GREMIOS MÉDICOS SABOTEAN MEDIDAS DE SALUD DE LUIS ARCE

Los médicos de Bolivia se declararon en huelga contra la ley de emergencia sanitaria que prohíbe paralizar servicios, regula los precios privados y agiliza la contratación de nuevos profesionales mientras dure la pandemia de covid-19.
El conflicto reactiva el enfrentamiento entre los médicos y el Movimiento Al Socialismo (MAS), que se remonta a los gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y que los llevó a participar en el golpe de octubre de 2019 y formar parte de la dictadura de Jeanine Áñez.
Consigna la agencia Sputnik que el Consejo Nacional de Salud (Conasa) instruyó a todos sus integrantes “acatar el paro general”.
Acusan al gobierno de falta de voluntad para dialogar con el sector, dijo en rueda de prensa el presidente de ese organismo, Cleto Cáceres.
Durante la huelga funcionarán servicios de emergencia pero no grantizan la continuidad de la atención en consultorios y hospitales.
La protesta sería levantada solo si el gobierno acepta anular la ley y dialogar sobre «las demandas de mejores condiciones de salud para la población».
Por su parte, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, dijo que la ley tiene el objetivo principal de «evitar que se lucre con la vida de la población a causa de la pandemia».
No quieren médicos cubanos
Entre las disposiciones que molestan a los médicos, está la suspensión de los servicios durante la emergencia por la pandemia, aunque no veta específicamente huelgas.
Rechazan también la flexibilización para contratar médicos para el sector público, arguyendo que ello ocultaría un intento de contratar médicos cubanos.
Además, la ley refuerza el control estatal sobre clínicas y servicios privados, fija precios máximos y otras obligaciones y prohibe que los pacientes sean obligados a hacer pagos o depositar garantías por adelantado, como es frecuente en la actualidad.
La normativa «fue consensuada con el Colegio Médico para garantizar el derecho a la salud y la vida. Es tiempo de dejar intereses personales o sectoriales y trabajar conjuntamente contra el covid-19», afirmó Alcón en Twitter. Caras y Caretas de Uruguay (https://bit.ly/2M2TnPs)
 
 
 
 
 
BOLIVIA: INVESTIGACIÓN REVELA QUE TRES GRUPOS CRIMINALES INTERNACIONALES CONTROLAN EL TRÁFICO DE JAGUARES
 
El Comercio de Perú (https://bit.ly/3pwOw6R)
 
La investigación de inteligencia de Earth League International y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza de los Países Bajos revela que los traficantes, en su gran mayoría ciudadanos chinos vinculados con mafias asiáticas, trasladan colmillos y huesos en vuelos e incluso sobornan autoridades para lograrlo. Estos grupos se ocultan en negocios legales como restaurantes y tiendas. También se detectó que se consume jaguar al menos en dos restaurantes de Santa Cruz. En tanto, autoridades fiscales y del gobierno exigen que se aprueben reformas legales necesarias para elevar las sanciones por tráfico del jaguar y sus partes.
—¿Cómo se pasa la Aduana?
—Necesitas sobornar a alguien. Nosotros no sobornamos al personal de la Aduana, pero sí a la Policía, a un oficial de un rango alto.(…)
—¿Lo hacen por container?
—Sí. Se puede.
—¿Tú ya has intentado hacerlo?
—(…) Yo lo mando a través de Brasil, hay más compañías comerciales allá.
Esta conversación entre un investigador encubierto y un traficante de partes de jaguar es solo un extracto de las cientos de horas de grabación que un equipo de Earth League International (ELI) realizó con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza de los Países Bajos (UICN NL), entre el 2018 y el 2020, en distintas ciudades de Bolivia. Con este trabajo se buscó exponer uno de los eslabones menos conocidos en la cadena de tráfico del felino: el de las comunidades asiáticas que habitan en este país, quienes hablan en un idioma distinto al de las autoridades locales que los investigan.
Con la barrera del lenguaje derribada, los investigadores chinos encubiertos de ELI han podido descubrir importantes características de estos traficantes: cómo se agrupan, dónde operan y qué vías utilizan para exportar a Asia las partes del gran felino. “El tráfico de jaguar no solo es un problema de conservación, sino de crimen organizado”, dice Andrea Crosta, director ejecutivo y cofundador de ELI.
Con esta investigación se llegó a establecer que existen al menos tres grupos criminales que operan en territorio boliviano y que están compuestos, sobre todo, por ciudadanos chinos que residen en el país sudamericano. Los grupos se concentran en los departamentos de Santa Cruz y Beni, específicamente en los municipios de San Borja, Rurrenabaque y Riberalta. Su principal forma de tráfico es a través del transporte aéreo, ya sea en vuelos comerciales o envío de cargamentos. El método depende de la cantidad que se transporta y, en muchos casos, debe haber un soborno de por medio a una autoridad local.
Sin embargo, el jaguar es violentado y traficado en otros nuevos espacios. Al menos en dos restaurantes de Santa Cruz se descubrió la venta de carne de este felino, una actividad que es delito no solo por la matanza del animal sino por el consumo de animales silvestres, el cual está prohibido por resolución del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas desde abril de 2020. ¿Qué sucede en esta Bolivia desconocida por las autoridades locales y cómo se pueden mejorar los esfuerzos para combatir el tráfico de partes de jaguar?
Para llegar a un vendedor de partes de jaguar en Bolivia se necesitan seguir varios pasos y filtros. Normalmente, los primeros contactos se realizan por redes sociales como el WeChat, la plataforma tecnológica de mensajería más usada por la comunidad china dentro y fuera del país asiático. Cuando el encuentro físico se realiza, los vendedores muestran solo pequeñas partes de su mercancía. “Generalmente los vendedores no cargan consigo muchas piezas ni las tienen a un alcance inmediato”, detalla un informe de ELI.
Esta comercialización se ha vuelto más discreta en los últimos años, luego de un inicio bastante ruidoso. Hasta el 2017, una radio local en San Borja, Beni, transmitía constantemente un aviso en el que se ofrecía comprar “colmillos de tigre, preferentemente largos y limpios”. También era común que desde el 2014 se encontraran anuncios impresos, más aún en áreas rurales, pidiendo partes de jaguar. La actual baja exposición también puede explicar, en parte, el por qué desde enero del 2019 no ha habido nuevas incautaciones de partes de jaguar, según lo reportó Mongabay Latam.
“Hemos empezado a tener indicios de presencia de organizaciones criminales internacionales”, comenta Rodrigo Herrera, asesor legal de la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas (DGBAP) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia. Según la investigación de ELI, cuyos hallazgos se están compartiendo con las autoridades bolivianas, se han identificado con nombres y fotos a integrantes de al menos tres grupos criminales que se dedican al tráfico de partes de jaguar.
Una de estas bandas, conocida como Putian, tendría relación directa con la mafia Fujian en Hong Kong, China. Los Fujian son uno de los grupos criminales más fuertes del país asiático. “Lo que queremos destacar es que este negocio no está en manos de tres o cuatro personas, sino de una organización”, agrega Crosta de ELI.
“La mafia china tiene casinos ocultos, maneja actividades para lavar dinero y controla el negocio de la cocaína en Bolivia”, cuenta uno de los traficantes a un agente encubierto chino de ELI. Sin embargo, de acuerdo con la investigación realizada por esta agencia de inteligencia, estos criminales no solo desarrollan negocios ilegales. En muchos casos, se han diversificado en actividades comerciales como restaurantes y tiendas, que utilizan de fachada tanto para el tráfico de partes de jaguar como de otro tipo de bienes ilegales, que pueden ir desde animales silvestres hasta drogas.
Los puntos calientes de este tráfico, según refieren fuentes locales, se encuentran en los departamentos de Santa Cruz y Beni, principalmente en el primero. La agencia ELI encontró que, como en otros países latinoamericanos, este delito es perpetrado por residentes chinos que habitan en regiones remotas.
El método más usado para el tráfico de partes de jaguar como colmillos, huesos y hasta genitales es el transporte aéreo. “Para llegar a este país [China], se evita llegar directamente en aviones y se prefiere detenerse en aeropuertos con menor seguridad”, comenta el informe de ELI. Este traslado puede darse al menos en dos formas: a través de una cadena logística de tráfico que permite ocultar bienes ilegales en cargamentos legales y mediante personas que cargan colmillos en sus piezas de equipaje e incluso dentro de sus cuerpos.
Con la actual pandemia, esta última modalidad se vio bastante reducida por las restricciones de los vuelos, “pero hay que entender que estas personas son profesionales, son muy buenos para entender cuál es la mejor ruta para no detener el tráfico. El coronavirus es un problema logístico más”, comenta Crosta. “Ellos encuentran los espacios con menor resistencia. Si necesitan mover bienes de Bolivia al Perú, porque será más fácil, cruzarán la frontera para hacerlo”, agrega. En ese camino de rastrear rutas, ELI ha encontrado, por ejemplo, que hay traficantes en Brasil que utilizan a Surinam y Guyana para traficar, dado el débil control en estos países.
En el caso del jaguar, lamentablemente, este contrabando es fácil por el tamaño de las piezas que circulan. Un colmillo de este felino es tan grande como un celular Iphone, que fácilmente cabe en un bolsillo. “Este tipo de tráfico que se realiza individualmente es el más usado”, cuenta Crosta. Hay personas que ya han llevado colmillos repetidas veces, sin embargo, también existen aquellos que llegan a Bolivia por negocios y regresan con estos dientes como ‘souvenir’.
Con respecto a los cargamentos, estos pueden ir en containers desde Bolivia o desde países vecinos, como señalaba el traficante en el dialogo al inicio de este reportaje. La agencia ELI ha encontrado evidencias de que estos contrabandistas pueden recurrir a los sobornos económicos para tener apoyo al cruzar fronteras, ya sea por avión o por tierra. El tráfico es una acción riesgosa y todos los entrevistados que forman parte de la investigación son conscientes de ello. Sin embargo, es también una actividad lucrativa: un colmillo de jaguar puede valer diez veces más cuando llega a China.
El peligroso interés por el ‘tigre americano’
Cuando en el anuncio radial del 2017 en el Beni se pedían “dientes de tigre”, se hacía referencia al jaguar. Entre los ciudadanos chinos que viven en Bolivia, el jaguar es conocido como el ‘tigre americano’. Debido a la gran caza del tigre en Asia, otros felinos fueron puestos en la mira para sustituirlo. En ese continente se cree que las partes del jaguar, como los huesos y los colmillos, tienen atributos medicinales o de suerte, mientras que los genitales son vistos como afrodisíacos.
La agencia ELI comenta que esa “necesidad por partes de tigre” y la posibilidad de sustituirlos por partes de jaguar formó una “tormenta perfecta” con el arribo de inversiones chinas a Bolivia, un país con gran cantidad de jaguares. Esto ha sido estudiado por Thaís Morcatty, investigadora brasileña de la Universidad Oxford Brookes, quien publicó recientemente un estudio sobre la relación entre la inversión china en proyectos de infraestructura y el tráfico de jaguar. Morcatty señala que este patrón de buscar sustitutos a las partes de tigre ya se ha visto en África, donde las poblaciones de leones también están siendo reducidas debido a esa demanda.
El estudio de ELI recoge que los proyectos de infraestructura son un gran motor que deriva en la caza furtiva de fauna silvestre y que esto se ha incrementado en Bolivia, desde 2015, con las políticas del gobierno del entonces presidente Evo Morales para atraer inversiones.
“Hay nuevas vías que se están abriendo a estos cazadores, mientras el flujo de trabajadores [de los grandes proyectos de infraestructura] crea una nueva demanda por carne de monte, específicamente por parte de ciudadanos chinos”, detalla el informe. Una de estas carreteras es la que se busca construir en  medio del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), en la Amazonía de los departamentos del Beni y Cochabamba. En esta área protegida habita el jaguar.
En las investigaciones realizadas desde el 2018 por el equipo de agentes encubiertos de ELI se encontró que también se estaría dando consumo de carne de jaguar. En Santa Cruz identificaron dos restaurantes operados por ciudadanos chinos que ofrecen de forma oculta varios tipos de carne de fauna silvestre. “Es una modalidad nueva para las autoridades”, señala Rodrigo Herrera del Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia. “Desde abril de 2020, hemos publicado regulaciones a través de resoluciones ministeriales que prohíben, entre otros usos, el consumo alimenticio y medicinal de la fauna silvestre”, agrega.
A pesar de esto, los grupos criminales no estarían detrás de la carne porque no tiene mucho valor. “No es interesante para los traficantes porque no hay mucho dinero detrás de ella y es ocasional, a veces a pedido. No hemos encontrado relación entre los grupos que trafican los colmillos y huesos con los que comercian la carne”, indica Andrea Crosta de ELI.
La respuesta a esta pregunta la da Crosta. “Es muy fácil ir detrás del cazador, que generalmente es local, en este caso, de Bolivia. Pero es el eslabón más débil. La caza furtiva existe porque hay un traficante que pide los colmillos”, comenta el especialista. Según el fundador de ELI, el foco debería ser el tráfico, la parte de la cadena que aún es invisible para las autoridades bolivianas.
Una mirada a las cifras de incautación de partes de jaguar entre el 2014 e inicios del 2019 señalan el decomiso de 760 colmillos que corresponden a unos 200 jaguares. Entre el 2014 y el 2016, el servicio postal de Bolivia, Ecobol, encontró 300 de estos en 16 paquetes que tenían a Asia como destino. Esta información recogida por los expertos de Operación Jaguar, un proyecto desarrollado por la UICN en Holanda con la organización Savia en Bolivia —y en el que participa ELI en el brazo de inteligencia—, es confirmada por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
Se han contabilizado 34 casos conocidos de tráfico de jaguar, tanto vivos como de partes del animal, así como casos en los que la caza ilegal o el contrabando de este felino es promovido. De estos 34 casos, solo cinco tienen sentencia y dos de ellos cumplen penas en la cárcel de hasta seis años, la pena máxima que tiene este delito actualmente en Bolivia.
“Todas los casos que existen hasta la fecha se han investigado porque el Ministerio de Medio Ambiente los ha reportado”, comenta Rodrigo Herrera. Además, tanto el mencionado Ministerio como el Ministerio Público han confirmado a Mongabay Latam que desde enero del 2019 no hay nuevas incautaciones de partes del jaguar.
Según Herrera, en el Ministerio están convencidos de que una de las falencias como Estado es que no se cuenta con una “estructura punitiva moderna” que permita sancionar eficientemente este tipo de delitos. “Por eso se elaboró un anteproyecto de ley que se envió al Ministerio de la Presidencia de Bolivia”, comenta el funcionario. Como Mongabay Latam informó en agosto pasado, esta iniciativa buscaba la creación de la Ley de Protección de los Animales, la primera de su tipo en el país. Una de las modificaciones propuestas era el “biocidio animal”, con una pena de hasta 15 años de cárcel.
Sin embargo, esa propuesta ha sido desestimada por el momento. “Se nos indicó que el tema debía ser analizado y revisado por más instancias. Ahora ya estamos entrando a un nuevo gobierno y esperamos que se retome esta iniciativa”, comenta Herrera.
Para Ángela Núñez, bióloga especialista en temas de tráfico en Operación Jaguar, es necesario trabajar en una continuidad a nivel político para este tipo de estrategias. “Las crisis políticas de Bolivia están afectando el trabajo para resguardar al jaguar”, agrega.
La directora de la Fiscalía Especializada en Justicia Penal Juvenil y Delitos Medioambientales de la Fiscalía General del Estado, Vania Arroyo, también considera que debe retomarse la discusión de este anteproyecto. “Mientras tanto queremos sugerir el trabajo con agravantes. Por ejemplo, si es que el animal es comercializado, pero además lo han asesinado o ha sido decapitado, debe tener más pena de cárcel. Por ahora la sanción es mínima y es una burla”, indica Arroyo.
Esta dirección especializada de la Fiscalía es relativamente nueva. “Fue creada a mediados del 2019 y por ahora tenemos 11 fiscales especializados que también ven casos de delincuencia juvenil y otros 100 fiscales de provincia que también deben apoyar en las investigaciones”, cuenta Arroyo. El problema aparece cuando estos fiscales no reciben o aceptan las denuncias. “A veces rechazan porque no tienen la capacitación suficiente para aceptar estos casos ambientales. Estamos recibiendo asesoría del Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) para mejorar estos conocimientos”, añade la fiscal.
“Aún no hemos logrado que se realicen investigaciones más profundas en los casos reportados de tráfico de jaguar”, agrega la bióloga Núñez y comenta que solo ha habido detenciones de las personas que realizaban el delito, como transportar los colmillos u ofrecerlos, pero no se ha llegado a conocer el resto de la cadena, es decir, de dónde vienen y a quién van dirigidos. “Para descubrir esa red de tráfico necesitamos capacitar a los fiscales, los jueces y policías. Tenemos que entender la magnitud de esta amenaza”, indica Núñez.
Otro grave problema vinculado a esta falta de interés en los casos reportados es el que expone el informe de ELI: “esos más de 300 colmillos que fueron incautados en 16 paquetes en el servicio postal boliviano no tienen casos abiertos y, lo que es peor, no existe información oficial sobre el paradero de esas piezas”. Esta información fue confirmada por el Ministerio Público a ELI.
En medio de ese escenario poco alentador ya hay recomendaciones sobre el tráfico de jaguares que deberían estar siendo implementadas y que ya se han detallado tanto en el informe de ELI como en el Plan de Acción para la Conservación del Jaguar —un esfuerzo entre entidades públicas y privadas para establecer una hoja de ruta para la protección del felino en Bolivia—.  Entre ellas se encuentran el fortalecimiento de las coordinaciones entre la Policía, los gobiernos autónomos departamentales y municipales, la Aduana Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente y Agua para tener claras sus funciones.
“También se necesita buscar colaboración con las autoridades chinas en La Paz e involucrar a las comunidades y empresas chinas en Bolivia para trabajar en conjunto contra este tráfico”, detalla el equipo de ELI. Con un nuevo gobierno boliviano presidido por Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS), partido de Evo Morales, aún es incierto el camino ambiental que adoptará el país sudamericano.
 
 
 
 
 
POR QUÉ LAS FUNERARIAS ESTÁN BAJO LA LUPA EN BOLIVIA
 
Sputnik News de Rusia (https://bit.ly/3ucDHdN)
 
Con el aumento de fallecimientos por causa de la pandemia de COVID-19, el negocio funerario tuvo un impulso en el país. Pero este crecimiento no va a acompañado de las medidas de bioseguridad necesarias, por lo cual el Gobierno clausuró varias funerarias e inició procesos por atentados a la salud pública.
En los últimos días, varias funerarias de las ciudades de Cochabamba y La Paz fueron denunciadas por no seguir los protocolos de bioseguridad al tratar con cuerpos de personas fallecidas por COVID-19. Las protestas motivaron la intervención del Gobierno nacional, que constató las denuncias y comprobó tratos que no condicen con el respeto a la dignidad humana.
Además, se comprobó que varias casas mortuorias incurren en sobreprecios cuando se refiere a clientes cuyas vidas se llevó el coronavirus. El Viceministerio de Defensa de Consumidor anunció que se elaborará una normativa para regular el trabajo de este rubro, nuevamente en auge durante la segunda oleada de contagios en Bolivia.
En la ciudad de Cochabamba, a las denuncias ya mencionadas se sumó la proliferación de funerarias clandestinas, que no cuentan con la habilitación de las autoridades correspondientes y no cumplen con los estándares mínimos para atender a los cuerpos de quienes ya no están en este mundo.
En Bolivia, generalmente cuando a un negocio le va bien, no pasa mucho tiempo hasta que se le instala al lado otro comercio, dedicado al mismo rubro. De esta manera, en las ciudades no es extraño encontrarse con la calle de las peluquerías, de las ferreterías o de las joyerías. En Cochabamba, la calle de las funerarias es la 25 de Mayo. En La Paz, se sitúan en la avenida Busch y sus adyacencias.
Sputnik recorrió la calle 25 de Mayo, ante la apatía mayoritaria de los trabajadores de las funerarias: "Ahora la dueña no está, vuelva más tarde". O "ahorita no podemos atenderlo, estamos con harto trabajo". Y era verdad, porque justo una familia doliente cotizaba cajones en ese negocio.
El trabajo de estas casas mortuorias está en observación desde que unos vecinos de la zona oeste de la ciudad filmaron una escena que se volvió viral. Desde un edificio, captaron cómo en el patio de una funeraria sus empleados rociaban un cuerpo con agua de una manguera, como quien lava su auto.
A partir de ese momento el Estado tuvo que intervenir para verificar en qué condiciones se realiza el servicio fúnebre, en ese y otros establecimientos. La casa del video viral se llamaba Garnica, se situaba en la avenida Martín de la Rocha y fue clausurada porque sus propietarios no pudieron presentar los papeles habilitantes.
Comentó que las funerarias que atienden casos de COVID-19 efectúan cobros desmedidos, que de todos modos no justifican poner en riesgo la salud, opinó Fernández. En algunos casos, se llega a cobrar hasta 14.000 pesos bolivianos (unos 2.000 dólares).
Cuestionado al respecto por el diario Página Siete, el presidente de la Asociación de Funerarias de La Paz y El Alto, Miguel Ángel Elías, consideró que "lamentablemente no se reconoce que estamos poniendo el pecho a las balas. ¿Se animaría a poner un cuerpo en una bolsa de bioseguridad? ¿Y si le pago 300 bolivianos [42 dólares]? Tampoco ¿verdad?".
Ese costo no incluiría la realización del funeral, porque están prohibidos para los casos de COVID-19. Fernández comentó que cuando atienden a quienes fallecieron por esta enfermedad, "de la morgue se pasa directamente al crematorio, porque está prohibido hacer la velación".
Crematorios, al tope
Semanas atrás, en el pico de la segunda ola, los hornos crematorios de las ciudades de Cochabamba y La Paz no daban abasto para incinerar todos los cuerpos que se requería. Se formaron listas de espera, motivo por el cual las funerarias tenían que resguardar a los fallecidos hasta que tuvieran su turno.
Esta fue la excusa del propietario de una funeraria de la avenida Busch, en La Paz, cuando una inspección del Viceministerio de Defensa del Consumidor halló cinco cuerpos envueltos con frazadas en una habitación.
Fernández dijo que el flujo de trabajo "está normal en cuanto a fallecimientos naturales, o por accidentes. Pero en cuanto a los casos con COVID-19, sí se ha elevado la demanda". Según una investigación del periódico Los Tiempos, durante el último año en Cochabamba las funerarias pasaron de ser 50 a 75, a partir de la presencia del coronavirus.
En los peores momentos de la pandemia, entre junio y septiembre de 2020, el Ministerio de Salud del Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020) llegó a registrar 100 muertes diarias, de las cuales aproximadamente 20 correspondían a Cochabamba. En la actual segunda ola, la cifra máxima de fallecimientos en un día fue de 74 personas.
Guía para el manejo de cuerpos
El año pasado, durante la primera ola de la pandemia, el Ministerio de Salud de Áñez divulgó su Guía de Procedimientos para el Manejo y Disposición de Cadáveres de Casos de COVID-19. Contiene una serie de consejos optativos para la manipulación final de los cuerpos.
"La primera opción recomendada a la familia para la disposición final de los cuerpos de difuntos por COVID-19 es la cremación", dice este documento. Pero concede que "cuando en el municipio no se cuente con un horno crematorio, o cuando los familiares así lo dispongan, el cuerpo (al interior de la bolsa de traslado y del féretro cerrado) podrá ser inhumado en un nicho o enterrado". El ataúd debe sellarse con silicona y tornillos.
La guía también explicita que "no se realizará el velatorio del cuerpo con el ataúd (cuerpo fresco). Sin embargo, se podría realizar el velatorio después de la cremación", siempre y cuando se mantengan las medidas de prevención correspondientes, con la participación de menos de 10 dolientes.
Esto llevó a que muchos funerales comenzaran a transmitirse en vivo por las redes sociales para los familiares cercanos que no hubieran podido estar ahí. Incluso las funerarias ofrecen salas de Zoom como parte del paquete de servicios.
 
 
 
 
 
*DESESPERADA BÚSQUEDA DE MADRE POR SUS HIJOS: SU EX MARIDO DIJO QUE IBA A COMPRAR Y SE LOS LLEVÓ A BOLIVIA*
 
24 Horas de Chile (https://bit.ly/2Noo5TP)
 
"Me está robando a mis hijos". Con esta categórica frase, María Maturana, una madre chilena denuncia que su exmarido se llevó a sus hijos a Bolivia.
Todo empezó el pasado 01 de febrero cuando autorizó al padre de su hijo de cuatro años a que lo llevara a Viña del mar a comprar desde Hijuelas. Junto a ellos iban los hijos de siete y nueve años de él que se mantenían en custodia temporal de María por orden de un tribunal.
Según contó la mujer, "por los antecedentes del padre están expuestos a muchas cosas".
Su exmarido de nacionalidad boliviana tomó a los pequeños, pero nunca los llevó a Viña del Mar, a pesar de que intentó hacer creer eso a María, quien señaló que "en el momento no me pareció raro porque él otras veces había sacado a los niños a pasear y los traía sin ningún problema".
Pasaban las horas y María se preocupó por que ellos no volvían, por lo que volvió a llamar al sujeto quien le indicó que llegarían pasado el toque de queda. Sin embargo esto no fue así y al día siguiente el hombre volvió a llamar para decir que los llevaría después de almuerzo.
Todos estos llamados fueron realizados para ganar tiempo, ya que desde Hijuelas, región de Valparaíso el individuo tomó un bus con los niños hasta Calama, para después cruzar a Bolivia, aparentemente por un paso no habilitado.
"Los niños los tiene secuestrados en este momento, porque si el quisiera estar bien o mirar el bienestar de los niños ya los hubiese devuelto", sostiene María.
Hoy por hoy los pequeños se encuentran en Magdalena, capital de la provincia de Iténez del departamento del Beni, Bolivia. Desde allí familiares del exmarido de la mujer le han enviado fotos y videos de los niños, además de decirle que desean entregarle a su hijo de cuatro años.
"La abuela de los niños en este caso habló conmigo diciendo que me querían devolver a mi guagua, solamente a él, pero siempre y cuando fuera yo, pero el miedo mío es que conociendo a la gente y la familia, no son de muy buena forma para ir y decir que no me va a pasar nada. Me expongo a que me pase algo", indicó María.
Asimismo la mujer sostuvo que le han contado que los otros pequeños fueron "quitados" de la misma forma a su madre y eso es "porque no son buena familia".
En ese sentido, María y su pareja critican el actuar de la justicia, ya que, según ellos, de haber recibido ayuda en el momento que lo solicitaron, el 02 de febrero, quizá el sujeto no habría alcanzado a cruzar la frontera. "Se demoraron 48 horas y el ya prácticamente estaba en Bolivia cuando salió la orden de búsqueda", indicó ella.
La orden fue emitida el 04 de febrero para buscar a los niños. El fiscal de la Calera, Mauricio Dunner, señaló que estarían "gestionando las diligencias necesarias para obtener, con previa autorización de tribunales y proceso de extradición correspondiente, la detención de esta persona".
Los tres niños hoy estarían en la selva boliviana a manos de un hombre que según dice su madre, no estaría en condiciones de vivir con ellos, lo que fue ratificado por un tribunal de familia chileno.
Sin embargo, lo que complica más este caso es que entre Chile y Bolivia no existe traatdo de extradición.
 
 
 
 
 
 
BOLIVIA Y SUS 100 DÍAS DE GOBIERNO POPULAR
 
Para el gobierno de Luis Arce, la lucha contra la pandemia del coronavirus, es un objetivo estratégico, pues se trata de salvar vidas.
 
ALAINET  de Argentina (https://bit.ly/2OTp2UL)
 
El gobierno popular del Estado Plurinacional de Bolivia, ha llegado a 100 días de gestión, en medio de una serie eventos meteorológicos y sanitarios, que han requerido de la intervención del Estado; con una campaña electoral en desarrollo y con una operación feroz de la derecha y los multimedios de desinformación para minimizar sus logros y tratar de desestabilizar la democracia.
El resurgir de Bolivia, luego del desastre que dejara la administración de facto de Jeanine Añez, no ha sido sencillo y para llegar al equilibrio que lo coloque en la senda del porvenir, va a tener que pasar algún tiempo, que no necesariamente será cronológico.
Los tiempos en política y en economía, están recreados por la firmeza y la justeza de las decisiones que los lideres tomen y por la conjugación con otros tiempos; los tiempos de la concreción de asociaciones en el nuevo espacio que se abre, en medio de las crisis.
Así lo demuestra la amalgama solidaria, que en torno a la del Covid-19, se ha construido entre potencias como Rusia y China y los pueblos del mal llamado tercer mundo, para que juntos puedan combatir el flagelo de la pandemia.
Para el gobierno popular de Luís Arce, la lucha contra la pandemia de coronavirus, es un objetivo estratégico, pues se trata de salvar vidas, partiendo de una situación sanitaria agravada, por medidas improvisadas y por la mala utilización de los recursos del Estado, en los que no faltaron hechos de corrupción, ya identificados.
Según los últimos reportes, al 15 de febrero, el país presentaba 236.732 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con 11.202 personas fallecidas y 177.775 pacientes recuperados.
Al asumir el presidente Arce, se adquirieron 2.2 millones de pruebas diagnósticas y se realizaron compras de medicamentos, reactivos, equipamientos e insumos para el trabajo de los laboratorios; se efectuaron testeos masivos, y diagnósticos tempranos, para atacar y disminuir la letalidad de la pandemia.
Se adquirieron un total de 5.2 millones de dosis de la Sputnik V y cinco millones de dosis del fármaco de AstraZeneca-Oxford y se gestionaron 5.1 millones de dosis de otros inmunizadores, a través del mecanismo Covax.
Los primeros días de febrero, la autoridad sanitaria completó el envío de las dosis de la Sputnik V a los nueve departamentos para vacunar al personal de salud, administrando 20.000 dosis hasta el momento.
También, para estos días, se espera el arribo de alrededor de un millón de dosis de vacunas de AstraZeneca-Oxford (900.000) y Pfizer-Biontech (92.430), y 500.000 dosis de la vacuna producida por la biofarmacéutica china Sinopharm para reforzar la vacunación masiva.
A esta situación de pandemia, debemos sumar los esfuerzos que el gobierno viene realizando para abordar las consecuencias de las inundaciones que sacuden a 74 municipios y que, hasta la fecha han ocasionado 8 muertes y pérdidas materiales, por lo cual el presidente Luis Arce ha decretado la alerta roja hidrológica en las cuencas de los ríos Mamoré, Isiboro, y la alerta naranja en los departamentos de Ben, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
Como no podía ser de otra manera, la oposición fascista y los sectores económicos que la acompañan en su pretensión de volver al régimen despótico neoliberal, despliegan su campaña de sabotaje y manipulación hacia la opinión pública, tratando de sacar beneficios electorales en los próximos comisión sub-nacionales.
Para fortalecer la gestión de gobierno y atajar las maniobras de los especuladores, la Asamblea Plurinacional está debatiendo la promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria que plantea cinco ejes, para atender la segunda ola de la pandemia del Covid-19; entre ellos, establece la conformación de un Consejo Nacional Estratégico, para emergencias sanitarias, políticas de inmunización, control de medicamentos, registros y servicios de salud, contrataciones y despachos aduaneros, además de un régimen sancionatorio para enfrentar las actitudes irresponsables y delictivas de quienes pretendan medrar con la salud del pueblo.
“No podemos abandonar a la población y esta ley busca facilitar el acceso a la salud ante la pandemia. Es una ley especial que va a durar por un tiempo determinado. Están polemizando porque estamos en tiempos electorales”, explicaba el diputado Renán Cabezas del Movimiento Al Socialismo (MAS), al tiempo que la senadora de Oruro Laura Luján manifestaba que, gracias a la norma, se regularizarán los precios de los medicamentos, se podrán contratar a más médicos especialistas y se evitarán los abusos por parte de algunas clínicas privadas.
La ley como garantía para el acceso a la salud y para la reparación de las injusticias ocasionadas por el golpe de estado.
Bajo esa premisa, el parlamento aprobó la “Concesión de Amnistía e Indulto por razones humanitarias y perseguidos políticos” que fuera enviado por el Ejecutivo de Luis Arce al Parlamento, ocasionando, como era de esperar, la lógica protesta de quienes apoyaron el golpe de estado, las masacres y el saqueo del país.
Al concluir el debate, los representantes de la oposición, en desacuerdo con la norma, comenzaron a gritarle, sin ningún rubor, a la bancada oficialista, “dictadores”, “democracia sí, dictadura no” y “debate es democracia”.
Al terminar la sesión, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, informó a la prensa que, “la amnistía que beneficiará a quienes fueron víctimas de «persecución política desde octubre de 2019 hasta octubre de 2020”.
Por otro lado, cabe destacar que, en la justicia se libra una batalla importantísima para el sostenimiento de la democracia.
La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, lleva adelante acciones contra la expresidenta Jeanine Áñez por considerarla como la principal responsable de las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), en noviembre de 2019, por haber firmado el decreto que eximió de responsabilidad penal, a los militares para “restablecer el orden”.
En dialogo con los medios expresó “No podemos quedarnos solamente con un proceso judicial contra un general (Luis Fernando Valverde Ferrufino). ¿Uno solo? ¡Participaron más! No podemos quedarnos con una imputación contra (Luis Fernando) López y (Arturo) Murillo (exministros de Defensa y Gobierno) porque hubo una presidenta, que les ordenó a ellos, y esa presidenta, transitoria o no transitoria, constitucional o no constitucional, ella firma el decreto donde se señala las intervenciones policiales y militares con una suerte de manto de impunidad para los militares con una teoría de defensa de situación de legítima defensa. Una analogía a los decretos que sacaba (Jorge Rafael) Videla en la época de la dictadura de Argentina”
En medio de un proceso, en donde “lo viejo y tristemente conocido” se resiste a morir, la esperanza, la solidaridad y el compromiso con el futuro se abre paso.
El Ministerio de Hidrocarburos y Energías acaba de informar que en los próximos meses entrarán en funcionamiento, tres parques eólicos y tres sistemas de ciclos combinados en plantas termoeléctricas.
Esto, aumentará la capacidad de producción de electricidad a más de 3.500 megavatios (MW) posibilitándole a Bolivia, exportar energía al mercado internacional.
También como parte de la diversificación energética, Bolivia acaba de inaugurar la planta solar fotovoltaica, considerada la más alta del mundo, con una capacidad de producir 100 megavatios al sistema nacional.
 
Situada en la población altiplánica de Ancotanga, en el departamento de Oruro, a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar, posee "más de 300.000 paneles fotovoltaicos emplazados en 214 hectáreas".
La obra fue ejecutada por la estatal Empresa Nacional de Electricidad Bolivia (ENDE) con recursos estatales, un crédito de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) de más de US$ 68,6 millones y otros casi 14 millones donados por la Unión Europea (UE).
Todos estos logros se complementan con la decisión política del presidente Arce de implementar el Impuesto a las Grandes Fortunas para que contribuya a la redistribución de la riqueza, dentro del Modelo Económico Social Comunitario Productivo.
El año pasado, el gobierno puso en vigencia la Ley 1357 de Impuesto a las Grandes Fortunas, que fija porcentajes graduales para el pago de la alícuota: 1,4% para personas con riquezas de 30 millones a 40 millones de bolivianos (de 4,3 a 5,7 millones de dólares); 1,9% de 40 millones a 50 millones (de 5,7 millones a 7,2 millones de dólares) y 2,4% para fortunas mayores.
En 100 días, el gobierno popular del presidente Arce ejecutó medidas económicas como el pago del Bono Contra el Hambre, la reprogramación y refinanciamiento de créditos, la creación de créditos al 0,5 por ciento de interés, y el Impuesto a las Grandes Fortunas, se puso a la cabeza en la lucha contra la pandemia, avanzo sobre la impunidad y consolidó la soberanía nacional frente a los gringos y los israelitas en el tema de las visas, estrecho lazos con las potencias y países de la región y afianzó la democracia posibilitando un proceso electoral, salvaguardando la vida de los participantes.
Para muchos políticos, la adversidad es un problema, para otros un desafío
 
 
 
 
 
LOS PRIMEROS TRES MESES DEL GOBIERNO PROSOCIALISTA DE BOLIVIA
 
Counter Pounch de Canadá (https://bit.ly/3dsG9Xu)
 
El Movimiento al Socialismo (MAS), de base comunitaria e indígena, retomó el poder con una victoria aplastante en las elecciones del 18 de octubre de 2020, expulsando así al gobierno derechista apoyado por Estados Unidos (1). Este artículo resume algunos de los acontecimientos que han tenido lugar en los tres primeros meses de gobierno.
Luis Arce, quien fuera ministro de economía y finanzas públicas en la presidencia de Evo Morales (2006-2019), y David Choquehuanca, ministro de exterior de Morales, ganaron la presidencia y vicepresidencia con un 55% de los votos (3,4 millones). El candidato opositor que le siguió en número de votos fue el antiguo presidente conservador Carlos Mesa (2003-2005), con el 28%, seguido del golpista de extrema derecha Luis Fernando Camacho, con el 14%. Jeannie Áñez, que asumió ilegalmente la presidencia de la nación tras el golpe, abandonó la campaña cuando las encuestas le pronosticaban un posible 8% de votos.
El MAS recuperó asimismo el control de ambas cámaras parlamentarias, 75 de 130 escaños en la Cámara de Diputados y 21 de 36 escaños en el Senado (que ahora cuenta con una mayoría de mujeres). No obstante, no alcanzó la mayoría de dos tercios que tenía durante el mandato de Morales.
Áñez, senadora derechista, asumió el liderato del golpe cuando los generales amenazaron con relevar a Morales por medio de la fuerza, en noviembre de 2019. Este marchó al exilio (primero a México, luego a Argentina) con el fin de evitar un masivo derramamiento de sangre como preveía que podía ocurrir de quedarse en Bolivia.
Pocos días después del golpe de Estado, varios seguidores de Morales fueron asesinados a tiros por el ejército y fuego artillero desde helicópteros. Al menos tres docenas de activistas que protestaban por el golpe, la mayor parte indígenas, fueron asesinados durante el año que duró la dictadura.
Evo regresó a su país el día después de la formación del nuevo gobierno, el 8 de noviembre. Ante sus seguidores del estado de Cochabamba, proclamó: “Las transnacionales no nos perdonan haber nacionalizado nuestros recursos naturales […] Estados Unidos respaldó el golpe a causa del litio”.
Morales recuperó la presidencia del MAS pero no forma parte del nuevo gobierno.
Juicio a los golpistas
El gobierno de Jeannine Áñez estuvo marcado por agresiones autoritarias y ofensas continuadas a los pueblos indígenas de Bolivia. Afirmó que los rituales aimaras eran “satánicos”, lo que sirvió de pretexto a los racistas para empezar a quemar whiphalas (la bandera cuadrangular andina) y para que algunos militares y policías asesinaran a docenas de manifestantes indígenas.
Diez días después de la victoria electoral del MAS, la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron un informe final sobre las “masacres de Senkata y Sacaba”. El informe recomendaba procesar a Áñez por genocidio y proponía presentar cargos contra 11 de sus ministros. La presidenta del Senado, Eva Copa, especificó que el informe debería llegar a manos de los fiscales para el inicio de los procedimientos penales.
Diversos golpistas, entre los que se encuentran algunos ministros y altos mandos militares que desempeñaron un papel clave, han sido detenidos temporalmente y se les ha prohibido salir del país mientras el nuevo fiscal anticorrupción, Luis Atanasio, prepara los cargos contra ellos. El proceso acaba de iniciarse y ha sido pospuesto en gran medida a causa de la pandemia de coronavirus.
Nueva orientación del gobierno
Se espera que Bolivia vuelva a defender muchos de los programas que hicieron a Evo Morales el líder más querido en la historia boliviana. Según el Consejo de Asuntos Hemisféricos, Morales puso fin a los 500 años de conquista y colonización.
Morales, junto con su vicepresidente Álvaro García Linares y con Arce como ministro de economía, acabó con el sistema de apartheid contra los pueblos indígenas bolivianos de 500 años. Ellos consiguieron hacer de Bolivia la economía de más rápido crecimiento en América Latina, con un índice de crecimiento medio anual del 4,6%; quintuplicaron el salario mínimo (de unos 57 dólares al mes a 287); redujeron la pobreza extrema del 38% al 17% de la población; acabaron prácticamente con el analfabetismo y elevaron la esperanza de vida de 64 a 71 años.
El gobierno de Obama interrumpió las relaciones diplomáticas tras asumir la presidencia en 2008. Morales respondió expulsando del país a la DEA (Administración para el Control de Drogas) y la USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), a las que acusaba de “intentar conspirar contra el pueblo boliviano y su gobierno”.
El golpe de Estado ha dejado al pueblo boliviano con una deuda externa e interna de 4.900 millones de dólares. El Banco Mundial prevé que el gobierno dictatorial (caracterizado por una política económica regresiva y reducción de impuestos a los ricos) y la pandemia de coronavirus provoquen una contracción económica del 6% para 2021.
Luis Arce nació en el seno de una familia de clase media de profesores y se graduó en ciencias económicas en la universidad. No es de procedencia indígena y se le considera un marxista moderado. En una entrevista concedida a Reuters en octubre de 2020, Arce declaraba: “He tenido mis propias ideas desde que comencé a leer a Karl Marx a los catorce años. Desde entonces no he cambiado mi postura ideológica y no voy a cambiarla por nada”. A la sombra de Evo, el nuevo presidente boliviano Luis Arce promete un socialismo moderado.
El presupuesto económico de Morales-Arce incluía bonos para las mujeres embarazadas, los escolares y los ancianos, así como grandes inversiones para industrializar el gas natural y el litio necesitado para las baterías y la física nuclear. Ya como presidente, Arce ha restituido un nuevo “bono contra el hambre”, que ayudará a más de cuatro millones de personas. Sus beneficiarios son aquellas personas mayores de 18 años que no reciben dinero de instituciones públicas o privadas, que tienen discapacidades, que son madres y a aquellas con el bono universal.
Asimismo, Arce ha prometido no recortar el gasto público, aunque reconoce que será necesario aplicar algunas medidas de austeridad. Declaró también que “el proceso de cambio [se recuperará] sin odio y aprendiendo y superando nuestros errores como MAS”.
La mitad de los ingresos del país todavía proceden del gas natural y el petróleo y después de la producción agrícola. Arce quiere diversificar la economía. Ha paralizado la exportación de alimentos para asegurar una suficiente distribución interna. Asimismo, ha fijado la tasa de cambio para frenar la inflación.
El vicepresidente David Choquehuanca, líder de la Confederación Sindical Única de Campesinos de Bolivia y del Movimiento Campesino Indígena, nació en 1961 en una comunidad aimara de La Paz. El antiguo ministro de exteriores aprendió español a la edad de siete años. Durante sus años en el gabinete de Morales asumió la secretaría general del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, la organización de cooperación que agrupa a ocho estados latinoamericanos) a la que ha regresado Bolivia tras su retirada de la misma por Áñez. El Estado también ha retomado las relaciones diplomáticas y fraternales con los gobiernos izquierdistas de Irán, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Áñez también expulsó del país a 700 médicos y trabajadores sanitarios cubamos.
La mitad de la población boliviana es indígena (algunas fuentes hablan incluso de un porcentaje mayor). Al inicio de la presidencia de Morales se creó una nueva constitución con participación de las organizaciones de base. En ella se reconocen 36 pueblos indígenas y se da carácter oficial a la lengua de tres de ellos, además de al español. Los quechua constituyen la mitad de la población indígena, y los aimara el 41%. Sin embargo, de los 17 ministros solo uno es indígena y cuatro son mujeres. Sabina Orellana, una activista sindical quechua es la nueva ministra de cultura, descolonización y despatriarcalización.
Diez días después de asumir la presidencia, Arce destituyó a los militares derechistas leales a los golpistas y a Estados Unidos y los reemplazó con oficiales supuestamente leales al pueblo y a la constitución.
El covid-19 impide la plena recuperación
Los grandes medios de comunicación occidentales han ignorado la mayor parte de lo que ha acontecido en Bolivia desde la elección, aparte de dar cierta cobertura a las noticias del coronavirus y de las inundaciones que sufrió el país en enero. Estos medios han relacionado a Bolivia con Rusia porque le está suministrando su vacuna Sputnik V, de bajo coste, como a otros 50 países.
La prestigiosa revista médica The Lancet acaba de publicar que la Sputnik V es eficaz contra el 91,6% de los casos sintomáticos de covid-19. El gobierno boliviano también ha encargado vacunas de producción occidental, como la de Astra Zeneca, que cuesta tres veces más que la rusa y no es tan eficaz contra la cepa sudafricana del virus.
A comienzos de febrero, 218.000 personas habían resultado positivas en las pruebas. La población ronda los 11,5 millones y unas 50 personas mueren diariamente. La propia hermana de Evo Morales, Ester, ha muerto por el virus a los 70 años.
A pesar de temer un colapso económico, Arce no ha cerrado tantos negocios como mucha gente desearía. Los trabajadores de la salud están contrariados, los hospitales a punto de la saturación. En la región de Santa Cruz, la más conservadora, los trabajadores sanitarios llevaron a cabo una huelga parcial de 24 horas (el 2 de febrero) con el fin de exigir un mayor confinamiento de la sociedad para evitar una mayor expansión del virus y de sus mutaciones.
Además, muchas personas desean que se retrasen las elecciones municipales y regionales previstas para el 7 de marzo. El gobierno tiene la intención de mantener la fecha a pesar de los temores al aumento de infecciones.
Nota: El Movimiento al Socialismo (MAS) fue fundado por Evo Morales en 1998 como consecuencia de las luchas de los agricultores cocaleros por mantener la tradición indígena de mascar las hojas de coca (nada que ver con la cocaína), un estimulante muy utilizado especialmente por los chóferes. Los objetivos de la lucha del MAS incluyen el derecho al libre acceso al agua y el abandono de la competitividad extremadamente codiciosa del capitalismo. El comunitarismo aspira a la toma de decisiones colectiva y a una economía cooperativa, que conecte al individuo con la comunidad y rechace las políticas del laissez-faire. Algunos denominan a esta forma de sociedad visionaria “socialismo utópico”, o “socialismo del siglo XXI”. La intención es evitar las revoluciones violentas de los siglos XVIII, XIX y XX. El gobierno de la clase obrera se reemplazaría por el gobierno de todos los ciudadanos dejando fuera al gobierno del capital o de las corporaciones. La forma preferida para la elección de líderes es la votación directa en las asambleas, aunque estos líderes no lo serían de forma permanente. El comunitarismo es un vástago del movimiento de liberación panhispánico liderado por el ejército venezolano y su líder político, el general Simón Bolívar (1783-1830). Las insurrecciones acabaron con el gobierno colonial español en Venezuela, Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. La Gran Colombia fue creada en 1821 bajo la presidencia de Bolívar. La federación incluía gran parte de lo que hoy día son Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador.
 
 
 
 
 
AMÉRICA LATINA: LA IZQUIERDA SE REIMPULSA
 
Radio Reloj de Cuba (https://bit.ly/3kafKPF)
 
Poco a poco y sin mucha bulla, la izquierda parece recuperar espacios políticos en Latinoamérica. Las primeras señales llegaron desde México, donde a fines de 2018 triunfó Andrés Manuel López Obrador, líder del Movimiento de Renovación Nacional.
Un calendario después llegaría la victoria en Argentina de Alberto Fernádez, quien puso fin a cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, quien dejó un país desangrado y dependiente económicamente.
Y en octubre último, regresó al poder en Bolivia el Movimiento Al Socialismo con Luís Arce, que trae estabilidad luego de doce convulsos meses tras el golpe contra Evo Morales que puso en el poder a Jeanine Áñez.
Ahora, en Ecuador, el 11 de abril, Andrés Arauz tendrá la oportunidad de hacer regresar al correismo al Palacio de Carondelet, sede del gobierno ecuatoriano.
Lo nuevo y lo viejo
El eje conservador latinoamericano, que integran Brasil, Colombia y Chile, sigue siendo un baluarte del neoliberalismo más crudo.
Sin embargo, el espacio que mantiene el Partido de los Trabajadores, y en particular la redención política de Lula Da Silva, abren una posibilidad en las elecciones del año próximo, en las que Fernando Jadad volverá a ser el portaestandarte de la izquierda brasileña.
La emergencia de nuevos líderes, respaldados por figuras históricas como el propio Lula, Evo, Correa o Cristina, permiten renovar el discurso de la izquierda regional, sin renunciar a la bandera de la justicia social.
Visto el panorama político actual y mirando un poco más allá, hay esperanzas ciertas de que el progresismo regrese con fuerza a Latinoamérica, donde la izquierda parece volver a reimpulsarse.
 
 
 
 
 
¿RESURGIRÁN LOS CONFLICTOS CUANDO PASE LA PANDEMIA?
 
El Universo de México (https://bit.ly/37qZtAU)
 
Hacia fines de 2019 los jóvenes chilenos tomaron las calles durante varios días y la disputaron con vehemencia, pese a la fuerte represión de los carabineros. En diferentes países de la región se recrudecían protestas sociales que pese a estar enmarcadas en reivindicaciones específicas, compartían un profundo descontento con el orden de las cosas. En su mayoría estaban impulsadas por sectores sociales no tradicionales: los jóvenes de sectores populares y medios urbanos en Chile, o el movimiento indígena en Ecuador.
En Chile, el motivo de las reivindicaciones era el hartazgo con el injusto sistema económico mantenido desde el pinochetismo y con un modelo societal estructurado en torno a la mercantilización de todas las prestaciones sociales. En Ecuador la protesta se articuló en contra del plan de ajuste del gobierno de Lenin Moreno a instancias de una negociación de créditos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Esos dos estallidos no fueron los únicos. En Perú se registraron protestas contra un sistema político –especialmente el poder legislativo– corrupto, con vetos mutuos y al servicio de los intereses de la clase política. En Argentina organizaciones de desempleados y trabajadores precarizados protestaron contra el gobierno de Macri por la profundización de su, ya de por sí, desfavorable situación económica. Emergían conflictos también en Colombia a raíz de los Acuerdos de Paz, y en Bolivia por el fallido proceso electoral y la salida del país de Evo Morales.
El hartazgo de la sociedad latinoamericana
Más allá de las diferencias, lo cierto es que todos esos conflictos tenían características comunes. Desde protestas contra el statu quo o rechazo a matrices sociales muy desiguales, al odio hacia los negociados y enriquecimientos de las élites, y el aislamiento de las mismas con respecto a la sociedad. Los manifestantes también guardaban ciertas características comunes: jóvenes pertenecientes a sectores medios y populares excluidos de la economía formal y sujetos de la represión continua de las fuerzas de seguridad.
Más allá de los problemas cíclicos y estructurales en la región –crisis económica, desempleo, informalidad, pobreza, exclusión– los diferentes conflictos apelaban a todas esas cuestiones, pero no se detenían en ninguna. Todo se resumía en una manifestación de hartazgo con el funcionamiento de la vida social. El problema era el sistema tal cual estaba instituido. No una de sus partes sino el conjunto.
El aislamiento sanitario derivado de la pandemia puso entre paréntesis las razones de la protesta social, pero no las sofocó. Pese a que la racionalidad occidental nos lleva a tener siempre plazos definidos, la pandemia sigue y no se sabe cómo continuará. Esta falta de certeza ha generado que, aún cuando la Covid-19 no ha sido extinguida, la gente ha vuelto a salir a las calles.
Las protestas se han retomado donde se habían quedado y, desde finales de 2020, ciudades y espacios públicos de varios países de la región volvieron a escenificar la expresión del descontento. Expresión cubierta de altas dosis de furia, odio y, por ende, violencia. Con ese nuevo emerger de la protesta social florece también la represión y la muerte. Como ejemplo, el reciente asesinato del malabarista en Chile.
Descontento que ni la pandemia ha logrado opacar
A lo largo de 2019 se sucedieron algunos acontecimientos relacionados con las protestas previas que operaron como amortiguadores del potencial disruptivo y antisistema de la acción colectiva. Eventos que surgieron como respuesta a los conflictos previos a la pandemia.
En Chile, el llamado a votar una asamblea constituyente para reformar la constitución heredada del pinochetismo calmó a los grupos que protagonizaban el conflicto. Tal es así que la votación de la convocatoria constituyente, ampliamente aceptada, fue leída por parte de los manifestantes como un bálsamo para diluir la protesta. Sin embargo, pese al apoyo a la constituyente, estos grupos se mostraban absolutamente escépticos a que esa nueva Constitución modifique el status quo.
En Ecuador, la protesta de octubre de 2019 implicó la marcha atrás del programa de ajuste de Lenin Moreno y la inminencia de las elecciones de febrero de 2021 generó una expectativa real de cambio político. En Argentina, la pandemia comenzó con el retorno de un gobierno peronista y las expectativas de cambio, sumadas a una convocatoria a la “paciencia social” derivada del contexto sanitario.
En Perú el cambio de gobierno impulsado por el Congreso despertó el rechazo violento de parte de la ciudadanía, al punto de provocar la renuncia del mandatario puesto por el parlamento. El éxito de la protesta, en tanto pulseada con el poder parlamentario, y la nominación más consensuada de un nuevo presidente, calmaron los ánimos. Y en Bolivia, el triunfo aplastante del MAS volteó cualquier movimiento de los sectores más reaccionarios y despertó expectativas de cambio en el país, simbolizados con el retorno de Evo Morales de su exilio.
El panorama político de la región, convulsionado por fuertes y violentas protestas antes de la pandemia, parece que ha recuperado cierta calma por la irrupción de la crisis del coronavirus. Sin embargo, si entendemos las movilizaciones como un rechazo a las estructuras y resultados sociales de las instituciones económicas y políticas vigentes, es difícil pensar que las protestas no volverán a repetirse.
Los eventos que calmaron las aguas no serán suficientes para garantizar el orden si no se modifica el entramado económico e institucional que reproduce sociedades con fuertes bolsones de pobreza y exclusión. 
 
 
 
 
 
ELECCIONES EN PANDEMIA: CÓMO FUE EL PROTOCOLO PARA QUE PUDIERAN VOTAR EN OCTUBRE LOS RESIDENTES BOLIVIANOS
 
La Nación de Argentina (https://bit.ly/3awr45A)
 
"No están dadas las condiciones sanitarias para votar en agosto", sostuvo ayer el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. Se sumó a las voces -en su mayoría oficialistas- que señalan que se debería cambiar la fecha o eliminar las PASO.
Los dichos del titular de la cartera sanitaria llegan pese a que en la Argentina los residentes bolivianos pudieron votar en las elecciones presidenciales a fines de octubre de 2020, en uno de los peores momentos epidemiológicos de la pandemia en el país.
Trascendidas sus declaraciones, LA NACION intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con el ministerio de Salud en busca de explicaciones y más detalles. Desde la cartera sanitaria se excusaron de responder por estar "en un viaje en Entre Ríos".
Elecciones en pandemia
Tres días antes de los comicios bolivianos, se publicó la Decisión Administrativa 1856/2020que llevó la firma del ministro de Salud de la Nación, Ginés Gonzáles García, y del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. En el documento se aprobaron "las recomendaciones para la celebración de elecciones de autoridades de países extranjeros en territorio argentino en el marco de Covid-19".
A fin de celebrar los comicios, la medida del Gobierno amplió la lista de excepciones a las restricciones que en ese entonces existían para adecuarse a la realización de los comicios bolivianos. Además, el Gobierno destacó que podrían adoptarse medidas sanitarias complementarias "para garantizar las condiciones de higiene del acto eleccionario".
El 18 de octubre de 2020, más de 140 mil bolivianos residentes en la Argentina acudieron a las urnas para elegir un nuevo presidente. La conformación de recintos electorales dependió -según un comunicado del estado boliviano- de las autoridades de los distritos municipales, provinciales o comunales en los que se tiene previsto instalar las mesas electorales.
Un mes antes de las elecciones bolivianas, el ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia destacó a través de un comunicado que, en el marco de la cooperación interinstitucional entre sus autoridades estatales y estados internacionales, se había conseguido la autorización para llevar adelante la elección presidencial en el territorio argentino y otros 24 estados.
Este medio se comunicó con autoridades del ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia para conocer cuáles fueron los requisitos que condujeron a la autorización para llevar adelante la elección. Por el momento no se obtuvo respuesta alguna.
Cómo se vivió la elección
En los comicios en los que finalmente resultó electo el socialista Luis Arce, quien contó con el apoyo del exmandatario Evo Morales, se vio "aglomeración de votantes, sobre todo por la mañana".
El dato se desprende de un informe realizado por la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), que estuvo presente como veedora en las elecciones que renovaron autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia.
Según datos revelados por Defensoría del Pueblo, la Argentina cuenta con la mayor cantidad de bolivianos empadronados para votar en el extranjero. En total, la cantidad de electores supera los 161 mil, quienes se encuentran distribuidos en 17 provincias pero ubicados mayoritariamente en el área metropolitana, donde reside el 75%.
Según ADPRA, la gran mayoría de los electores tuvo que hacer cola para emitir su voto y se registró el incumplimiento del distanciamiento social hasta que se logró la reorganización de el acceso según la disponibilidad de las mesas.
En este contexto, el 97% de los votantes respetó el uso de barbijo o tapabocas mientras hacían cumplimiento de sus deberes cívicos. Se instalaron recintos electorales en distintos puntos del país, entre ellos, en la ciudad de Buenos Aires, y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Jujuy, Salta, Santa Fe y Chubut.
"La ayuda brindada por los agentes sanitarios del Ministerio de Salud de la Nación en el exterior de los recintos facilitó el cumplimiento de la distancia obligatoria de 1.5 metros, así como para la provisión de alcohol en gel y barbijos a los/as electores/as antes de que ingresaran al recinto", destacaron desde Defensoría del Pueblo en relación a los comicios en el informe.
Para la ejecución óptima de los comicios, el gobierno de Alberto Fernández aprobó un protocolo de medidas para autorizar los desplazamientos de las personas pertenecientes a organismos que desarrollasen tareas en el país por la elección presidencial de Bolivia.
 
 
 
 
 
CORTE ACOGE RECURSOS DE AMPARO Y DEJA SIN EFECTO LA EXPULSIÓN DEL PAÍS DE CIUDADANOS VENEZOLANOS
 
Tele Trece de Chile (https://bit.ly/3k40TGj)
 
La Corte de Apelaciones de Iquique acogió cinco recursos de amparo presentados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Clínica Jurídica de Atención a Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado y abogados particulares en representación de ciudadanos venezolanos que ingresaron al país por pasos no habilitados y ordenó dejar sin efecto las órdenes de expulsión del territorio nacional, decretadas por el gobierno.
El tribunal de alzada estableció que la acción emprendida por el Ministerio del Interior, luego de los hechos ocurridos en Colchane, carecían de fundamento legal.
"La medida reclamada no estuvo antecedida de un procedimiento en que los amparados hubieren podido controvertir el ingreso atribuido, ejercer su derecho de defensa ni exponer los antecedentes que estimare procedentes ante la pretensión de expulsión, transgrediéndose con ello su garantía relativa a la existencia de un procedimiento legalmente tramitado, racional y justo que anteceda a la dictación de la medida reclamada”, dice el fallo.
“La Intendencia Regional de Tarapacá dispuso la expulsión de los amparados, sin que haya sido concluida alguna investigación en su contra y mucho menos se hubiera dictado alguna sentencia con relación al ingreso clandestino al país, sino valiéndose tan solo de sus actuaciones administrativas carentes de fundamento y vulneratorias del derecho a la defensa constitucionalmente protegida”, agrega.
Tal como alegaban desde el INDH y los demás representantes de migrantes, la acción de la intendencia es una violación a la garantía constitucional, según el tribunal de alzada, que además declaró que no hubo presentación de pruebas de los hechos que se le imputan a los migrantes.
“Por otro lado, el hecho que la autoridad competente hubiera formulado la correspondiente denuncia por el ingreso ilegal, para inmediatamente desistirse de ella, lleva a que se extinga la acción penal hecha valer, de suerte que para decretar posteriormente la expulsión del país de los amparados por medio del respectivos decretos que ha dictado, necesita de una carga argumentativa superior a la meramente formal, como aquella que aparece en las resoluciones atacadas, que se fundan únicamente en las disposiciones legales y reglamentarias que cita, así como en la circunstancia no controvertida del ingreso de los amparados al territorio nacional por un paso no habilitado", explica la sentencia.
"La orden de expulsión sólo se basa en una mera afirmación de autoridad, omitiendo la debida fundamentación fáctica de acuerdo con los estándares establecidos en el artículo 11 de la Ley 19.880, como también en su artículo 41 inciso 4°, puesto que las actuaciones de los organismos del Estado deben estar enmarcadas en la Constitución Política y en las leyes, y en tal sentido, las actuaciones administrativas de índole sancionatoria, requieren una especial sujeción al principio de legalidad", añade.