La banda criminal brasileña Primer Comando Capital,
además de ampliar su campo de acción por más áreas de Brasil, busca instalarse
en regiones despobladas de la frontera con países vecinos donde no existe
control del Estado, dice funcionario brasileño al diario Folha de São Paulo.
El
secretario de cooperación internacional de la Procuraduría General de la
República de Brasil, procurador Vladimir Aras, en una entrevista realizada por
la periodista Leticia Casado y publicada ayer en el periódico Folha de São
Paulo, dice que es natural ver que organizaciones criminales como PCC muden su
campo de acción para el norte del Brasil, y afirma que la banda ya está
establecida en el Nordeste, pero que se expande en el centro-oeste para buscar
ubicarse en regiones de frontera con Paraguay, Bolivia, Perú y Colombia.
Esa
situación estaría indicando que el interés de esa organización criminal es
dominar el ciclo productivo de la cocaína, el refinado, los laboratorios e
incluso la distribución para el consumidor final, sea localmente o en el
extranjero, manifestó dicho procurador al diario Folha de São Paulo.
Expresó
que el avance de la facción criminal hacia el norte brasileño, y tal como se
evidencia en los enfrentamientos mortales que ocurren en presidios últimamente,
indica que la banda tiene interés en dominar las rutas internacionales de la
cadena de producción de la cocaína.
Vladimir
Aras agregó que países vecinos a Brasil tienen sus propias organizaciones
criminales a las cuales pueden asociarse el PCC y otras bandas o entrar en
conflicto con ellas. Se podrá ver en los próximos años si existe asociación
entre grandes grupos o guerra entre ellos.
El
procurador refirió a Folha de São Paulo que la desmovilización de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) abre un espacio para que el PCC
ingrese a Colombia para realizar la producción y tráfico de drogas.
Asimismo,
dijo que el método de avance territorial del PCC y formación de cartel, se
realiza por medio de la absorción de bandas más pequeñas por medio del
conflicto abierto y la disputa sangrienta, dentro y fuera de los presidios en
Brasil.
Seguidamente,
indicó que no es posible luchar contra el narcotráfico sin que las autoridades
del Brasil coordinen acciones con sus colegas de los países vecinos,
especialmente con las de los Estados donde se produce marihuana y cocaína, como
lo son Paraguay, Perú, Bolivia y Colombia. ABC
de Paraguay (www.abc.com.py)
LAS CÁRCELES BRASILEÑAS SON VERDADERAS ESCUELAS DEL
CRIMEN
La crisis penitenciaria se agrava con la presencia de 18 grupos delictivos que controlan las prisiones en el país. Una de las causas es el tráfico de drogas.
El Telégrafo de Ecuador (www.eltelegrafo.com.ec)
Con la
cuarta mayor población carcelaria del mundo, de unos 622.000 presos, la mayoría
sin sentencia firme, Brasil exhibe el horror de su sistema de prisiones con
masacres que en la última semana y hasta el domingo provocaron la muerte de un
centenar de reclusos por enfrentamientos entre organizaciones que desde los
presidios controlan el crimen organizado en las calles, incluso buscan ganar
poder en las vecinas Colombia, Bolivia, Paraguay y Perú. “Las cárceles
brasileñas son verdaderas escuelas del crimen.
Transforman
a pequeños delincuentes en grandes monstruos del crimen”, indicó el juez
Antonio Dantas de Oliveira, durante un fallo en el cual reclama a las
autoridades penitenciarias de proveer agua potable para la población
carcelaria. La situación del gigante sudamericano quedó en evidencia la semana
pasada, con casi un centenar de muertos por peleas entre grupos rivales en las
cárceles de Manaos (privatizada), fronterizo con Colombia, en la cárcel pública
de Boa Vista, capital del estado de Roraima, fronterizo con Venezuela y Guyana.
Las
escenas incluyeron presos filmados con los celulares de sus verdugos mientras
eran degollados y hasta hubo quien abrió el pecho de un fallecido para extraerle
el corazón. La población carcelaria es la cuarta del mundo, detrás de Estados
Unidos, China y Rusia. “Los responsables son los jueces y fiscales que siguen
llevando gente a las cárceles sabiendo que están controladas por el crimen
organizado”, dijo a EL TELÉGRAFO el titular de la Pastoral Carcelaria de
Brasil, Valdir Silveira, quien hace 27 años denuncia la ausencia del Estado en
el sistema penitenciario brasileño. Sindicatos de presos El martes 3, unos 60
presos murieron en centros penitenciarios de Manaos como producto de la guerra
entre el Primer Comando de la Capital (PCC), y el Comando Rojo (CV), aliado al
Frente del Norte (FDN).
El PCC,
de Sao Paulo, y el CV, de Río de Janeiro, se disputan gran parte del país. El
domingo último, autoridades del estado Amazonas informaron del hallazgo de tres
cuerpos en avanzado estado de descomposición en la cárcel Ansio Jobim, con lo
que aumentó a 100 el número de asesinados en una semana. El PCC nació a inicios
de este siglo en Sao Paulo como sindicato de los presos, luego de la conmoción
causada en 1992 por el asesinato, a manos de la Policía, de 111 detenidos en la
cárcel de Carandirú, un episodio por el cual no hay responsables sentenciados.
Hubo juicios condenatorios que fueron anulados por instancias superiores.
Aparentemente,
el PCC fue vengado por su acción en Manaos cuatro días después, en la cárcel de
Roraima, en Boa Vista. “No somos un club, somos un grupo criminal y por eso
debemos tener lealtad”, dice la carta enviada a los miembros del PCC en Roraima
confiscada por las autoridades. Poder judicial no cumplió con su función El
norte amazónico, la región más distante de los centros de poder y la más pobre
del país junto con la zona nordeste, está en el ojo del debate nacional e
internacional por la masacre en los presidios: ha quedado en evidencia que el
poder judicial no cumplió con su función en la ejecución de penas para no
sobreexponer a los presos sin sentencia.
Y también
está la cuestión social, pues más de la mitad de los reos es de raza negra y
pobre. Un ejemplo es que la mitad de los presos que fallecieron la semana
pasada en las rebeliones estaba detenido por robo, mientras que apenas un
cuarto lo está por homicidio o delitos más graves. “Tenemos al 41% de los
detenidos sin condena. Lo más triste es que, cuando llegan al juicio, resulta
que el 37% era inocente”, dijo el padre Silveira, de la pastoral carcelaria. 18
grupos controlan cárceles Según los especialistas, existen 18 grupos criminales
que controlan el poder en los presidios.
La situación
no es nueva y forma parte de la herencia de desigualdades de Brasil a lo largo
de su historia. En las cárceles, incluso, las facciones mafiosas construyeron
‘favelas’ en los patios para enviar a los marginados de los pabellones. La
crisis carcelaria ha puesto en evidencia, también, al gobierno de Michel Temer.
Sin respuestas, apenas el anuncio de construcción de cinco nuevos penales de
máxima seguridad, el presidente calificó como “accidente pavoroso” a la
matanza, lo cual le causó una lluvia de críticas por esa definición.
El sábado
pasado renunció el secretario de Juventud del Gobierno, Bruno Julio, quien
afirmó que más presos deberían haber muerto y que sería necesaria “una masacre
por semana”, supuestamente, para solucionar el problema de la superpoblación
carcelaria”. Lo cierto es que no hay lugar mejor y más seguro en Brasil para
comandar el crimen organizado que la cárcel. Lo hace el PCC hace una década y
el Comando Rojo. Pero para los especialistas, estas disputas cuerpo a cuerpo en
las prisiones son apenas peleas entre soldados, ya que los comandantes tienen
planes superiores.
Dominio
del tráfico de drogas En opinión del secretario de cooperación internacional de
la Fiscalía General de Brasil, Vladimir Aras, el PCC -surgido del crimen en las
calles de San Pablo y de extender protección social a los familiares de los
presos- busca ampliar sus negocios en Paraguay, Bolivia, Colombia y Perú para
dominar el ciclo del tráfico internacional de drogas. Incluso, afirmó Vladimir
Aras, la desmovilización de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC) en el país colombiano puede generar nuevos desocupados en la
región amazónica que puedan ser cooptados para el narcotráfico de las
organizaciones brasileñas. Según el fiscal, el PCC busca el monopolio del
crimen organizado brasileño y tiene como objetivo dominar la cadena productiva
del narcotráfico.
“Los
países vecinos tienen sus propios grupos criminales que pueden asociarse a los
nuestros o entrar en conflicto con ellos. Es el escenario para los próximos
años: si habrá asociación o una guerra entre estos grupos”, dijo el fiscal
Aras, quien está a favor de despenalizar la tenencia y el consumo de las
drogas. “Es natural que veamos al PCC ir al norte amazónico del país, buscando regiones
fronterizas con Paraguay, Bolivia, Perú y Colombia. El interés es dominar el
ciclo productivo de la cocaína, de la producción a la distribución, sea el
cliente Brasil, Europa o Estados Unidos. El avance se da porque en esas
regiones las fronteras son más porosas, con poco control de ambos lados”, dijo
el fiscal al diario Folha de Sao Paulo.
Para el
especialista, estas organizaciones forman parte de otras que deben tener un
mayor control sobre lavado de divisas para “descubrir quiénes se llevan la fortuna
del narcotráfico”. En ese marco, el fiscal dijo que, en el caso de Colombia, la
desactivación de las FARC, en virtud del acuerdo de paz, crea una preocupación
lateral, como qué harán las personas desmovilizadas, los exguerrilleros. “La
pregunta es si podrán de algún modo ser reclutados por las organizaciones
criminales que operan en el norte de Brasil”.
EN
MEDIO DE LA CRISIS DEL AGUA, BOLIVIA PLANEA "MEGA-REPRESAS"
HIDROELÉCTRICAS
Radio
FSRN News de EEUU (www.fsrn.org)
Bolivia ha
estado en medio de una importante crisis de agua desde hace más de un año. Los
residentes de la ciudad de La Paz están bajo estrictas reglas de racionamiento.
Los glaciares se están derritiendo a un ritmo alarmante. Lo que alguna vez fue
el segundo lago más grande del país se ha secado. Pero algunos argumentarían
que un factor importante detrás de la crisis es un modelo económico que
prioriza las necesidades de las industrias sedientas de recursos sobre las de
los ciudadanos comunes.
Las
operaciones mineras están consumiendo los ríos y ahora el gobierno tiene planes
de construir las llamadas "mega-represas" en la región amazónica para
generar energía hidroeléctrica para la exportación. Las comunidades indígenas
en los caminos de las presas se están uniendo con ambientalistas y
organizaciones de la sociedad civil para detener los proyectos en sus propias
pistas. Aldo Orellana López tiene más.
El gobierno
boliviano ha reactivado un largo plan inactivo para convertir la región
amazónica en un centro energético. El plan prevé la construcción de dos grandes
represas hidroeléctricas en el río Beni y la infraestructura para exportar la
energía generada a los países vecinos.
El presidente
Evo Morales estima que el proyecto costaría alrededor de US $ 6.000 millones y,
una vez operativo, traería más de US $ 1.000 millones al año. Pero las
comunidades indígenas en la región del proyecto planeado dicen que no están
dispuestas a pagar los costos humanos de las llamadas mega-represas. También
advierten que el impacto ambiental sería asombroso, debido al papel de los
ciclos del agua en el complejo ecosistema de la región amazónica.
"El
Amazonas es una delicada eco-región que depende en gran medida de su equilibrio
de agua, en el curso de sus ríos, en los lugares donde aquella piscina de agua.
Estas son áreas dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas ", explica
Sarela Paz, experta en reservas naturales protegidas. "Estas son también
áreas protegidas por sus propias comunidades indígenas porque esas comunidades
dependen del bienestar y el equilibrio de los ecosistemas dentro de esos
territorios".
Según una
evaluación de impacto ambiental, las dos presas inundarán un área más grande de
la ciudad de La Paz, afectando a alrededor de 4.000 personas en 17 comunidades
dentro y cerca de la zona de inundación.
Los indígenas T'simanes, Tacanas, Mosetenes y Uchupiamonas rechazan rotundamente el proyecto, diciendo que nunca pasó por la consulta formal requerida por la constitución del país y los acuerdos internacionales.
Si bien Bolivia ya no es la segunda nación más pobre del hemisferio, la política económica del gobierno de Morales depende en gran medida de la extracción de recursos naturales, lo que ha causado repetidamente enfrentamientos con comunidades indígenas en áreas ricas en recursos.
Los indígenas T'simanes, Tacanas, Mosetenes y Uchupiamonas rechazan rotundamente el proyecto, diciendo que nunca pasó por la consulta formal requerida por la constitución del país y los acuerdos internacionales.
Si bien Bolivia ya no es la segunda nación más pobre del hemisferio, la política económica del gobierno de Morales depende en gran medida de la extracción de recursos naturales, lo que ha causado repetidamente enfrentamientos con comunidades indígenas en áreas ricas en recursos.
"En este
momento nosotros -como pueblos indígenas- estamos en modo de resistencia y
exigimos que el gobierno boliviano traiga las políticas que ha adoptado de
acuerdo con nuestras leyes actuales", dice Alex Villca, portavoz del
Comité Coordinador de Defensa de la Amazonía. "Tenemos una constitución
con múltiples artículos que respaldan y apoyan los derechos de los pueblos indígenas".
Otros han
planteado preguntas sobre la viabilidad financiera del proyecto de la
mega-presa. Algunos analistas advierten que el costo de construir dos presas y
líneas de transmisión a países vecinos costará probablemente más de $ 6 mil
millones.
Marco
Gandarillas, director del Centro Boliviano de Información e Investigación -
CEDIB - sostiene que es poco probable que el proyecto sea rentable debido a los
altos costos ya la volatilidad del mercado energético.
"El gobierno boliviano cree que la era del gas ha pasado y que es probable que se descubran pocas reservas", según Gandarillas. "Ellos tienen pocas esperanzas de encontrar enormes reservas y se están concentrando en un plan muy agresivo para construir al menos 17 proyectos hidroeléctricos, muchos de ellos con la intención de expandir las exportaciones de energía".
"El gobierno boliviano cree que la era del gas ha pasado y que es probable que se descubran pocas reservas", según Gandarillas. "Ellos tienen pocas esperanzas de encontrar enormes reservas y se están concentrando en un plan muy agresivo para construir al menos 17 proyectos hidroeléctricos, muchos de ellos con la intención de expandir las exportaciones de energía".
En noviembre
pasado, los residentes de las comunidades indígenas cerca de los sitios
previstos a lo largo del río Beni emitieron alertas sobre la llegada de equipo
pesado de la empresa contratada por el gobierno para realizar los estudios
finales para construir las presas. Inmediatamente comenzaron vigilias las
veinticuatro horas en la zona y la compañía retiró su equipo semanas más tarde.
El gobierno
todavía tiene que comentar sobre el incidente, pero ha dicho muchas veces que
planea seguir adelante con el proyecto para construir las presas. (TRADICCION
GOOGLE)
INDÍGENAS APRENDEN A DEFENDERSE
De Alaska a la Patagonia, muchos de los países del continente, y en especial de América Latina, enfrentan una creciente situación de conflictos por problemas socioambientales que, sin embargo, representan también una oportunidad de cambio en el enfoque al desarrollo económico.
El Pueblo de México (www.elpueblo.com)
En los
países latinoamericanos la situación ha llevado a que grupos
empresariales, académicos e indígenas hayan coincidido recientemente en lo
que definieron como “necesidad de reforzar los procesos de resolución de
conflictos dentro de una cultura basada en el diálogo y la búsqueda de
consensos para el beneficio común”.
Para Marianela
Curi, directora ejecutiva de la Fundación Futuro Latinoamericano, y
Mara Hernández, coordinadora de ProDiálogo, del Centro de Investigación y
Desarrollo Económico (CIDE), es una oportunidad que debe aprovecharse.
Es tal
vez el momento. Los conflictos por el uso de tierras indígenas son ancestrales,
pero no es sino hasta hace pocos años que las sociedades, las culturas y los
mecanismos políticos han comenzado a respetar y a buscar la manera de
vincularse mejor con grupos hasta ahora marginados.
Durante
una conversación con Excélsior, Curi y Hernández advirtieron que el
tema de los reclamos indígenas por la explotación económica de sus tierras
tradicionales será un tema presente por muchos años en la región.
Para
especialistas que se reunieron en México hace una semanas, “la ejecución de
proyectos de desarrollo que impliquen el uso sustentable de recursos naturales
o el cambio en la tenencia de la tierra, ha generado más de un desacuerdo entre
las partes involucradas, conflictos que requieren nuevas formas de resolución
más allá del enfrentamiento”.
La
realidad es que, por lo pronto, esos problemas se reflejan en
confrontaciones como la de Chiapas, donde las comunidades indígenas zoques se
declararon en contra de actividades de exploración y explotación mineral y
petrolera, o en Dakota del Norte, donde la tribu sioux batalla contra un
oleoducto.
Pero el
problema bien podría presentarse en las tierras indígenas de la Amazonia
ecuatoriana o brasileña, en regiones de Colombia o en las zonas indígenas de
Guatemala.
Se trata
de comunidades que en algunos casos con una nueva conciencia de su poder y sus
derechos, o en otros con una larga práctica, demandan no sólo respeto a su
medio ambiente y a sus sitios sagrados, sino el reconocimiento de la sociedad
en que viven y mayor participación en las decisiones que
las afectan.
las afectan.
Los
problemas en México y Estados Unidos no son únicos. Se dan también en países
como Bolivia, Venezuela, Ecuador o Perú, dijeron Curi y Hernández.
De
acuerdo con las especialistas, la mayor parte de los países de la región será
escenario de numerosos y frecuentes litigios y problemas sociales
derivados de las demandas de respeto a los derechos de grupos sociales que,
como los indígenas, han sido históricamente marginados.
De la
violación de tierras sagradas de los mapuches en el cono sur a la invasión de
tierras tribales en Estados Unidos, Curi y Hernández, colombiana y mexicana
respectivamente, consideraron como preocupante el que haya una tendencia al
“diálogo de sordos”, una en la que cada parte trata de imponer su punto de
vista al otro.
Para
ellas, en la región han surgido dos enfoques: el diálogo y la defensa de
derechos por un lado, y paralelamente la confrontación, algo que sólo podría
resolverse a partir de un enfoque efectivo que equilibre el poder entre las
partes involucradas en los conflictos.
Pero es
lo que consideraron como una oportunidad para buscar alternativas de desarrollo
más inclusivas en las que la sociedad completa tenga participación.
El punto
de partida, como dice Curi, directora ejecutiva de la Fundación Futuro
Latinoamericano, es la convicción de que “la verdad no está en nosotros, sino
entre nosotros”.
Para
ellas, parte de la solución a la complicada problemática dejada por cientos de
años de explotación o marginación está en la mayor participación de grupos
sociales, y sobre todo en la continua construcción de puentes y de confianza
entre las diversas partes de los diálogos de desarrollo.
Canadá y
Estados Unidos, con todos sus problemas, son ejemplos útiles. Muchos problemas
se resuelven con respeto a las sensibilidades y necesidades de los indigenas,
aún cuando a veces como ahora en Dakota del Norte– haya incidentes violentos.
Pero en
América Latina el trabajo es complicado por siglos de desconfianza, la
convicción de que “la otra parte” sólo quiere el propio beneficio, el discurso
que puede delinear metas elevadas, pero tiene una ejecución pedestre –desde
México, donde se festeja la herencia indígena hasta los países “bolivarianos”
donde, se habla de “la madre tierra”– y la presencia de grupos criminales.
Pero en
unos y otros, a final de cuentas, se explotan sin misericordia los recursos
naturales.
De hecho,
algunas escuelas universitarias de la región han comenzado a ofrecer cursos
sobre resolución de conflictos. Y a decir de Curi y Hernández, es una carrera
con futuro.
INDÍGENAS ANUNCIAN JUICIO EN CONTRA EL ESTADO BOLIVIANO
POR CONSTRUCCIÓN DE REPRESA
Sputnik News de Rusia (www.sputniknews.com)
Cerca de
18 comunidades indígenas impulsarán un juicio contra el Estado boliviano para
evitar que se lleve adelante el proyecto hidroeléctrico en las regiones de
Chepete y El Balael, declaró el representante de la mancomunidad de los pueblos
Tacana, Chimán, Mosetén Lecos y Uchupiamonas, Alex Villca.
"En
los próximos días una comisión de la mancomunidad se reunirá en la ciudad de La
Paz con abogados constitucionalistas para interponer una acción popular contra
el Estado por la vulneración de nuestros derechos", dijo el representante.
Explicó
que además de la acción popular se interpondrá una demanda ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en caso de que el Gobierno boliviano
persista en la construcción de la hidroeléctrica.
"Estamos en estado de emergencia y alerta permanente", advirtió Villca.
"Estamos en estado de emergencia y alerta permanente", advirtió Villca.
En julio
de 2016 el presidente Evo Morales anunció el inicio de estudios para la
construcción de la represa gigante en el estrecho de El Bala sobre el río Beni
en el norte del departamento de La Paz. La mega obra demandaría una inversión
de cerca de 6.000 millones de dólares y generaría al menos 3.000 megavatios. El
anuncio fue rechazado por los representantes de los pueblos indígenas de la
zona porque significaría la desaparición de las comunidades que están asentadas
en la ribera de los ríos Beni y Quiquibey, según explicó Villca.
"La
mancomunidad de comunidades indígenas ha rechazado de manera rotunda la construcción
de la mega represa Chepete — El Bala, vamos a continuar con esta resistencia
porque consideramos que este 2017 es un año clave para precautelar nuestros
territorios", afirmó.
En
noviembre de 2016 los pueblos indígenas que se oponen a la construcción de la
represa protagonizaron una vigilia de 12 días en el estrecho de El Bala
obligando a que la empresa contratada por el Gobierno para realizar estudios de
factibilidad abandone la zona.
El
Gobierno anunció que llevará adelante esta mega obra por considerarla
estratégica para el desarrollo energético de La Paz y las principales
autoridades han llamado a los pueblos a no dejarse engañar por la resistencia
de "pequeños grupos", según declaró Morales citado por La Razón en
noviembre del año pasado. La mancomunidad de pueblos indígenas del norte de La
Paz ha pedido al Gobierno respeto a la Constitución Política del Estado y al
Convenio 169 de la OIT.
PETROPAR
INSTA A SECTOR PRIVADO A BAJAR PRECIOS
Atendiendo
a que el sector privado que comercializa gas licuado de petróleo (GLP)
manifiesta que accede a mejores precios en la compra del producto para
introducirlo al país, Petropar les insta a “disminuir sus precios de venta al
público y a acortar los excesivos márgenes de ganancia que hoy deja este negocio”,
según un comunicado difundido ayer por la petrolera estatal.
Ultima
Hora de Paraguay (www.ultimahora.com)
La compañía
expuso en un comunicado sus argumentaciones acerca del motivo por el que
decidió adquirir GLP de la firma Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB) por medio de la vía de la excepción, en una operación que fue criticada
por algunos sectores.
lucro
desmedido. Petropar habla de la existencia de un negocio para un selecto grupo
de personas que “lucra desmedidamente a costas de los sectores más vulnerables
de la sociedad”, refiriéndose a los márgenes que tiene el sector privado que
opera en el negocio del gas en el país.
Como el
reciente proceso licitatorio para la compra de gas de Bolivia se realizó por la
vía de la excepción, Petropar explicó que fueron invitadas 3 empresas: YPF y
Refinor de Argentina, por un lado, e YPFB de Bolivia.
De las 3
empresas, solo se presentó la firma YPFB. Por lo tanto, el procedimiento por
vía de la excepción de ninguna manera significó un direccionamiento hacia un
proveedor en particular, según alegaron autoridades de Petropar, ya que la
excepción solo significó el “acortamiento de los plazos del procedimiento de
compra”, sostuvo la petrolera estatal en el documento.
En defensa de
la operación realizada, Petropar expuso que a pesar de la fluctuación del
precio internacional del gas, se mantiene el precio de venta al público del GLP
de manera estable en G. 5.000 por kilo, asegurando un margen positivo en cada
venta realizada.
En
compra a favor de ypfb eludió licitación internacional por “urgencia
impostergable”
PETROPAR
CONFIESA EN COMUNICADO QUE PAGÓ MUCHO MÁS CARO POR EL GAS
Petropar
confesó que pagaron más caro por el premio a YPFB por el gas, de US$ 50 a US$
70 por tonelada, muy por encima de los US$ 20 que paga el sector privado a
proveedoras argentinas, en igual lapso de tiempo. Se contradicen para
justificar la “urgencia impostergable” para burlar una licitación internacional
y digitar la compra más cara del gas boliviano. Hablaron primero de rumor de
“desabastecimiento” y ahora que los plazos “no cerraron”.
ABC
de Paraguay (www.abc.com.py)
Petropar
defiende la “urgencia impostergable” como “argumento” para la compra por vía de
la excepción de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Dice que
realizaron el proceso por excepción porque los plazos programados para las
nuevas licitaciones no cubrirían la demanda generada.
Sin embargo,
en otro apartado del mismo comunicado, señala que ya en noviembre la dirección
comercial solicita la nueva compra de gas, mucho tiempo antes que la primera
excusa del “rumor” sobre el desabastecimiento que señaló a ABC Cardinal la
semana pasada el presidente del ente, Eddie Jara, para justificar la compra
acelerada y a mayor precio.
En otro punto
refiere que supuestamente fueron “invitadas” otras empresas a cotizar precios
del gas, pero sin anexar ningún documento al respecto, y citan a YPF y REFINOR
de Argentina. Empero, fuentes internas de Petropar aseguraron a nuestro diario,
que este proceso desde hace rato estuvo dirigido para favorecer a la boliviana,
“por alguna extraña razón” y coincidentemente el gobierno pretende unirnos a
ellos para la provisión del hidrocarburo y por un periodo prorrogable de 20
años, según un Acuerdo firmado entre los mandatarios de ambos países, en 2015,
y que el Congreso se negó a ratificar. Incluso, las mismas fuentes internas de
Petropar refieren que el pliego de bases y condiciones para la primera
licitación convocada por Petropar fue elaborado por funcionarios de YPFB.
Petropar en
su comunicado reconoce plenamente las cotizaciones publicadas por nuestro
diario, y confiesa que pagó mucho más. Así, en el punto 4 refiere: “El premio
ofertado por la firma YPFB en la primera licitación realizada por Petropar en
el mes de octubre de 2016 fue de US$ 50.00 por tonelada. El premio en la
segunda licitación, en diciembre de 2016, fue de US$ 70.00 por tonelada”. La
estatal confirmó así que abonó un precio mayor por el gas, por vía de la
excepción, y eludiendo otras ofertas más ventajosas para el país. Estos precios
del premio pagados a Bolivia son muy superiores a los US$ 20 por tonelada que
abonaron algunas firmas privadas de nuestro país a proveedoras argentinas, en
fechas similares.
Petropar
sostiene que tuvo “apuro” para comprar para no quedarse sin stock; sin embargo
fuentes internas del ente aseguran que al momento de la solicitud de compra
contaban con 756 toneladas (75% de las compras que hizo de la misma YPFB de
1.000 Ton.) por lo que no existía apuro.
BOLIVIA
PLANTEA VENDER ENERGÍA AL PARAGUAY
Ultima
Hora de Paraguay (www.ultimahora.com)
Aunque
parezca ilógico, dada la gran producción de energía que tiene Paraguay, el
Gobierno boliviano plantea exportar 100 megavatios (MW) a nuestro país,
principalmente al Chaco paraguayo, comentó Luis Sánchez, ministro boliviano de
Hidrocarburos y Energía, informó Cambio, periódico del país vecino.
“Hay una
oportunidad de vender energía a esta región (el Chaco paraguayo) de
aproximadamente 80 a 100 megas (MW) y generar nuevos ingresos para el Estado
Plurinacional de Bolivia. Están casi a 800 kilómetros estas regiones del Chaco
y tienen problemas técnicos para transportar la energía y el costo”, remarcó el
funcionario.
Sánchez
explicó que Paraguay es uno de los mayores exportadores de energía del mundo,
pero tiene algunas dificultades de provisión al territorio chaqueño, justamente
en la frontera con Bolivia, donde existe mucho desarrollo en sectores como la
agroindustria.
La ANDE y la
boliviana Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) realizarán un estudio de
integración energética. Se prevé construir una línea de transmisión eléctrica
hasta la frontera de ambas naciones, indicó.
Técnicos
locales cuestionan que la ANDE esté viendo esta posibilidad, teniendo en cuenta
la gran disponibilidad en el país y aducen que debe ser la estatal la que
provea la energía en todo el territorio.
GRIPE
AVIAR: BOLIVIA REFUERZA CONTROL EN FRONTERA CON CHILE Y PROHÍBE INGRESO DE AVES
El
gobierno instruyó además reforzar la inspección de pasajeros, equipaje y carga
procedentes de Chile.
La
Tercera de Chile (www.latercera.com)
El Servicio
Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) de Bolivia
decidió cerrar la frontera con Chile por los casos detectados de gripe aviar en
Quilpué.
Según
consignó La Razón,
la resolución sostiene que “el gobierno de Bolivia prohíbe el ingreso de aves
vivas de cualquier especie, huevos y otros productos y subproductos de origen
avícola procedentes de Chile tras confirmarse un brote de influenza aviar en
este país vecino, según reza la RA. 005/2017, esto para proteger el patrimonio
productivo nacional”.
El
instructivo del Senasag instruye además reforzar los controles en frontera e
inspección de pasajeros, equipaje y carga procedentes de Chile en puestos de
control internacional y e intermedio, e informar inmediatamente sobre cualquier
decomiso y destrucción de aves que pudieran ser introducidos.
UNA
EMPRESA CATALANA REFORMARÁ EN BOLIVIA UNA DE LAS CARRETERAS MÁS PELIGROSAS DEL
MUNDO
Camino
a los Yungas, construida en 1930, acumula un siniestro historial de accidentes.
Es la única vía en la que se permite circular por la izquierda para evitar caer
en el abismo al cruzar con otro vehículo
ABC
de España (www.abc.es)
De manera más
o menos exagerada, todo país tiene su particular "carretera de la muerte", aunque hay alguna que, por
su historial de accidentes, copa de manera recurrente el ránking mundial de vías más peligrosas del planeta.
Una de estas,
sin lugar a dudas, es la carretera de los Yungas, en el departamento de la Paz,
en Bolivia, una vía
escalofriante para cualquier conductor, y que se cobra cada año decenas de
vidas en accidentes.
A 4.000 metros de altura, sin
guardarraíles, con algunos tramos que apenas alcanzan los 3,5 metros de
anchura, la también conocida como Camino a los Yungas será ahora reformada por
la empresa catalana BAC
Engineering Consultancy Group, que ha ganado el concurso organizado
por el gobierno boliviano para diseñar la remodelación de la vía
Según informó
la consejería de Empresa de la Generalitat, el proyecto, financiado por la Corporación Andina de Fomento (CAF),
tiene una duración de nueve meses y consiste en definir las obras que se
tendrán que llevar a cabo para mejorar la vía en todos sus aspectos,
especialmente la seguridad, a partir de una nueva definición de trazado,
pavimentación y ampliación de la calzada.
BAC, que
cuenta con 300 trabajadores, se interesó por este proyecto a raíz de una misión empresarial organizada en Bolivia
en 2015 por la administración catalana.
Circular por
la izquierda
Camino a los
Yungas fue construida en la década de
193o por prisioneros paraguayos durante la conocida como la guerra del
Chaco, y aunque parte de su trazado ha sido sustituido por una vía nueva y más
segura que une La Paz con esta zona selvática, sigue siendo la única carretera
que comunica varias poblaciones de la zona.
Mal asfaltada, con deficiente drenaje, en algunos
tramos sin asfaltar y amenazada constantemente por desprendiemientos, Camino a
los Yungas tiene un escalofriante trazado, la mayor parte del cual con un
abismo a pocos centímetros de las ruedas de los vehículos que se atreven a
transitar por ella. De hecho, es la única vía en la que está permitido circular por la izquierda, de modo que cuando se
cruzan dos vehículos, el conductor que transita más cercano al abismo tenga
mayor visibilidad. La espectacularidad de los paisajes ha hecho de esta vía un destino mundial para los cicloturistas.
La consultora
BAC, que factura 15,5 millones de euros,
cuenta con sedes en Bolivia, Argelia, Armenia, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Chile, Perú, Qatar, Madrid y Barcelona.
ORDENAN OTRAS DETENCIONES EN EL CASO TRÁFICO DE DROGAS A
BOLIVIA
La Nación de Paraguay (www.lanacion.com.py)
A raíz de
la dudosa y extraña inhibición de los jueces de Filadelfia, Chaco, Juan Carlos
Olmedo y Marisol Fernández, el expediente recorrió cientos de kilómetros hasta
llegar a Villa Hayes, donde los magistrados de sentencia Christian Bernal
(Presidente), Sonia Villalba y Blas Cabriza, aceptaron juzgar a los procesados
en la causa caratulada “Carlos Antonio Duarte Mendoza s/ Introducción, posesión
y tráfico de sustancias estupefacientes y drogas peligrosas -marihuana”. Se
trata de un caso en el que se investiga el decomiso de unos 1.000 kilos de
marihuana que estaban para ser traficadas a Bolivia en diciembre del 2009 y que
fueron decomisadas por la Senad en alto Chaco.
El
presidente del colegiado, Christian Bernal, firmó además la detención de Jorge
Amado Morínigo Vera y Leonor Gonzaga Benítez, quienes aparecen acusados de
participar dentro del operativo del tráfico de esta sustancia. Igualmente, se
han remitido los oficios a la comandancia de la Policía Nacional para que pueda
iniciar la búsqueda de los dos imputados. Ambos se encuentran prófugos de la
justicia actualmente. Este caso ya tuvo un primer juicio, en el cual, Morínigo
y Gonzaga fueron absueltos de culpa y pena. Sin embargo, dicha sentencia se
anuló por pedido de la Fiscalía y ahora ambos deberán enfrentar un nuevo juicio
oral.
Además de
los dos citados más arriba, también estarán sentados en el banquillos de los
acusados Carlos Antonio Duarte Mendoza, Hugo Javier Duarte Cabral, quienes
también forman parte de este “equipo” que fue detenido con la droga.
Este caso
estuvo a punto de quedar impune debido a las diversas inhibiciones de los
jueces del Chaco. Finalmente, el tribunal de sentencia fijó para los días 13,14
y 15 de febrero el juicio oral para los cuatro acusados. En la audiencia oral
se discutirá la responsabilidad de cada uno de los que están procesados y la
misma se desarrollará en la sala de juicio orales del Poder Judicial de Villa
Hayes, ubicado en el edificio Bohemio. El juicio debe iniciarse a las 08:30
según la resolución del tribunal de sentencia.
Corte
sospecha inhibición irregular
La Corte
Suprema de Justicia sospecha que la inhibición de un juicio por narcotráfico de
los jueces Olmedo y Fernández sería irregular y es por ello que ordenó de
inmediato la realización de una auditoría de gestión jurisdiccional en la
causa. La decisión de iniciar la investigación fue firmada por la propia
presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alicia Pucheta de Correa. En este
caso ya se había apartado el magistrado Fidelino Aquino, quien alegó que fue
defensor de los acusados, cuando el mismo se desempeñaba como defensor público
en el 2012.
El juez
Olmedo no supo cómo explicar su inhibición ni tampoco el motivo del porqué fijó
primeramente para los días 29 y 30 de diciembre del 2016 la realización del
juicio oral para los cuatro acusados. En su defensa, el magistrado dijo que se
apartó del proceso penal porque ya había integrado el tribunal de sentencia
como miembro suplente. Según fuentes judiciales, el juez Olmedo tuvo el
expediente judicial en su poder durante varios días y luego tomó la sorpresiva
determinación de inhibirse del caso sin mayores fundamentos.
A su vez,
la jueza Marisol Fernández, fundó su inhibición del juicio expresando que ella
no es del fuero, por lo tanto no corresponde que integre el colegiado para el
citado caso. Asimismo el juez Aquino se excusó señalando que fue defensor
público en el año 2012 y en tal función asistió jurídicamente a los acusados.
Llamativa
absolución
El
tribunal de sentencia integrado por los jueces Arsenio Yuruhan, Francisco Núñez
y Eduardo Medina de Filadelfia habían absuelto de culpa y pena a los acusados
Jorge Amado Morínigo y Leonor Gonzaga Benítez, mientras que condenó a Carlos
Antonio Duarte Mendoza, a 8 años y a Hugo Javier Duarte a 7 años de cárcel.
El fiscal
Andrés Arriola apeló la resolución del colegiado y la cámara de apelaciones
conformada por Ricardo Medina, Leonardo Páez y Teresa Gauto finalmente anuló la
decisión de los jueces de sentencia y ordenó que se haga un nuevo juicio para
los cuatro procesados.
El
procedimiento para la incautación de los casi 1.000 kilos se llevó a cabo en
diciembre del 2012 en Mariscal Estigarribia, Chaco. Los agentes de la
Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) lograron detener dos camiones que
transportaban postes de eucaliptos y dentro de la misma se encontró la droga.
POLO DE CONOCIMIENTO MINERO EN LA QUIACA
Desde febrero se dictarán tres tecnicaturas absolutamente
complementarias y que son una apuesta al futuro regional.
El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.info)
La Quiaca
fue en el pasado reciente, y puede llegar a ser nuevamente, un importante
centro minero. En la región abundan los yacimientos metalíferos, no metalíferos
y de variadas rocas de aplicación.
El
territorio forma parte de la prolongación de las ricas fajas metalíferas que
vienen desde Bolivia. En el norte jujeño convergen fajas auríferas,
estanníferas, argentíferas, plumbíferas, zincíferas, antimoníferas y
polimetálicas, entre otras. Muchas de las vetas y filones que conforman estas
fajas se encuentran atravesando las viejas rocas marinas del periodo
Ordovícico. La densidad de yacimientos vetiformes en esa región de Bolivia y
Argentina hizo que el doctor Ricardo J. Sureda, de la Universidad Nacional de
Salta, propusiera en 1988 el nombre de "Provincia Metalogénica
Quiaqueña", para englobar precisamente a todos esos depósitos minerales.
Pero además se encuentran en su territorio baritina, caolín, manganeso, ónix,
travertinos, granitos, calizas, arenas especiales, arcillas, cuarzo y un sinfín
de otras sustancias minerales.
La Quiaca
es una ciudad del departamento de Yavi. Yavi es conocido por su singular
belleza paisajística, por sus gestas históricas, por su afamada iglesia, por la
casa del Marqués donde se encuentra una rica biblioteca y un interesante museo
(con un ala dedicada a la historia de la minería) y por haber sido parte del
camino de postas en la época colonial.
Pero
además en Yavi hay cerros enteros de calizas, como los de la serranía de los
Siete Hermanos, donde hay formaciones símiles del travertino y mármol. Y
también hay unos granitos que pueden cortarse y pulirse dando un buen lustre y
acabado. Precisamente el importante monumento a Sarmiento que se levanta en La
Quiaca está construido de mármoles y granitos de la región.
La mayor
parte de los yacimientos metalíferos se explotaron en el periodo de
entreguerras del siglo XX. Entre ellos muchas de las minas de plomo y zinc. Hay
una larga y rica historia de mineros bolivianos, expertos en explotaciones
subterráneas, que llegaron a las minas jujeñas a trabajar y luego se afincaron
formando familias. Ellos trajeron gran parte de la cosmovisión que tiene que
ver con el mundo de los socavones, sus mitos y leyendas, entre los que destacan
el Tío o diablo de las minas, el Ukako, las ofrendas y los ritos. Un mundo que
para entonces era de hombres adentro de las labores profundas y de mujeres
afuera cumpliendo el rol de las palliris. Algo que habría de cambiar en las
últimas décadas ya que ahora la mujer se ha igualado y trabaja en las minas
modernas a la par de los hombres.
Los hijos
pródigos
La
actividad generaba riqueza para todos, los mineros y sus familias, los
proveedores de cualquier clase de insumos y mercaderías, los transportistas, y
en fin los que estaban ligados directa o indirectamente con la actividad. La
caída del precio de los metales hizo que la mayoría de los yacimientos dejaran
de ser rentables y cancelaron sus operaciones. Muchos de los mineros regresaron
a Bolivia, otros cambiaron de actividad por la de comerciantes en el área de
frontera y finalmente otros buscaron nuevos horizontes especialmente en el sur
del país. Se calcula que unos 3.000 mineros jujeños trabajan en minas de la
Patagonia, entre ellas el carbón de Río Turbio y muchas otras. Son aquellos
mineros que esperan ansiosamente la reactivación de la actividad en su propia
tierra para poder volver con sus familias.
Por ello
no deja de ser auspicioso el trabajo que viene realizando el intendente de La
Quiaca, Dr. Miguel Ángel Tito. Además de sus múltiples actividades como
administrador del municipio, está llevando adelante una intensa tarea para
proveer a La Quiaca de los más modernos servicios en comunicaciones, energía,
infraestructura, red caminera, agua y otros. Así La Quiaca cuenta hoy con
gasoducto propio, internet de alta velocidad, telefonía celular 4G, hotel de
turismo y otros servicios que mejoran la calidad de vida de sus ciudadanos.
Escuelas
indispensables
En este
marco, Tito apuesta fuertemente por la educación. En tal sentido logró
habilitar con fondos propios y apoyo gubernamental, provincial y nacional, la
instalación de una sede de la Escuela de Minas "Dr. Horacio Carrillo",
dependiente de la Universidad Nacional de Jujuy. Visto de otra manera una sede
universitaria en La Quiaca. Allí se darán tecnicaturas en tres áreas diferentes
pero a su vez absolutamente complementarias: Minería, Química e Informática.
Las tecnicaturas tendrán una duración de tres años y se otorgarán los títulos
de Técnico Minero, Técnico Químico y Técnico en Informática. Para ello se
construyó un moderno edificio al lado del Hotel de Turismo, con todas las
comodidades de aulas grandes y cómodas, bien iluminadas y calefaccionadas, con
baños de primera para mujeres y varones, espacio para administración, entre
otras dependencias. Pero además se recuperaron las viejas instalaciones
abandonadas de la Estación del Ferrocarril que se adaptaron para laboratorios.
La
actividad minera moderna requiere de conocimientos específicos no sólo en lo
relativo a los yacimientos y su explotación, sino también en los procesos
químicos y metalúrgicos para el procesamiento de los minerales y en la
aplicación de herramientas informáticas en todas las etapas. De allí que la
sinergia planteada entre las tres áreas de conocimiento sea importante para
llevar adelante una actividad minera innovadora, con un fuerte basamento en la
seguridad, higiene y cuidado del medio ambiente. La tecnicatura en minas
contará con un plan de estudios de 38 materias, con un promedio de 12
asignaturas por año, entre las que destacan los contenidos geológicos,
mineralógicos, petrológicos, petrográficos, informática aplicada a la minería,
física y químicas aplicadas, inglés técnico, topografía, sistemas de
explotación, maquinarias, procesamiento de minerales, legislación y evaluación
de impacto ambiental, entre otras.
El
periodo lectivo comenzará en febrero de 2017 y en tres años egresarán los
primeros técnicos profesionales. La Quiaca es una ciudad que luce orgullosa sus
plazas y monumentos. Se encuentran numerosos bustos y estatuas de hombres
ilustres, quiaqueños y de los héroes de la patria. Precisamente en el cruce de
dos rutas emblemáticas como son la 9 y la 40, en plena ciudad de La Quiaca, se
levanta el monumento al minero que el actual intendente está remodelando como
homenaje a todos los que trabajaron en esas duras faenas. Y como un símbolo
para quienes comienzan sus estudios en la nueva sede universitaria quiaqueña.
En este sentido visitamos al intendente para brindarle apoyo académico
específico junto a los ingenieros Nilo Carrión, presidente de la Cámara Minera
de Jujuy y el Ing. Jorge Bragantini.
Una
figura señera
La
escuela de minas que lleva el nombre del doctor Horacio Carrillo (1887-1955),
lo hace en homenaje a quién fuera un importante político jujeño, de extracción
radical, gobernador de la provincia entre 1918 y 1921, abogado, docente,
impulsor de las industrias azucarera y minera, embajador en Cuba, República
Dominicana, Panamá y Bolivia. Su permanencia como embajador en Bolivia durante
diez años le permitió trabajar arduamente en la resolución de la cuestión
limítrofe con nuestro país. Por su desempeño en la Comisión Mixta Internacional
de Asuntos Argentino-Bolivianos fue premiado con el título de Doctor honoris
causa por la Universidad de Chuquisaca y la Gran Cruz del Cóndor de los Andes.
Como escritor se destacó en obras como Jujuy y su bandera (1920), El
ferrocarril al Oriente boliviano (1922), Los límites con Bolivia (1925), La
quinua (1927), Páginas de Bolivia (1928), así como Tres novelas jujeñas, Los
fueros de la prensa y Humahuaca. Fue además corresponsal del diario La Nación
en La Paz. La nueva escuela de minas de La Quiaca está llamada a ser un polo de
integración argentino-boliviano como alguna vez lo soñara el visionario
prohombre jujeño Dr. Horacio Carrillo.
EL IMPACTO DEL PETRÓLEO
La mejora en el precio del crudo volvió insostenible el
subsidio a los combustibles
El País de España (www.internacional.elpais.com)
El 10 de
diciembre pasado, en Viena, se tomó una decisión de alcance global. Los
miembros de la OPEP, a los que se sumaron otros 12 países productores de
hidrocarburos, resolvieron reducir la oferta de crudo. El recorte podría
alcanzar un millón y medio de barriles diarios. El efecto de esa restricción ya
se percibe. Los futuros del petróleo comenzaron a subir: el promedio para el
año es hoy de 56,29 dólares el barril. El precio actual es casi un 8% más caro que
hace 30 días. Y un 70% más que un año atrás.
Las
consecuencias de estas modificaciones comenzaron a sentirse en la región. El
gobierno de México, que participó de la reunión de Viena, al principio festejó.
El aumento en el valor del petróleo mejoraría la situación de la castigada
Pemex. La empresa, que es controlada por el Estado, tuvo una caída dramática en
sus ingresos, que la obligó a reducir la producción. La de 2016 fue, con
2.145.000 barriles diarios, 5% menor que la de 2015, y la más baja de los últimos
35 años. Esta crisis castiga a la tesorería mexicana. No sólo porque recibe del
negocio petrolero el 33% de sus ingresos. Además, la obliga a realizar
caudalosos aportes patrimoniales para sostener las finanzas de la compañía.
Al mismo
tiempo que la mejora en el precio del crudo da un respiro a Pemex, volvió
insostenible el subsidio a los combustibles. El 50% de los que consumen los
mexicanos es importado, y hay que adquirirlo con un peso que se estuvo
devaluando a lo largo de 2016, sobre todo después del triunfo de Donald Trump.
En este contexto, el precio de la gasolina fue ajustado en un 20%. Y produjo un
estallido de furia de los consumidores.
Ocurrió
algo previsible. El Caracazo de 1989, que arrastró al gobierno de Carlos Andrés
Pérez en Venezuela, se desató por un encarecimiento drástico del precio de la
gasolina. En aquel caso fue del 100%. En diciembre de 2010, Evo Morales sufrió
en Bolivia una rebelión que, como en México, se llamó gasolinazo, porque retiró
una subvención a los combustibles, que aumentaron un 83%. Si se quiere buscar
el punto de partida de la caída de Dilma Rousseff en Brasil, hay que ir a las
manifestaciones ocurridas en San Pablo, a mediados de 2013, por el aumento del
precio del transporte.
Pérez,
Morales, Dilma, fueron precursores del mexicano Enrique Peña Nieto. El precio
de la gasolina no afecta tanto a los automovilistas como a quienes utilizan el
transporte público. Las protestas, asociadas en muchos casos al
desabastecimiento, dejaron en México unos 1.500 detenidos y cantidad de
comercios dañados. Lluvia ácida para un presidente cuya popularidad no alcanza
el 25%.
Lo que
trajo angustia a México arranca una sonrisa a los gobiernos de Venezuela,
Ecuador y Bolivia que, como Colombia y Perú, exportan hidrocarburos. Nicolás Maduro
logra una bocanada de oxígeno en medio de una crisis que ya parece crónica.
Asfixiada la economía por la falta de reservas internacionales, los mejores
ingresos petroleros alientan especulaciones: ¿habrá un régimen cambiario
desdoblado, a la cubana, para fines de febrero? Excentricidades para corregir
excentricidades: el bolívar se depreció más de 100% entre noviembre y
diciembre.
En Brasil
también festejan: con un crudo que se aprecia, se facilita el salvataje de
Petrobras. En la primera semana del año la empresa subió el precio del diésel y
de las gasolinas. La tendencia a eliminar el subsidio a los consumidores de
combustibles se afianzó a partir de octubre. Es parte de una política general,
que incluye la venta de activos de la petrolera estatal en toda la región.
Petrobras ya realizó una operación por 892 millones de dólares, algo
controvertida, con el grupo Pampa Energía, en la Argentina. Y transfirió una
distribuidora en Chile, por 470 millones de dólares, al grupo Southern Cross.
Petrobras anunció, además, el despido de 6.300 empleados. El ajuste permitió
que la acción de la empresa, sacudida por la tormenta judicial de la operación
Lava Jato, se recuperara alrededor del 100% durante el año pasado.
Para la
Argentina de Mauricio Macri el cambio en los precios de los hidrocarburos es,
en cambio, desafiante. El país importa el 13% de la energía que consume. Una
parte importantísima de ese consumo está subsidiada. De modo que, al
encarecerse el petróleo, aumenta el gasto público. Un problema delicado para un
país en el cual el Estado, en la escala nacional, provincial y municipal,
representa el 47% del PIB. Uno de los objetivos principales de Macri, sobre
todo desde la reciente incorporación de Nicolás Dujovne como ministro de
Hacienda, es reducir el déficit fiscal. Si se encarecen los combustibles y se
pretende equilibrar las cuentas públicas, a Macri no le queda otro remedio:
deberá eliminar los subsidios más de lo previsto. Dicho de otro modo, aumentar
las tarifas del gas, la electricidad y el transporte. Una noticia amarga para
un año electoral.
No comments:
Post a Comment