El procurador
general del Estado, Héctor Arce, afirmó que Bolivia tiene una "veta
jurídica" para sustentar la demanda que presentó en la Corte Internacional
de Justicia (CIJ) de La Haya contra Chile para lograr una salida soberana al
mar mediante el diálogo.
A dos semanas
de conmemorar el Día del Mar, Arce dijo que Bolivia ya no se conformará
simplemente con recordar la pérdida de su Litoral, sino, será una oportunidad
propicia para proclamar que "por historia, por justicia y por
derecho" los bolivianos un día volverán al océano Pacífico con una salida
soberana.
"Los
bolivianos vivimos una extraordinaria esperanza, hemos encontrado una veta
jurídica absolutamente correcta (...), respaldada fuertemente en los grandes
avances que ha tenido el derecho internacional hasta el momento", dijo.
"Una
veta jurídica para que nosotros ejerzamos el derecho, no la aspiración, el
derecho que tenemos de retornar al Pacífico a través de un acceso plenamente
soberano y esto mediante el diálogo, una negociación con el Estado
chileno" complementó Arce.
Bolivia
presentó en abril de 2013 ante la CIJ una demanda en contra de Chile en busca
de un fallo que obligue negociar la petición boliviana de un acceso soberano al
océano Pacífico.
Bolivia
perdió unos 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de
territorio en 1879 después de una invasión y conflagración bélica que inició
Chile.
La demanda
boliviana "tiene como fundamento una serie de acuerdos logrados con el
gobierno chileno, una serie de actos unilaterales del gobierno chileno que ha
reconocido el derecho que tiene el Estado boliviano de obtener un acceso
plenamente soberano al océano Pacífico", argumentó Arce.
El Procurador
lamentó que el Gobierno de Chile intente desconocer la competencia del más
grande Tribunal de Justicia que ha construido la humanidad para la solución de
controversias entre Estados de forma pacífica.
"Ha
objetado la jurisdicción (de la CIJ) en base a mentiras. Ha dicho que nuestra
demanda se basa en el Tratado de 1904, absolutamente falso; ha dicho que
nosotros queremos alterar la estabilidad de las fronteras, totalmente falso
(...). Ha dicho que Bolivia pretenden desconocer los tratados y ante eso le
respondemos con una veracidad absolutamente incontrastable, más bien lo que
Bolivia plantea es que Chile cumpla todos sus compromisos y acuerdos que tiene
con Bolivia", remarcó.
Bolivia y
Chile expondrán del 4 al 8 de mayo sus alegatos de forma oral sobre la objeción
preliminar que presentó el Gobierno chileno a la competencia de la CIJ.
CHILE Y BOLIVIA: LA OPCIÓN DEL PRAGMATISMO CONSTRUCTIVO
El Mostrador de Chile (www.elmostrador.cl/opinion)
La relación
bilateral entre Chile y Bolivia confronta un momento muy complejo. La
voluntad política y el pragmatismo que pusieron en juego en su momento
los presidentes Lagos y Mesa, y que se plasmo en la “agenda sin exclusiones”,
fue el antecedente necesario para que más tarde la presidenta Bachelet y el
presidente Morales concibieran y plasmaran “La Agenda de los 13 puntos”,
cuestión de la mediterraneidad boliviana incluida.
Esa agenda
inclusiva constituyó el punto más alto de un ambiente de diálogo constructivo
que se abrió paso en la relación bilateral. Por fin, el entendimiento entre
chilenos y bolivianos parecía comenzar a ser la tónica luego de largas décadas
de frialdad y distanciamiento.
El punto de
quiebre de las confianzas mutuas lo constituyo la unilateral presentación de la
demanda boliviana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Aunque es
preciso recordar, que un conjunto de eventos previos, los cuales
agredieron profunda y extensamente la relación mutua, todos acaecidos bajo la
administración del presidente Sebastian Piñera, habían atizado desde antes la
discordia reciproca.
Una contienda
legal de la especie que hoy confrontamos chilenos y bolivianos en la
CIJ equivale a admitir la propia impotencia para examinar la
cuestión de la demanda marítima boliviana como lo que efectivamente es: un
asunto eminentemente político y para nada jurídico. El cual por lo mismo debiera
ser abordado mediante los recursos de la política y la diplomacia, pues no será
ahora ni nunca un tribunal el que provea una solución práctica,
mutuamente beneficiosa y por lo mismo recíprocamente aceptable y satisfactoria
para esta controversia más que centenaria.
Autoridades
bolivianas han notificado urbi et orbi, y en un tono no exento de dramatismo,
que jamás abandonarán su reclamo por una salida soberana al Océano Pacifico. Y
ese anuncio debe ser asimilado como lo que es: una declaración de voluntad
definitiva y permanente que se coloca incluso más allá de cualquier hipótesis
de lo que pueda ser el veredicto de la CIJ.
Es forzoso
preguntarse entonces si acaso es lógico y conducente a alguna clase de fines,
consentir que las relaciones entre Chile y Bolivia queden globalmente
supeditadas a la cuestión del juicio en La Haya.
Es ilusorio y
antojadizo imaginar que, demanda mediante, Chile y Bolivia se habrían quedado
sin temas de diálogo y negociación constructiva. Cuestión que como resulta
obvia para dos países que comparten una extensa frontera, podrá estar muy
cercana y atingente a los climas de la política y la diplomacia coyuntural,
pero muy alejada de la realidad sobre el terreno y de los requerimientos
estratégicos mutuos.
Lo aconsejable
y lo imperioso consiste en actuar con frialdad y realismo, para rescatar lo
rescatable de la agenda de los 13 puntos. Y aquello incluye todos y cada uno de
los asuntos allí consignados, con la obvia excepción de la cuestión de la
mediterraneidad, la cual Bolivia por propia voluntad ha resuelto colocar fuera
de su propio alcance y por consiguiente también del nuestro.
Encapsular la
cuestión de la mediterraneidad bajo una formula mutuamente convenida, reconocer
que la densa agenda bilateral posee complejidades diversas y por lo mismo
velocidades y ritmos distintos en sus posibilidades de acuerdo y concreción,
constituyen asuntos sobre los cuales a chilenos y bolivianos nos convendría
coincidir.
Para que los
diplomáticos y negociadores puedan hacer su tarea en lo que les concierne, y
los juristas puedan hacer lo suyo, separadamente, es preciso trabajar en la
creación de una nueva y más positiva atmósfera. Y por cierto, a este objetivo,
en nada contribuyen las declaraciones destempladas en que se prodigan las
autoridades bolivianas y menos las operaciones comunicacionales del tipo del
inserto de prensa que conocimos el pasado domingo.
GUILLERMO HOLZMANN: “SERÍA INCOHERENTE DE PERÚ PLANTARSE
EN UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON BOLIVIA”
El analista internacional de la Universidad Adolfo Ibáñez
desestima una suerte de confabulación contra Chile a propósito de la denuncia de espionaje y las ofensivas de La Paz.
Gestión de Perú (www.gestion.pe/politica)
En las últimas
semanas ha subido el tenor de los dos flancos de conflicto que Chile tiene con
dos de sus vecinos: Perú y Bolivia. La demanda boliviana en La Haya y la acusación de espionaje por parte de Perú han mantenido en
constante alerta a la Cancillería.
El analista
internacional de la Universidad Adolfo Ibáñez, Guillermo Holzmann, aborda con
DF este escenario, centrando el foco en la necesidad de mirar la política de
relaciones exteriores con un sentido de largo plazo, consolidando una
institucionalidad que no se modique por el gobierno de turno.
¿En qué se ha
basado la estrategia de Bolivia, que últimamente se ha visto reforzada en lo
comunicacional?
-Hay que entender que Bolivia tiene una estrategia con ejes. El primero es el jurídico que se expresa en la demanda, y esa estrategia jurídica tiene asociada una comunicacional que posiciona la demanda como un acto legítimo que descansa en la historia y en las ofertas que Chile, a través del tiempo, le ha ofrecido a Bolivia, reconociendo implícitamente la aspiración boliviana de salida al mar.
-Hay que entender que Bolivia tiene una estrategia con ejes. El primero es el jurídico que se expresa en la demanda, y esa estrategia jurídica tiene asociada una comunicacional que posiciona la demanda como un acto legítimo que descansa en la historia y en las ofertas que Chile, a través del tiempo, le ha ofrecido a Bolivia, reconociendo implícitamente la aspiración boliviana de salida al mar.
¿Y las
constantes arremetidas comunicacionales de Evo Morales y el anuncio de la
visita de Carlos Mesa?
-El segundo eje de Bolivia es de opinión pública netamente político y social. Este eje también tiene un componente comunicacional. Cada vez que Evo Morales habla sobre el tema, cuáles son las agencias que la reproducen, las más importantes. La gracia es que cada vez que Bolivia habla se reproduce en mil medios, cuando Chile responde, eso se reproduce en diez. Y el tercer eje es el político diplomático
-El segundo eje de Bolivia es de opinión pública netamente político y social. Este eje también tiene un componente comunicacional. Cada vez que Evo Morales habla sobre el tema, cuáles son las agencias que la reproducen, las más importantes. La gracia es que cada vez que Bolivia habla se reproduce en mil medios, cuando Chile responde, eso se reproduce en diez. Y el tercer eje es el político diplomático
¿Y cómo se
posiciona Chile en ese tercer eje?
-Bolivia está
invirtiendo bastante en esa área, porque es donde Chile es más exitoso. Si bien
es cierto que otros presidentes pueden decir en sus discursos que apoyan la
demanda, finalmente eso no se ha traducido en ninguna votación en los
organismos regionales. Chile ha sido exitoso en plantear en estos organismos que
es un tema bilateral. Lo que va a hacer Bolivia con la visita de Carlos Mesa es
intentar neutralizar a Chile en esa área político-diplomática. Y por eso le
suman al Canciller.
¿Cómo evalúa el
conjunto de la estrategia chilena?
-Es correcta al
plantearse desde el punto vista internacional, pero es insuficiente respecto a
la dinámica de lo que son las relaciones internacionales hoy en el mundo. Si se
mira la situación de Medio Oriente, Europa del Este, nos damos cuenta de que el
derecho internacional es insuficiente para resolver problemas entre los países.
¿Hay una
política clara de Chile en materia internacional, por ejemplo, en su intención
de convergencia en la diversidad?
-Veo una
claridad en sectores de la Cancillería en lo que se quiere respecto a integración,
pero eso no se traduce en una estrategia con resultados concretos, porque
varían en cada cambio de gobierno. No tenemos una visión estratégica. Hoy en la
Presidencia de la República no hay un organismo permanente que supere los
gobiernos, que trascienda para poder mantener los lineamientos sobre política
internacional. No tenemos una estructura institucional.
¿Ve una acción
concertada entre Perú y Bolivia, con la denuncia de espionaje y las constantes
ofensivas de La Paz?
-No. Si uno
mira la política exterior peruana, a Perú le pasa con Bolivia lo mismo que le
pasa a Chile. Perú está en otra dinámica, sería incoherente de parte de Perú
plantarse en una suerte de alianza estratégica con Bolivia. No hay elementos
para una suerte de confabulación.
Esta situación
de mala relación con los vecinos, ¿perjudica la imagen internacional?
-Estamos
perseguidos por la imagen de Chile, es algo cultural. Desde fuera es normal que
los países no estén de acuerdo en todo, es normal que tengan problemas para
resolver los temas históricos. Chile lo que necesita no es cuidar la imagen, es
mostrar identidad y posicionamiento en el manejo de su política exterior a
largo plazo. No podemos estar mirando que la fotografía salga bien a cada rato.
¿Chile pudo
evitar este escenario de conflictos?
-No sé si
podría haberse evitado, pero si uno miraba, una vez que volvimos a la
democracia, cuáles podían ser las implicancias que Chile podría enfrentar, sin
lugar a dudas el tema boliviano aparecía. Era posible haberse planteado ese escenario.
La anticipación funciona con escenarios.
ECUADOR Y BOLIVIA EN EL SIGLO XXI
La República de Perú (www.larepublica.pe)
Ecuador quiere
entrar a la sociedad mundial de conocimiento y ha escogido la palabra quechua
Yachay, que significa conocimiento. Con ese nombre se ha bautizado al valle
tecnológico, que en un plazo de 35 años aspira ser “la ciudad del
conocimiento”, como Palo Alto en California (Silicon Valley) o la Innopolis
surcoreana de Daedeok.
La empresa
estatal YPFB de Bolivia destinó US$ 609 millones para la construcción de la
Planta Gran Chaco, en Tarija, que procesará 32 millones de metros cúbicos de
gas diarios (MMmcd). La planta es la tercera más grande de América del Sur y
producirá 3,140 TM diarias de etano; 2,240 TM diarias de GLP, así como
isopentano y gasolina natural. Ha sido construida para maximizar el uso del gas
y diversificar la oferta exportable de Bolivia. Asimismo, Gran Chaco, que
comienza este mes (marzo), será el punto focal de la nueva industria
petroquímica del país.
El gerente de
la empresa pública Yachay dijo que hasta ahora se han gastado US$ 100 de los
US$ 1,043 millones presupuestados hasta el 2017. Se han traído profesores de
España, México, Guatemala, Venezuela, Colombia y Chile, todos con doctorado.
Solo dos de este grupo inicial son ecuatorianos. La comisión gestora de la
Universidad Yachay la integran 3 profesores del Instituto de Tecnología de
California (Caltech) y 1 de la Universidad de Barcelona, que será el rector. El
alquiler de vivienda en el campus cuesta únicamente US$ 36 al mes. Actualmente
hay 425 estudiantes de pregrado, dice José Andrade, profesor de Ingeniería
Civil de Caltech y secretario académico de Yachay Tech.
Con la materia
prima de Gran Chaco, Samsung está construyendo la planta de Amoniaco-Urea
en Bulo Bulo (Cochabamba), con una inversión inédita de US$ 862,5 millones. La
planta consumirá 1,4 MMmcd de gas natural y producirá 756.000 TM de
fertilizantes/año (15% para el mercado interno y 85% a la exportación). Los
fertilizantes proveerán nitrógeno a la soja, maíz, arroz, papa, girasol, trigo
y caña de azúcar y mejorarán la calidad de los productos agrícolas. La planta
entrará en producción el 2016.
La empresa de
tecnología global ThoughtWorks (EEUU) anunció un desarrollo colaborativo con
Yachay. Afirman que “la economía de Ecuador está en una era de transformación,
en la que el gobierno y las empresas privadas han trabajado juntas para
impulsar oportunidades de trabajo en redes con empresarios, profesionales de
tecnologías de la información y jóvenes”. La española Indra ha firmado un
acuerdo con Yachay para una fábrica de software y un centro de innovación para
la transferencia de conocimiento y colaborar con el gobierno para cambiar el
modelo productivo hacia un país exportador de tecnología y conocimiento.
También con la
materia prima del Gran Chaco, La Paz ha decidido priorizar la construcción de
una planta de propileno/polipropileno, con una inversión de US$ 1,800 millones
en Tarija. Entrará en producción el 2018 y procesará 350,000 TM anuales de
resinas para la industrialización de plásticos. Los estudios de la primera
etapa fueron hechos por la italiana Tecnimont. En una segunda etapa se
construirá un complejo de etileno/polietileno de 750,000 TM anuales de
polietilenos de diferentes características y aplicaciones. Entrará en
producción en el 2022.
El Presidente
Correa dijo en el discurso inaugural: “Aquí estamos superando la economía
extractivista”. Hizo hincapié en que la tecnología y la innovación son claves
para el desarrollo y el “Buen Vivir”. La economía de Ecuador se ha basado en el
petróleo, minería, pesca y agricultura, pero conociendo que sus recursos
naturales son no renovables, el Gobierno intenta diversificar la economía e
instaurar una cultura de investigación e innovación. Con ello, Correa espera
crear un sector manufacturero avanzado que pueda producir y exportar productos
de alta calidad a nivel mundial.
“Vamos a
cambiar el perfil productivo del país. Con este complejo, Bolivia ingresará a
la era de los plásticos”, dijo Carlos Villegas, Presidente de YPFB
(lamentablemente fallecido en enero pasado). Evo Morales dijo que “sin el
esfuerzo del pueblo no hubiera sido posible pasar de la nacionalización a la
industrialización de los hidrocarburos, que es una nueva política estratégica”.
Con estas dos
petroquímicas Bolivia, que hasta hace unos años era uno de los países más
pobres de la región, generará mayor valor agregado al gas natural,
diversificará su matriz productiva manufacturera, generará empleos y exportará
los excedentes de polímeros a otros países de la región.
Todo lo que
usted acaba de leer viene de informaciones de prensa publicadas hace poco (1).
Mientras Ecuador y Bolivia tienen soberanía sobre sus recursos naturales, lo
que les permite orientar sus ingresos, el Perú no posee ni una molécula de
petróleo ni gas. Mientras ellos se orientan a las sociedades de información y
del conocimiento (SIC), en el Perú estamos preocupados porque “salvo crecer
todo es ilusión”, con lo que la minería tiene un rol central y, para ello,
hay que eliminar la “permisología y tramitología”. ¡Qué les parece¡
Ni cuenta nos
damos del salto de nuestros vecinos a la SIC y a la industrialización de los
recursos naturales (¿habrá petroquímica con el Gasoducto Sur Peruano, al que se
boicotea un día sí y el otro también?). Nos estamos quedando atrás y los
vecinos ya encaran el Siglo XXI. Supuestamente, éramos el jaguar de
América Latina debido a los altos precios de los commodities. ¿Y ahora?
RÁPIDO CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA DE BOLIVIA IMPULSADO
POR EL GASTO SOCIAL
Greenleft de Australia (www.greenleft.org.au)
El gobierno
boliviano dijo el producto interno bruto de la nación andina creció de US $ 34
millones el año pasado, estableciéndola como una de las economías de mayor
crecimiento en la región. Vicepresidente Álvaro García Linera dijo que permitió
Productivo Social Comunitaria modelo económico del país para que la economía
crezca, a pesar de una caída en los precios de las materias primas.
"En 1996
la economía boliviana representó 5,3 mil millones dólares y para el 2005, $ 9.5
mil millones de dólares", dijo García.
Explicó que en
los nueve años a partir de 1996 a 2005, la economía creció en un 77%. Pero
desde 2006 hasta 2014, ya que el Movimiento al Socialismo (MAS) ha estado en el
poder, el PIB creció en un 357%.
MAS también
supervisó un cambio de nombre oficial del país al Estado Plurinacional de
Bolivia, para complementar un cambio en la mentalidad nacional hacia el
reconocimiento de las docenas de naciones indígenas en el país. García dijo que
este cambio en la política de gobierno nacional y ha ayudado al crecimiento.
"Lo que ha sucedido en tiempos plurinacionales? El ingreso promedio de los bolivianos fue de 1,035 dólares a 3,186 dólares, un aumento del 307%. En tiempos neoliberales, el ingreso promedio de cada boliviano, creció sólo un 11%. Este es un modelo económico exitoso ". En 1996, el ingreso promedio del país era de sólo $ 930 y en 2005, la cifra ascendió a sólo $ 1,035 por año.
"Lo que ha sucedido en tiempos plurinacionales? El ingreso promedio de los bolivianos fue de 1,035 dólares a 3,186 dólares, un aumento del 307%. En tiempos neoliberales, el ingreso promedio de cada boliviano, creció sólo un 11%. Este es un modelo económico exitoso ". En 1996, el ingreso promedio del país era de sólo $ 930 y en 2005, la cifra ascendió a sólo $ 1,035 por año.
Su libertad le costó 30 mil dólares
WALTER YAIPÉN: “SUFRÍ MUCHO EN BOLIVIA, LA HIPERTENSIÓN
CASI ME MATA”
El Popular de Perú (www.elpopular.pe)
De regreso a
casa. Luego de vivir cuatro días de infierno en la carceleta del Poder Judicial de
Bolivia, Walter Yaipén volvió a Lima para respirar aires de libertad. Y
para ser engreído por su esposa, hijos y nietos.
Aún con el
rostro desencajado y un par de kilos menos, el líder de la agrupación Hermanos
Yaipén contó que tuvo que pagarle 30 mil dólares a Silvia Ticona, empresaria
que lo demandó por estafa en Bolivia, para recuperar su libertad.
– ¿Por un
momento pensaste que ibas a ir a la carcel?
– Sí, para mí
fue una tremenda pesadilla que gracias a Dios ya terminó. Sufrí mucho porque mi
salud se resquebrajó, la hipertensión casi me mata. Esa señora fue mala, pero
la justicia llegó para mí porque yo no he hecho daño a nadie.
– ¿Cómo se
llegó al acuerdo con la empresaria?
– Me ha costado
30 mil dólares recuperar mi libertad. Con ese dinero recién la señora accedió a
retirar la denuncia, pese a que yo soy inocente.
Seguro de que
hasta ahora estará disfrutando con el fiscal, porque yo sé que están coludidos.
Debo agradecer a “Papita” Hinostroza que me ayudó con un dinero, me llevó
frazadas y comida. También a mi esposa, mis hijos, familiares y a amigos que me
apoyaron siempre.
– ¿Qué lección
aprendiste?
– A ser
desconfiado y a firmar mis contratos de forma correcta y legal.
– ¿Volverás a
Bolivia?
– Sí, en dos
semanas regreso por un evento. No tengo impedimento de volver. Igual mis
abogados están allá viendo todo para que no vuelvan a sorprenderme.
EL PODER QUEDA EN FAMILIA
Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, ha nombrado
canciller a su esposa, y asesores a cuatro de sus hijos
El País de España (www.elpais.com.es)
El presidente
de Nicaragua, Daniel Ortega,
asistió a finales de enero a la Cumbre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en Costa Rica, acompañado de una comitiva
familiar. Para el evento el mandatario había nombrado a su mujer, Rosario Murillo, como “canciller en funciones de Nicaragua”, y
a dos de sus hijas, Camila y Luciana, como asesoras presidenciales, mientras
que el mayor, Rafael, asistía con rango de ministro. Con este viaje familiar el
mandatario, llamado Comandante Ortega en Nicaragua, dejaba en evidencia a nivel
internacional una de sus prácticas comunes desde que regresó al poder en 2007,
el nepotismo como política de Estado.
Desde que
asumió la presidencia, tras casi dos décadas en la oposición, Ortega nombró a
su esposa como vocera del Gobierno, a cargo del pomposo Consejo de Comunicación
y Ciudadanía, cuyas funciones van desde el manejo de la publicidad estatal, el
control de la información pública y los medios de comunicación, la
administración del día a día del Estado (Murillo pone y quita ministros), el
manejo de las campañas electorales del Frente Sandinista (el partido
gobernante, dominado por la familia Ortega), la organización de los eventos
públicos del Presidente, el recibimiento de visitas oficiales extranjeras...,
hasta el manejo de emergencias nacionales, como sucedió en el abril pasado,
cuando una serie de fuertes sismos sacudieron el país. Con su nuevo
nombramiento, la primera dama parece dispuesta a dictar hasta la política
exterior de Nicaragua, en detrimento del canciller oficial, el sandinista
Samuel Santos.
El mandatario
nicaragüense cuenta con una lista de 24 asesores presidenciales, entre los que
destaca —además de Luciana, Camila y Rafael— su hijo Laureano Ortega Murillo,
asesor para inversiones y quien estuvo a cargo de contactar al empresario chino
Wang Jing para negociar la concesión para la construcción de un Canal Interoceánico en Nicaragua.
Ha sido Laureano Ortega quien ha encabezado las delegaciones presidenciales a
China y Rusia, dos de las potencias emergentes con las que Daniel Ortega
coquetea. Rusia ha prometido a Nicaragua apoyo militar para combatir el
narcotráfico, además de ayuda alimentaria y cooperación técnica.
Para los
analistas, la decisión de Ortega de nombrar a esposa e hijos para cargos
públicos, violando la Constitución y las leyes de probidad del país, se enmarca
en una larga tradición de nepotismo que nació con la conquista española, y que
alcanzó su máxima expresión durante la dinastía somocista, cuando el poder se
pasó, durante más de 40 años, de padre a hijo y se repartió entre hermanos.
“Es una
práctica que se hereda desde la época colonial. Pedro Arias de Ávila, primer
gobernador de Nicaragua, se las ingenió para que lo sucediera su yerno, Rodrigo
de Contreras. El nepotismo era parte del sistema colonial”, explica el analista
político Carlos Tünnermann. “El vicio del nepotismo forma pate de la cultura
política nicaragüense, una cultura atrasada. Los mandatarios ven al poder como
cosa patrimonialista, y no ven mal que se aprovechen de eso sus mismos parientes”,
añade.
Con el
nombramiento de sus hijos como asesores y de su esposa como vocera del Gobierno
y como canciller, el presidente Ortega viola la Constitución de Nicaragua,
recientemente reformada por él para permanecer en el poder indefinidamente. Azahalea Solís,
experta en temas constitucionales, afirma que Ortega ha violado el artículo 130
de la Constitución, que establece que los funcionarios públicos, incluido el
Presidente, no pueden nombrar en cargos del Estado a sus familiares. Solís
explica que Ortega, además, violó el artículo constitucional 138, que determina
que el nombramiento de un ministro debe ser ratificado por la Asamblea Nacional,
lo que en el caso de Murillo no ocurrió. “La de Ortega es como una monarquía
feudal, absolutista”, dice Solís.
El diputado
Eliseo Núñez, del opositor Partido Liberal Independiente, asegura que al
nombrar a sus familiares Ortega también viola la Ley de Probidad de
Funcionarios Públicos de Nicaragua, “que establece una prohibición expresa de
que familiares de funcionarios tienen vedado ocupar cargos públicos”. “Parece
que en Nicaragua estamos volviendo a parir una nueva dinastía. Ortega nos dice
‘Mi familia es la familia del poder’, por lo que se ve que aquí la sucesión
familiar ya está muy encaminada. Esta es una reedición del somocismo”, critica
el diputado.
Ortega controla
la mayoría parlamentaria, por lo que es difícil que la oposición en la Asamblea
Nacional pueda exigir una explicación por una política que deja el poder en
familia. Lo que más preocupa a los analistas es la imagen internacional
negativa que Ortega deja de Nicaragua. En la pasada cumbre de la CELAC el
presidente nombró al independentista puertorriqueño Rubén Berríos como su
representante en una reunión privada que mantendrían los presidentes, lo que
hizo que el mandatario costarricense, Luis Guillermo Solís, diera por terminada
la cumbre. A Berríos se le entregó un pasaporte nicaragüense y Ortega lo nombró
como su asesor en “políticas internacionales en materia de descolonización”,
violando las leyes de nacionalización nicaragüenses. “Quedó en evidencia frente
a los presidentes de América Latina el nepotismo de Ortega y el hecho de que no
respeta ninguna ley”, lamenta Tünnermann.
AMÉRICA LATINA: LA CORRUPCIÓN DE NORTE A SUR
Infolatam de Argentina (www.infolatam.com)
La mayoría de
los países de América latina sufren en este comienzo de 2015 importantes casos de corrupción que están
poniendo en serios aprietos a diferentes gobiernos, partidos e
instituciones de la región.
De México y
Panamá a Chile y Argentina; de Brasil y Colombia a Perú y Bolivia la casualidad
ha querido juntar en este inicio de año el afloramiento de numerosos casos de
corrupción que golpean a gobiernos tanto de izquierdas (como los de Dilma Rousseff, Cristina Kirchner y Michelle
Bachelet), como de centroderecha (Enrique Peña Nieto u Ollanta Humala).
Asimismo, a
finales de 2014, Venezuela y Paraguay aparecían como los países percibidos como
más corruptos de América Latina, según un ránking global de la ONG Transparencia Internacional (TI).
Lo primero que
cabe concluir es que la corrupción es un problema a escala universal. No es
genéticamente latinoamericano porque se da en otros contextos como el europeo
(España es un buen ejemplo en los últimos años), el asiático (China) o en
África.
Es, por lo
tanto, un problema universal que responde a la propia naturaleza del ser
humano.
El profesor de
la Universidad de Chile, José
Zalaquett, explicaba en una entrevista para la revista chilena Qué Pasa
que esos casos “no tienen que ver con la economía de mercado, sino con la
naturaleza humana. En la medida que usted tenga incentivos que lo muevan en el
sentido de la transparencia, la probidad y la rendición de cuentas, y tenga
desincentivos para portarse mal, eso influye mucho en el comportamiento. Porque
las personas generalmente hacen un cálculo costo-beneficio”.
La presencia de la corrupción a escala regional
Los escándalos
de corrupción que han ido apareciendo han sido verdaderos misiles en la línea
de flotación de los gobiernos de la región. La aprobación de Michelle Bachelet ha caído hasta el 39% tras conocerse los detalles del
llamado “nueragate”.
“Ha sido muy
dramático y va a ser siendo muy dramático, porque lastimó de una vez y para
siempre el discurso de inclusión, de igualdad, de equidad que distinguía a la
Presidenta Bachelet, del cual ella tiene un testimonio de vida.
Desgraciadamente el Caso Caval la complica y compromete para siempre. Veo que
el Caso Caval es medio irreversible”, afirma el analista chileno Héctor Soto.
Mientras, en Brasil, el caso Petrobras ha
dañado la relación entre el PT y el PMDB, coalición que sustentaba al gobierno
de Dilma Rousseff que atraviesa
un momento muy delicado, donde incluso se especula con que podría padecer un
impeachment.
“No creo en el impeachment
de Dilma. Esa idea es un poco fantasiosa e ingenua -dijo al diario argentino
Perfil, el analista político Bolívar
Lamounier- pero, sin duda, Brasil ya enfrenta una crisis de
gobernabilidad. El gobierno de Dilma es débil, y eso significa que la crisis
seguirá por largo plazo”.
Cristina Kirchner, acosada por el escándalo Hotesur, busca cómo eludir a
la justicia una vez que deje la presidencia en diciembre. Además, su
vicepresidente, Amado Boudou, está doblemente procesado por sendos casos de
corrupción.
“Acostumbrada a
ser el centro de todas las cosas, cuando entregue la banda presidencial, Cristina Fernández de Kirchner va a tener que
poner una buena parte de su energía en contratar a los mejores abogados de la
Argentina para no terminar como el ex presidente Carlos Menem, negociando leyes
por fueros y convicciones, por libertad ambulatoria”, asegura en La Nación el
analista Luis Majul.
Bolivia
atraviesa días de gran convulsión debido al escándalo del Fondo Indígena.
El Ministerio
de Transparencia y Lucha contra la Corrupción inició un “procedimiento de
acción inmediata” con el que intervino el Fondo Indígena para indagar sobre los
supuestos malos manejos de recursos económicos destinados a proyectos rurales
patrocinados por esta entidad.
El presidente Evo Morales anunció, de hecho,
la intervención del Fondo Indígena, hecho que se consumó ayer. “Duele mucho,
pero vamos a intervenir caiga quien caiga”.
En Perú el
tramo final del gobierno Ollanta Humala
se ha visto salpicado por las consecuencias del “caso Belsunde” y sobre todo
por el que afecta a la Primera Dama, Nadine
Heredia, quien está siendo investigada de forma preliminar por el
Ministerio Público por el presunto delito de lavado de activos.
Colombia, que
vivió un 2014 marcado por la utilización de fondos públicos para “comprar
apoyos políticos” y electorales (el conocido como reparto de “mermelada”),
afronta ahora un escándalo que hiere la confianza ciudadana en una institución
clave, la Corte Constitucional.
Su presidente, Jorge Pretelt, acaba de apartarse
temporalmente de su cargo con el fin de dedicarse a demostrar su inocencia en
un escándalo de presunta corrupción que lo involucra. La denuncia en contra de
Pretelt tiene que ver con la versión de un abogado según el cual, el presidente
de la Corte le pidió unos 200 mil dólares para que el tribunal fallara en favor
de una empresa fiduciaria que él representaba.
Fuera de
Sudamérica, en Panamá el expresidente Ricardo
Martinelli afronta una complicada situación por
supuesta corrupción al expresidente del país.
Enrique Peña
Nieto y su esposa, Angélica Rivera.
La Corte
Suprema panameña quiere investigar al exjefe del Estado por el caso de la
compra con supuestos sobrecostos de comida deshidratada a través del
gubernamental Programa Nacional de Ayuda (PAN).
El exgobernante
panameño fue señalado por el exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli como
supuesto responsable de la firma de un contrato de 45 millones de dólares para
la compra de esa comida, cuyo destino eran los comedores de las escuelas
públicas del país.
El exgobernante
sostiene que es víctima de una “persecución política” dirigida por su antiguo
aliado electoral y vicepresidente, Juan Carlos Varela, actual jefe del Estado
panameño, quien ha negado esa acusación.
Y en México el
presidente Enrique Peña Nieto ha
visto como se esfumaba el “Mexican moment” no solo por los problemas económicos
y la crisis de seguridad (matanzas de Tlataya e Iguala) sino por dos escándalos de posible corrupción: el
que afecta a su esposa, Ángelica Rivera,
y el que golpeaba a su secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
Soluciones integrales: castigos más duros y que se cumplan
Combatir la
corrupción no es un atarea fácil. Las leyes son necesarias pero no suficientes
en caso de que no existan sólidas instituciones autónomas y capaces de
investigar y castigar a aquellos que comentan actos de corrupción.
El escándalo
Petrobras hiere al gobierno de Dilma Rousseff
Zalaquett, en
entrevista con la revista chilena “Que Pasa”, señala que deben existir
incentivos para “portarse bien” ya que “en la medida que las sanciones sean más
altas, duelan más y exista una mayor posibilidad de que se apliquen, por
supuesto que los desincentivos contra la corrupción son mayores”.
Aboga por
sanciones ejemplificadoras porque “hoy cometer un delito económico no parece
tener un gran castigo. Tampoco violar la ley electoral. Aumentar el costo es
muy importante”.Zalaquett en la revista Que Pasa explica que “en el caso de los
delitos económicos, a diferencia de los pasionales, el delincuente o potencial
delincuente saca un cálculo costo-beneficio. Piensa así: “La posibilidad de que
me pillen es el 50%; la posibilidad de que salga bajo fianza otro 50% y, al
final, la posibilidad de que me condenen a pagar una cifra mayor de la que me
embolsé es 0%”. Esto, porque en definitiva lo condenan muchas veces a pagar una
suma menor. Entonces hay un desincentivo. En cambio, con el delincuente
pasional no hay problema de incentivo o desincentivo, sino de impulsos”.
Cambio de mentalidad
Los casos de
corrupción en los diferentes países latinoamericanos tienen varios puntos en
común. Por ejemplo afectan a la financiación de los partidos (caso Penta en
Chile) y de las campañas de diputados y senadores (caso Petrobras).
Han sacaso a la
luz la escasez de controles institucionales (casos de México) y la enorme
concentración en manos de los presidentes (Argentina).
Además, se dan
tras tres lustros en los que ha cambiado profundamente la sociedad. Se trata de
sociedades más urbanas y más de clases medias que tienen su propia agenda.
Amado Boudou
afronta dos procesos por corrupción
Más activas y
empoderadas, las clases medias exigen mejores servicios públicos, seguridad y
transparencia.
Zalaquett añade
que “estamos viviendo no una época de cambio, sino un cambio de época. Hoy la
ciudadanía está mucho más preocupada de cuestiones morales o éticas que afectan
a la cosa pública… con las protestas ciudadanas del 2011 comenzó un nuevo tema:
la igualdad de oportunidades. Sin embargo, el mundo político no se ha
adaptado”.
Sin embargo,
algunos autores creen que la lucha contra la corrupción va incluso más allá de
las instituciones. El chileno José
Antonio Viera-Gallo, quien fuera exSecretario general de la Presidencia con
Bachelet, considera que el lema laguista de que “las instituciones
funcionen” no es suficiente.
Su ong Chile
Transparente defiende la idea de un Compromiso Nacional por la Probidad y la
Transparencia surgido desde la sociedad civil y que debiera ser asumido por los
actores públicos y privados mostrando a la población su voluntad de crear
nuevas reglas que sean más estrictas en la relación entre política y dinero.
Viera-Gallo
señala en el Líbero que “la idea global es que, con ser muy importantes, las
leyes para asegurar la probidad no bastan ya que el desafío de fondo es un
cambio cultural de pautas de conducta que debe partir desde la escuela. Tanto
el sector público como el privado deben premiar las buenas prácticas, la
entrega de información y la rendición de cuentas, y por el contrario condenar
las colusiones, el cohecho, el soborno, el uso de información privilegiada, el
tráfico de influencia y el lavado de activos”.
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