BOLIVIA QUIERE RECUPERAR LAS TIERRAS ENTREGADAS ILEGALMENTE POR JEANINE AÑEZ

Una semana antes de dejar la presidencia de facto de Bolivia, Jeanine Áñez otorgó cientos de títulos de propiedad en el oriente boliviano, principalmente a la agroindustria y políticos opositores al Movimiento al Socialismo. Ante la protesta de las comunidades indígenas afectadas, el Gobierno de Luis Arce anunció que anulará los documentos.
El Gobierno de Luis Arce anunció que anulará los títulos de propiedad entregados de manera irregular por la expresidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020). Los malos manejos, que fueron develados por una investigación de la Fundación Tierra, beneficiaron en gran medida a agroindustriales del oriente boliviano y a políticos opositores al Movimiento Al Socialismo.
Los 2.000 títulos de propiedad entregados a discreción por Áñez corresponden a tierras de Santa Cruz de la Sierra, donde las cálidas llanuras son apreciadas por las empresas agroindustriales, las cuales constituyen el poder político de ese departamento, que abarca el 33% del territorio nacional y produce el 70% de los alimentos del país.
Uno de los políticos de alto perfil beneficiados fue Branko Marinkovic, exministro de Áñez en las carteras de Planificación del Desarrollo y de Economía y Finanzas. La Fundación Tierra dio a conocer que su familia obtuvo la titulación de más de 33.000 hectáreas, correspondientes a las estancias Laguna Corazón (12.400 h) y Tierras Bajas del Norte (21.000 h), en el departamento de Santa Cruz de la Sierra (este). Marinkovic denunció a su director, Gonzalo Colque, por difamación, calumnias e injurias.
"Hay una demanda judicial en curso, que se ha paralizado por las vacaciones judiciales. Ellos [los abogados de Marinkovic] han pedido que el juez autorice el estudio de peritos sobre las publicaciones que hemos hecho y que van a ser la prueba para demostrar que hemos hecho difamación e injurias", dijo Colque a Sputnik. Y agregó: "Entiendo que esta causa se va a reactivar en cualquier momento".
Según la denuncia —que la Fundación difundió parcialmente—, el exministro de Áñez alegó ante el juez: "Dediqué mi vida al trabajo honrado, a la representación empresarial, a la labor cívica y, por un corto periodo de tiempo, al servicio público como ministro de Estado, gozando en todo este proyecto de una excelente reputación y reconocimiento social".
Marinkovic, quien regresó al país días después del golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2020, había estado entre 2009 y 2019 escondido en Brasil, porque en Bolivia tenía una causa judicial por su cercanía con Eduardo Rózsa Flores, acusado por la Fiscalía boliviana de ser el líder de una banda paramilitar.
Según el director de la Fundación Tierra, Marinkovic tiene "una actitud amedrentamiento, para acallar a las instituciones que supervisan que haya transparencia en el proceso agrario. Esa es nuestra labor y entendemos de esa manera el objetivo que tiene esta denuncia".
A pesar de la persecución judicial, "por supuesto que vamos a asumir la defensa, por supuesto que vamos continuar con las investigaciones que tenemos, porque hemos demostrado con documentación que han hecho un proceso fraudulento para apropiarse de estas tierras", agregó.
Colque comentó que la titulación se realizó "mediante procedimientos y en extensiones que no están permitidas por las leyes bolivianas. Nosotros vamos a seguir denunciando este tipo de hechos".
Luego de la denuncia contra Colque, 80 organizaciones sociales de Bolivia emitieron un pronunciamiento en defensa del director de la Fundación Tierra, organización que trabaja desde hace 30 años en la temática agraria. "La utilización de tipos penales contra el honor (difamación, calumnias e injurias) para evitar que la sociedad civil cuestione el trabajo de una autoridad pública atenta contra la libre expresión de la sociedad civil, fomentando un clima de criminalización y autocensura", dice el documento.
"La denuncia penal contra Colque no es solo responsabilidad de Marinkovic, sino también de los administradores de justicia, que no adecuan su accionar a los estándares internacionales y democráticos de protección de la libertad de expresión", agrega el pronunciamiento de las OSC.
Los títulos de Áñez y la anulación de Arce
La investigación realizada por la Fundación tuvo mucha repercusión a finales de 2020. Las autoridades recién asumidas del Gobierno de Arce prometieron investigar la presunta titulación fraudulenta firmada por Áñez; muchas de las tierras que se repartieron entre agroindustriales son reclamadas legalmente como territorio ancestral por los originarios.
Las comunidades campesinas y del pueblo indígena Guarayo, que viven en territorios lindantes con los de la familia Marinkovic y otros terratenientes, se sumaron a la exigencia de que se aclare en qué condiciones se repartieron los documentos de propiedad en 2020. El 6 de febrero pasado, campesinos e indígenas de 15 comunidades decidieron cortar en la población de Ascensión de Guarayos la carretera que une a los departamentos de Santa Cruz con Beni (este). Al día siguiente llegó allí el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, quien dialogó con los manifestantes y se comprometió a anular los títulos emitidos por Áñez.
"Entre los acuerdos suscritos se encuentran: la anulación de titulaciones emitidas sin respaldo legal en el Gobierno de facto a personas extranjeras o ajenas a las comunidades afectadas, y la presencia del equipo técnico del Ministerio para dar respuestas inmediatas a otras problemáticas sobre tierras", dice un comunicado de esta cartera, difundido por el diario Los Tiempos.
Para el director de la Fundación Tierra, este anuncio gubernamental "es una consecuencia de las denuncias públicas que nosotros hemos hecho. Entendemos que es un trabajo político del Gobierno nacional, pero también de las comunidades indígenas que están afectadas por estas entregas arbitrarias de grandes propiedades y de tierras fiscales".
¿Cómo anular los títulos irregulares de Áñez?
Según Colque, "una vez titulada la propiedad, quiere decir que el proceso de cuestionamientos, de objeciones, de demandas y contrademandas ha terminado. Es como un juicio: una sentencia que ha llegado hasta el final".
Anular estos títulos agrarios requeriría un decreto presidencial. También la Asamblea Legislativa Plurinacional (con mayoría oficialista) puede pedir la nulidad del proceso, el retorno al punto cero y la verificación en el terreno de los contenidos técnicos y jurídicos del derecho propietario sobre las tierras, comentó el director.
Una tercera opción sería que intervenga la Procuraduría General del Estado, "una entidad que se ha creado con la nueva Constitución (en 2009), con el objetivo de defender, proteger y pedir la devolución a favor del Estado de las tierras, de los recursos naturales que pertenecen a todos los bolivianos", dijo Colque.
El director se mostró esperanzado en que "efectivamente el Gobierno nacional emita un decreto o alguna resolución ministerial anulando los procedimientos mediante los cuales —durante el Gobierno anterior— la familia Marinkovic y otros se han adjudicado tierras sin transparencia y saltándose todos los procedimientos regulares que establece la ley".
Desde que fue aprobada la Constitución de 2009, en Bolivia está prohibido comprar una propiedad de más de 5.000 hectáreas. Pero esta ley fue obviada por Áñez al momento de entregar ocho títulos agrarios a propiedades que sobrepasan esa medida. "Hay otras propiedades [además de la de Marinkovic] sobre las cuales vamos a presentar información más detallada. Hay una colonia Menonita que ha logrado titular más de 25.000 hectáreas en la gestión de Áñez", adelantó Colque.
Y advirtió que parte de los 2.000 títulos entregados por la expresidenta serían inobjetables, porque cumplen con todos los requerimientos de la ley. Por ello se requiere una revisión detallada de cada documento propietario.
"Hay un compromiso político del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras de anular estos procesos irregulares, pero no existen datos exactos de cuáles son esas propiedades y bajo qué criterios van a proceder a la anulación de los procesos irregulares de la gestión pasada", dijo Colque.
Agregó que se deben revisar casos anteriores al Gobierno de Áñez. "Las denuncias de tráfico de tierras y las denuncias de dotación irregular de tierras vienen desde 2012. Hay muchísimos funcionarios públicos involucrados en estos procesos irregulares", aseguró. Y sostuvo: "Si el Gobierno de Arce realmente quiere transparentar estos hechos irregulares, tiene que también ampliar la investigación a gestiones anteriores".
Sputnik News de Rusia (https://bit.ly/3tOHRbv)
 
 
 
 
 
ALUMNOS RURALES EN BOLIVIA RETAN A LA COVID-19 AL TOMAR CLASES PRESENCIALES EN PLENO REBROTE
 
XINHUA de China (https://bit.ly/2OwYngg)
 
La carencia de tecnología, la ausencia de logística, la situación económica y la falta de internet obligan a los estudiantes de varias poblaciones rurales bolivianas a asistir a clases presenciales en plena segunda ola de contagios de la COVID-19, reconocieron este jueves autoridades, profesores y padres de familia.
Es el caso de los estudiantes de la Unidad Educativa Boliviano-Japonés de la comunidad altiplánica de Palcoco de la provincia de Los Andes, en el departamento de La Paz (oeste), que optó por las clases presenciales debido a la falta de condiciones básicas para la educación virtual, como el servicio de internet.
"Estamos arriesgando la vida de todos, hemos decidido los padres de familia arriesgarnos a los contagios de nuestros hijos y de toda la familia, porque nos pueden traer a nuestras casas el coronavirus. Pero no podemos perjudicarlos y tienen que estudiar", manifestó Jacinto Choque, padre de familia de la comunidad.
Empero, aclaró que todos los padres de familia aprobaron enviar a sus hijos a las aulas, pero cuidando las medidas de bioseguridad y evitando las aglomeraciones.
Esta situación se reproduce en otras regiones rurales bolivianas del altiplano, valle y oriente donde decidieron por retomar la educación presencial y hasta semipresencial, pero con disciplina para sostener los cuidados.
Sobre este panorama, el director departamental de Educación, Juan Churata, reconoció en entrevista con un medio radial local, que hay un desequilibrio en la educación de los estudiantes por las carencias que enfrentan, como la falta de celulares, ordenadores o internet, por lo cual deben optar por la teleducación impartida por las radios y televisoras estatales.
Por su lado, el dirigente del magisterio urbano de La Paz, René Pardo, comentó este jueves que al menos el 40 por ciento de los estudiantes del departamento de La Paz no asiste a las clases a distancia debido a varios elementos.
"Este porcentaje se repite en otros departamentos", añadió.
Bolivia vive el primer mes de la segunda ola del coronavirus y aunque las autoridades sanitarias informaron que febrero será el más crítico de la pandemia, un importante porcentaje de las unidades educativas en el área rural, principalmente, toman clases de forma presencial.
En medio de una franca desescalada de contagios de coronavirus de la segunda oleada en gran parte de Bolivia, el país sudamericano superó este jueves 233.000 casos nuevos de COVID-19 que, según el gobierno, hace prever una tercera ola en los próximos meses.
 
 
 
 
 
EL MAS PREPARA EN BOLIVIA UNA BATERÍA DE INDULTOS QUE BENEFICIARÍA A 1000 PERSONAS, ENTRE ELLOS EVO
 
La Nación de Argentina (https://bit.ly/2Ni7ssE)
 
Más de mil investigados y procesados durante la gestión de la presidenta interina Jeanine Áñez, entre ellos el exmandatario Evo Morales, serían beneficiados por una amnistía e indulto impulsados por el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido en el gobierno en Bolivia.
“Beneficiará a aquellos compañeros que están siendo perjudicados sin motivo alguno con cargos penales, lo que se quiere es que se los libere de eso, entre ellos muchos de nuestros hermanos dirigentes”, explicó Andrónico Rodríguez, presidente del Senado.
Morales afronta varios procesos iniciados por la anterior administración luego de su renuncia al poder en 2019.
“Son alrededor de mil personas, se va detallar mañana, se dará lectura en grande y detalle, y se considerará su aprobación o rechazo. Por supuesto (que está Evo Morales) y todos los que han sido acusados sin ningún motivo”, dijo Rodríguez.
El presidente del Senado remarcó que no se tiene una cifra exacta de las personas que fueron imputadas durante el gobierno interino de Jeanine Áñez (2019-2020). Además, pidió cooperación de los ministerios y de la Justicia para armar las respectivas listas.
Se estima que son 1200 personas, entre ellos el propio presidente del Senado, el legislador y exlíder cocalero Leonardo Loza y el expresidente Morales, según declaró el presidente de la comisión de Ministerio Público de Diputados, Daniel Rojas.
El decreto será tratado mañana por la mañana en la cuarta sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
 
 
 
 
 
CUBA Y BOLIVIA ACUERDAN RETOMAR SUS RELACIONES ECONÓMICAS Y COMERCIALES
 
14 y Medio de Colombia (https://bit.ly/3aaXIJN)
 
Cuba y Bolivia acordaron el relanzamiento de sus relaciones económicas, comerciales y de cooperación, que habían quedado suspendidas con el Gobierno interino de Jeanine Áñez en el país andino.
La viceministra primera de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de la Isla, Ana Teresita González, informó que durante una videoconferencia con su homólogo boliviano, Benhamin Blanco Ferri, ambos abogaron por el reinicio de la cooperación entre los dos países.
"Acordamos relanzar las relaciones económicas-comerciales y de cooperación entre ambos países, a partir de las potencialidades existentes", escribió la viceministra cubana en su cuenta oficial en Twitter.
En enero de 2020, el Ejecutivo transitorio de Bolivia, encabezado por Jeanine Añez, decidió suspender las relaciones diplomáticas con el Gobierno cubano, al que acusó de afectar de "manera sistemática" la relación bilateral con "permanente hostilidad y constantes agravios".
Dos meses antes Cuba había retirado de Bolivia "por razones de seguridad" a los más de 700 profesionales de la Isla que prestaban servicios en ese país, en su mayoría en el sector de la salud.
La decisión fue el colofón a la polémica detención días antes, por parte de la policía boliviana, de cuatro doctores de la isla a los que inicialmente las autoridades de la nación andina acusaron de implicarse en protestas a favor del expresidente Evo Morales, algo que el Gobierno cubano negó de forma tajante.
El nuevo presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció tras ganar las elecciones generales en octubre pasado su disposición a restablecer las relaciones con Cuba, uno de sus aliados políticos en el continente durante el mandato de Morales, líder de su partido político, el Movimiento al Socialismo (MAS).
 
 
 
 
 
CÓNDORES ENVENENADOS EN BOLIVIA: LA MUERTE DEL "MENSAJERO DEL SOL"
 
Euro News de España (https://bit.ly/2ZnyxO5)
 
Quisieron matar a un puma y provocaron una hecatombe de cóndores, el ave más emblemática de los Andes y símbolo nacional en Bolivia. Esta es la hipótesis que manejan las autoridades bolivianas tras analizar los restos de 35 especímenes hallados hace unos días en una zona montañosa del departamento boliviano de Tarija, a unos 600 km al sur de La Paz. Se cree que comieron carne envenenada por ganaderos que querían deshacerse de un depredador que merodeaba por esos parajes. El resultado fue catastrófico:
"Esta podría ser la mayor matanza de cóndores que se ha registrado en las últimas décadas. Es una pena, porque estamos hablando de una especie considerada como vulnerable, prácticamente al borde de la extinción. Estamos hablando de 6.000 o 6.500 cóndores en todo el mundo", explica Iván Arnold, director de la fundación conservacionista Naturaleza, Tierra y Vida (Nativa).
De hecho, los 35 ejemplares muertos representan el 2,4% de la población total de cóndores en Bolivia. Con una envergadura de hasta 3,3 metros, es una de las mayores aves capaces de volar en el mundo. Los pueblos indígenas lo consideran un animal sagrado, un mesajero del sol. Su función como ave carroñera es fundamental para el funcionamiento del ecosistema andino.
 
 
 
 
 
INFORME DEL SML DESCARTA GOLPIZA DE CARABINEROS COMO CAUSAL DE MUERTE DE CIUDADANO BOLIVIANO EN CALAMA
 
El resultado de este peritaje, según conocedores de la indagatoria, arrojó que no hubo acción directa por muerte traumática. Ahora falta esperar las conclusiones del análisis histológico para saber si el fallecido sufrió alguna intoxicación por consumo de drogas.
 
La Tercera de Chile (https://bit.ly/2OnslTI)
 
La Fiscalía de Calama estaba a la espera de dos peritajes relevantes para dilucidar los hechos ocurridos el martes y que terminaron con un ciudadano boliviano fallecido, de identidad Jaime Veizaga Sánchez, en un sitio eriazo que se emplaza a un costado del edificio del Servicio Médico Legal (SML) de dicha comuna. Uno de ellos, la autopsia, ya llegó y descarta de plano que la víctima haya muerto producto de una golpiza propinada por Carabineros.
La conclusión del informe legista, que ya se adjuntó al expediente, es clave para la decisión que deberá tomar el Ministerio Público cuando el sábado formalice a los dos únicos detenidos por este hecho, el cabo segundo Andrés Navarro Pulgar y del carabinero Ilton Zambrano Marín, ambos de la 1a Comisaría de Calama. Los dos uniformados están siendo investigados por su presunta responsabilidad en el fallecimiento de la víctima, pero el informe de autopsia juega a su favor, ya que descarta una intervención directa y dolosa en la muerte de este ciudadano boliviano, desestimando entonces que la imputación sea la de homicidio.
Esta causa se originó el martes 9, luego de que el guardia del SML denunciara ante la PDI que los dos carabineros habían llegado hasta el terreno del organismo y abandonado allí a una persona, que quedó tirada en el suelo en “condiciones críticas”, según dijo la fiscalía, retirándose posteriormente del sitio. Minutos después del llamado telefónico, los detectives llegaron hasta el lugar, pidieron una ambulancia, pero la víctima falleció en el lugar.
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Conocedores de los antecedentes del caso aseguran que el sujeto estuvo agonizando poco más de una hora, y que los detectives de la policía civil no podían moverlo “por la gravedad” en la que se encontraba.
Debido a que faltaban estos informes, la fiscalía solicitó la ampliación de la detención de ambos imputados por 72 horas. Fuentes del caso comentan a La Tercera PM que el informe del SML con la autopsia llegó ayer en la noche. Los detalles del peritaje concluyen que se descarta una acción directa por muerte traumática. Eso quiere decir que no existen pruebas que muestren que el fallecimiento fue producto de la acción de terceras personas.
A su vez, quienes están al tanto de dicho informe comentan que la causa de muerte quedó como “indeterminada”. Pese a eso, se dejó constancia de que se le podría atribuir a una patología desconocida de origen cardiaco, pulmonar o, eventualmente, de ambos órganos.
El informe del SML, además, dice que no puede descartar, ni afirmar que, de haber existido atención médica oportuna y eficaz, la víctima pudiera haber sobrevivido. Para despejar esa duda, será fundamental -comentan fuentes del caso- el examen toxicológico e histológico, los cuales demoran al menos un mes. Una vez que se entreguen esos informes, se podrá saber si la víctima sufrió alguna intoxicación por consumo de drogas, alcohol o alguna otra sustancia alucinógena. Esta hipótesis se desprende por la denuncia que hizo una mujer y que activó el procedimiento policial, ya que, según ella, la víctima estaba realizando desórdenes e incluso actos de connotación sexual en la vía pública, lo que hizo que la Central de Comunicaciones de Carabineros (Cenco) enviara a los suboficiales Navarro y Zambrano al lugar.
En el actual escenario, el Ministerio Público de igual forma sería partidario de la hipótesis de que los carabineros imputados sí tienen responsabilidad penal por lo sucedido. Por eso la opción que se baraja con más fuerza es que el sábado sean formalizados por el delito de homicidio por omisión. Esto, debido a que en su calidad de carabineros estaban en pleno procedimiento policial, por lo tanto en posición de ser garantes de la salud de la víctima y lo que procedía -según protocolo- era llevarlo a un recinto asistencial para constatar lesiones y su estado de salud. En ese contexto, de haber visto indicios de lo malogrado que se encontraba el sujeto, lo que correspondía era identificarlo y llevarlo a un centro asistencial para constatar lesiones. Los imputados declararon que no lo hicieron debido a que la víctima les pidió que lo dejaran en su “ruco”, haciendo referencia al sitio eriazo al costado del SML donde viven personas en situación de calle.
Para sustentar esa imputación, la fiscalía ofició a Carabineros para que dé cuenta de cuál es el procedimiento que se le exige a los carabineros cuando se enfrentan a una situación como la ocurrida. Esta solicitud tiene como objetivo demostrar que los imputados no cumplieron con su deber de llevarlo a un centro asistencial.
Además, eventualmente, el fiscal del caso, Raúl Marabolí, podría abrir otra arista de investigación que apunte hacia los funcionarios del SML. El organismo, en el cual trabajan médicos y funcionarios con conocimientos para poder otorgar auxilio, solo realizaron la denuncia, pero no habrían prestado la ayuda correspondiente durante la hora que la víctima estuvo moribunda. Respecto de esto último, es un antecedente que se está analizando y que se despejará una vez se interrogue a todos los involucrados.
 
 
 
 
 
 
¿UNA SEGUNDA OLA PROGRESISTA?
 
Diario Extra de Costa Rica (https://bit.ly/3jK0Sre)
 
Los relatos van tejiendo la historia. Enunciados que van prevaleciendo e imponiéndose unos sobre otros, que cuentan con la complicidad de los medios de comunicación y con las sentencias de los formadores de opinión. Generan un clima social y un sentir ciudadano. A veces se sostienen sobre bases reales, pero en muchas oportunidades terminan siendo ficticios, meras pompas de jabón que explotan antes o después, solo les hace falta tiempo para su disolución.
El domingo 7 de febrero Ecuador fue a las urnas. Las encuestas preveían que solo existían tres candidatos con chances de alcanzar la Presidencia: Andrés Arauz (Unión por la Esperanza), Yaku Pérez (Pachakutik) y Guillermo Lasso (CREO).
Arauz (36 años), es economista y fue ministro en el gobierno del expresidente Rafael Correa, es el delfín político del líder ecuatoriano. Pérez (51 años), pertenece al movimiento indígena Pachakutik, es doctor en jurisprudencia y expresidente de la Confederación de los Pueblos de la Nacionalidad Kichwa. Lasso (65 años), es banquero, exministro durante la presidencia de Jamil Mahuad, exgobernador y candidato a presidente por tercera vez.
Al momento de escribir estas líneas –martes 9 de febrero– aún no está el resultado definitivo de las elecciones, pero sí pueden hacerse algunas lecturas, que atañen al proceso eleccionario, a Ecuador y a nuestra América Latina.
Habrá segunda vuelta en Ecuador. Será entre Arauz (32%) y quien logre imponerse en las urnas entre Pérez y Lasso (alrededor del 20% ambos) que, según el escrutinio, están peleando voto a voto el pasaje al balotaje con una leve ventaja para el líder de Pachakutik, que no es definitiva, y que podría demorar hasta diez días en confirmarse.
En el escenario Arauz – Lasso es claramente favorito el representante de la Revolución Ciudadana, ya que los votos de los progresistas difícilmente apoyen al candidato de la derecha; en cambio, una segunda vuelta entre Arauz y Pérez, dos candidatos progresistas se prevé que sería mucho más disputada, ya que pesaría el voto del segmento anticorreísta, más allá del clivaje izquierda – derecha, y eso beneficiaría al líder indígena.
Claro está que en ambos escenarios el favorito continúa siendo el referente de la Unión por la Esperanza, más allá de que falta una nueva campaña electoral y redefinir cómo se pronuncian el resto de los líderes ecuatorianos.
Si bien no se puede vender la piel del oso antes de cazarlo, lo que sí parece casi sentenciado, es que Ecuador volverá a la senda progresista, posiblemente con Arauz, que presentó en su campaña el mensaje de “Vamos a recuperar el futuro”, en alusión a la Revolución Ciudadana de Correa, e incluso se apoyó en las pautas publicitarias en el expresidente, más allá de censuras que impuso el órgano electoral a todos los spots en los que apareciera el antiguo mandatario.
Lo curioso del anunciado regreso al camino de la Revolución Ciudadana es que la ciudadanía, en las elecciones de 2017 ya lo había definido, cuando votó como presidente al candidato de Alianza País, Lenín Moreno, que paradójicamente se enfrentó en un balotaje al mismo Guillermo Lasso, que hoy pugna por llegar a segunda vuelta.
Sorprendentemente, al poco tiempo de asumir como jefe de Estado, Moreno, viró su gobierno hacia la derecha y se constituyó en enemigo de Correa y de quienes lo habían llevado hasta la presidencia. Los ecuatorianos tuvieron durante cuatro años un gobierno con un programa que no habían elegido.
Esta situación no parece nueva en América Latina. En la primera década del siglo nos encontramos con lo que muchos analistas políticos denominaron la ola progresista, era el auge de los gobiernos de Lula en Brasil, Kirchner en Argentina, Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Fernando Lugo en Paraguay, Bachelet en Chile, Correa en Ecuador y Tabaré Vázquez o Mujica en Uruguay.
Pocos años después se instaló el relato del fin de esa era, y del comienzo de un ciclo en donde los conservadores gobernaban la región. Tiempos de Bolsonaro en Brasil, Macri en Argentina, Piñera en Chile, Moreno en Ecuador, Santos o Duque en Colombia, Abdo en Paraguay, Añez en Bolivia, Kuczynski en Perú y Lacalle Pou en Uruguay.
El tiempo –o la ciudadanía– se encargó de poner en su lugar a dos países: Bolivia y Ecuador, ya que Moreno había sido electo para continuar con la Revolución Ciudadana y tomó el camino inverso, mientras que Áñez fue presidenta de facto, cuando se derrocó al gobierno de Evo Morales por presuntas irregularidades –con una devaluada OEA como testigo– en las elecciones presidenciales. Los nuevos comicios llevaron a Luis Arce, candidato del MAS y delfín político de Evo Morales a continuar la senda trazada por el líder indígena. También el triunfo de Bolsonaro en Brasil estuvo teñido de irregularidades, cuando se le negó a Lula –que encabezaba ampliamente todas las encuestas– participar de las elecciones al ser encarcelado en un proceso judicial irregular.
Renovados liderazgos surgen en América Latina, para el debate quedará si se trata de una segunda ola progresista o si aún es la primera, que estaba siendo ahogada con un relato hegemónico que anunciaba la instauración de la neoderecha continental.
 
 
 
 
 
AVAL PARA LOS EMBAJADORES PROPUESTOS POR EL EJECUTIVO
 
Página 12 de Argentina (https://bit.ly/3rGTT4M)
 
La Comisión de Acuerdos del Senado emitió hoy el dictamen favorable para los pliegos de los embajadores propuestos por el Poder Ejecutivo para Cuba, Bolivia y China , tras una audiencia pública y remota que duró tres horas y en la que los candidatos Luis Alfredo Ilarregui, Sergio Ariel Basteiro y Gustavo Sabino Vaca Narvaja, dieron precisiones sobre sus programas para fortalecer las relaciones diplomáticas con esos países. Los nombramientos recibieron aval de ambas bancadas y serán tratados en la próxima sesión del Senado, la semana que viene.
El primero en exponer fue el candidato a embajador ante Cuba, Luis Ilarregui, que destacó la "buena relación" diplomática, comercial, científica y cultural con el país del Caribe. También expresó su deseo de que la nueva administración de Estados Unidos, encabezada por Joe Biden, dé por terminado el bloqueo a la isla y cuestionó la decisión del ex presidente Donald Trump de incluir a Cuba en una lista de países terroristas.
En tanto, Sergio Basteiro, candidato a embajador frente a Bolivia, afirmó que su rol será “estrechar los vínculos" entre ambos gobiernos e intensificar la relación comerción para salir de la "relación gasificada". También pidió trabajar por la incorporación de este país al Mercosur y recordó que en Bolivia "hubo un golpe cívico militar".
Por último, Gustavo Sabino Vaca Narvaja sostuvo que la relación con China “se ha profundizado” y que hoy es el primer socio comercial e inversor en infraestructura y financiero; destacando también los “46 vuelos que fueron fundamentales para conseguir insumos”. A su vez, destacó la incorporación de la Argentina al Banco Asiático y la voluntad de incorporar a nuestro país a la denominada "nueva ruta de la seda".
Un pedido por Moro
Durante la audiencia pública, la senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti le realizó un “pedido especial” a Sergio Basteiro: que interceda ante la Justicia de Bolivia para esclarecer las circunstancias del fallecimiento del periodista mendocino Sebastián Moro, y que “colabore con esta familia que está pidiendo justicia”.
Moro residía en Bolivia al momento del golpe de Estado a Evo Morales, y luego de realizar una crónica para Página|12 en la que relataba la realidad que vivía el pueblo boliviano, fue encontrado en su departamento con signos de violencia y un ACV; para fallecer a los pocos días en el hospital. “Me comprometo firmemente, ahora como embajador, a activar todos los mecanismos que estén a nuestro alcance”, aseguró Basteiro.
 
 
 
 
 
SIGUE LA CRUDA SITUACIÓN EN COLCHANE: EL ALCALDE SE REUNIÓ CON CONADI PARA PEDIR APOYO
 
El edil sostuvo una reunión con el director nacional de dicha institución para avanzar en la solución al conflicto por la migración. Según señalan desde la municipalidad, seguirán pidiendo reuniones con autoridades del gobierno central.
 
Publimetro de Chile (https://bit.ly/3b0HBO2)
 
El alcalde de Colchane, Javier García se reunió virtualmente con el Director Nacional de Conadi, Ignacio Malig, para solicitar que se pronuncie sobre los efectos de la crisis migratoria en el pueblo aymara en Colchane y la protección del paso ancestral entre los aymaras de Chile y Bolivia, amparados en el convenio 169 de la OIT.
El director de Conadi escuchó al alcalde y a los consejeros del Área de Desarrollo Indígena (ADI), quienes expusieron que los pobladores de Colchane han sufrido los efectos de la  migración, “debido al escaso control en el paso fronterizo, a pesar de las advertencias del municipio”.
"USTEDES NO SE HAN HECHO CARGO"
El consejero ADI, Juan Choque, emplazó al director nacional de Conadi por no haberse pronunciado por los efectos migratorios sufridos por los aymaras, “ustedes también no se han hecho cargo y entiendo que también deben estar al ritmo del gobierno”, señaló.
Otro de los emplazamientos de las autoridades aymaras fue la pérdida del patrimonio material e inmaterial debido al saqueo de sus propiedades y por no poder utilizar sus espacios para sus ceremonias ancestrales y la pérdida de su intimidad, por los miles de migrantes presentes en su territorio.
Desde el Municipio señalan que solicitarán más reuniones con representantes del gobierno central.
 
 
 
 
 
INGRESOS DE INMIGRANTES IRREGULARES A COLCHANE CAEN DRÁSTICAMENTE TRAS DESPLIEGUE DE FFAA
 
Radio Bio Bio de Chile (https://bit.ly/3dagEtZ)
 
Una sostenida baja en el ingreso de ciudadanos migrantes irregulares al territorio nacional, se ha evidenciado en la zona fronteriza de Colchane en la última semana.
De acuerdo a las cifras proporcionadas por Carabineros, la semana anterior se promediaban entre los 200 y 300 ingresos diarios irregulares de personas que luego se autodenunciaban en la Subcomisaría de Colchane.
Sin embargo, desde el pasado lunes se evidenció una baja pasando de 355 ingresos el pasado lunes, cayendo a 102 el martes, para luego descender a 42 el miércoles, contabilizándose 20 personas durante esta jornada.
Esta caída en los ingresos estarían directamente relacionada con la disuasión que se ha producido en la zona fronteriza por el despliegue de Fuerzas Armadas, luego de la entrada en vigencia del Decreto 265.
Así también, otra de las causas sería el impacto comunicacional que provocó la expulsión de un centenar de migrantes que ingresaron de manera irregular a nuestro país, en un vuelo de la FACH rumbo a Colombia y Venezuela.
Según han indicado algunos habitantes de Colchane, la situación en la comuna ha mejorado notoriamente, en coincidencia con la baja de estas cifras.
Recordemos que por la frontera norte cruzaron irregularmente 3.600 extranjeros en enero, diez veces más que el año pasado, dos de los cuales murieron.
Tras ingresar a pie a través de un inhóspito camino bajo temperaturas extremas, acampan en la pequeña localidad de Colchane, habitada por comunidades indígenas aymaras, para luego seguir su viaje a las ciudades de Iquique o Santiago.
Desde 2014, cerca de 500.000 venezolanos se afincaron en Chile escapando de la crisis política y económica en su país y se han convertido en una de las colonias extranjeras más numerosa.
En 2018, el Gobierno puso en vigencia una visa de responsabilidad democrática para los venezolanos que quieran establecerse legalmente, que se seguía entregando hasta enero, según confirmó Cancillería.
Ese documento les permite contar con cédula de identidad y facilita su integración al país. Sin embargo, el Servicio Jesuita a Migrantes asegura que en los últimos meses la solicitud de esta visa ha sido rechazada “masivamente”.
 
 
 
 
 
MEDIDAS DEL GOBIERNO EN COLCHANE: INCONSISTENCIA POLÍTICA Y VIOLACIÓN DE OBLIGACIONES INTERNACIONALES
 
Radio Cooperativa de Chile (https://bit.ly/3aZO63z)
 
El Gobierno de Sebastián Piñera ha sido uno de los más activos en la región en denunciar la crisis humanitaria en la Venezuela de Nicolás Maduro. Sus acciones y comunicados han sido realizados de manera unilateral, así como en coordinación con otros países de la región o dentro del Grupo de Lima.
Por ejemplo, en febrero de 2019, en el contexto del viaje a la frontera colombo-venezolana para apoyar la campaña de Juan Guaidó, Piñera sostenía: "Creo que dentro de las tradiciones republicanas más hermosas de nuestro país y que estoy seguro comparten todos los demócratas, es nuestro compromiso y defensa, sin reconocer límites ni fronteras, de la democracia, la libertad y el Estado de derecho. Por tanto mi viaje a Cúcuta es un fiel reflejo y compromiso con esos valores básicos".
Meses después, en una entrevista a un periódico español, el Presidente sostenía que en Venezuela "hay una crisis humanitaria, literalmente muchas personas se están muriendo de hambre por falta de alimentos o por falta de medicamentos, y todo eso es responsabilidad de una dictadura corrupta e incompetente".
Chile fue uno de los seis gobiernos en denunciar al régimen de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Al igual que otros países sudamericanos, Chile ha recibido un alto número de emigrantes venezolanos que buscan mejores condiciones.
Estas acciones son consistentes con los compromisos en materia de protección de los derechos humanos y de la democracia codificados en instrumentos como el Pacto de San José, la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, o la Carta Democrática Interamericana. Así mismo, van en línea con la doctrina de la Responsabilidad para Proteger promovida por las Naciones Unidas.
Sin embargo, dicha consistencia ha sido reemplazada por el doble estándar y por la franca violación de principios básicos del Derecho Internacional como ha quedado patente en las últimas medidas adoptadas para enfrentar lo que se ha tildado como la crisis migratoria en la frontera norte. La medida anunciada por el canciller Andrés Allamand consiste en expulsar a inmigrantes irregulares -aquellos que no cuentan con la visa consular de turismo- y deportarlos a Venezuela.
El Presidente Piñera ha justificado la decisión en términos morales aduciendo que los migrantes venezolanos que han ingresado al país por pasos no autorizados faltan a la verdad y no respetan las leyes y principios chilenos.
En el contexto de una crisis humanitaria y, por tanto de una migración forzada por la violencia y la pobreza extrema, estos argumentos son falaces. Como ha detallado una investigación académica (A pie por Colchane: cómo la política de gobierno forzó un ingreso desesperado de migrantes a Chile, CIPER, 05.02.2021), los migrantes venezolanos -muchos de ellos familias con niños y ancianos- han atravesados miles de kilómetros en condiciones extremas, poniendo en riesgo su vida para poder acceder a mejores condiciones de existencia, y en muchos casos para reunirse con familiares y amigos establecidos en Chile. Estas personas no son turistas. Son, para todos los efectos, refugiados, es decir "personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público" (Declaración de Cartagena sobre Refugiados).
De acuerdo a la doctrina de la responsabilidad para proteger (R2P por sus siglas en inglés) cuando un estado (en este caso Venezuela) es incapaz de garantizar las condiciones básicas de existencia de sus ciudadanos, las comunidad internacional tiene la responsabilidad de proteger a dichas personas. Esa responsabilidad recae primeramente en estados y organizaciones internacionales y no-gubernamentales de la región, quienes deben prestar ayuda humanitaria, así como cumplir con el derecho a asilo de aquellos que han conseguido huir de su país de origen. Por el contrario, al deportar ciudadanos venezolanos a Venezuela, el Estado chileno no solo está ignorando dicha responsabilidad internacional, sino que está violando el principio de no devolución que es un pilar básico del derecho internacional de refugiados.
Es incomprensible que el gobierno chileno haya reconocido el carácter dictatorial y violador de derechos humanos de la administración de Nicolás Maduro, para que acto seguido deporte a ciudadanos venezolanos a ese país gobernado por la misma dictadura bajo el argumento de que no cumplen con la normativa nacional vigente, es decir con una visa consular de turismo. Lo que el gobierno chileno debe hacer es implementar un mecanismo de admisión transitoria que, primero garantice el bienestar de las personas que han ingresado al país bajo condiciones extremadamente difíciles y -no lo olvidemos- durante una pandemia, y segundo, que evalúe a través de un debido proceso el estatus en que cada una de esas personas han entrado al país. En esa línea van las medidas adoptadas por el gobierno colombiano de Iván Duque. En caso de que se compruebe el estatus de refugiado, el gobierno chileno tiene el deber de garantizar el derecho a asilo.
El Gobierno ha dicho que con estas medidas buscan dar una señal internacional para que no vengan a Chile más "migrantes irregulares". Chile copia así un viejo guion tristemente invocado anteriormente por el gobierno de Donald Trump en el contexto de la migración centroamericana, así como por gobiernos europeos ante el arribo de refugiados principalmente sirios y libios.
La única señal que el Gobierno de Piñera da es de un desconocimiento de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado chileno. Es, además, una señal equívoca que entra en contradicción con el discurso democrático y pro-derechos humanos que su administración ha enarbolado. Tampoco puede argüir que las medidas adoptadas buscan aliviar la situación en los puntos de recepción, como Colchane. Otra triste lección aprendida de la experiencia europea es que las localidades de entrada sufren las consecuencias de una migración masiva principalmente por las faltas de coordinación gubernamental y la falta de logística necesaria para distribuir a los inmigrantes en puntos de acogida repartidos territorialmente.
Lo menos que uno puede exigirle a un gobierno democrático y respetuoso del Estado de Derecho es que sea consistente en sus políticas y respetuoso de sus compromisos internacionales. La población migrante, sobre todo aquellos que ni siquiera ha podido establecerse en territorio nacional, tienen nulas capacidades de pedirle "rendición de cuentas" a Chile por su inconsecuencia. La asimetría de poder es absoluta. Sólo nos queda a nosotros, ciudadanos con derechos políticos, demandar coherencia y legalidad por parte de nuestras autoridades y mostrar un poco de solidaridad con aquellos que viven en condiciones extremadamente más difíciles que en las que nos ha tocado vivir a nosotros.