PERÚ AL BORDE DE UNA GUERRA CIVIL

En tan sólo un mes de gestión el gobierno de Dina Boularte acumula 49 muertos y cientos de heridos sin que sea posible negociar con los manifestantes una solución que ponga fin a las protestas callejeras, los cortes de ruta y los ataques a los aeropuertos. En el gobierno se sospecha que las protestas fueron impulsadas por activistas vinculados al Foro de São Paulo y, en especial por el expresidente boliviano Evo Morales.

Las últimas décadas no han sido fáciles para los peruanos. En 1980, comenzó una cruenta guerra interna que se prolongó hasta el nuevo siglo. Se inició con el salvaje terrorismo del Partido Comunista del Perú -Sendero Luminoso, la guerrilla maoísta mariateguista que conducía el “Camarada Gonzalo”.  El antropólogo Abimael Guzmán Reinoso, profesor de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, en el departamento de Ayacucho.
El accionar del PCP-Sendero Luminoso causó al Perú pérdidas económicas por más de 42.000 millones de dólares y 69.200 víctimas fatales, entre muertos y desaparecidos, además de un millón de personas desplazadas.
Luego hizo su aparición la narcoguerrilla del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, un grupo insurgente de ideología marxista castro guevarista conducida por Víctor Polay Campos, que entre 1982 y 1999 causó 1.039 víctimas fatales y que se destacó por sus ataques a la minoría LGTBI.
Ambas organizaciones terroristas, tuvieron su apogeo durante el primer gobierno de Alan García Pérez y el de Alberto Fujimori. Luego fueron fuertemente reprimidos y sus líderes encarcelados (Abimael Guzmán falleció en un penal naval en 2021). Aunque muy disminuidos y con nuevos cuadros, remanentes de estos grupos continúan operando actualmente en el Perú profundo. Especialmente en el terreno selvático del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro. Una región usualmente denominada VRAEM o “Valle de la Droga”, de donde proviene la mayor parte de la cocaína que produce Perú.
Las cosas comenzaron a mejorar lentamente durante el gobierno del economista Alejandro Toledo para alcanzar cierta prosperidad durante los mandatos de Alan García Pérez, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. Los problemas de gobernabilidad se desataron a consecuencia del escándalo de la constructora brasileña Odebrecht y sus sobornos para conseguir la adjudicación de obras públicas. Podría considerarse que la actual crisis peruana es una secuela directa de ese escándalo.
Castillo al poder
En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del Perú, el 6 de junio de 2021, el maestro rural Pedro Castillo se impuso por tan sólo 40.000 votos a Keiko Fujimori quien fracasó en su tercer intento por alcanzar la presidencia. En la primera ronda electoral, Castillo había obtenido tan sólo el 18,9% de los votos.
Pedro Castillo llegó a la presidencia con el apoyo de menos de uno de cada cinco peruanos y solo por el rechazo que causaba la figura de Keiko Fujimori en el electorado.
El partido que impulsó su candidatura Perú Libre, una formación política que se define como marxista leninista y mariateguista de cuna maoísta, en realidad responde a la conducción del neurocirujano graduado en Cuba, Vladimir Cerrón, quien no pudo ser candidato por que pesaba sobre él una condena de tres años y nueve meses por corrupción.
En una legislatura fragmentada en diez bancadas distintas, Perú Libre solo cuenta con solo 36 de los 130 diputados.
El gobierno de Castillo se inició sin suficientes cuadros técnicos ni una propuesta seria de gobierno. Tanto el presidente como la mayoría de sus colaboradores ignoraban los rudimentos del funcionamiento de la administración pública. Para colmo de males, al poco de tiempo de asumir su cargo, Castillo se enfrentó con el jefe su partido Vladimir Cerrón, perdiendo el apoyo de Perú libre
Pedro Castillo, un maestro rural de 53 años y origen campesino, en un año y medio de gobierno acumuló cinco investigaciones juridiciales en su contra, cuatro por presunta corrupción y otra por un presunto plagio realizado en su tesis de maestría, una década atrás.
Poco antes de su destitución, en las encuestas de opinión, el gobierno de Castillo acumulaba 86% de desaprobación y solo 10% de aprobación, en tanto que él como presidente sumaba una imagen negativa del 61% y solo 31% de imagen positiva.
El 7 de diciembre de 2022, el presidente Castillo intentó dar un golpe de Estado y tensionó aún más la ya frágil crisis política de ese país tras anunciar en su mensaje televisado a la nación que disolvía el Congreso y creaba un “gobierno de excepción” durante el cual gobernaría por decreto.
Pocas horas más tarde, sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, y tras la renuncia de varios ministros de su Gabinete, Castillo, después de demostrar su incapacidad para gobernar, terminó destituido por el Congreso con los votos de los legisladores de Perú Libre y fue reemplazado por su vicepresidenta Dina Boluarte.
Boluarte, también distanciada del partido Perú libre, formó gobierno con el apoyo de la mayoría fujimorista, las fuerzas armadas y policiales, el empresariado y la banca.
Al conocerse la destitución de Pedro Castillo y su detención por la fiscalía en una prisión policial del distrito limeño de Ate investigado por rebelión (actualmente cumple una condena de dieciocho meses de prisión preventiva). Sus partidarios salieron a las calles, provocaron disturbios, establecieron bloqueos en las rutas de seis de los veinticuatro departamentos del país y ocuparon los principales aeropuertos.
Los incidentes se prolongaron hasta el 22 de diciembre, con gran destrucción de la propiedad pública y la muerte de 28 personas y extenso número de heridos. La mayoría por disparos de armas de fuego del personal militar y policial.
La jefa de Estado hizo permanentes llamados al diálogo a los grupos manifestantes y se reunió con distintas organizaciones políticas, gremiales y empresariales para encontrar un clima de calma que le permita dirigir el gobierno en este periodo de transición. Boluarte incluso, con aprobación del Congreso, adelantó las elecciones generales para abril de 2024. Pero nada conformó a los manifestantes que continuaron con sus protestas y cortes de ruta.
Después del receso por las fiestas de fin de año, las protestas se retomaron el 4 de enero. El lunes 9, la violencia comenzó a escalar en el marco de un paro de actividades en la región de Puno, fronteriza con Bolivia. Especialmente en las ciudades de Andahuaylas, Juliaca y Ayacucho. Los incidentes dejaron, tan solo ese día, 18 víctimas fatales, entre ellas un policía incinerado dentro de su auto patrulla por los manifestantes, haciendo un total de 47 víctimas fatales desde el 7 de diciembre.
Además, de las violentas protestas de los manifestantes, el gobierno de Dina Boluarte enfrenta la hostilidad de un pequeño grupo de países latinoamericanos.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se negó a reconocer al nuevo gobierno peruano y otorgó asilo político a la esposa y los hijos de Pedro Castillo. Incluso extendió a este beneficio al expresidente peruano en el caso de que logre salir del Perú.
La presidenta Dina Boluarte, en un gesto conciliador permitió el viaje a México de Lidia Paredes y de sus hijos, aún cuando la esposa de Pedro Castillo cumplía arresto domiciliario, antes del 7 de diciembre, mientras se la investigaba, junto a tres de sus seis hermanos, por una red de corrupción en la adjudicación de obras públicas. Por lo tanto, no podía salir del país sin autorización judicial.
En respuesta a la hostilidad del gobierno mexicano, el ministerio de Relaciones Exteriores del Perú declaró el 20 de diciembre persona no grata al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, y le dio 72 horas para abandonar el país, por lo que consideró una inaceptable injerencia del país azteca en los asuntos internos del Perú.
Seguidamente, la Cancillería del Perú convocó a los embajadores de Argentina, Bolivia y Colombia, países sudamericanos que se niegan a reconocer al gobierno de Boluarte, para pedirles explicaciones por algunas declaraciones hostiles de sus presidentes y cancilleres. También llamó a consultas a sus embajadores en esos países y en México.
La balcanización del Perú
Desde hace tiempo perdura una rivalidad, que se remonta a la época del Imperio Incaico, entre la población de Lima y la costa y los habitantes del sur andino, donde predominan los pobladores de origen aymará.
La actual crisis generada por el intento de golpe de Estado de Castillo ha incrementados las tensiones y las aspiraciones separatistas de esta región.
En la última década, con el auge del discurso indigenista, se potenció ese ancestral sentimiento de rivalidad y derivó en la aparición de un movimiento separatista que pretende crear una “República Peruana del Sur”, independiente del resto del Perú.
La supuesta república separatista abarcaría a las actuales regiones peruanas de Puno, Tacna, Moquegua, Arequipa, Ayacucho, Madre de Dios, Cusco y Apurímac. La misma área que en los años noventa fue el epicentro del accionar del PCP – Sendero Luminoso.
Uno de los líderes separatistas peruanos, Felipe Domínguez, presidente del Frente de la Defensa del Cono Sur (FREDICOM) ha resumido con estas palabras los argumentos que sostienen el separatismo del sur peruano: “El sentimiento de postergación, injusticia, abandonó y discriminación por parte de nuestros compatriotas del altiplano es legítimo y comprensible, la historia les da la razón de manera contundente, No nos hemos integrado, Lima y la costa siguen mirando desde arriba.”
Precisamente, en el sur: Arequipa, Apurimac y Puno han sido el escenario de las protestas más violentas y masivas, donde se produjeron la mayor cantidad de víctimas fatales.
En el gobierno y entre los hombres de las fuerzas armadas se sospecha que esas protestas fueron impulsadas por activistas vinculados al Foro de São Paulo y, en especial por el expresidente boliviano Evo Morales.
El tema de la supuesta intervención de Morales en la política interna peruana no es un hecho nuevo. Ya en noviembre de 2021, la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano lo había declarado “persona non grata”, “por su negativo activismo político en Perú y su evidente injerencia e intromisión en la agenda de gobierno”.
Ahora, las autoridades creen haber detectado la presencia de activistas bolivianos en las protestas, a los cuales pertenecerían a la milicia campesina de los “ponchos colorados”, que apoyan a Evo Morales.
Además, las autoridades denuncian la injerencia en la región de Vladimir Cerrón, del legislador de Perú Libre, Guillermo Bermejo, el ex primer ministro de Castillo, Aníbal Torres y de activistas del Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (MODADEF), una organización de derechos humanos formada por ex miembros del PCP – Sendero Luminoso y del MRTA, liberados después de haber cumplidos sus condenas por terrorismo.
También responsabilizan de la violencia a la participación de elementos guerrilleros provenientes de los grupos narcoterroristas que operan en el VRAEN.
En Lima, los políticos de derecha y los militares aseguran que Evo Morales aprovecha la existencia de una gran minoría aymara en la población y la difusión del discurso de la integración plurinacional entre los pueblos indígenas, afrodescendientes, organizaciones sociales, sindicales, territoriales y movimientos sociales de la región; para obtener sus objetivos geopolíticos de recuperar la salida al mar de Bolivia y al mismo tiempo apropiarse de las grandes riquezas (4,7 millones de toneladas) litio descubiertas en Puno.
Para lo cual cuenta con el apoyo de la RUNASUR, entidad que forma su nombre con la conjunción de la palabra “runa” (hombre) y “UNASUR” (Unión de Naciones Suramericanas) y que fuera creada, el 7 de noviembre de 2022, en la ciudad de Buenos Aires, como una organización internacional para promover la unión de los pueblos antiimperialistas, antimonopólicas y anticapitalistas.
 
A estas actividades de Evo Morales en favor de la unidad de los pueblos sin distinciones de Estados o fronteras, se suma la poca claridad, en su momento del presidente Pedro Castillo con respecto a la salida al mar de Bolivia.
En enero de 2022, el periodista Fernando del Rincón, de la CNN, le preguntó a Castillo sobre una opinión que el mandatario peruano había hecho en 2018, donde manifestaba que estaba a favor de que Bolivia tuviese salida al mar.
La respuesta del mandatario peruano fue: “No lo dije como presidente. Es una idea. Pero ahora le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. Si el Perú está de acuerdo… Jamás haría cosas que el pueblo no quiera” […] “Yo no le estoy diciendo que le voy a dar el mar para Bolivia”.
Las declaraciones de Castillo provocaron un profundo revuelo en el Perú y fueron atribuidas a la influencia de Evo Morales sobre Castillo. Todos estos hechos contribuyeron a la reciente decisión de la presidenta Boluarte de impedir el ingreso del expresidente boliviano a su país.
Balance Final
La crisis peruana que comenzó el 7 de diciembre pasado no ha hecho más que agravarse incrementando el número de víctimas fatales.
Si bien el gobierno de Boluarte ha convocado al diálogo no ha presentado ni una agenda a tratar, ni una hoja de ruta para encontrar una salida consensuada a la crisis.
Tampoco por parte de los manifestantes aparece un referente los suficientemente representativo como para negociar con el gobierno en nombre de la totalidad de los descontentos.
La exigencia de los manifestantes de que Dina Boluarte renuncie, se clausure el Congreso y se reforme la constitución parece, al menos por el momento, inaceptable para el gobierno.
Por otra parte, realizar elecciones en abril de 2024 sin modificar la estructura institucional y constitucional que llevó a la presente crisis no tiene sentido. Seria seguir haciendo los mismo, pero esperando un resultado distinto. Perú debe encontrar un nuevo consenso ciudadano que permita encarar reformas institucionales profundas.
Mientras tanto, la prolongación de la violencia no solo implica nuevas violaciones a los derechos humanos, sino que incrementa las posibilidades de que el conflicto escale e incluso se internacionalice. La Hora de Digital de Argentina (https://bit.ly/3ka23Eu)
 
 
 
 
 

¿EVO MORALES BUSCA DESMEMBRAR EL PERÚ?
 
4 Pelagatos de Ecuador (https://bit.ly/3W4MsTT)
 
Lo que en diciembre de 2021 parecía teoría de la conspiración de un grupo de histéricos ex cancilleres peruanos, ahora es una tesis del gobierno del Perú y es debatida por amplios sectores de la opinión pública de ese país: Evo Morales está montado en un operativo para desmembrar el sur del Perú y construir un país-nación aymara, cuyo sustento es su propuesta del ente regional de pueblos indígenas, Runasur, en la que ha trabajado desde su inicio con Leonidas Iza, presidente de la Conaie.
Los ex diplomáticos peruanos afirmaron, en una carta pública, que tras el proyecto de Runasur, impulsado por Morales con la concupiscencia del entonces recién electo Pedro Castillo “se propone desmembrar al Perú otorgando a Bolivia una salida soberana al Pacífico y así conformar una ‘nación aymara’ como extensión territorial boliviana”. Esta semana, el primer ministro Alberto Otárola, dio un discurso de dos horas en el Congreso en el que sostuvo que Morales es una amenaza al país y a la paz y en el que dijo que su proyecto pretende acabar con la unidad del Perú. «El Perú es uno y seguirá siendo uno de sur a norte y de oriente a occidente».  La canciller peruana, Ana Gervasi, sostuvo lo mismo ante una comisión del Congreso por las actividades de Morales a quien el gobierno peruano ya prohibió su entrada el país. «La cancillería no tolera iniciativa alguna que pueda poner en peligro nuestra soberanía nacional e independencia».
La prensa también ha empezado a tomar en serio la tesis, según la cual el proyecto de Morales es uno de los factores tras la efervescencia social en el sur peruano. El Reporte decía hoy que la confesión que hizo, en entrevista a CNN, el golpista Castillo sobre cederle una parte del territorio peruano a Bolivia para que tenga acceso al mar no fue una casualidad y que eso se hizo evidente con el descubrimiento de los llamados «Ponchos rojos»; su milicia aymara y escolta radical que fue sorprendida introduciendo munición a Puno y Juliaca, dos poblaciones donde se han concentrado las protestas. El Comercio, por su lado, publicó una investigación en la que revela que 12 operadores de Morales ingresaron en al menos 27 ocasiones al Perú entre el 2021 y 2022, sin que Migración lo haya registrado.
El proyecto de crear una república aymara en el sur del Perú nació bajo la influencia de Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia y maestro ideológico de Morales. Este país tendría como sustento el poco más de dos millones de aymaras distribuidos en Bolivia, Perú, Chile y Argentina. La creación de esta república aymara solucionaría, en el acto, el problema de la salida al mar de Bolivia. Se incluirá el altiplano boliviano y peruano y, por supuesto, la costa peruana.
Morales ha estado trabajando en su proyecto de Runasur desde noviembre de 2020, a su regreso de su exilio en la Argentina y México. En una reunión en Tarija, anunció la creación de un ente regional que reuniría a los pueblos originarios de América del Sur y cuyo objetivo será la lucha contra el capitalismo y el imperialismo de los EEUU. En esa reunión, el invitado más importante fue Leonidas Iza. «Convocamos e invitamos a la organizaciones de pueblos indígenas, movimientos sociales y obreros de todo el continente a esta reunión con el propósito de diseñar estrategias para la conformación de Runasur»: lo dijo Iza tras la reunión, en declaraciones al diario El Deber de Santa Cruz. También estuvo presente Jaime Vargas que, a la sazón, era el presidente de la Conaie que lideró el paro de octubre de 2019 en Ecuador.
Según aquellos que ahora sí dan crédito a la tesis que sostenían el proyecto de esa nueva república, Perú y Chile tienen el 40% de las reservas de cobre del planeta, y en el caso peruano casi todo está concentrado en el sur; además de las reservas de litio, uranio y metales raros, en Puno. Eso daría viabilidad económica al hipotético país.
¿Es posible que exista un proceso de desmembramiento nacional sin la intervención de unas fuerzas armadas? Si existe no incluiría una guerra convencional, como solía suceder hasta el siglo XX; se basa en la guerra cultural, en la guerra de ideas, en la guerra de narrativas. Como se vio en Ecuador, durante los paros de 2019 y 2022, es muy difícil que unas FFAA puedan neutralizar movilizaciones populares multitudinarias.
A pesar de todo, lo de Morales, Runasur y el hipotético país aymara sigue siendo considerado como una paranoia de las élites limeñas, por muchos en el Perú. Sin embargo, un humanista y pensador chileno, al que no se puede tachar de reaccionario o de derechas, como José Rodríguez Elizondo, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2021 (el mayor experto en el Perú que hay en Chile) viene sosteniendo esta tesis desde hace años. Evo Morales, dijo hace poco en una entrevista, cuando vio que los peruanos habían elegido a un profesor rural, a un campesino de izquierdas, que lo acosó con su amistad y le sacó el compromiso de establecer en el Cusco la sede de Runasur. Su objetivo era lograr una franja territorial para la etnia aymara, intermedia entre Perú y Chile, con lo que se destruía el Tratado de Límites 1929 entre esos dos países.
 
 
 
 
 
RONALD ATENCIO, ABOGADO ASESOR DE EVO MORALES: “NO HAY PRUEBAS DE QUE ÉL HAYA PUESTO EN ZOZOBRA AL PAÍS”
 
El también abogado de Guillermo Bermejo dijo que el expresidente de Bolivia "tiene derecho a opinar y expresarse".
 
Exito Noticias de Perú (https://bit.ly/3XpqiwK)
 
En diálogo con Exitosa, Ronald Atencio, abogado asesor de Evo Morales en el Perú, cuestionó que la Superintendencia Nacional de Migraciones haya dispuesto el impedimento del ingreso al país de nueve ciudadanos de nacionalidad boliviana, incluido su patrocinado, el expresidente de Bolivia. El también abogado del congresista Guillermo Bermejo dijo que “no existen pruebas” que demuestren la injerencia de su defendido en asuntos internos del Perú.
“Evo Morales es una persona que tiene derecho de opinar y de expresarse. Si nosotros revisamos la resolución de Migraciones, no vamos a encontrar ninguna prueba ni dato objetivo de que Evo Morales ponga en peligro ni en zozobra al país“, declaró en Informamos y Opinamos.
El letrado aseguró que el expresidente boliviano “quiere la paz en el Perú”. En esa línea, acusó al Gobierno de Dina Boluarte de romper “el estado de derecho” al no permitir el ingreso de Morales a nuestro territorio.
Cabe precisar que el exmandatario de Bolivia ha participado en actividades políticas a través de diversos viajes al Perú, uno de los más recientes pocos días antes de la crisis política generada por el golpe de Estado de Pedro Castillo.
“¿Qué cosa ha hecho Evo Morales para que se pueda alterar la seguridad nacional? Por el contrario, los soldados de nuestro país están atentando contra nuestra población”, remarcó.
 
 
 
 
 
DIPUTADA CHILENA ALERTA DEL PLAN DE EVO MORALES EN PERÚ Y CHILE
 
“No olvidemos que el plurinacionalismo tiene como objetivo crear la nación Aymara”, señaló Chiara Barchiesi en el Congreso chileno.
 
Perú 21 (https://bit.ly/3vXFUvI)
 
La diputada chilena Chiara Barchiesi Chávez realizó unas explosivas y alarmantes declaraciones en la última sesión del Congreso de Chile. Señaló al expresidente Evo Morales y el plurinacionalismo de ser los responsables de las protestas violentas en Perú.
“¿Evo Morales está infiltrando operadores ideológicos también en el norte chileno? No olvidemos que el plurinacionalismo tiene como objetivo crear la nación Aymara, compuesta por los miembros de esta etnia tanto del sur de Perú, en el norte de Chile y obviamente Bolivia” dijo la diputada del Partido Republicano.
Además, llamó la atención al oficialismo chileno de quedarse callado ante la injerencia de Evo Morales en países hermanos. “Pero no han dicho nada sobre la injerencia de Evo Morales en el sur del Perú, que se ha convertido en un campo de batalla y que solo ayer cobró 18 vidas. La injerencia de Evo no ha sido solo ideológica. Ha enviado agitadores bolivianos en un número indeterminado, y él mismo ha ingresado al sur peruano fomentando la creación de la nación Aymara”, indicó Barchiesi. “La pregunta es ¿por qué el gobierno (chileno) no ha dicho nada?”, puntualizó.
Por su parte, Evo Morales ha insistido en opinar sobre la crisis en Perú con mensajes similares que comparte casi a diario en sus redes sociales pese a que el gobierno de Dina Boluarte lo ha identificado como el principal personaje extranjero que busca entrometerse en asuntos internos. El expresidente boliviano ha dicho que “la pasividad cómplice de organismos defensores de DD.HH. fomenta la impunidad en Perú”.
¿POR QUÉ PROTESTAN EN PERÚ?
Los rostros detrás de la violencia son dirigentes que representan a la extrema izquierda. Su plataforma de lucha no es social sino política. Ellos lo que reclaman es el cambio de modelo económico, el cambio de la Constitución a través de una asamblea constituyente que sea presidida por un grupo social que ellos reconocen como ‘pueblo’.
Por último, piden la liberación del presidente golpista Pedro Castillo que también es acusado por corrupción.
Para lograr su objetivo, usan como fuerza choque a la masa laboral que ocupa la minería ilegal y el tráfico ilícito de drogas. En estos dos últimos días la violencia se ha concentrado sobre todo en la región Puno.
 
 
 
 
 
EN CHILE Y BOLIVIA CONFIRMAN INGRESO DE ARMAS AL PERÚ
 
Son 126 mil balas expansivas, señalan diputados Erwin Bazán y Chiara Barchiesi. Videos demuestran que infiltrados disparan a manifestantes.
 
Expreso de Perú (https://bit.ly/3iE3c6Y)
 
«Son paramilitares. 126,000 balas estaban transportando al país vecino del Perú para generar muerte y violencia», reveló el diputado de Bolivia Erwin Bazán Gutiérrez. Esto confirma la tesis de que las marchas contra el gobierno de Dina Boluarte están siendo aprovechadas para atentar contra la vida de los peruanos.
En conferencia de prensa, el altiplánico apuntó directamente a los llamados ‘ponchos rojos’. Esa es la denominación de grupos que apoyan a Evo Morales en sus intenciones de fundar una nación aymara en zonas que se comparten también con Chile.
En la misma línea, la congresista mapocha Chiara Barchiesi tomó la palabra en una sesión de su Parlamento, y exigió al régimen de Gabriel Boric tomar acciones preventivas contra los separatistas.
«Se cuenta con información sobre envío de armamento de contrabando», reveló la política, denunciando también los planes del socialismo del siglo XXI.
En la víspera, el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Juan Carlos Liendo, había advertido de un proyecto de intereses corruptos internacionales, para tomar el poder vía asonadas.
Justamente, el hecho que comentan Bazán y Barchiesi confirma la alerta, en relación con la captura de militantes del Movimiento al Socialismo (MAS), con 126 mil balas calibre 22 y mil proyectiles expansivos o dum-dum de origen mexicano. Según las investigaciones, incluso sería parte de varios cargamentos que ya habían pasado la frontera.
Anteriormente, Javier Issa, viceministro de Régimen Interior y Policía en el vecino país atiplánico, había dicho que «esto ya tiene tintes de terrorismo».
Balas eran perdigones
Balas expansivas del mismo tipo de las incautadas, se usaron en las asonadas de Sacaba y El Alto cuando Evo Morales huyó, hace dos años. El calibre reglamentario en el Ejército boliviano era de 7.62 milímetros, pero la mayoría de muertes en esa situación eran por munición distinta.
Algo similar estaría ocurriendo en Perú. Médicos de Cusco y de Puno vienen discrepando públicamente sobre los daños en los cuerpos de manifestantes heridos y fallecidos. Unos galenos habían señalado que presentaban heridas que solo son causadas por balas expansivas, y otros que eran por las que usan las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
 
 
 
 
 
LUIS ARCE, PERÚ Y LAS GUERRAS CAUSADAS POR EVO MORALES
 
Lima evalúa expulsar al embajador boliviano y romper relaciones diplomáticas por la intromisión del líder cocalero. Pero en La Paz están ocupados con otros dos conflictos: uno con Santa Cruz y otro con el mismo Evo
 
Infobae de Argentina (https://bit.ly/3iydwgL)
 
Por Humberto Vacaflor Ganam.- El gobierno del Perú analiza la posibilidad de expulsar al embajador de Bolivia y romper relaciones diplomáticas por la intromisión de Evo Morales en la frontera, pero el gobierno de Luis Arce no se da por aludido porque libra una guerra con el departamento de Santa Cruz y otra con el mismo Morales por el control de su partido.
El senador peruano José Cueto propone con insistencia que su país inicie una causa internacional contra Bolivia por la descarada injerencia de Morales en las revueltas de la zona fronteriza, donde se han encontrado correos enviados con municiones desde el Chapare, la zona cocalera.
Se trataría de un gesto de solidaridad de un territorio virtualmente liberado de las leyes bolivianas a un territorio que aspira a lograr lo mismo en la geografía peruana, algo que los militares de ese país han anunciado que no tolerarán que ocurra. Sospechan que existe un plan para unir, en una nueva entidad geopolítica, a las regiones dedicadas al narcotráfico en ambos países.
Pero Arce sólo tiene ojos para su guerra especial contra Santa Cruz desde que mandó a encarcelar a su gobernador, y se mantiene decidido a seguir adelante a pesar de que el resto del país se solidariza con el detenido, Luis Fernando Camacho.
El gobierno comprobó esta semana que sólo tiene posibilidades de contrarrestar las marchas de protesta en la ciudad de La Paz, usando a los miles de empleados de la administración pública. En el resto del país las marchas de protesta no tuvieron rivales que las confrontaran.
Arce todavía no ha aquilatado el problema de la escasez en todo el país de los alimentos que produce Santa Cruz (75% del total).
Antes de mirar el problema peruano, Arce tiene que ocuparse de responder a las críticas de Morales, que lo acusa de estar preparando para el 22 de enero un festejo del aniversario de la llegada del MAS al poder (en 2006) sin invitar a los cocaleros de Chapare. En eso de crear conflictos, el cocalero es un torbellino permanente.
En estos días, los jueces de Arce tuvieron que buscar excusas por no haber entregado, en el plazo previsto, un informe para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los asesinatos de un húngaro y un irlandés en abril de 2009 presuntamente por orden de Morales, en la anterior guerra contra los empresarios de Santa Cruz. La exigencia surgió por las presiones de los gobiernos de esos dos países europeos.
Además, Arce tiene que enfrentar las exigencias de parlamentarios peruanos que le piden frenar a Morales y, por otro lado, las órdenes que le llegan de los seguidores del cocalero para que rompa relaciones con Perú.
Todo esto en medio de insistentes versiones de que Arce podría estar listo para dejar el cargo y llamar a elecciones anticipadas, pensando sobre todo en la crisis económica que está en puertas, y antes de verse obligado a devaluar la moneda y suprimir el subsidio de los combustibles.
Miembros de los Ponchos Rojos, un grupo de aimaras afiliados al MAS, han sido capturados en Perú llevando munición para los narcoterroristas de Sendero Luminoso que alientan y financian las protestas por la destitución de Pedro Castillo.
Además, dirigentes del grupo masista de Morales que fueron mencionados en la disposición que les prohíbe entrar a Perú han proclamado que ellos ingresarán a ese país de todos modos, lo que indigna al gobierno de Ida Boluarte.
Todo esto mientras la escasez de carne de res que normalmente provee Santa Cruz afecta a todo el país, excepto al sur, donde la frontera con Argentina ha sido habilitada para el ingreso irrestricto de carne, además de otros productos de uso diario.
La carne de pollo es el problema mayor de los creados por el cierre de Santa Cruz. No llega del Perú por la convulsión que vive la zona fronteriza, ni las verduras. Se habla del índice “pollómetro”, según el cual cuando el kilo de carne de pollo llega a 28 pesos (8 dólares), se caen los gobiernos, como ocurrió con Morales en 2019.
Una empresa estatal ha tomado la iniciativa de vender carne de pollo en 16 pesos el kilo, pero advirtiendo que sólo podrá entregar un pollo por familia. “Esto ya es comunismo”, dijo un tuit del Viejito Piola.
Pero Arce ha decidido mantenerse firme en su guerra con Santa Cruz. Los jueces, que le obedecen al pie de la letra, suspendieron una audiencia en que Camacho iba a pedir su libertad, aduciendo que faltaba algún detalle.
Tolera que grupos aimaras hayan cercado la cárcel de Chonchocoro, donde está Camacho, y hayan excavado zanjas para evitar el tránsito por la zona.
La intención del gobierno es forzar a que los habitantes de Santa Cruz elijan un nuevo gobernador, pero Camacho ha decidido seguir en el cargo y atender sus obligaciones desde la celda.
Otra guerra tiene Arce: es contra los periodistas. Sus seguidores atacan a los reporteros y camarógrafos, según le tendencia de los medios a los que representan.
El senador Félix Ajpi ha pronunciado la frase más elocuente del pensamiento masista: “Veo que los periodistas llevan cascos. No sé con qué fines.”
Pese a esos cascos, 27 periodistas han sido heridos por las hordas masistas enviadas por el gobierno contra las marchas que piden democracia y libertad.
 
 
 
 
 
EL SALTO AL VACÍO DE LUIS ARCE
 
La Tercera de Chile (https://bit.ly/3CK2ufh)
 
Luis Arce dio el gran salto al vacío. Al mediodía del miércoles 28 de diciembre, fuerzas policiales detuvieron al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y lo llevaron a La Paz para que el fiscal anticorrupción decidiera su suerte. Con Camacho, se amplía la lista de presos acusados judicialmente de ser autores materiales de la salida de Evo Morales del poder en noviembre de 2019, lo que el Movimiento al Socialismo (MAS) ha tildado de golpe de Estado.
Si el gobierno encarceló muchos meses antes a la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, y al exlíder del Comité Cívico Potosinista, Marco Pumari (ambos son piezas claves en la crisis política de 2019), fue para evitar que se convirtieran en un factor de conflicto. Áñez ya mostraba números rojos en su respaldo ciudadano antes de ser detenida, y Pumari se había peleado, en octubre de 2020, con una multitud de personas en la plaza de Potosí.
Con Camacho, la situación era distinta. Había cosechado un buen respaldo en las elecciones presidenciales de 2020 y había logrado ganar la gobernación de Santa Cruz un año después. Su detención podría generar una reacción en la tierra cruceña y abrir un frente de tensión en uno de los departamentos más importantes tanto económica como políticamente del país. Este fue siempre el razonamiento del gobierno: ser duros con unos, y prudentes con otros.
¿Qué llevó al gobierno a dar el salto? ¿Qué hizo que dejara el cálculo político para causar un conflicto de imprevisibles consecuencias? Tiene que ver con la disputa de liderazgo en el MAS. Como se sabe, Morales, al no encontrar en Arce la voluntad para cambiar ministros y tener espacios de poder en el gobierno, empezó a atacar al presidente acusándolo de estar ligado a la derecha del país, con la cual Arce habría entablado un pacto para no castigar a los “golpistas”.
Claramente, Arce trata de detener, mediante el apresamiento de Camacho, esta crítica que podría debilitarlo tanto, como fortalecer políticamente a Evo. Además, podría abrirle una crisis de respaldo tanto en la Asamblea Legislativa como en las organizaciones sociales del MAS, muchas de las cuales no aprueban que Camacho esté libre. Es una jugada política clave porque, por una parte, contenta a los radicales del MAS y, por la otra, deja sin discurso a las fuerzas evistas que tendrán que reconocer la “valentía” de Arce frente a Camacho. Pero es una acción arriesgada y de un alto costo político.
Las emociones como reacción política
El 22 de octubre del año 2022, Santa Cruz inició una huelga general para demandar que el censo de población y vivienda se realice en 2023 y no en 2024 como postulaba el gobierno. Se debe tomar en cuenta que los datos del censo son la base para la distribución de recursos económicos entre departamentos, lo que, para una región de fuerte crecimiento poblacional como Santa Cruz, es clave para su desarrollo.
Lo inédito de la huelga (aparte de su dilatada duración de 36 días) fue que abrió un espacio para el debate público. Se pusieron en funcionamiento comisiones técnicas en las que políticos y expertos en demografía debatieron largamente sobre la fecha del censo. En el proceso, si bien se dieron bloqueos de calles en las ciudades de Santa Cruz y eventualmente enfrentamientos entre vecinos y fuerzas policiales, en general el conflicto terminó sin saldos lamentables.
 
 
 
 
 
“LA DERECHA ESTÁ MOSTRANDO SU DECISIÓN DE DECLARAR LA GUERRA A LA DEMOCRACIA”
 
Gabriela Montaño, expresidenta de la Cámara de Senadores de Bolivia y actual sub-directora de CELAG analizó la coyuntura política en Latinoamérica.
 
Provincia Radio de Argentina (https://bit.ly/3iv4n8J)
 
En diálogo con Historia Nocturna Montaño se refirió al surgimiento de una ola de movimientos políticos que plantean golpes institucionales y uso de la violencia.
“Nuestro continente está en una permanente disputa muy profunda y la respuesta de los sectores fascistas de la ultraderecha tiene que ver con triunfos electorales que han sido golpes muy duros a la forma de actuar de la derecha en el continente y del neoliberalismo en el mundo: el hecho de que Petro y Francia hayan ganado en Colombia le quita a Estados Unidos el control político que se había convertido en un gran medida, en un punto de control de toda la región. Haber perdido ese territorio genera una respuesta bastante dura en el continente, como así también en Brasil con Lula y en Perú con Castillo”, manifestó.
En función de las acciones concretas, “la derecha está mostrando su decisión de declararle la guerra a la democracia. No hay que perder de vista nunca que la derecha continental, sobre todo en esta época, trabaja paralelamente con dos brazos; uno violento y antidemocrático, y otro que utiliza las herramientas de la democracia. Cuando no son favorables los resultados en las urnas y los votos, inmediatamente activa el brazo violento, el de los golpes de estado que nos recuerda a otras décadas que creíamos haber dejado atrás. Ese brazo violento, racista y antidemocrático se pone en marcha cuando la derecha pierde una elección”, afirmó.
Seguidamente manifestó “una de las cosas que más le preocupa a la ultraderecha y facismo es que hay una articulación impresionante de gobiernos de izquierda y progresista, lo habíamos tenido hace 10 años y se ha profundizado porque Perú y Colombia no estaban en ese esquema, también Chile con un gobierno como del Boric”. Luego advirtió “lo que permanentemente hace la derecha es vendernos una izquierda democrática y otra antidemocrática para dividirnos: nuestros gobiernos progresistas no pueden caer en esa trampa”.
Luego señaló coincidencias en el accionar de grupos violentos referenciados en partidos políticos de derecha mencionando los atentados a la Vicepresidenta Argentina Cristina Fernández de Kirchner y la Vicepresidenta de Colombia Francia Márquez.
“Nos están llevando a un límite de la racionalidad en la disputa política, se está naturalizando en el continente que hordas fascistas puedan entrar al congreso brasilero y tomar las instituciones. En Bolivia han tomado y destruido 28 instituciones públicas y privadas que el fascicsmo identifica con el gobierno progresista de Luis Arce: nos están llevando a un extremo que no veíamos hace mucho, pero al mismo tiempo estamos ante una presencia incomparable de gobiernos progresistas en nuestro continente”, remarcó.
Montaño se explayó “uno de los recursos más importantes para el futuro del mundo es el litio y está en Latinoamérica, en países que tienen a la cabeza gobiernos progresistas. En el fondo de esta disputa política es el control de nuestros recursos naturales, el control del excedente económico que lo han perdido las grandes empresas transnacionales a través de gobiernos que ya no están dispuestos a vender a precio de gallina muerta su territorio, sus recursos naturales, el acceso al agua”.
En ese sentido, “no es casual la brutal respuesta de la ultraderecha frente a la decisión de los gobiernos progresistas y de izquierda en no regalar sus recursos naturales sino exigir una mejor calidad de vida para su pueblo a cambio de la venta de esos recursos naturales de manera justa”, concluyó.
 
 
 
 
 
BOLIVIA ADVIERTE INJERENCIA DE EE.UU. EN SUS ASUNTOS
 
DW de Alemania (https://bit.ly/3QEaN1L)
 
Bolivia dijo este jueves (12.01.2023) que el pronunciamiento de un alto funcionario del Gobierno de Estados Unidos sobre la violencia en el país, tras el arresto de un gobernador opositor, "podría entenderse" como una "transgresión" al principio de "no injerencia" entre ambos países.
El vicecanciller Freddy Mamani Machaca consideró que el pronunciamiento del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian A. Nichols, "no es común" y que "podría entenderse como una transgresión a los principios de respeto mutuo y no injerencia", según cita un comunicado de la Cancillería boliviana.
Esta jornada, Nichols señaló su preocupación por "los reportes de violencia en Bolivia" desde el pasado 28 de diciembre, jornada en que se arrestó al líder opositor y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por una acusación de terrorismo en el caso llamado "golpe de Estado I" relacionado con la crisis política de 2019.
"Exhortamos a todos los bolivianos a dialogar por la paz y la unidad y respetar los derechos humanos, que incluyen el debido proceso y la libertad de expresión, establecidos en la CPE y convenciones internacionales", manifestó en un mensaje en Twitter.
La Policía activó un polémico operativo para trasladar a Camacho de la oriental Santa Cruz a La Paz, en donde un juez dictó cuatro meses de detención preventiva en una cárcel de máxima seguridad a 35 kilómetros de esa última ciudad.
Enfrentamientos entre civiles y la Policía
Esos hechos desataron las protestas de los partidarios del gobernador junto a varios enfrentamientos con la Policía en los que hubo daños de consideración a varias instituciones públicas además de decenas de detenidos.
Al respecto, el vicecanciller boliviano consideró que las palabras de Nichols "expresan la preocupación internacional que se produjo por los hechos de violencia protagonizados por grupos de choque afines al Comité Cívico de Santa Cruz", organización que ha liderado las manifestaciones que exigen la libertad de Camacho.
Mamani Machaca también acusó a la institución cívica de promover la quema de Fiscalía Departamental de Santa Cruz, la mayor región boliviana, y de provocar destrozos en la vivienda de un ministro.
No obstante, los líderes cívicos aseveraron que esos destrozos fueron "autoatentados" ocasionados por grupos afines al Gobierno del presidente Luis Arce.
El caso "golpe de Estado I" proviene de una denuncia que presentó una exdiputada del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) a finales de 2020 por las protestas que derivaron, un año antes, en la renuncia del entonces presidente Evo Morales.
Para el Gobierno aquello significó un "golpe de Estado" mientras que para la oposición se trató de una reacción de la población a un fraude electoral en las frustradas elecciones de 2019.
 
 
 
 
 
EL COMITÉ DE DERECHOS DEL NIÑO DE LAS NACIONES UNIDAS REVISARÁ SUECIA, MAURICIO, OMÁN, BOLIVIA, AZERBAIYÁN, IRLANDA Y NUEVA ZELANDA
 
África Business (https://bit.ly/3IJEJHS)
 
El  Comité de los Derechos del Niño de la ONU  (CRC) llevará a cabo su próxima sesión del 16 de enero al 3 de febrero, durante la cual revisará Suecia, Mauricio, Omán, el Estado Plurinacional de Bolivia, Azerbaiyán, Irlanda y Nueva Zelanda.
Los siete países se encuentran entre los  196 Estados partes  de la  Convención sobre los Derechos del Niño  y sus Protocolos Facultativos. Deben someterse a revisiones periódicas por parte del Comité de  18 expertos internacionales independientes  sobre cómo están implementando la Convención, sus Protocolos facultativos, así como las recomendaciones anteriores del Comité.
El CRC, que ha recibido los respectivos informes de países y otras presentaciones de organizaciones no gubernamentales, discutirá una variedad de temas con las siete delegaciones estatales a través de diálogos públicos en las siguientes fechas a la hora de Ginebra:
Suecia
16 de enero 15:00-18:00
17 de enero 10:00-13:00
Mauricio
17 de enero 15:00-18:00
18 de enero 10:00-13:00
Omán
18 de enero 15:00-18:00
19 de enero 10:00-13:00
Bolivia
19 de enero 15:00-18:00
20 de enero 15:00-18:00
Azerbaiyán
23 de enero 15:00-18:00
24 de enero 10:00-13:00
Irlanda
24 de enero 15:00-18:00
25 de enero 10:00-13:00
Nueva Zelanda
26 de enero 15:00-18:00
27 de enero 10:00-13:00
Los diálogos públicos mencionados anteriormente se llevarán a cabo en la sala de conferencias de la planta baja, Palais Wilson, Ginebra. Todas las reuniones públicas están abiertas a la prensa y se transmiten en vivo por  UN Web TV . Más información sobre la sesión, incluidos los informes presentados por los Estados y el calendario completo de reuniones, está disponible en la  página web de la sesión .
Distribuido por APO Group en nombre de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
Este comunicado de prensa ha sido emitido por APO. El contenido no está supervisado por el equipo editorial de African Business y no ha sido revisado o validado por nuestros equipos editoriales, lectores de pruebas o verificadores de hechos. El emisor es el único responsable del contenido de este anuncio.
 
 
 
 
 
JETSMART OBTIENE PERMISO PARA OFRECER VUELOS DESDE LIMA Y AREQUIPA HACIA COLOMBIA, ECUADOR, CHILE Y BOLIVIA
 
JetSmart Airlines podrá brindar operaciones internacionales de pasajeros, carga y correo para conectar el Perú con los mencionados destinos sudamericanos.
 
RPP de Perú (https://bit.ly/3H1h3xj)
 
La aerolínea ultra low cost JetSmart Airlines obtuvo el permiso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para operar desde Lima y Arequipa hacia Colombia, Ecuador, Chile y Bolivia.
De esta manera, JetSmart Airlines podrá brindar operaciones internacionales de pasajeros, carga y correo para conectar el Perú con los mencionados destinos sudamericanos.
Esta autorización fue otorgada mediante la Resolución Directoral N° 0789-2022-MTC/12 de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y tendrá una vigencia de cuatro años. Para lo cual, la aerolínea deberá cumplir con el certificado de explotador, así como las especificaciones técnicas de operación para iniciar operaciones a sus nuevos destinos.
“Nos enorgullece haber logrado esta autorización en tan corto tiempo de operación en el país, puesto que es parte de nuestros planes en el 2023 operar rutas internacionales desde Lima y Arequipa, reafirmando así nuestro propósito de seguir descentralizando y dando mayor oportunidad de volar a precios ultrabajos, en aviones seguros y a tiempo, sostuvo Francesca Luna, gerente general de JetSmart en Perú.
“Para JetSmart, la operación de Perú tiene una perspectiva a largo plazo. El mercado peruano ha sido saludable por muchos años, la única interrupción evidentemente fue la pandemia, pero, más allá de eso, vemos oportunidad en el mercado doméstico y también en el internacional”, agregó.
Rutas
La aerolínea podrá volar desde Lima con destino a Bolivia, específicamente hacia las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba; asimismo, se incluyen las rutas de Arequipa-Cochabamba y Arequipa-La Paz.
Para Chile, las rutas serán Lima-Santiago y Arequipa-Santiago. Mientras que en Colombia serán Lima-Bogotá, Cusco-Bogotá, Arequipa-Bogotá, Arequipa-Cartagena y Arequipa-Medellín.
Finalmente, en Ecuador se concedió permiso para las rutas Lima-Quito, Lima-Latacunga y Lima-Guayaquil.
Es oportuno señalar que la aerolínea ya tiene operativa desde setiembre del 2022 la ruta Buenos Aires-Lima, convirtiéndose en el segundo destino internacional después de Santiago de Chile.
JetSmart posee 16 rutas internacionales, las cuales han hecho posible la conectividad de siete países de Sudamérica: Chile, Argentina, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay y Paraguay, y completa una oferta de 79 rutas en toda Sudamérica.
 
 
 
 
 
TRES PRESOS POLÍTICOS, UN PARTIDO DE FÚTBOL Y UN PEQUEÑO CUCHILLO: LA ÉPICA FUGA DE LA CÁRCEL MÁS SEGURA DE BOLIVIA
 
Tomás Pérez Vizzon presenta 'La Alcatraz del Altiplano', un episodio del podcast 'Fugas' en el que tres presos políticos narran su huida de la isla de Coati.
 
Cadena Ser de España (https://bit.ly/3CKsx5V)
 
Desde el momento en que una persona entra en una cárcel tiene un único objetivo: salir. O, en el caso más extremo: escapar. Pero solo algunos lo consiguen. La prisión de Alcatraz, por ejemplo, supuso todo un reto para quienes ansiaron su libertad. En la década de los 30, esta cárcel ubicada en una isla de la bahía de San Francisco fue bautizada como la más infranqueable del mundo.
En sus celdas cumplieron condena criminales como Al Capone, pero muy pocos consiguieron sobrevivir a las gélidas aguas del océano Pacífico. Se rediseñaron las barras de hierro, se reubicaron unas cuantas torres de vigilancia y aumentaron las inspecciones diarias hasta la docena. Y es que según el FBI, entre 1934 y 1963, año de su clausura, un total de 36 hombres intentaron escapar. Se cree que solo tres lo lograron: John Anglin, su hermano Clarence y Frank Morris, de los que no se supo paradero alguno.
Aprovecharon la oscuridad de la noche y tres cabezas artificiales creadas con yeso y pelo humano. La originalidad es una vía de escape, más efectiva, aún, que una llave. Y es que hubo una ocasión en la que un partido de fútbol determinó la libertad de unos presos. Fue en la cárcel de la isla de Coati, en el lago Titicaca (Bolivia). Un relato verídico narrado en 'La Alcatraz de Altiplano'.
Tomás Pérez Vizzon conoció esta historia, que "el año pasado cumplió 50 años", gracias a un taller de podcast. El director de Anfibia Podcast se presentó ante cientos de interesados. Contó que era la cabeza visible del podcast 'Fugas', que relata alguno de los escapes de prisiones más insólitos. Fue entonces cuando "una mujer norteamericana cuyo familiar había estado en esa fuga me contó la historia".
"Se podían relajar y dar patadas"
Entonces empezó un arduo trabajo de investigación. "Fue difícil chequear la información, hay pocos libros, no había tanta información, era complejo reconstruir el relato del partido, hablar sobre goles, si era amistoso o un torneo", explica. Había un vídeo en Youtube con algunas imágenes y, bajo este, comentarios que aseguraban que sus familiares habían estado allí.
Entonces descubrieron que se trataba de "un torneo regional entre las cárceles cercanas". "Los equipos de policías elegían a los mejores presos para ganar el dinero que estaba en juego", explica su autor. Los tres entrevistados explican que ese cometido creó un ambiente cercano por lo que "no hubo relación de preso y policía". "Se podían relajar y dar patadas", añade. Además esta cárcel en sobre el lago hacía imposible que se escaparan si carecían de un simple balón y un cuchillo.
El relato de tres presos
"Los relatos entrevistados no se acordaban del partido, era una excusa, tenían que meter la pelota en la cabina del guardia de seguridad para escapar", señala Tomás Pérez. La respuesta está en el episodio correspondiente de la segunda temporada. Tras volverse un experto en huidas, el director explica que siempre hay "un momento en el que la relación entre presos y guardias se relaja".
En el caso de los presos políticos bolivianos fue un guardia con ideología de izquierda. Les había soltado el chivatazo de que la prisión había integrado topos entre sus grupos. Gracias a esto aplicaron su plan. En otros casos se producen escapes "porque hay uno que se enamora de una mujer", señala. "Esos pequeños huequitos permiten que el plan de active".
 
 
 
 
 
LILIA PIDE ASILO A EU: INGRESÓ A MÉXICO COMO VIAJE DE PLACER Y TERMINÓ EN LA GARITA MIGRATORIA
 
Chiapas Paralelo de México (https://bit.ly/3GFGiEc)
 
En una pequeña cama de uno de los cuartos del Albergue “Hermanos en el Camino”, Lilia Shirley Venegas de origen boliviano llora por los dolores de su pierna izquierda y narra como un viaje de placer que soñaba con realizar en México se ha convertido en un viaje de sufrimiento por la violación constante de sus derechos humanos por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).
Desesperada y sin saber qué hacer, Lilia decidió contar su travesía en busca de ayuda; el 3 de diciembre llegó a México procedente de un vuelo internacional de Bolivia y se dirigió a Mexicali con unas amigas, al llegar a la terminal de autobuses sufrió un asalto donde le robaron sus pertenencias, entre ellas su pasaporte.
Al día siguiente, cuando intentaba retornar a la Ciudad de México para continuar con su viaje, es detenida por los agentes migratorios por no traer su documentación y fue llevada a la garita migratoria de Tabasco, donde estuvo retenida por una semana.
Lilia les insistió que necesitaba ayuda porque le habían quitado sus pertenencias, los agentes de migración no le creyeron a pesar de que mostró su vuelo de regreso, que sería el 9 de diciembre.
En la garita migratoria la tuvieron encerrada una semana y a pesar de que pedía que la comunicaran con su consulado de Bolivia en México, en todo momento no fue atendida.
En ese lugar conoció a una amiga que la llevó a Chiapas convenciéndola de que en Tapanatepec, Oaxaca le podían ayudar a tramitar un permiso migratorio.
“Ahí nos trataron muy mal, parece una cárcel, todos amontonados en un pequeño cuarto, sin importar si hay niñas, niños, mujeres, y hombres, yo siempre pedía que buscaran a mi consulado de Bolivia, les mostraba mi vuelo de regreso, yo no sabia ni donde era Tabasco y ni porque me habían llevado a ese lugar, todo esto ha sido muy triste, lleno de impotencia y frustración”, expresó.
Tras el paso de una semana, la soltaron. En la garita migratoria conoció a una mujer de origen nicaragüense quién le sugirió ir al estado de Chiapas porque ahí daban permisos y así poder llegar a la Ciudad de México y buscar ayuda, aceptó el reto.
Lilia no tenía dinero, los pocos pesos que su hija de 20 años le enviaba era con lo que podía seguir su camino. En Chiapas tomó varios camiones y llegó a Arriaga con destino a Tapanatepec, en donde supuestamente le darían su permiso, ella desconocía que el modulo migratorio ya se había levantado.
Cansada y con los pies llenos de ámpulas y moretones, pidió ayuda a un automovilista, y avanzó unos cuantos kilometros hasta que llegó a un sitio donde había motociclistas que cobraban 100 pesos para llegar a Tapanatepec, se montó en una con la esperanza de conseguir su permiso.
A medio camino, la motocicleta sufre una ponchadura en su llanta delantera y caen al piso, su pierna quedó entre el pavimento y la llanta, el motociclista se fue y la dejó desangrada.
Una camioneta con dos personas la auxilian y la llevan al Hospital de Tapanatepec, en donde le hicieron curaciones pero su pierna requería de operación, pero no había médicos ni medicamentos.
Pidió ayuda y la trajeron al Albergue Hermanos en el Camino de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, en donde el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra le ha brindado el acompañamiento.
Han pasado dos semanas de su accidente y Lilia no ha podido ser intervenida quirúrgicamente, su pierna le duele todo el tiempo, está hinchada y lo que le han dicho en el Hospital Civil de Juchitán es que no hay médicos para operarla.
“Estoy desesperada, vivo con medicamentos todo el tiempo para calmar el dolor, me siento muy triste, desesperada, y lo único que pido es que me operen y pueda irme a Estados Unidos, ya no quiero volver a Bolivia, ahora que he conocido a cientos de migrantes, quiero experimentar este sueño americano, yo llegué a México en plan turístico, jamás imagine que viviría el horror de mi vida en este país”, enfatizó.
De la cama solo se mueve para bañarse, sus vecinos de cama, quienes también son migrantes le ayudan para la comida y pasarle agua y algunas frutas, su estado de salud es preocupante y requiere una operación urgente, porque teme perder su pierna.
Nos tratan peor que a un animal
Mientras Lilia se limpia las lagrimas al narrar su historia de migrante, Arveis Daraio Torres Nieves de 29 años también cuenta la suya. De origen venezolano y guardia de seguridad en su país, este joven decidió migrar, pero no imaginó que en La Ventosa, Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec mientras caminaba en caravana fue arrollado por un automovilista que le dejó lastimada la pierna izquierda.
Con muletas y sin saber que hacer porque su propósito es llegar a los Estados Unidos, Arveis cuenta que ha sido tratado peor a un animal por los agentes migratorios y también por médicos que lo han atendido.
“Porque somos extranjeros se negaron a operarnos en el Hospital Civil de Juchitán, y no me refiero al traumatólogo, sino la anestesiólogo, que nos ha pospuesto en más de tres veces mi cirugía, y yo la requiero con urgencia para seguir mi camino, allá en Venezuela dejé a mis 8 hijos que dependen económicamente de mi”, contó.
Arveis está molesto y decepcionado de los funcionarios en Oaxaca, porque su única intención no es quedarse en México si no migrar y llegar a los Estados Unidos.
“Nos llaman extranjeros, y piensan que venimos a quitarles un espacio, y no es así, lo único que pedimos es ayuda, que nos dejen entrar a Estados Unidos, para trabajar, nosotros no somos gente mala, si no trabajadora, que por necesidad andamos acá”, dijo.
Tanto Lilia como Arveis pidieron al presidente Joe Biden ayuda y que no ponga candados para impedirles su ingreso a Estados Unidos, quienes lo único que buscan es trabajar y mejorar su vida.
*** Tabasco, la gran cárcel para migrantes
El sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, director del Albergue Hermanos en el Camino lamentó que la garita migratoria de Tabasco se esté convirtiendo en un “corral”, una “cárcel”, un terror para los migrantes, debido a que en este lugar los tienen hacinados y prácticamente encarcelados.
El defensor de los derechos humanos de los migrantes refirió que la migración no se detiene y que en los últimos meses han llegado personas de diversas nacionalidades, especialmente africanos, y hasta asiáticos.
Solalinde Guerra dijo que la migración no se detendrá, y que es necesario atender el problema de raíz, mejorando las políticas publicas.
En el caso de ambos migrantes que se encuentran con la urgencia de una operación de sus piernas, dijo que es lamentable que la xenofobia y el racismo sigan vigentes hoy en días en las unidades de salud, que saquearon las anteriores administraciones.
 
 
 
 
 
CRISTINA DORADOR: “LA ALTA DEMANDA DE LITIO ESTÁ PONIENDO EN PELIGRO DE EXTINCIÓN A LOS SALARES EN CHILE”
 
La ex constituyente y científica especialista en microbiología de los salares cuenta en esta entrevista con País Circular acerca de los perniciosos efectos que tiene la explotación indiscriminada de estos ecosistemas para extraer litio. Percibe una paradoja entre el uso de baterías de litio para fomentar la electromovilidad en los países desarrollados a costa del sacrificio de los salares del hemisferio sur, sus comunidades microbianas y su diversidad en flora y fauna. Extraña una mirada más holística y de largo plazo en este debate país por la industria del litio.
 
Revista País Circular de Chile (https://bit.ly/3iHyTvX)
 
El 3 de enero pasado la minera Salar Blanco anunció que este año comenzará las obras para producir litio en el Salar de Maricunga, ubicado en el altiplano de la Región de Atacama, en una operación que sería la más avanzada de Sudamérica. A esto se suma la extracción masiva de litio que realiza SQM en el Salar de Atacama, en la Región de Antofagasta, a cuya lista se deberían agregar, si todo sigue la misma tónica, otros salares del norte chileno.
Aunque envuelto en un halo de optimismo, el anuncio agudiza la preocupación de Cristina Dorador, ex integrante de la Convención Constitucional y científica que lleva más de 15 años en el estudio de la microbiología de los salares. En su criterio, el mapa del referido Salar de Maricunga está arbitrariamente dividido en dos tramos, uno de ellos forma parte de un área protegida; en el otro, en cambio, no figura como protegida, y ahí se producirá el codiciado mineral. “Que se explote solo en una parte del salar no implica que no tenga un impacto”, asegura Dorador, académica del Departamento de Biotecnología de la Universidad de Antofagasta y autora de varias investigaciones respecto de las comunidades microbianas y biodiversidad presentes en los salares.
Nacida, criada y residente en la capital regional, Dorador mira con escepticismo el desarrollo del mercado que responderá a la alta demanda por litio que existe en el mundo. Extraña una mirada holística en el abordaje de la industria, y sostiene que dar respuesta a esta demanda que apunta hacia la descarbonización y la electromovilidad encierra una paradoja: al tiempo que estas medidas buscan cumplir los compromisos internacionales en la lucha contra la crisis climática, los salares de Chile siguen perdiendo agua por evaporación a un ritmo desenfrenado, fruto de su intervención para producir litio, que luego se ocupará para fabricar baterías.
De esta preocupación por el futuro de los salares y el desierto de Atacama; de la riquísima microbiología que habita en estos ecosistemas extremos y cómo se pone en peligro su supervivencia a la luz del contexto actual; de los intentos por contar con una protección efectiva hacia ellos; del déficit de Chile en materia de ciencia y tecnología; y de imaginar otro modelo de desarrollo, entre otros temas, habla Cristina Dorador -quien fue reconocida por la revista Forbes, a fines de 2022, entre las 30 “mujeres poderosas” de Chile- en esta entrevista con País Circular.
-¿Desde cuándo usted investiga los salares y hace cuánto se acredita la explotación de estos ecosistemas?
-Hace más de 15 años empecé a estudiar la microbiología de los salares. La idea era poder entender cómo estas comunidades microbianas podían vivir en estas condiciones tan particulares y extremas. Los salares son ecosistemas únicos, y en Chile hay en el altiplano y en la precordillera. A través del tiempo, se ha notado una gran intervención en los salares, principalmente en lo que refiere a la extracción de agua para la gran minería del cobre, y para la evaporación de salmuera en los salares para la obtención del litio. Antiguamente algunos salares habían sido intervenidos para obtener boro y otros compuestos. Pero el mayor impacto que ha tenido en las últimas décadas es la obtención de agua.
-¿Cuál es el estado actual de los salares en Chile?
-Los salares son ecosistemas que se llaman terminales. Desde el punto de vista geológico, son lagos que existían hace millones de años y que se fueron fragmentando y evaporando. Lo que vemos, entonces, son el legado de antiguos lagos, y eso tiene un correlato biológico. Por ejemplo, hay unas especies de peces que viven en los salares, y cada salar tiene su propia especie de pez. El aislamiento geográfico de estas cuencas derivó en una diversificación y endemismo muy importante. En Chile están descritos cerca de 62 salares o cuencas evaporísticas cerradas entre las regiones de Arica y Parinacota y Atacama, de los cuales muy pocos están en áreas protegidas. Son apenas sectores. Por ejemplo, el Salar de Atacama tiene sectores protegidos en la Reserva Nacional Los Flamencos. Pero hay mucha inconsistencia respecto del carácter único e importante de estas cuencas. Esto hace que su explotación sea inminente sobre todo por la alta demanda de litio y, al no haber protección previa, existen muchos instrumentos para que los proyectos en salares sean aprobados.
-¿Hay un riesgo real de extinción de los salares producto de esta situación? Es esa la palabra que menciona una de sus investigaciones.
-Tratamos no solo de entender la problemática directa biológica ambiental, sino que también lo que significa vivir en Atacama, en el desierto más árido del mundo, que es una de las zonas de mayor producción de cobre en el planeta. No hay conciencia de que para obtener estos materiales se requiere agua y energía, y entonces, ¿dónde obtener agua en el desierto? Por lo menos tres salares han sido declarados con daño ambiental irreparable por la extracción de agua: Punta Negra, Lagunillas y Pedernales. En dos de ellos ha habido demanda del Consejo de Defensa del Estado. Son daños ambientales irrecuperables, ni siquiera alcanzamos a estudiarlos en detalle.
Es muy preocupante que uno de los mayores factores para decidir explotar un salar, sean los posibles niveles de litio que tengan sus salmueras, sin considerar el patrimonio biológico, cultural y natural de estos sistemas. La alta demanda de litio está poniendo en riesgo a los salares, al punto de su extinción. El Salar de Punta Negra jamás será como antes. Además, las soluciones no son necesariamente tecnológicas. Lo digo porque hay ideas que para compensar la gran evaporación de agua para producir el litio se debería reinyectar agua desalinizada o agua de mar tratada, lo cual es una completa artificialización de los ecosistemas. Es una visión simplista, acotada y antropocéntrica.
-¿Cómo se explota el litio en los salares y cuál es la principal degradación que están sufriendo?
-El litio está presente en aguas altamente concentradas en minerales debajo de las grandes costras salinas del Salar de Atacama, y ahora en el Salar de Maricunga que está a punto de ser explotado. La salmuera se bombea desde mucha profundidad a la superficie, y las costras salinas, que tienen millones de años, se destruyen con retroexcavadoras y maquinarias para hacer una superficie plana, donde se depositan carpetas de plástico con la salmuera. Estas piscinas de evaporación tienen una superficie muy grande; se ven desde el espacio. Debido a las condiciones naturales de la zona (mucho calor), el agua se evapora naturalmente y se concentran las sales. Hay un tema de cosecha: hay sales que sirven para el proceso y otras que no. Ahí se va concentrando el litio hasta llegar a una salmuera como una solución viscosa color verde. Se procesa en una planta en Antofagasta y se exporta para la fabricación de baterías, principalmente. Hay que decir que la minería que se hace aquí en Chile es minería del agua; es muy distinto a la minería del cobre donde son las rocas las que se procesan.
En el caso del litio, las intervenciones son una intensidad muy alta dada la fragilidad de estos ecosistemas. Hemos reportado a través de 30 años de extracción continua del Salar de Atacama que han cambiado algunos parámetros: la cubierta vegetacional ha disminuido, ha aumentado la temperatura del suelo, y eso hace que el agua se caliente y se evapore más rápido. Eso tiene consecuencia en la alimentación de otras especies. O sea, los flamencos no van a llegar a lagunas donde no puedan tomar agua, o no habrá la misma cantidad de alimentos porque cambiaron las condiciones de base.
Lo que extraño es una mirada ecosistémica de las problemáticas ambientales, no solo una visión de corto plazo. Tiene que haber una discusión profunda y honesta a nivel país. Prácticamente se dice que no hay alternativa, que es esto o nada, que es la única manera en que Chile saldrá del subdesarrollo. En el norte no salimos del subdesarrollo ni con el salitre ni con la gran minería del cobre. Al contrario, en Antofagasta ha aumentado la desigualdad. Tenemos uno de los números más bajos de empresas de base científico-tecnológica, y eso que tenemos uno de los PIB más altos del país en la región. El 70 por ciento de la investigación se sigue haciendo en Santiago. Aquí en Chile seguimos sumidos en la dependencia del procesamiento de los minerales en otros países. Cuando hablamos de soberanía es importante considerarlo, y para ello es crucial el desarrollo de las regiones y concretar áreas como investigación. No podemos seguir sumidos en que la única forma de hacer país es a través del extractivismo. El planeta es finito y mantener estos ecosistemas no es un capricho.
La paradoja del litio
Los objetivos de descarbonización del planeta involucran medidas como avanzar hacia la electromovilidad en el área del transporte. Para que ello funcione, es esencial el uso de baterías de litio para los automóviles. Sin embargo, según Cristina Dorador, esa visión omite las externalidades ambientales que genera la explotación de los salares, en el hemisferio sur, donde campea la desigualdad y el subdesarrollo.
-¿Cómo resolver esta paradoja entre la mayor demanda de litio a costa del sacrificio de los salares? ¿Qué alternativas se barajan desde la ciencia para seguir en esta senda -política de Estado de Chile- sin que esto tenga impactos tan significativos para los salares?
-Nadie pone en duda lo urgente que es descarbonizar el planeta y bajar las emisiones de gases de efecto invernadero, pero tenemos que pensar al mismo tiempo en cómo nos relacionamos con la naturaleza. Por eso en el ejercicio constituyente que tuvimos fue tan importante llegar a la conclusión de que los seres humanos somos parte de la naturaleza y que, como tales, nos atañen responsabilidades. Ahí surgió el debate de los derechos de la naturaleza. Ahora pareciera que todos estos temas que se conversaron a ese nivel ya no son tema. Pero deberían seguir siéndolo. La paradoja es que queremos soluciones simples para problemas complejos. La idea de Europa y Estados Unidos es cambiar la matriz automotriz en base a baterías de litio, pero no hay una discusión profunda sobre el origen de los materiales. Porque además se necesita plástico, cobre y mucha energía. Lo estamos dando todo por la electromovilidad, pero faltan elementos en el debate. Hay una dependencia del hemisferio sur con el hemisferio norte: damos las materias primas, pero otros países tendrán los cambios tecnológicos ¿Dónde van a llegar los autos que se dejarán de ocupar? Sabemos el destino de la basura del mundo. Ya hemos visto los cementerios de ropa en el Desierto de Atacama.
Tenemos que usar más bicicleta, más transporte público, pero es importante visibilizar otras aristas. Tener un auto eléctrico implica que se evaporaron varios miles de litros de agua en el desierto más árido del mundo. Y esto tiene una cadena de carbono; no es que el litio explotado se transporte en autos eléctricos, sino en camiones a diésel; el barco que se lleva el litio también se mueve con combustibles fósiles. No es tan así que Chile tenga una tremenda oportunidad para salvar el planeta. No hay que verlo desde un solo ángulo. No veo que se esté pensando en el Chile del 2100, estamos actuando muy precipitadamente.
-¿Existe desde la ciencia una manera más sustentable de producir litio para dar respuesta a la alta demanda del mineral, habida cuenta de que ya no hay vuelta atrás?
-Se ve la falta de inversión y capacitación en ciencia y tecnología. Deberíamos ser los pioneros en estos temas y, sin embargo, dependemos del conocimiento de los laboratorios de otros países que trabajan en el tema. El litio es limitante en el planeta. Se sabe que no va a dar abasto a la demanda que existe. Por lo mismo, ya se está trabajando en otro tipo de batería, pero Chile no.
-¿Y en Argentina y Bolivia, los otros dos países que tienen grandes reservas de litio, se está trabajando de otra manera o se sigue el mismo patrón?
-En los tres países hay salares, pero el proceso de evaporación de agua es inevitable. Hay investigadores que están proponiendo técnicas de extracción directa, a través de membranas: es decir, obtener solo el litio del agua, y volver a poner el agua en circulación. Pero esto no tiene aplicación industrial ahora. Se necesita tiempo para que las tecnologías puedan probarse primero en piloto y luego a escala industrial. Estamos atrasados en conservación, en tecnología y otras cosas. Porque, ¿qué pasa si el día de mañana sucede lo que pasó con la industria del salitre que se desplomó cuando se creó el salitre sintético? ¿Qué pasa si surgen nuevas alternativas a las baterías de litio? ¿Qué pasa si se hacen baterías de sodio que sean sustentables y económicamente factibles? Y, por otra parte, Chile cuenta con sus maravillas naturales. En un reportaje que salió recién, Chile tiene la mayoría de los ecosistemas que hay en el mundo, y este, el de ecosistemas salinos de altura, sale mencionado. No lo estamos protegiendo. Esta es una oportunidad para tener planes de Estado no solo por contingencia, sino a largo plazo.
-¿Esperaría una nueva actitud de este gobierno en lo que respecta a la protección de los salares, para que no sea tan indiscriminada su explotación?
-Yo creo que sí. Es lo que estamos esperando. El gobierno debería dar a conocer la política nacional del litio, y espero que tenga una mirada no solo económica, sino una de protección. Espero que un gobierno que se proclama ecológico y que tiene un Ministerio del Medio Ambiente que ha dado varias certezas (cierre de Ventanas, Escazú y la participación destacada de la ministra Maisa Rojas en la COP27) pueda tener una mirada en estas decisiones junto con el de Ciencia, y que estas no sean solo de los ministerios de Minería y Economía.
El desierto es una zona que necesita ser observada y cuidada. No tenemos ninguna zona del desierto absoluto en áreas protegidas. Mucha gente pregunta de qué sirve proteger el desierto. Pero hay mucha vida microbiana, que nos habla de la tierra primitiva. No estamos mirando en detalle. Los activistas de las ONG’s ambientalistas no llegan por acá. Nunca vamos a escuchar eslóganes tan grandes como “Patagonia sin Represas”. “Desierto de Atacama sin mineras” es casi impensable. Pareciera que necesitáramos ballenas en el salar. Hay pendiente un tema de valorar la importancia de proteger los ecosistemas.
-¿Hay algún salar que esté libre de explotación en Chile?
-Sí, el Salar de Huasco no ha tenido intervenciones directas. Pero se sabe que por ejemplo el Salar de Tara, que es hermoso y tiene agua dulce y bofedales, se está ofreciendo al mejor postor para explotar litio. Es un salar que está en la Reserva Los Flamencos. No hay respeto a lo que está protegido.
-¿Siente que la aprobación del SBAP -pendiente desde hace mucho tiempo- ayudaría a tener un mayor nivel de protección de los salares?
-Yo espero que sí. Ojalá que avance porque tendríamos más herramientas para proteger los ecosistemas. Hay algunos salares que necesitamos protegerlos 100 por ciento, sin intervención ni acceso humano. Muchas veces la mirada se va al uso y al manejo, pero también es importante proteger la biodiversidad tal cual, en su estado natural.