuencia de esto, sucedió la reducción en las áreas rurales. De igual manera, según el Censo 2024, en el área rural, 68,1% se autoidentifica y un 31% no lo hace. Este dato es llamativo, porque un 31% no se autoidentifica como indígena, a pesar de vivir en espacios rurales, esto podría deberse a diversas razones, una de ellas es la influencia del cristianismo.
Por su parte, en el área urbana, solo 25,6 % se autoidentifica como nación, pueblo originario y un 74,4% no lo hace. Con estos datos se arguye que en el área urbana una gran población no se autoidentifica con alguna nación, pueblo indígena y originario, o campesino. Por lo que se deduce que lo urbano, desde la construcción de la identidad, estaría en cierta medida alejado de lo indígena, relacionado muchas veces con lo rural desde la narrativa del MAS.
¿Por qué se menciona este elemento?, ya que, con la migración, los hijos de aymaras, quechuas y de otras culturas y naciones originarias, de segunda y tercera generación a las ciudades y otros departamentos, fueron influidos por las ideas de modernidad, civilización, deviniendo en una generación que deja de autoidentificarse, más aún si se urbaniza completamente, dejando en cierta medida la multilocalidad entre lo urbano y lo rural. Esto para los jóvenes, hijos de aymaras y quechuas, significa experimentar consumos culturales urbanos, diferentes a los rurales, haciéndoles creer que ya no son indígenas, mimetizándose y alineándose con la urbanidad y su enfoque particular. De igual manera, como ya se mencionó, el proyecto de modernización y mestizaje del MNR fue determinante, ya que desde el Estado se influyó con las ideas-fuerzas en la educación, sociedad, economía y política, llegando a generar socialmente una Etnofagia Estatal sobre las culturas y las naciones originarias.
De igual manera, el gobierno del MAS formó un relato y discurso indígena rural, campesino, idealizando a la población popular en un estereotipo: “buen salvaje que vive en armonía con la naturaleza” y “hace el amor con las piedras”. Los dirigentes del MAS llegaron incluso a decir: “No tenemos profesionales indígenas, por eso hemos confiado en los blancos”. Esta narrativa, sin duda, también contribuyó a la reducción del porcentaje con la autoidentificación, ya que, de los jóvenes entre 18 y 28 años, solo un 38,7% se autoidentifican con alguna nación o pueblo originario, mientras que un 62,2% no lo hace. Los jóvenes están vinculados con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la modernización, las redes sociales virtuales, entre otros. Esta población no vincula su realidad urbana o rural-urbana con la narrativa del gobierno del MAS que ha sido idea-fuerza por 19 años. Como si los otros no estuvieran en el área urbana o se hubieran congelado en el tiempo, en los museos o en las áreas rurales. Es por eso que desde el indianismo-katarismo de la nueva generación, se ha cuestionado desde el año 2009 al gobierno del MAS, indicando que los indios no solo están en el área rural, sino también en áreas urbanas, otros viven en una multilocalidad entre lo urbano y lo rural, en el ámbito académico tienen una gran cantidad de profesionales con maestrías y doctorados, existen médicos, abogados, ingenieros, profesores, policías, docentes, etc. También, existen qamiris aymaras y quechuas que han acumulado riqueza por su ética del trabajo en los espacios urbanos.
Un tercer elemento, que tiene relación con el anterior, es la formulación de las preguntas y su recepción subjetiva respecto a la autoidentificación en el CENSO (2024), es decir, la pregunta que se formuló en la boleta Censal 2024, está bajo la narrativa indigenista y campesinista del MAS, vinculada con el área rural. La pregunta formal decía: “¿Se autoidentifica con alguna nación, pueblo indígena, originario campesino o afroboliviano?”
Con opciones de respuesta:
“Sí me autoidentifico con alguna nación o pueblo indígena originario campesino o afroboliviano”.
“No me autoidentifico con ninguna nación o pueblo indígena originario campesino o afroboliviano”.
En caso afirmativo, se debía completar el nombre del pueblo.
La primera observación, es que la pregunta formal ingresa el concepto campesino, si bien este se encuentra en la CPE, no es necesario utilizar este concepto de clase, ya que hace referencia a un término económico, y relacionado al área rural, cuando los jóvenes y adultos de espacios urbanos escuchan campesino, el mismo término no está relacionado con su realidad y en consecuencia no se sienten identificados. La pregunta tiene un tinte ideológico y no está bien planteada porque persigue una mirada indigenista y campesinista. La pregunta, en cambio, debería ser:
¿Usted se identifica con alguna nación, pueblo originario o afroboliviano?, o Usted se considera como: aymara, quechua, guaraní, chiquitano, ninguno y otros.
La identidad es una construcción social, entonces es contradictorio realizar la pregunta sobre la autoidentificación a niños y niñas entre 0 a 11 años, de hecho son los padres quienes responden la pregunta de la encuesta. Como resultado en el Censo 2024, estas poblaciones entre 0 a 5 años, una gran mayoría con 73,9% no se autoidentifican, y la población entre 6 a 11 años, un 70,5% no se autoidentifica con alguna nación o pueblo originario. Es contradictorio que se formule esta interrogante, porque ellos están en construcción cotidiana de su identidad social.
Un cuarto elemento, está relacionado con el ascenso social y el surgimiento de una clase media imaginada. El surgimiento de los qamiris y de élites económicas autóctonas de primera y segunda generación que están más arraigados a la identidad aymara y quechua; sin embargo, en la tercera generación su ascenso social, capital educativo, y económico se representa como una clase media imaginada alejada de la identidad aymara-quechua, principalmente influidos por las ideas modernidad y globalización. También, a efecto del proyecto del mestizaje del MNR, muchos padres y madres aymaras y quechuas de segunda generación y tercera generación ya no socializan a los hijos/as en la lengua aymara, según un encuestador del Censo, comentó que cuando preguntó este aspecto a los niños y jóvenes sobre la autoidentificación, los mismos padres aymaras se ponían a responder y decían: “que sus hijos ya no son aymaras, porque ya no hablan la lengua”. ¿La autoidentificación solo se reduce a la lengua?
Paralelamente existió un ascenso respecto a la Encuesta de Hogares que llegó a 34% en 2018 y 26,5% en 2021. Existió de 2021 a 2024 un leve repunte y ascenso del 38,7% de la población que se autoidentifica como nación o pueblo originario. Es decir que existe una revitalización de la identidad indígena/india en Bolivia y sus regiones.
Esto se debe principalmente a la emergencia de influencers indígenas que se han apropiado de los espacios virtuales como TikTok, Facebook, Instagram, entre otros. En especial en TikTok, que es una potente plataforma virtual que ha transformado la forma de crear y consumir contenido, se ha convertido en una nueva plaza pública de interacción social y de sociabilidad. Muchos de los influencers indígenas/indios usan sus lenguas nativas en sus vídeos, existen más mujeres indígenas/indios que hombres indígenas/indios que tienen mayor presencia digital. Muchos de los jóvenes influencers manifiestan que TikTok y otras plataformas les permitió reconectar con la tradición y cultura de sus padres y abuelos, otros se han dedicado a hacer activismo por su territorio, también por promover la identidad aymara o quechua, y el uso de la lengua en espacios urbanos mezclados con un toque de humor generacional y moderno. Entre los más destacados podemos mencionar a Albertina Sacaca, la Chola Bocona, La Warmi Rosa, Luz Cruz, Cristian Choquey Nancy Risol. En el caso de La Paz y la región andina, se encuentran los influencers aymaras como Elías Ajata, Rubén Hilari o Nayra Qhantatayita, que han realizado un trabajo formidable y militante respecto al uso de la lengua y la identidad aymara. Un dato que no hay que pasar por alto, según el Censo 2024, las personas entre 29 a 39 años, existen un 41,0% que se autoidentifican con alguna nación, pueblo indígena u originario campesino y un 59% no lo hace. Este dato reafirma la idea de que existe una mayor cantidad de personas, entre los 29 a 39 años, que se autoidentifican y que ya se tienen una identidad más sólida y formada, a diferencia de los niños, adolescentes y jóvenes.
Finalmente, no se puede afirmar que el país ha dejado de ser esencialmente indígena y que ha perdido una base empírica, o que solo fue la modernidad occidental y mestizaje como los factores principales para la reducción de la identidad indígena. Más por el contrario, existieron varios factores sociales para esta reducción sobre la autoidentificación respecto al CENSO de 2001 y el de 2012. No obstante, también existe una revitalización de la identidad indígena/originaria, respecto a la Encuesta de Hogares 2018 y 2021, principalmente por la emergencia de influencers indígenas que se han apropiado de los espacios virtuales como TikTok, Facebook, Instagram, etc.
 
 
 
 
 
IQUIQUE, PUERTA DE LOS “CHUTOS”: EL FLUJO ILEGAL DE AUTOS QUE PONE EN JAQUE A BOLIVIA Y CHILE
 
Vilas Radio de Chile (https://n9.cl/5wwhf)
 
Cerca de 120 mil vehículos robados, conocidos en Bolivia como “chutos”, ingresan anualmente desde el norte de Chile, convirtiendo a la frontera de Tarapacá y Parinacota en una autopista para el contrabando y el crimen organizado. Los autos, al carecer de documentación legal, son vendidos clandestinamente a precios mucho más bajos que los de vehículos importados legalmente, afectando tanto la seguridad como la economía formal del país vecino.
El fenómeno, que ha cobrado relevancia tras la polémica propuesta del candidato presidencial boliviano Rodrigo Paz de legalizar estos vehículos, evidencia un flujo ilegal constante que impacta a la industria automotriz y al comercio transfronterizo. Las empresas legales se ven imposibilitadas de competir con los precios de los autos indocumentados, poniendo en riesgo sus operaciones y la estabilidad del mercado formal.
Iquique: la puerta de entrada de los “chutos”
Según datos del Instituto Boliviano de Estadística (INE), Bolivia contaba en 2024 con un parque automotor de 2.583.289 unidades, de las cuales 1.235.976 corresponden a vagonetas, automóviles y camionetas. Entre 2013 y 2024, la Cámara Automotor Boliviana (CAB) reportó que ingresaron 1.280.113 vehículos indocumentados, con un promedio anual de más de 120.000 unidades.
Luis Orlando Encinas, gerente de la CAB, explicó que las cifras se obtuvieron a partir de datos de la Zona Franca de Iquique (Zofri), la principal puerta de ingreso para las importaciones hacia Bolivia: “Por la zona de extensión aduanera que es Tarapacá y Parinacota, que es la frontera en el desierto entre Chile y Bolivia, entran 120.000 autos por año. En los últimos nueve años se han reunido alrededor de 1,4 millones de vehículos chutos”.
La Zofri, según Encinas, maneja ventas anuales cercanas a los US$ 4.000 millones, de las cuales aproximadamente la mitad de las ventas al exterior se dirige a Bolivia. “La economía de Iquique vive prácticamente de las compras que hace Bolivia”, agregó.
Rutas clandestinas y “chuteros”
Aunque el ingreso ilegal de autos se da también por Argentina, Perú y Brasil, Chile representa la ruta principal para los llamados “chuteros”, quienes utilizan caminos precarios y remotos, evitando controles y trancas.
Los autos ingresan por los salares de Coipasa y Uyuni, Bella Vista, Llica y Huayllani en Potosí, así como La Queca, Todos Santos y Pisiga en Oruro, y cruzan principalmente por sectores fronterizos como Cosapilla (Chile) y Cosapa (Bolivia), además de San Pedro de Atacama e Hito Cajón.
Gran parte de estos vehículos nunca circula de manera visible; muchos permanecen guardados o tapados, a la espera de su nacionalización clandestina. Según autoridades del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, existen al menos diez rutas ilegales para el ingreso de autos indocumentados, predominando el paso desde Chile hacia Bolivia.
Alarma parlamentaria y tensiones diplomáticas
La situación ha generado un fuerte rechazo en Chile. El senador José Pilo Durana (UDI), presidente de la comisión de Seguridad Pública, señaló: “El ingreso ilegal a Bolivia de alrededor de 120 mil automóviles cada año, muchos de ellos robados en nuestro propio territorio, refleja cómo esa zona se ha transformado en un pasadizo para el crimen organizado y el contrabando”.
Durana emplazó al gobierno chileno a reforzar los controles con más recursos, personal y tecnología, e instó a las autoridades bolivianas a no normalizar la situación. En paralelo, otros parlamentarios, como Cristián Araya (Partido Republicano) y Kenneth Pugh, insistieron en la gravedad del negocio ilícito y en la necesidad de coordinación internacional para frenar el contrabando.
El debate se intensificó a raíz de las declaraciones del candidato presidencial boliviano Rodrigo Paz, quien propuso legalizar los autos “chutos”. La iniciativa provocó fuertes reacciones en Chile, con parlamentarios calificando la medida como un “secuestro vehicular de Estado” y advirtiendo sobre las implicancias en seguridad y economía.
Impacto económico y social
Más allá de la frontera, el flujo de autos ilegales afecta directamente a las comunidades y a la industria formal en Bolivia. Según parlamentarios chilenos, los “chutos” alimentan redes de crimen organizado, generan competencia desleal para empresas legales y socavan la confianza en el comercio transfronterizo.
La diputada Lorena Fries (FA) recalcó que “este es un tipo de delito que abona al crimen organizado y pone en riesgo la propiedad de los vecinos del norte, que pueden perder bienes adquiridos con esfuerzo”.
El ingreso anual de 120 mil autos desde Chile a Bolivia no solo es un fenómeno de fronteras, sino un problema regional que involucra seguridad, economía y diplomacia, y que demanda acción coordinada entre ambos países para frenar un negocio ilegal que crece año tras año.
 
 
 
 
 
AUMENTAN DERRAMES DE HIDROCARBUROS POR TRANSPORTE PERO NO PROHIBEN OPERAR A EMPRESAS BOLIVIANAS RESPONSABLES
 
Con Nuestro Perú (https://n9.cl/xv76i)
 
Debido a su grave crisis de abastecimiento de diversos productos, en este caso hidrocarburos, Bolivia solicitó al Perú autorizar la importación de combustible peruano a ese país, sin embargo, el ingreso de vehículos cisterna de ese país ha causado diveros accidentes con los correspondientes derrames que han causado daño al ambiente, sin que se conozca el importe de las multas ni la indemnización que se cobre a dichos transportistas, que están causando serios daños en la regió sur, en especial Moquegua.
Ahora el Osinergmin, ha decidido aplizar unas medidas de seguridad, las cuales tendrán poca efectividad mientras se permita el tránsito de los vehículos bolivianos en nuestro país. Así, la única medida razonable es la prohibición de entrada al Perú de camiones cisterna bolivianos, debido a las pésimas condiciones de control de dichos vehículos y sus conductores.
No se trata de prohibir que Bolivia compre hidrocarburos peruanos, sino que se prohiba que sean transportados en vehículos bolivianos y sólo debería autorizarse a camiones cisterna peruanos que lleven el combustible a ese país.
Lamentablemente, Osinergmin sólo ha activado la aplicación de medidas adicionales de control a todos los vehículos que realizan dicha actividad. Así, esta institución informa que en concordancia con las estadísticas internacionales, Osinergmin advierte que los actos inseguros siguen siendo la causa predominante.
Los constantes accidentes de tránsito en la carretera Panamericana Sur, como la reciente volcadura de una cisterna ocurrida en el Km 117 de la Carretera Interoceánica, distrito de Carumas, en la región Moquegua, y dejó consecuencias fatales, vienen generando creciente preocupación respecto a la seguridad en el transporte de hidrocarburos y la necesidad de reforzar las medidas preventivas.
En ese contexto, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) ha identificado un alarmante incremento en las emergencias vinculadas al transporte de combustibles líquidos y gas licuado de petróleo (GLP) en los últimos años.
Sin embargo, Osinergmin omite señalar que se trata de la empresa Trans Petróleo Bolivia S.R.L, la principal empresa responsable de los derrames.
Entre enero de 2020 y 31 de agosto de 2025, se contabilizaron 1208 incidentes a nivel nacional, siendo la conducción temeraria, el exceso de velocidad, la fatiga y las fallas mecánicas las principales causas reportadas que originaron colisiones, despistes y en algunos casos derrames de producto.
Osinergmin dice que un hallazgo clave del ente regulador es que los actos inseguros representan el principal detonante de estas emergencias. De acuerdo con los datos obtenidos, el 80.5% de las emergencias se atribuye a actos inseguros o condiciones externas asociadas al comportamiento del conductor, lo que evidencia la necesidad urgente de fortalecer la seguridad en este segmento del transporte terrestre.
Ante esta situación, Osinergmin ha intensificado sus acciones mediante la incorporación de herramientas tecnológicas innovadoras. Una de las principales iniciativas es la implementación del Centro de Monitoreo de Transporte de Hidrocarburos, el cual emplea tecnología satelital (GPS) para realizar el seguimiento en tiempo real de las unidades cisterna. Este sistema permite detectar desvíos, detenciones no programadas y operaciones de carga o descarga no autorizadas, contribuyendo significativamente a la prevención de accidentes y a la protección de la ciudadanía.
Asimismo, con el fin de fomentar la participación ciudadana y fortalecer la fiscalización, se ha puesto a disposición de las autoridades y del público la aplicación móvil “Verifiquemos Juntos”. Esta herramienta permite consultar si una cisterna cuenta con autorización para operar, así como reportar posibles casos de transporte informal, impulsando así la formalización del sector y la mitigación de riesgos.
Finalmente, Osinergmin exhorta a todos los actores involucrados —conductores, empresas transportistas, autoridades locales y regionales— a trabajar de manera articulada en la prevención de accidentes, a fin de salvaguardar la seguridad ciudadana y promover un transporte de hidrocarburos seguro, formal y confiable en todo el territorio nacional.
 
 
 
 
 
DE VACA MUERTA A BRASIL: EL GAS ESTÁ, LA DEMANDA TAMBIÉN... ¿Y EL ACUERDO?
 
Vaca Muerta está lista para exportar más gas. Brasil necesita ese recurso. El potencial está sobre la mesa. Pero el desafío es político, comercial y técnico. Si no se articulan voluntad, reglas y confianza, la ventana de oportunidad podría cerrarse tan rápido como se abrió.
 
El Economista de Argentina (https://n9.cl/wdg52)
 
Funcionarios y ejecutivos de Argentina y Brasil debatieron cómo llevar el gas de Vaca Muerta al corazón industrial del gigante sudamericano. Abundancia, demanda y precio competitivo: la fórmula está, pero falta un plan firme.
Con más de 125 millones de metros cúbicos diarios (MMm³/d) de gas no convencional en producción y un potencial que podría triplicarse, Vaca Muerta se posiciona como una fuente energética clave para el Cono Sur.
Pero, mientras se habla de abundancia, aún no hay una hoja de ruta clara para exportar volúmenes sostenibles hacia Brasil, el mayor mercado industrial de la región.
En el marco de un evento coordinado entre el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y el Instituto Brasileño de Petróleo, Gas y Biocombustibles (IBP), se celebró el foro "Los Desafíos de la Integración Gasífera en el Cono Sur", que unió en tiempo real la AOG Expo 2025 en Buenos Aires con el Río Pipeline en Brasil.
Empresarios, reguladores y funcionarios coincidieron en que el gas está disponible, la demanda existe y hay una oportunidad histórica de integración energética, pero también advirtieron: sin contratos en firme, reglas claras y precios competitivos, los caños seguirán vacíos.
Leopoldo Macchia, vicepresidente Comercial de Tecpetrol, lo dijo sin vueltas: "Bolivia dejará de exportar gas a Brasil en 2029. Vaca Muerta puede cubrir ese vacío, pero sin contratos en firme y sin infraestructura adicional, no llegamos".
Hoy, la petrolera produce 25 MMm³/d y puede escalar a 40 MMm³/d, según Macchia. Pero advirtió que el desafío no es técnico sino comercial: "Tenemos gas, pero hay que garantizar precios competitivos en destino. Y eso exige optimizar el costo del transporte".
Desde Transportadora Gas del Norte (TGN), su CEO Daniel Ridelener aportó contexto:"Hace 5 años no nos creían cuando hablábamos de llegar a Brasil. Hoy ya enviamos moléculas. El próximo paso son contratos firmes que justifiquen nuevas inversiones".
Actualmente, el gas argentino cuesta entre US$ 5 y US$ 5,50 por MMBTU, mientras que la industria brasileña paga entre US$ 16 y US$ 17. "Ahí está la ventaja competitiva que debemos capturar", señaló.
Las alternativas para exportar gas incluyen:
•          Paso por Bolivia, usando gasoductos existentes.
•          Uruguaiana-Porto Alegre, desde el norte argentino.
•          Ruta por Paraguay, aún en etapa conceptual.
Pero el transporte implica más que mapas: hay entre 3.000 y 5.000 km de caños, costos logísticos significativos y una estructura de tarifas que debe rediseñarse.
"Bolivia cobra hasta 1,9 dólares por MMBTU de transporte. En Argentina, ese costo es de apenas 0,50. Hay margen para competir, pero hay que escalar", explicó Ridelener.
Por su parte, Marcello Gomes Weydt, del Ministerio de Minas y Energía de Brasil, fue contundente: "Tenemos los ductos. Ahora necesitamos precios competitivos. Nuestra demanda industrial podría llegar a los 30 MMm³/d".
Sin embargo, Walter Farioli, de Transportadora Sulbrasileira de Gas (TSB), fue más escéptico: "Argentina habla de contratos a 20 años, pero este invierno le faltó gas para su propio consumo. Hay que pensar primero en volumen real y después en precios".
Farioli también advirtió que la integración no puede limitarse al estado de Río Grande do Sul, cuya demanda es de apenas 6 MMm³/d. "Esto debe pensarse a escala país. No podemos firmar contratos firmes si el panorama político y económico es incierto", concluyó.