Primero
lo abandonó su delfín en la presidencia del país, Luis Arce, y ahora la joven
promesa de la izquierda dura, Andrónico Rodríguez, a quien él ayudó a
convertirse en titular del Senado.
El
líder cocalero que batió récords en la presidencia de Bolivia, empieza a caer
en cuenta que su liderazgo se ha diluido. Evo Morales está cada vez más solo.
El
actual presidente Arce fue quien, como ministro de Economía, logró el
crecimiento económico sostenido que fortaleció su gobierno y le permitió las
reelecciones. Pero a la candidatura presidencial del MAS se la dio Evo Morales,
calculando que siempre lo tendría bajo control y le despejaría el camino para
su regreso a la presidencia.
Sin
embargo, Arce hizo con Morales algo muy parecido a lo que hizo en su momento
Lenin Moreno con su mentor, Rafael Correa, en Ecuador: se lo sacó de encima y
lo enfrentó en la arena política.
Cuando
llegó a la jefatura del Estado Plurinacional boliviano, Luis Arce empezó
aclarándole a su ex jefe que no tendría influencia sobre su gobierno. A renglón
seguido, ante las presiones del líder cocalero, el actual presidente comenzó a
mover influencias para quitarle a Evo Morales la conducción del Movimiento Al
Socialismo (MAS).
El
ex mandatario batalló duro para quedarse con el partido que había creado y
liderado desde su fundación, pero Arce, apoyado en el vicepresidente David
Choquehuanca, lograron desplazarlo de la conducción.
El
líder cocalero contraatacó con denuncias de corrupción contra el presidente,
quien devolvió esos golpes habilitando procesos judiciales contra Evo Morales
por delitos de trata y estupro.
Luis
Arce bombardeó institucionalmente los intentos del ex presidente para poder
candidatearse violando la ley. También apoyó desde la presidencia los procesos
judiciales que podrían acabar con el líder cocalero encarcelado por mantener
relaciones sexuales con menores. Esos procesos sirvieron como presión para que
en Argentina avancen los procesamientos por las mujeres menores de edad que le
habrían provisto durante su exilio en este país.
Mientras
fracasaban las rebeliones de agrupaciones indígenas y los bloqueos de ciudades
que impulsó para que Luis Arce pierda de la presidencia, Evo Morales empezó a
preparar la jugada que le quedaba, apostando a la presión social que podría
ejercer una figura joven, políticamente muy potente y totalmente leal a su
liderazgo: Andrónico Rodríguez.
Pero
el presidente del Senado no respondió su pedido de ayuda y mostró desinterés
por ser su candidato a vicepresidente. Ocurre que Andrónico Rodríguez ya estaba
viendo que él tiene más chances electorales que Arce y que Evo, por lo tanto
movió influencias y logró que los movimientos sociales expresaran públicamente
el deseo de que él sea el candidato a presidente.
De
ese modo la izquierda, que ya estaba dividida en dos, sufrió otra escisión y
ahora tiene tres aspirantes a la presidencia.
Sería
para la derecha boliviana una pelota picando en la puerta del arco, si no
estuviera también ella experimentando enfrentamientos entre líderes que pueden
dividirla en al menos dos candidatos.
Todas
las señales parecen indicar el crepúsculo definitivo del liderazgo más poderoso
y duradero que ha tenido Bolivia en décadas. Las figuras fuertes de la
izquierda boliviana están abandonando a Evo Morales. También se está dividiendo
el voto izquierdista. Pero la dirigencia derechista, desde la centroderecha
hasta el ultraconservadurismo, dan señales de medianía que podrían hacerla
perder una oportunidad más de ganar en las urnas y regresar al palacio del
Qemado. Doce Tv de Argentina (https://n9.cl/khgpe5)
LA
INVIABLE CANDIDATURA DE EVO MORALES A LA PRESIDENCIA DE BOLIVIA EN 2025
¿Puede
Evo Morales volver a postularse en 2025? El presente análisis jurídico sostiene
que, a la luz de la Constitución y la democracia representativa, la candidatura
no es viable.
Agenda
del Estado de Derecho (https://n9.cl/8q4ci)
El
X Congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS), realizado en Lauca Ñ (Trópico
del departamento de Cochabamba) los primeros días de octubre de 2023, tomó la
determinación de declarar a Evo Morales como “único candidato” a la presidencia
para las elecciones generales de 2025, haciéndose pública las determinaciones
del Congreso por los diferentes medios de comunicación social. En la reunión
nacional de emergencia del MAS, realizado el 20 de noviembre en Lauca Ñ, se
ratificó a Evo Morales como candidato a Presidente en las elecciones de 2025; y
el 20 de febrero de 2025, Evo Morales, junto a sus seguidores anunció
públicamente, ante los medios de comunicación social, que se postulará como
candidato a la presidencia en las elecciones generales de 2025 con el Partido
Frente Para la Victoria.
Por
disposición del art. 167 de la Constitución, “para acceder a la candidatura a
la Presidencia o a la Vicepresidencia del Estado se requiere cumplir con las
condiciones generales de acceso al servicio público, contar con treinta años de
edad cumplidos al día de la elección, y haber residido de forma permanente en
el país al menos cinco años inmediatamente anteriores a la elección”.
En
aplicación de la norma prevista, la anunciada candidatura es jurídicamente
inviable; ya que, Evo Morales no cumple con una de las condiciones generales
para acceder al desempeño de las funciones públicas que establece el art. 234.5
de la Constitución que establece: “Para acceder al desempeño de funciones
públicas se requiere: (…) No estar comprendida ni comprendido en los casos de
prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución”; pues al
haber ejercido la presidencia del Estado por tres períodos continuos, se
encuentra en la prohibición de ejercer ese cargo por más de dos períodos
constitucionales.
Por
previsión del art. 11 de la Constitución, el Estado Plurinacional de Bolivia ha
adoptado para su gobierno la democracia participativa, representativa y
comunitaria. Siendo uno de los principios de la democracia representativa la
alternancia en el ejercicio del poder político, el Constituyente, mediante la
norma establecida en el art. 168 de la Constitución, ha puesto un límite de
tiempo al ejercicio de un cargo electivo, diez años, fijando un período de
mandato constitucional de cinco años con derecho a la reelección por una sola
vez de manera continua; por lo que, conforme a la voluntad del Constituyente,
establecida en la norma constitucional referida, está prohibido ejercer el
cargo de Presidente del estado por más de dos períodos constitucionales.
La
limitación definida por el Constituyente, a través de la norma constitucional
citada tiene por finalidad resguardar la democracia representativa frente a la
pretensión de perpetuación en el ejercicio del poder político, evitando se
transforme el régimen en una autocracia.
La
Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva OC-28/2021,
al referirse sobre los principios de la democracia representativa, afirmó que
los Estados tienen la obligación de realizar elecciones periódicas y el cargo
de Presidente del estado debe tener un período fijo y no un mandato indefinido;
pues la prohibición de mandato indefinido busca evitar las personas que ejerzan
cargos electivos no se perpetúen en el poder.
Bolivia,
desde su nacimiento a la vida republicana adoptó para su régimen de gobierno la
democracia representativa; para preservar ese régimen se limitó el tiempo de
ejercicio de la Presidencia del Estado, salvo excepciones que se dieron en la
Constitución de 1826, que previó la Presidencia vitalicia. En la reforma
constitucional de 1831 se fijó un período de mandato con derecho a reelección
indefinida, norma que fue modificada en 1839 prohibiendo la reelección
presidencial. A través de la reforma constitucional de 1868 se introdujo la
permisión de la reelección presidencial por una sola vez, pero en la reforma
constitucional de 1871 se revirtió prohibiendo la reelección presidencial. En
el Siglo XX, para constitucionalizar las medidas adoptadas con el triunfo de la
revolución de 1952, se procedió a reformar la Constitución en 1961,
introduciendo como una de las reformas la permisión de la reelección
presidencial inmediata por un solo período constitucional. Aplicando esa norma
el Presidente Víctor Paz Estensoro logró su reelección, habiendo sido, sin
embargo, depuesto mediante Golpe de Estado; pero mediante la reforma
constitucional de 1967 se prohibió la reelección continua.
Estando
prohibida la reelección presidencial continua, en la tradición constitucional
del Estado boliviano se aplicó la permisión constitucional de la reelección
discontinua; así, en la Constitución de 1967, reformada los años 1994 y 2004,
el art. 87.I preveía lo siguiente: “El mandato improrrogable del Presidente de
la República es de cinco años. El Presidente puede ser reelecto por una sola
vez después de transcurrido cuando menos un período constitucional”.
En
la reforma constitucional de 2009, el Constituyente ha tomado la determinación
de modificar el sistema descrito; por lo que, de un lado, ha levantado la
prohibición de la reelección presidencial, estableciendo la reelección
continua; y, de otro, ha puesto límite al periodo de tiempo de ejercicio de la
Presidencia del Estado a diez años, determinando que la reelección será por una
sola vez y de manera continua; así lo prevé el art. 168 de la Constitución de
2009, cuando dispone que: “El periodo de mandato de la Presidenta o del
Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco
años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”.
Como
se podrá advertir, por voluntad del Constituyente la anterior regla de la
prohibición de reelección presidencial continua con permisión de reelección
discontinua, se ha modificado con la nueva regla que permite la reelección
presidencial por una sola vez, pero de manera continua; lo que constituye un
doble efecto jurídico expresado por la norma constitucional, como expresión de
la voluntad del Constituyente; el primero, la permisión de la reelección
continua, como una vía de prolongación de una buena administración del Estado
lograda por el Presidente; y, el segundo, la limitación al periodo de tiempo de
ejercicio del cargo de Presidente a diez años, como una garantía a la
democracia representativa, evitando la perpetuación de la persona en el cargo y
ejercicio del poder. Como consecuencia de esa modificación constitucional no
existe ya la figura de la reelección o elección discontinua; ya que, una o un
ciudadano que ya ejerció el mandato por el período máximo fijado por la norma
constitucional no puede volver a acceder al cargo.
En
el caso de Evo Morales, resulta que ya ejerció el cargo por más tiempo del
máximo fijado por la Constitución; ya que, con una modificación material de la
Disposición Transitoria Primera de la Constitución, mediante la Ley de
Aplicación Normativa de 20 de mayo de 2013, avalada incorrectamente e
infringiendo la Constitución por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que
mediante Declaración Constitucional 0003/2013 de 25 de abril declaró
constitucional el Proyecto de Ley, logró una segunda reelección continua, que
está prohibida por la Constitución; es más, sobre la base de una vergonzosa
Sentencia Constitucional 0084/2017, pretendió una tercera reelección continua,
presentando su postulación para las elecciones generales de 2019, un proceso
electoral que se desarrolló con fraude establecido por la Organización de
Estados Americanos mediante una Auditoría realizado por 36 especialistas cuyo
informe fue hecho público el 04 de diciembre de 2019; el fraude motivó una
protesta ciudadanía que se movilizó y bloqueó las calles, generando una crisis
social y política que culminó en la renuncia al cargo del Presidente y
Vicepresidente del Estado presentada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional
el día 10 de noviembre de 2019.
En
consecuencia, Evo Morales se encuentra comprendido en un caso de prohibición
expresa de ejercer nuevamente la Presidencia del Estado, prevista por el art.
168 de la Constitución, en consecuencia no cumple con la condición general de
acceso al servicio público, prevista por el art. 234.5 de la Constitución,
consistente en no estar comprendido en las prohibiciones establecidas por la
Constitución; por lo que su candidatura es inviable por previsión
constitucional.
Por
tanto, la candidatura de Evo Morales a la Presidencia del Estado, para el
período constitucional 2025 – 2030 es inviable jurídicamente.
EL
HOMBRE MÁS RICO DE BOLIVIA, MARCELO CLAURE, BUSCA DERROTAR A LA IZQUIERDA
El
hombre más rico de uno de los países más pobres de América Latina se ha
propuesto salvar a su país.
MSN
de España (https://n9.cl/rzv5a)
El
multimillonario boliviano Marcelo Claure afirma que está dispuesto a utilizar
su poder financiero para derrotar al partido socialista en ejercicio e instalar
una presidencia favorable al libre mercado en las elecciones de este año. La
nación sin litoral se enfrenta a la peor crisis económica en décadas, ya que la
inflación galopante y la creciente escasez de combustible perturban la vida
cotidiana, y Claure cree que las elecciones de agosto son la mejor oportunidad
en años para elegir un gobierno favorable a los negocios.
Claure
se ha obsesionado con la idea de que puede arreglar la política del país,
aunque no ha pisado Bolivia en más de un año, por temor a las amenazas de
muerte que dice haber recibido a través de WhatsApp, y preocupado por que el
actual gobierno pueda intentar detenerlo debido a su activismo.
“Voy
a utilizar todo lo que tengo: tecnología, recursos financieros, mi voz”,
declaró Claure en una entrevista excepcional concedida a Bloomberg News en
Nueva York. “Aportaremos todos los recursos financieros que sean necesarios”.
Afirma que otro presidente de izquierda llevará a Bolivia “al borde de
convertirse en la próxima Venezuela”, en referencia al colapso económico y al
éxodo masivo de personas del país rico en petróleo.
Aunque
los bolivianos han apoyado de forma abrumadora al partido socialista MAS
durante la mayor parte de este siglo, el presidente Luis Arce, que aspira a un
nuevo mandato, es muy impopular debido a los problemas económicos. Su mentor,
el expresidente Evo Morales, ha manifestado su intención de presentarse, pero
se enfrenta a obstáculos legales, entre ellos acusaciones de abuso sexual de
menores. También desde la izquierda, el presidente del Senado, Andrónico
Rodríguez, ha anunciado su candidatura.
Pero
la oposición está aún más fracturada, con al menos cuatro candidatos de
centro-derecha compitiendo por la presidencia y sin un claro favorito por el
momento.
Esa
es la situación que Claure intenta evitar al involucrarse. Sus mejores intentos
por animar a la oposición a decidirse por un único candidato al que poder
financiar no han dado ningún fruto, a pesar de haber ofrecido una ayuda para la
campaña que se estima en millones de dólares. Aunque la legislación boliviana
establece límites estrictos a la cantidad de dinero que se puede donar
directamente a un candidato o partido político, los expertos electorales
afirman que en Bolivia es habitual encontrar formas de eludir la ley utilizando
cuentas bancarias no declaradas o aceptando apoyo de otras formas. Claure ha
afirmado que respetará la ley y declinó especificar cuánto está dispuesto a
gastar en la campaña.
A
finales de este mes, Claure ha convocado a los candidatos proempresariales a
reunirse en la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard, donde la institución
presentará un plan para reformar la economía boliviana encargado por el propio
multimillonario. Entre bastidores, es probable que la reunión sea una última
oportunidad para persuadir a los demás candidatos de la oposición de que se
retiren y respalden a alguien que pueda unir a los distintos bandos.
“Mi
compromiso con el pueblo boliviano es intentar unirlo, elegir a alguien que
cuente con el apoyo del 90% del país”, afirmó Claure.
Si
no hay acuerdo, Claure ha advertido que elegirá a alguien a quien financiar por
su cuenta, basándose en las encuestas que ha encargado.
“Claure
clamó por unidad y nadie le hizo caso”, afirmó Carlos Toranzo, analista
político boliviano en La Paz. Según él, en este momento no está claro cuánta
influencia tendrá finalmente el multimillonario en las elecciones de agosto,
dadas las dificultades que ha habido hasta ahora para llegar a un acuerdo entre
la oposición.
El
papel de “creador de reyes” que Claure pretende labrarse inevitablemente
suscitará comparaciones con Elon Musk, el hombre más rico del mundo, que
invirtió más de US$255 millones en grupos que respaldaban la candidatura del
presidente Donald Trump, según datos de la Comisión Federal Electoral. Tras la
victoria de Trump, Musk fue nombrado para dirigir una nueva oficina encargada
de reestructurar radicalmente el gobierno.
Claure
dice que su situación es diferente porque tiene intereses comerciales mínimos
en Bolivia, o al menos por ahora. Dice que su trayectoria como inversionista le
da acceso a los fondos más grandes del mundo y le permite ayudar a dirigir
inversiones a Bolivia, pero solo si se convierte en un país que acoge la
inversión extranjera directa y lleva a cabo reformas favorables al mercado.
“No
tengo ni idea de cuáles son las intenciones de Elon, pero mis intenciones son
ayudar a arreglar mi país”, afirmó Claure. No descarta desempeñar un papel en
un futuro gobierno. “Me pondría a disposición para cualquier función que el
candidato electo quiera que desempeñe”.
Claure
nació en 1970 y se crió en parte en La Paz. Su padre era geólogo y trabajaba
para las Naciones Unidas, por lo que la familia se mudaba con frecuencia.
Asistió a una escuela privada de élite en Bolivia antes de ir a la universidad
en EE.UU.
Ha
ganado prácticamente todo su dinero fuera de su país natal, fue director
ejecutivo de la empresa de telecomunicaciones Sprint y supervisó las
negociaciones iniciales para su fusión con T-Mobile. Luego se convirtió en uno
de los máximos ejecutivos de SoftBank, la empresa tecnológica dirigida por el
multimillonario Masayoshi Son, donde dirigió las operaciones internacionales y
supervisó el intento de reflotar WeWork, la empresa de coworking que se
derrumbó. Se fue de la empresa japonesa en 2022 tras una confrontación por sus
exigencias de US$1.000 millones en concepto de salario.
Ahora
es vicepresidente de Shein, el minorista electrónico chino.
También
es inversor de capital riesgo y ha invertido cientos de millones en startups
latinoamericanas, pero casi nada en Bolivia. Sin embargo, es propietario de uno
de los equipos de fútbol más populares de Bolivia, el Club Bolívar. Afirma que
el club fue objeto de una auditoría fiscal después de que él se involucrara en
la política.
Bolivia
alberga los mayores yacimientos de litio del mundo, pero ha tenido dificultades
para explotarlos. Claure afirmó que consideraría invertir en el sector si se
aplicaran reformas favorables al mercado que aumentaran la transparencia.
El
estatus de Claure como crítico de derecha es quizás inesperado, dadas sus
relaciones con el partido MAS en años anteriores. Desarrolló una cierta amistad
con Morales durante su presidencia, que duró de 2006 a 2019.
Pero
los problemas económicos de Bolivia han enfriado la relación del
multimillonario con Morales, a quien ahora culpa en gran medida de la recesión.
Aunque Bolivia creció mucho más rápido que la mayoría de los países en
desarrollo bajo el mandato de Morales gracias al auge del gas natural, sus
reservas se han agotado y la inflación crece a grandes pasos. El agresivo gasto
público ha generado un gran déficit fiscal.
Morales
defiende su gestión económica y pretende llevar a cabo una campaña basada en la
nostalgia por los buenos tiempos vividos bajo su liderazgo. Aunque los
tribunales han dictaminado que los límites al mandato le impiden presentarse de
nuevo, Morales se aferra a la esperanza de que finalmente pueda aparecer en las
papeletas electorales.
A
medida que Claure se ha ido tomando más a pecho el destino de su país, ha
intensificado sus publicaciones en las redes sociales atacando al gobierno y
haciendo comentarios despectivos sobre Morales, el partido MAS y Arce. Cuando
un tribunal ordenó la detención de Morales por cargos de abuso sexual de
menores, lo que llevó al expresidente a esconderse en un búnker en una zona
remota de Bolivia para evitar su arresto, Claure planteó la idea de ofrecer una
recompensa de US$1 millón por su captura.
Morales
niega haber cometido ningún delito y afirma que las acusaciones tienen
motivaciones políticas. Claure “quiere comprarse un presidente sumiso a sus
intereses para apropiarse de nuestros recursos naturales como el litio”,
declaró Morales el mes pasado en X. También le dijo al multimillonario:
“olvidas tus elogios a mi persona y a mi gobierno” en el pasado.
Arce
no respondió a una solicitud de comentarios sobre la iniciativa de Claure ni
sobre las críticas del multimillonario. El portavoz de Arce ha dicho en el
pasado que Claure está tratando de desestabilizar el país para poder acceder al
litio.
El
candidato de Claure
Claure
no quiso revelar cuál de los candidatos conservadores es su favorito. Todos
ellos son poco conocidos fuera de Bolivia.
Sin
embargo, ha encargado y publicado varias encuestas con las que espera obtener
información sobre quién tiene más posibilidades y, por lo tanto, merece su
apoyo. La más importante, publicada en marzo, reveló que un candidato unificado
de la oposición derrotaría al partido MAS en la primera vuelta con más del 50%
de los votos, pero que ninguno de los principales aspirantes de la oposición
podría ganar en la primera vuelta si varios candidatos dividieran el voto.
Si
ningún candidato obtiene la mayoría de los votos en la primera vuelta, los dos
más votados se enfrentarán en una segunda vuelta en octubre.
Los
observadores políticos afirman que no es nada seguro que un candidato
conservador gane en ese escenario. “El MAS tiene un electorado fuerte y estable
que se va a juntar”, afirmó Luciana Molina, analista política en Ciudad de
México.
Claure
quiere evitar una segunda vuelta, alegando que podría ser propensa al fraude.
Entre sus iniciativas políticas, también lidera lo que denomina un programa de
integridad electoral para que los ciudadanos participen como observadores en el
proceso.
La
Organización de Estados Americanos expresó su profunda preocupación por las
elecciones de 2019, que Morales afirmó haber ganado antes de acabar huyendo del
país en medio de acusaciones de que había intentado robar los votos. La
organización concluyó que hubo “manipulación intencionada” y “graves
irregularidades” que “imposibilitaron la validación de los resultados
inicialmente emitidos por las autoridades electorales bolivianas”.
Cuando
se celebraron nuevas elecciones en 2020, Arce ganó fácilmente.
La
encuesta de Claure reveló que Samuel Doria Medina, un antiguo magnate del
cemento que vendió su empresa hace una década, es el candidato favorito de la
oposición. Doria Medina ya se ha presentado tres veces a las elecciones
presidenciales, quedando en segundo lugar por detrás de Morales en 2014.
Los
otros tres candidatos son Manfred Reyes, alcalde de la ciudad de Cochabamba;
Chi Hyun Chung, médico de origen coreano y pastor evangélico; y el expresidente
Jorge Quiroga, que ocupó el cargo brevemente a principios de la década de 2000,
antes de que el MAS tomara el poder.
Doria
Medina ya es un hombre rico, aunque no tanto como Claure. En una declaración a
Bloomberg, afirmó que sería una “alegría” recibir el voto de Claure y su apoyo
“político, voluntario y transparente”, pero no mencionó el dinero. En una
entrevista reciente en los medios locales, también pareció descartar cualquier
necesidad de ayuda financiera por parte del multimillonario, diciendo que no
quería que fuera asesor de su posible Gobierno, sino inversor.
Claure
respondió en X. “¿Es verdad?”, preguntó, etiquetando a Doria Medina. “Pienso
que si eres el escogido, puedo ayudarte mucho”, añadió.
ESTE
PAÍS DE SUDAMÉRICA POSEE LA MAYOR INFLACIÓN JUNTO A VENEZUELA Y ARGENTINA:
FALTA DE DÓLARES Y ESCASEZ DE COMBUSTIBLE AGRAVAN SITUACIÓN
Una
serie de desequilibrios económicos ha generado alza de precios, depreciación
monetaria y una fuerte contracción del comercio en zonas fronterizas de
Sudamérica.
La
República de Perú (https://n9.cl/l6rdn)
Bolivia
atraviesa una de las crisis económicas más severas de los últimos años, marcada
por una escasez generalizada de combustibles, una creciente devaluación de su
moneda y la desaparición de las reservas internacionales. Estos factores
afectaron directamente a la capacidad de compra de los ciudadanos, provocando
una inflación que ya ubica al país entre los tres con mayor alza de precios de
Sudamérica, junto a Venezuela y Argentina.
El
impacto ha sido especialmente crítico en la canasta básica, cuyos precios han
experimentado aumentos significativos en alimentos como arroz, harina y carne.
La población, particularmente en zonas fronterizas como Desaguadero, enfrenta
un mercado desabastecido, alta volatilidad cambiaria y una reducción drástica
del comercio transfronterizo con Perú, tradicionalmente una fuente de ingresos
para muchos comerciantes locales.
Factores
económicos que impulsan la inflación en Bolivia, según expertos locales
La
inflación general interanual en Bolivia alcanzó el 15% hasta abril de 2025,
mientras que la inflación en alimentos superó el 24%, según datos publicados
por analistas económicos. Entre las causas principales se identifican la falta
de dólares, la disminución de las reservas internacionales y el colapso en la
producción de gas natural, recurso que antes sustentaba buena parte de la
economía nacional.
A
esta situación se suma el uso de mecanismos alternativos de adquisición de
divisas, como las monedas virtuales, que han empujado al alza el tipo de cambio
paralelo, hoy por encima de 15 bolivianos por dólar, frente a una tasa oficial
de 6,96. Las medidas fiscales y monetarias expansivas, junto a un gasto público
elevado, han contribuido a una mayor presión inflacionaria, según evaluaciones
de académicos de la Universidad Católica de Bolivia.
Escasez
de gasolina, contrabando y caída del comercio en la frontera con Perú
La
falta de combustibles, en especial gasolina y diésel, ha generado largas colas
y restricciones de abastecimiento. Esta escasez ha elevado los costos
logísticos y de transporte, lo que se refleja en un aumento generalizado de
precios. Adicionalmente, la subvención interna ha hecho que el precio de la
gasolina sea más bajo que en los países vecinos, promoviendo el contrabando
hacia Perú, Brasil y Argentina.
Comerciantes
peruanos en zonas limítrofes como Desaguadero han reportado una caída del 70%
en sus ventas debido a que la población boliviana ha reducido sus compras. A su
vez, productos peruanos, como ropa, alimentos y electrodomésticos, se han
vuelto inaccesibles para los compradores bolivianos, impactados por la
depreciación del boliviano.
Impacto
de la devaluación del boliviano en precios, ahorros y consumo interno
La
devaluación de la moneda ha tenido un doble efecto: por un lado, ha encarecido
los productos importados, y por otro, ha incentivado la salida ilegal de
alimentos bolivianos hacia otros países, reduciendo la oferta local y elevando
los precios internos. El fenómeno conocido como "contrabando a la
inversa" afecta especialmente a la carne y el maíz, productos que resultan
más rentables al ser comercializados fuera del país.
Mientras
tanto, miles de familias bolivianas han modificado su consumo, optando por
productos más económicos o reduciendo sus compras. Los comerciantes bolivianos
han reportado que incluso productos tradicionales como el pollo a la brasa han
triplicado su precio, haciéndolos inaccesibles para gran parte de la población.
En este contexto, el turismo peruano en Bolivia ha aumentado, ya que el tipo de
cambio favorece a los visitantes que encuentran precios bajos en moneda
extranjera.
¿POR
QUÉ BOLIVIA SE UNIÓ A LA LISTA DE MAYOR INFLACIÓN?
Cadena
Política de México (https://n9.cl/cix6h)
Bolivia
enfrentaba hasta hace poco una estabilidad de precios envidiable. Sin embargo,
en los últimos meses, el país se ha colocado entre las naciones con mayor
inflación de Sudamérica, solo detrás de Venezuela y Argentina. Hasta abril de
este año, la inflación interanual alcanzó el 15 %, mientras que el aumento en
los precios de los alimentos llegó al 24 %.
La
pérdida de ingresos por gas natural, que durante más de una década sostuvo la
economía, marcó el inicio del declive. Desde 2022, la producción se redujo a la
mitad, lo que obligó al país a importar combustibles. Esto agotó las reservas
internacionales, que tocaron fondo en febrero de 2023.
Mientras
el dólar en el mercado oficial mantiene una tasa de 6,96 bolivianos, en el
mercado informal se paga más del doble. Esta diferencia genera distorsiones,
escasez de productos e incentivos para el contrabando.
¿Qué
consecuencias tendrán que enfrentar los bolivianos?
El
encarecimiento ha golpeado fuerte a las familias bolivianas. Aunque el gobierno
mantiene subsidios como el de la gasolina, la diferencia de precios con los
países vecinos fomenta el contrabando a la inversa. Este fenómeno, que consiste
en sacar productos ilegalmente hacia Perú, Brasil y Argentina, ha generado
desabasto local. La carne es uno de los productos más afectados: su salida no
autorizada provocó una escasez interna que elevó sus precios.
Los
sectores populares son quienes más resienten el impacto. La necesidad de
ajustar la dieta familiar se convierte en una realidad cotidiana. Las clases
medias también expresan su malestar, aunque en menor medida.
¿Cuál
es la postura del gobierno boliviano?
El
presidente Luis Arce ha descartado una devaluación formal del boliviano, la
eliminación de subvenciones o el regreso al Fondo Monetario Internacional. Su
administración sostiene políticas fiscales y monetarias expansivas. El gasto
público, especialmente en este año electoral, se mantiene elevado. Para cubrir
los déficits, el gobierno ha recurrido a la emisión monetaria, lo cual alimenta
la demanda y, por ende, la inflación.
Con
las elecciones en puerta y una población cansada del deterioro económico, el
futuro de Bolivia dependerá de decisiones urgentes y de una política económica
más sostenible.
BOLIVIA:
HRF ADVIERTE QUE JUECES QUE IGNORAN DECISIÓN DE LA ONU SE ENFRENTARÁN A
SANCIONES MAGNITSKY
Human Rights Foundation (https://n9.cl/q9r06s)
La
Human Rights Foundation (HRF) condena enérgicamente al Tribunal de Sentencia
Penal, Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Sexto de la ciudad de La Paz,
presidido por el juez Marco Antonio Vargas, por su negativa a acatar una
decisión emitida en marzo de 2025 por el Grupo de Trabajo sobre la Detención
Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA), que determinó que la detención
preventiva del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, es arbitraria y
viola el derecho internacional.
A
pesar del llamado inequívoco del GTDA a liberar de inmediato a Camacho y
garantizarle un juicio justo en libertad, el tribunal rechazó la decisión con
el argumento tecnicista de que “no estaba firmada”, a pesar de tratarse de una
resolución oficial disponible en el sitio web del GTDA. Por su parte, el
procurador general de Bolivia, Ricardo Condori, desestimó el pronunciamiento
del Grupo de Trabajo como una simple “valoración”, afirmando que no tiene
carácter vinculante, una postura que contradice directamente las obligaciones
jurídicas internacionales asumidas por el Estado boliviano.
Como
HRF destacó durante una conferencia de prensa en La Paz tras la decisión del
GTDA, el pronunciamiento no es simplemente una recomendación. Bajo el propio
marco legal boliviano específicamente, la doctrina del bloque de
constitucionalidad, los tratados internacionales de derechos humanos
ratificados están plenamente incorporados al derecho interno. Por lo tanto, el
Estado Plurinacional de Bolivia está legalmente obligado a implementar la
decisión de la ONU y liberar a Camacho sin demora.
“No
se trata de una cuestión de discrecionalidad política, sino de una obligación
legal vinculante que se deriva de la ratificación por parte de Bolivia del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, afirmó Javier El-Hage,
director jurídico de HRF. “La decisión del Grupo de Trabajo es vinculante tanto
para el Poder Ejecutivo como para el Poder Judicial, y quienes continúen
desobedeciéndola se exponen a rendir cuentas a nivel internacional por
violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo sanciones Magnitsky
impuestas por Estados Unidos.”
El
pronunciamiento del GTDA, emitido el 31 de marzo, concluyó que la detención de
Camacho fue ilegal, motivada políticamente, y que sus derechos fundamentales
—incluidos el debido proceso, la libertad y la presunción de inocencia— fueron
gravemente vulnerados. Tras la decisión, la defensa de Camacho solicitó una
audiencia para poner fin a su detención preventiva, pero un tribunal boliviano
rechazó la solicitud el 2 de mayo, en medio de protestas y ataques de turbas
oficialistas que acosaron al equipo legal de Camacho y a sus familiares al
salir del juzgado en La Paz.
La
negativa del régimen boliviano a acatar la decisión de la ONU demuestra un
preocupante desprecio por el derecho internacional y resalta aún más la erosión
continua de la independencia judicial bajo el régimen autoritario híbrido del
presidente Luis Arce. El lunes, en un claro acto de represalia, el régimen
ordenó la detención de la jueza Lilian Moreno, quien había anulado la orden de
aprehensión contra el expresidente Evo Morales. Morales, acusado de trata de
personas, mantiene una feroz y a menudo violenta disputa por el poder con Arce,
buscando de manera agresiva e ilegal postularse nuevamente a la presidencia.
“Es
desalentador y profundamente preocupante ver al gobierno boliviano empujar al
Poder Judicial a mostrar un desprecio tan evidente por la ley”, dijo Martín
Camacho, exjuez boliviano y abogado principal de la defensa de Camacho en el
país. “A pesar de la peligrosa instrumentalización del sistema judicial,
seguiremos intentando hacer valer esta importante decisión internacional,
agotando todas las vías judiciales internas hasta que Luis Fernando recupere su
libertad. No descansaremos hasta lograrlo.”
A
menos que el régimen y los tribunales rectifiquen su postura, HRF buscará
invocar la Ley Global Magnitsky de Estados Unidos para promover sanciones
dirigidas no solo contra el ministro de Justicia y el procurador general de
Bolivia quienes han pedido públicamente ignorar el fallo de la ONU, sino
también contra los jueces cómplices en la violación de los derechos de Camacho,
incluyendo no solo a Vargas, sino también a los jueces Germán Ramos Mamani y
Liz Avilés Condori del tribunal que emitió la resolución del pasado viernes.
HRF
hace un llamado a la comunidad internacional en especial a los gobiernos
democráticos comprometidos con el Estado de derecho a unirse en la condena a
estos hechos recientes y apoyar la rendición de cuentas del poder judicial
subordinado de Bolivia.
BOLIVIA:
25 AÑOS DE LA GUERRA DEL AGUA
Nodal
AM de Argentina (https://n9.cl/kbuk9)
Fue
uno de los mayores parteaguas de nuestra historia reciente. Con epicentro en
Cochabamba, Bolivia, la Guerra del Agua abrió un nuevo periodo en las luchas
populares en América Latina. No sólo consiguió deslegitimar el neoliberalismo,
sino que al colocar en el centro la horizontalidad y la obediencia de los
dirigentes a las bases, marcó a fondo el ciclo de luchas que se abrió en 2000 y
culminó con la caída de los gobiernos privatizadores.
En
la Guerra del Agua confluyeron los campesinos regantes, los barrios de
Cochabamba que habían creado sistemas de agua propios y los sindicatos más
importantes de la ciudad, una alianza casi irrepetible, pero capaz de mostrar
toda su potencia en el despliegue de enormes movilizaciones que neutralizaron
la represión y forzaron al gobierno a suspender la privatización del servicio
de agua potable, que se había otorgado a la multinacional Bechtel con apoyo del
Banco Mundial.
En
la zona sur de la ciudad, los migrantes de la región andina que ya habían
levantado sus viviendas, abierto sus calles y comenzado a construir servicios,
empezaron a organizarse en sistemas de agua. A través de aportes comunitarios
construyeron sus fuentes de agua subterránea (perforación de pozos), sus
tanques de almacenamiento y sus redes de distribución. Todo lo hicieron con
espíritu solidario, sin ánimo de lucro y tomando resoluciones que estamparon en
actas.
Las
personas de la comunidad se encargaron de la administración de los sistemas de
agua y se hicieron responsables de la parte técnica, capacitándose o pidiendo
ayuda a especialistas. La rotación fue una práctica constante, ya que la
población de la zona sur de la ciudad proviene de regiones campesinas y de
mineros relocalizados, ambos sectores empapados de tradiciones y prácticas
comunitarias. Mientras los mineros aportaron su larga y combativa cultura
sindical, los campesinos volcaron su cosmovisión andina solidaria.
El
primer sistema urbano de agua potable nació en 1990. Pude conocer a Fabián
Condori, uno de sus fundadores, gracias a Óscar Olivera, que en esos años
dirigía el sindicato de fabriles y desde allí jugó un papel muy destacado en la
insurrección campesina, obrera y popular. Cada familia aportaba un boliviano
por mes para explosivos, herramientas y alquiler de oficinas. Cada familia
tenía que cavar seis metros por mes a medio metro de profundidad, todo en
terreno de roca, un trabajo muy duro y lento que les demandó tres años de
esfuerzos, explicó don Fabián.
Durante
los tres años que demandó el trabajo realizaron 105 asambleas, una cada 10
días. El problema es que la gente no descansaba, venía de su trabajo a darle,
cada familia tenía que aportar 35 jornadas de trabajo de ocho horas, podía
trabajar cualquier miembro de la familia, pero mayormente trabajaron las
señoras. Todo el mundo estaba con ampollas y muy cansados. Pico, pala,
carretilla, cernir tierra, compactar, era mucho, mucho trabajo. Me di cuenta de
que la mujer es más trabajadora, recordó Fabián cuando ya rondaba 80 años.
La
otra vertiente, los regantes, son campesinos agricultores que tienen sus
propias fuentes de agua, como ríos, lagunas y pozos, que administraban desde
antes de la llegada de los españoles. Debieron organizarse a escala regional
para superar la fragmentación. Durante cuatro años, entre 1994 y 1998, las
asociaciones locales de regantes desarrollaron la guerra de los pozos en
defensa de sus fuentes, que redundó en un fortalecimiento de las asociaciones y
una creciente coordinación regional.
Cuando
se acercaba la firma de la privatización de todo lo que habían construido
durante décadas, campesinos y barrios urbanos formaron la Coordinadora en
Defensa del Agua y la Vida, una confluencia entre dos culturas organizacionales
y de lucha muy similares, ancladas en la autonomía de cada colectivo local y en
la coordinación para la lucha con muy bajos niveles de burocratización o, si se
prefiere, donde la democracia directa jugaba un papel importante.
La
Coordinadora dirigió los bloqueos, las concentraciones y el conjunto de luchas
que en abril de 2000 consiguieron una contundente victoria, mostrando al mundo
que sí se puede si hay organización y decisión colectivas. Ese año se produjo
el levantamiento de las comunidades aymaras del Altiplano boliviano y al año
siguiente la insurrección del pueblo argentino, el 19 y 20 de diciembre de
2001, una verdadera oleada de victorias desde abajo.
Los
guerreros del agua pronto percibieron que no estaban ante la tradicional
alternativa privado-estatal, siempre limitada y confusa. Plantearon la
propiedad comunitaria para gestionar el servicio de agua, para no depender del
Estado, sino de la población organizada. No es pública, aunque, según la
legislación y cierta izquierda, sería privada; como todo lo que no es estatal
en esa visión del mundo.
Sobre
todo, mostraron que se puede luchar sin caudillos, ni partidos, y que el pueblo
organizado es capaz de grandes triunfos por sí mismo.
LEYES
MORDAZA EN AMÉRICA LATINA: CUANDO EL ESTADO BUSCA CALLAR A LA PRENSA
La
libertad de prensa atraviesa un momento complejo en América Latina, y Perú y
Bolivia son dos claros ejemplos de ello. Según el ranking 2024 de Reporteros
Sin Fronteras, ambos países se encuentran en una “situación difícil” en materia
de libertad de prensa, por las leyes mordaza que están siendo aprobadas en
estas últimas semanas.
Radio JGM de Chile (https://n9.cl/dd18w9)
En
Bolivia, situada en el puesto 93,
Reporteros Sin Fronteras denuncia: “Los ataques, las amenazas, la
censura y el hostigamiento, tanto por parte del Estado como de fuerzas
progubernamentales atentan regularmente contra la libertad de prensa».
En
el caso de Perú, el país cayó cinco puestos y se ubica actualmente en el lugar
130 de 180. La organización internacional advierte sobre acoso judicial,
campañas de desinformación y presiones crecientes sobre los medios
independientes como los principales factores que deterioran el ejercicio del
periodismo. Frente a esto Álvaro Meneses, periodista peruano independiente
mencionó:
«En
los últimos años el periodismo de investigación en Perú ha afrontado constantes campañas de
desinformación y desprestigio. Recientemente, por ejemplo, trabajé para el
equipo de IDL Reporteros, dirigido por el periodista Gustavo Gorritti, y un
canal de televisión llamado Willax, que es conocido en Perú como un medio de
desinformación, que le pertenece al empresario Erasmo Wong; investigado por
lavado de activos en la Fiscalía. El canal de televisión sostuvo una campaña de
desprestigio sostenida en el tiempo contra el medio y contra el director
Gustavo Gorritti, con una serie de informaciones desde tendenciosas, sin
verificar, y que solo buscan desprestigiar al medio y al director de este medio
independiente.”
Estos
son algunos ejemplos de las Leyes mordaza en América Latina que están surgiendo
en el último tiempo.
Alerta
en Perú
Una
ola de preocupación internacional se ha desatado tras la promulgación de la Ley
Nº 32.301 en Perú, impulsada por el gobierno de Dina Boluarte. La norma
modifica la Ley 27.692, que rige la creación y funciones de la Agencia Peruana
de Cooperación Internacional (APCI), y ha sido calificada como un grave
atentado contra la libertad de prensa. Más de 270 periodistas de investigación
de 24 países suscribieron el pronunciamiento «Perú: El periodismo bajo
censura«, en el que denuncian que la nueva ley representa una amenaza directa
al periodismo independiente y al derecho ciudadano a estar informado.
La
Ley 32.301 otorga al Estado, a través de la APCI, la potestad de autorizar o
bloquear actividades periodísticas financiadas con fondos de cooperación
internacional. Al regular a las ONG, que muchas veces son el canal de estos
fondos, el gobierno instala un filtro previo que afecta directamente al
periodismo independiente. Esto implica un control previo sobre investigaciones,
proyectos y contenidos, lo que constituye una violación a principios
fundamentales como la independencia editorial y el secreto profesional.
Asimismo,
se establece una prohibición explícita al uso de estos fondos para emprender
acciones legales contra el Estado. Esto incluye, por ejemplo, demandas para
acceder a información pública, un recurso clave para el periodismo
investigativo, sobre todo en contextos donde la transparencia institucional es
escasa. Con esta restricción, también se limita el respaldo legal para
periodistas que enfrentan procesos judiciales por su labor, dejándolos aún más
vulnerables frente a posibles represalias.
Álvaro,
periodista independiente, lo resume así: «El gobierno va a revisar lo que los
medios independientes quieren investigar e, incluso, podrá impedir que los
medios independientes usen los fondos que ganan por cooperación internacional y
con ello impedir de alguna forma que los medios investiguen los temas que les
interesa investigar. En sencillo, esta ley busca ahorcar económicamente a los
medios independientes que se dedican exclusivamente al periodismo de
investigación”.
Pero,
el impacto no se detiene ahí. Para poder desarrollar sus actividades, las
organizaciones deberán pedir permiso a la APCI, bajo la amenaza de sanciones en
caso de incumplimiento. Estas van desde una amonestación hasta multas que
pueden alcanzar los 2,6 millones de soles (alrededor de 720 mil dólares),
además de la posible suspensión de beneficios legales o la cancelación de su
registro como entidad cooperante.
El
control no termina ahí. La ley exige a la APCI reportar a otras entidades
cualquier “indicio” de que una organización pueda contravenir la Constitución o
la ley, lo que deja abierta la puerta a la arbitrariedad. Cualquier funcionario
podría, de manera subjetiva, informar a la Policía o al Ministerio Público
sobre actividades que considere “irregulares”.
Ataque
a la prensa en medio de una crisis institucional
El
contexto en el que se aprueba esta ley es especialmente preocupante. El
Congreso y el Ejecutivo atraviesan una profunda crisis de legitimidad, con
fuertes cuestionamientos por corrupción y por el uso del poder para debilitar
los contrapesos democráticos. Según la última encuesta de Ipsos, realizada a
nivel nacional entre el 9 y 10 de enero de 2025, la aprobación de la presidenta
Dina Boluarte subió apenas un punto: de 4% en diciembre a un escaso 5% en
enero. En este escenario, el periodismo aparece como uno de los últimos
obstáculos al control total del Estado.
“El
periodismo libre es un estorbo para quienes quieren perpetuarse en el poder.
Por eso quieren liquidar la libertad de prensa, silenciando al periodismo”,
señala el comunicado firmado por periodistas peruanos e internacionales
titulado Perú: El periodismo bajo censura.
Resistencia
desde adentro
El
pronunciamiento fue liderado por medios digitales peruanos con trayectoria en
investigación y denuncia, como IDL-Reporteros, Ojo Público, Convoca, Epicentro
TV y Salud con lupa. Estos medios han jugado un papel crucial en la revelación
de casos emblemáticos de corrupción y abuso de poder, y ahora enfrentan una
legislación que amenaza su existencia misma.
Desde
Perú, el llamado se extendió rápidamente a periodistas de toda América Latina,
Europa y Estados Unidos. Entre los firmantes destacan referentes globales como
Pedro Ramírez (CIPER), Marina Walker (Pulitzer Center), Grant Taylor (Daily News Limited) y Hugo
Alconada Mon (La Nación), también organizaciones como el Centro por la Justicia
y el Derecho Internacional.
La
declaración también cuenta con el respaldo de reporteros peruanos de medios
tradicionales, corresponsales internacionales, académicos, colectivos
ciudadanos y organizaciones de derechos humanos.
Un
precedente peligroso
La
alerta internacional va más allá del caso peruano. Los firmantes advierten que
la Ley 32301 sienta un precedente autoritario que podría ser replicado en otros
países con democracias debilitadas. Por eso, el llamado es urgente: defender el
periodismo independiente no es solo una cuestión profesional, sino una lucha
por la democracia en América Latina.
Leyes
mordaza en América Latina: la censura camuflada en Bolivia
Otra
muestra de las leyes mordaza en América Latina es Bolivia, donde crece la
preocupación entre gremios periodísticos por un proyecto de ley que, según
advierten, podría instaurar mecanismos de censura y control sobre los medios de
comunicación.
La
Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), junto a las nueve
asociaciones departamentales del país, expresó su rechazo al Proyecto de Ley
N.º 007/2024-2025, titulado “Integridad y Ética Pública en los Procesos
Electorales”.
La
iniciativa fue presentada por la senadora Silvia Salame, del partido Comunidad
Ciudadana, y actualmente se encuentra en revisión en el Senado.
Según
los periodistas, la propuesta busca imponer obligaciones como la entrega de
informes semanales al Órgano Electoral Plurinacional, además de establecer
criterios vagos y subjetivos como “precisión”, “equidad” y “veracidad” para
evaluar el contenido periodístico. Denuncian que estos parámetros podrían
prestarse a interpretaciones arbitrarias y convertirse en herramientas de
control político.
Las
asociaciones advierten que permitir que funcionarios públicos califiquen el
trabajo de la prensa constituye un atentado contra la independencia editorial y
una amenaza directa al derecho a la información.
También
recordaron que el ejercicio periodístico en Bolivia ya está regulado por la
Constitución, la Ley de Imprenta y un Código Nacional de Ética, por lo que
cualquier intento de imponer censura previa o directrices externas sobre los
contenidos representa una vulneración a la libertad de expresión.
Tal
vez te pueda interesar sobre las leyes mordaza en América Latina: La Sociedad
Interamericana de Prensa advierte sobre la hostilidad que enfrenta el
periodismo en América
EL
EJÉRCITO ENVIÓ CASI 1900 MILITARES A SALTA PARA AVANZAR CON EL PLAN ROCA EN LA
FRONTERA CON BOLIVIA
El
gobierno local destacó la llegada de los efectivos. Aseguran que los delitos
vinculados al narcotráfico disminuyeron
Infobae
de Argentina (https://n9.cl/ldy1r)
Este
martes 6 de mayo, un total de 1.900 efectivos del Ejército Argentino llegaron a
Tartagal, Salta, como parte de la ampliación del Plan Güemes y la Operación
Julio Argentino Roca, anunciada por el ministerio de Defensa de la Nación. El
operativo tiene como objetivo reforzar el control fronterizo en el norte
salteño, especialmente en la lucha contra el narcotráfico y el contrabando.
El
Secretario de Seguridad de Salta, Nicolás Avellaneda, destacó el despliegue,
confirmó la llegada de los efectivos valoró el operativo para ordenar la
situación en la frontera con Bolivia. “Es un aporte muy importante del gobierno
nacional”, valoró el funcionario salteño.
Este
desembarco de tropas forma parte de una estrategia nacional más amplia que
comenzó con el Plan Güemes en diciembre pasado en el departamento Orán, y que
se extiende ahora a los departamentos San Martín y Rivadavia.
La
iniciativa, anunciada en abril por el ministro de Defensa de la Nación, Luis
Petri, tiene un componente de cooperación entre el gobierno nacional y la
provincia de Salta.
Para
el gobierno de la provincia, este operativo servirá para reforzar las acciones
de las fuerzas federales y provinciales, pero que además tiene el objetivo
específico de mejorar la vigilancia en los pasos fronterizos.
En
ese contexto fue que Avellaneda explicó que el Ejército actuará como apoyo y,
en caso de detectar delitos flagrantes como narcotráfico o contrabando, podrá
intervenir directamente.
“Se
está dando un golpe muy fuerte al narcotráfico. Todos los delitos vinculados a
la narcocriminalidad disminuyeron en este primer cuatrimestre”, aseveró
Avellaneda en diálogo con la radio local FM Aries. “Tenemos una frontera muy
extensa y creemos que este aporte realmente va a colaborar”, agregó.
Las
acciones del Ejército, sin embargo, estarán bajo la supervisión de las fuerzas
competentes y del Poder Judicial, para asegurar que se respeten los marcos
legales y la legalidad de los procedimientos.
En
qué consiste el Plan Roca
La
Operación Julio Argentino Roca se apoya en el uso de tecnologías avanzadas,
como drones, radares móviles y helicópteros, lo que permitirá un monitoreo más
eficaz de las zonas rurales y las áreas alejadas de los centros urbanos.
Incluso habrá un avión Diamond.
Esta
tecnología se integrará a la estrategia operativa para asegurar que las tropas
desplegadas puedan reaccionar de manera flexible a los diferentes escenarios
que se presenten en la extensa frontera del norte argentino.
El
despliegue de los 1.900 efectivos de este plan también se enmarcó dentro de una
estrategia más amplia para fortalecer la seguridad en la región norte, como
parte extensiva del Plan Güemes, a cargo de Seguridad Nacional.
A
este operativo se le suman los esfuerzos realizados en otras partes del norte y
noroeste del país, para el monitoreo de la frontera terrestre y aeroespacial,
con la participación de más de 10.000 efectivos en diferentes fases del
operativo, que comenzaron en abril.
Las
brigadas del Ejército argentino están capacitadas con Reglas de Empeñamiento
para garantizar una actuación acorde a las circunstancias. Además, cada uno
tendrá un nuevo equipamiento de protección.
La
ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, ya había presentado durante
abril las intenciones de los avances en el Plan Güemes, cuyo objetivo es
desmantelar las redes criminales en las zonas afectadas por el narcotráfico y
el contrabando, entre más delitos de crimen organizado.
Durante
su visita a Salta, la ministra enfatizó el compromiso del gobierno en recuperar
el control del territorio de las bandas criminales. Además, destacó la
cooperación internacional, en especial el acuerdo con Bolivia para implementar
un sistema de vigilancia conjunta del espacio aéreo, lo que permitirá un mejor
control de vuelos ilegales y la interceptación de movimientos sospechosos.
Además,
el gobierno nacional afirmó la recuperación de equipos tecnológicos previamente
desactivados, como radares, drones y centros de comando. Estos se integrarán a
la estrategia de seguridad que coordinarán las Fuerzas Armadas, las fuerzas de
seguridad y los gobiernos provinciales.
EL
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BUSCA LANZAR SU MONEDA VIRTUAL DURANTE EL BICENTENARIO
Bolivia
lanzará su moneda virtual "Boliviano Virtual" en el Bicentenario,
buscando modernizar el sistema de pagos. Bitcoin y USDT son las criptomonedas
más aceptadas en Bolivia, aunque su regulación sigue siendo un desafío.
Bein
Crypto de España (https://n9.cl/oxmpt)
El
presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, anunció el
desarrollo de una moneda virtual llamada “Boliviano Virtual”, que será lanzada
como parte de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia. Este
anuncio marca un hito en la evolución del sistema financiero boliviano,
impulsado por la creciente adopción de criptomonedas en el país.
Con
el objetivo de modernizar el sistema de pagos, especialmente en transacciones
transfronterizas, el “Boliviano Virtual” tiene como fin hacer más eficiente el
manejo de las transacciones dentro de Bolivia y con otros países.
La
expansión de la adopción de criptomonedas en Bolivia
El
presidente de esa entidad admitió que el “Boliviano Virtual” será lanzado
durante los festejos del Bicentenario, en aras de “modernizar el sistema de
pagos” de Bolivia. Edwin Rojas adelantó que presentará su proyecto “mucho más
formal” antes del 31 de agosto, cuando se festeje el Bicentenario de Bolivia.
“Se
está haciendo un trabajo previo vinculado a lo que es asesoramiento que se
tiene con organismos internacionales. También tenemos mucho vínculo con otros
bancos centrales en la región que están haciendo este tipo de pruebas en
materia de lo que son monedas virtuales”, indicó el presidente del BCB.
En
los últimos meses, Bolivia ha experimentado una adopción acelerada de
criptomonedas. A pesar de que el Banco Central de Bolivia mantiene una postura
restrictiva con respecto al uso de monedas digitales, los negocios en ciudades
como Santa Cruz, La Paz y Cochabamba ya aceptan pagos en criptomonedas como
Bitcoin y USDT (Tether).
Esto
refleja una demanda creciente por monedas digitales, impulsada por la facilidad
de las transacciones internacionales y la inversión en criptoactivos. El
mercado de criptomonedas en Bolivia está en auge. Es evidente que cada vez más
personas se interesan por estas monedas, tanto para transacciones diarias como
para inversiones a largo plazo.
Además,
la reciente decisión del Banco Central de Bolivia de permitir el uso de
instrumentos electrónicos. En especial, para la compra y venta de
criptomonedas, revocando restricciones anteriores, ha sido un paso clave para
fortalecer este mercado.
El
futuro de las criptomonedas en Bolivia
Si
bien las criptomonedas no cuentan con un marco legal formal en Bolivia, su
adopción está permitida bajo ciertas condiciones. La Ley del Presupuesto
General del Estado 2025 autoriza a las empresas estatales a realizar pagos con
criptoactivos. Ello, siempre y cuando no puedan acceder a divisas
convencionales, lo que refleja una apertura hacia su uso en el sector público.
Además,
el Decreto Supremo 5301 establece mecanismos para regular estas transacciones y
evitar sanciones por incumplimiento. Aunque todavía hay desafíos en términos de
regulación y seguridad, la legalización parcial de las criptomonedas y la
habilitación de sistemas de pago electrónicos auguran un futuro prometedor para
el sector en el país.
Con
el anuncio del “Boliviano Virtual”, el gobierno boliviano está encaminado hacia
una regulación más estructurada y formal de los criptoactivos, que podría hacer
más confiables y accesibles las transacciones digitales. El Banco Central de
Bolivia no permite el uso directo de criptomonedas en el sistema financiero
tradicional, pero ha habilitado instrumentos electrónicos para la compra y
venta de activos virtuales.
Aunque
las criptomonedas no están completamente legalizadas, su uso está autorizado
bajo ciertas condiciones. Especialmente en transacciones de empresas estatales
que no pueden acceder a divisas convencionales. El valor de las criptomonedas
como Bitcoin y USDT varía constantemente. Para conocer su valor exacto en
bolivianos, es necesario consultar plataformas de exchange en tiempo real que
operen en el país.
CAMÉLIDOS
EN EL CORAZÓN DE LOS ANDES: HILOS DE LANA, MEMORIA Y RESILIENCIA
En
el marco del Año Internacional de los Camélidos, familias productoras de
llamas, alpacas, vicuñas y guanacos de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y
Perú comparten el aporte ancestral, cultural y medio ambiental, proyectando un
futuro arraigado en la resiliencia y la tradición
FAO Org. (https://n9.cl/q3p6m)
En
el altiplano de los Andes, donde sus habitantes se enfrentan a la falta de
infraestructura y de conectividad, a la escasez de agua y a factores
ambientales como la altitud, la crianza de camélidos -una alternativa para el
sustento de las comunidades- ha sido durante siglos.
Un
ejemplo de ello es Diego Fabián, que trabaja con llamas y vicuñas en Argentina
y quien se siente profundamente conectado con esta herencia cultural. "Mi
padre y mi abuelo me enseñaron a respetar la naturaleza y a cuidar de los
animales como parte de nuestra cultura". En su familia, la ganadería
camélida es un legado que ha pasado de generación en generación.
Además
de su valor económico, estos animales representan un vínculo ancestral entre
los pueblos y su tierra. Son el reflejo de un modo de vida que ha perdurado
durante siglos, adaptándose a los desafíos del cambio climático mediante
técnicas tradicionales de manejo y producción.
Desde
las zonas australes de Chile y Argentina, hasta las grandes mesetas andinas que
abarcan además a Bolivia, Ecuador y Perú, la crianza y cuidado de llamas,
alpacas, guanacos y vicuñas sigue siendo un pilar fundamental de la vida rural.
Sin
duda, su aporte como medios de vida y subsistencia son claves para las
comunidades altoandinas.
Pero
el sector camélido tiene ingredientes adicionales, algo que hace único su
cuidado y preservación. Así lo resalta Conrado Blanco Mamani, criador chileno,
quien ve a estos animales como una forma de preservar el patrimonio de su
cultura y su pueblo. A sus 65 años, ha dedicado su vida completa al cuidado de
llamas y alpacas.
"La
ganadería camélida no solo nos alimenta, sino que también es esencial para
proteger el medio ambiente". Sus palabras van más allá de un simple
enfoque productivo, si no que integra la protección de los ecosistemas vitales
para los camélidos.
Desafíos
del cambio climático y la resiliencia
En
Perú, Inés Flores, una de los más de 92 mil alpaqueros de su país, ve cómo el
clima extremo está afectando la crianza. Ella es testigo directo de estos
cambios, como las sequías y heladas, que han reducido su capacidad de
producción. "A veces, sentimos que no podemos seguir, pero es nuestra
forma de vida" explica Inés, quien lidera el pastoreo familiar junto a sus
hermanos y su esposo.
Los
bofedales son ecosistemas clave para la sobrevivencia de los camélidos, ya que
les proporcionan agua, pasto y una alimentación rica en nutrientes. Sin embargo, debido al cambio climático y
métodos no sostenibles de manejo del territorio, se han visto degradados, lo
que limita los servicios ecosistémicos que éstos ofrecen para la cría,
reproducción y sobrevivencia saludable de camélidos. Lo anterior, no solo pone
en peligro a los animales, sino también a las comunidades que dependen de
ellos.
Roberta
Rivera, criadora boliviana, también se ha visto afectada por las fluctuaciones
climáticas, que dificultan la crianza de llamas; pero ella sigue adelante.
"Tenemos que ser resilientes, aprender nuevas tecnologías, pero nunca
perder nuestras raíces".
Por
su parte, Diego de Argentina también ha debido adoptar medidas para hacerle
frente, utilizando prácticas agrícolas sostenibles en su finca, como la siembra
de quinua y papas, que ayudan a diversificar la producción y a tener que
reducir la dependencia de los camélidos.
Mujeres
alpaqueras y el empoderamiento
Uno
de los aspectos más destacados que ha dejado el “Año Internacional de los
Camélidos” es el papel fundamental de las mujeres en la crianza.
Roberta
también resguarda esa tradición y resalta el rol que las mujeres han adquirido
en su cuidado. Aunque su comunidad ha pasado por transformaciones, para ella la
crianza de estos animales es un modo de vida que las conecta fuertemente con el
pasado.
"Antes,
los hombres eran quienes trabajaban con las llamas, pero ahora las mujeres
también somos parte fundamental de este proceso". Roberta ha aprendido a
producir charque y otros productos derivados de la llama con nuevas
tecnologías, pero sin perder una mirada tradicional.
En
Perú, Inés también lidera el cambio en su familia y comunidad. A pesar de las
dificultades, ha logrado posicionarse como una referente entre las mujeres
alpaqueras. "Nuestro trabajo con las alpacas no solo es para subsistir, es
una forma de mantener vivas nuestras tradiciones y dignificar a nuestras
comunidades", expresó. Inés incluso pudo llevar sus creaciones a Europa
este año invitada por la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) en el marco de la conmemoración del Año
Internacional de los Camélidos, mostrando el valor cultural y económico de su
trabajo.
Una
marca ecuatoriana con raíces en los Andes
Los
camélidos también están en la alta costura. Paqocha es una marca ecuatoriana
que nació con la misión de rescatar y promover el legado de las comunidades
alpaqueras del país. Se dedica a la producción y comercialización de prendas de
vestir elaboradas con fibra de alpaca de alta calidad. "Desde el año 2006
trabajo en camélidos andinos (alpacas y vicuñas) con comunidades de Ecuador y
Perú. El Año Internacional de los Camélidos nos recordó la importancia de esta
cadena de valor para el desarrollo sostenible y la economía local",
comentó Felipe Segovia, co creador de Paqocha en Pichincha, Ecuador.
Desafíos
del cambio climático y la resiliencia
En
Perú, Inés Flores, una de los más de 92 mil alpaqueros de su país, ve cómo el
clima extremo está afectando la crianza. Ella es testigo directo de estos
cambios, como las sequías y heladas, que han reducido su capacidad de
producción. "A veces, sentimos que no podemos seguir, pero es nuestra
forma de vida" explica Inés, quien lidera el pastoreo familiar junto a sus
hermanos y su esposo.
Los
bofedales son ecosistemas clave para la sobrevivencia de los camélidos, ya que
les proporcionan agua, pasto y una alimentación rica en nutrientes. Sin embargo, debido al cambio climático y
métodos no sostenibles de manejo del territorio, se han visto degradados, lo
que limita los servicios ecosistémicos que éstos ofrecen para la cría,
reproducción y sobrevivencia saludable de camélidos. Lo anterior, no solo pone
en peligro a los animales, sino también a las comunidades que dependen de
ellos.
Roberta
Rivera, criadora boliviana, también se ha visto afectada por las fluctuaciones
climáticas, que dificultan la crianza de llamas; pero ella sigue adelante.
"Tenemos que ser resilientes, aprender nuevas tecnologías, pero nunca
perder nuestras raíces".
Por
su parte, Diego de Argentina también ha debido adoptar medidas para hacerle
frente, utilizando prácticas agrícolas sostenibles en su finca, como la siembra
de quinua y papas, que ayudan a diversificar la producción y a tener que
reducir la dependencia de los camélidos.
Mujeres
alpaqueras y el empoderamiento
Uno
de los aspectos más destacados que ha dejado el “Año Internacional de los
Camélidos” es el papel fundamental de las mujeres en la crianza.
Roberta
también resguarda esa tradición y resalta el rol que las mujeres han adquirido
en su cuidado. Aunque su comunidad ha pasado por transformaciones, para ella la
crianza de estos animales es un modo de vida que las conecta fuertemente con el
pasado.
"Antes,
los hombres eran quienes trabajaban con las llamas, pero ahora las mujeres
también somos parte fundamental de este proceso". Roberta ha aprendido a
producir charque y otros productos derivados de la llama con nuevas
tecnologías, pero sin perder una mirada tradicional.
En
Perú, Inés también lidera el cambio en su familia y comunidad. A pesar de las
dificultades, ha logrado posicionarse como una referente entre las mujeres
alpaqueras. "Nuestro trabajo con las alpacas no solo es para subsistir, es
una forma de mantener vivas nuestras tradiciones y dignificar a nuestras
comunidades", expresó. Inés incluso pudo llevar sus creaciones a Europa
este año invitada por la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) en el marco de la conmemoración del Año
Internacional de los Camélidos, mostrando el valor cultural y económico de su
trabajo.
Una
marca ecuatoriana con raíces en los Andes
Los
camélidos también están en la alta costura. Paqocha es una marca ecuatoriana
que nació con la misión de rescatar y promover el legado de las comunidades
alpaqueras del país. Se dedica a la producción y comercialización de prendas de
vestir elaboradas con fibra de alpaca de alta calidad. "Desde el año 2006
trabajo en camélidos andinos (alpacas y vicuñas) con comunidades de Ecuador y
Perú. El Año Internacional de los Camélidos nos recordó la importancia de esta
cadena de valor para el desarrollo sostenible y la economía local",
comentó Felipe Segovia, co creador de Paqocha en Pichincha, Ecuador.
¿PUEDE
EL RECICLAJE DE BATERÍAS REDUCIR LA PRESIÓN DE LA MINERÍA DE LITIO EN AMÉRICA
LATINA?
Nuevas
empresas de reciclaje están surgiendo en la región, aunque enfrentan retos
tecnológicos, económicos y ambientales
Dialogue
Earth de Colombia (https://n9.cl/n00rm)
Si el mundo quiere mantener el calentamiento
global por debajo de los 2°C, la demanda de litio podría aumentar más de 40
veces para 2040, según las proyecciones de la Agencia Internacional de la
Energía (AIE). Este auge estará impulsado en gran medida por la necesidad de
baterías de iones de litio, especialmente para los vehículos eléctricos.
América
Latina alberga aproximadamente el 60% de las reservas mundiales conocidas de
litio. Sin embargo, lo que promete ser una oportunidad de desarrollo es también
una amenaza medioambiental para la región. Con pocas iniciativas para añadir
valor al litio extraído, los países latinoamericanos dependen de la exportación
de la materia prima. Este modelo corre el riesgo de reproducir las
desigualdades que existen desde hace tiempo con el Norte Global, así como el
impacto medioambiental y las tensiones sociales que estas conllevan.
El
reciclaje de baterías se está convirtiendo en una alternativa capaz de reducir
el impacto de la minería del litio. La AIE proyecta que un aumento exitoso del
reciclaje podría reducir en una cuarta parte las necesidades mundiales de
nuevos desarrollos mineros de litio de aquí a 2050.
En
la actualidad, el mercado del reciclaje aún no llega a cubrir el 5% de la
producción mundial de metales para baterías. Según los expertos consultados por
Dialogue Earth, acortar la brecha con los insumos recién extraídos sería un
gran paso adelante. Otros, por su parte, señalaron que en América Latina, con
su abundante materia prima, los esfuerzos deberían centrarse en hacer que la
minería sea más sostenible.
El
camino del reciclaje
Cuando,
por pérdida de autonomía o potencia, las baterías de un vehículo eléctrico
llegan al final de su vida útil, aún conservan suficiente capacidad para ser
reutilizadas en aplicaciones menos exigentes, sostiene Francisco Pereira,
director de proyectos de Fortech, una empresa costarricense dedicada al
reciclaje que desde 2023 ha puesto en marcha nuevas iniciativas para procesar
baterías usadas.
Luego
de someterse a pruebas de rendimiento y seguridad, los módulos o celdas
aprovechables —es decir, que aún conservan una vida útil significativa— se
ensamblan en nuevos sistemas para aplicaciones como almacenamiento de energía
solar o eólica en viviendas e industrias y estaciones de carga de vehículos.
Las
baterías agotadas, por su parte, pueden reciclarse. En una primera etapa se
trituran y clasifican como cobre, aluminio, plásticos y masa negra (el polvo
que contiene materiales activos como grafito, litio, cobalto, níquel y
manganeso). Luego se los procesa mediante pirometalurgia —la obtención o
refinación de metales utilizando calor— o hidrometalurgia, la extracción y
recuperación usando soluciones líquidas u orgánicas.
Los
productos resultantes pueden integrarse en un circuito cerrado, donde se
convierten en materia prima para la fabricación de nuevas baterías, o pueden
destinarse a un uso industrial distinto al original.
Los
minerales críticos reciclados generan un 80% menos emisiones que los materiales
extraídos, según el informe de la AIE, además de contribuir a reducir los
residuos y el consumo de agua. Pero las complejas composiciones de las
baterías, así como su elevada carga energética residual (que supone riesgos de
sobrecalentamiento), hacen del reciclaje un reto tecnológico.
Solo
unos pocos países cuentan con empresas capaces de llevar a cabo todos los pasos
necesarios para reciclar una batería de iones de litio. Entre ellos se
encuentran China, Japón, Corea del Sur, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania y
Estados Unidos, según un estudio de 2020.
Las
bajas tasas de recolección de las baterías usadas, clasificadas como residuos
peligrosos, suelen ser el obstáculo más desafiante, dados los altos costos del
transporte, los posibles problemas de seguridad y la diferencia de protocolos y
regulaciones entre los países.
Por
otra parte, extraer y reutilizar el litio también resulta trabajoso y caro, ya
que aún existe un amplio rango de baterías que solo pueden desmontarse
manualmente. Esto implica que el proceso se puede trasladar a zonas donde el
capital humano es barato.
El
reciclaje de baterías tampoco está exento de impactos ambientales y sociales.
Mal manejado, podría derivar en polución por residuos desechados, contaminación
del agua y emisiones dañinas, advierte la IEA.
El
dilema latinoamericano
El
mercado regional de minerales críticos es de alrededor de USD 180.000 millones,
esto es, el 25% del mercado mundial, calcula un informe de la Organización
Latinoamericana de Energía (Olade). La región posee al menos el 52% de las
reservas de litio, el 39% de las de plata, y el 38% de las de cobre y
molibdeno. Sin embargo, las tasas de recogida de minerales críticos son
inferiores al 5%, contra el 30% de Japón o el 40% de Europa y Norteamérica,
según la IEA.
Aunque
Latinoamérica posee la mayor parte de las reservas, hay pocos procesos de valor
agregado sobre el litio. La tasa de reciclaje de este metal en la región es del
0%, según el mismo informe de Olade.
La
situación se vuelve aún más compleja si se tiene en cuenta la capacidad de
procesamiento muy inferior de los países más allá de China, que representa
alrededor del 80% de la capacidad mundial de reciclaje de baterías.
Para
Félix Requejo, director del Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas
Teóricas y Aplicadas (INIFTA) en Argentina, los países con reservas tienen dos
alternativas: “Entregar los recursos primarios, comprar las celdas y
reciclarlas acá, lo cual genera divisas rápidamente pero implica un costo
económico y energético; o planear una cadena cerrada de extractivismo,
desarrollo de materiales, construcción de celdas y reciclaje de baterías”.
En
Argentina, UniLib se proyecta como la primera planta de fabricación de celdas
en Latinoamérica. Gestada en 2021, es una iniciativa conjunta de la Universidad
Nacional de La Plata, la empresa energética de mayoría estatal YPF y el
CONICET, principal organismo de ciencia público del país. Pero bajo el gobierno
del presidente Javier Milei, lamenta Requejo, “a YPF ya no le interesa el tema
y no hay respaldo de las universidades”, que atraviesan graves problemas de
financiamiento.
De
todos modos, Requejo pone en duda la conveniencia de que el país se enfoque en
el reciclado de litio, ya que se trata de “procesos sumamente complejos, de
elementos que la región tiene en gran abundancia. Tal vez sea mejor volcar la
inversión al desarrollo de estrategias extractivas más eficientes y amigables
con el ambiente”.
Los
pioneros
En
Colombia, la empresa Altero desarrolló una tecnología de recuperación de
cobalto, litio, níquel y cobre, que luego se incorporan a la fabricación de
baterías. Desde su fundación en 2018, ya reciclaron más de 250 toneladas de
baterías que obtienen de celulares, computadores, tabletas, juguetes o
herramientas electrónicas. El proceso asegura “las tres áreas críticas del
modelo de negocio: cadena de abastecimiento, reciclaje seguro y
costo-eficiente, y comercialización de los materiales recuperados”, explica el
cofundador Miguel Alzate.
Su
empresa, asegura Alzate, es la única de Latinoamérica en desarrollar una
tecnología en seco que no requiere agua ni insumos químicos y, por lo tanto, no
entraña riesgo de contaminación del agua ni de emisiones atmosféricas.
“Aspiramos
a ampliar nuestra capacidad operativa en la región y establecer alianzas
estratégicas que fortalezcan la cadena de suministro de materiales críticos”,
comenta Alzate. Si bien el empresario pondera la disponibilidad regional de
reservas, también reconoce debilidades en la infraestructura para la recogida y
el tratamiento de las baterías usadas, así como en la investigación de nuevas
tecnologías.
En
Chile, el centro Lithium I+D+i, un proyecto de la Universidad Católica del
Norte y la minera SQM, trabaja en esa línea, explorando áreas como nuevos
materiales y celdas, procesos de reciclaje sustentables y sistemas
electrónicos. “Para entrar a un proceso de reciclaje hay que tener una cantidad
significativa de residuos a procesar”, aclara su director Hernán Cáceres. “En
términos de electromovilidad, la penetración que hoy tiene el auto eléctrico es
bajísima, y las baterías están durando más de lo esperado”.
Eso
implica que, en cierto aspecto, el tiempo todavía juega a favor. “Es como un
tsunami”, grafica. “El terremoto es la necesidad actual de hacer baterías para
los vehículos, pero la ola [del reciclaje] va a llegar en diez años”, cuando
los autos eléctricos se hayan masificado y las primeras baterías hayan caído
definitivamente en desuso.
También
en Chile, la startup Relitia, que se dedica al reciclaje de baterías de litio,
proyecta patentar una tecnología de procesamiento de materiales con alto grado
de pureza. Pero “la falta de inversión ha limitado nuestra capacidad de recibir
baterías, lo que nos obliga a operar en un entorno reducido”, reconoce la CEO
Nicole Briones. “Este ciclo es común entre muchas startups regionales: sin
inversión, no hay planta; sin planta, no hay producción; sin producción, no hay
permisos; sin permisos, no hay ventas; y sin ventas, no hay inversión”.
Una
de las excepciones es Fortech, la empresa costarricense, que en 2023 gracias al
apoyo de la agencia de cooperación alemana GIZ logró escalar a nivel industrial
su proyecto para extraer litio, cobalto, níquel, cobre y aluminio de las
baterías. Mientras que los últimos dos se destinan al reciclaje de residuos
eléctricos y electrónicos, la masa negra se vende a compradores de Estados
Unidos o Europa. En 2024 procesaron 200 toneladas de baterías, aunque tienen
capacidad para 1.500 toneladas, equivalentes a 3.000 baterías de autos
eléctricos según el director del proyecto, Francisco Pereira.
Costos
y beneficios de la transición
Mientras
las iniciativas de reciclaje en Latinoamérica avanzan de a poco, hay “señales
de que la transición energética podría reproducir y amplificar las
desigualdades del pasado, relegando a los países en desarrollo al final de las
cadenas de valor para ver cómo otros se enriquecen explotando a su gente y
poniendo en peligro su ambiente”, observó en 2024 el secretario general de la
ONU António Guterres.
Para
evitarlo, un panel de expertos del organismo propuso que esa transición se
desarrolle ubicando a los derechos humanos, a la equidad y a la justicia en el
centro de todas las cadenas de valor de minerales. El panel recomendó diseñar
un marco mundial para que los materiales se obtengan y reciclen de acuerdo a
las mejores prácticas y se instalen nuevas plantas de reciclado.
A
su vez, la organización de investigación europea SINTEF propuso tres medidas
para consolidar una economía circular de minerales críticos: implementar
diseños para desmonte de baterías que faciliten la separación de materiales;
invertir en técnicas de reciclaje que provean minerales de alta pureza a costos
y requerimientos energéticos menores que la minería; y que la colaboración en
las cadenas de valor se extienda a lo largo de todas las etapas de producción,
uso y reciclaje de los minerales.
Si
esos objetivos se cumplieran, “la necesidad humana de energía y transporte será
satisfecha sin los costos ambientales con los que hemos aprendido a convivir”,
se esperanzan los autores.
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