La defensora del Pueblo, Eliana Revollar, dijo a Canal
N que entre las víctimas hay una menor de 17 años y lamentó que la movilización
de este lunes en Juliaca "se haya tornado muy violenta". En este
sentido, mencionó que los manifestantes usan "armamento casero" y los
exhortó a actuar de forma pacífica sin "estos niveles de violencia".
"La solución a este problema es política. Por eso
nuestro llamado al Congreso y al Gobierno para que encuentren una salida
real", concluyó. Por su parte, el director de la Dirección Regional de
Salud (Diresa) en Puno, Ismael Cornejo, explicó al mismo medio que el primer
fallecido de este lunes murió por una herida de bala en la cabeza y el segundo
por una herida de bala en el pulmón, que le destrozó ese órgano. Agregó que la
población denunció el sobrevuelo de helicópteros, a baja altura, para lanzar
bombas lacrimógenas y disparos a los manifestantes.
Además de las personas muertas en los choques directos
con las fuerzas del orden, la Defensoría reportó un deceso por "hechos
vinculados al bloqueo de vías" en el distrito de Chucuito, también en
Puno. Se trata de un bebé de 35 semanas que falleció en la ambulancia que lo
trasladaba a un hospital regional, donde había sido derivado a un especialista
al presentar insuficiencia respiratoria y sepsis.
Hasta el momento, la presidenta Boluarte no se ha
pronunciado sobre las 17 muertes de este martes, con las que ya suman 46 las
personas que perdieron la vida en un mes con ella en el cargo. De este total,
36 de murieron en enfrentamientos y otras 7 "por accidente de tránsito y
hechos vinculados al bloqueo" de vías, según la Defensoría.
Boluarte señala a "la izquierda radical"
Horas antes de que se confirmasen los fallecidos, la
mandataria declaró que los sectores de extrema izquierda que apoyaron al
destituido expresidente Pedro Castillo en el fallido golpe de Estado están
ahora pidiendo una serie de demandas que sólo son "pretexto para seguir
generando el caos en las ciudades".
La jefa de Estado afirmó que la "izquierda
radical ya cambió de mensaje", después de reclamar inicialmente la
liberación de Castillo en las manifestaciones de protesta, y que "ahora
están diciendo" que ella se quiere "quedar hasta el 2026". Sin
embargo, Boluarte recordó que ya pidió al Congreso el "adelanto de
elecciones" para el 2024 y el Parlamento lo ha aprobado en su primera
votación requerida, por lo que debe ser ratificado en una segunda ronda.
Además, señaló que estos líderes de "izquierda
radical" están pidiendo la convocatoria a una asamblea constituyente, el
cierre del Parlamento y la libertad de Castillo, temas que no están en sus
manos, pues "el que quiso cerrar el Congreso ahora está preso".
"Les están engañando, les están mintiendo, no está en mis manos. (...) Si
quieren ganar las próximas elecciones, no mientan, no engañen, tengan la
valentía de decir la verdad", expresó Boluarte durante la instalación de
una sesión del acuerdo nacional, que agrupa a los representantes de los poderes
del Estado, fuerzas políticas y gobernadores regionales en el Palacio de Gobierno.
Después de una tregua por Navidad, las protestas en el
sur del país, donde están Cuzco, Puno y Apurímac, se han reanudado desde el
miércoles pasado y algunas regiones anuncian paros indefinidos y
movilizaciones, lo que ha generado cierre de terminales y transporte dado que
los mayores enfrentamientos con la Policía se han registrado en las
inmediaciones de estos lugares.
Gobierno denuncia un ataque al Estado de Derecho
Poco después, el primer ministro, Alberto Otárola,
denunció que hay en marcha un "ataque organizado hacia el estado de
derecho y a las instituciones" y un "golpe de Estado", del que
ha responsabilizado a los manifestantes. En una declaración sin preguntas,
Otárola afirmó que los enfrentamientos ocurridos en Juliaca fueron "un
ataque organizado, sistemático de vandalismo y de organizaciones violentas
hacia el estado de derecho y las instituciones" de la sureña región de
Puno.
"Como si estuvieran en un escenario de guerra,
han tratado de tomar el aeropuerto", manifestó tras aseverar que la
responsabilidad es de "quienes quieren dar un golpe de Estado".
Agregó que está acción movilizó a alrededor de 9.000 personas en Juliaca y que
unas 2.000 "iniciaron un ataque sin cuartel contra la Policía (...)
generando una situación extrema".
Otárola anunció que en las próximas horas el Gobierno
de Dina Boluarte anunciará "medidas importantes sobre la seguridad
pública" y exhortó a la Fiscalía de la Nación (general) a investigar los
enfrentamientos, que también dejaron 75 policías heridos, "muchos de ellos
en estado de gravedad".
El expresidente de Bolivia se pronunció tras la
disposición de negarle el ingreso al país, por presuntamente haber realizado
actividades proselitistas a favor de las violentas manifestaciones
Panamericana Tv de Perú (https://bit.ly/3W0Haca)
A través de sus redes sociales oficiales, el
expresidente de Bolivia, Evo Morales se refirió acerca del impedimento de
ingreso al país, dictado por el Gobierno de la presidenta, Dina Boluarte.
“Después de expulsar al embajador de México por
defender la vida del presidente Pedro Castillo y su familia, la derecha del
Perú nos prohíbe el ingreso a ese país hermano por hablar de la Asamblea
Constituyente y pedir que paren el genocidio de nuestros hermanos indígenas”,
señaló.
Asimismo, aseguró que esta medida no sería la solución
a la crisis que se estaría viviendo en el país, instando, una vez más, a que la
revolución continúe hasta “refundar el Estado”.
“Los conflictos en Perú no se resolverán con
expulsiones, prohibiciones ni represiones. Un pueblo digno como el hermano pueblo
peruano sabe que la única solución a la crisis es la refundación del Estado
para la recuperación de los recursos naturales con tolerancia e inclusión”,
acotó.
SOBRE DINA BOLUARTE
De la misma manera, el expresidente de Bolivia, Evo
Morales, no perdió la oportunidad para dejarle un mensaje a la presidenta de la
República, Dina Boluarte, recordando la confraternidad que existía antes que
asuma su mandato.
“Lamento mucho cómo la hermana Dina Boluarte, que
antes defendía nuestro proceso de integración con dignidad, solidaridad y
hermandad, ahora nos ataca para distraer y esquivar la responsabilidad sobre
las graves violaciones de derechos humanos de nuestros hermanos peruanos”,
escribió.
EDUARDO FERRERO: “NO TENGO LA MENOR DUDA DE QUE EVO
MORALES REPRESENTA UN PELIGRO PARA EL PAÍS”
El excanciller, Eduardo Ferrero Costa, saludó que el
Ministerio del Interior, a través de Migraciones, dispuso el impedimento de
ingreso al país de Evo Morales y de otros ocho ciudadanos bolivianos.
“Ha sido una decisión acertada, es lo que se tenía que
hacer, se ha aplicado la ley peruana que señala que si una persona extranjera
atenta o puede atentar contra el orden público o el orden interno es derecho
del Estado declarar el impedimento del ingreso al territorio peruano”, explicó
en entrevista con 2023 en 24 Horas.
DIVIDIR AL PERÚ
Para el excanciller, el expresidente boliviano, Evo
Morales representa un “verdadero” peligro para el Perú ya que su único objetivo
de sus constantes visitas sería el de dividir el sur del país.
“No tengo duda que Evo Morales es un peligro para el
país, y eso viene desde hace meses y no días, desde que pretende implementar en
el país el Runasur, que pretende separar al país, ese es su objetivo del país”,
indicó.
Diario Correo de Perú (https://bit.ly/3k2zEA7)
El ejemplo de Miguel Grau es imperecedero. Iluminó e
iluminará por siempre los tramos oscuros de nuestro futuro, tramos como éstos
que vivimos y que son un nuevo reto para los patriotas. Sintámonos todos orgullosos
herederos del hombre que en las circunstancias más adversas para el Perú, como
fue la infausta Guerra del Salitre, defendió con su vida el honor nacional.
El descontento en el sur se explica por el abandono
irresponsable durante dos siglos de la grandes mayorías por parte de quienes
tuvieron el control del Estado. En este caldo de cultivo prospera hoy el
ultraizquierdismo subversivo, no ajeno al terrorismo, y que no busca justicia
de una forma racional (una modernización con justicia y oportunidades para
todos), sino exacerbar el odio de clases para entronizar una dictadura
comunista cuyos modelos signados por la pobreza y la opresión los vemos en
Venezuela o Cuba.
Grau además de un héroe militar era un insigne
demócrata, que nos recordará siempre que una nación debe ser libre de invasores
extranjeros o tiranos nativos. Acaba de insinuarse un intento de invasión
ideológica, que seguro tendrá luego otra forma, por parte del boliviano Evo
Morales. Esto es simplemente inaceptable, pero la respuesta de nuestra
Cancillería ha sido totalmente tibia.
Ha llegado a mis oídos que autoridades del gobierno
boliviano dicen que “los puneños son bolivianos honorarios”. Fue eso o algo más
grave dicho entre copas por políticos bolivianos a sus pares peruanos:
“Ustedes, por sangre y cultura, son bolivianos y deben volver al seno de la
‘patria ancestral”. ¿Qué cosa?
NORMA YARROW SOBRE EVO MORALES: «ES UN SER QUE SOLO
SIEMBRA ODIO Y DIVISIÓN ENTRE LOS PERUANOS»
Congresista manifestó que el Perú es libre y
democrático para tomar decisiones.
El Expreso de Perú (https://bit.ly/3GxITzO)
Después de que el gobierno por medio de Migraciones
indicara que se ha prohibido el ingreso de Evo Morales al Perú, la congresista
Norma Yarrow, manifestó que el expresidente boliviano es un ser que solo
siembra odio y busca una división entre los peruanos.
Asimismo, la parlamentaria de Avanza País indicó que
el único objetivo del expresidente boliviano es alterar el orden en el
territorio nacional. «Respaldamos la decisión del gobierno de impedir la
entrada a nuestro país de Evo Morales, un ser que sólo siembra odio y división
entre los peruanos de bien. Eso lo dijimos desde un inicio, pero muchos no nos
hicieron caso. El Perú es libre y democrático», indicó la legisladora.
Por otro lado, Norma Yarrow recordó que el Perú es un
país democrático y libre para tomar las mejores decisiones sin injerencias de
otras personas. Tras lo ocurrido, el exdictador Morales señaló por medio de sus
redes sociales que los conflictos sociales en el Perú no se solucionan con
prohibiciones.
Finalmente, Morales Ayma enfatizó que a pesar de las
soluciones que se busquen dar desde el Estado no lograrán romper los vínculos
de Bolivia y Perú.
EVO, A OTRO PERRO CON ESE HUESO
Correo de Perú (https://bit.ly/3vU7D0u)
Bien puesta la denuncia penal del congresista Jorge
Montoya -a la sazón almirante en retiro y exjefe del Comando Conjunto de las
FF.AA.- contra el metiche Evo Morales, el dinámico Vladimir Cerrón y Germán
Alejo por los delitos de atentado contra la seguridad nacional y traición a la
Patria, sin embargo, en esa lista ¿no debió aparecer también Guillermo Bermejo
si recordamos que fue el anfitrión del expresidente boliviano cuando regó su
virus comunista en la Casa del Maestro en 2021?
Está claro que Perú tiene que desenmascarar a este
sujeto e impedir que siga poniendo sus zapatos invasores en nuestro suelo,
pero, si no es mucho pedir, el dueño de Perú Libre y el exgobernador regional
de Puno, discípulos y patrocinadores de Morales Ayma, deben entender que con
Pedro Castillo -caimán del mismo pozo- bastó y sobró para comprobar que la
ideología extremista y parametrada en la cantaleta de la “refundación” solo
conduce a la frustración y la pobreza.
¿A quién le ha ganado Evo como para que los
susodichos, incluido Bermejo, lo tengan de maestro y guía? En Bolivia la
crítica bien escrita lo tilda de “dictadorzuelo en el ocaso”, amén de que la
gestión de su alfil Luis Arce tiene preso arbitrariamente al gobernador de
Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien acaba de cantarles su vida: “El MAS y
el masismo están viviendo su momento final. Ya no tienen proyecto de país.
Ellos mismos se denuncian de corrupción y de convivir con el narcotráfico”.
De manera que a otro perro con ese hueso de Runasur
que ha estado metiendo de contrabando por el sur de nuestra patria, apoyado por
operadores que se paseaban como Pedro por su casa. El congresista Montoya lo ha
dicho con todas sus letras: “Evo Morales es un enemigo del Perú”.
EVO MORALES NUNCA MÁS, EN HISTORIAS NUNCA CONTADAS
Evo Morales se había convertido en el principal
invitado de Pedro Castillo en el país, desde que asumió el poder.
Trome de Perú (https://bit.ly/3vPuz0D)
El plan de Evo Morales para inmiscuirse en la vida
política de nuestro país, especialmente en la región Puno, empezó el mismo día
que Pedro Castillo llegó al poder, aquel aciago 28 de julio del 2021. Por fin
ayer, el Gobierno decidió impedir su ingreso al país.
Como conté la semana pasada, reportes de la Dirección
Nacional de Inteligencia (DINI) señalaban al expresidente boliviano como uno de
los instigadores de las violentas revueltas en el sur del país, producidas en
diciembre cuando fue vacado Castillo, su íntimo amigo ideológico.
También lo sindicaban de estar detrás de los violentos
desmanes que están ocurriendo en los últimos días en Juliaca y en otras zonas
andinas, en donde vándalos tienen tomadas varias carreteras y el viernes
pretendieron asaltar el aeropuerto de esa localidad. Esas no son protestas, es vandalismo
puro y duro.
Morales había logrado tejer una red de contactos y
amigos en la región puneña. Entre ellos se encontraban el exgobernador Germán
Alejo Apaza y el actual Richard Hancco. Y también profesores universitarios y
dirigentes del Movadef, el brazo legal de Sendero Luminoso, quienes –según
fuentes de inteligencia policial– son los principales azuzadores de las
revueltas sangrientas.
Desde el primer día que Perú Libre llegó al poder, Evo
Morales se convirtió en el principal invitado de Pedro Castillo y su mentor
Vladimir Cerrón.
HOTELES CINCO ESTRELLAS Y LUJOSOS RESTAURANTES LIMEÑOS
“Evo Morales se ha convertido en el invitado VIP de
Castillo y Cerrón. Viene al país cuando se le ocurre, lo recoge un carro
oficial, viaja a provincias, dicta charlas, se hospeda en hoteles cinco
estrellas y se mete opíparos almuerzos en lujosos restaurantes limeños,
rociados con exquisitos licores”, escribí en octubre de ese año.
Morales, según me cuenta una fuente palaciega de aquel
entonces, fue quien aconsejó a Castillo realizar los famosos ‘Consejos de
Ministros descentralizados’, especialmente en las zonas andinas, para enfrentar
a los del campo con los limeños. Él hizo lo mismo cuando llegó al gobierno en
el año 2006.
“Muchos amigos que viven aquí en Lima se reían de mí
cuando les decía que lo que estaba haciendo Castillo era un calco de lo que
hizo Evo”, me narra una amiga política boliviana, quien está asilada en el Perú
y fue perseguida por Morales.
Evo recorría casi a diario sus provincias. Dictó una
norma para que todas las obras públicas fueran inauguradas solo por él. Hasta
inauguraba baños públicos.
Como dirigente cocalero, puso especial énfasis en el
Chapare, en donde se producen toneladas de cocaína. Morales, según fuentes
antidrogas estadounidenses, está vinculado con el narcotráfico.
Evo había cometido delitos y burlado nuestra
soberanía. El viernes, la conocida periodista Alicia Rojas, del diario El
Comercio, reveló que doce de sus operadores políticos ingresaron al país 27
veces, entre el 2021 y el 2022. Y en nueve oportunidades ilegalmente. A estos
también se les ha impedido el ingreso.
¡Morales nunca más! Nos vemos el otro martes.
BERMEJO A EVO MORALES: “NUESTROS PUEBLOS SERÁN
HERMANOS SIEMPRE, ASÍ LOS FASCISTAS DE HOY NOS QUIERAN DIVIDIR”
El congresista Bermejo le indicó al expresidente de
Bolivia, Evo Morales, que "los fascistas se irán" y volverá a
"ser bienvenido" en Perú.
Exito Noticias de Perú (https://bit.ly/3VZYv4Z)
El congresista Guillermo Bermejo se dirigió al
expresidente de Bolivia, Evo Morales, luego de que el Ministerio del Interior
(Mininter), a través de la Superintendencia Nacional de Migraciones, ordene el
impedimento de ingreso al país al exmandatario boliviano.
“Compañero y amigo: Nuestros pueblos serán hermanos
siempre así los fascistas de hoy nos quieran dividir. Ellos se irán y volverás
a ser bienvenido en nuestra patria”, indicó el parlamentario Bermejo.
Cabe señalar que, este lunes 09 de enero, el Mininter
a través de un comunicado informó acerca de la medida en contra de nueve
ciudadanos de nacionalidad boliviana, entre ellos el expresidente de dicho
país, Evo Morales.
“En los últimos meses, se ha identificado a ciudadanos
extranjeros, de nacionalidad boliviana, que ingresaron al país para efectuar
actividades de índole política proselitista, lo que constituye una clara
afectación a nuestra legislación migratoria, a la seguridad nacional y al orden
interno del Perú”, se lee en la misiva.
Asimismo, las autoridades del Mininter indicaron que
el ordenamiento migratorio de Perú determina que los ciudadanos extranjeros
deben de “conducirse cumpliendo el ordenamiento jurídico, en especial en lo
referido a la seguridad nacional y el orden interno”.
Además, señalaron que el Perú respeta “los derechos
humanos, así como los lazos históricos que nos unen con diversos países
sudamericanos”.
ALBERTO OTÁROLA SOBRE EVO MORALES: “ESTA PERSONA NO
VOLVERÁ A ENTRAR MÁS A NUESTRO PERÚ”
El primer ministro sostuvo que esta “es una decisión
firme y enérgica del Gobierno peruano en beneficio de la vida, la dignidad y la
integridad de todos los peruanos”.
Diario El Sol de Argentina (https://bit.ly/3CCynGs)
Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros,
se pronunció sobre el impedimento de entrada al Perú de Evo Morales y otros
ocho ciudadanos bolivianos. El jefe PCM sostuvo que esta es una “decisión firme
y enérgica del Gobierno peruano”, que busca preservar “la vida, la dignidad y
la integridad” de los ciudadanos, en medio de las protestas en el sur del país.
“En esta decisión muy firme del Gobierno peruano,
comunicamos el impedimento de ingreso de esta persona (Evo Morales) al país,
quien no volverá a entrar más a nuestro Perú salvo que se levante este
impedimento claramente establecido en las normas internas peruanas”, dijo
Otárola en encuentro con la prensa.
“Esta decisión es hasta que se modifique la situación
que amerita la aplicación de este artículo completo. Lo que se está haciendo es
aplicar la Ley de Migraciones para aquellas personas que afectan el orden
público en el Perú”, añadió.
El comunicado del Ministerio del Interior sostiene que
“el Perú es un país soberano y democrático, cuyo ordenamiento migratorio
establece que todo ciudadano extranjero en el territorio nacional tiene el
deber de conducirse cumpliendo el ordenamiento jurídico, en especial en lo
referido a la seguridad nacional y el orden interno”.
“En los últimos meses, se ha identificado a ciudadanos
extranjeros, de nacionalidad boliviana, que ingresaron al país para efectuar
actividades de índole política proselitista, lo que constituye una clara
afectación a nuestra legislación migratoria, a la seguridad nacional y al orden
interno”, dice el comunicado.
Canciller se pronuncia
En tanto, la ministra de Relaciones Exteriores, Ana
Cecilia Gervasi, sostuvo que la Cancillería no tolerará iniciativa alguna que
pueda poner en riesgo la soberanía e independencia del país, la integridad de su
territorio, la seguridad nacional y dignidad del Perú, en relación al caso de
Evo Morales.
Durante la sesión de la Comisión de Relaciones
Exteriores del Congreso que se desarrolla esta mañana, señaló también que
Runasur, foro que lidera Morales, no es una organización internacional
integrada por estados, sino que convoca a entidades o colectivos civiles, por
lo que no involucra ni al Perú ni al resto de países de la región.
“La Cancillería no tolera iniciativa alguna que pueda
poner en peligro nuestra soberanía e independencia, la integridad de nuestro
territorio, la seguridad nacional, la dignidad del país, el sistema democrático
o la plena vigencia de los derechos humanos y libertades fundamentales”, señaló
Ana Cecilia Gervasi.
Recalcó que “todo ciudadano extranjero está sometido a
las leyes de nuestro país y a la jurisdicción de las autoridades peruanas
competentes durante su estadía en territorio nacional”.
Gervasi explicó que el Estado otorga una calidad
migratoria a los extranjeros que visitan nuestro país en atención a su
situación personal o por la actividad que van a desarrollar en el territorio
nacional.
Asimismo, que el Decreto Legislativo 1350, Ley de
Migraciones, establece sanciones que incluyen la expulsión de los ciudadanos
extranjeros que incurran en conductas incompatibles con la calidad migratoria
que han recibido.
“En tal sentido, corresponde, conforme a ley, a la
Superintendencia Nacional de Migraciones conducir los procesos previstos en la
referida normativa respecto de aquellos extranjeros que incurran en dichas
conductas”, agregó la canciller.
VIVIAN OLIVOS: “SUFICIENTE TENEMOS CON LOS AZUZADORES
PERUANOS PARA TENER A EVO MORALES”
La congresista de Fuerza Popular saludó la disposición
de Migraciones de no permitir el ingreso del expresidente de Bolivia al Perú.
Exito Noticias de Perú (https://bit.ly/3GwFy4c)
La congresista Vivian Olivos (Fuerza Popular) saludó
la de decisión del Ministerio del Interior (Mininter), a través de la
Superintendencia Nacional de Migraciones, de disponer el impedimento de ingreso
al país del expresidente de Bolivia, Evo Morales. La legisladora mencionó que
el exmandatario boliviano busca “destruir” el territorio nacional y concretar
su proyecto geopolítico Runasur.
“Saludo al Mininter a través de Migraciones, dispuso
el impedimento del ingreso al país de Evo Morales y de otros 8 ciudadanos
bolivianos. Suficiente tenemos con los azuzadores peruanos para tener a Evo
Morales solo para destruir y formar Runasur”, señaló a través de su cuenta de
Twitter.
El Ministerio del Interior (Mininter) explicó que esta
decisión, dispuesta el 6 de enero, se debe a que en los últimos meses han
identificado a ciudadanos extranjeros, de nacionalidad Bolivia, que ingresaron
al país para efectuar actividades de índole política proselitista, lo cual,
según precisan, constituye una clara afectación a nuestra legislación
migratoria, a la seguridad nacional y al orden interno del Perú.
Denuncian a Evo Morales, Vladimir Cerrón y Germán
Apaza
El congresista vocero de la bancada de Renovación
Popular, Jorge Montoya, presentó el jueves pasado una denuncia penal por el
presunto delito de traición a la patria, en la modalidad de “atentado contra la
integridad nacional”, contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales; el
secretario general del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón; y el exgobernador
regional de Puno, Germán Alejo.
Evo Morales ha participado en actividades políticas a
través de diversos viajes al Perú, uno de los más recientes pocos días antes de
la crisis política generada por el golpe de Estado de Pedro Castillo.
JAIME QUITO TRAS IMPEDIMENTO DE ENTRADA AL PAÍS A EVO
MORALES: “SOLIDARIDAD CON NUESTRO HERMANO”
Legislador criticó medida impuesta por el Ejecutivo
contra exmandatario boliviano. Considera que el sur del país ha sido olvidado
por diferentes gobiernos.
Exito Noticas de Perú (https://bit.ly/3VZTp8E)
El parlamentario de la bancada de Perú Libre (PL),
Jaime Quito Sarmiento, se manifestó acerca del impedimento de entrada al país a
el exjefe de Estado de Bolivia, Evo Morales Ayma por parte de Migraciones. En
ese sentido, Quito Sarmiento criticó decisión del Gobierno de Dina Boluarte
Zegarra al prohibir a Morales Ayma a ingresar a territorio nacional en medio de
las protestas durante estos días.
De acuerdo a ello, el legislador sostuvo a través de
sus redes sociales que medida se basa en una “supuesta” injerencia a los
asuntos internos del Perú por parte del exmandatario altiplánico desde que
comenzaran las protestas después del golpe de Estado perpetrado por Pedro
Castillo Terrones.
Asimismo, indicó que, los actos que se viene
suscitando en la región sur de Perú se debe principalmente a el “olvido” de las
diferentes gestiones que estuvieron al mando del Poder Ejecutivo.
“Con el
pretexto de la supuesta injerencia de Evo Morales en el sur, la canciller del
régimen de Dina Boluarte le ha negado el ingreso al país, solidaridad con el
hermano Evo ante este nuevo ataque. El descontento del sur es por el olvido
durante años de gobiernos neoliberales”.
No podrá entrar al Perú
La Superintendencia Nacional de Migraciones
(Migraciones) informó que se ha aplicado la Ley de Migraciones – Decreto
Legislativo 1350 para restringir la entrada al Perú a nueve ciudadanos
bolivianos, en los que se halla Evo Morales Ayma.
Además, justificaron la medida al mencionar que, en
los “últimos meses”, se han constatado que diversos individuos de dicha
nacionalidad realizaron actividades “proselitistas”, lo que faculta un
alteramiento al orden interno del país.
“En los últimos meses, se han identificado a
ciudadanos extranjeros, de nacionalidad boliviana, que ingresaron al país para
efectuar actividades de índole proselitistas, lo que constituye una clara
afectación”.
EL NARCOTERRORISMO ATACA AL PERÚ
El Expresó de Perú (https://bit.ly/3GuC2an)
Mario Vargas Llosa, el Nobel que transita bajo la
sombra acosado por la prensa del glamour español -aquella que antes le engreía
pero ahora le hace feos, tras su separación de la socialité Isabel Preysler-
tiene mucho que aclarar respecto a sus quehaceres a favor, tanto de una
malhadada comisión de la verdad –que en muchos casos apoyó la anulación de
condenas a terroristas; y/o en otros la reducción de estas- como en la
construcción y financiación del museíllo de la memoria. Al final del día, el
propósito de ambas abyecciones (oportunistas y maquiavélicas) coincidían con
los objetivos de la “justicia social”, como espolón de proa, planteados y
defendidos por el genocida abimael guzmán con apoyo, directo e indirecto, de
todas las izquierdas regionales. Y particularmente, de la Comisión y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Ambas coincidían con el genocida abimael
guzmán en lo concerniente a la concepción doctrinaria de “objetivos”
humanistas. También ambas –Comisión y Corte- y las izquierdas zonales, aprobaban
la excarcelación de miles de senderistas y de emerretistas. El objeto fue
cumplido con, al menos, el silencio cómplice de Vargas Llosa y su respaldo
clarísimo a los ejecutores intelectuales -inclusive materiales- de tales
iniciativas, finalmente nocivas para la gran parte de los peruanos. Porque se
trataba de la liberación de muchos miles de terroristas, todos con alto grado
de peligrosidad, sueltos en plaza so pretexto de la fantasmagórica
“reconciliación” nacional que, como ahora está comprobado, jamás se produjo.
Es imposible e improbable que alguien -con sentido
común- considere que el postulado que acabamos de plantear sea errado. El hecho
que este país haya sido gobernado por un mayordomo de abimael guzmán –como fue
Pedro Castillo en su puesto de secretario del fenate, gremio sindical del
profesorado dependiente del movadef, la facción política de sendero luminoso-
confirma la tesis que, tras la instrumentalización de la comisión de la verdad
y construcción del “museo” de la memoria –como antes Vargas Llosa apoyó el
levantamiento de otro baldón, llamado “el ojo que llora”-, renació sendero
luminoso convertido en mecanismo narcoterrorista, al servicio político de las
izquierdas de todas las sangres y del gigantesco mundo del tráfico de todo tipo
de delitos, vinculados a grandes mafias internacionales que, precisamente,
utilizan al terrorismo como una de sus fuerzas de choque.
Una carambola de lujo que ahora opera como reloj suizo
en este lado del orbe, teniendo a Colombia y Bolivia –dos de los tres únicos
productores de hoja de coca en el planeta- hermanados, tanto ideológica (el
marxismo sudaca), como financieramente (la hoja de coca), faltándole únicamente
integrar al Perú en el mismo eje del mal. A ello se debe esta guerra soterrada
desatada por el Foro de Sao Paulo contra el Perú, tras haber perdido a su
obrero, Pedro Castillo, como encargado de este capítulo. La meta del Foro,
dirigido desde La Habana, es doblegar a los peruanos para enrumbarnos hacia el
mundo narcoterrorista, en calidad de guardaespaldas de todas las izquierdas
regionales que bregan por apropiarse del subcontinente. ¡No lo permitamos!
CONGRESO APRUEBA RETIRAR CONDECORACIÓN DE MEDALLA DE
HONOR A EVO MORALES
Con 12 votos a favor, la Comisión de Relaciones
Exteriores aprobó por mayoría la moción de orden del día en contra del
expresidente de Bolivia.
Infobae de Argentina (https://bit.ly/3Qt1mlK)
La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de
la República aprobó este lunes 9 de enero la moción de orden del día que propone
el retiro de la condecoración de Medalla de Honor, en el grado de Gran Cruz, al
expresidente de Bolivia, Evo Morales.
La iniciativa alcanzó doce votos a favor, siete en
contra y ninguna abstención, con lo cual se procedió a su aprobación por
mayoría. Esta condecoración se le otorgó al exmandatario de Bolivia el 1 de
agosto del 2007, cuando Luis Gonzales Posada era titular del Congreso, “en
mérito a su defensa de la democracia y del Estado de derecho”.
La parlamentaria de Acción Popular, María del Carmen
Alva presidió la sesión legislativa y estuvo acompañada de sus colegas Ernesto
Bustamante, de Fuerza Popular, y José Cueto, de Renovación Popular.
“El presidente del Congreso lo declaró amigo del Perú
y de los pobres, además consideró un honor imponerle la Medalla de Honor y
respectivo diploma que acredita el nombre de toda la representación nacional.
No obstante, a lo señalado en el tiempo a esta parte, el ciudadano Evo Morales
no ha honrado esa distinción”, se lee en la moción.
“Por el contrario, viene haciendo constantes
declaraciones públicas que constituyen incitaciones a la violencia entre
peruanos. Frente a esta situación no se puede permitir y menos apoyar a
políticos extranjeros que tengan injerencia e intromisión en nuestra política
nacional porque vulnera nuestra independencia, soberanía y dignidad, además
porque propicia la división entre peruanos y busca la destrucción del Estado de
derecho”, se agrega en el documento.
¿A quién se da la Medalla de Honor?
Según el reglamento parlamentario, la Medalla de Honor
del Congreso de la República del Perú, en el grado de Gran Cruz, constituye la
condecoración más alta que el Parlamento concede a los soberanos, jefes de
Estado, presidentes de Poderes del Estado, altos dignatarios de la Iglesia,
altos jefes de las Fuerzas Armadas y altas personalidades ciudadanas.
Este tipo de condecoraciones son otorgados por el
Consejo de la Medalla de Honor del Congreso de la República ha propuesta del
presidente del Congreso. Dicha propuesta debe sustentarse en los servicios
eminentes prestados y la resolución en que conste el acuerdo del Consejo.
Impedimento
Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros,
se pronunció sobre el impedimento de entrada al Perú de Evo Morales y otros
ocho ciudadanos bolivianos.
El jefe del Gabinete sostuvo que esta es una “decisión
firme y enérgica del Gobierno peruano”, que busca preservar “la vida, la
dignidad y la integridad” de los ciudadanos, en medio de las protestas en el
sur del país.
“En esta decisión muy firme del Gobierno peruano,
comunicamos el impedimento de ingreso de esta persona (Evo Morales) al país,
quien no volverá a entrar más a nuestro Perú salvo que se levante este
impedimento claramente establecido en las normas internas peruanas”, dijo.
El exabogado de Pedro Castillo, Ronald Atencio,
informó que presentó ante el Poder Judicial un habeas corpus en favor del
expresidente boliviano, para dejar sin efecto el impedimento de ingreso al
Perú.
A través de sus redes sociales, el letrado, quien
también ha sido parte de la defensa legal de Vladimir Cerrón, líder del partido
Perú Libre, compartió el documento que está dirigido al juez constitucional de
turno de Lima Centro.
OPINIÓN. SE FORTALECE EL GOBIERNO DE BOLIVIA MIENTRAS
SE ESTANCAN LAS PROTESTAS DE LA DERECHA
Se reacomoda el escenario político tras el fracaso de
las protestas contra la detención de Camacho y el contradictorio paro cívico
del año pasado.
La Izquierda Diario de Argentina
(https://bit.ly/3WYIrBN)
Hace dos semanas el gobierno de Luis Arce Catacora
encarceló al líder derechista y gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis
Fernando Camacho, por uno de los casos relacionados con el golpe de estado de
2019, del que participó activamente y financió. Inmediatamente La derecha
santacruceña agrupada en diversas instituciones cívicas llamaron a un paro de
24 horas este viernes para presionar por la libertad de Camacho.
Estas protestas cívicas fueron insuficientes para
generar un movimiento político nacional por la libertad del gobernador cruceño.
Lo que comenzó con bloqueos de rotondas y el inicio de un paro departamental de
24 horas tuvo que ser continuado con movilizaciones y ataques a instituciones
públicas pocas horas más tarde.
Estas medidas iniciales expresan la dificultad de
imponer un nuevo paro “indefinido” ante la posibilidad de que los sectores
obreros, campesinos y populares reaccionen ante la imposición de nuevos paros
cívicos. En este sentido, los cívicos y paramilitares decidieron mantener
algunos puntos de bloqueo estratégicos para evitar el transporte de alimentos
hacia al occidente del país, así como la negativa al pago de impuestos y
peajes, buscando de esta forma afectar los recursos del Estado central.
El presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, afirmó
que no saldrá de Santa Cruz ningún producto y que es tiempo de “demostrarle al
Gobierno que, sin Santa Cruz, sin nuestros recursos no hay Estado, no hay
plata. Ellos viven de nosotros”. Así la derecha cambiaba el habitual método de
obligar a parar a amplios sectores populares a partir del despliegue callejero
de los grupos paramilitares como la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), por una
medida tan “tibia” como no pagar impuestos.
Esto se combina con un agravamiento de la situación
legal de Camacho quien además de contar ya con una decena de procesos por
evasión de impuestos, incumplimientos de contratos con el Estado y otras, debe
declarar por una acusación de violación a un menor sucedida el año 1987.
La publicación por parte del ministerio de Gobierno de
los depósitos y extracciones de sumas millonarias durante noviembre del 2019,
al servicio de financiar el golpe de Estado, complica aún más a Camacho y
debilita las movilizaciones derechistas al abrirse la posibilidad de que
empresas y cívicos puedan verse involucrados en los procesos legales por el
golpe de Estado.
Finalmente la sentencia de 77 meses de prisión en
EE.UU. para el ex ministro de Gobierno del golpismo, Arturo Murillo, puede
considerarse como un guiño por parte del imperialismo al Gobierno de Arce,
buscando de alguna manera recomponer el malogrado “centro neoliberal” y
poniendo límites a las veleidades golpistas de la extrema derecha.
Arce entre el golpismo y la oposición evista: una
disputa con miras al 2025
La detención de Camacho impulsada por el Gobierno de
Arce a través de la fiscalía y el aparato judicial, representa el esfuerzo por
parte del Gobierno de capitalizar el contradictorio resultado del paro cívico
de 36 días que culminó a finales de noviembre y dejó a la derecha oriental
agotada y fuertemente cuestionada por todos los flancos. Por un lado amplios
sectores populares que sufrieron la violencia y la imposición del paro y por
otro sectores radicalizados de la derecha que pretendían radicalizar aún más la
protesta.
Este intento de arrinconar a la oposición derechista
se realiza sin embargo fortaleciendo y otorgando un creciente protagonismo a la
policía y las FF.AA., así como el corrupto y deslegitimado aparato judicial. Es
decir, se apoya en las mismas instituciones estatales que fueron parte activa
en el golpe de Estado y que han garantizado hasta hoy la impunidad de la gran
mayoría de los responsables políticos.
Estas tendencias autoritarias que impulsa Arce se
complementan con el intento de disputar al evismo el control y las simpatías de
las organizaciones sociales y sindicales, quienes recibieron muy favorablemente
la aprehensión del gobernador cruceño. Busca avanzar en la construcción de
algún tipo de hegemonía sobre el campo popular, arrebatándole a Evo la bandera
de justicia por las masacres de Senkata, Sacaba y Ovejuyo ocurridas durante el
golpe y desmintiendo en los hechos el tan denunciado pacto de impunidad.
La disputa al interior del MAS se agrava a tal punto
que la dirección nacional, encabezada por Evo Morales, no ha sido invitada a
los actos programados para el próximo 22 de enero en la conmemoración de un
aniversario más del Estado Plurinacional de Bolivia. Contrasta este desplante
cuando diversas organizaciones sociales y sindicales ya confirmaron su
participación. Lo señalado es claramente una sustancial mejora de la fracción
renovadora, de Arce y Choquehuanca, frente a las camarillas del evismo. Todo
esto sucede mientras Evo Morales polariza aún más la situación con la denuncia
sobre una supuesta voluntad de asesinarlo de parte de algunos cívicos del oriente
y miembros de las FF.AA.
Como señalan diversos analistas, tanto el oficialismo
como la oposición de derecha y del evismo, consideran al año 2023 como el
momento clave en que se definirán las posibilidades electorales del 2025.
Existe un amplio consenso en que el resultado de las actuales disputas
políticas, de mantenerse las mismas en los canales institucionales
establecidos, determinarán no solo las posibilidades de la derecha para
intentar arrebatar el control del estado al MAS sino que al mismo tiempo
determinarán si Arce y los renovadores del MAS podrán desplazar a Evo Morales
en las disputas por el control de las organizaciones y movimientos sociales.
El lamentable rol de las direcciones sindicales
Ante el rebrote de los enfrentamientos en Santa Cruz,
entre los paramilitares de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) y la policía, las
direcciones de la Central Obrera Boliviana (COB) y del movimiento campesino e
indígena se declararon en estado de emergencia y amenazaron con movilizarse al
oriente. Ya habían hecho la misma amenaza durante el paro de noviembre. Sin
embargo, estas burocracias cobardes, no pasan de emitir declaraciones de prensa
mientras impiden y obstaculizan los esfuerzos de sectores de trabajadores y del
pueblo de movilizarse. Así sucedió con las movilizaciones que se disponían
marchar a Santa Cruz, las que rápidamente fueron paralizadas por instrucciones
del Gobierno y de sus dirigentes afines.
Comparten con el Gobierno la estrategia de evitar que
sea la movilización popular la que derrote a la derecha golpista mientras
apuestan a mantener el conflicto en los marcos de la institucionalidad estatal.
Más preocupados en ver en que bloque del MAS pueden seguir obteniendo prebendas
estatales, han permitido que desde el oficialismo se apliquen ajustes
antiobreros a los trabajadores aeroportuarios, de los hospitales y
reparticiones estatales. Se han negado a impulsar la organización y
movilización de las y los trabajadores y el pueblo para enfrentar a las bandas
derechistas de la UJC, limitándose a solicitar mayor intervención policial y
militar en ese departamento.
¡Ninguna confianza en el aparato judicial y la policía
golpistas! ¡Movilización independiente por Justicia!
El MAS viene sosteniendo una campaña mediática en la
que se afirma que la aprehensión de Camacho formaría parte de garantizar
justicia para las víctimas de las masacres de noviembre. Sin embargo, esta
afirmación contrasta con los procesos judiciales , que prácticamente no tienen
ningún avance. Lejos de garantizar justicia como afirma el ministro de
Gobierno, Eduardo del Castillo, son una operación política destinada a
fortalecer las instituciones estatales y con ellas al Gobierno de Luis Arce.
Mientras se encarcela a unos pocos golpistas, se
embellece y se empodera de manera creciente a las FF.AA. y a la policía.
Mientras se discute contra Calvo y la UJC se promete ventajas económicas para
los agroindustriales. Es decir, lejos de buscar derrotar en forma efectiva a
todo el golpismo, lo que se busca es establecer acuerdos que permitan
garantizar la gobernabilidad, tratando de evitar que las tendencias a una mayor
lucha de clases y polarización social y política se desarrollen.
En esta ecuación, Camacho, Pumari, Áñez, hoy presos,
solo son piezas intercambiables en eventuales negociaciones con la derecha
polític. Es por eso que acertadamente algunas organizaciones de pueblos
originarios como los ponchos rojos y los ponchos wayrurus iniciaron una vigilia
permanente en el penal del Chonchocoro ante la posibilidad de una eventual
libertad judicial a Camacho. De la misma forma que organizaciones de la
federación sindical campesina Tupac Katari anunciaron un bloqueo de caminos si
el órgano judicial decidiera un relajamiento de las medidas cautelares de
Camacho.
A estos hecho se refirieron desde la Liga Obrera
Revolucionaria por la Cuarta Internacional (LOR-CI), llamando a los
trabajadores y trabajadoras, del campo y la ciudad, a la juventud, al
movimiento de mujeres, feministas y de las disidencias y diversidades sexuales
y de género, y en general a todas y todos aquellos que resistieron el golpe de
Estado a no depositar ni una pizca de confianza en el aparato judicial cómplice
de la impunidad de los golpistas. Además exigiendo a las organizaciones
sindicales y sociales a impulsar de manera inmediata un gran encuentro de
trabajadores del campo y la ciudad para discutir cuales son las vías para
derrotar definitivamente al golpismo agro industrial y abrir el camino para la
satisfacción plena e integral de todas nuestras demandas de justicia, trabajo,
salud, educación y tierra.
Mientras luchamos por estos objetivos, es necesario
construir, en el camino, una fuerza política de las y los trabajadores que
luche por construir el socialismo desde abajo. Una fuerza política basada en la
autoorganización democrática para que podamos tomar en nuestras manos todas las
decisiones, empezando por discutir cómo derrotar a la derecha empresarial y
agroindustrial hasta llegar a discutir cómo reordenar la economía y nuestros
recursos para satisfacer las enormes necesidades del pueblo trabajador del
campo y la ciudad.
ESCASO APOYO EN BOLIVIA A MARCHA CONVOCADA DESDE SANTA
CRUZ
Prensa Latina de Cuba (https://bit.ly/3XgOpO7)
El politólogo boliviano Franklin Pareja afirmó que la
marcha convocada para hoy por el Comité Pro Santa Cruz en respaldo al
gobernador Luis Fernando Camacho, encarcelado e investigado por “terrorismo”,
carecerá del impacto deseado.
“No se puede seguir con un discurso de novia
despechada, (de decir) que no me quieren, me atacan y me voy, eso es absurdo,
demuestra y denota una inmadurez en la conducción política”, aseguró
Pareja en referencia a la falta de apoyo
al llamado de los cívicos cruceños.
Por una orden judicial, Camacho es investigado en el
expediente Golpe de Estado I, cuyas pesquisas indagan su participación en el
complot que desembocó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales e
impuso inconstitucionalmente el gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020).
En respuesta al llamado de los grupos de poder de la
capital del oriente boliviano, los dirigentes de los comités cívicos de Oruro,
Chuquisaca, Cochabamba y La Paz coincidieron en descartar su participación.
Cecilio Pérez, titular de esa institución en Oruro,
sostuvo que sus bases no acatarán la medida de presión articulada por el cívico
Rómulo Calvo en defensa de Camacho, encarcelado preventivamente en la prisión
de máxima seguridad de Chonchocoro, departamento de La Paz.
“El Comité Cívico de Oruro no ha participado de
ninguna reunión (de coordinación), en tal sentido no vamos a participar de
ninguna movilización”, anticipó, y criticó que por la defensa de una persona
vinculada al golpe de Estado de noviembre de 2019 se ataquen y quemen edificios
públicos y privados en Santa Cruz.
Una actitud similar al dirigente orureño manifestó
Apolinar Rivera, líder cívico cochabambino, quien ratificó al canal Bolivia Tv
que las instituciones de ese territorio trabajarán con normalidad porque la
prioridad “es el despegue económico de la región”.
El presidente del Comité chuquisaqueño, Wilmar
Aguirre, por su parte, enfatizó en que no corresponde que las entidades cívicas
asuman un papel de defensores de ciertos sectores o de algunas personas como
Camacho.
Sobre esta base, reiteró que en Chuquisaca no se
acatará ninguna movilización y pidió al Gobierno garantizar a la población su
derecho al trabajo.
De su lado, el titular del Comité Cívico paceño,
Flavio Chacón, rechazó en entrevista televisada cualquier pronunciamiento en
respaldo a la postura de los grupos de poder cruceños.
“El Comité Pro Santa Cruz tiene a sus dirigentes
elegidos a dedo en cada departamento, o sea, que todo lo que sacan es falso y
mentira», concluyó en alusión a una persona de La Paz, a quien no identificó,
que viajó a Santa Cruz para coordinar acciones supuestamente en representación
de este municipio.
ANALISTAS BOLIVIANOS NO DESCARTAN QUE EEUU PROMUEVA
ACCIONES CONTRA GOBIERNOS DE IZQUIERDA
Xinhua de China (https://bit.ly/3VZNvV2)
Las acciones violentas de desestabilización son
argumentos utilizados por fracciones de derecha derrotadas en las urnas para
propugnar movimientos antidemocráticos que van en la línea de la política
estadounidense, que ve como una amenaza la rearticulación de la izquierda
regional, consideraron hoy lunes analistas bolivianos.
El analista político Luis Alberto Echazú Alvarado dijo
que no es casual que la escalada de acciones antidemocráticas en la región se
concentre contra los gobiernos de izquierda, que no coinciden con la política
estadounidense.
Para el experto, las señales son claras en la región,
pues donde hay gobiernos de izquierda o progresistas se generan acciones
desestabilizadoras, incluso, a su juicio, utilizando a instancias
internacionales como la Organización de los Estados Americanos, tal y como lo
hicieron para forzar la renuncia en noviembre de 2020 del entonces presidente
boliviano, Evo Morales.
"Lo que pasó en Brasil es un aviso, y no es el
primero, de que la derecha regional no va a tolerar gobiernos de izquierda.
Lograron sacar a Pedro Castillo en Perú, intentan desestabilizar a Luis Arce en
Bolivia, ahora la oposición violenta y antidemocrática es contra Luiz Inácio
Lula da Silva", aseveró.
De esta manera se refirió Echazú al asalto perpetrado
el domingo contra las sedes de los tres poderes de Brasil por miles de
seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro que dejó escenas de caos y
destrucción.
Apenas una semana después de ser investido en el
cargo, el presidente Lula da Silva ordenó la intervención federal para asumir
la seguridad en el Distrito Federal y sostuvo que habrá un "castigo
ejemplar" a los responsables.
El presidente boliviano, Luis Arce, condenó
"enérgicamente" la noche del domingo el asalto al Congreso, Palacio y
Tribunal Supremo de Brasil por parte de grupos de ultraderecha y afirmó que
"los fascistas siempre buscarán tomar por la fuerza lo que no lograron en
las urnas".
"Condenamos enérgicamente el asalto al Congreso,
Palacio y Tribunal Supremo de Brasil por parte de grupos
antidemocráticos", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.
De igual manera, la Cancillería boliviana rechazó las
"acciones violentas" en contra de las instituciones democráticas de
Brasil y reiteró "el apoyo al hermano pueblo del Brasil y a su presidente
Lula da Silva, democráticamente electo en las urnas".
Sobre estos hechos, el escritor y periodista boliviano
Ernesto Calizaya señaló a Xinhua que los gobiernos de izquierda de la región
deben estar alerta y unirse contra estas amenazas de desestabilización
política, económica y social a sus gestiones que no comulgan con la política
estadounidense.
"El gran desafío de Latinoamérica en estos nuevos
tiempos es defender las democracias legítimas y rechazar las soluciones
violentas y antidemocráticas", aseveró.
A decir del experto, "no es ningún descubrimiento
que el país del norte (EEUU) está operando para desestabilizar a los países
donde los gobiernos no son sumisos o afines a sus intereses políticos e
ideológicos".
Manifestó que no es casualidad que los gobiernos de
derecha de la región que fueron nefastos y funcionales a los intereses de las
administraciones norteamericanas busquen refugio en Estados Unidos, luego de
perder elecciones.
Recordó que distintos países de América Latina han
elegido a gobiernos de izquierda y una nueva ola política recorre la región con
la rearticulación de los considerados gobiernos progresistas bajo el discurso
de superar la desigualdad social a través de procesos de inclusión, proceso
que, en su criterio, "no cae bien a Estados Unidos, a los conservadores ni
a la derecha en general".
LAS DOS BOLIVIA, DE NUEVO FRENTE A FRENTE
El Tribuno d Argentina (https://bit.ly/3ZhlgUK)
La detención del gobernador de Santa Cruz de la
Sierra, Luis Fernando Camacho, acusado de promover el levantamiento que en
noviembre de 2019 desencadenó la renuncia del presidente Evo Morales, marcó un
salto cualitativo en la crisis política que atraviesa Bolivia. La captura de
Camacho es parte de un proceso judicial que ya llevó a la cárcel a la
expresidenta interina Jeanine Áñez. Pero el episodio reabre también la
histórica confrontación entre el gobierno central de La Paz y el Oriente
boliviano y reaviva los fantasmas separatistas de esa región.
Previamente, una ola de movilizaciones de protesta,
originadas en Santa Cruz de la Sierra pero extendidas a nivel nacional, exigió
al gobierno de Luis Arce el adelantamiento de la fecha del censo poblacional
previsto para 2024, a fin de que sus datos demográficos estén disponibles para
la confección del padrón electoral de las elecciones presidenciales de 2025.
Los dirigentes cruceños sostienen que el censo anterior, realizado durante la
presidencia de Morales, abultó la población de los departamentos de Occidente
para permitir el fraude electoral.
Desde antes de la colonización española, Bolivia está
dividida geográfica y étnicamente entre Occidente y Oriente. El Occidente, al
que pertenecen los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y
Chuquisaca, fue parte del imperio incaico. Su población es básicamente aimara y
quechua. El Oriente, cuyo epicentro es Santa Cruz de la Sierra, está integrado
también por los departamentos de Pando, Beni y Tarija y alberga una población
de origen mayoritariamente guaraní.
Durante siglos, la región oriental representó un
límite a la expansión incaica. Esa dicotomía entre el Altiplano y la “Media
Luna” (llamada así por la forma de su geografía) se acentuó durante la era
colonial. Esto derivó en un vínculo conflictivo y plagado de altibajos en la
etapa independiente iniciada en 1825. La población del Oriente siempre mantuvo
un sentimiento de superioridad cultural sobre sus compatriotas del Occidente.
El Oriente ocupa el 60% de la superficie boliviana,
pero contiene apenas un tercio de su población, mientras que el 70% habita en
la región occidental. Tradicionalmente, la explotación minera erigió al
Occidente en la columna vertebral de la economía nacional. Pero en la década
del 80 el declive de la minería, que en la región andina fue sustituida por las
plantaciones de coca (primer eslabón de la cadena del narcotráfico), trasladó
esa condición al Oriente, beneficiado por sus yacimientos de petróleo y gas y
por el auge de la producción agropecuaria, incentivado por el boom de la soja.
La brecha cultural
La amenaza de la secesión del Oriente es una constante
en la historia boliviana. En 2001 surgió Nación Camba, expresión del
independentismo regional. En su manifiesto fundacional, con una nítida impronta
racista, el movimiento estigmatizaba a la Bolivia andina: “Encerrada en sus
montañas, una especie de Tibet sudamericano, constituido mayoritariamente por
las etnias aimara y quechua, atrasado y miserable, donde prevalece la cultura
del conflicto comunalista, irrepublicana, iliberal, sindicalista, conservadora,
y cuyo centro burocrático (La Paz) practica un execrable centralismo colonial
de Estado que explota a sus ‘colonias internas’, se apropia de nuestros
excedentes económicos y nos impone la cultura del subdesarrollo, su cultura”.
En 2006 el ascenso de Morales, un caudillo
indigenista, fue una bofetada al Oriente. No obstante, tras una primera etapa
de enfrentamientos, la habilidad política de Morales, ayudada por la bonanza
económica, le permitió celebrar un acuerdo con las elites cruceñas que duraron
hasta 2017, cuando su decisión de forzar la legalidad constitucional para
lograr un cuarto mandato presidencial consecutivo precipitó la crisis
institucional que provocó su derrocamiento. La asunción de Áñez, diputada por
el Departamento de Beni, simbolizó el ascenso de una figura del Oriente al
Palacio de Quemado.
Así como Donald Trump irrumpió en Estados Unidos como
la antítesis de Barack Obama (primer presidente negro de su país), el perfil de
Camacho, un empresario de la clase alta de Santa Cruz de la Sierra, formado en
el tradicionalismo católico pero apoyado por el movimiento evangélico, es la
perfecta contrafigura de Morales, quien se había autoproclamado “primer
presidente indígena de América”, en una aparatosa ceremonia celebrada en las
ruinas precolombinas de Tiwanaku. Cuando Camacho enarbola la Biblia como
estandarte, exalta el contraste entre las creencias ancestrales de los aimara y
los quechua y el cristianismo de la región oriental.
Las movilizaciones que provocaron el derrocamiento de
Morales fueron motorizadas por los “Comités Cívicos”, organizaciones
suprapartidarias conformadas por las organizaciones de la sociedad civil de los
distintos departamentos (no sólo del Oriente) que levantan la bandera del
federalismo y reivindican sus autonomías regionales.
Tras la restauración de la democracia en 1982, esos
organismos, erigidos en instrumentos de representación de los factores de poder
económico y de las clases medias urbanas, presionaron por la descentralización
política y consiguieron primero la elección popular de los prefectos de las
ciudades y luego de los gobernadores de los nueve departamentos.
El fantasma del separatismo
El protagonismo de los Comités Cívicos en las
protestas contra Morales rebasó la estructura de los partidos tradicionales. Su
idea originaria y su práctica política son típicamente cruceñas. La institución
nació hace 70 años en Santa Cruz para enfrentar al centralismo ejercido desde
La Paz.
La detención del gobernador de Santa Cruz de la
Sierra, Luis Fernando Camacho, acusado de promover el levantamiento que en
noviembre de 2019 desencadenó la renuncia del presidente Evo Morales, marcó un
salto cualitativo en la crisis política que atraviesa Bolivia. La captura de
Camacho es parte de un proceso judicial que ya llevó a la cárcel a la
expresidenta interina Jeanine Áñez. Pero el episodio reabre también la
histórica confrontación entre el gobierno central de La Paz y el Oriente
boliviano y reaviva los fantasmas separatistas de esa región.
Previamente, una ola de movilizaciones de protesta,
originadas en Santa Cruz de la Sierra pero extendidas a nivel nacional, exigió
al gobierno de Luis Arce el adelantamiento de la fecha del censo poblacional
previsto para 2024, a fin de que sus datos demográficos estén disponibles para
la confección del padrón electoral de las elecciones presidenciales de 2025.
Los dirigentes cruceños sostienen que el censo anterior, realizado durante la
presidencia de Morales, abultó la población de los departamentos de Occidente
para permitir el fraude electoral.
Desde antes de la colonización española, Bolivia está
dividida geográfica y étnicamente entre Occidente y Oriente. El Occidente, al
que pertenecen los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y
Chuquisaca, fue parte del imperio incaico. Su población es básicamente aimara y
quechua. El Oriente, cuyo epicentro es Santa Cruz de la Sierra, está integrado
también por los departamentos de Pando, Beni y Tarija y alberga una población
de origen mayoritariamente guaraní.
Durante siglos, la región oriental representó un
límite a la expansión incaica. Esa dicotomía entre el Altiplano y la “Media
Luna” (llamada así por la forma de su geografía) se acentuó durante la era
colonial. Esto derivó en un vínculo conflictivo y plagado de altibajos en la
etapa independiente iniciada en 1825. La población del Oriente siempre mantuvo
un sentimiento de superioridad cultural sobre sus compatriotas del Occidente.
El Oriente ocupa el 60% de la superficie boliviana,
pero contiene apenas un tercio de su población, mientras que el 70% habita en
la región occidental. Tradicionalmente, la explotación minera erigió al
Occidente en la columna vertebral de la economía nacional. Pero en la década
del 80 el declive de la minería, que en la región andina fue sustituida por las
plantaciones de coca (primer eslabón de la cadena del narcotráfico), trasladó
esa condición al Oriente, beneficiado por sus yacimientos de petróleo y gas y
por el auge de la producción agropecuaria, incentivado por el boom de la soja.
La brecha cultural
La amenaza de la secesión del Oriente es una constante
en la historia boliviana. En 2001 surgió Nación Camba, expresión del
independentismo regional. En su manifiesto fundacional, con una nítida impronta
racista, el movimiento estigmatizaba a la Bolivia andina: “Encerrada en sus
montañas, una especie de Tibet sudamericano, constituido mayoritariamente por
las etnias aimara y quechua, atrasado y miserable, donde prevalece la cultura
del conflicto comunalista, irrepublicana, iliberal, sindicalista, conservadora,
y cuyo centro burocrático (La Paz) practica un execrable centralismo colonial
de Estado que explota a sus ‘colonias internas’, se apropia de nuestros
excedentes económicos y nos impone la cultura del subdesarrollo, su cultura”.
En 2006 el ascenso de Morales, un caudillo
indigenista, fue una bofetada al Oriente. No obstante, tras una primera etapa
de enfrentamientos, la habilidad política de Morales, ayudada por la bonanza
económica, le permitió celebrar un acuerdo con las elites cruceñas que duraron
hasta 2017, cuando su decisión de forzar la legalidad constitucional para
lograr un cuarto mandato presidencial consecutivo precipitó la crisis
institucional que provocó su derrocamiento. La asunción de Áñez, diputada por
el Departamento de Beni, simbolizó el ascenso de una figura del Oriente al
Palacio de Quemado.
Así como Donald Trump irrumpió en Estados Unidos como
la antítesis de Barack Obama (primer presidente negro de su país), el perfil de
Camacho, un empresario de la clase alta de Santa Cruz de la Sierra, formado en
el tradicionalismo católico pero apoyado por el movimiento evangélico, es la
perfecta contrafigura de Morales, quien se había autoproclamado “primer
presidente indígena de América”, en una aparatosa ceremonia celebrada en las
ruinas precolombinas de Tiwanaku. Cuando Camacho enarbola la Biblia como
estandarte, exalta el contraste entre las creencias ancestrales de los aimara y
los quechua y el cristianismo de la región oriental.
Las movilizaciones que provocaron el derrocamiento de
Morales fueron motorizadas por los “Comités Cívicos”, organizaciones
suprapartidarias conformadas por las organizaciones de la sociedad civil de los
distintos departamentos (no sólo del Oriente) que levantan la bandera del
federalismo y reivindican sus autonomías regionales.
Tras la restauración de la democracia en 1982, esos
organismos, erigidos en instrumentos de representación de los factores de poder
económico y de las clases medias urbanas, presionaron por la descentralización
política y consiguieron primero la elección popular de los prefectos de las
ciudades y luego de los gobernadores de los nueve departamentos.
El fantasma del separatismo
El protagonismo de los Comités Cívicos en las
protestas contra Morales rebasó la estructura de los partidos tradicionales. Su
idea originaria y su práctica política son típicamente cruceñas. La institución
nació hace 70 años en Santa Cruz para enfrentar al centralismo ejercido desde
La Paz.
GRAN BRETAÑA APOYÓ EL GOLPE EN BOLIVIA PARA ACCEDER A
SU LITIO
La Jornada de México (https://bit.ly/3VZN3Gk
Se consolida mi hipótesis del litio-golpe en Bolivia,
que dicho sea con humildad de rigor (https://bit.ly/3VUNYI7), fui de los
primeros en revelar (El litio-golpe de Bolivia con Bendición de OEA y Estados
Unidos, https://bit.ly/3XbvwMv).
Matt Kennard (MK), presidente de Declassified UK
(https://bit.ly/3GrnYi0), revela en DailyMaverick (https://bit.ly/3jTRPrH), de
Sudáfrica, con base en supuestos documentos de Gran Bretaña, cuya cancillería
“parece haber pagado a una empresa con sede en Oxford para optimizar la
explotación (sic) de los depósitos del litio de Bolivia el mes después de que
(Evo) Morales huyó del país”. Se revela el papel estratégico de Satellite
Applications Catapult, de Oxford, para optimizar la exploración y explotación
de las fuentes de litio en los salares de Coipasa y Pastos Grandes en
colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (¡megasic!).
La embajada británica “actuó como ‘socio estratégico’
del régimen golpista y organizó un evento internacional de minería en Bolivia
cuatro meses después del derrocamiento de su democracia”.
La británica Watchman, fundada por un veterano de
guerra del ejército, Christopher Goodwin-Hudson, ex director de seguridad
global de Goldman Sachs (¡megasic!), con su asociado Gabriel Carter, miembro
del Special Forces Club, “‘ofreció sus servicios’ (sic) a las empresas mineras”
cuando ocho meses antes del golpe militar, la embajada británica llevó a una
empresa de ciberseguridad con estrechos lazos con la CIA a Bolivia.
En forma perturbadora, la embajada británica proveyó
datos al hoy desacreditado reporte internacional usado para justificar (sic) el
golpe de 2019. Tampoco hay que asombrarse cuando arrecia la guerra del litio de
Estados Unidos contra China desde Sudamérica hasta México (https://bit.ly/3io8xPq)
en el mayor depósito del mundo: Bacadéhuachi, Sonora (https://bit.ly/3Ixa945;
https://bit.ly/3CywieB). Y no hay nada nuevo en la filtración de espías
anglosajones a la empresa estatal YLB.
Para proteger (sic) sus sistemas del cibercrimen, la
Bolsa de Valores de Bolivia, en forma cómplice o ingenua, en coordinación con
los bancos bolivianos, adquirieron los servicios de la británica empresa de
ciberseguridad Darktrace, vinculada con los servicios de espionaje de Gran
Bretaña.
Algo sucedió para que el avión del muy inquieto
presidente Evo Morales haya sido obligado a aterrizar en Austria en 2013 (sic)
cuando las agencias de espionaje de Estados Unidos sospecharon que transportaba
a Snowden (https://bbc.in/3ZvlJ62). ¡Ni James Bond!
La herejía de Evo, seis años antes del litio-golpe,
radica en que se alió a China y Alemania para la explotación del mineral y el
lanzamiento de un carro eléctrico en Cochabamba. Lo demás viene en Wikileaks
(https://bit.ly/3GqAPRj). ¡De milagro está vivo Evo!
MK devela que la embajada británica proveyó los datos
del desacreditado reporte de la OEA (https://nyti.ms/3QppRjz), donde
mercenarias ONG recibieron alrededor de 10 mil dólares por sus posturas
patrióticas, entre ellos el entrenamiento de 30 periodistas (sic) bolivianos
que recibieron otros 10 mil dólares de Thomson Reuters Foundation. Dejo de lado
las conexiones de Gran Bretaña con el alcalde de Santa Cruz (Bolivia), que
explica las veleidades secesionistas y la presente confrontación.
Se trata de un ajuste de política y un reajuste de
cuentas cuando arde Perú (https://bit.ly/3iipScP), con importantes yacimientos
de litio, al unísono del triángulo del litio de Bolivia/Argentina/Chile
proyectados a formar parte del London Metal Exchange –el centro mundial del mercadeo
industrial de metales–, según el documento de marras.
Estas filtraciones de documentos desclasificados es
una práctica muy común de Gran Bretaña –bajo la filosofía del vizconde
Palmerston, de que los intereses nacionales priman cualquier consideración–
cuando, como consecuencia de la crisis energética global que detonó con la
guerra en Ucrania, la dupla anglosajona de Estados Unidos y Gran Bretaña
empieza a arrojar bajo el autobús a sus desechables vasallos: Añez en Bolivia,
por el litio, y Guaidó en Venezuela, quien ni siquiera valió un barril de
petróleo.
DE CHÁVEZ A LULA: LA HIDRA GOLPISTA DEL SIGLO XXI
CONTRA LA IZQUIERDA EN LATINOAMÉRICA
Los intentos de desestabilización política han ido
evolucionando en la región y se ha pasado del patrón clásico del golpe
cívico–militar al 'lawfare', el 'impeachment' o los asaltos de hordas
extremistas a las instituciones del Estado.
Público de España (https://bit.ly/3ICUGzG)
Los golpes de Estado en América Latina seguían en el
siglo XX un patrón clásico según el cual los militares tomaban las principales
instituciones y puntos neurálgicos del país y detenían a los dirigentes de
izquierdas con el apoyo, desde las sombras o a cara descubierta, de sectores
políticos y económicos reaccionarios.
El breviario golpista de ese siglo sangriento recoge
nombres de déspotas cuyo solo recuerdo estremece. Fulgencio Batista (Cuba),
Anastasio Somoza (Nicaragua), Augusto Pinochet (Chile), Jorge Videla
(Argentina), Alfredo Stroessner (Paraguay). Se trataba siempre de asonadas
cívico–militares. Pero entrado el siglo XXI ese patrón ha ido evolucionando,
aunque el objetivo final de los golpes no ha variado: impedir que la izquierda
gobierne en la región.
A la manera de una hidra, el golpismo ha adquirido
formas variadas, tentáculos diversos. Del clásico alzamiento cívico–militar se
ha pasado al lawfare (guerra judicial) el impeachment (juicio político) o el
asalto a las instituciones por parte de hordas extremistas tras la instalación
previa de un marco de violencia política. De los golpes más o menos
tradicionales contra Hugo Chávez en Venezuela (2002) y Manuel Zelaya en
Honduras (2009) se ha llegado al derrocamiento parlamentario de Fernando Lugo
en Paraguay (2012) o Dilma Rousseff en Brasil (2016).
Y también a la dimisión "sugerida" por las
Fuerzas Armadas a Evo Morales en Bolivia (2019) o a la persecución judicial
contra Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil (2017) y Cristina Fernández de
Kirchner en Argentina (con intento de magnicidio incluido, 2022). El último
episodio de esa nueva forma de desestabilización ha sido el asalto a los tres
poderes del Estado en Brasilia por parte de miles de simpatizantes del
expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.
El presidente colombiano Gustavo Petro ha logrado
resumir en un tuit las tácticas de ese neogolpismo del primer cuarto del siglo
XXI: "La estrategia de la extrema derecha latinoamericana no pasa por la
democracia. Impulsa juicios sin la existencia de delito para eliminar
liderazgos, golpes parlamentarios contra mandatarios elegidos y golpes
violentos con centenares de muertos. La OEA (Organización de Estados
Americanos) ha perdido su camino."
Venezuela, 2002
Un breve recorrido por esos golpes e intentos de
desestabilización política del siglo XXI nos sitúa primeramente en la Venezuela
de 2002. Hugo Chávez llevaba tres años en el poder. Militar de carrera, él
mismo había participado en un golpe fallido en 1992 contra el presidente Carlos
Andrés Pérez en un contexto de grave crisis económica y corrupción
institucional.
Diez años después, en abril de 2002, militares,
empresarios y políticos de la oposición organizan un golpe de Estado contra el
comandante y nombran presidente interino al jefe de la patronal, Pedro Carmona.
Chávez fue recluido en una instalación militar hasta que, cuatro días después,
la presión de sus seguidores y la actuación de las fieles brigadas de
paracaidistas hicieron naufragar el golpe y lograron restituir al líder
bolivariano en el Palacio de Miraflores.
Honduras, 2009
Manuel Zelaya, un dirigente liberal que abrazó el
bolivarianismo (y los petrodólares) de Chávez, fue secuestrado a finales de
junio de 2009 por un comando militar y trasladado en pijama desde Tegucigalpa a
San José de Costa Rica. Fue un golpe de manual. Una confabulación de políticos,
jueces, empresarios y militares que acabó con el gobierno de Zelaya por las
pretensiones del mandatario de consultar a la población sobre la instalación de
una asamblea constituyente.
La OEA y Washington condenaron en un primer momento el
golpe pero finalmente le dieron carta de naturaleza al permitir que se
celebraran unas elecciones con el país todavía bajo el control de los
militares.
Ecuador, 2010
A finales de septiembre de 2010 la policía ecuatoriana
se rebeló contra el presidente progresista Rafael Correa (2007–2017) en
protesta por una ley que reducía sus beneficios salariales. Los agentes
ocuparon el Parlamento y retuvieron al mandatario durante más de diez horas
hasta que los militares lograron sofocar la revuelta a tiro limpio. Para Correa
se trató de un intento de golpe de Estado orquestado por un sector de la
oposición.
Diez años más tarde, ya fuera del gobierno, Correa
sería condenado en ausencia a ocho años de prisión por cohecho. Para el
exmandatario se trata de un caso claro de lawfare (guerra judicial). Correa
reside desde 2017 en Bélgica, donde ha obtenido recientemente el asilo
político.
Paraguay, 2012
El exobispo Fernando Lugo formaba parte de esa
"marea rosa" que dominaba en la región en la primera década del
siglo. Un heterogéneo grupo de gobernantes de izquierdas unidos por su
determinación de realizar transformaciones sociales.
Lugo (el primer presidente progresista en la historia
de un país en el que el 85% de las tierras pertenece al 2,5% de los
productores) era defenestrado en junio de 2012 por un Parlamento que le abrió
un juicio político al responsabilizarlo sin pruebas de una masacre durante una
ocupación de tierras. Una excusa para acabar con el único mandatario que había
cuestionado la influencia de las élites en el Paraguay post–Stroessner.
Brasil, 2016–2017
El Congreso brasileño también sometería a una
mandataria, Dilma Rousseff (2010–2016), a un impeachment (juicio político) a
mediados de 2016. En este caso, se acusó a la sucesora de Lula de unas
supuestas irregularidades a la hora de cuadrar las cuentas públicas.
A Rousseff le quedaban dos años de mandato pero las
fuerzas oscuras del Congreso (comandadas por su presidente, Eduardo Cunha, un
veterano político de derechas) decidieron que era hora de acabar con los
gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT). Dilma fue destituida y su
vicepresidente, el conservador Michel Temer, tomó las riendas del poder y
allanó el camino para la llegada de Bolsonaro al Palacio del Planalto.
Lula sufriría en 2017 uno de los casos más sonados de
lawfare (persecución política por vía judicial) al ser condenado sin pruebas a
12 años de prisión por un caso de corrupción, lo que le impidió presentarse a
las elecciones de 2018 en las que acabaría triunfando Bolsonaro.
El Tribunal Supremo anuló esa condena en 2021 y Lula
(que había permanecido 19 meses en la cárcel) recobró sus derechos políticos,
presentó una nueva candidatura presidencial y derrotó al excapitán del Ejército
en las elecciones de octubre de 2022.
Bolivia, 2019
Lo ocurrido en Bolivia en octubre y noviembre de 2019
abre una nueva entrada en el diccionario golpista de América Latina:
"sugerencia castrense para dimitir". Eso fue lo que le transmitió
Williams Kaliman, comandante de las Fuerzas Armadas bolivianas, al presidente
Evo Morales tras la celebración de unas elecciones en las que el líder indígena
optaba a su cuarto mandato consecutivo y en las que había sido el candidato más
votado.
A las fuerzas conservadoras, a los militares y a la
OEA les pareció que la izquierda ya había gobernado demasiados años en Bolivia.
Morales tuvo que exiliarse primero en México y más tarde en Argentina. El
gobierno boliviano quedó en manos de la senadora derechista Jeanine Áñez
(condenada más tarde a diez años de prisión) hasta la celebración de unos
nuevos comicios en octubre de 2020. El Movimiento al Socialismo (MAS) volvería
a ganar las elecciones pero ya sin Evo Morales al frente. Le sucedería su
exministro de Economía, Luis Arce.
Argentina, 2022
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner
(2007–2015) ha sufrido en carne propia no solo la persecución judicial sino
también una forma más cruenta de desestabilización política: un intento de magnicidio.
Ocurrió el 1 de septiembre de 2022 cuando la actual vicepresidenta argentina
era recibida a la puerta de su domicilio porteño por una multitud que le
mostraba su apoyo por el acoso judicial que sufría. Un exaltado se acercó a
ella y apretó el gatillo de su pistola dos veces pero el arma, afortunadamente,
se encasquilló. Kirchner salvó la vida pero el lawfare continuó.
Tres meses más tarde sería condenada a seis años de
cárcel e inhabilitación política perpetua por un caso de corrupción en el que
la fiscalía no aportó pruebas en su contra. De momento, los fueros de que
disfruta por su cargo institucional le han permitido evitar la entrada en
prisión. Su futuro político, sin embargo, ha quedado comprometido.
Perú, 2022
Pedro Castillo pasará a la historia por haber sido el
mandatario que sufrió un golpe (parlamentario) tras haber protagonizado él
mismo un extraño autogolpe al anunciar, sin apoyos políticos ni militares, la
disolución del Congreso. Todo ocurrió en un mismo día, el pasado 7 de
diciembre. Al acto desesperado de Castillo, un maestro rural que llegó al
gobierno con un programa de izquierdas que no pudo o no supo cumplir, le
sucedió un "golpe blando" en toda regla. El Parlamento, en manos de
la derecha y la ultraderecha, le destituyó tras haber intentado hacerlo día
tras día durante el año y medio que Castillo estuvo en el gobierno.
Brasil, 2023
El último capítulo del neogolpismo en América Latina
se vivió el domingo en Brasilia cuando miles de fanáticos bolsonaristas
asaltaron los tres poderes del Estado (las sedes del Congreso, el Tribunal
Supremo y la presidencia del gobierno). El ataque al corazón del sistema
democrático brasileño se inspiró en el perpetrado hace dos años en el Capitolio
de Washington por parte de seguidores del entonces presidente saliente Donald
Trump.
El violento episodio de Brasilia no fue espontáneo.
Los extremistas llevaban tiempo organizándose en campamentos levantados junto a
cuarteles de las grandes ciudades. Desde allí reclamaban la intervención de las
Fuerzas Armadas para derrocar a Lula, cuyo tercer mandato acaba de arrancar.
La intentona golpista ha fracasado. Pero el marco de
violencia política instalado por Bolsonaro sigue vigente, un discurso del odio
del que se ha contagiado una amplia capa de la sociedad brasileña como nunca
antes había sucedido.
BOLIVIA PROVEERÁ ESTE AÑO MENORES VOLUMENES DE GAS A
LA ARGENTINA
Energía y Negocios de Argentina
(https://bit.ly/3vPqmdl)
Las estatales Yacimientos Petrolíferos Fiscales de
Bolivia y Energía Argentina S.A. definieron los términos de una nueva Adenda
(la séptima) al contrato de suministro de gas natural boliviano, que regirá en
el año en curso.
Aunque las autoridades argentinas (Enarsa y Secretaría
de Energía) no dieron a conocer el detalle del contrato actualizado, sí ocurrió
que fuentes oficiales bolivianas explicitaron aspectos centrales de su
contenido a diversos medios de ése país.
En un contexto de merma en la producción Bolivia
encarará inversiones para perforar una serie de pozos en procura de nuevo gas,
con destino al mercado interno, y a la exportación prioritaria a Brasil.
También con destino a la Argentina, pero será en menores volúmenes que los
enviados en 2022, trascendió.
La compañía boliviana suministrará unos 4 millones de
metros cúbicos día en los meses del verano y hasta 8 MMm3/día en los del
invierno 2023, bastante menos que en el año pasado (llegó a ser de 14
MMm3/día). El precio durante el verano rondará los U$S 9 dólares el Millón de
BTU, y se ajustará a la suba en el invierno en base a una fórmula contractual
preestablecida, ligada a la variación del mercado internacional.
Armin Dorgathen, presidente de YPFB, aseguró al canal
estatal Bolivia TV que, en exploración, en este año se realizará la perforación
de varios pozos para buscar más de un Trillón de Pies Cúbicos (TCF) de gas
natural.
“Estamos trabajando en nuevas cuencas como el
Subandino Norte, Madre de Dios y realizar la mayor cantidad de prospectos en el
Subandino Sur”, confirmó el funcionario.
La exportación de gas a Brasil y a la Argentina
resultan claves para la economía boliviana, pero también ha incremento y
expandido el consumo interno del gas aplicado a diversos rubros.
Recientemente el presidente de YPFB confirmó que en
2023 se realizarán fuertes inversiones en la exploración de hidrocarburos con
el objetivo de aumentar reservas gasíferas.
El gobierno argentino proyecta compensar el menor
suministro de gas de Bolivia con la mayor producción propia y para ello se
avanza en la construcción del gasoducto troncal Presidente Néstor Kirchner,
cuya primera etapa deberá estar concluída a finales de junio venidero.
Incluso se ha proyectado revertir el gasoducto del
Noroeste argentino para sacar gas de Vaca Muerta hacia Chile, y hacia Brasil,
utilizando el ducto con Bolivia.
Con todo, Argentina también deberá importar volumenes
de Gas Natural Licuado (mucho mas caro que el gas de Bolivia), aunque quizá en
menores volumenes que los del año 2022.
NEW PACIFIC INFORMA LOS RESULTADOS DE PEA EN SU
PROYECTO SILVER SAND EN BOLIVIA CON UN VAN DESPUÉS DE IMPUESTOS DE $ 726
MILLONES Y UNA TIR DEL 39%
KITCO de Canadá (https://bit.ly/3ZmEZ5v)
New Pacific Metals (TSX: NUAG) informó hoy los
resultados del estudio de evaluación económica preliminar (PEA, por sus siglas
en inglés) de su proyecto Silver Sand, del 100 % de su propiedad, en el
departamento de Potosí, Bolivia.
De acuerdo con los resultados del estudio PEA, bajo el
precio base de la plata de US$22,50/oz, se espera que el proyecto a cielo
abierto Silver Sand genere un VAN antes de impuestos (5%) de US$1.100 millones
y una TIR de 52%, y una VAN después de impuestos (5%) de $726 millones y una
TIR de 39%.
El proyecto tiene una vida útil de 14 años que produce
aproximadamente 171 millones de onzas de metal plateado total pagadero, con
costos de capital inicial de $308 millones (incluidos $52 millones en costos de
contingencia) y costos de capital de mantenimiento durante la vida útil de la
mina (LOM) de $20 millones.
Se espera que el costo efectivo operativo LOM promedio
del proyecto sea de US$8,45/oz con un costo total total de mantenimiento de
US$10,42/oz de plata.
Es importante destacar que se espera que la producción
anual de metales pagaderos supere los 15 millones de onzas de plata en los años
uno a cuatro, con una producción anual promedio de metales pagaderos de LOM que
supere los 12 millones de onzas de plata.
"Este estudio demuestra que el proyecto Silver
Sand puede convertirse en una de las minas de plata más grandes del mundo con
una larga vida útil y una economía sólida. Su desarrollo traerá beneficios
económicos a todas las partes interesadas, incluidas las comunidades de Bolivia
y los accionistas de New Pacific", comentó el director ejecutivo. y
Fundador Dr. Rui Feng. "Estamos muy complacidos con los resultados de esta
PEA. Dados los sólidos parámetros económicos del proyecto, hay espacio para adaptarse
a la presión inflacionaria en los costos de capital o de operación".
New Pacific es una empresa canadiense de exploración y
desarrollo con proyectos de metales preciosos en Bolivia. El proyecto insignia
de la compañía, el proyecto de plata Silver Sand, de acuerdo con su Estimación
de recursos minerales de 2022, el 94 % del metal está contenido en Medido +
Indicado y consta de 201,8 M oz de plata a 116 g/t Ag, con 13,0 M oz de plata a
88 g/t Ag contenida en la categoría Inferida.
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