La apertura de fronteras comenzó en el primer mandato de Michelle Bachelet y creció considerablemente en el segundo gobierno de la Mandataria de la entonces Nueva Mayoría. Y Sebastián Piñera en su primer período no hizo nada y en el segundo, recién ahora se está preocupando.
El
Gobierno chileno está desesperado por el masivo ingreso de inmigrantes ilegales
a nuestro país. Este problema no es nuevo. La apertura de fronteras comenzó en
el primer mandato de Michelle Bachelet y creció considerablemente en el segundo
gobierno de la Mandataria de la entonces Nueva Mayoría. Y Sebastián Piñera en
su primer período no hizo nada y en el segundo, recién ahora se está preocupando,
pero solo porque el tema se desbordó con el aumento del ingreso ilegal a Chile
en medio de la pandemia del Coronavirus.
La
mayoría de quienes intentan ingresar a Chile son ciudadanos venezolanos que
vienen escapando de un régimen dictatorial encabezado por Nicolás Maduro y que
la extrema izquierda está tratando de instalar en otros países latinoamericanos.
El
Gobierno anunció el viernes la licitación de 15 aviones privados para
iniciar el proceso de expulsión de migrantes ilegales en el norte del país.
El ministro
del Interior, Rodrigo Delgado, indicó que “para poder acelerar las expulsiones
judiciales y administrativas, se requiere aviones de mayor disponibilidad en
cuanto a horario, vuelos y días. Y eso justamente se va a salvaguardar con esta
licitación para poder incrementar los procesos de expulsión”.
Compatriotas
nuestros del extremo norte de país señalan que “a nosotros los inmigrantes nos
hacen daño, abren las casas y entran. Ya no se puede dormir por la noches, no
se puede estar tranquilo”.
De acuerdo a
lo señalado por el gobernador de la Provincia El Tamarugal, Natán Olivos, los
migrantes también ingresan a las viviendas para buscar alimento y refugio para
pernoctar.
Es
bueno tener en cuenta los siguientes datos estadísticos para comprender el
problema: la población regular de Colchan, en Tarapacá, es de 1.600 personas.
Solo el lunes, la comuna tenía al doble transitando en sus principales
arterias. Ese día, cerca de 1.600 inmigrantes ingresaron clandestinamente por
el costado del paso fronterizo con Bolivia, que hoy está cerrado. Dos de ellos,
de nacionalidades venezolana y colombiana, fallecieron el pasado martes por
causas que aún se investigan.
El alcalde
de esa localidad, Javier García, denunció que lo que está ocurriendo allí es la
peor crisis humanitaria que han vivido. Y junto con él, parlamentarios de la
zona critican la falta de coordinación entre Cancillería, el Ministerio del
Interior y el Gobierno Regional, al mismo tiempo que exigen una respuesta
concreta para enfrentar la situación en la región. Las autoridades que podrían
hacerse responsables no estaban presentes. Y la ley que podría regularizar el
escenario aún no ha sido promulgada. El año pasado, el Congreso despachó una
nueva ley migratoria que precisamente apunta a generar un mejor control de los
arribos ilegales. Ya pasaron dos meses desde aquello. Todavía no se promulga.
Debemos
tener conciencia de que según la legislación actual, una persona que ingresa
clandestinamente y desea regularizar su situación tiene que partir por hacer
una autodenuncia. De esa forma, se abre un proceso que podría terminar en la
expulsión. Pero quienes se someten al procedimiento pueden permanecer en Chile.
La
nueva Ley de Migraciones cambia uno de esos puntos y busca evitar el
procedimiento judicial. Además, entrega una nueva facultad a las policías, que
permite la reconducción inmediata a sus países de origen a quienes sean
detectados y registrados como inmigrantes ilegales.
La
tramitación se dilató porque un grupo de diputados de oposición, especialmente
del Frente Amplio, llevó al Tribunal Constitucional una serie de artículos de
la nueva ley y de hecho el TC declaró inconstitucionales seis de ellos.
El
Congreso no llegó a recibir la notificación del TC antes de empezar el receso
legislativo, que termina a fines de febrero. En marzo, la normativa debería
estar vigente.
BACHELET
Cuando
faltaba un año para que finalizara el segundo gobierno de Michelle Bachelet, la
Comisión de Relaciones Exteriores ofició -con fecha 7 de marzo de 2017- al
excanciller, Heraldo Muñoz. En una transversal postura, los diputados le
solicitaron al exministro que tuviera en consideración la “conveniencia” de
implementar la visa a los migrantes haitianos debido al posible tráfico de
personas.
Medida
de la que tomó distancia la ex Mandataria, quien señaló el domingo pasado en
TVN que “creo que se pasaban el dato de un lado a otro. Hubo gente que armó
unos chárter según decían. Y cobraban. Tanto es así, que la gente de oposición
decía que yo recibía plata, eso no tiene nada que ver, es todo mentira”. Y si
bien destacó que durante su periodo en La Moneda hubo “una política
migratoria abierta en Chile”, aseguró que “no hubo nada especial” y que su
gobierno “no tuvo nada que ver” con el incremento de ciudadanos provenientes de
Haití. El Pingüino de Chile https://bit.ly/3cR6U7Z)
CRISIS
MIGRATORIA EN TARAPACÁ, CENTRALISMO E INDOLENCIA GUBERNAMENTAL
El Mostrador
de Chile (https://bit.ly/3jqAiDg)
La
pregunta que ronda en el aire es por qué venezolanas y venezolanos llegan en
masa a un país tan distante y disímil a su realidad geográfica, social y
cultural. Pues bien, la respuesta, como en casi todas las situaciones, está en
La Moneda. En el 2018, el Gobierno impulsa, en un claro acto de intervención
política, la llamada Visa de Responsabilidad Democrática, enfocada en la
población venezolana, permitiéndoles a los caribeños alcanzar una residencia
temporal de un año, prorrogable por 12 meses y con posibilidad de solicitar
residencia definitiva. Mientras que el 2019, llega el Presidente hasta la
frontera colombo-venezolana, en Cúcuta, con ayuda humanitaria y tratando, en
vano, de tomar una posición de liderazgo regional y mostrando a Chile como un
modelo regional de desarrollo económico. Es decir, el Presidente incentivó a
venezolanas y venezolanos a llegar hasta aquí, demostrando luego su probada
indolencia, al dejarlos abandonados a su propia suerte y, al igual que los
bolivianos en abril del año pasado, enfrentándose con la población local, que
ve en ellos un potencial foco de contagio.
En
abril del año pasado, cuando comenzaba la pandemia a dar sus primeras luces de
colapso en Chile, entre cuatro paredes el entonces canciller, Teodoro Ribera, y
la actual alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, decidieron de manera
inconsulta, con las autoridades locales, enviar a Iquique a más de 400
bolivianos apostados en carpas afuera del consulado de ese país.
Sin
un lugar fijo donde quedarse para realizar su cuarentena y con la frontera
boliviana cerrada por la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, el municipio tuvo
que utilizar parte de sus escuelas para que los hermanos vecinos pudieran
residir provisoriamente.
Esta acción
torpe del Gobierno, pero justificada por su esencia centralista, elitista y
discriminadora, generó el primer colapso de una ciudad que con un solo hospital
regional debía cubrir la necesidad de más de 320 mil personas.
Su decisión,
además, tuvo efectos colaterales, luego que acompañada de una prensa
amarillista y de sectores políticos de derecha, hizo confrontar a una población
con una tradición fundacional de integración, como es la tarapaqueña, con
hermanos bolivianos que tuvieron que residir en precarias condiciones en
escuelas y calles, luego de quedar sin trabajo en la capital del país.
Tras superar
esta emergencia, un nuevo frente debieron experimentar las municipalidades de
Colchane, Huara y principalmente Iquique, ante la avalancha de población
venezolana que, buscando mejorar su situación y huyendo de un clima polarizado
y violento en su país de origen, debieron iniciar una larga diáspora por más de
cuatro países, culminando en el altiplano chileno por el cual deambularon y
deambulan por días con temperaturas extremas para llegar a un país hostil, como
es Chile.
La pregunta
que ronda en el aire es por qué venezolanas y venezolanos llegan en masa a un
país tan distante y disímil a su realidad geográfica, social y cultural. Pues
bien, la respuesta, como en casi todas las situaciones, está en La Moneda. Como
ejemplo de esto citaremos algunos, de tantos, hitos.
En el 2018,
el Gobierno impulsa, en un claro acto de intervención política, la llamada Visa
de Responsabilidad Democrática, enfocada en la población venezolana,
permitiéndoles a los caribeños alcanzar una residencia temporal de un año,
prorrogable por 12 meses y con posibilidad de solicitar residencia definitiva.
Mientras que
el 2019, en una intervención más feroz, llega el Presidente hasta la frontera
colombo-venezolana, en Cúcuta, con ayuda humanitaria y tratando, en vano, de
tomar una posición de liderazgo regional y mostrando a Chile como un modelo
regional de desarrollo económico.
Es decir, el
Presidente incentivó a venezolanas y venezolanos a llegar hasta aquí,
demostrando luego su probada indolencia, al dejarlos abandonados a su propia
suerte y, al igual que los bolivianos en abril del año pasado, enfrentándose
con la población local, que ve en ellos un potencial foco de contagio.
Ese fallido
liderazgo regional, además, se reflejó palmariamente con la creación de Prosur,
organismo internacional fundado en 2019
por los presidentes de Colombia y de Chile, Duque y Piñera, con el propósito de reimpulsar la alicaída
integración en Sudamérica, en reemplazo de la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur).
En efecto,
su prueba de fuego: la crisis migratoria-humanitaria derivada de la pandemia,
no fue prioridad, al punto que, a más de un año de su comienzo, observamos
intentos desesperados por erradicar la trata de personas en los países de la
región, una práctica ya asentada dentro del circuito migratorio que involucra a
los países de Pro Sur y culmina en el norte de Chile.
Esta
instancia de integración tampoco ha afrontado el proceso migratorio como un
tema complejo que requiere cooperación entre los países de la región, ya sea en
materia de refugio, asistencia, como a través de desincentivar la migración
irregular por vía de políticas sociales, entre otras dimensiones no punitivas.
Sea por su
sello de derecha o por su prioridad por la promoción del libre comercio, es una
realidad el fracaso de este organismo, junto con el desastre del tratamiento de
la crisis migratoria por el más alto nivel de autoridades, el que se demuestra
con asombro al ver la fila de tanques en dirección a la frontera
peruano-ecuatoriana, un tramo de la migración venezolana con destino a Tarapacá.
Como hemos
intentado demostrar, la crisis migratoria actual que aqueja al continente se
puede abordar desde varias escalas conectadas: local, regional, nacional e
internacional. En lo que concierne a lo regional, tenemos esperanza que la
próxima elección del gobernador regional permita el empoderamiento de la máxima
autoridad en el territorio tarapaqueño y con ello se aborden estas crisis con
el liderazgo que tanto se extraña.
SE
AGUDIZA CRISIS MIGRATORIA EN COLCHANE
Duplos de
Chile (https://bit.ly/3p1kWGe)
La
comuna de Colchane, en
la frontera de la región de Tarapacá con Bolivia, sigue recibiendo una ola de
inmigrantes, principalmente venidos de Venezuela.
En el lugar
se presenta una crisis migratoria
y humanitaria, debido a la gran cantidad de ciudadanos extranjeros
que ingresaron por pasos no habilitados al país.
Las
personas se agruparon en la comuna luego de quedarse sin buses para trasladarse hasta Iquique u
otras partes de Chile.
Esta situación ocurre hace más de 6 meses, pero
durante esta semana se bajaron algunas personas de los buses en Iquique,
quienes fueron controladas y llevadas a residencias sanitarias.
Son
cerca de 2.200 personas en
albergues sanitarias las que se encuentran en esta situación, sin
embargo aún son miles las personas
que se encuentran en Colchane esperando alguna solución.
El ministro del Interior, Rodrigo Delgado,
agendó para este 11 de febrero una nueva visita al norte del país, para
anunciar medidas que den respuesta a la situación derivada de la migración
masiva que mantiene en alerta a las autoridades locales de la zona norte.
DESCUBREN
A 7 VENEZOLANOS INDOCUMENTADOS VIAJANDO DE COLCHANE A SANTIAGO AL INTERIOR DE
CAMIÓN
Radio Bio
Bio de Chile (https://bit.ly/2YRZCZg)
Siete
ciudadanos venezolanos indocumentados fueron sorprendidos trasladándose al
interior de un camión de carga en la región de Coquimbo.
El
hecho quedó al descubierto en medio de una fiscalización policial en el sector
del peaje de Tongoy, en la Ruta 5 Norte.
“Al
revisar el compartimiento de carga se pudo establecer que se encontraban siete
personas, todos ellos de nacionalidad venezolana, quienes habrían ingresado al
país de manera irregular”, indicó el coronel Francisco Aravena,
funcionario de Carabineros de Coquimbo.
El
oficial detalló que se dio cuenta al Ministerio Público, quien dispuso la
concurrencia de la Policía de Investigaciones para efectuar las diligencias
correspondientes, orientadas a esclarecer el ingreso de estas personas a territorio
nacional.
Por
otro lado, informó que se pidió la presencia de la Gobernación Provincial
de Elqui para el traslado de las personas hacia una residencia
sanitaria, para cumplir con el aislamiento preventivo mientras se toman los
cursos de acción por parte de la Fiscalía.
Según
se conoció, los venezolanos habrían entrado ilegalmente por la comuna de
Colchane y decidieron no auto-denunciarse porque había mucha gente en la
comisaría, procediendo a continuar con su viaje a Santiago.
TACNA:
REGISTRAN A EXTRANJEROS CRUZANDO ILEGALMENTE LA FRONTERA DE PERÚ CON CHILE
Según
la Policía, entre las personas que intentan dirigirse al país vecino se
encuentran venezolanos, haitianos, cubanos y colombianos.
Exito
Noticias de Perú (https://bit.ly/3d4fRLl)
En la ciudad de Tacna han
registrado a ciudadanos extranjeros cruzando ilegalmente la frontera de Perú
con Chile. Según la Policía Nacional del Perú, entre las personas que intentan
dirigirse al país vecino se encuentran venezolanos, haitianos, cubanos y
colombianos.
Afirmaron
que desde el comienzo del 2021, más
de 700 extranjeros intentaron ingresar o dejar el país por rutas
clandestinas. Los foráneos ingresaron al Perú por la frontera con Ecuador para
enrumbarse a Chile. Esto, con la finalidad de encontrar mejores oportunidades.
No
obstante, según la PNP,
algunos extranjeros aprovechan las horas de relevo policial en la frontera y la
oscuridad de la noche para cometer actos delictivos. Los grupos están
conformados por personas de distintas edades, entre los que abundan adultos y jóvenes.
En
ese sentido, el capitán PNP Oscar Ordóñez Siles, Jefe de la
Sección de Fronteras de la Policía, la cual involucra a diez puestos de
vigilancia, es el encargado de intervenir a los extranjeros que tratan de
cruzar la fronteras sin ningún control. Ahora, con la pandemia de la COVID-19, temen ser contagiados.
Además,
exhortó al Gobierno Peruano implementar los puestos de vigilancia con vehículos
especiales para patrullar la zona, que está cubierta de arena. Esto, impide el
tránsito de automóviles de carretera.
“Si
bien es cierto tenemos elementos de bioseguridad que nos protege, necesitamos más elementos logísticos: equipos 4×4 para la
arena, motos 4×4, vehículos apropiados a la zona para poder combatir y
patrullar toda la zona extensa de 280 kilómetros que tenemos de
frontera con Chile Bolivia”, afirmó el efectivo.
CRISIS
EN VENEZUELA. UNOS 5 MILLONES DE VENEZOLANOS ESTÁN FUERA DE SU PAÍS
El Universal
de México (https://bit.ly/3tA5F2J)
La
semana pasada retornaron a Venezuela 86 ciudadanos de ese país que se habían
aventurado a buscar una vida mejor en el extranjero. Los repatriados
estaban en Guayaquil y regresaron a su tierra gracias al programa
gubernamental del gobierno de Nicolás Maduro denominado Vuelta a la
patria.
Estos
ciudadanos venezolanos llegaron al aeropuerto de Maiquetía, que sirve a
Caracas. La agencia Efe detalló que allí fueron recibidos por
el viceministro para el Transporte Aéreo y presidente de la aerolínea Conviasa,
Ramón Velásquez Araguayán.
El
funcionario explicó que más de 400.000 personas han solicitado al Gobierno de
Venezuela ser repatriados con el plan. Pero desde que Vuelta a la patria fue
puesto en marcha en 2018, solo unos 22.900 venezolanos han regresado
mediante ese programa, según el Ministerio Popular para Relaciones
Exteriores de Venezuela.
Y
los 86 que el lunes pasado lo hicieron es una ínfima cifra de los millones de
venezolanos que han buscado en países vecinos -e incluso en otros más lejanos,
como España-, días mejores lejos de un país que sufre por la violencia, la
inseguridad, amenazas, así como la falta de alimentos, medicinas
y servicios esenciales.
Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, República Dominicana, Italia y
España forman parte de los países desde donde han llegado los venezolanos que
se han beneficiado del plan gubernamental.
Cifras
de retornados:
Brasil:
7.285
Perú:
5.023
Ecuador:
4.252
Chile:
2.054
Argentina:
1.156
Colombia:
764
Panamá:
552
República
Dominicana: 535
Italia:
404
España:
329
Cuba:
209
Uruguay:
143
México:
119
Trinidad
y Tobago: 38
Bielorrusia:
37
Martinica:
8
Bonaire:
6
5,4
millones refugiados y migrantes
ACNUR,
la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados, detalla que actualmente
hay 5,4 millones de migrantes y
refugiados venezolanos en el mundo, de los cuales menos de la mitad
tienen documentos.
“En
los últimos años, países de América Latina y el Caribe se ha enfrentado a una
de las mayores crisis humanitarias y éxodos jamás experimentados en la historia
de la región”, dijo en diciembre pasado Eduardo Stein, representante especial
conjunto de ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
para refugiados y migrantes de Venezuela. “Hasta la fecha, más de 5,4
millones refugiados y migrantes de Venezuela están fuera de su país de origen.
De ese número, aproximadamente 4,6 millones residen dentro de la región”,
agregó.
En
Colombia, el país que recibe el mayor número de las personas que huyen de
Venezuela, el 55% de los 1,7 millones de migrantes de esa nacionalidad no están
regularizados, según la autoridad migratoria.
ACNUR
detalla que ha habido un aumento del 8 mil por ciento en el número de
venezolanos que solicitaron la condición de refugiado en todo el mundo desde
2014, principalmente en los países americanos. Se agrega que muchos venezolanos
que cumplirían con los criterios para ser reconocidos como refugiados no
solicitan protección internacional a través de los procedimientos de asilo y,
en cambio, optan por otras formas legales de estadía en los países
anfitriones, que pueden ser más rápidas de obtener y permiten acceso
al trabajo, la educación y los servicios sociales.
Sin
embargo, cientos de miles de venezolanos permanecen sin ningún tipo de
documentación o permiso para permanecer regularmente en los países cercanos, y
por lo tanto carecen de acceso formal a los derechos y servicios básicos. Esto
los hace particularmente vulnerables a la explotación laboral y sexual, el
tráfico de personas, la violencia, la discriminación y la xenofobia.
La
mayoría de los refugiados y migrantes de Venezuela que llegan a los países
vecinos son familias con hijos, mujeres embarazadas, adultos mayores y
personas con discapacidad. A menudo obligados a tomar rutas irregulares para
alcanzar la seguridad, pueden ser víctimas de traficantes, tratantes y grupos
armados irregulares.
Refugiados
y migrantes de Venezuela: 5,442,611
Diez
principales países de destino
1.
Colombia: 1’717.352
2.
Perú: 1’043.460
3.
Chile: 457.324
4.
Ecuador: 415.835
5.
EE. UU.: 351.144
6.
Brasil: 261.441
7.
Argentina: 179.203
8.
Panamá: 118.937
9.
República Dominicana: 114.500
10.
México: 101.648
Maduro
discrepa sobre cifras
Las
cifras dadas por ACNUR de migrantes venezolanos no son aceptadas por régimen de
Maduro. El mandatario venezolano asegura que apenas 600 mil connacionales han
dejado el país en los últimos años y -aparte de su afirmación- no ha dudado en
criticar a los países a los que han llegado.
"De
la ola de migrantes que se fueron después de la guarimba (protesta violenta) en
2017, 2018, 2019, calcula el Instituto Nacional de Estadística (INE) que eso
puede llegar a unos 600.000 venezolanos", estimó Maduro en enero pasado.
El
mandatario socialista considera que muchos de los migrantes fueron engañados
por las redes sociales al tiempo de asegurar que algunos profesionales
venezolanos se encuentran desarrollando trabajos mal pagados. “Muchos de ellos,
al llegar a esos países, se dieron cuenta de que la realidad era otra, son
países neoliberales, neoesclavistas", dijo Maduro en una intervención.
Denuncias
de maltrato a retornados
La
ONG Human Rights Watch (HRW) y
la Universidad Johns Hopkins emitieron un informe en octubre de
2020, en el que detallaron que 130.000 venezolanos que regresaron a Venezuela
se encontraron a su vuelta con tratos abusivos y condiciones precarias de
aislamiento por COVID-19.
La
pandemia de coronavirus y su impacto socioeconómico, que se ha cebado con
poblaciones vulnerables y dependientes de la economía informal, ha
acelerado el retorno de migrantes venezolanos. Quienes vuelven se
encuentran un panorama complicado, según los testimonios recabados y los
documentos analizados por un grupo de expertos.
Estas
pruebas demuestran el estigma que el Gobierno de Nicolás Maduro ha impuesto
sobre los retornados, a los que ha acusado en reiteradas ocasiones de
introducir el virus en Venezuela. Sin embargo, la realidad es otra, según dijo
el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco: "los
retornados venezolanos están expuestos a un riesgo mayor de COVID-19 en ambos
lados de la frontera".
Quienes
vuelven a Venezuela deben aislarse en los Puntos de Atención Social Integral
(PASI) repartidos en distintas zonas y, aunque las condiciones de todos ellos
varían, la mayoría están desbordados y en algunos incluso se han detectado
condiciones insalubres, con serias dificultades para el acceso a la atención
médica o al agua potable. Las condiciones de algunos de ellos podrían suponer
incluso un trato degradante, prohibido por el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
HRW
y la Universidad Johns Hopkins temen que estos centros hayan servido como caldo
de cultivo para la expansión del virus y han criticado también que
algunas personas sean obligadas a permanecer en ellos más de 14 días a la
espera de los resultados de una sucesión de pruebas innecesarias desde un punto
de vista de salud pública. La mayoría de los entrevistados pasó más de 20 días
en los PASI y dos han contado que estuvieron más de 70 en dos centros distintos
de Apure.
Quienes
deciden regresar a Venezuela lo hacen en muchos casos en condiciones precarias,
después de largos trayectos y sin un estatus que reconozca sus especiales
vulnerabilidades. Algunos de los migrantes entrevistados por HRW reconocen que
han dormido junto a la carretera y que apenas habían comido, mientras que
algunas ONG han constatado casos de desnutrición y deshidratación.
Maduro
describió como una “vulgar mentira” el informe de HRW y aseguró que su
Gobierno recibe “con amor” a quienes desean regresar a territorio venezolano.
El
mandatario criticó a Vivanco, de quien ha dijo que “miente mucho”. Su “único
objetivo”, según el mandatario venezolano, consiste en “golpear la
revolución bolivariana”. Además, defendió tanto las políticas de
aislamiento en los PASI como la sucesión de pruebas a las que son sometidas
estas personas y los protocolos de traslado a sus respectivas zonas de origen.
Pandemia
y fronteras cerradas
Si
el salir de su país y emprender el viaje hacia otros países de por sí ya era un odisea
para los venezolanos, la pandemia del COVID-19 complicó la situación aún
más.
Con
el cierre y otras restricciones tomadas por la mayoría de países para tratar de
contener la propagación del virus, cientos de migrantes se quedaron varados o
se aventuraron a tomar pasos ilegales en las fronteras.
El
paso irregular de migrantes por las frontera llevó al gobierno peruano a militarizar su
límite con Ecuador para vigilar hasta 30 pasos fronterizos
clandestinos. A fines de enero, a lo largo de la ribera izquierda del río
Zarumilla se ubicaron más de 50 vehículos del Ejército peruano entre tanques,
carros de combate, vehículos blindados y patrulleros, así como más de 1.200
militares.
El
ministro de Defensa de Ecuador, Oswaldo Jarrín,
hizo un recorrido en Huaquillas por la situación. Detalló que se
coordinó con el alto mando militar de Perú para realizar labores de control
ante el incremento del número de extranjeros que cruzan la frontera utilizando
pasos ilegales.
Más
al sur también se registran problemas. El aumento de migración
irregular en el norte de Chile, en la frontera con Bolivia, llevó al límite al
sistema sanitario de varias localidades y obligó a las autoridades a desplegar
el viernes carpas y hospitales transitorios para atender a centenares de
extranjeros.
Pese
a las extremas temperaturas y a la pandemia del COVID-19, el paso fronterizo
entre esta pequeña localidad y Pisiga (Bolivia), una zona andina a más de 3.600
metros de altura sobre el nivel del mar, se convirtió en los últimos meses en
una ruta para que extranjeros lleguen a Chile de manera irregular.
El
desabastecimiento, los enfrentamientos entre autoridades y grupos de migrantes
y la crisis sanitaria crearon un clima de tensión en la región, que empeoró el
pasado miércoles con el fallecimiento de dos extranjeros de nacionalidades
colombiana y venezolana.
Bajo
la ley actual, cruzar la frontera no está tipificado como delito en
Chile, sin embargo el Gobierno del conservador Sebastián Piñera está
apresurando la aprobación de una nueva regulación migratoria bajo la cual sí lo
sería, facilitando los procesos de expulsión forzada.
Mientras
que para el oficialismo, esta nueva ley sería la vía para enfrentar el fenómeno
migratorio, la oposición estima que el endurecimiento de las fronteras es la
causa de que migrantes crucen por pasos no habilitados. (I)
DATO
En
medio de la pandemia de COVID-19, la Organización Internacional para las
Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados, junto a más de 150
agencias y oeneges, solicitaron en diciembre $1440 millones para asistir a
muchos de los 5,4 millones de venezolanos que han salido de su país.
Se
indicó que el plan busca fortalecer aún más las respuestas nacionales y
regionales de los gobiernos de acogida mediante el apoyo a las intervenciones de salud,
alojamiento, alimentación, agua, saneamiento e higiene, así como el acceso a la
educación, la protección y la integración donde se requiere asistencia y
experiencia específicas, o donde las propias capacidades de respuesta de los
gobiernos se ven desbordadas.
ORO
BLANCO: UTILIZACIÓN Y PRODUCCIÓN GEOESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO NACIONAL
La
Argentina, ubicada en el Triángulo del Litio, así conocido por poseer alrededor
del 68% de las reservas a nivel mundial (Bolivia 30%, Chile 21% y Argentina
17%), cuenta con la inmejorable oportunidad de posicionarse como un actor
relevante en esta industria.
Jujuy Al Día de Argentina (https://bit.ly/3aF2dv8)
El
llamado oro blanco cobra mayor importancia a nivel mundial por su utilización
en la creciente industria electrónica y por constituirse como una alternativa,
limpia y eficiente, a los convencionales hidrocarburos contaminantes. La
Argentina, ubicada en el Triángulo del Litio, así conocido por poseer alrededor
del 68% de las reservas a nivel mundial (Bolivia 30%, Chile 21% y Argentina
17%), cuenta con la inmejorable oportunidad de posicionarse como un actor
relevante en esta industria, generar mayor valor agregado a sus productos y
crear miles de puestos de trabajo genuinos y de calidad.
Dado
que es un recurso esencial para la producción de baterías en los sectores
automotrices y electrónicos, las grandes multinacionales apuntan sus billeteras
y ojos a esta región del mundo. Además, la Argentina presenta una gran
concentración de litio con pocas impurezas, por lo que su extracción es de bajo
costo en comparación con otras regiones.
Antes
de continuar, cabe aclarar la diferencia entre recurso y reserva: mientras el
primero es la cantidad del elemento que existe en la naturaleza, el segundo
pone en foco la cantidad que se puede extraer dependiendo de la rentabilidad
que posea y la tecnología disponible. Una reserva puede crecer por dos motivos,
el primero es la exploración del recurso, y el segundo es la disminución del
costo de extracción.
Actualmente,
la Argentina se dedica principalmente a la producción y exportación de dos
subproductos, el carbonato y cloruro de litio (el primero constituye el 93% del
total). Más allá de su pequeño valor agregado, no existen productos
industrializados a partir de ese proceso primario. Al mismo tiempo existen
alrededor de 60 proyectos mineros para la extracción y producción en el
territorio nacional, principalmente en las provincias de Jujuy, Salta y
Catamarca. Entre los más importantes se encuentran Olaroz, en la provincia
jujeña, y Fénix, en Catamarca, el cual se encuentra en producción. El
emprendimiento del suelo catamarqueño es operado por la empresa estadounidense
Livent, mientras que en el caso de Olaroz, es explotado por la minera
australiana Orocobre, la automotriz japonesa Toyota y la empresa jujeña del
Estado provincial, Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) en
conjunto con la italiana Seri.
El
actual saqueo es consecuencia de la implementación del Código Minero en la
década del 90, que permitió la llegada de transnacionales al país, acompañando
con desregulaciones de todo tipo y leyes muy flexibles, a la medida de las
empresas mineras. El vaciamiento de nuestros recursos naturales a precio vil es
una gran herencia de las políticas neoliberales, que no sólo afectaron a
nuestro país sin jamás revertirse, sino que también a toda la región, no sólo
por la explotación masiva sino por la desocupación inoculada a través de la
industrialización foránea de la materia prima extraída. Prueba de esto es que
el 95% de las exportaciones de litio se dirigen hacia países que poseen
empresas dedicadas a la producción de baterías, tanto para la industria
automotriz como la electrónica: Estados Unidos, Japón, China y Corea del Sur.
Un claro ejemplo son las automotrices japonesas Toyota y Mitsubishi que
realizan una integración vertical de su industria, asegurándose suministros de
litio a través de la explotación del recurso en el norte argentino.
A
contramano de esta realidad, una política que defienda el interés nacional
debería optar por el aprovechamiento de la enorme presencia del recurso con el
objetivo de potenciar la producción local de baterías y otros elementos, que
generen mayor valor agregado y, así, nuevos puestos de trabajo para el pueblo
argentino a partir de la sustitución de importaciones. La tierra nos ofrece en
sus pegmatitas y salmueras el litio, el cual se dirige desde las salinas de la
Puna hasta los productos electrónicos industriales importados. No debe
continuar así.
Con
la necesaria voluntad política, el Estado, en conjunto con el Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (Inti), puede gestionar la producción para la
Argentina y promover la integración regional en la utilización del recurso. La
capacidad técnica histórica y el enorme poder científico nacional son la
combinación perfecta para proporcionar ese despegue que necesita el litio a
escala industrial. Es de suma importancia iniciar este camino para lograr
hacernos cargo de todos los pasos de la cadena de valor del litio, tanto la
extracción como la obtención de químicos (carbonato de litio), producción de
cátodos, celdas, y finalmente la producción de baterías.
A
su vez, esta es la única manera de terminar con el daño y destrucción que
ejercen las multinacionales sobre el medio ambiente, que sólo buscan un
objetivo de renta inmediata. En este sentido, las Universidades e Institutos
Nacionales pueden cumplir un rol central. Por ejemplo, el Instituto de Química
Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (Inquimae) del Conicet, que
investiga en el área del litio, y desarrolló una técnica destinada a la
extracción del metal, en equilibrio con la naturaleza, a partir del
electrólisis de salmueras de salares, sin afectar la composición con ciertos
residuos y reduciendo el uso del agua; ya que, tradicionalmente, cada gramo de
litio se extrae de un litro de salmuera, utilizando millones de litros de agua.
Vislumbrar
la política nacional en sus diversas posibilidades junto a la integración
latinoamericana nos aporta un poder de fuego en la defensa de la Pachamama
frente a la depredación imperialista. Así como la semilla de la nacionalización
de los hidrocarburos fue la YPF argentina y luego siguieron Pemex en México,
Petrobras en Brasil, Ancap en Uruguay e YPFB en Bolivia; hoy la Corporación
Minera de Bolivia (Comibol), ya existente, puede ser punto de partida del
nacimiento de otras corporaciones mineras en Argentina y en Chile, estatales,
sustentables y antiimperialistas, llevando a cabo la metamorfosis del litio y
de otros minerales, pudiendo articular con transferencia tecnológica eslabones
de la cadena de valor y logística.
La
conciencia popular sobre la cantidad e importancia del recurso que poseemos es
el necesario primer paso hacia el comienzo de una fuerte producción del litio;
no sólo como un elemento fundamental en cuanto a lo energético sino también en
la generación de trabajo en la industria electrónica y gestión geoestratégica
de un elemento cada vez más codiciado a nivel mundial.
El
ejercicio pleno de nuestra soberanía política, junto a una eficiente
integración industrial regional, nos dará el factor de escala necesario para
enfrentar y vencer a las multinacionales que desde hace décadas nos someten a
su voluntad. Tenemos los recursos y la capacidad para lograrlo.
INTEGRACIÓN
REGIONAL Y DESARROLLO EN LA PUNA, LOS DESAFÍOS DEL LITIO
Tras años de
exploración Salta, Jujuy y Catamarca comenzaron a exportar ese recurso mineral,
altamente demandado en Asia para la fabricación de baterías. La necesidad de
poner la minería como motor de desarrollo.
Página 12 de
Argentina (https://bit.ly/2N3ct8u)
Jerarquizada
como la Gobernación de Los Andes desde 1900 hasta 1943, cuando se disolvió como
territorio nacional y se la repartió entre Salta, Jujuy y Tucumán, la Puna es una eterna relegada en su desarrollo,
limitada por sus extremas condiciones climáticas, su suelo desértico y una
escasa infraestructura que expulsa a los jóvenes a buscar futuro en otros lados.
Sin
embargo, la extracción del litio promete darle el impulso definitivo
a la actividad minera en esa zona y se plantea como una oportunidad de
desarrollo para la región, lo que en líneas generales genera adhesiones
unánimes, pero que no está exento de reparos y advertencias, principalmente de
los habitantes de sus poblados y las comunidades originarias.
Objeciones ambientales, la manera en que se distribuirán los beneficios que
genera la actividad minera y que se tenga en cuenta su opinión, son los
principales planteos.
Considerada
una actividad de bajo impacto ambiental, la ventaja que tienen el triángulo del
litio compuesto por Argentina, Bolivia y Chile, al que podría sumarse Perú, que
también tiene potencial de producción, es que este elemento en las salinas
desérticas es de fácil extracción, a diferencia del que se obtiene de la roca,
tal como se produce en Australia.
A
grandes rasgos, la metodología de extracción que se aplica en la mayoría de los
salares del NOA comienza con una perforación de la que se bombea la salmuera,
que se dejará evaporar en grandes piletones hasta obtener el cloruro de litio,
al que se le añade carbonato de sodio para transformarlo en carbonato de
litio, el material que finalmente se exporta.
Actualmente,
en las tres provincias existen unos 50 proyectos en marcha, la mayoría en fase
de exploración, pero una decena ya está produciendo o en etapas previas a
iniciar la extracción.
Para
2022 se estimaba que Argentina, tercer productor mundial detrás de Australia y
Chile, podía llegar a las 200 mil toneladas anuales, más de cinco veces lo
que se extrae hoy, pero por la pandemia varios proyectos vieron ralentizar su
ritmo, así que esa proyección podría retrasarse un par de años.
Triángulo
argentino
El
secretario de Minería de Salta, Ricardo Alonso, rescata que los beneficios
económicos que puede generar el litio a una provincia son los ingresos de
regalías, que van directamente a las arcas provinciales, y el movimiento en la
economía que genera la necesidad de servicios y abastecimiento de un
emprendimiento minero.
“Si
cinco de los ochos proyectos que hay en Salta consiguen producir, la economía
de la provincia va a cambiar totalmente, no solo en el lugar, sino en toda la
provincia porque se va a necesitar proveer a esos emprendimientos en una zona
desértica, que necesita todo ya que muy poco se puede producir ahí mismo”, se
entusiasma el geólogo salteño.
En
Jujuy el proyecto Olaroz de la empresa Sales de Jujuy (subsidiaria
de Orocobre, Tsusho Corporation y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado
(JEMSE)), produce carbonato de litio desde 2014, mientras que la minera Exar, que
lleva adelante su emprendimiento en el Salar de Cauchari y parte de
Olaroz, comenzó a producir las primeras toneladas en 2021.
Esta
empresa “había fijado su proyecto de inversión para 25.000 toneladas por año,
hoy tenemos el objetivo de producir 40.000 toneladas hacia fines de 2022, con
una inversión de US$ 565 millones”, precisó Franco Mignacco, directivo de
esa compañía.
A
esos dos emprendimientos deben sumarse otros 11 que ya empezaron a desandar el
largo camino hasta llegar a la etapa final de producción.
En
tanto, en Catamarca existen actualmente 23 proyectos que se encuentran en
diferentes etapas, desde prospección, exploración inicial y avanzada,
factibilidad y producción.
La
gran mayoría de los proyectos son de capitales extranjeros, principalmente de
origen asiático, pero también norteamericanos y europeos.
La
ministra de Minería catamarqueña, Fernanda Ávila, señaló que varios
proyectos están muy cerca de iniciar la explotación. “En Catamarca los últimos
estudios que se hicieron dieron resultados de muy buena calidad y pureza del
litio, hay muchas perspectivas de los inversores, impulsada a nivel mundial por
el cambio del paradigma energético”.
Justamente,
los principales compradores de litio son los fabricantes de baterías, ya
que es un componente ideal para el almacenamiento de la energía. La
mayoría de esas empresas se encuentran en el sudeste asiático. Otras
utilidades del litio son para procesos nucleares y también como aleación metálica.
La
necesidad de agregarle valor a la producción primaria es uno de los grandes
objetivos a largo plazo, pero que hasta ahora no tuvo grandes avances en el
país.
"Por
el momento no está pasando en Catamarca”, observó Fernanda Ávila, al mismo
tiempo que destacó que “importaría mucho darle a la extracción del litio un
valor agregado en el territorio, lo venimos trabajando con Nación, mi gestión
comenzó en agosto, es uno de los puntos que queremos trabajar. Hoy el valor
agregado es algo que nos parece muy importante para el país, es algo sobre lo
que hay que avanzar en forma conjunta”, señaló la ministra.
El
secretario de Minería e Hidrocarburos de la provincia de Jujuy, Miguel
Soler, también señaló que la política minera de la provincia norteña no abandona,
bajo ningún aspecto, encarar la fabricación de baterías de litio en corto
plazo.
En
tanto el salteño Alonso, advirtió que si bien el litio es un componente
importante para las baterías, solo representa un 3% de sus componentes, “hay
otros minerales y componentes que no se consiguen en el país y que deberían
importarse”. De eso se desprende que un emprendimiento de valor agregado
involucra una planificación y una logística que excede las atribuciones
provinciales.
Recurso
estratégico
Allí
es donde empieza a tallar la necesidad de una política nacional que complemente
e impulse lo planificado en las provincias, con, por ejemplo, políticas de
importación libre de aranceles, fomentos impositivos a las empresas que quieran
encarar ese proceso o directamente tomar por su cuenta esa tarea.
La
semana pasada ingresó al Congreso un proyecto de ley del diputado
nacional salteño, Lucas Godoy, que impulsa declarar al litio como recurso
estratégico dado su carácter de insumo natural valioso y con potencial de
desarrollo.
La
iniciativa propone la creación de un instituto nacional, integrado con las
provincias productoras, que tenga como principal misión la investigación y
generación de proyectos para superar el rol de productor primario y alcanzar
cierto nivel de industrialización. También expresa la voluntad de crear
una empresa estatal, similar a YPF, que pueda explorar y producir en áreas que
no hayan sido concesionadas a privados.
Jujuy
declaró al litio como mineral estratégico en 2011 y creó Jujuy Energía y
Minería Sociedad del Estado (Jemse), para asociarse minoritariamente con las
mineras.
Salta
también tiene un modelo similar de negocios a través de Recursos
Energéticos y Mineros de Salta SA (Remsa), cuyo titular es el referente del PRO
en Salta, Alberto Castillo, puesto en funciones cuando asumió el
gobernador Gustavo Sáenz.
Integración
regional
Si
bien a nivel regional las provincias se encuentran en etapas de desarrollo
similares, la integración regional se limita a aquellos lugares en los que los
difusos límites que quedaron tras la disolución de la Gobernación de los Andes
en 1943 obligan a poner reglas claras.
Ávila
indicó al respecto que "el trabajo regional es algo que nos parece muy
importante, Catamarca, Jujuy y Salta están trabajando juntos a través de un convenio
de información en el manejo sustentable de salmuera. De hecho, respecto al
carbonato de litio, hay un proyecto que se llama Sal de Oro de la
empresa Posco que se desarrolla en el límite entre Salta y Catamarca,
sobre el cual los gobernadores firmaron en diciembre un acuerdo para trabajarlo
en manera conjunta fijando pautas comunes”.
El
proyecto Sal de Oro prevé para este año la construcción de una planta comercial
con capacidad para producir 25 mil toneladas por año de LCE (Lithium Carbonate
Equivalent).
Alonso
también hizo referencia a ese acuerdo firmado entre los mandatarios Sáenz y Raúl
Jalil, y vislumbra algo parecido para cuando coincidan intereses con Jujuy en Salinas
Grandes, que la comparten las dos provincias.
“Con
estos acuerdos nos garantizamos que los proyectos beneficien a todos, hasta
tanto se resuelvan las discusiones limítrofes”, expresó el salteño.
Pero
con respecto a la integración con Bolivia y Chile, a la manera de una OPEP del
litio, Alonso la ve poco viable por las diferentes normativas que rigen en cada
país, los proyectos particulares y la composición de los salares.
“Todos
los salares son iguales a la vista, pero muy diferentes en su composición
química, y así como el salar chileno de Atacama es el más puro para la extracción de litio, la
composición del Salar de Uyuni en Bolivia hace que sea más caro y arduo obtener
el mineral”, expresó.
En
referencia a la pureza, Catamarca saca pecho con las últimas exploraciones, a
partir de un Estudio de Factibilidad Definitivo que anunció en enero el
desarrollador Lake Resources. La empresa australiana implementará una planta
piloto para la producción de carbonato de litio grado batería en el Salar
de Carachi Pampa, donde desarrolla el proyecto Kachi.
Los
estudios arrojaron una pureza del 99,9% y bajas proporciones de boro y hierro,
lo cual está muy por encima del estándar de la industria en relación con el
grado de batería (> 99,5%).
Beneficios
¿para todos?
Uno
de los grandes desafíos para los gobiernos será poder integrar efectivamente a
los pobladores de donde se desarrollan los emprendimientos, muchos de las
cuales son integrantes de comunidades originarias.
El
temor a una invasión que llegue, extraiga y, terminado el recurso, desaparezca
dejando un pasivo ambiental y pueblos fantasmas alrededor, sobrevuela la Puna.
Alonso
señaló: “litio hay como para 500 años, pero nada garantiza que en algún momento
desaparezca la demanda internacional, como alguna vez pasó con el nitrato
chileno”.
Igualmente,
las perspectivas indican que este negocio minero tiene para varios años,
inclusive con precios atractivos, otro de los riesgos latentes, ya que en su
carácter de commodities sufre los vaivenes de la oferta y la demanda.
Actualmente,
el valor internacional de la tonelada de litio está bajando por el aumento de
la oferta argentina y australiana. De un pico de 16.500 USD/Tn en 2018, se
estima una proyección de 11.000 USD/Tn en 2025, valores que aún continúan
siendo rentables y que perjudican más al país de Oceanía, que obtiene el
mineral de las rocas con un proceso más costoso.
En
Jujuy las comunidades originarias de la Puna no se oponen a la minería en sí,
pero exigen que se cuiden los recursos naturales como el agua y una presencia
activa del Estado en el control de las mineras.
Obviamente,
en las tres provincias también piden que se garantice la contratación de mano
de obra local, y ahí juega un papel fundamental las universidades y terciarios,
que comenzaron a ampliar la oferta de carreras relacionadas a la minería. Ahora
el reto es que los puneños puedan acceder a esa educación, que generalmente se
dicta en las capitales provinciales.
Otro
de los temores de los locales es que el litio sea un caballo de Troya para
facilitar la instalación de otro tipos de mineras que sí sean de carácter
altamente contaminante, planteo totalmente verosímil, ya que si las economías
locales adquieren un perfil de servicios dependiente de las mineras, la
resistencia actual mudaría en una especie de síndrome de Estocolmo en
el que se privilegiaría la supervivencia económica por encima de los eventuales
perjuicios ambientales, aunque sean de carácter irreversible.
Misma
actitud podrían tomar los gobiernos locales, que tendrán en las regalías una
fuente de ingreso inédito en provincias en que la coparticipación federal es el
principal recurso, lo que genera una dependencia absoluta con la Nación.
En
su momento el petróleo fue factor de desarrollo en zonas que eran marginales
para la economía, al extremo de que hasta el día de hoy pobladores del norte
salteño recuerdan esas épocas doradas del siglo pasado, que terminaron con la
privatización de YPF. Ahora el litio genera la misma expectativa y serán los
próximos cinco años, en los que se espera un crecimiento exponencial de la
producción, los que definirán qué perfil adoptará una región históricamente
postergada.
HIDROVÍA:
UN NEGOCIO QUE FACTURA U$S 200 MILLONES POR AÑO Y CONCENTRA EL 60% DEL COMERCIO
EXTERIOR
Después
de presiones del cristinismo para terminar con una concesión opaca que ya lleva
25 años, el Gobierno llamó esta semana a una licitación internacional. El
ganador deberá desembolsar unos 400 millones de dólares para quedarse con un
enclave fundamental de la Argentina agroexportadora
El Ciudadano
de Chile (https://bit.ly/3aKeUor)
Iba
a durar una década y se prolongó por un cuarto de siglo. Cuando el negocio
comenzó, el peaje que cobraba la concesionaria era, en dólares, menos de una
tercera parte de lo que es hoy. La historia es larga y desde la costa parece
más turbia que cristalina. En el auge de su reelección, el gobierno de Carlos
Menem ideó un contrato millonario que extendió apenas dos años después, Eduardo
Duhalde lo prorrogó en su interinato y Cristina Fernández lo estiró en 2010
hasta el próximo 30 de abril. Es la principal salida exportadora de una
Argentina que vive sedienta de dólares es una postal cotidiana para las grandes
cerealeras que controlan el comercio exterior y una realidad desconocida para
los ciudadanos de a pie que se ven afectados por cada suba de la divisa
norteamericana. Pero alcanza con decir que, en apenas unos años, el nombre
de la empresa Hidrovía S.A. se convirtió en lo que no debería ser, un sinónimo
del canal troncal que une el Río de Plata a la altura de Montevideo con la zona
de Confluencia, en Corrientes, a lo largo de los 820 kilómetros de vías
navegables de la Hidrovía Paraguay-Paraná.
Desde
1995, el tramo argentino de una obra que conecta con Paraguay, Bolivia, Uruguay
y el noreste de Brasil está en manos de un consorcio binacional integrado por
la belga Jan de Nul y la empresa local Emepa, propiedad de Gabriel Romero. Así
se decidió a partir de un contrato firmado por Menem que se rigió por la ley
17.520 de concesión de obra pública por peaje, de la dictadura de Juan Carlos
Onganía.
El
negocio que en 85 días llegará a su fin amaneció en el momento indicado, cuando
el menemismo avanzaba con su transformación, la Argentina combinaba la siembra
directa con la extensión de la frontera agropecuaria y el país iba camino a
convertirse en potencia de un mundo gobernado por los commodities.
Hoy
la concesión le permite a Jan de Nul y Emepa lograr una facturación anual de
entre 190 y 200 millones de dólares, según coincidieron
ante elDiarioAR funcionarios de este gobierno, de la administración
Cambiemos y del sector privado. Por ahí salen entre el 75 y el 80% de las
exportaciones, en su gran mayoría soja y cereales. Por ahí entran el 90% de
las importaciones, desde insumos para la industria y maquinarias hasta
repuestos y bienes de capital. De acuerdo a un estudio del ministerio de
Transporte en tiempos de Guillermo Dietrich, el 50% de los buques de porte
oceánico que ingresan a la hidrovía son graneleros y cada año, circulan por el
canal troncal 70 mil millones de dólares, lo que representa más del 60% del
comercio exterior de la Argentina. Según el pedido de informes que el senador
peronista Jorge Taiana le hizo al ministro de Transporte Mario Meoni, cada año
atraviesan la vía fluvial unas 4600 embarcaciones que trasladan 125 millones de
toneladas de producción industrial y agropecuaria.
Por
eso, en ese universo que controlan pocos actores, se dice que sin esa vía
fluvial que la Hidrovía se apropió Argentina no tendría el lugar que ocupa hoy
en la economía mundial. Por ahí respiran el país productivo y el agronegocio.
De ese puente con el exterior del cual dependen casi por completo el ingreso de
dólares.
En
los 14 meses que lleva de mandato, Alberto Fernández y Meoni dieron señales
contradictorias de lo que piensan hacer con la concesión que ahora vence. Por
lo menos, así lo entienden dentro del propio Frente de Todos, donde el ala
identificada con Cristina Fernández de Kirchner denunció durante los últimos
meses la “entrega de la soberanía”. En agosto, el Presidente anunció en Santa
Fe y rodeado de gobernadores de seis provincias que el gobierno crearía una
empresa del Estado para comenzar una nueva con mayor intervención pública. Pero
el 26 de noviembre, el decreto 690 que firmaron Fernández, Meoni y Santiago
Cafiero fue interpretado de manera unívoca en el cristinismo como un viraje a
favor de los actuales concesionarios. Finalmente, esta semana, Meoni firmó una
nota en la agencia Télam que anunció el llamado a licitación y la creación de
una agencia que funcionará como órgano de contralor. Según le dijeron
a elDiarioAR, fuentes de máxima cercanía con Fernández, “la licitación
para la Hidrovía y para dragar el Canal Magdalena va a estar anunciada en los
próximos 10 días”.
Para
sus detractores, que son muchos, la que llega a su fin después de 25 años es la
concesión más opaca, un negocio formidable de escaso riesgo y altas ganancias
que además presenta costos inflados y no tiene control de ningún
tipo. Rarísima excepción de la Argentina agrietada en eso coinciden hoy en
el macrismo y en el peronismo. Sin embargo, el contrato por el que Jan de Nul
se encarga del dragado y Emepa del balizamiento fue extendido hacia el
infinito, nunca nadie pudo rescindirlo y hoy entre las cerealeras que presionan
desde hace años por una tarifa más baja prima la cautela. No sólo eso. Cuando
el contrato se inició, en tiempos de la ficción contable conocida como
Convertibilidad, Jan de Nul y Emepa cobraban 0,98 centavos de dólar por
Tonelada de Registro Neto (TRN), una tarifa que aumentó siempre en moneda
extranjera: en 1997 a U$S 1,14; en 2002 a U$S 1,65; en 2006 a U$S 2,25 y en
2014 a U$S 3,06. Desde el sector privado, defienden por supuesto la ecuación y
afirman que, por contrato, la llamada TIR (Tasa Interna de Retorno) fija un
techo del 5% para las ganancias de Hidrovía S.A.
La
licitación que anuncia el gobierno de los Fernández promete desatar una
competencia feroz en un mercado global dominado por un grupo reducido de
jugadores. De acuerdo a los pliegos que presentó el team Dietrich el
3 de diciembre de 2019 en el auditorio de la Cancillería, la concesión debería
apuntar a la profundización y mantenimiento de 820 kilómetros de vías
navegables y mantenimiento de 803 señales. Se trata de un contrato de dragado
de 33 millones de metros cúbicos, lo que lo convierte según los especialistas
en uno de los más grandes del planeta, solo comparable al del Río Mississippi
que hacen los militares norteamericanos o al del Río Amarillo que realiza el
gobierno chino. Atento a las demandas de las cerealeras, las navieras y los
productores, la administración Macri apuntaba a reducir los costos y sostenía
en sus estudios que era posible ahorrar 250 millones de dólares por año. La
cuenta figura en los trabajos del equipo que coordinaba el jefe de gabinete de
la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, Darío González Mardjetko. De
acuerdo a esos estudios, las demoras representan el 43% del tiempo total de
navegación en la Hidrovía y por cada 12 horas de viaje hay 9 horas de demoras.
Las obras de ensanche y la profundización del dragado -desde los actuales 33
pies a 38 pies- permitirían ganar tiempo, dólares de peaje y fluidez en el
sistema.
Aunque
nadie sabe si Meoni los tuvo en cuenta, los pliegos del macrismo llevaron dos
años y medio de trabajo y se presentaron aún a sabiendas de que el ciclo
amarillo estaba terminado. La pregunta no es ociosa porque desde la oposición
afirman que los plazos no dan de ninguna manera para adjudicar el contrato a un
nuevo concesionario en un lapso de 85 días. La “Unidad Ejecutora de la
Hidrovía” fue creada por el ministro de Transporte hace apenas 20 días, el 15
de enero pasado.
En
el llamado a licitación que Fernández quisiera ver listo en 10 días, lo
principal para las empresas son los pliegos, donde se debería especificar la
inversión inicial, la duración del contrato -se estima que serán por lo menos
10 años- y el porcentaje de la Tasa Interna de Retorno, que permite estimar el
proceso de amortización de esa inversión inicial. Después, las compañías
que se presenten a la licitación deben preparar su oferta y para eso también
necesitan un lapso en el que deberían preparar un estudio técnico que, según
especialistas del sector, demanda recorrer los 820 kilómetros que serán
concesionados. En una carrera contra el tiempo y si vuelven a presentarse,
juntos Jan de Nul y Emepa correrían con una ventaja descomunal, después de 25
años de explotar el negocio. Salvo que Meoni haya trabajado en silencio durante
los 14 meses en los que poco se supo sobre los planes oficiales en la materia y
ya haya tomado contacto con nuevos oferentes, en el macrismo afirman que los
plazos no dan y el gobierno terminará otorgando una nueva prórroga por lo menos
temporal.
Después
de una reunión con el ministro de Transporte, el canciller Felipe Solá se
involucró en el asunto en las últimas horas y anunció una serie de
objetivos: “recuperar astilleros, flota fluvial, tráfico argentino y
dragar el canal Magdalena”. El tema no es menor porque, todos coinciden, la
actividad no se puede paralizar ni siquiera un día. “Vos dejás de dragar
la Hidrovía durante dos semanas y el río se empieza a llenar. Se empieza a
romper la única autopista que te vincula con el mundo”, le dijo a elDiarioAR un
empresario que conoce el negocio. También desde el sindicato de Dragado y
Balizamiento que conduce Juan Carlos Schmid expresan sus reservas y piden tener
en cuenta los 1000 puestos de trabajo que dependen del sector entre empleos
directos e indirectos.
De
acuerdo a números del sector privado, una oferta inicial para quedarse con el
contrato debería rondar un monto inicial que oscile entre los 350 y 400
millones de dólares. A la inversión de capital para profundizar el
dragado, se le suma también el costo anual de mantener y ensanchar el canal
todos los años. Para dar una idea del negocio, una fuente del sector mencionó
un dato ante elDiarioAR: una draga como las que se usan hoy en la Hidrovía
cuesta no menos de 15 millones de dólares.
Son
pocas y conocidas las empresas que en todo el mundo pueden competir por un
contrato de este tipo. Tanto en el gobierno como en la oposición se habla de
otra compañía belga, Dredging International, de las holandesas Boskalis, Van
Oord y Ballast Needam Dredging, y de la china Shangai Dredging Company. Los
memoriosos recuerdan que en la licitación de los años noventa también participó
una firma de capitales rusos y no descartan que los norteamericanos se tienten
por un negocio formidable. Sin embargo, es poco lo que se sabe sobre el
criterio que pondrá en marcha Fernández. En los últimos días, el Presidente
habló en forma personal con Taiana para decirle que estaban “en sintonía”.
Habrá que verlo.
Los
que conocen el planteo de fondo del senador que se expresa en línea con la
vicepresidenta y el gobernador Axel Kicillof, si algo se puede ver con claridad
es la falta de controles que permite el contrabando, la sobrefacturación de
importadores y subfacturación de las grandes cerealeras, en un rubro donde el
Estado aparece ciego y todo depende de las declaraciones juradas del sector
privado. Sin embargo, la falta de controles -algo que fue objetado por la
Auditoría General de la Nación- dependen de la Prefectura y la Aduana.
En
el cristinismo apuntan algo más: el peaje que hoy cobran Jan de Nul y
Emepa, lo debería cobrar el Estado y después pagarle a los que tienen que
hacer el dragado y el balizamiento. En un proceso vertiginoso, donde se opera
contrarreloj camino al 30 de abril, todo está por definirse.
ECOPETROL
DIVERSIFICA SU NEGOCIO Y COMPRARÁ A LA ELÉCTRICA ISA
El Ministerio de Hacienda en Colombia aceptó la
oferta de la petrolera; ISA controla prácticamente el negocio de transmisión
eléctrica en el país, además de contar con operaciones en Perú, Brasil, Panamá,
Bolivia y Chile.
El Universo
de México (https://bit.ly/3qcDTqQ)
El
Gobierno colombiano, en una carta firmada por el ministro de Hacienda Alberto
Carrasquilla, anunció que aceptaba la oferta realizada por Ecopetrol para
quedarse con 51.4% del Grupo ISA. En la misiva, Carrasquilla aseguró que están
de acuerdo "en firmar un contrato de exclusividad para que la empresa
pueda perfeccionar esta oferta durante el primer semestre del año bajo la
figura de un contrato interadministrativo".
El
Ministro añade que se estarán comunicado con el presidente de la petrolera,
Felipe Bayón, para formalizar la diligencia. No obstante, advirtió que si bien
el rango de precios ofrecido por la compañía "puede ser razonable",
aseguró que el Gobierno se reserva el derecho de proponer ajustes según los
procesos de valoración.
Adicional
a ello, la junta directiva del Grupo Energía Bogotá también autorizó al
representante legal del GEB para presentar una oferta no vinculante por ese
51.4% de la participación que la Nación en ISA.
La
semana pasada, los mercados se sacudieron cuando Ecopetrol presentó al
Ministerio de Hacienda una oferta no vinculante para comprarle, a través de un
convenio interadministrativo, sus acciones en la compañía de energía.
Interconexión
Eléctrica S.A. (ISA) es, sin duda, uno de los activos más atractivos y
estratégicos que tiene hoy en día la Nación, por lo que no causó sorpresa que
en el momento en que el Ministerio de Hacienda puso sobre la mesa la venta de
su participación aparecieran al menos dos interesados en adquirirla.
Pero
¿por qué resulta tan apetecida ISA? Desde su fundación hace cinco décadas hasta
hoy, la compañía convirtió en una multilatina con presencia en siete países,
que ya no solo opera en el negocio de energía eléctrica, que representa 86.3%
del grupo, sino también diversificó a los sectores de vías y telecomunicaciones
(11% y 2.7%, respectivamente).
“Desde
su creación, ISA logró centrar su negocio en sectores regulados, siendo su
principal línea la energía eléctrica, con la que se quedó desde 1994. Sin
embargo, también ha logrado complementar y diversificar su portafolio en otros
sectores lineales, con lo que se ha fortalecido y vuelto resiliente a los
cambios económicos estructurales”, explicó el presidente de la Asociación
Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda.
Según
explicó Ecopetrol, para realizar la transacción, se va a realizar una
capitalización a través de una emisión de acciones en la que el Estado va a
continuar siendo propietaria de al menos 80% de la compañía. Además, se
utilizarán recursos propios y otros esquemas de financiación, entre los que se
puede incluir la desinversión de activos estratégicos.
LA
COMUNIDAD ANDINA TRAZA UNA HOJA DE RUTA PARA REACTIVAR EL COMERCIO AGROPECUARIO
Hola News de
España (https://bit.ly/39YwyFS)
La
Comunidad Andina (CAN), compuesta por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, acordó
una hoja de ruta para reactivar el comercio agropecuario regional, anunció este
domingo en un comunicado el secretario general del organismo, el colombiano
Jorge Hernando Pedraza.
El
compromiso fue adoptado en la clausura del Foro Agropecuario Andino, donde se
acordó una agenda que contempla acciones para impulsar la competitividad, la
productividad y la conformación de alianzas empresariales orientadas por la
demanda.
Este
consenso también incluye la implementación de una Estrategia de Diplomacia
Sanitaria que facilite el acceso real de los productos agropecuarios a los
mercados andinos y a terceros mercados, así como la armonización de la
normativa sanitaria y fitosanitaria.
Asimismo,
coincidieron en agilizar los procedimientos aduaneros y de los seguros de
despacho de las mercancías; automatizar y simplificar trámites de importación y
de exportación, disminuir las inspecciones físicas e impulsar la agricultura
familiar con enfoque agroecológico y orgánico.
ALERTAS
FRENTE A COMPETENCIA DESLEAL
Los
cuatro países encargaron a Pedraza promover una red regional tecnológica para
mejorar la seguridad alimentaria y reactivar la agricultura familiar, con un
seguimiento que incluya alertas frente a prácticas que vayan contra la
competencia dentro de la región como “dumping”, subsidios a la exportación y
manipulación de precios.
En
ese sentido, Pedraza consideró que la agenda aprobada permitirá planear el
horizonte agropecuario en la Comunidad Andina, a partir de una labor articulada
entre el sector público y privado.
COOPERACIÓN
CON FAO E IICA
El
colombiano expresó la total disposición de la Secretaría General a trabajar
coordinadamente con el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO) a través de una mesa de cooperación.
“Para
la CAN es fundamental trabajar de manera conjunta en el desarrollo, impulso y
protección del sector agropecuario, enfocados en lograr un impacto positivo en
el mejoramiento de la calidad de vida de todos nuestros campesinos”, apuntó
Pedraza.
“Estoy
convencido de que podemos encontrar en esta crisis, una gran oportunidad para
lograr convertir a la Comunidad Andina en la despensa alimentaria del planeta”,
añadió.
En
la reunión que dio lugar a esta agenda agropecuaria regional participó Pedraza
junto al ministro de Desarrollo Rural y Tierras de Bolivia, Edwin Characayo; y
el viceministro de Asuntos Agropecuarios de Colombia, Juan Gonzalo Botero.
También
intervino el viceministro de Desarrollo Rural de Ecuador, Héctor Romero; la
viceministra de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario del Perú, María
Isabel Remy, y representantes IICA y la FAO.
BOLIVIA
VIVE INTENSA ACTIVIDAD POLÍTICA EN MEDIO DE PANDEMIA DE COVID-19 A UN MES DE
ELECCIONES REGIONALES
XINHUA de
China (https://bit.ly/2MJkRKo)
Las
principales ciudades de Bolivia registraron este fin de semana intensa
actividad política, en el marco de las campañas electorales que vive el país
sudamericano, cuando falta un mes para los comicios regionales del 7 de marzo
próximo y en medio de la ola de contagios de la enfermedad del nuevo
coronavirus (COVID-19).
Candidatos
a las gobernaciones de los departamentos de Cochabamba (centro), La Paz (oeste)
y Santa Cruz (este) llevaron a cabo este fin de semana actividades
proselitistas como caminatas, caravanas de autos o visitas a barrios y
mercados.
A
un mes de los comicios regionales en que se elegirán nueve gobernadores, 337
alcaldes, más de 270 legisladores departamentales y más de 2.000 concejales, los
postulantes incrementaron sus actividades al concentrarse en puntos públicos,
sin dejar de utilizar tapabocas y cumplir con otras medidas sanitarias para
tratar de evitar contagios de la COVID-19.
Bolivia
reportó hasta el sábado 227.128 casos confirmados del virus desde el inicio de
la pandemia en el país, el 10 de marzo del año pasado, al tiempo que hasta
ahora se han recuperado de la enfermedad 167.354 pacientes y 10.753 han
fallecido.
El
presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, Salvador Romero, en
varias ocasiones ha descartado la posibilidad de suspender las elecciones de
marzo por la pandemia.
Romero
ha señalado que como ocurrió en los comicios de octubre de 2020 en que se
eligió presidente, se velará también por el derecho político y la salud de los
bolivianos.
Las
campañas políticas en Bolivia iniciaron el 7 de diciembre pasado y concluirán
el 3 de marzo venidero, según el calendario del TSE.
El
TSE aprobó esta semana varias medidas sanitarias encaminadas a proteger la
salud de los electores, entre ellas dos horarios de votación el día de los
comicios, así como la ampliación de la propia jornada.
La
institución aumentó otros 444 recintos electorales, por lo que habrá 5.524 en
los nueve departamentos del país sudamericano para la elección de autoridades
departamentales y municipales.
De
acuerdo con las medidas adoptadas, el manejo del material electoral "se
hará con las medidas de bioseguridad" para la jornada, en que más de 7
millones de electores están habilitados para participar.
En 2015, el partido
oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) consiguió seis gobernaciones, frente
a tres de la oposición, así como 227 de 339 alcaldías, luego de obtener 234 de
337 en 2010.
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