El Gobierno
de Bolivia abrió la posibilidad de denunciar el Tratado de 1904, que coronó las
aspiraciones chilenas privando al país de una salida soberana al mar, pero
además de exigir un resarcimiento a Santiago.
Así lo señaló
el vicecanciller boliviano, Juan Carlos Alurralde, luego de asistir a la
Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que trató el proyecto de
Ley de Celebración de Tratados Internacionales.
“Ante la
Corte Permanente de Arbitraje (CPA), Bolivia puede pedir no solamente la falta
de cumplimiento, puede pedir todos los impactos económicos, un resarcimiento de
daños”, afirmó Alurralde en declaraciones a los periodistas.
Precisó que
la posibilidad de una demanda al Tratado de 1904 está abierta por las cláusulas
del mismo acuerdo firmado entre ambos países y a las cuales puede apelar el
Gobierno boliviano.
Según
detalló, el Tratado de 1904 establece cuál es el mecanismo para la resolución
de controversias. “Primero —señaló Alurralde— dice ‘el Káiser de Alemania’,
pero posteriormente se refirió a la Corte Permanente de Arbitraje
Internacional”, por lo que la posibilidad de recurrir a este organismo judical
no está descartada.
Además, en reiteradas oportunidades las autoridades nacionales señalaron que el Gobierno chileno no cumplió las cláusulas del Tratado, por lo que incluso una demanda ante la Corte puede tener mayores implicancias.
“Debido a la poca aplicación de este Tratado y por su evidente violación cada día, Bolivia puede pedir a la Corte Permanente de Arbitraje su anulación”, enfatizó el viceministro de Relaciones Exteriores.
Además, en reiteradas oportunidades las autoridades nacionales señalaron que el Gobierno chileno no cumplió las cláusulas del Tratado, por lo que incluso una demanda ante la Corte puede tener mayores implicancias.
“Debido a la poca aplicación de este Tratado y por su evidente violación cada día, Bolivia puede pedir a la Corte Permanente de Arbitraje su anulación”, enfatizó el viceministro de Relaciones Exteriores.
Los datos
Basado en un
estudio realizado por el economista internacional Jefrey Sachs, el Gobierno
sostuvo que Bolivia “pierde entre el 1 y el 1,5 por ciento del crecimiento (del
Producto Interno Bruto) anual por el hecho de estar enclaustrada”.
En esa línea,
el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Óscar Calle, en un
encuentro con el presidente Evo Morales, en abril de este año, detalló las
consecuencias de la mediterraneidad boliviana desde 1879.
Explicó que
“el PIB per cápita en Bolivia alcanzaría a más de 9.500 dólares anuales con una
salida al mar; si hacemos un cálculo de una tasa de interés compuesto del
crecimiento del PIB, en este momento tendríamos 7.300 dólares per cápita más de
lo que tenemos (2.232); esos 7.300 (por año) es lo que se ha perdido en 134
años”.
La Ley de
Aplicación Normativa, promulgada el 20 de mayo, en su artículo cinco abre la
posibilidad de que los Tratados Internacionales contrarios a la Constitución
Política del Estado no solamente sean denunciados, sino alternativamente demandados
ante tribunales internacionales, situación que puede aplicarse para este caso.
La CPA tiene
su sede en la ciudad holandesa de La Haya, y su finalidad es la resolución de
controversias internacionales sobre la base de convenios de arbitraje y tratados
internacionales.
“Bolivia
puede pedir, no sólo por la falta de cumplimiento, puede pedir por todos los
impactos económicos, un resarcimiento de daños.
Juan Carlos
Alurralde
Vicecanciller
Proyecto de Ley de Tratados, en Diputados
Proyecto de Ley de Tratados, en Diputados
La Comisión
de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó ayer en su estación en grande
el proyecto de Ley de Celebración de Tratados Internacionales, dejando el
debate en detalle para hoy.
“Este
proyecto de ley responde al mandato constitucional del artículo 258 de la Constitución
Política del Estado” y tiene como objetivo establecer los mecanismos para la
firma de acuerdos internacionales basados en los principios constitucionales,
dijo el vicecanciller Juan Carlos Alurralde durante la sesión.
Ante la falta
de normativa sobre el tema, Bolivia utilizaba “por costumbre” la Convención de
Viena sobre Derecho de los Tratados, puntualizó la autoridad diplomática.
El proyecto
de ley consta de 73 artículos, dos disposiciones adicionales y una final.
Tratados
Diputado Arce
Diputado Arce
Ley abrirá
opción de demandar tratados
Existen
tratados internacionales que no pueden ser denunciados, ya que implica una
serie de consecuencias jurídicas en el contexto internacional, por lo que el
recurrir a la demanda de aquellos acuerdos contrarios a la Constitución es una
opción que se abrirá con la aprobación del proyecto de ley de Celebración de
Tratados Internacionales, afirmó el presidente de la Comisión de Constitución
en la Cámara de Diputados, Héctor Arce (MAS).
La denuncia
Una buena
alternativa
La demanda de
los tratados internacionales contrarios a la Constitución, específicamente los
limítrofes, es otra forma de renegociar o denunciar un acuerdo o convenio
internacional, señaló el viceministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos
Alurralde.
La Constitución
Derecho
boliviano
La Carta
Magna señala que “el Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e
imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y a su
espacio marítimo”. En ese marco, el país recurre a todos los medios posibles
para consolidar esta premisa.
Opinión
LITORAL BOLIVIANO
El Universal de Venezuela (www.eluniversal.com/opinion)
Aun cuando
pareciera paradójico, bajo esta denominación, se conoció, comúnmente,
desde 1825, al departamento del Litoral o costa del desierto de
Atacama que integrara el territorio boliviano hasta 1883, cuando fue usurpado
por Chile, como botín de guerra, espacio con el cual nació Bolivia, cuando
proclamó su independencia, haciéndose acreedora a un litoral extenso en
el océano Pacífico, ubicado dentro del departamento de Potosí, en
frontera con el Perú y al sur, el río Salado, afluente del río Loa, que
separa a Bolivia de Chile, conforme a la Real Audiencia de Charcas.
La pertenencia
legítima de Atacama a Bolivia pudiera verificarse en los documentos que le
dieron vida política: la presencia de un diputado por Atacama, cuya rúbrica se
halla estampada en el acta de Independencia nacional. Desde su primera
Constitución (1826), Bolivia se reconoce como un país marítimo e incluye dentro
de su territorio las provincias Litoral y Tarija. En virtud de lo expuesto,
queda a criterio de la CIJ, la aplicación pertinente del Uti Possidetis
Juris, a objeto de que Bolivia reivindique su acceso soberano, justo e
incondicional al océano Pacífico. Y, por el Norte Grande, Chañaral,
Caldera y Huasco.
Opinión
“LA GUERRA DE LOS DIEZ CENTAVOS”
El Nuevo Diario de Argentina (www.nuevodiarioweb.com.ar/notas)
En 1878, la
Asamblea Constituyente de Bolivia rompiendo el tradicional sometimiento del
país a los intereses económicos extranjeros, dictó una ley por la cual se
establecía como condición a la Compañía de salitres y ferrocarriles de
Antofagasta, el pago de un impuesto de diez centavos por quintal de salitre
exportado. La omnipotente compañía anglo- chilena, explotaba las salitreras en
suelo boliviano sin las más mínimas exigencias. Su gerente general, Jorge Hicks
-el famoso “Rey del salitre”- se jactaba de las “coimas” que pagaba a los más
altos funcionarios de la administración boliviana del presidente Hilarión Daza,
para postergar la aplicación de la ley impositiva. No obstante se aplicó un
ridículo impuesto de 1.50 pesos, sobre los 10 centavos que estaban
establecidos, que en nada podía afectar a la compañía que gozaba de pingües
ingresos.
El 10 de
enero de 1879, desoyendo amenazas y presiones, el prefecto de Antofagasta,
mandó cumplir la ley, conminando a la compañía de salitres a pagar el nuevo
impuesto. Jorge Hicks se negó a firmar la notificación y fue a asilarse en el
buque de guerra chileno “Blanco Encalada”, que había fondeado en Antofagasta.
El prefecto boliviano mandó a embargar los bienes de la compañía, señalando
para tal procedimiento el día 14 de febrero. Pero ese día, los chilenos
desembargaron sus efectivos en Antofagasta, ocupando el territorio costero
boliviano y dando inicio a la Guerra del Pacífico, a la que se sumaría Perú por
un tratado de defensa recíproca con Bolivia.
Las primeras
acciones bélicas se desarrollaron en el mar. El comandante naval Miguel Grau,
con su buque Huáscar asoló los puertos chilenos escribiendo páginas heroicas,
hasta su inmolación en la Batalla de Angamos, el 8 de octubre de 1879.
Destruida virtualmente la flota peruana, la guerra prosiguió por tierra. En la
campaña de la Sierra, que culminó con la caída del Morro de Arica (Perú), se
destacó Roque Sáenz Peña, uno de los pocos sobrevivientes (estaba incorporado
al ejército peruano como teniente coronel).
La
superioridad chilena era manifiesta. A la caída de Tarapacá, Tacna y Arica
siguió la entrada triunfal de los chilenos a Lima el 17 de enero de 1881. La
guerra estaba concluida, pero recién el 20 de octubre de 1883 se firmó la paz.
Bolivia quedó excluida del tratado que sólo suscribieron Chile y Perú. Recién
un año después se firmó la tregua entre Chile y Bolivia, pero el diferendo
territorial no concluyó. Con posterioridad, el tratado de 1904 pretendía ser
definitivo. Se lo denominó pomposamente de “Paz y Amistad”, en el que Bolivia
reconocía la pérdida del mar y no volver a reclamar esos territorios, pero es
el tratado que aún hoy lo discute Bolivia, sosteniendo que constituyó un
grosero chantaje internacional, logrado por la presión de las armas. Esta es la
cuestión que se reaviva en estos días en la Corte Internacional de La Haya.
BOLIVIA: PIÑERA NO DICE LA VERDAD SOBRE RETIRO
DEL TEMA MAR DE LA ASAMBLEA DE OEA
Bolivia
retiró temporalmente la demanda marítima de los temas que debatirá la OEA
porque el pasado 24 de abril presentó una demanda contra Chile ante la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, de Naciones Unidas.
El Nacional de Venezuela (www.el-nacional.com)
El Gobierno
de Bolivia acusó hoy al presidente de Chile, Sebastián Piñera, de no haber
dicho la verdad sobre por qué se retiró el tema de la demanda marítima
boliviana de la agenda de debates de la próxima asamblea de la OEA en
Guatemala.
"No tiene
relación con la verdad lo que dice el presidente Piñera. No tiene ninguna
relación con la verdad", remarcó el canciller boliviano, David Choquehuanca,
en una rueda de prensa.
Según
Choquehuanca, Piñera dijo hoy que se alegra de que en la asamblea de la
Organización de Estados Americanos (OEA) "los países de América Latina
hayan resuelto que este tema no va ser parte de la agenda, logrando un gran
triunfo para la diplomacia chilena".
El ministro
explicó que Bolivia retiró temporalmente la demanda marítima de los temas que
debatirá la OEA porque el pasado 24 de abril presentó una demanda contra Chile
ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, de Naciones Unidas.
Choquehuanca
dijo que hay versiones de prensa confusas al respecto porque la inclusión o no
del tema no fue sometida a ninguna votación, ni hubo manifestación alguna de
los países sobre el tema.
Aseguró que
fue Bolivia la que inscribió como cada año el asunto el pasado 22 de marzo,
pero ayer lunes pidió su retiro en una reunión preparatoria de la asamblea de
Guatemala con el argumento de que desde el 24 de abril el tema es tratado en la
CIJ.
"Una vez
presentada la demanda de conformidad a la práctica internacional corresponde la
suspensión temporal del tratamiento del tema marítimo en la Asamblea General de
la OEA", una decisión "que también es asumida por respeto a la
competencia de la investidura del máximo órgano judicial de las Naciones
Unidas", señala un comunicado que leyó hoy el ministro ante los
periodistas.
No obstante,
el comunicado añade que en la Asamblea de la OEA de Guatemala, que se celebrará
los primeros días de junio, "la delegación boliviana hará conocer las
acciones emprendidas por el Estado Plurinacional de Bolivia ante la Justicia
Internacional".
Choquehuanca
también recordó que en 1979 la OEA aprobó una resolución para que Bolivia y
Chile inicien negociaciones sobre la demanda boliviana de salida soberana al
mar y desde entonces, La Paz siempre presentó informes al foro sobre la
situación del diálogo.
Bolivia
perdió en la guerra del Pacífico (1879-1883) ante Chile 400 kilómetros de costa
y 120.000 kilómetros cuadrados de superficie.
Horas antes,
el representante de Bolivia ante la CIJ, Eduardo Rodríguez, fundamentó en el
mismo sentido la decisión del retiro de la demanda de los debates de la OEA y
añadió que eso no supone la "extinción de la competencia" de ese foro
para tratar el tema.
Opinión
TRASPIÉ DE BOLIVIA EN LA OEA
La Tercera de Chile
(www.latercera.com/noticia/opinion)
La decision
del gobierno boliviano de excluir el tema del diferendo marítimo con Chile en
la próxima asamblea de la OEA en Guatemala -hecho que no ocurría desde 1979,
cuando invariablemente La Paz había llevado este tema cada año ante la asamblea
regional- constituye un acierto de la diplomacia chilena y un signo
evidente de que la pretensión de Bolivia por hacer de esta controversia un
asunto multilateral pierde fuerza.
La Paz
justificó esta decisión debido a que el diferendo con Chile está siendo objeto
de un pronunciamiento por parte de la Corte Internacional de Justicia en La
Haya, por lo que no correspondería tratarlo también en la OEA. Pero conviene no
pasar por alto que Bolivia tuvo la pretensión de que el tema también fuese
tratado en la asamblea, lo que motivó una petición de Chile ante el Consejo
Permanente del organismo para que éste resolviera si procedía o no dicha
petición. La falta de respaldo que encontró el requerimiento boliviano entre
los países de la región obligó a Bolivia a retirar su petitorio antes de que se
votara. Se trata de un duro revés para La Paz, que se suma al que ya había
experimentado en 2012 durante la reunión de la OEA en Cochabamba, donde
abrumadoramente se consideró que el diferendo era un tema estrictamente
bilateral.
Este nuevo
traspié, sumado al débil sustento jurídico e histórico de la demanda que ha
presentado en La Haya, la cual difícilmente podrá prosperar, debería motivar
una profunda reflexión en el gobierno de Bolivia para renunciar a la pretensión
de una salida al mar soberana y retomar la agenda de diálogo con Chile, que en
todo momento se ha mostrado dispuesto a la cooperación mutua. Acertadamente el
Presidente Sebastián Piñera reiteró ayer en su cuenta pública que no existen
temas limítrofes pendientes con Bolivia, y que esa ha sido la postura
invariable del país.
“¿MAR PARA BOLIVIA?”
El Ciudadano de Chile (www.elciudadano.cl)
Mes del mar en Chile, buena época para discutir sobre los últimos hechos
que están ocurriendo en nuestra relación con Bolivia. Tras tener comparecer
nuevamente ante La Haya esta vez demandados por Bolivia, se hace más necesario
entregar elementos a la opinión pública sobre nuestra relación con el país
altiplánico, a fin de aportar a la discusión serena que permita crear las
condiciones para una resolución pacífica y duradera con nuestros vecinos y
hermanos. El Ciudadano Nº 142 aborda en profundidad el tema, en una edición
especial, en colaboración con aportes desde Bolivia.
¡No te lo pierdas, corre a los kioscos por el tuyo y hagamos que se agote
esta edición, para que El Ciudadano nunca se acabe!
Ante un nuevo
juicio en La Haya, esta vez con Bolivia por su demanda marítima, recorremos la
historia de compromisos y acuerdos previos que dieron lugar a esta demanda. Las
razones bolivianas, opiniones de expertos y antecedentes que dan cuenta de la
existencia de un problema que debe solucionarse definitivamente, a pesar de la
política negacionista del gobierno y la estrategia diplomática.
Para ello
recorremos la postura de los diferentes presidentes de Chile respecto a la
materia, con citas que dan cuenta de su posición respecto al tema. Además, un
compilado de las frases de chilenos destacados que apoyan la demanda marítima,
por razones económicas, políticas o incluso sentimentales, constituyéndose en
una postura transversal, aunque no mayoritaria, en el espectro político y
social del país.
A esto se
suma un perfil de los dos agentes que representaran a Chile ante La Haya, con
sus fortalezas y debilidades. Por un lado, el representante chileno Felipe
Bulnes y, por el otro, el boliviano Eduardo Rodríguez Veltzé, que se
encontrarán en Holanda el próximo 12 de junio.
Al ser una
edición binacional, puedes leer los argumentos bolivianos para sustentar su
demanda. En esa línea, se analiza desde el aspecto económico los problemas que
ha traído para Bolivia la mediterraneidad, así como los problemas con los
diversos incumplimientos del Tratado de 1904 por parte de Chile, que van en
desmedro de los intereses bolivianos. Finalmente, una visión desde el cine a la
demanda, en lo que es una temática repetitiva en la creación cultural de
nuestros vecinos.
En esta
edición, además, establecemos una alianza con Panorama News, quienes nos
aportan con investigaciones sobre los últimos problemas judiciales en que se ha
visto envuelta la PDI, además, de un resumen de la investigación sobre las
muertes de trabajadores registradas en SQM, de propiedad del ex yerno de
Pinochet.
Como siempre
la sección Cultivos Chilenos, con una mirada a la producción nacional de
cultura en todas sus formas y envases, junto a la columna de Pedro Lemebel, que
vuelve con su sección “Ojo de loca no se equivoca”.
Un nuevo operativo encubierto busca involucrar a
una autoridad boliviana en actividades de narcotráfico y afectar la imagen del
presidente
CIA Y DEA LLEVAN ADELANTE UNA NUEVA CONSPIRACIÓN
CONTRA BOLIVIA
Rebelión de España (www.rebelion.org)
Dos agentes
de la CIA identificados y con residencia en Santa Cruz y dos agentes de la DEA,
que hace poco participaron de un curso antidrogas organizado por la FELCN y la embajada de EEUU, forman parte de un
nuevo operativo encubierto que busca involucrar a una autoridad boliviana en
actividades de narcotráfico y afectar la imagen del presidente Evo Morales.
A menos de un
mes de que el presidente Evo Morales anunciara la expulsión de la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) por injerencia en
asuntos internos, una operación encubierta de inteligencia se viene
desarrollando por los servicios estadounidenses para involucrar a algunas
autoridades bolivianas, particularmente al viceministro de Defensa Social,
Felipe Cáceres, en actividades de narcotráfico.
Todavía es
muy difícil de precisar sobre el tiempo desde que se está desarrollando la
operación encubierta y combinada de los servicios de inteligencia de los
Estados Unidos: la Central de Inteligencia Americana (CIA) o la Drug
Enforcement Administration (DEA) ¿Antes o después de la expulsión de USAID?,
¿es una reacción ante la medida adoptada el 1 de mayo de 2013 o forma parte de
los intentos de construir una matriz de opinión nacional e internacional que
levante sospechas contra el grado de compromiso real del gobierno boliviano en
la lucha contra el narcotráfico?
Hay razones
que pueden apuntalar cada una de estas interrogantes. En oportunidades
anteriores hemos denunciado los constantes intentos de Washington en tratar de
presentar a Bolivia como un estado fallido en el enfrentamiento al
narcotráfico. Todos recordamos como hace dos años atrás la embajada
norteamericana en Bolivia coordinó un operativo conjunto de la CIA y la DEA
para convertir al ex general de Policía, René Sanabria, de colaborador de la
DEA en narcotraficante.
Una semana
antes de que se realizara el operativo de la DEA en Panamá contra Sanabria –que
en el pasado fue un activo colaborador de la DEA-, se produjo una reunión secreta
en la embajada estadounidense en La Paz entre Reginald Tillery - un ex agente
DEA que se quedó en Bolivia para trabajar con la NAS luego de la expulsión de
la agencia antidrogas estadounidense en 2008-, con Rodney Delano Smith, alto
oficial de la CIA en Bolivia, bajo fachada de Primer Secretario de la Misión
estadounidense a cargo de asuntos regionales.
En la
mencionada reunión y a sugerencia de Tillery, se acordó la participación
directa del oficial DEA radicado en Paraguay Andy Banks, en el operativo de
detención de Sanabria. Banks es un viejo compinche de Tillery. Durante los años
de 2007 hasta febrero de 2009 estuvo radicado como oficial de la DEA en
Cochabamba, al igual que otros agentes de la DEA se dedicó más a la labor
subversiva y de espionaje contra el gobierno popular de Evo Morales que a
colaborar con las autoridades bolivianas para combatir el narcotráfico.
El objetivo
de ese operativo, en febrero de 2011, estaba claro: montar una campaña
difamatoria contra el gobierno boliviano, alegando la existencia de una
supuesta corrupción y vínculos con el narcotráfico en sus más altas esferas.
De nuevo a la
carga
A dos años de
ese operativo, todo parece indicar que los servicios de inteligencia de Estados
Unidos, especialmente la DEA y la CIA en Bolivia, preparan en contubernio con
algunas fracciones de la oposición de derecha, una nueva campaña de descrédito
e intentos de desestabilización contra el gobierno popular de Evo Morales,
recurriendo a las mismas mentiras de supuestos vínculos de altas personalidades
del Ejecutivo con el narcotráfico.
Ahora el
blanco aparente de los ataques es el viceministro de Defensa Social, Felipe
Cáceres, contra quien los servicios de inteligencia norteamericanos están
fabricando un expediente con supuestas evidencias que tratan de relacionarlo
con actividades de narcotráfico.
Según fuentes
bien informadas, los planes de la embajada norteamericana en La Paz pretenden
utilizar a ex miembros y a algunos oficiales activos de la Policía como
supuestos testigos y denunciantes contra el viceministro Cáceres, un ex
dirigente de los productores de la hoja de coca del Chapare, ex alcalde de
Villa Tunari y amigo personal del presidente Evo Morales.
El desarrollo
del operativo cuenta con la participación de dos oscuros personajes que bajo la
fachada de hombres de negocios radicados en la ciudad de Santa Cruz, vienen
realizando su labor encubierta como agentes de la CIA y la DEA desde hace
varios años.
Se trata de
los norteamericanos David Wayne Paiz y Bert Davi Castorino. El primero un viejo
agente de la CIA y la DEA, quien por orientación de estas agencias se radicó en
Bolivia hace varios años, luego de contraer matrimonio con una joven boliviana
y obtener ciudadanía de este país.
Wayne fue
infiltrado por la CIA en los servicios policiales bolivianos como profesor de
artes marciales, posición que le permitió desarrollar su actividad de espionaje
y captación de posibles candidatos dentro de las fuerzas de seguridad
bolivianas y su utilización como fuente de información para la embajada de los
Estados Unidos.
De acuerdo a
la información obtenida, el ciudadano norteamericano también participó de
alguna manera en la campaña de desestabilización que la ultraderecha boliviana,
apoyada por las corrientes internacionales, llevó delante de forma muy activa
contra el proceso popular que encabeza el presidente Evo Morales durante el
periodo 2006-2009.
Las agencias
de inteligencia estadounidenses, aprovechando esos vínculos estrechos le
asignaron a Wayne la tarea de contratar posibles denunciantes contra el
viceministro Cáceres, los que se encargarían de presentar y sustentar supuestas
evidencias de los vínculos de la autoridad boliviana con actividades de tráfico
de drogas, según se plantea.
La CIA, a
través de Wayne, ha llegado a ofrecer hasta un millón de dólares a estos falsos
testigos como pago a su colaboración, según se desprende de la información
obtenida.
Wayne reporta
directamente a Bert Davi Castorino, persona de origen italiano, nacionalizado
en Estados Unidos y con un largo historial de servicio dentro de la CIA.
Al igual que
Wayne, el italo-norteamericano Castorino lleva varios años radicado en Bolivia
y es un importante enlace entre la estación CIA en La Paz con los grupos y
líderes de organizaciones de extrema derecha de la ciudad de Santa Cruz.
También mantuvo relaciones con los dirigentes de la línea dura opositora contra
el proceso de cambio.
Aún no se
tiene plenamente identificada a la estructura de esa nueva conspiración contra
el gobierno de Evo Morales, pero todo indica que Castorino está a cargo y
responde ante sus jefes de la CIA por la operación fabricada contra el
viceministro Cáceres.
Como parte
importante de estas acciones de la CIA, en colaboración con la DEA, Castorino
está explorando qué personajes comprometidos con la justicia boliviana, ya sea
jueces o fiscales, podrían servir al cumplimiento del operativo encubierto.
Según señalan las informaciones preliminares, hace muy poco Castorino sostuvo
un encuentro con el Fiscal cruceño Alvaro de la Torre, conocido por sus vínculos
con los sectores más reaccionarios de la oposición y sobre quien existen
sospechas de corrupción.
La reunión
entre Castorino y Alvaro de la Torre se llevó a cabo en el Bar Discoteca Budu,
al cual el enlace CIA acude con frecuencia y utiliza como lugar predilecto para
tratar negocios que califica como delicados.
El
representante de la CIA dispone de medio millón de dólares para el fiscal que
investigue el caso, cuando la denuncia se haga efectiva contra Cáceres, y para
que reciba la declaración de los falsos testigos y para que se encargue de
promover una investigación sobre estos supuestos cargos.
Como parte
del operativo encubierto, a partir del 13 de mayo dos agentes de la DEA se
encuentran en Bolivia con el objetivo de encontrar y aportar más elementos al
objetivo conspirativo.
La
oportunidad para que los agentes DEA lleguen a Bolivia fue la organización de
un curso anti-drogas para los miembros del GIOE de la FELCN que se llevó a cabo
en el Hotel Asturias de Santa Cruz.
La
coordinación del curso, que tuvo que llevarse a cabo hasta el 24 de mayo, pero
que por razones no conocidas se suspendió el viernes 17, fue entre la FELCN, la
NAS, la DEA y Donald Frerich, director de capacitación de la embajada de
Estados Unidos en La Paz.
¿Pero es
Cáceres el objetivo último de la operación encubierta?
Los servicios
secretos de los Estados Unidos, como ha ocurrido con el caso del general
Sanabria, están trabajando para que el operativo esté acompañado por una
repercusión mediática dentro y fuera de Bolivia. Ya sea con relación directa o
no, la CIA y la DEA espera que se produzca una reacción inmediata de líderes y
políticos de oposición en sentido de pedir la renuncia del viceministro de
Defensa Social y una investigación sobre hasta dónde conocía el presidente Evo
Morales las supuestas actividades de tráfico de drogas de uno de sus más
cercanos funcionarios.
Los servicios
de inteligencia de Estados Unidos saben que el desarrollo de esta operación
encubierta no producirá ningún terremoto que ponga en peligro la estabilidad
del gobierno de Morales, dado el respaldo mayoritario que tiene de la
población, según ha quedado demostrado en todos los sondeos de opinión desde
que asumió la dirección del Estado boliviano.
Pero, por lo
visto se pretende lograr dos objetivos: primero, alimentar una matriz de
opinión internacional que criminalice y estigmatice aún más al gobierno
boliviano en la lucha contra el narcotráfico. A las autoridades estadounidenses
les ha caído bastante mal que Bolivia haya conseguido exitosamente la defensa
de la hoja de coca al denunciar la Convención de Viena de 1961 y luego su
reincorporación.
El gobierno
de Morales también ha criticado duramente a la administración de Obama por
incorporar a Bolivia con juicios negativos en su informe anual sobre la lucha
contra las drogas, a pesar que las Naciones Unidas han reconocido que es el
país que más ha reducido sus cultivos de coca respecto de Colombia y Perú, y
que también el que más acciones de represión al accionar del narcotráfico ha
llevado a cabo.
El segundo
objetivo es construir una matriz de opinión dentro de Bolivia para afectar la
imagen del gobierno boliviano y sobre todo del presidente Evo Morales, quien se
dispone a participar de las elecciones de 2014 luego que el Tribunal
Constitucional Plurinacional habilitará su postulación al responder
positivamente a una consulta de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Es evidente,
entonces, que una vez más los sectores más reaccionarios dentro de EEUU y los
órganos de inteligencia de dicho país muestran la falsedad sobre su disposición
de establecer una real y efectiva colaboración con el gobierno boliviano para
enfrentar el flagelo que constituye el narcotráfico, bajo principios de respeto
a la soberanía y no injerencia en asuntos internos.
Como se ha
señalado en oportunidades anteriores, la lucha contra el narcotráfico es el
pretexto que Estados Unidos utiliza para tratar de imponer su presencia militar
y el amplio despliegue de su enorme aparato que compone la llamada comunidad de
inteligencia estadounidense, dirigido a la desestabilización y derrocamiento de
los gobiernos progresistas en nuestra región que no se someten a los designios
imperiales de Washington.
Editorial
REELECCIÓN POLÉMICA
La voluntad de Evo Morales de optar a un tercer
mandato vulnera la Constitución boliviana
El País de España (www.elpais.com/elpais)
El Gobierno
de Bolivia publicó el lunes la ley que permite a Evo Morales presentarse por
tercera vez a las elecciones presidenciales. Después de haber ganado los
comicios en 2006 y de haber sido reelegido en 2010, la próxima cita con las
urnas será en 2014. Nada habría que objetar a esta decisión de no ser porque la
Constitución prohíbe un tercer mandato presidencial. La misma Constitución, por
cierto, que Morales promulgó en 2009 y con la que anunció el advenimiento de
“una nueva era” en Bolivia.
Un año antes,
el presidente se había comprometido a no permanecer en el poder más de dos
periodos. “Evo no es ambicioso. Evo no tiene intereses”, proclamó.
Ahora se
desdice y el Gobierno sostiene que, en realidad, el primer mandato no cuenta,
porque se dio antes de la refundación de Bolivia. En 2009, por tanto, se pone
el contador a cero, y en 2014 Morales se postulará a su “reelección”, y no a la
“re-reelección”.
Esta artimaña
política choca de nuevo con la Constitución, que señala, específicamente, que
los mandatos presidenciales anteriores a su entrada en vigor “serán tomados en
cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones”. Ese
precepto fue determinante para que la oposición diera su apoyo a la nueva Carta
Magna.
Lo peor del
caso no es que el Gobierno boliviano pisotee las normas, sino que para ello
haya contado con el aval del propio Tribunal Constitucional, que hace suyos los
argumentos del Ejecutivo por encima del respeto a la ley.
El episodio,
que la oposición califica de “golpe a la democracia”, pone de manifiesto una
tendencia preocupante en América Latina. Porque el afán por prolongar el
mandato más allá de los límites constitucionales está implicando la
desarticulación del juego de contrapesos que frena los abusos de poder. Los
resortes democráticos se utilizan para ir socavando la democracia, gracias al
control progresivo de todos los estamentos del Estado, incluido el judicial.
Evo Morales
sigue los pasos del ecuatoriano Rafael Correa, del nicaragüense Daniel Ortega y
del mentor de todos ellos, el venezolano Hugo Chávez. El mismo debate se abre
ahora en Argentina a raíz de la controvertida reforma judicial impulsada por
Cristina Fernández, que asegura, como hizo Morales en su día, que no piensa en
una tercera elección.
Opinion
El Gobierno boliviano promulga la disposición
que permite al presidente presentarse a las elecciones y elimina las dudas
sobre su ajuste a la norma constitucional
La Voz Digital de España
(www.lavozdigital.es/cadiz)
El
vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, promulgó como mandatario en
funciones la ley que le permite a Evo Morales postularse para un tercer mandato
en las elecciones del próximo año. Para el Gobierno, la aspiración de Morales
cumple la norma constitucional de optar a una reelección consecutiva porque no
se cuenta el periodo del año 2006 al 2009 al considerarse que fue previo a la
fundación del estado plurinacional. Por su parte, la oposición critica las
ansias del primer jefe del Estado indígena de «perpetuarse en el poder» y lo
tilda de «autoritario».
La luz verde
para que Morales se convierta en el gobernante con más años en ejercicio -si
gana terminaría en 2020- en la historia del país sudamericano fue aprobada en
abril por la Asamblea Legislativa y posteriormente avalada por un fallo del
Tribunal Constitucional. «Fue una buena decisión preguntar al Tribunal (.).
Ahora se acabó el debate. Basta de quejidos, de protestas. Lo que queda ahora
es el camino ancho, constitucional. La democracia es eso: vamos a ganar el
voto, vayamos a hablar cara a cara con el pueblo», exclamó García Linera tras
firmar la ley. El vicepresidente sustituía en sus funciones temporalmente a
Morales, quien está de viaje en Estados Unidos.
«El
presidente está habilitado constitucionalmente para ir a la reelección. Evo
Morales puede ser reelecto para gobernar desde el 2015 al 2020, esto está
clarito como esta agua que voy a beber», agregó García Linera.
Los
adversarios del exdirigente cocalero sumaron otra preocupación tras el anuncio
de un miembro del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia del probable adelanto
de los comicios de diciembre a octubre del 2014. La diputada Norma Piérola, de
Convergencia Nacional, señaló «algo están preparando para garantizar la futura
re-reelección».
Otros adversarios
de Morales, incluso dentro del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS),
como la diputada Rebeca Delgado, cuestionan el «autoritarismo y
discrecionalidad que viola la Constitución Política».
Récord
Esa
afirmación fue usada en Estados Unidos por un presentador de la CNN, quien
cuestionó al mandatario boliviano sobre su autoritarismo. «¿Por qué me dice
autoritario, por qué no primero investiga; qué elementos tiene?», se defendió
Morales. Insistió en que «la reelección es constitucional. De dónde se ha
inventado que ir a una reelección es perpetuarse (en el poder). Controle el
lenguaje de sus preguntas. Vamos a batir el récord para Bolivia. El presidente
Andrés de Santa Cruz estuvo diez años, qué bueno sería que el pueblo consciente
nos permita batir ese récord».
Morales se
convirtió en el primer presidente indígena al vencer en 2005 con el 53,7% de
los votos, y asumió el cargo en enero de 2006. A continuación convocó a una
Asamblea Nacional y un referéndum constitucional. Sin cumplir los cuatro años
establecidos en la anterior carta magna, volvió a arrasar en las urnas en 2009
aumentando sus apoyos, con un 64%, para un mandato de cinco años.
En la
actualidad, y pese a los problemas internos, las huelgas sindicales y los
reclamos laborales, el presidente aún conserva apoyo como para volver a ganar
en los próximos comicios.
LATINOAMÉRICA VIVE LA FIEBRE DE LA REELECCIÓN,
AFIRMA EL DIRECTOR DE IDEA
El Sol de la Florida de EEUU
(www.elsoldelaflorida.com)
Los recientes
anuncios de Juan Manuel Santos y Evo Morales, de que aspirarán a repetir
mandato en Colombia y Bolivia, respectivamente, son la más reciente página de
una historia que cuenta cómo en los últimos años Latinoamérica ha sucumbido al
“reeleccionismo”, dijo hoy un experto analista.
El director
para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional (Instituto Internacional
para la Democracia y la Asistencia Electoral), Daniel Zovatto, declaró a Efe
que los últimos años han dejado claro que la región vive una “consolidación del
reeleccionismo presidencial” como forma de gobierno.
Actualmente,
países como Argentina, Nicaragua, Ecuador y Bolivia tienen gobiernos en su
segundo mandato, pero en otros como Chile, Brasil, Perú, El Salvador, Uruguay y
Colombia, han tenido esta experiencia en el pasado, o podrían tenerla en sus
próximos comicios.
En Colombia,
Santos ha confirmado que aspirará a un nuevo mandato, y lo mismo se espera de
la popular mandataria brasileña, Dilma Rousseff y de la expresidenta chilena
Michelle Bachelet.
“La región es
hoy claramente diferente. Latinoamérica pasó de tener periodos de gobierno
cortos y muchas veces interrumpidos, a periodos largos y liderados por las
mismas figuras”, argumentó Zovatto.
Añadió que
“la figura del presidente ha venido fortaleciéndose, haciéndose más
personalizada, podemos hablar de un hiperpresidencialismo, algo que favorece la
reelección”.
Destacó que
desde 1978 en la región, todos los personajes que han intentado reelegirse lo
han conseguido, a excepción de Hipólito Mejía, en República Dominicana en 2004
y de Daniel Ortega en 1990 en Nicaragua, aunque posteriormente ganó las
elecciones en 2006 y suma ya dos mandatos consecutivos.
Un total de
14 países latinoamericanos permiten la reelección presidencial de diversas
maneras, ya sea consecutiva o alterna, y en el caso único de Venezuela,
indefinida.
En algunas de
estas naciones, la reelección fue incorporada a la Constitución recientemente,
por los mismos gobernantes que aspiraban a permanecer en el poder, subrayó el
analista político.
Para el analista,
la reelección es un fenómeno más popular en Suramérica que en Centroamérica,
donde es prohibida en Guatemala y Honduras, pero en estos y otros casos se ve
lo que él llama “reeleccionismo conyugal”, es decir que mandatarios que ya no
tienen posibilidad legal de continuar en el Gobierno, postulan a sus esposas
como candidatas.
Tal es el
caso actual de la esposa de Manuel Zelaya, Xiomara Castro, candidata de la
izquierda para las elecciones de noviembre próximo en Honduras.
“Néstor
Kirchner puso de moda esta tendencia en 2007, al ser electa su esposa Cristina
Fernández”, expresó el director de IDEA y acotó que además de Castro, la otra
mujer que podría aspirar a continuar la obra de su esposo es Nadine Heredia,
esposa del mandatario peruano, Ollanta Humala.
Para el
director de IDEA, la reelección no es negativa en sí misma, pero debe estar
rodeada de una fuerte institucionalidad, especialmente en el Poder Judicial, de
un sistema eficiente de pesos y contrapesos y por una ciudadanía capaz de
reclamar sus derechos, para evitar abusos.
“En numerosos
casos, la figura de la reelección presidencial en América Latina se ha
caracterizado por ser más desafortunada que afortunada, puesto que ha servido
para que algunos gobernantes pretendan permanecer de modo indefinido y hasta
perpetuarse en el poder”, subrayó.
A criterio de
Zovatto “estamos ante una fiebre reeleccionista que es una mala noticia para
una región caracterizada por la debilidad institucional y la personalización
creciente de la política”.
ACUERDO BINACIONAL CON BOLIVIA PERMITIRÁ CONTROL
ADUANERO INTEGRADO EN FRONTERA SUR
Los Andes de Perú (www.losandes.com.pe/Nacional)
La jefa de la
Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat),
Tania Quispe, y la presidenta ejecutiva de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB),
Marlene Ardaya, suscribieron hoy el Acta de Controles Aduaneros Integrados, que
compromete a ambas administraciones a operar en el Paso de Frontera de manera
coordinada y conjunta, estableciendo un proceso único para la facilitación y
control.
El acuerdo,
suscrito en la localidad fronteriza de Desaguadero (Puno), traerá una serie de
beneficios para los ciudadanos y el Estado en su lucha contra los delitos
aduaneros permitiendo, principalmente, realizar cruces de información en la
gestión de trámites y en el movimiento mercantil de la zona.
También para
implementar un sistema eficiente e integrado de gestión y control que aminore
la evasión tributaria en la zona de frontera.
Dicho
convenio es resultado de uno de los compromisos adoptados en el seno de la
Comisión Binacional de Lucha contra el Contrabando Perú - Bolivia a efectos de
consolidar una labor conjunta, a fin de reducir la comisión de ilícitos
aduaneros en la zona de frontera que ambos países comparten.
Los
funcionarios bolivianos trabajarán simultáneamente con los oficiales aduaneros
de Perú, para realizar una única parada de control durante su paso por la
frontera, sea de ingreso o de salida del país.
En la
ceremonia participaron además el superintendente nacional adjunto de Aduanas,
Rafael García, el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, Félix
Vásquez, el cónsul de Bolivia en Puno, Eloy Poma, el presidente regional de
Puno, Mauricio Rodríguez, y la fiscal provincial de Puno, Carmen Vargas, entre
otros.
Previamente,
Quispe estuvo en el distrito de Desaguadero - Puente Binacional para inaugurar
el Puesto de Control Aduanero (PCA) de la Intendencia de Aduana Puno, diseñado
para controlar el ingreso y salida de personas, mercancías y vehículos de
turismo.
En este local
también funcionará temporalmente la Agencia Aduanera de Desaguadero, hasta su
reconstrucción, por lo que se atenderán despachos de importación, exportación,
tránsito y demás regímenes aduaneros a cargo de especialistas y oficiales de
Aduanas.
El nuevo
local cuenta con mejor infraestructura para brindar una adecuada atención al
público y los usuarios de comercio exterior.
Los nuevos
espacios permitirán realizar labores dentro de espacios designados para
funciones específicas, como un área para trámites de internación de vehículos y
zona especial para la revisión de equipajes y cargas.
US$ 530 MILLONES DE MERCADERÍA DE CONTRABANDO
INGRESA ANUALMENTE A PERÚ
Puno y Tacna son las fronteras por donde ingresa
mayormente
Los Andes de Perú (www.losandes.com.pe)
El
contrabando opera libremente en el Perú, burlando hábilmente los puestos de
control de frontera, según estimaciones de la Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), donde anualmente por esta
modalidad ingresan al país 530 millones de dólares.
Estos
cálculos corresponden a un estudio realizado en el año 2011, y la mayor parte
de mercancía ilegal ingresa por las regiones del sur del país como Puno y Tacna
en un 75%, donde las grandes mafias operan organizadamente, con una capacidad
resolutiva superior a sus contrincantes: la Policía Nacional y el personal de
Aduanas.
“Las últimas
estimaciones que se hicieron en el año 2011 de manera muy gruesa señalaban que
el contrabando estaba en aproximadamente 530 millones de dólares, a valor
costo. Yo calculo que a precio de venta esto tiene que estar triplicado, 1,500
millones”, afirmó Tania Quispe, jefa de la SUNAT.
Aseveró que,
la SUNAT está aplicando una estrategia integral de combate al contrabando y
para ello trabaja de la mano con países como Bolivia, para controlar en forma
coordinada los puestos de frontera.
La
funcionaria, indicó que los contrabandistas sacan ventaja de una frontera muy
amplia y esto les permite que todo el tráfico ilegal vaya fluyendo,
contraviniendo a los intereses de la industria nacional.
Estas
declaraciones las hizo ayer durante la instalación del Puente Nuevo de Desaguadero
(Puno) para aumentar el control del ingreso de mercancías a Perú. En lo que va
del año, el ingreso de contrabando por la región Puno, asciende a los 2
millones 595 mil 160.67 dólares.
El Diario Montañés de España
(www.eldiariomontanes.es)
El ministro
boliviano de Culturas, Pablo Groux, sostuvo hoy que el actor estadounidense
Sean Penn "ofende al pueblo boliviano" al pedir que el Rally Dakar
2014 no pase por este país si el Gobierno de Evo Morales no libera al
estadounidense Jacob Ostreicher, retenido sin cargos en Bolivia desde 2011.
"La
declaración del señor Penn resume la peor de sus actuaciones en toda su
trayectoria, es una declaración ofensiva con el pueblo boliviano, absolutamente
descontextualizada y carente de todo conocimiento", afirmó Groux.
"Ya han
pasado los tiempos" en los que las autoridades estadounidenses
"podían incidir sobre los destinos o emprendimientos de cualquier
país", aseveró el ministro.
Según Groux,
ni el Congreso estadounidense ni las empresas de ese país tienen nada que ver
en la competición, organizada por la firma francesa ASO, con una trayectoria de
39 años en los que "en ningún momento ha tenido la influencia de actores
ni de parlamentarios".
El ministro
replicó así a las declaraciones que Penn hizo el lunes ante el Congreso de su
país, al que pidió ayuda para convencer a los patrocinadores del Rally Dakar
2014 de que cancelen su paso por Bolivia si no se retiran todos los cargos que
pesan sobre su compatriota Jacob Ostreicher.
"Les
pido que utilicen su influencia para pedir a los patrocinadores que requieran
que se libere al señor Ostreicher como una primera señal de buena voluntad,
mientras Bolivia sigue trabajando en los retos de su sistema judicial, o que el
rally Dakar no entrará en Bolivia", dijo el actor.
El empresario
estadounidense está bajo arresto domiciliario desde diciembre pasado, cuando
fue liberado de la prisión boliviana en la que permanecía desde 2011 por
acusaciones de blanqueo de dinero, cargos que siempre ha negado.
El salar de
Uyuni, en el suroeste de Bolivia, ha sido incluido en el circuito para el rally
Dakar de enero de 2014, que pasará también por Argentina y Chile y cuyos
patrocinadores son Honda, Mitsubishi, Michelin, Total, Karcher, Edox, Red Bull
y Aggreko.
Penn
consideró que un "símbolo de libertad" como el Dakar no debe pasar
por un país donde "miles de prisioneros" viven "rodeados del
tipo de salvajismo humano que sólo imaginamos en pesadillas".
Groux señaló
hoy que el caso de Ostreicher está en manos de la justicia y "tiene que
seguir el curso legal" correspondiente "y eso no tiene nada que ver
con una competencia como el Dakar".
Insistió en
que Penn "ofende al pueblo boliviano" con su declaración, que
calificó de "desaprensiva", "irresponsable" y
"desubicada".
En una de las
visitas de Penn a Bolivia, el presidente Evo Morales le nombró
"embajador" del país para defender el masticado de la hoja de coca,
promover la demanda marítima boliviana ante Chile y lograr la extradición desde
EE.UU. del exmandatario Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado por la muerte de 60
personas en una revuelta social en 2003.
La buena
relación entre el oscarizado actor y Morales es bien conocida en Bolivia, por
lo que las palabras de Penn han sido recibidas con perplejidad.
El canciller
boliviano, David Choquehuanca, señaló este martes que el Gobierno debe analizar
estas declaraciones y precisó que antes de opinar desea escuchar de primera
mano las palabras del actor.
BRASIL EXPONDRÁ EN BOLIVIA SU PLAN DE
INVERSIONES EN EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS
Spanish People de China (www.spanish.people.com.cn)
Brasil, a
través de su petrolera estatal Petrobras explicará en Bolivia su plan de
inversiones en exploración en ese país y en otras regiones durante el III
Congreso Internacional Gas & Petróleo que se desarrollará el 23 y 24 de
mayo en la ciudad de Santa Cruz, al este de Bolivia, informó hoy la estatal
YPFB.
La Gerente
Ejecutiva de Petrobras, Angélica García Cobas Laureano, será la encargada de
brindar mayores detalles sobre esta temática durante el Congreso.
Expertos de
diferentes países y representantes de empresas de primera talla internacional
del sector hidrocarburos participarán del III Congreso Internacional YPFB Gas
& Petróleo que se desarrollará bajo el lema "Exploración y
Petroquímica: Promoviendo inversión y Agregando Valor"
Angélica García
es Ingeniera Metalúrgica egresada de la Universidad Católica de Río de Janeiro
(PUC-RJ) en 1978.
En 1995
obtuvo una maestría en Administración de Empresas (MBA) en el instituto COPPEAD
de Administración de la Universidad Federal de Río de Janeiro. En 1980, se unió
a Petrobras, y desde entonces ocupó varios puestos de dirección.
Actualmente
es la directora ejecutiva de Marketing y Comercialización de Gas y Energía,
área responsable de la compra de productos nacionales e internacionales tanto
para la venta de gas natural a los distribuidores del Estado, como para la
comercialización de la energía eléctrica producida por Petrobras.
Brasil es uno
de los principales mercados al cual Bolivia suministra gas natural en el marco
del contrato Gas Suply Agreement (GSA) suscrito entre las petroleras estatales
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Petrobras en 1996, con
vigencia de 20 años.
En 2011 y
2012 se obtuvieron los mayores ingresos por la comercialización del energético
en el marco de este contrato, cuyos montos superaron los 2.800 millones de
dólares y 3.497 millones de dólares respectivamente.
Petrobras ocupa el cuarto lugar en la clasificación que hay de las mayores empresas petrolíferas internacionales de capital abierto.
Petrobras ocupa el cuarto lugar en la clasificación que hay de las mayores empresas petrolíferas internacionales de capital abierto.
Durante las
dos versiones anteriores del Congreso, organizado por YPFB, Petrobras aseguró
que no puede prescindir del gas natural boliviano y que necesita del energético
para abastecer con el producto al sur de Brasil.
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