BOLIVIA: LA JUSTICIA ANULÓ LA REELECCIÓN INDEFINIDA Y ASÍ PROSCRIBIÓ A EVO MORALES

 

En Bolivia avanzó un paso más la proscripción, esta vez hecha ley. Mejor dicho, a partir del caso emblemático del ex Presidente Evo Morales, el mejor primer mandatario de la historia de la vecina República Plurinacional de Bolivia, a quien impiden judicialmente lo que bien podría lograr con la fuerza de los votos. Otro caso más de low fare (mejor digamos, en español, guerra jurídica), que resulta ser la forma del Poder real para aplicar a las democracias que se hayan revelado.
Si los sistemas sirvieron para que sus pueblos avanzaran varios casilleros en justicia social, independencia económica y soberanía política, hay que bajarlos de un hondazo. Por ello se trata de la misma práctica que hemos visto lleva adelante la embajada yanqui en buena parte de los destinos de nuestra región. En la Argentina ocurre con la ex Presidenta Cristina Fernández, a quien le impiden ser candidata a cargos públicos de por vida, en una causa sin pruebas… ¡y sin vergüenza!
Lo que está cada vez más claro es que las trasnacionales tienen el objetivo de disciplinar a las comunidades que se permitieron ser parte de aquella brillante época en la que muchos de nuestros países tenían presidentes -y presidentas- que se parecían a sus pueblos. No recuerdo quien pronunció la frase que acabo de escribir, una síntesis maravillosa del avance logrado por varios países que encumbraron gobiernos populares, que nos sacaron del neoliberalismo brutal.
“El máximo órgano judicial del país decidió que el presidente y vicepresidente “sólo pueden ejercer su mandato por dos periodos continuos o discontinuos”.
“El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia -máximo órgano judicial del país- anuló la potestad de la reelección indefinida en un dictamen que inhabilita al expresidente Evo Morales de cara a los comicios de 2025. Según la decisión tomada, presidente y vicepresidente “no pueden ejercer más de dos mandatos de forma continua o discontinua”. En medio de una fuerte interna dentro del partido del Gobierno, el exmandatario salió a denunciar que “tratan de proscribir” y acusó a los magistrados de responder “órdenes del imperio”.
“La sentencia determina que la reelección indefinida “no es un derecho humano” y fue emitida a raíz de una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin posibilidad de apelación. Además, anula un dictamen emitido por el mismo organismo en 2017 cuando Morales se preparaba para disputar nuevas elecciones aunque no estaba permitido por la Constitución, consignó la agencia de noticias ABI
“Concretamente, la sentencia apunta a los cargos de presidente, vicepresidente, diputados o senadores, que no pueden ejercer más de dos mandatos, ya sea de forma continua o discontinua. El dictamen también incluye a también gobernadores y alcaldes que hayan sido electos desde la entrada en vigencia del actual texto constitucional, es decir, desde 2009.
“De esta manera, la sentencia impide a Morales ser candidato a presidente en los próximos comicios, tal como lo postula un sector del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), en medio del fuerte enfrentamiento con el actual mandatario -y ex ministro de Economía de Morales- Luis Arce, de su mismo partido.
“La reacción de la oposición
“En este contexto, opositores al exmandatario celebraron el dictamen. Entre ellos, Jeanine Áñez, encarcelada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución vinculados a las acusaciones de golpe de Estado, dijo que el dictamen “pone punto final al delirio de Evo Morales de reelegirse por siempre”. Por su parte, histórico opositor de Morales, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dijo que la sentencia es un impedimento para que ningún “aprendiz de tirano pisotee el voto o desconozca un referendo acabe haciendo fraude con la sola intención de perpetuarse en el poder”.
“Camacho, que ayer cumplió un año preso, está acusado por la fiscalía de Bolivia de haber sido el autor de forzar la renuncia de Morales en 2019. El líder opositor, en esa época, presidía el comité cívico de Santa Cruz y pidió públicamente a Morales su dimisión, tras acusarlo de promover un fraude electoral ese año para quedarse en el Gobierno hasta 2025. El cruceño anunció entonces que iría hasta las oficinas de Morales para que firmara una carta de renuncia, que la llevaría en la mano izquierda, y la Biblia en la mano derecha. Según él, la administración de entonces gobernaba alejada de los principios bíblicos.
“El gobernador llegó a La Paz el 10 de noviembre de 2019, pero Morales ya había dimitido desde la región cocalera del Chapare, y días más tarde partiría hacia México. Áñez asumiría días después la Presidencia con una biblia en la mano, en medio de una fuerte represión con fuertes actos racistas, con quema de whipalas, que dejó más de 37 personas fallecidas. (https://acortar.link/yF7FQm)
 
 
 
 
 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE BOLIVIA BLOQUEA LA CANDIDATURA DE EVO MORALES PARA 2025
 
Una resolución emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional añade un nuevo elemento de potencial crisis en el sistema político, en medio de las disputas internas del MAS. El bloqueo de la candidatura de Evo Morales a las elecciones del 2025 ya ha sido denunciado por ese sector como expresión de la “derecha endógena” como calificó Morales al gobierno de Arce.
 
La Izquierda Diaria de Chile (https://acortar.link/w0roQI)
 
En medio de otros asuntos sobre la elección de los miembros y competencias del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), ese órgano emitió el 28 de diciembre una resolución donde se pronuncia, entre otras cosas, sobre la “reelección indefinida” y en concreto la legalidad o no de una posible postulación de Evo Morales a las elecciones del 2025.
En esta nueva resolución el TCP se alinea con la jurisprudencia internacional de la CIDH que declaró que esta figura, la de la reelección continua e indefinida, no es un derecho humano. Esta alineación de la reciente resolución del TCP deja de lado la escandalosa resolución que este mismo tribunal, aunque con otros miembros, emitió el año 2017 para facilitar la candidatura de Evo Morales a una cuarta elección presidencial, sin considerar el rechazo a esta figura en el referéndum del 21F del 2016, que impidió que Evo Morales pudiera modificar la constitución para una nueva reelección.
Las disputas entre el evismo y los renovadores del MAS, impactan al interior de las reparticiones estatales, incluido el parlamento y también en el órgano judicial y el TCP quienes deberían haber cesado sus funciones el pasado 31 de diciembre. El sabotaje por parte del TCP, a los diversos proyectos de ley para que las elecciones judiciales pudieran efectivizarse en los plazos establecidos, dio resultados, alentando a este mismo tribunal a emitir una declaración que prorroga sus funciones hasta que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) pueda garantizar elecciones judiciales, según ellos, que sean constitucionales.
De esta manera el gobierno de Luis Arce se asegura el control de este organismo que ya ha venido interviniendo en la vida política no solo del MAS sino de diversas organizaciones sociales y sindicales, arrogándose el derecho a determinar incluso la legalidad o no de diversos eventos, como por ejemplo el pasado congreso del MAS, en la localidad de Lauca Ñ, que ha sido declarado nulo por el OEP (Órgano Electoral Plurinacional) luego de una resolución del TCP.
TCP se erige como un súper poder de Estado
Durante el último año el TCP ha venido interviniendo en forma creciente en la vida política del país. Esto es resultado de la implícita tendencia de todas las fuerzas políticas a mantener las disputas y toda la polarización social y política en los estrechos marcos de la legalidad e institucionalidad estatal, sobrecargando a este organismo de peticiones cuyas resoluciones tienen efectos directos e inmediatos en la política y en el régimen. La posibilidad de que este organismo político – jurídico de establecer sin recurso de apelación posible, lo que es constitucional –y por lo tanto legal- de lo que no lo es, lo empieza a convertir en un súper poder del Estado, posición que va en contra de la misma constitución que solo determina la existencia de cuatro órganos estatales (órgano ejecutivo, órgano legislativo, órgano judicial y órgano electoral) que concentran el poder político del Estado.
Este creciente papel de árbitro, es decir bonapartista, en todas las disputas políticas, teniendo la posibilidad de dejar fuera de las elecciones a representaciones políticas con alcance nacional y fuerza social, condiciona el rumbo político del país y acelera las tendencias a la degradación de la misma democracia burguesa, cuyas reglas de juego pueden ser modificadas discrecionalmente a voluntad de los 7 miembros del TCP.
Postulación de Evo Morales a la presidencia el 2025 ¿imposibilidad jurídica o jugada proscriptiva?
La STC (Sentencia del Tribunal Constitucional) 1010/2023, con un ampuloso desarrollo argumentativo, busca impedir la postulación de Evo Morales a la presidencia para las elecciones del 2025, afirmando que:
“Finalmente cabe señalar que el art. 168 constitucional prevé una norma idéntica a la antes analizada 156 de la misma norma fundamental, en cuanto al periodo de mandato de cinco años de los asambleístas, que rige también para la presidenta o presidente, vicepresidenta y vicepresidente, pudiendo ser reelectas y reelectos por una sola vez de manera continua lo que significa, tal como se señaló precedentemente, que el ejercicio de dicho cargo puede extenderse a otro periodo similar de manera continua, no siendo posible pretender posterior a ello, volver a candidatear y menos ejercer dichas funciones por un tercer periodo, porque como ya fue dicho anteriormente, no existe derecho absoluto a la postulación indefinida, y su prohibición es compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y la Carta Democrática Interamericana; así como el postulado contenido en la Constitución Política del Estado, en su art. 168; pues la habilitación de la reelección indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa, y busca evitar que una autoridad se perpetúe en el poder y esa manera se asegura el pluralismo político, la alternancia en el poder, así como el sistema de frenos y contrapesos (…) Entender a partir de lo previsto por el art. 168 de la CPE, luego de ser reelegido por una sola vez de manera continua dejando un periodo, se puede nuevamente acudir al derecho de ser elegido, no es conforme a la constitución (destacado nuestro, NdR) porque este criterio interpretativo no condice con el sentido finalista de la constitución, bajo ningún concepto (…) Si el pacto constituyente hubiera tenido otra intencionalidad no hubiera colocado la frase de ´una sola vez´” [1].
Con estas afirmaciones el TCP, en línea con el gobierno de Arce en sus disputas con el evismo, y también con los golpistas de Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa y de Creemos de Luis Fernando Camacho, encubre la voluntad política antidemocrática de proscribir, de aquí en adelante, la postulación de Evo Morales a la presidencia. La resolución, lejos de afectar únicamente a Evo Morales, es en realidad proscriptiva de la voluntad política de cientos de miles de seguidores del ex presidente Morales.
Encubren esta decisión política mediante la palabrería y la chicanería jurídica, método muy arraigado en todos los tribunales del país y que ha conducido a un agravamiento de la deslegitimidad del Órgano Judicial y del conjunto de la institucionalidad estatal, apenas contenida por la voluntad de todos los actores políticos y sociales de mantener, por el momento y producto de su debilidad, la lucha política en el terreno legal e institucional.
Empero, esta contención cada vez más débil, puede terminar estallando y conducir toda la polarización política al terreno callejero. La consolidación o no de esta resolución constitucional, dependerá en definitiva de cómo se desarrolle la lucha política y en particular de sus manifestaciones callejeras. Creer que el evismo o diversas organizaciones sociales y sindicales no reaccionarán ante semejante jugada antidemocrática es como mínimo pecar de ingenuidad legalista e institucional.
Evo Morales, “víctima” de su “propia medicina”
El ex presidente denunció por la red social X, apenas conocida la resolución constitucional, la voluntad política del TCP para impedir su postulación electoral.
Así también, ex ministros y representantes del evismo en el parlamento y en algunas organizaciones sociales rechazaron esta resolución y denunciaron los intentos de impedir que Evo Morales pueda volver a ser candidato y eventualmente presidente. Sin embargo, la correcta denuncia de esta política antidemocrática, no puede ocultar que fue el mismo Evo Morales, a través de su ex ministro de Gobierno, Carlos Romero, y de Álvaro García Linera, quiénes negociaron con la derecha la inclusión del art. 168 que hoy es utilizado para impedir la re-postulación de Evo Morales [2].
Luego fue él mismo quien impulsó la instrumentalización judicial de la lucha política. Como se recordará, Evo Morales luego de haber perdido el referéndum del 21F, para modificar la constitución y abrir paso a una nueva reelección continua, la tercera según la nueva CPE, recurrió a este mismo tribunal para obtener la resolución 084/2017 que calificaba la reelección indefinida como un Derecho Humano. También, por ejemplo, cuando las y los trabajadores de la Universidad Nacional de Siglo XX (UNSXX) y del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni (SMTMH) estuvieron a la vanguardia en la formación del Partido de Trabajadores (PT) basado en la COB y los sindicatos, Morales impulsó una sañuda persecución judicial contra las y los trabajadores hasta la caída del sindicato y el abandono del PT por parte de la burocracia cobista.
Las denuncias contra Arce sobre la instrumentalización y división de las organizaciones sindicales y sociales mientras se judicializa a toda oposición política, olvida que fue el evismo quien hizo uso y abuso de estos métodos antidemocráticos de gestión de la política. Hoy recibe una pequeñísima parte de lo que fue habitual por lo menos en sus últimos 5 años de gobierno, hasta su renuncia y fuga del país durante el golpe de Estado del 2019.
Contra la derechización y judicialización de la política: impulsar la movilización independiente
Quiénes formamos parte de la Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional (LOR-CI) y que también hemos palpado la persecución política y judicial de Evo Morales y su gobierno por haber denunciado no solo una política de colaboración de clases con la oligarquía cruceña, basada en pactos y acuerdos, combinando esto con tendencias autoritarias contra sectores obreros, campesinos y populares, como fue con el PT, en la lucha del TIPNIS o Tariquía y otras, rechazamos y llamamos a movilizarnos para enfrentar las fuertes tendencias derechistas y autoritarias que emanan desde el Órgano Judicial y con el visto bueno del gobierno de Arce.
Todo ataque a los derechos y las libertades democráticas es un ataque que más temprano que tarde se expresará contra las y los trabajadores y el pueblo. Lejos de limitar la lucha a la eventual candidatura de Evo Morales, como pretenden burócratas afines al evismo, es urgente impulsar la movilización para enfrentar las tendencias autoritarias y promover la lucha por una verdadera y genuina ampliación de derechos y libertades democráticas.
Un primer paso en este camino pasa por exigir la elección libre de las y los magistrados al Órgano Judicial, terminando con el filtro parlamentario y las componendas que agravan la naturaleza derechista y conservadora de este órgano estatal. También se trata de exigir la revocabilidad de sus mandatos, así como exigir que todo funcionario y funcionaria judicial gane el equivalente al salario de una maestra de escuela o de un trabajador fabril calificado. Estas son algunas de las medidas orientadas a poner fin a todos los privilegios que convierten a lxs miembros del órgano judicial en una verdadera casta divorciada de los intereses y las necesidades de las y los de abajo. Sin embargo, llevarlas adelante no dependerá de nuevas y más acciones judiciales, sino que solo podrán efectivizarse a partir de la organización independiente y desde abajo del pueblo trabajador del campo y la ciudad. Basta de seguir mirando cómo los de arriba disputan y negocian con impunidad sus intereses mientras tienen en común vulnerar los derechos de las y los de abajo.
 
 
 
 
 
DOS SUPERPOTENCIAS MUNDIALES LIDERAN LA CARRERA POR LAS MATERIAS PRIMAS QUE MARCARÁN EL FUTURO: ENTRE ELLAS NO ESTÁN NI ESTADOS UNIDOS NI ALEMANIA...
 
El país que tiene las mayores reservas de esta materia prima en el mundo es Bolivia
 
NOVAC. JUTARNJI.HR de Crocia (https://acortar.link/AWnBj3)
 
Moscú concluyó un amplio acuerdo de suministro de litio con Bolivia, y Beijing también está presente en ese país sudamericano. Se están tomando decisiones importantes en la carrera por el acceso a sitios estratégicos y Alemania no está en el juego.
El mayor opositor del presidente boliviano Luis Arce pertenece a su propio campo político. El expresidente Evo Morales , que estuvo en el cargo de 2006 a 2019, a menudo critica públicamente a su exministro de Economía y actual presidente.
Por eso, la firma del contrato sobre el litio boliviano, escribe Deutsche Welle , que debería sacar al país de la crisis económica a medio plazo, llegó en el momento adecuado. El contrato es bastante atractivo.
Según datos oficiales, la empresa rusa Uranium One Group invertirá 450 millones de dólares en un proyecto piloto para la explotación de litio en Bolivia.
Después de años de conflictos que involucraron tanto a Morales como a Arce, el país ahora puede presentar un socio internacional.
Karla Calderón , la jefa de la empresa estatal de litio, dijo que el emprendimiento en los cerros de Bolivia tendrá tres fases. En la primera fase, el objetivo es producir 1.000 toneladas de carbonato de litio al año. En la segunda fase, esta cantidad aumentará a 8.000 toneladas por año, y en la tercera fase, se prevén 5.000 toneladas adicionales.
El foco está en causar el menor daño posible al medio ambiente, por lo que el proyecto servirá para realizar investigaciones encaminadas a comprobar la viabilidad tecnológica de futuras plantas, afirmó Calderón.
Este contrato ya es el segundo de este tipo firmado con una filial del consorcio estatal ruso Rosatom. En junio del año pasado, ambas partes acordaron la construcción de un complejo industrial de carbonato de litio en la zona del cráter volcánico de Pastos Grandes.
La preferencia de Bolivia por China y Rusia
"La competencia por el litio es feroz", dice el experto en relaciones entre América Latina y Rusia, Vladimir Rouvinski , de la Universidad Icesi de Colombia. “Parece que se están haciendo alianzas estratégicas que van de la mano con las preferencias de los gobiernos actuales, por ejemplo, en el caso actual, la preferencia del gobierno boliviano por empresas chinas y rusas. Al fin y al cabo, estas alianzas son de corto plazo, dado que la lógica económica dicta que los intereses económicos prevalecen sobre las afinidades fugaces", añade.
Además de Rusia, escribe la Deutsche Welle , China también podría beneficiarse de Bolivia. El consorcio chino Contemporary Amperex Technology encabeza los socios chinos que pretenden invertir 1,4 mil millones de dólares en la construcción de una instalación para la explotación de litio.
Y el presidente Luis Arce es consciente de que Bolivia podría ser más rápida en materia de minería de litio. "Aquí se aplica el viejo dicho popular de que vamos lento porque tenemos prisa", dijo y agregó que Bolivia debe tomar "pasos seguros" porque no debe permitirse errores en un tema tan importante.
Arce también despierta esperanzas en los socios fuera de Rusia y China: "Nuestras visitas a la Unión Europea, Brasil y los países BRICS han demostrado claramente que hay un gran interés en nuestro litio".
El carbonato de litio se utiliza para la producción de baterías de litio para coches eléctricos. En el proceso de transición de los combustibles fósiles a la energía eléctrica, el litio es una materia prima estratégica. Los geólogos estiman las reservas de litio de Bolivia en 23 millones de toneladas. Estas son las reservas más grandes del mundo.
Hace cinco años, Alemania tenía fama de tener la mejor posición inicial en Bolivia. La empresa conjunta entre Berlín y La Paz marcaría el comienzo de la explotación. Alemania, como importante fabricante de automóviles, tenía grandes esperanzas en este tipo de negocio.
Pero a esto le siguieron turbulencias políticas en Bolivia y el proyecto se convirtió en el tema de la campaña electoral. Pero el equipo alemán también cometió errores.
Mientras tanto, el proyecto murió. Alemania espera acuerdos similares en Argentina y Chile, países que también tienen ricos depósitos de litio.
Al menos Alemania logró ampliar el acuerdo de libre comercio con Chile, lo que debería facilitar proyectos conjuntos de minería de litio.
 
 
 
 
 
¿QUÉ PASA EN LA ECONOMÍA DE BOLIVIA Y CUÁLES SON LAS PROYECCIONES PARA EL 2024?
 
Diversos sectores bolivianos observan con preocupación la situación económica del país. La percepción de la población contrasta con la del gobierno, según el cual no hay crisis y asegura que existe estabilidad.
 
Voz de América de EEUU (https://acortar.link/fnLxGM)
 
Jimena Núñez, emprendedora boliviana, dice que terminó el 2023 con dificultades para cubrir sus necesidades y mantener a su familia: “Uno va al mercado con el presupuesto de la canasta familiar básica, ni siquiera para darnos gustos, pero han subido las cosas en 50 centavos, un pesito o más y así el presupuesto del hogar varía. Ya no alcanza”.
Su testimonio coincide con muchos bolivianos consultados, incluso es la misma opinión que tienen los sectores empresariales y productivos de Bolivia, quienes manifiestan su preocupación por el manejo de la economía durante el 2023.
Entre los aspectos determinantes que identificaron las fuentes consultadas están la caída de las reservas, el déficit fiscal, la escasez de dólares, la subvención de los combustibles y el auge del contrabando.
Estas estimaciones contrastan con la visión optimista del gobierno del presidente Luis Arce. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, proyectó el pasado martes que el producto interno bruto (PIB) crecerá un 3,7 % y estima que la inflación será del 3,6 %.
De acuerdo con Montenegro, el país suramericano mantuvo estabilidad de precios en medio de un contexto complicado por la quiebra de bancos en Estados Unidos y la guerra en Ucrania.
"[Es una situación] muy privilegiada", dijo a medios locales el viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales. Los expertos, sin embargo, estiman que la desaceleración no se detendrá en esta gestión.
Un discurso optimista
El mandatario boliviano, quien fue ministro de Economía y Finanzas Públicas entre 2009 y 2019, ha reiterado su discurso optimista acerca del crecimiento gradual de la economía boliviana, argumentando que los indicadores de organismos internacionales demuestran la “rápida recuperación”.
“Somos, aunque muchos quieran negarlo, la economía de mayor estabilidad en toda la región y una de las más estables en todo el mundo”, aseguró Arce en un encuentro con la prensa en diciembre. Destacó entonces específicamente dos indicadores económicos: la disminución del desempleo al 3,6 % y la caída de la inflación al 1,48 %.
“¿De qué crisis podemos hablar? (…) Pero aún, por supuesto, no estamos conformes con este 3,6 %. Hay que seguir reduciendo y en eso estamos empeñados desde el gobierno nacional", agregó el mandatario.
El analista financiero, Jaime Dunn, difiere del discurso oficial y los datos que maneja el gobierno de Arce. En conversación con la Voz de América explicó por qué existe un debilitamiento de la economía boliviana que también es percibida por calificadoras internacionales.
“Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que la gente ve y la gente, el mejor economista es la gente de a pie (…) Hay un costo grande para mantener la inflación baja y es baja por las razones equivocadas, porque hay alta producción en el país. Hemos cambiado el gas por la deuda, de estar exportando sobre 6.000 millones de dólares en gas natural al año, estamos exportando menos de la mitad -como 2.800 millones de dólares- entonces evidentemente han caído los ingresos, pero el tema es que los gastos no han bajado”, dijo el analista.
La calificadora internacional Standard&Poors rebajó, el 22 de noviembre, la calificación de riesgo crediticia soberana de Bolivia a CCC+, por la caída de las exportaciones, las reservas bajas y el déficit fiscal. De acuerdo con Dunn-dice- debería tenerlo en cuenta. "Las calificadoras internacionales ya vienen advirtiendo desde 2014 que la economía boliviana está entrando a un periodo complejo”, advirtió.
Detractores y seguidores del actual plan económico de Bolivia
Arce y el expresidente Evo Morales, ambos del Movimiento al Socialismo (MAS) y por años cercanos colaboradores, protagonizan una disputa política. Morales niega que Arce sea el ideólogo del modelo económico boliviano, incluso lo catologó como un "cajero" y lo ha responsabilizado por lo que considera el "hundimiento económico" de Bolivia.
“Creen que [el presidente Luis Arce] Lucho es ideólogo del modelo económico, él en el gabinete era conocido como ‘cajero’, no como ideólogo, si fuera ideólogo en tres años hubiera levantado la economía de Bolivia, más bien en tres años ha hundido la economía de Bolivia”, dijo Morales en acto público el pasado mes de septiembre.
Pero ministros, legisladores y movimientos sociales que respaldan al presidente Arce y defienden su plan económico al que consideran “exitoso”, pese al contexto internacional adverso. El propio ministro de Economía, Marcelo Montenegro, afima que “hay un sabotaje pactado” que busca perjudicar al Arce.
El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, Jean Pierre Antelo, en un mensaje de evaluación difundido en diciembre pasado dijo que “el Estado en sus distintos niveles prefirió la confrontación interna y la disputa con otros en lugar de promover la creación de valor (…) Solo convocaron a las instituciones empresariales para la fotografía, pero no nos apoyaron como lo necesitábamos”, cuestionó.
Dijo además que hubo excesivos controles estatales a la actividad empresarial, aunque aclaró que los obstáculos fueron superados con resiliencia por su sector.
El contrabando
El contrabando en Bolivia fue un tema de preocupación constante para los empresarios del país en 2023. Un estudio elaborado por la Cámara Nacional de Industria (CNI) el 2022, indicó que el contrabando alcanzó un valor de más de 3.300 millones de dólares anuales, casi el 8 % del Producto Interno Bruto (PIB). Además solo se habría decomisado el 3,18 % de la mercadería ilegal que ingresó al país.
Esta entidad remarca que el impacto negativo del contrabando desindustrializa la dinámica del “Hecho en Bolivia” que apoya la producción nacional, elimina el empleo formal y frena la reactivación económica.
El presidente de la Federación de Entidades Empresariales de Bolivia, Luis Laredo dijo a la VOA que "el contrabando mueve más que muchos rubros que están legalmente establecidos en el país".
"Debemos luchar contra eso, se debe cambiar la normativa. Pero es un tema de voluntad política, no podemos seguir incentivando es desmedro de las empresas legalmente establecidas en el país”, afirmó.
El mercado de las bebidas alcohólicas está entre los rublos cada vez más deteriorado, de acuerdo a un reciente estudio difundido a fines de 2023 por el economista y exdirector del Banco Central de Bolivia, José Gabriel Espinoza.
“El 20 % del mercado está copado por el consumo ilegal de bebidas alcohólicas, donde el 13% corresponde al consumo ilegal de cerveza y el 7 % a otras bebidas. En 2022, el fisco boliviano perdió 218,6 millones de dólares en recaudación por el contrabando de bebidas alcohólicas”, dijo Espinoza.
A su vez hizo una alerta. “Hay que entender que esto frena todo el desarrollo del sector. Uno no va a invertir más porque sabe que no va a poder vender más, y si no invierte más, probablemente no pueda acceder a mercados de exportación y por lo tanto el mercado legal sigue contrayéndose y el mercado ilegal sigue creciendo”, explicó el experto.
¿El litio es el futuro?
El litio se presenta como la oportunidad del futuro económico de Bolivia. De acuerdo con el presidente Arce, es “la punta de lanza para la industrialización del país”.
Por eso, en 2023 se establecieron convenios para la aplicación de la tecnología de extracción directa de litio (EDL) con las firmas chinas CATL BRUNP &CMOC (CBC) y Citic Guoan. En diciembre, la rusa Uranium One Group alcanzó un convenio para instalar una planta piloto de extracción directa de litio en el salar de Uyuni, con capacidad para producir hasta 15.000 toneladas al año a partir de 2025.
Además fue suscrito un acuerdo con la empresa india Altimin, con vistas a desarrollar tecnología para la fabricación de baterías de ion litio.
Sin embargo, expertos y legisladores de oposición consultados por la Voz de América afirman que existe falta de transparencia en el manejo de la información ya que se desconocen los detalles de estos documentos y los alcances de las inversiones.
Según información estatal, Bolivia pasó de tener 21 a 23 millones de toneladas de reservas de litio.
Perspectivas para el 2024
De acuerdo con el economista José Gabriel Espinoza la economía boliviana tiene tres problemas clave que deberán ser atendidos por el gobienro de Arce:
1- Agotamiento de las reservas, no solo internacionales sino para las familias en términos de ahorro y capacidad de endeudamiento.
2- Negación de las condiciones del país respecto al entorno global y las percepciones reales de la población.
3- La imposibilidad de hacer algunos ajustes por factores ideológicos en medio de un contexto político cada vez más complejo de cara a las elecciones de 2025.
“Esta pérdida de confianza probablemente sea el efecto más duro que está enfrentando el gobierno boliviano, y en los últimos meses hemos visto cómo estas perspectivas se han ido modificando y también la sensación de la población en general es negativa sobre el futuro inmediato", dijo Espinoza.
De acuerdo con el analista financiero Jaime Dunn para salir de la actual situación el gobierno de Arce no deberá continuar adquiriendo deudas sino deberá reducir el gasto.
"Pero lamentablemente el modelo económico, social y productivo busca el crecimiento con base en el gasto público y el alto consumo, no activa las variables de inversión privada o de exportaciones”", explica.
Datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior indican que las exportaciones de enero a octubre del 2023 cayeron 2.523 millones de dólares, en comparación con igual periodo de 2022. Las importaciones apenas bajaron 240 millones.
“Luego de 3 años consecutivos de superávit entre 2020 y 2022, Bolivia vuelve al déficit comercial el 2023, con 177 millones de dólares”, indicó el gerente general Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez.
De acuerdo con Rodríguez, en el 2024 debería producirse una sólida alianza público-privada y señales claras del gobierno. “La apertura del mercado de la China para exportar carne bovina es un buen ejemplo de trabajo público-privado, en el campo de la sustitución competitiva de importaciones”, concluyó.
 
 
 
 
 
SE DEBE FRENAR A LA IZQUIERDA
 
Para poner fin a un proyecto que solo lleva a la ruina, señala diputado español de VOX, Víctor Gonzáles. “Latinoamérica debe salir del agujero de oscuridad que han significado los movimientos bolivarianos. La izquierda ha llevado a la ruina a naciones como Bolivia, Nicaragua, Venezuela, entre otros”, dijo.
 
La Razón de Perú (https://acortar.link/U56cl2)
 
El diputado español del partido Vox, Víctor González, consideró que el año que inicia será muy complicado para el Perú en el plano geopolítico, pues asegura que el “Grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo” andan haciendo actividades para tumbar al gobierno de Dina Boluarte.
En declaraciones al diario La Razón comentó que la victoria del conservador Javier Milei en Argentina “es el inicio de la reconquista y va a ir abriendo el camino de lo que va a ocurrir en el resto del continente y en Europa también” para vencer al socialismo del Siglo XXI.
¿Cómo se caracterizará la lucha contra el Socialismo del Siglo XXI en el 2024?
Bueno, creo que la victoria de Javier Milei en Argentina es el inicio de la reconquista y va a ir abriendo el camino de lo que va a ocurrir en el resto del continente y en Europa también. Que las alianzas de los gobiernos conservadores de Giorgia Meloni (Italia), Viktor Orbán (Hungría), Milei (Argentina) y probablemente el siguiente presidente republicano de Estados Unidos que vayamos a tener a finales del año 2024 van a generar un cambio de tendencia, un cambio de ciclo y que empezaremos a salir de este agujero de oscuridad que ha significado el socialismo y los movimientos bolivarianos que han asolado todas las regiones.
Pero, aun así, en Latinoamérica, y también en España, el pueblo sigue optando por estas tendencias progresistas ¿Por qué la izquierda sigue teniendo cierta popularidad?
Porque la mitad de los medios de comunicación desafortunadamente por dejadez del ámbito conservador están en manos de los movimientos socialistas y de la socialdemocracia, y esa es la realidad que ha llegado a muchísima gente, pero las mentiras se sostienen poco tiempo y es lo que estamos viendo. O sea, la victoria de Milei ha sido un grito de esperanza para todos y si se ha conseguido en Argentina se va a conseguir en el resto del mundo sin lugar a duda. Tardará tiempo, pero lo hemos visto con el presidente Pedro Sánchez. En España tenemos a un presidente que dijo que nunca aprobaría una ley de amnistía porque es anticonstitucional y 48 horas después estaba haciendo una amnistía catalana, contradiciendo sus propias palabras y a todos los miembros de su gobierno que habían hecho lo mismo que él. Bueno, pues eso termina pasando factura y yo creo que es el principio del cambio. Muchas veces uno tensa una cuerda, la va tensando hasta que se rompe y es lo que ha pasado con Argentina, que ha significado la ruptura con el Peronismo y con el Kirchnerismo de una población que ya estaba harta de ser engañada.
¿Cómo sería también la contraofensiva de la izquierda mundial, al ver que están perdiendo terreno en el 2024?
Va a ser un mundo mucho más complicado de lo que ha sido el 2023, con muchísima inestabilidad internacional. Estamos al borde de una confrontación que yo creo que no hemos conocido ninguna de las generaciones que estamos vivas y, por lo tanto, hay que hacer las cosas muy bien, meditar todos los pasos que vamos dando y luchar contra el eje del mal que está liderado por Irán, Rusia y China. Defender las democracias y a los que creen en la civilización occidental, que está basada en el respeto a la ley y a las personas, y en contra de los regímenes autocráticos y dictaduras, regímenes que justamente no son responsables que en el mundo haya menos pobreza, menos hambruna y haya una renta per cápita superior. Eso lo ha conseguido Occidente, no lo ha conseguido el comunismo. Y por lo tanto tenemos que estar alertas, dado que el mundo se está polarizando y se volverá a dividir muy probablemente en los bloques de aquellos que creen en la democracia y en la libertad, y aquellos que creen en el marxismo y el comunismo, que es lo que quiere el Partido Comunista Chino.
 ¿Cómo ve al Perú este 2024 que acaba de empezar?
Creo que Perú va a seguir avanzando y se está preparando poco a poco para unas elecciones que llegarán cuando tengan que llegar, pero se ha demostrado que hay una fortaleza institucional. Vamos a ver qué ocurre con esos movimientos que está habiendo de la Junta Nacional de Justicia y contra la fiscal de la Nación (Patricia Benavides), pero yo estoy convencido que cuando se convoquen las elecciones, todos aquellos movimientos que no son caviares son capaces de unirse en un solo candidato, y ese es el meollo, tiene que haber generosidad por parte de los líderes políticos y liderar con el ejemplo para que haya una victoria que pare de una vez por todas a lo que ha sido la izquierda, que ha llevado a la ruina a naciones como Bolivia, Nicaragua, Venezuela, etc. Pero yo estoy muy confiado, yo creo que Perú va avanzando, va a tener que soportar las injerencias del Grupo de Puebla y del Foro de Sao Paulo, de los iraníes que ya están en Bolivia y que están haciendo actividades sin lugar a duda en Perú para tumbar este gobierno, para que la Fiscalía caiga y para que la JNJ siga en sus manos y esos son los grandes retos que afectan a Perú. Pero, estoy convencido que se va a prevalecer, tengo muchísima confianza. El error enorme que cometió Pedro Castillo ha sido una gran lección. Los golpes que ha intentado dar Evo Morales en el sur de Perú, han fracasado, gracias a Dios. Ahora el continente está mirando más a Venezuela en esa guerra que quiere iniciar con Guyana y yo creo que eso va a aligerar algo las presiones de esa estrategia geopolítica del eje del mal sobre Perú.
¿Cómo vio el tema de la libertad de Alberto Fujimori? La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que Perú ha desacatado sus disposiciones al respecto.
La Corte-IDH hace muchísimo tiempo que está tomada por la izquierda. Su vara de medir no tiene nada que ver con la que es en Perú para ciertas cosas, con la que es en Bolivia. El gobernador de Santacruz sigue en la cárcel y me gustaría ver a la Corte Internacional de Derechos Humanos defendiendo la democracia y defendiendo la libertad en Bolivia, en Venezuela y en Tijuana como lo hace en Perú. Pero, como no se da el caso, yo creo que lo mejor que se puede hacer es salirse de ahí y fuera. Eso está tomado por la izquierda y su vara de medir no es equilibrada.
Agujero negro
“Latinoamérica debe salir del agujero de oscuridad que han significado los movimientos bolivarianos. La izquierda ha llevado a la ruina a naciones como Bolivia, Nicaragua, Venezuela, entre otros”, dijo Víctor González.
 
 
 
 
 
COLOMBIA. LA HOJA DE COCA: DE LA SUSTITUCIÓN DE LOS CULTIVOS A LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA
 
Aporrea de Venezuela (https://acortar.link/6fZ2x0)
 
El narcotráfico, con el imperio de las mafias locales y trasnacionales, es uno de los mayores promotores de la violencia social en Colombia. El uso de la hoja de coca para la producción de narcóticos, su venta en los mercados mundiales, la adicción de grandes grupos poblacionales, la movilización de enormes fortunas y el lavado de dineros, son elementos que alimentan graves fenómenos de violencia y de corrupción en distintos ámbitos del Estado.
Al tiempo, las guerras contra las drogas, la criminalización de grandes poblaciones campesinas asociadas con la recolección de la hoja de coca y la fumigación con glifosato, presentadas como la solución más adecuada al problema, lo que han hecho es complicar el escenario favoreciendo el imperio de las mafias y sus redes entre los cuerpos policiales, judiciales, políticos y empresariales.
En los Acuerdos de paz firmados en el segundo semestre del 2016, entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc de Timochenko, se estipulo en su capítulo 4, adelantar una estrategia de sustitución voluntaria de los cultivos de usos ilícito (coca, marihuana y amapola), desplazando la acción punitiva y criminal contra los cocaleros, vigente durante el gobierno fascista de Uribe Vélez. El decreto 896 del 2017 (Ver https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=81878 ) tradujo tal consenso en una legalidad que dio sus primeros pasos en los últimos meses del gobierno de Santos, pero que se truncó en la nefasta administración de Ivan Duque, quien se propuso hacer "trizas la paz", sin desprenderse de los dineros acordados para la sustitución, que fueron objeto del despojo y el robo con Operadores escogidos a dedo por los capos del uribismo empotrados en las entidades públicas.
Con la presidencia de Gustavo Petro (2022-2026) las cosas se han querido corregir a partir de un nuevo enfoque articulado a la sustitución voluntaria, pero que implica un salto en el tratamiento de los cultivos de usos ilícito (cercanos a las 245 mil hectáreas, con casi 100 mil familias campesinas involucradas), los cuales deben ser objeto de la reconversión productiva en la mirada de Felipe Tascon, un experto en el tema, que ha sido encargado por el presidente Petro de la política correspondiente adelantada con rigor y método en varios territorios.
En efecto, el artículo 9 del Plan Nacional de desarrollo "Colombia Potencia Mundial de la Vida", establece que "la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, o quien haga sus veces, desarrollará programas de reconversión productiva e industrialización colectiva en los territorios con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana. Estos programas se formularán y ejecutarán en el marco de la política de paz total y de manera articulada con los lineamientos de la nueva política de drogas, tendrán enfoque diferencial, de género, territorial, participativo, descentralizado, y gradual, y se desarrollarán en el marco de la economía popular, el respeto ambiental y la sustitución voluntaria de estos cultivos" (Ver https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/portalDNP/PND-2023/2023-05-05-texto-conciliado-PND.pdf ).
La reconversión productiva de la coca, la marihuana y la amapola quiere decir que estas plantas milenarias serán la materia prima para la elaboración de productos alimenticios, estéticos (cremas), medicinales y artesanales, como ocurre, por ejemplo, en Bolivia, hasta donde llegan las multinacionales a comprar y recoger miles de toneladas de la hoja de coca para la producción de bebidas y cremas de diverso uso medicinal y estético.
Por supuesto que este paradigma es estigmatizado y satanizado por la ultraderecha mafiosa con falsos argumentos morales; es repudiado por roscas policiales/militares y judiciales que se ha enriquecido al lado de los capos del narcotráfico; es demeritado por los comerciantes del glifosato que acumulan grandes fortunas con la fumigación y destrucción ambiental de las áreas cultivadas.
El transito al modelo de "reconversión productiva" de la coca no ha sido suave y los pasos dados por Tascon como gerente de este Programa se han apoyado en otras dos medidas muy importantes, acogidas en el Plan de desarrollo del presidente Petro. Las cito para que tengamos claridad sobre lo que ocurre en estos momentos en las regiones donde se localizan los cultivos de la hoja de coca:
"ARTÍCULO 10°. Adiciónese el parágrafo 5 al artículo 7 del Decreto Ley 896 de 2017, así:
ARTÍCULO 7°. ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PNIS. (…)
PARÁGRAFO 5. El Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos PNIS- será cumplido de acuerdo con los objetivos fijados en el Acuerdo Final de Paz, de manera concertada y descentralizada. Los beneficiarios podrán renegociar la operación de proyectos productivos de ciclo corto y de ciclo largo, por una sola vez y de forma concertada con el Gobierno nacional, teniendo en cuenta los beneficios que ya les fueron otorgados en el marco del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS-. Las modificaciones a los acuerdos de sustitución serán aprobadas mediante acto administrativo emitido por la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, o quien haga sus veces.
"ARTÍCULO 11°. COMPROMISOS DEL PNIS CON PUEBLOS Y COMUNIDADES ÉTNICAS Y CAMPESINAS. El Gobierno nacional, en cabeza de las entidades competentes, apropiará las partidas presupuestales y los recursos administrativos que se necesitan para el cumplimiento y cierre de los compromisos adquiridos con los Pueblos y familias indígenas, Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, y campesinas que se vincularon al Programa de Cultivos de Uso Ilícito -PNIS-. Con el fin de atender los territorios colectivos de los pueblos indígenas, campesinos, negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros afectados por los cultivos de uso ilícito, la DSCI, en coordinación con sus autoridades propias, implementarán en esos territorios modalidades alternativas de sustitución de economías ilícitas y reconversión productiva de los cultivos de coca, marihuana o amapola. La contratación de las actividades que se adelanten para la implementación de los modelos de sustitución de economías ilícitas y reconversión productiva de los cultivos de coca, marihuana o amapola, se fundamentarán en los instrumentos jurídicos que permiten la contratación entre las entidades estatales y las comunidades".
Lo que está ocurriendo con los cocaleros (casi 100 mil familias) y demás cultivadores de marihuana es un proceso de recuperación de la confianza y el diseño de los proyectos productivos que serán ejecutados y gestionados por las propias comunidades, descartando los famosos Operadores, expertos en la corrupción y el despojo de los dineros apropiados para la sustitución voluntaria.
 
 
 
 
 
NARCOTRÁFICO: EL IMPERIO DE LA IMPUNIDAD
 
“La nueva política ha llevado a los investigadores de ambos lados de la frontera a poner en pausa su cooperación, temerosos de que las nuevas reglas puedan comprometer los casos o la posibilidad de contactar informantes”.
 
Sin Embargo de México (https://acortar.link/9gYlgX)
 
Tras el fracaso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad, Estados Unidos ha adoptado una posición dura y no menos crítica sobre México: exige que los cárteles mexicanos sean declarados como grupos terroristas, pero el gobierno de México se niega porque no quiere intervención extranjera en el territorio. El tema se ha entrampado, pues el crimen sigue impune, la violencia está desenfrenada a grado tal que el número de muertos, cuando faltan diez meses de gobierno, ya alcanza la cifra de 170 mil decesos por violencia de alto impacto. El de López Obrador ya es el sexenio más sangriento de la historia.
Tensas las relaciones por los fracasos en el tema migratorio, el gobierno de México y Estados Unidos están enfrascados en una diferencia grave debido a los acotamientos que enfrenta la DEA –la agencia antidrogas norteamericana –en el territorio mexicano desde que fue reformada la Ley de Seguridad Nacional tras la captura y posterior liberación del general Salvador Cienfuegos, acusado de tener nexos con el crimen organizado.
Cienfuegos salió de la prisión en la que se encontraba, en Los Ángeles, California, luego de que el gobierno de México presionó al de Estados Unidos con expulsar, en 24 horas, a todos los agentes de la DEA si no liberaban a Cienfuegos y lo regresaban a México.
Las autoridades norteamericanas decidieron retirarle los cargos al exsecretario de la Defensa Nacional con la condición de que fuera investigado en México por la Fiscalía General de la República; para ello, les entregó el expediente del caso –o parte del mismo –para que continuaran con la indagación.
Las conclusiones de la FGR, que encabeza el fiscal Alejandro Gertz Manero, sostienen que el expediente de la DEA era una fabricación con mentiras; a esto se sumó la versión del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que el expediente estaba plagado de mentiras. Lo cierto, sin embargo, es que la FGR no investigó al general Cienfuegos y decidió negar el ejercicio de la acción penal en su contra. Meses después, en un hecho que levantó polémica, el mandatario le otorgó al militar un reconocimiento, algo así como una condecoración, que derivó el críticas severas.
Pese a las acciones diplomáticas por parte de México, que ha colocado el tema en el tablero de las negociaciones, las tensiones continúan aunque poco trasciendan. Lo más reciente es que el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó el despliegue de la Guardia Nacional estadunidense en toda la frontera para frenar la ola migratoria; es, en estricto sentido, una declaración de guerra contra la migración. Y, además, el mandatario texano insistió en que los cárteles mexicanos deben ser declarados como organizaciones terroristas.
Desde aquella diferencia entre la DEA y el gobierno mexicano, agudizada tras la liberación en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos, las cosas se han mantenido en tensión. Tras el golpe asestado al exsecretario de la Defensa Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso una iniciativa de ley para reformar la Ley de Seguridad Nacional, la cual impide a los agentes norteamericanos de la DEA realizar indagaciones en México sin rendir cuentas al gobierno federal; tampoco pueden portar armas, como lo hacían en el pasado, y si alguno de los agentes desea hacerse de una tendrá que tramitar un permiso especial ante la Secretaría de la Defensa Nacional.
Sin embargo, estas medidas, que quizá ajustaron ciertas libertades de que gozaba la DEA en otros gobiernos, tienen un efecto negativo: han ocasionado protestas por parte de propia DEA y del gobierno estadunidense, las cuales han escalado tanto que cada vez está más acotada su actuación en un país desbordado por la violencia, los enfrentamientos entre cárteles y el vacío legal que impera en todo el territorio.
El tema fue abordado por López Obrador y Joe Biden en su encuentro del 12 de julio del año pasado en Washington: en aquella visita del mandatario mexicano los temas se centraron en el conflicto migratorio –agravado tras el descubrimiento de 50 muertos en la caja de un tráiler en San Antonio, Texas, así como el flagelo del crimen organizado y la violencia — problemas sin resultados a poco más de  cinco años de que inició la aventura de la llamada Cuarta Transformación.
El crimen sigue suelto
 En una visita a Coahuila, el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, visitó el Congreso de ese estado. Ahí reconoció que el gobierno federal había quedado a deber en materia de seguridad pública; aceptó que muchos territorios están en poder del crimen organizado y que el gobierno federal debe aplicarse en la tarea de rescatar los espacios públicos. Se entiende que se refirió a municipios y, en el peor de los casos, a entidades en crisis de violencia, como es el caso de Zacatecas, Guanajuato, Baja California, Tamaulipas, Guerrero, entre otras.
Pero si en cuatro años poco o nada se ha hecho, se observa difícil por no decir que complejo que en los 10 meses que faltan de gobierno el presidente pueda abatir la criminalidad que luce dominante, violenta y empoderada en más de 70 por ciento del territorio.
Y es que los problemas se han agravado debido a la inacción oficial. Con las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, en enero de 2021, el gobierno de México limitó las operaciones de la DEA en México. Pese a sus vicios, la agencia antidrogas realizaba investigaciones de fondo y daba seguimiento a su agenda anticrimen. Esto ahora está limitado.
Cabe señalar que la reforma que acotó las acciones de la DEA se realizó con una celeridad inusitada. Esto ocurrió después de la captura del general Salvador Cienfuegos Zepeda en el aeropuerto de Los Ángeles, California en octubre de 2019 bajo acusaciones de haber brindado protección al cártel H-2  –una célula del grupo criminal Beltrán Leyva –cuando era secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto. También se le acusó de tráfico de drogas y lavado de dinero.
En una acción inédita, las autoridades norteamericanas retiraron los cargos y liberaron a Cienfuegos con la condición de que fuera investigado en México. Esto no se hizo. La Fiscalía General de la República (FGR) sólo descalificó el expediente de la DEA y declaró el no ejercicio de la acción penal. Y así, Cienfuegos se fue su casa.
Fuentes de la DEA señalan que los cambios realizados a la Ley de Seguridad Nacional limita y afecta sus investigaciones sobre el narcotráfico y contra los capos mexicanos, las cuales están paradas desde hace más de un año debido a las limitaciones que enfrentan tras las reformas legales.
Las indagaciones detenidas tienen que ver con los integrantes del cártel de Sinaloa, los miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación, la búsqueda del capo Rafael Caro Quintero –ya detenido– y una cauda de funcionarios públicos en varios estados del país que estarían ligados con el lavado de dinero, la protección al tráfico de drogas y a células del crimen organizado.
La nueva política ha llevado a los investigadores de ambos lados de la frontera a poner en pausa su cooperación, temerosos de que las nuevas reglas puedan comprometer los casos o la posibilidad de contactar informantes. En el caso García Luna –cuya sentencia sigue pendiente y se asegura que será dictada este año –existen evidencias y personajes criminales, como Ismael “El Mayo” Zambada que viven muy cómodos en su reino de impunidad. Nadie lo toca.
Las operaciones sobre el terreno, incluidas redadas en laboratorios de drogas mexicanos, han cesado en gran medida y las autoridades estadunidenses ahora luchan por rastrear los movimientos de cocaína con destino a Estados Unidos desde Venezuela y Colombia a través de Centroamérica y hacia México, según se pudo conformar.
Aunque sus causas son multifactoriales, lo cierto es que si no existe una política antimafia clara, así como una cooperación con Washington basada en objetivos concretos –captura de capos, desmantelamiento de redes criminales, patrimonio mafioso y enjuiciamiento de políticos y empresarios vinculados al lavado de dinero, por citar sólo algunos ejes concretos –será muy difícil pacificar el territorio nacional.
A todo el terror se suman otros flagelos perniciosos como el secuestro y el cobro de piso, problema que lacera a comerciantes grandes y pequeños en todo el país pero tiene amplia resonancia en Veracruz y Estado de México.
Los tiempos de jauja
Durante los gobiernos priistas que encabezaron José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Zedillo el número de agentes de la DEA acreditados en México se guardó celosamente como un gran secreto de Estado.
La secrecía continúo durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón. En el sexenio de éste último, por ejemplo, la DEA participó sin limitaciones en la lucha contra el crimen organizado, pues desde el primer día de su gobierno Calderón le declaró la guerra al narcotráfico aunque sus resultados resultaron fallidos. El saldo: más de cien mil muertos –no todos ligados al negocio de las drogas –mientras que los cárteles no sólo se mantuvieron intocados sino que aprovecharon la coyuntura de la guerra para asociarse, fortalecer sus estructuras e internacionalizarse: pasaron a establecer dominios tanto en Centroamérica como en América del Sur y otros continentes.
En el gobierno de Enrique Peña Nieto, la DEA mantuvo sus privilegios en México, pues nunca se exigió que cumplieran con el acuerdo firmado en julio de 1992, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que los obligaba a rendir cuentas al gobierno mexicano sobre sus actividades.
Con base en el acuerdo citado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 1992, señala en su inciso 7.1:
“Cualquier información de que tengan conocimiento los agentes en territorio nacional será transmitida inmediatamente a las autoridades competentes”.
Señala, además, que están prohibidas para los agentes extranjeros realizar tareas reservadas a las autoridades mexicanas, así como inducir a terceros nacionales o extranjeros, o a realizar por sí mismo actividades relativas a detenciones, secuestros, cateos, toma de declaraciones, privación ilegal de la libertad, invasión de propiedad privada o cualquier otro acto violatorio de las leyes nacionales”.
El documento precisa que todos los agentes deben ser acreditados por la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Gobernación, así como por la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República).
El acuerdo agrega: “Las actividades de los agentes se limitará a servir de enlace para intercambio de información con las autoridades mexicanas y  no indica nada sobre la posibilidad de que dicho personal porte armas.
Sin embargo, desde el año 2015, después de una modificación a la Ley Federal de Armas de Fuego, se permitió que los agentes extranjeros pudieran portar armas dentro del territorio nacional.
A pesar de estas restricciones, la DEA ha operado en territorio mexicano con absoluta libertad, con ventajas e incluso ha llegado a imponer investigaciones para que la extinta PGR abriera expedientes sobre indagaciones que eran prioridad de la agencia antinarcóticos de Estados Unidos. También se ha extralimitado en su actuación en decenas de casos.
En diversos expedientes judiciales relacionados con investigaciones de capos y cárteles diversos testigos –algunos acogidos al programa de protección de la PGR –han declarado que fueron detenidos por elementos de la DEA; afirman que agentes de esa agencia norteamericana participan en operativos, cateos y los agentes estadunidenses suelen estar presentes hasta en los interrogatorios, aseguran.
Después del asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, a manos de los capos Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”, la DEA presionó al gobierno de México para detener a los responsables del crimen. Así se hizo.
En 1990, como parte de las investigaciones, en Estados Unidos fue detenido y juzgado Rubén Zuno Arce, hermano de María Esther Zuno, esposa de Luis Echeverría Álvarez, por la tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena.
En el sexenio de Luis Echeverría, Rubén Zuno se convirtió en el cuñado consentido del presidente: Se vio favorecido en múltiples negocios y durante todo el sexenio echeverrista –1970-1976 –Zuno ocupó el cargo de vocal ejecutivo de la Comisión Promotora Conasupo.
Sin embargo, también se le relacionó con el narcotráfico, en particular, con el poderoso cártel de Guadalajara, entonces encabezado por Rafael Caro Quintero.
Tras el secuestro y asesinato de Enrique Camarena, un personaje resultó clave –según las investigaciones de entonces – y era nada menos que el doctor jalisciense Humberto Álvarez Macháin, acusado de estar ligado al crimen organizado y de haber participado en la tortura de Camarena suministrándole medicamentos para que soportara las vejaciones que le propinaron los narcotraficantes referidos.
Ante la impunidad que lo encubría en México, la DEA realizó un operativo en Guadalajara y Álvarez Macháin fue secuestrado y llevado a Estados Unidos; la operación, según se dijo entonces, habría sido ordenada en 1990 por el entonces presidente George W. Bush (Padre).
Esta acción derivó en un conflicto bilateral, pues el gobierno de México alegó que con la intervención de la DEA en el secuestro del médico se había violado la soberanía nacional.
Meses después, y ante la falta de pruebas fehacientes, Álvarez Macháin fue puesto en libertad y devuelto a México.
Otro caso escandaloso ocurrió en 1996, cuando el capo Juan García Ábrego –sobrino de Juan Nepomuceno Guerra, el fundador del cártel del Golfo –fue detenido en Nuevo León luego de una intensa búsqueda en territorio nacional.
Tras la captura, y bajo el argumento de que García Ábrego había nacido en Estados Unidos, el gobierno de Ernesto Zedillo no lo quiso juzgar en territorio nacional y lo entregó a la DEA para que fuera procesado en Estados Unidos.
Después de su captura, un avión de la DEA aterrizó en la ciudad de Monterrey y ahí el capo fue entregado. García Ábrego tuvo su etapa de jauja e impunidad como jefe del cártel del Golfo durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
Los golpes de la DEA en territorio mexicano son múltiples, lo mismo que sus investigaciones encubiertas, las cuales no solían compartir con sus contrapartes mexicanos –pese a estar obligados por un acuerdo bilateral –debido a la desconfianza que todavía prevalece sobre las autoridades de México.
Otro de los casos relevantes que cimbraron el escenario criminal fue la captura por parte de agentes de la DEA de Javier Arellano Félix, conocido e el mundo del hampa como “El Tigrillo”, hermano menos de Benjamín y Ramón Arellano, jefes del cártel de Tijuana.
Aunque se realizaron operaciones por parte de elementos del Ejército Mexicano en el hotel Bahía de Ensenada, Baja California, lo cierto es que “El Tigrillo” fue detenido en altamar justo cuando navegaba en su yate, supuestamente, en aguas internacionales. La DEA lo ubicó algunas millas afuera del radio mexicano y procedió a detenerlo mediante un operativo tanto marítimo como aéreo.
El capo fue llevado a la Ciudad de México, permaneció unas horas en la PGR, donde fue interrogado, y posteriormente fue llevado al Aeropuerto Benito Juárez para embarcarlo en un avión que lo trasladó a Estados Unidos, donde fue procesado y sentenciado por delitos contra la salud, lavado de dinero y varios crímenes.
En el año 2001, meses después de que Vicente Fox Quezada tomara posesión como presidente de la República, la DEA detectó que el jefe de giras del mandatario, Nahúm Acosta, estaba relacionado con el narcotráfico.
A través de algunas intervenciones telefónicas, Acosta fue captado cuando sostenía una conversación con Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”, conocido como “El jefe de jefes”, cabeza de la organización Beltrán Leyva, entonces brazo poderoso del cártel de Sinaloa.
En aquella llamada, la cual fue difundida a través de varios medios de comunicación, Acosta y Beltrán se ponían de acuerdo para la entrega de un paquete, presuntamente dinero o drogas, que el funcionario de la presidencia recibiría en su domicilio.
Con base en la intercepción telefónica, la DEA le ordenó al entonces procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, y al titular de la Subprocuraduría General de Investigación en Delincuencia Organizada, José Luis Santiago Vasconcelos, abrir un expediente, investigar el caso e intervenir todos los teléfonos de la presidencia de la República.
En aquella ocasión, Vasconcelos comentó a este reportero que se analizó a fondo la posibilidad de intervenir los teléfonos incluso del propio presidente para conocer hasta dónde se había infiltrado el narcotráfico.
–¿Lo hicieron? — le pregunté.
–Esa era la orden de la DEA, ellos estaban investigando el caso, pero decidimos investigar sin infiltrarnos en las comunicaciones privadas del presidente.
Nahúm Acosta fue separado del cargo, pero nunca lo procesaron por sus vínculos con el narcotráfico. Libre de investigaciones, apareció posteriormente en el escenario público: despachaba como jefe de prensa del Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora.
Con o sin el apoyo de la DEA, la realidad mexicana es muy clara: el narcotráfico –y todas las ramas de la delincuencia organizada –operan en total impunidad. Y lo peor es que a pesar de la militarización del territorio, la impunidad parece que se robustece cuando faltan diez meses de gobierno.
 
 
 
 
 
BOLIVIA INICIA COSECHA DE GRANDES OBRAS DE INDUSTRIALIZACIÓN
 
Prensa Latina de Cuba (https://acortar.link/Emy98f)
 
Los bolivianos asisten hoy al inicio de la cosecha de las grandes obras de industrialización iniciadas en el primer trienio del Gobierno, aseguró el jefe de Estado, Luis Arce.
“Hoy es la época de cosecha de nuestras obras, hemos sembrado durante el 2021, 2022 y el 2023 (…)”, afirmó el mandatario durante un acto en Mizque, departamento de Cochabamba, donde inauguró una red eléctrica que beneficia a más de dos mil familias de nueve provincias.
Sostuvo Arce que en 2024 y 2025 quedarán inauguradas grades obras de industrialización que cambiarán la vida de los bolivianos.
Impulsor de la política de fomentar industrias que aporten valor agregado a los recursos agrícolas y minerales del país con el objetivo de sustituir importaciones, insistió el mandatario en que la nación andina amazónica tiene que cambiar su “base económica”, diversificarla y mejorar la productividad de la tierra.
“Si no hay la materia prima, la cebolla y fruta, que ustedes producen -expresó a los pobladores de Mizque-, no hay industrialización, por eso tenemos que garantizar agua, agua para garantizar la producción agropecuaria”.
El programa gubernamental prevé la edificación de 150 plantas industriales con una inversión de 25 mil millones de bolivianos (tres mil millones de dólares).
Néstor Huanca, ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, anunció el fin de semana último que una de las primeras obras que entregará el Gobierno será la planta procesadora de la Empresa Pública Productiva de Industrialización de la Hoja de Coca Boliviana, en el municipio cochabambino de Sacaba.
En la obra se invirtieron 62,4 millones de bolivianos (casi nueve millones de dólares).
Asimismo, se inaugurará el Centro de Almacenamiento y Transformación de Granos en el municipio de Yacuiba, capital de la provincia de Gran Chaco, departamento de Tarija, a un costo de 122,4 millones de bolivianos (17 millones de dólares).
Otra industria de próxima inauguración es la Planta de Transformación, Centro de Acopio y Almacenamiento de Papa, emplazada en el Distrito 14 de la ciudad de El Alto, con una erogación de más de 162,7 millones de bolivianos (nueve millones de dólares) para dar valor agregado al tubérculo producido en el departamento de La Paz.
Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, anunció que, en el primer trimestre de este año, el presidente inaugurará la “primera planta de biodiesel en Santa Cruz, que nos va ahorrar 100 millones de dólares en subvenciones”.
La planta de cemento de Potosí ya fue entregada al igual que la industrial de carbonato de litio, inaugurada a mediados de diciembre en ese mismo departamento.
También ya son una realidad las factorías de NPK (nitrógeno, fósforo y potasio) y la de urea, que entregan fertilizantes al sector agropecuario.
 
 
 
 
 
BOLIVIA FIJA COMO RETOS DEL 2024 CONSERVAR LA ESTABILIDAD Y CRECIMIENTO ECONÓMICOS E INFLACIÓN CONTROLADA
 
Xinhua Net de China (https://acortar.link/6NIYNu)
 
El plan económico del Gobierno de Bolivia para 2024 tiene como retos prioritarios mantener la estabilidad económica, impulsar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), preservar el poder adquisitivo a través del control inflacionario y acelerar el proceso de industrialización, subrayó hoy miércoles la viceministra de Tesoro y Crédito Público del Ministerio de Economía, Juana Jiménez.
En entrevista con Xinhua, la funcionaria explicó que estos objetivos están en línea con las metas establecidas en el Presupuesto General del Estado 2024, que proyecta un crecimiento del PIB del 3,71 por ciento, una inflación del 3,60 por ciento y una inversión pública de 4.274 millones de dólares.
Además, se busca mantener la estabilidad en el tipo de cambio, manteniendo una fluctuación de +/-10, como medida preventiva contra posibles presiones inflacionarias provenientes de variaciones en el valor del dólar.
Jiménez explicó que se asignarán recursos presupuestarios para garantizar el poder adquisitivo mediante bonos y subsidios para hidrocarburos y alimentos, y anunció que el Gobierno también tiene previstas políticas de contingencia para enfrentar desafíos tanto internos como externos durante este año.
"Hay numerosos proyectos de industrialización programados para entrar en funcionamiento este año, incluyendo plantas de fertilizantes NPK (a base de nitrógeno, fósforo y potasio), una planta de carbonato de litio, dos plantas de diésel, la planta siderúrgica de acero del Mutún, 11 plantas de bioinsumos y abonos, así como plantas de refinación de zinc y diversas industrias alimentarias", explicó.
Estos proyectos y su implementación son ejemplos de la continua inversión pública destinada a mantener la dinámica económica interna, destacó Jiménez.
La funcionaria ratificó que la economía boliviana ha experimentado una recuperación gradual desde el 2021, logrando un crecimiento del PIB del 6,1 por ciento. En 2022, este indicador se situó en 3,5 puntos porcentuales y en el segundo trimestre del año pasado alcanzó el 2,21 por ciento.
Hizo referencia también a la inflación acumulada, que hasta noviembre del año anterior se situaba en el 1,48 por ciento, uno de los indicadores más bajos en la región.
Jiménez reafirmó que, a pesar de los desafíos nacionales e internacionales, Bolivia ha mantenido su estabilidad económica y se ha posicionado entre los países con mejores resultados a nivel internacional en 2023, proyectando mantener este sólido desempeño macroeconómico.
 
 
 
 
 
BLUEGRACE ENERGY BOLIVIA CONTRIBUYE A LA CREACIÓN DEL BANCO DE LA FAVELA EN BRASIL
 
Una acción que ayuda a transformar futuros financieros, empoderando a 17 millones de vidas
 
Diario Critico de España (https://acortar.link/utSEHb)
 
Demostrando su compromiso con la responsabilidad social y su apoyo a los más vulnerables, Julio José Montenegro, CEO de BlueGrace Energy Bolivia (BGEB), ha anunciado la financiación estratégica para el establecimiento del Favela Bank (FBank) en Brasil, para elevar las comunidades marginadas. Esta iniciativa no solo subraya la dedicación de Bluegrace a lograr un impacto significativo, sino que también se alinea perfectamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, específicamente en armonía con la Agenda 2030.
Favela Bank (FBank) es una innovadora iniciativa financiera diseñada para empoderar a las favelas de Brasil ofreciendo servicios a medida que los bancos tradicionales desatienden. Reconociendo el potencial del importante PIB de las favelas, FBank pretende involucrar a más de 17,7 millones de residentes, muchos de los cuales aspiran a emprender. Es una plataforma centrada en la comunidad, nacida en la favela para la favela, facilitada por 5.000 gestores locales y 25.000 puntos de relación.
FBank se diferencia por características como una aplicación que conserva los datos, el uso del lenguaje simplificado de los favelenses y un enfoque de servicio humanizado. Su sistema Social Cashback incentiva el gasto local, reinvirtiendo los beneficios en el desarrollo de la comunidad. El banco planea un enfoque gradual, centrado en atender las necesidades financieras inmediatas, introducir productos únicos y, finalmente, ofrecer servicios bancarios estándar adaptados a los habitantes de las favelas.
Con el objetivo de llegar a 5 millones de clientes y 550.000 establecimientos comerciales en cinco años, la misión de FBank es transformar las favelas en vibrantes centros económicos, fomentando el crecimiento sostenible y la solidaridad comunitaria a través de su innovador modelo bancario.
La participación activa de BlueGrace Energy Bolivia en la formación de un cambio positivo ejemplifica un espíritu corporativo dedicado a crear un mundo mejor y más inclusivo. Este proyecto muestra el compromiso de BGEB con más del 90% de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y marca un hito en su camino hacia las inversiones de impacto y la expansión del mercado global.
En consonancia con esta inquebrantable dedicación a la sostenibilidad, el compromiso de BGEB con el Pacto Mundial de la ONU y su ambicioso proyecto de conservación de la asombrosa superficie de 20,5 millones de acres de selva amazónica reflejan una rotunda dedicación a los objetivos de sostenibilidad global.
Este esfuerzo sin precedentes no solo preserva uno de los ecosistemas más críticos del mundo, sino que también se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. La BGEB emplea tecnologías de vanguardia, como la inteligencia artificial y las imágenes por satélite, para cuantificar con precisión los créditos de carbono, lo que supone una importante contribución a los objetivos climáticos mundiales.
El mercado mundial de créditos de carbono, que según las previsiones alcanzará los 100.000 millones de dólares en 2030, subraya la importancia de este tipo de iniciativas. Los créditos basados en la naturaleza están ganando protagonismo, cruciales para limitar el calentamiento global a 1,5 °C en 2030, lo que requerirá 44 billones de dólares en inversiones en energías renovables.
El proyecto de BGEB ejemplifica la intersección de las finanzas y la acción medioambiental, con importantes instituciones financieras que invierten fuertemente en créditos de carbono. Es una historia de innovación, colaboración y compromiso para crear un futuro más sostenible.
Las colaboraciones de BGEB van más allá de los objetivos medioambientales, formando alianzas estratégicas con entidades influyentes como la Capital Market Association (ICMA) (ICMA), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y MAXIMANCE 2030 LTD. Estas colaboraciones se centran en empoderar a las comunidades indígenas y empobrecidas a través de iniciativas sociales integrales y de sostenibilidad, guiadas por principios universalmente aceptados en materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Al mejorar el acceso a la educación, la sanidad y las infraestructuras, BGEB se compromete a fomentar el desarrollo comunitario junto con sus esfuerzos medioambientales. Este enfoque integrado, que combina la conservación del medio ambiente con la transición a energías limpias y el empoderamiento de las comunidades, sitúa a BGEB a la vanguardia de la conservación ecológica y la innovación en energías limpias en Bolivia.
Estas alianzas subrayan la importancia permanente de la asociación en su lucha por un futuro sostenible y neutro en carbono, y sirven de ejemplo convincente de lo que la acción colectiva y la innovación pueden lograr.
"El viaje de la BGEB nos inspira a todos a actuar, ya que juntos podemos hacer frente al cambio climático y proteger nuestro planeta para las generaciones futuras".
 
 
 
 

JORGE TUTO QUIROGA ADVIERTE QUE BOLIVIA ENFRENTA UN 2024 "MUY COMPLICADO"
 
El expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, denuncia que los poderes del Estado "tocan fondo" con la "inauguración judicial clandestina"
 
Diario Las Américas de EEUU (https://acortar.link/Lb3370)
 
El expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, alertó sobre un panorama complejo para el país en el año 2024, a raíz de la situación política y económica actual.
En su cuenta de la red social X, antes Twitter, Quiroga denunció que los poderes del Estado "tocan fondo" con la "inauguración judicial clandestina" de "autoridades autoprorrogadas", quienes a su vez tienen en interdicto al Congreso, porque creen que esta es una flagrante violación de la Constitución boliviana.
La Constitución boliviana establece que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) deben ser elegidos por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) mediante un proceso de selección transparente y meritocrático. Sin embargo, en diciembre de 2022, la ALP, controlada por el partido del expresidente Evo Morales, aprobó una ley que ampliaba el mandato de los magistrados del TSJ por dos años más. Esta ley fue aprobada sin el debido proceso y sin la participación de la oposición.
Quiroga y otros críticos sostienen que esta ley es inconstitucional y que representa un grave retroceso para la democracia en Bolivia. Argumentan que la ampliación del mandato de los magistrados del TSJ es una forma de autoprórroga del MAS y que socava la independencia del poder judicial.
La apertura del año judicial 2024 "clandestina"
La “inauguración judicial clandestina” a la que se refiere Quiroga tuvo lugar este mates 02 de enero, los magistrados autoprorrogados por la Declaración Constitucional 049/2023 del TCP procedieron con la apertura del año judicial 2024. En esta ceremonia los juristas del TSJ, fueron juramentados para un nuevo mandato. La ceremonia se llevó a cabo a puerta cerrada y sin la presencia de la prensa ni de la oposición.
El exmandatario también señaló que el Congreso rechazó el presupuesto del Ejecutivo, lo que llevó a su aprobación por decreto, sin la debida certificación de las reservas de gas y divisas.
"Bolivia enfrenta el año 2024 muy complicado", escribió Quiroga en su mensaje, en el que también se refirió a la falta de institucionalidad y la ausencia de un horizonte claro para el país.
Las críticas de Quiroga se suman a las de otros sectores de la oposición boliviana, que denunciaron un creciente autoritarismo por parte del gobierno del presidente Luis Arce.
El expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, también indicó en su cuenta X, antes Twitter que los magistrados del OJP (Órgano Judicial Plurinacional) ya no ejercen legalmente sus funciones; su decisión de prorrogarse vulnera la Constitución y genera una crisis institucional. La bancada de CC exige al Fiscal iniciar la acción penal contra las exautoridades que se niegan a entregar sus cargos”.
La oposición también cuestionó la decisión del Tribunal Supremo Electoral de avalar la repostulación de Arce y del vicepresidente David Choquehuanca para las elecciones de 2025, a pesar de que la Constitución lo prohíbe.
Preocupación por la situación económica
La situación económica igualmennte es motivo de preocupación, ya que Bolivia enfrenta una elevada inflación y un bajo crecimiento económico. La inflación anualizada en Bolivia según datos de el Instituto Nacional de Estadística (INE) se situó en 6,8% en diciembre de 2023, por encima del objetivo del gobierno del 4%. La mensual fue de 0,24%.
El déficit fiscal del gobierno central se situó en 8,5% del PIB en 2022, por encima del límite legal del 5%. El peso boliviano se devaluó un 10% frente al dólar estadounidense en 2023. Mientras que el crecimiento del PIB se desaceleró a 4,13% en el tercer trimestre de 2023, por debajo del 5,32% del mismo período del año anterior.
Las reservas internacionales netas del Banco Central de Bolivia (BCB) disminuyeron de 8.235 millones de dólares en diciembre de 2022 a 7.476 millones de dólares en diciembre de 2023.
La disminución de las reservas internacionales en los últimos años obedecen a una serie de factores, entre ellos la caída de los precios de las materias primas, el aumento de las importaciones, la intervención del BCB en el mercado cambiario para mantener la estabilidad del tipo de cambio.
En este contexto, las palabras de Quiroga son un llamado de atención sobre los desafíos que enfrenta Bolivia en el corto plazo.
 
 
 
 
 
NIEGAN COMBUSTIBLE EN BOLIVIA A UNOS 60 CAMIONEROS VARADOS CON MATRÍCULA PARAGUAYA
 
El Nacional de Paraguay (https://acortar.link/06WXK6)
 
La crisis de combustible en Bolivia está dejando a numerosos camioneros paraguayos varados y enfrentando dificultades para obtener combustible en el país vecino, lo que está generando un impacto negativo en su operatividad, provocando llamados a la acción de las autoridades por parte del gremio de camioneros.
Según denunció Ricardo Ruiz Bauman, dirigente del Sindicato de Camioneros del Transporte Internacional de Fronteras del Paraguay, en comunicación con la 1020 AM, más de 6o camiones se encuentran varados en Bolivia, ya que las estaciones de servicio se niegan a vender combustible a los camioneros con matrícula paraguaya. Esta situación obligó a los conductores a buscar formas de obtener combustible, incluso recurriendo al mercado negro.
Según medios bolivianos, esta escasez de combustible generó un racionamiento por parte de la estatal, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para priorizar el abastecimiento a la población local, lo que ha dificultado aún más la situación de los camioneros paraguayos que se encuentran en ese país. Según Ricardo Ruiz, no todos los surtidores tienen la autorización para vender a extranjeros, limitando el acceso al combustible para los camioneros nacionales.
Además, denunció que hay un contrabando significativo de combustible desde Bolivia a Paraguay, lo que genera una competencia desleal para los transportistas. Ante esta situación, el representante del gremio pidió una ley de protección del contrabando de hidrocarburos en el país, expresando su frustración por la imposibilidad de cargar combustible en Bolivia debido a las restricciones. Reconoció que tiene un impacto significativo en la operatividad de los trabajadores que realizan transporte internacional.
 
 
 
 
 
CAMIONEROS PARAGUAYOS EN APRIETOS POR ESCASEZ DE COMBUSTIBLE EN BOLIVIA
 
ADN Digital de Paraguay (https://acortar.link/7W1jBu)
 
En medio de la crisis de combustible que afecta a Bolivia, más de 60 camioneros paraguayos se encuentran varados en el país vecino, enfrentando dificultades para abastecerse y operar normalmente. La situación llevó al Sindicato de Camioneros del Transporte Internacional de Fronteras del Paraguay a hacer un llamado urgente a las autoridades para que intervengan.
Ricardo Ruiz Bauman, dirigente del gremio, denunció en una entrevista con Radio Ñanduti que las estaciones de servicio en Bolivia se niegan a vender combustible a camioneros con matrícula paraguaya. Esta restricción obligó a los conductores a buscar alternativas, incluso recurriendo al mercado negro para obtener el vital recurso.
La escasez de combustible en Bolivia llevó a un racionamiento por parte de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), priorizando el suministro a la población local. Esto agravó la situación de los trabajadores del volante paraguayos, ya que no todos los surtidores cuentan con la autorización para vender a extranjeros, limitando aún más el acceso al combustible.
Además, se denunció un significativo contrabando de combustible desde Bolivia hacia Paraguay, generando una competencia desleal para los transportistas. Ante esta problemática, el representante del gremio solicitó la implementación de una ley de protección contra el contrabando de hidrocarburos en el país, expresando su frustración por la imposibilidad de cargar combustible en Bolivia debido a las restricciones. Reconoció que esta situación tiene un impacto significativo en la operatividad de los trabajadores que realizan transporte internacional y solicitó acciones inmediatas para resolver la crisis.
 
 
 
 
 
ONE PONE EN MARCHA SU NUEVO SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE VÍA CAMIÓN, BOLIVIA INTERMODAL
 
Carga podrá salir o ser entregada en La Paz, Oruro, Santa Cruz y Cochabamba hacia/desde Arica o Iquique
 
Mundo Marítimo de Chile (https://acortar.link/4EHIlg)
 
Ocean Network Express (ONE) puso en marcha su nuevo servicio terrestre: Bolívia Intermodal. A partir del 1 de enero de 2024, operará vía camión, facilitando la importación y exportación de contenedores desde y hacia Bolivia.
Los puertos de carga y descarga son Arica o Iquique, mientras que los puntos de arribo o salida en Bolivia son La Paz, Oruro, Santa Cruz y Cochabamba.
El costo del transporte por carretera está incluido en el BL de ONE.
De acuerdo con la información proporcionada por la línea naviera, en el caso de exportación, todos los trámites aduaneros se realizan en la fábrica del cliente y luego se nacionaliza la carga para su embarque.
Para el caso de importación, la carga siempre deberá ser despachada en la aduana de Bolivia, teniendo en cuenta las tres alternativas:
El cliente ONE puede optar por finalizar la importación en la aduana de Bolivia y transportar la carga por su cuenta hasta la fábrica. En este caso se considerará CY/CY.
El cliente ONE puede elegir transportar la carga a la fábrica con ONE, incluso si el BL no ha sido emitido con este servicio incluido. En este caso, el costo adicional del transporte por carretera en camión puede ser pagado directamente a Mercator Bolívia S.A.
El cliente puede elegir el transporte hasta la fábrica ONE al negociar el flete. En este caso, el importe será cobrado directamente por ONE vía B/L y será considerado como CY/Door.
 
 
 
 
 
CONGRESISTAS ADVIERTEN QUE EL "RÉGIMEN CUBANO ES UNA AMENAZA ACTIVA"
 
Congresistas republicanos piden investigar a fondo el caso de Víctor Manuel Rocha, un agente encubierto de Cuba y exembajador de EEUU en Bolivia.
 
Diario Las Américas de EEUU (https://acortar.link/bVcEMB)
 
WASHINGTON.- En una declaración emitida este miércoles, congresistas republicanos han emitido una contundente advertencia al gobierno del presidente Joe Biden, destacando que "el régimen cubano sigue siendo una amenaza activa".
En la misiva, los congresistas destacan la necesidad apremiante de investigar a fondo el caso de Víctor Manuel Rocha, un agente encubierto de Cuba y exembajador de Estados Unidos en Bolivia, quien después de abandonar el Departamento de Estado, se convirtió en asesor del Comando Sur, abarcando un área que incluye Cuba.
Asimismo, la carta hace hincapié en la necesidad de identificar posibles colaboradores o facilitadores, eliminar contribuciones en bases de datos diplomáticas y evaluar el impacto en los intereses estadounidenses, insistiendo en la transparencia durante todo el proceso de evaluación.
Los congresistas destacan que el arresto, los cargos y una posible condena de Rocha deben servir como recordatorio de que el régimen cubano sigue siendo una amenaza activa para los intereses estadounidenses, tanto en el país como en el extranjero. Dirigida al jefe de la diplomacia, Antony Blinken, la carta espera que se considere esta traición histórica y se ponga fin a los esfuerzos actuales por estrechar vínculos con el régimen de La Habana.
El informe, fechado a finales de diciembre, cuenta con la firma de los líderes del comité de Relaciones Exteriores y del comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Michael McCaul y Mark Green, respectivamente, así como de Mario Díaz-Balart, al frente del subcomité de Estado, Operaciones Exteriores y Programas Relacionados.
La carta incluye una cita de Phillip Linderman, colega de Rocha, que destaca el posible costo humano de la traición del agente encubierto, quien "probablemente traicionó a numerosos cubanos anticastristas, particularmente activistas democráticos y de derechos humanos que pusieron su confianza en manos estadounidenses".
 
 
 
 
 
PARAGUAY REACTIVA OPERATIVO DE VIGILANCIA EN UNA CASA DEL PARANÁ COUNTRY CLUB EN BUSCA DE MARSET
 
La residencia, ubicada en el municipio de Hernandarias, está a 4.000 metros en línea recta de donde fue detenido Diego Marset.
 
La Diaria de Uruguay (https://acortar.link/IXaafN)
 
La Secretaría Nacional de Antidrogas (Senad) de Paraguay reactivó la vigilancia en una casa del condominio Paraná Country Club ubicado en el municipio de Hernandarias, para dar con el paradero del narcotraficante Sebastián Marset, después de que su hermano, Diego Marset Alba, fuera detenido en Brasil.
La residencia del Paraná Country Club, donde se reactivó la vigilancia, se encuentra tan sólo a 4.000 metros en línea recta de la casa donde fue detenido Marset Alba, en Foz de Iguazú. Según el medio paraguayo ABC Color, la casa está incluida en la investigación A Ultranza PY, como uno de los posibles lugares que Marset usaba como escondite, y resalta que la propiedad pertenece o pertenecía a Ángel María Aveiro Samaniego, exfiscal de Marcas de Ciudad del Este, nombre que aparece también en un informe presentado por la Senad al fiscal de narcotráfico de Paraguay, Deny Yoon Pak, quien se encarga de la investigación A Ultranza PY.
Al momento de la detención en Brasil de Marset Alba, el ministro del Interior paraguayo, Enrique Riera, ya había asegurado una intensificación de la búsqueda de Marset en la zona de la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina. Señaló que “no sería raro” que el narcotraficante se encuentre en la zona de detención de su hermano.
Bolivia solicitará la extradición de la esposa de Diego Marset
Según informó la radio boliviana Erbol, el gobierno de Bolivia anunció que pedirá la extradición de la esposa de Diego Marset, Emiliana Cristina Mantilla. De acuerdo con lo que dijo el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, el pedido se hará ante las autoridades de la República Federativa de Brasil, ya que la mujer tiene una orden de aprehensión en Bolivia por estar vinculada a la red criminal.
Mantilla había sido arrestada en Foz de Iguazú, Brasil, por ingresar de manera ilegal, cuando se ejecutaba la captura de Marset Alba. Conforme a lo que dijo el abogado de la familia Marset, Santiago Moratorio, Mantilla dio a luz en Brasil poco antes de la detención.
Por otro lado, Bolivia no descarta la posibilidad de solicitar la extradición de Marset Alba, a pesar de que, como ya había informado Moratorio, el hermano del narcotraficante nació en Brasil, por lo que “deja en principio la imposibilidad para que se concrete la extradición”, ya que Brasil no extradita a sus connacionales.
 
 
 
 
 
DENUNCIA SER VÍCTIMA DE AMENAZAS Y HOSTIGAMIENTO POR PARTE DE LA EXPAREJA DE SU ESPOSA EN BOLIVIA
 
Irving Corona comentó que el hombre en cuestión tiene mucho poder en su país, por lo que las autoridades no han hecho nada por ayudarlo, inclusive indicó que teme que algo pueda pasarle a él o a su familia
 
El Heraldo de Chihuahua, México (https://acortar.link/CMszLX)
 
Un ciudadano cuauhtemense de nombre Irving Fernando Corona García, denunció públicamente una serie de arbitrariedades por parte de autoridades y particulares del país de Bolivia, en donde tuvo su residencia tras contraer nupcias con una mujer del país sudamericano, en donde afirma, fue víctima de discriminación, hostigamiento y amenazas por parte de la expareja de su ahora esposa, relación en la que nació una hija.
El sujeto señalado fue identificado por Corona García, con el nombre de Rodrigo P.M., quien es empresario del ramo de combustibles, y calificó como una persona con mucho poder económico que le permite corromper a las autoridades.
Irving Corona narra la serie de conflictos que fue tendiendo al momento de arribar a Bolivia, en donde contraería nupcias con una mujer que contactó a través de redes sociales, la cual tenía una hija a la que el cuauhtemense adoptó como suya.
Lo anterior fue factor de que Rodrigo P., hiciera lo imposible por evitar esa relación, antecediendo el dato de que la mujer en mención, fue víctima de diversos delitos por parte de Rodrigo P. desde que era una adolescente, destacando el delito de violación del cual nació una niña que a la fecha cuenta con 8 años de edad.
A pesar de cometerse el delito, el denunciante indicó que, debido al poder del personaje en mención, la ley no se aplica en Bolivia, país que afirma, cuenta con los índices más elevados de delitos en contra de la mujer, entre estos el feminicidio.
Señaló que luego de un padecimiento que tuvo su esposa, al ser enfermero de profesión, decidió traerla a México para que recibiera un tratamiento, para lo cual solicitaron el consentimiento de Rodrigo P.ara que su hija los acompañara, lo que les fue negado, optando por dejar a la menor en su poder.
Tras meses de estar con el sujeto señalado, la menor denunció a su madre actos impropios cometidos por su padre biológico, lo que motivo que iniciaran un juicio para obtener la tutela de la niña, la cual, Irving Corona afirma quiere como si fuera su hija.
El denunciante narra cómo su vida se convirtió en un infierno al ser víctima de actos vandálicos orquestados por la expareja de su esposa, quien incluso, acusó al cuauhtemense de ser responsable del delito de robo de infantes, lo que dio pie a una persecución en su contra.
Presentando una serie de documento probatorios, Corona García se mostró atemorizado por lo que pueda sufrir su familia al estar en Sudamérica, esto ante la serie de amenazas y hostigamiento por parte del exesposo de su pareja sentimental, lo que dio pie a que su esposa huyera al país de Argentina, en donde recientemente se notificó de una demanda en su contra por el supuesto delito de extracción de menores, esto luego de que la mujer llevara consigo a su hija.