"UN PROCESO MÁS EFICIENTE": LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO RUSO PARA PRODUCIR LITIO EN BOLIVIA

La empresa Uranium One Group de la estatal rusa Rosatom construye una planta para la producción del llamado oro blanco en el salar de Pastos Grandes, en Potosí. El proyecto prevé ahorrar millones de dólares gracias a la generación de electricidad a partir del aprovechamiento de la energía subterránea del lugar. 

La empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) firmó convenios con empresas Rusia y China para explotar litio de los salares del departamento de Potosí (sudoeste) por un total de 1.432 millones de dólares. De esta suma, 857 millones corresponden a la china Citic Guoan, mientras los 575 millones restantes serán invertidos por la empresa Uranium One Group, perteneciente a la corporación estatal rusa Rosatom.
A pesar de que se trata de plantas de similares características, el proyecto ruso demandará una inversión menor. ¿El motivo? Uranium One Group aprovechará la energía geotérmica del salar de Pastos Grandes para efectivizar los recursos destinados a la producción de litio.
"Uranium One Group tendrá un proceso de extracción más eficiente a partir del uso del vapor de agua que sale de los pozos geotérmicos y la energía eléctrica", dijo a Sputnik Álvaro Arnez Prado, viceministro de Energías Alternativas de Bolivia.
En la región de los Andes de Bolivia se encuentran varios pozos geotérmicos, que generalmente se sitúan en zonas de alta actividad geológica. En Pastos Grandes serán utilizados para generar energía eléctrica de manera sustentable.
El aprovechamiento de la energía geotérmica "promueve los niveles de eficiencia técnica y económica del proyecto", agregó Arnez, especialista en ingeniería química e hidrocarburos, y exviceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019).
Los ingenieros de Uranium One Group trabajarán para capturar la presión del vapor debajo de la corteza terrestre para transformarla en electricidad por medio de turbinas o bombas de calor, entre otros equipos, informaron desde el Ministerio de Hidrocarburos.
El viceministro de Energías Alternativas consideró que "la empresa Uranium One Group tiene una importante experiencia en materia de litio. Un aspecto importante del convenio es que en el lugar donde desarrollará el proyecto se logró un rendimiento por encima del 95%" en el proceso de recuperación del mineral.
Asimismo, destacó que la empresa, que forma parte de la estatal rusa Rosatom "es responsable de la implementación de proyectos en el extranjero, en el campo de la extracción de uranio, así como de metales no ferrosos y raros". Se prevé que cuando el proyecto comience a funcionar, en 2025, producirá 25.000 toneladas anuales de litio.
Si se suma la producción de las otras tres plantas en construcción en los salares de Uyuni y Pastos Grandes, en ese año el país dispondrá de 100.000 toneladas anuales, lo que convertiría a Bolivia en el mayor productor mundial de este mineral, indispensable en la elaboración de baterías de aparatos electrónicos, desde celulares hasta autos eléctricos.
Extracción directa del litio
El pasado 30 de junio, el presidente Luis Arce anunció las firmas de convenios con las empresas de Rusia y de China.
Para el viceministro, mediante estos proyectos "la industrialización de litio boliviano mantiene el modelo soberano", a la vez que "trae tecnología e inversión con la construcción de dos plantas de extracción directa de litio (EDL), las cuales van a generar empleos diversos".
Estos dos complejos se suman a otros dos proyectos en construcción por el consorcio chino CBC, con la cual YLB ya había firmado acuerdos en enero pasado. La tecnología EDL, que se implementará en las cuatro plantas, reduce el tiempo de procesamiento necesario para obtener el litio de la salmuera.
Según el método tradicional, la salmuera reposa en un estanque de evaporación durante meses hasta que se seque el agua. Pero con la EDL se puede extraer el llamado oro blanco en semanas. De esta manera se aumenta la producción y se reducen los costos, comentaron desde el ministerio.
Arnez ponderó la experticia de las empresas chinas encargadas de la construcción de tres plantas para la extracción de litio: "A lo largo de las últimas décadas, ha desarrollado e industrializado tecnologías de aprovechamiento integral de categoría mundial para distintos tipos de salares".
En cuanto a Citic Guoan, "ha realizado la ingeniería de EDL a partir de salmuera cruda en el salar de tipo sulfato de magnesio, es decir el salar de Xitai Taijinar, similar al salar de Uyuni y al salar de Coipasa", resaltó el viceministro.
Destacó que esta empresa "ha construido y puesto en funcionamiento una unidad de producción de carbonato de litio de grado batería de 30.000 toneladas anuales, que se ha convertido en la línea de producción de EDL con mayor escala de capacidad, mejor calidad de producto y más alto nivel de informatización para la extracción de litio del salar en su país y en el extranjero".
Más plantas industrializadoras
Aunque Bolivia ya espera convertirse en el mayor productor mundial de litio para 2025, el presidente Luis Arce comentó que aún siguen abiertos a firmar más convenios para disponer de más plantas procesadoras de litio.
Ello sería posible gracias a que Bolivia posee las mayores reservas mundiales de este mineral, con 21 millones de toneladas certificadas.
"En el marco de la convocatoria y de la tecnología EDL, que aporta una solución viable, real y es de rápida implementación, YLB continúa evaluando otras propuestas de compañías interesadas en industrializar el litio", afirmó el viceministro.
"Bolivia trabajará con empresas, en el marco del respeto al modelo de negocio soberano, donde el Estado tiene el control de la administración de los recursos naturales y estratégicos", aseguró.
El ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, afirmó que las empresas con las cuales se firmaron los convenios tienen experiencia en la industrialización de litio para la elaboración de baterías y hasta autos eléctricos.
Según Arnez, las empresas de China son muy destacadas en este campo: "Cabe resaltar que CATL [del grupo CBC] es el mayor productor de baterías en el mundo con especial énfasis en vehículos eléctricos".
En cuanto a Citic Guoan, "proyecta construir una planta de baterías y una ensambladora de vehículos eléctricos. También planea integrar a empresas chinas que manejan la cadena industrial de las baterías de litio y los vehículos eléctricos para discutir con YLB sobre la cooperación en toda la cadena industrial", sostuvo el viceministro. Sputnik News de Rusia (https://acortar.link/qoRRB9)
 
 
 
 
 

CAPITALISMO EXTRACTIVISTA DEL MAS. EXPLOTACIÓN DEL LITIO EN BOLIVIA: ¿HACIA UN NUEVO PATRÓN DE ACUMULACIÓN?
 
Gobierno de Luis Arce firma contratos con empresas rusas y chinas por 2800 millones de dólares. Se pone en marcha la extracción industrial del litio. Preocupación de comunidades campesinas y originarias, dueñas de los salares y el territorio, por contaminación ambiental. Ni extractivismo capitalista ni “naturalismo” reaccionario. La urgencia de un plan obrero, originario-campesino y popular de industrialización del litio hacia una auténtica transición energética y no para los negocios capitalistas.
 
La Izquierda Diario de Chile (https://acortar.link/DZ55ju)
 
La situación económica de Bolivia en estos últimos años ha empezado a mostrar una desaceleración en comparación con los años de bonanza económica que tuvo -durante casi una década- producto del incremento mundial de los precios de los minerales y los hidrocarburos. El ciclo del gas como patrón de acumulación y de generación de ingresos se está agotando. Esta situación se expresa en la reducción de la producción de hidrocarburos, específicamente de gas, lo que ha hecho que los niveles de exportación de gas a Argentina [1] y a Brasil se hayan reducido y, por lo mismo, los ingresos que genera estén por debajo de lo que se percibía en años anteriores.
A esto se suma el hecho de que la importación de combustibles para el consumo interno se haya incrementado en un 31% más que el año 2022 lo cual generó un aumento considerable del subsidio de los combustibles que el Estado asume y que es aproximadamente el 50% de su precio real.
Frente a una economía que va mostrando grietas y cierta fragilidad, el gobierno del MAS, está buscando “socios” para empezar a explotar e industrializar el litio. Firmó hace un par de semanas un acuerdo con empresas de capitales rusos y chinos. Es el caso de la empresa estatal rusa Rosatom y la china Citic Guoan Group, para la explotación del litio, con inversiones superiores a los 2800 millones de dólares.
Ya en el mes de enero de este año, el gobierno firmó otro convenio con la empresa capitalista china Contemporary Amperex Technology para la construcción de dos complejos industriales para la producción de carbonato de litio. Durante ese encuentro, Luis Arce señaló que “Evaluamos el avance de estos dos proyectos, la posibilidad de incrementar las inversiones para avanzar con mayor eficiencia y optimizar la producción hasta el 2028. ¡Somos el Gobierno de la industrialización!” (...) “esta inversión marca un hito en la historia energética de nuestro país y consolida a Bolivia como referente en la industrialización del litio, además, es un paso hacia la transición energética con soberanía” (Diario La Razón - 18 de junio de 2023).
La geopolítica del Litio
La explotación del litio está generando una disputa geopolítica entre las empresas capitalistas automotrices como Tesla (EE.UU.), Toyota (Japón), multinacionales como Eramet (Francia) o Geolith (Francia), Shandong Gold, Ganfeng Lithium y Zijin Mining (China), por el control de las grandes reservas mundiales de litio que existen en países como Argentina, Chile y Bolivia, que concentran entre el 50% y el 85% de las reservas mundiales.
Por este motivo, la región se ha convertido en un “tablero de ajedrez” geopolítico, donde el interés del imperialismo norteamericano pasa, por un lado, por asumir como suyos los recursos de toda la región, y, por otro, por la disputa estratégica con China por el dominio de la región y por el control de los recursos de estos países.
Una muestra de esto es lo expresado por la general a cargo del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson, durante un evento del Atlantic Council: “¿Por qué es importante esta región? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras poco comunes, tienes el triángulo del litio, que hoy en día es necesario para la tecnología. El 60 % del litio del mundo está en el triángulo de litio: Argentina, Bolivia, Chile… Tenemos 31 % del agua dulce del mundo en esta región… Con ese inventario, a Estados Unidos le queda mucho por hacer, esta región importa, ya que tiene mucho que ver con la seguridad nacional y tenemos que empezar nuestro juego… Tenemos también las reservas de petróleo más grandes, incluidas las de crudo ligero y dulce. Tienen los recursos de Venezuela también, con petróleo, cobre, oro, y está la importancia del Amazonas como los pulmones del mundo”.
La esperanza en el litio que se está mostrando como salida a la crisis en Bolivia, así como en Chile y Argentina, está basada en un discurso de que la industrialización de este metal va generar desarrollo, progreso y trabajo.
Nada más falsa está afirmación, más aún si tomamos en cuenta la voracidad con la que las empresas capitalistas están empezando a explotar los recursos naturales de la región con el pretexto de generar una transición energética para reducir el uso del combustible fósil y la emisión de gases de efecto invernadero. Sin embargo, lejos de apostar por una “transición energética” lo que se pone de manifiesto es la necesidad de hacer nuevos negocios que provean elevados niveles de rentabilidad a los grandes capitalistas.
La guerra en Ucrania expuso muy bien que lejos estamos de la tan mentada “transición energética” ya que pese al crecimiento de las “energías renovables”, no sólo puso de manifiesto la hegemonía de los combustibles fósiles el 2022, sino también la tremenda dependencia de los países de la OTAN. Esto es lo que motiva hoy la urgencia de avanzar más aceleradamente con la industrialización del litio, baterías que les venderán muy bien a la OCDE [2].
Es la codicia con la que las potencias capitalistas se pintan de “capitalismo verde”, pues lo que pretenden no es otra cosa que la generación de grandes ganancias a costa de la explotación de trabajadores y trabajadoras, y el saqueo de los territorios donde se encuentra este mineral.
El supuesto objetivo de reducción de emisión de gases de efecto invernadero para evitar las señales cada vez más alarmantes del calentamiento global hace aguas cuando tomamos en cuenta el dato proporcionado por la Agencia Internacional de Energía (AIE) y que fue difundido en el “Informe Especial. Dossier: La guerra por el litio en Argentina”, que según los pronósticos "la producción de autos eléctricos pasaría de 2 millones a 280 millones en 2040, la demanda se multiplicaría por 42. Sin embargo, la estimación de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero serían tan solo de... ¡1 %!"
Si bien el litio podría jugar un rol en una transición energética, como señala Juan Duarte en la sección de Ecología y Ambiente de La Izquierda Diario: “la demanda actual está dirigida centralmente a las baterías para autos eléctricos, por lo que no resuelve el problema”.
En el caso chileno, por ejemplo, el reciente anuncio del presidente, Gabriel Boric, pasa por hacer énfasis en la estrategia de generar una empresa nacional del litio, con la intención de que el Estado participe del proceso productivo. Recordemos que Chile tiene una larga trayectoria en la extracción y producción de este metal, llegando a ubicarse en un segundo lugar, después de Australia, con un volumen de producción de litio de aproximadamente 40.000 toneladas métricas el 2022 [3]. Lejos de enfrentar el saqueo que vienen haciendo las transnacionales, Boric pretende regatear migajas de participación estatal sin cuestionar el grueso del saqueo de los recursos naturales.
En lo que respecta a Argentina, las políticas extractivistas no distan mucho del caso chileno. En las últimas semanas se han venido realizando masivas luchas que protagonizan maestros, maestras y las comunidades originarias en respuesta a la Reforma de la Constitución de Gerardo Morales en la provincia de Jujuy. La reforma aprobada el viernes 16 de junio, entre gallos y media noche, profundiza el régimen represivo y prohíbe la protesta. Del mismo modo, si bien reconoce la preexistencia de las comunidades originarias y pueblos indígenas, determina que el Estado es el encargado de reconocer su personería jurídica y la posesión comunitaria de las tierras, en pocas palabras, lo que garantiza es el saqueo legal y oficial de los bienes comunes naturales como el litio. La lucha en Jujuy, que viene mostrando un masivo rechazo y una resistencia firme, expresa muy bien algo que es común a nuestros pueblos. Es decir, vivir en una “provincia rica con trabajadores pobres”. Esto plantea un desafío más grande y un problema más complejo.
Si bien los mecanismos jurídicos, comunitarios, ambientales, contractuales y de inversión en Bolivia son diferentes en cuanto a la explotación del litio en Chile y Argentina, sí podemos resaltar algunos elementos en común.
En primer lugar, formar parte del llamado triángulo del litio convierte al conjunto de la región en foco de las disputas políticas entre las grandes potencias sedientas de este recurso estratégico. Esta posición geopolítica clave convierte a los países involucrados en el terreno donde se llevarán adelante las disputas y enfrentamientos por el control de estos recursos. El golpe de Estado de noviembre del 2019, en Bolivia, es expresión de estas disputas que tenderán a intensificar la lucha de clases y la inestabilidad estatal en esta región.
En segundo lugar, tenemos a una clase trabajadora y comunidades originarias y campesinas, que habitan estos territorios y defienden sus bienes comunes [4], como la tierra y el agua, como lo pone en evidencia en estos momentos Jujuy.
Bolivia: ¿qué hay detrás de la supuesta industrialización con soberanía del litio?
En el caso boliviano, frente al agotamiento del ciclo del gas, el gobierno del MAS está buscando a partir de la explotación del litio una nueva fuente de ingresos que permita en un mediano plazo reactivar la economía del país que empieza a mostrar síntomas de crisis.
La importancia del proyecto de industrialización del llamado “oro blanco” radica en que el litio puede convertirse en un nuevo patrón de acumulación capitalista que articule y ordene el conjunto de la economía nacional. Recordemos que a lo largo de nuestra historia cada cambio de patrón de acumulación ha sido fuente no solo de profundas crisis estatales y políticas sino también el disparador de importantes procesos de lucha de clases. Por ejemplo, el cambio de patrón de acumulación de la plata al estaño vino acompañada no solo de la guerra federal sino también del levantamiento de Zárate Willca y la efímera república de Peñas a finales del siglo XIX. O, más próximo en el tiempo, en los años 80, el agotamiento del ciclo del estaño y su reemplazo por los hidrocarburos implicó una aguda lucha de clases desde los tempranos años 80 hasta principios de los 90. Estos cambios en la organización de la economía vinieron acompañados de importantes desplazamientos del poder político regional y nacional. Como fue de Sucre a La Paz en 1899 o el fortalecimiento de las logias y cívicos cruceños a partir de los años 90. Hoy con el litio tenemos que esperar que fenómenos de crisis y convulsión social sean parte de este proceso.
En este sentido el gobierno de Luis Arce, a través de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), ha concretado la firma de convenios con China y Rusia para avanzar en lo que denomina “industrialización con soberanía”. Hay que mencionar que la explotación y la comercialización industrial de litio en Bolivia, empezará a efectivizarse a partir del año 2024 que es cuando, según los estudios, se tendrá la primera producción de 50.000 toneladas métricas de carbonato de litio. Volúmenes que se prevén duplicar para el 2025 año en el que se conmemora el bicentenario del país y también en que se llevarán a cabo las elecciones presidenciales.
Bolivia hasta el momento pese a su enorme potencial en reservas es el más rezagado en la explotación de este recurso debido a que hasta la firma de estos convenios por Arce, la producción se basó en una planta piloto y en la preparación de la infraestructura mínima o básica para los proyectos que ahora ya se ponen en marcha. Así mismo un elemento retardatario tiene que ver con el hecho de que en Bolivia la participación estatal, en la que radica la “soberanía” del MAS, es mayoritaria. Es decir, con la constitución del Estado Plurinacional se ha establecido una amplia y mayoritaria participación estatal en toda la cadena de producción y comercialización.
La disputa por las regalías que la industrialización del litio vaya a dejar a nivel central del estado y para las regiones, es decir, para las provincias y dentro de ellas las comunidades del altiplano Sur que es donde se encuentran los salares de Uyuni, Coipasa y Pastos Grandes, es un tema aún no definido ni resuelto. Por el momento, en términos generales el gobierno de Arce no enfrenta una oposición social al proyecto de industrialización. Esto en parte se debe al candado constitucional y legal de que la participación estatal no puede ser inferior al 51% en toda la cadena de producción y comercialización. Sin embargo, hay que señalar que las comunidades han denunciado que no cuentan con información suficiente de parte del gobierno no solo con respecto a los porcentajes de utilidades que quedarían para el Estado sino también sobre los peligros de contaminación de tierras y aguas en los procesos de extracción Directa de Litio (EDL).
Recordemos la reciente toma de la planta piloto de carbonato de litio en Llipi, ubicada al sur del salar de Uyuni, por parte de dos de las más importantes organizaciones campesinas del altiplano sur. El 9 de marzo la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud (FRUTCAS) y la Federación Sindical Única de Mujeres Campesinas del Altiplano Sud (FSUMCAS) Bartolina Sisa realizaron lo que denominaron la “toma pacífica de la Planta de Industrialización del Litio en Llipi” como medida de presión para que el Gobierno atienda sus demandas, entre ellas, información. Estamos hablando de comunidades que han conquistado su derecho al territorio, a la propiedad colectiva de la tierra, preservando sus formas de autogobierno ancestral, como es, por ejemplo, la TIOC (Territorio Indígena Originario Campesino) de Nor Lípez [5] y por lo tanto hay un mandato constitucional a la consulta previa y debidamente informada.
Esta necesidad se acrecienta ante el anuncio de que para acelerar el proceso de extracción y producción de carbonato de litio se aplicará el método de EDL sin embargo no se conoce nada sobre cómo esto va a impactar. Además, como señalaron en un reciente encuentro y conversatorio “los avatares del litio”, realizado este pasado 7 de julio en la ciudad de Uyuni a propósito del XLI aniversario de FRUTCAS, aún no se conocen resultados de la aplicación de este método, por lo que hay más preguntas y dudas que certezas.
La situación de pobreza en la que viven los pobladores de las comunidades de Oruro y Potosí ha generado muchas ilusiones de la mejora de sus condiciones a futuro con la industrialización de litio, la cual se traduciría en rentas para el beneficio de las comunidades, expectativas de empleo y mejoras en infraestructuras. De allí que en un buen sector de la población existe apoyo manifiesto a la explotación de este mineral, pese a la escaza información y a los riesgos de contaminación ambiental.
Como bien expresa la secretaria general de FRUTCAS, Yamilé Cruz:
Si es un recurso que promete una energía limpia ¿Por qué sus métodos de extracción sólo tendrían que traer aniquilación de nuestros recursos?… ¿no hay otra alternativa? Nosotros queremos industrialización, pero que signifique desarrollo para nuestras comunidades.
En este sentido, se hace necesario y urgente, de la manera más democrática, convocar a todas las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, de los pueblos originarios, de campesinos, de estudiantes, y de los sectores populares que buscan una salida a la crisis económica que se viene y a la crisis ambiental, a impulsar el más amplio y profundo debate sobre las vías para que las comunidades, los trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad y el pueblo podamos llevar adelante procesos de industrialización controlados y gestionados democráticamente por nuestras organizaciones sociales junto a expertos técnicos y ambientalistas, donde las comunidades sean sujetos y parte central en las decisiones acerca de qué métodos, formas, cantidades, etc, utilizar para orientar este proceso no al servicio de los negocios capitalistas sino al servicio de las necesidades de las y los de abajo.
La prensa viene titulando que el litio de Potosí será la locomotora que impulse al país, pero Potosí ya tiene historia y desde la extracción colonial de la plata hasta ahora, solo se ha visto, en un polo, un territorio rico en recursos que son apropiados por grandes empresas y en el otro polo, con trabajadores y pueblos en la miseria y postergados.
Extractivismo, bienes comunes naturales y necesidades sociales postergadas
Hasta aquí lo que es evidente es que la discusión sobre el litio se extiende y generaliza ya que no solo se plantea como un posible nuevo patrón de acumulación para la economía boliviana, sino también por el rol estratégico de este mineral en la llamada "transición energética”. Este último punto nos plantea también una discusión clave para pensar una salida internacionalista, empezando, por los países del llamado triángulo del litio del que somos parte.
Cualquier plan de aprovechamiento de bienes comunes naturales, sean estos renovables o no renovables, significa extractivismo. Algo que países como el nuestro lo ha experimentado y lo sigue haciendo a lo largo de toda la historia, al menos desde la colonia hasta hoy.
Así como el capitalista no va a renunciar a la acumulación de la riqueza y, por lo mismo, no va a dejar de explotar a los y las trabajadoras y expoliar la naturaleza, no vamos a renunciar a luchar contra el extractivismo que hoy se muestra de capitalismo verde. Tampoco vamos a dejar de debatir con miradas conservacionistas que se oponen a toda forma de extracción de los bienes comunes naturales basada en una mirada abstracta de la relación con la naturaleza.
Las corrientes ecologistas “fundamentalistas” llegan a plantear, bajo el pretexto de luchar contra el antropocentrismo, una objeción al desarrollo de las fuerzas productivas como factor de desarrollo de la humanidad, lo que hace que tengan posturas de volver a un pasado en “armonía con la naturaleza” y colocando a la humanidad y a todas las especies vivientes al mismo nivel. Esta postura se expresa en el hecho de que no establecen una distinción entre los seres humanos como seres naturales y como seres sociales, y no entienden que el trabajo, a través del cual la humanidad ha transformado la naturaleza y las relaciones sociales, es la esencia del proceso histórico humano. Por lo tanto este “culto a la naturaleza” tendría una postura ahistórica y superficial. Marx, en los Manuscritos económico-filosóficos de 1844, señalaba que “la sociedad es, por tanto, la cabal unidad esencial del hombre con la naturaleza, la verdadera resurrección de la naturaleza, el naturalismo consumado del hombre y el humanismo consumado de la naturaleza.” … “La historia es de por sí una parte real de la historia natural, de la transformación de la naturaleza en hombre”.
Es recurrente y sistemático el debate que polariza un extractivismo depredador vs un antiextractivismo académico y “romántico” divorciado de las necesidades y las demandas sociales de las comunidades y pueblos originarios. El extractivismo capitalista habla de desarrollo, pero es un desarrollo que no es neutral, poque la historia ha demostrado muy bien que es desarrollo y crecimiento para las clases dominantes. Pero este extractivismo no puede ser enfrentado por otro sentido común “ambientalista” y “conservacionista” que termina siendo reaccionario y clasista, reservando en un paisaje inmutable a pueblos y vidas sin satisfacer sus necesidades vitales.
No se trata de unilateralizar las salidas, el desafío es mayor y lo demuestran muy bien las comunidades con sus demandas. ¡Cómo no! Si son los dueños del territorio y que, como tal, quieren preservar el agua para la quinua, para las llamas y vicuñas, para sus familias; quieren preservar todo su entorno natural porque de eso viven, pero eso no significa que niegan la oportunidad para sus comunidades y pueblos que la explotación del litio puede significar. El desafío es el cómo hacerlo. De ahí que un paso necesario es que no se trata solo de informar a las comunidades sobre los planes del gobierno no solo porque termina siendo una imposición sino porque las relega a un lugar pasivo a quiénes son nada más ni nada menos que dueños históricos del territorio.
Las comunidades originarias y campesinas, que trabajan la tierra para los cultivos, pero también las minas, deben ser sujetos para llevar adelante un plan de aprovechamiento del litio que de respuestas a necesidades estructurales y eso incluye como bien decía Marx velar por las dos fuentes de riqueza: los trabajadores y la naturaleza.
Por un plan obrero, originario-campesino y popular de industrialización del litio
Ante esta situación se hace necesario establecer un plan obrero, campesino y popular, con el propósito de que todos nuestros bienes comunes naturales dejen de estar en manos de las empresas capitalistas y pasen a ser controlados por las y los trabajadores junto con los pueblos originarios y las comunidades. Para avanzar con este propósito es fundamental que el Estado asuma la protección y preservación de todos los bienes comunes naturales con una política de nacionalización y expropiación sin indemnización de las empresas capitalistas , y que sea gestionada de manera democrática por los trabajadores y las trabajadoras en coordinación con las comunidades y pueblos originarios, para poner estas millonarias ganancias al servicio de las necesidades sociales como son el trabajo, vivienda, salud y educación.
Para frenar la destrucción de los salares y para poner en cuestionamiento los métodos extractivistas que amenazan el agua, un elemento clave para la preservación de los ecosistemas de humedales en los cuales se encuentra este bien común natural y las comunidades que los habitan es central la participación activa de estas comunidades.
La lucha por la nacionalización de las empresas productoras de litio en Chile y Argentina es una tarea central para terminar con el escandaloso saqueo que las transnacionales vienen realizando con la complicidad de Gabriel Boric y Alberto Fernández. Mientras tanto en Bolivia en momentos en que empieza la extracción industrial de litio, los trabajadores y trabajadoras, las comunidades originarias y campesinas deberán movilizarse para garantizar que la nacionalización y la amplia participación estatal conquistada en los grandes levantamientos de las décadas pasadas no sea distorsionada y burlada.
Es necesario luchar por un control obrero y comunal colectivo de todo el proceso extractivo velando para que los ingresos generados por esta explotación sean destinados a satisfacer urgentes necesidades sociales de trabajo, salud y educación, así como para garantizar una explotación que no aniquile el territorio y sus vitales bienes comunes para la vida, como el agua y todo el ecosistema natural que alberga los equilibrios ambientales amenazados por el cambio climático. Para esta labor es fundamental impulsar todas las formas de coordinación democrática y de autoorganización democrática, y desde abajo, recuperando los elementos más progresivos de las instituciones y formas de organización comunal apostando a poner en pie la enorme fuerza social y políticas de las y los trabajadores del campo y la ciudad.
En este sentido, se hace necesario luchar por un proyecto de sociedad que ponga por delante los intereses de los trabajadores, las trabajadoras, campesinos, comunidades indígenas y el pueblo empobrecido; y que permita planificar la producción para resolver las grandes necesidades sociales y ambientales en función de la protección del ecosistema. Es decir, avanzar a una sociedad socialista que termine con el negocio de la obsolescencia programada que genera millones de toneladas de basura electrónica, que contamina y destruye el medio ambiente, y que acabe con el negocio de las tecnologías verdes que tiene como único propósito hacer millonarios a un puñado de grandes empresarios y no para resolver el problema ambiental con el que se venden al mercado.
Esto implica al mismo tiempo, nacionalizar y colectivizar las tierras para deliberar sobre el uso racional del suelo y los bienes comunes naturales; nacionalizar los bancos, como algunos de los resortes fundamentales para reorientar la producción social; y expropiar todos los medios de producción para ponerlos al servicio de una economía planificada que, como señalaba Engels, permita el tránsito del reino de las necesidades al reino de la libertad. “La libertad en este terreno sólo puede consistir en que el hombre socializado, los productores asociados, regulen racionalmente ese metabolismo suyo con la naturaleza poniéndolo bajo su control colectivo, en vez de ser dominados por él como por un poder ciego; que lo lleven a cabo con el mínimo empleo de fuerzas y bajo las condiciones más dignas y adecuadas a su naturaleza humana” [6].
Finalmente, luchar por una solución común frente a la miseria, la explotación, la opresión y el deterioro del medio ambiente va a tener respuesta en la unidad de los trabajadores, las trabajadoras, campesinos y pueblos indígenas de Bolivia, Chile y Argentina; sólo unidos en un espíritu de lucha de liberación contra las burguesías respectivas y el capitalismo, puede abrir el camino a una genuina solución al problema de la crisis ambiental y la crisis económica, y ser un poderoso motor para la lucha revolucionaria por el socialismo.
 
 
 
 
 
LA GUERRA DEL LITIO: DENTRO DEL DESAFÍO ENTRE EUROPA Y CHINA POR EL PETRÓLEO DEL SIGLO XXI
 
Revista Forbes de Italia (https://acortar.link/aBDDyJ)
 
“El litio pronto será más importante que el gas y el petróleo.” Así se expresó Ursula von der Leyen , presidenta de la Comisión Europea, en septiembre de 2022 , para subrayar la importancia del litio en los próximos años. El litio es, de hecho, un metal clave para la transición energética y ecológica de Occidente: se utiliza para la producción de baterías de coches eléctricos y está presente en todos los productos electrónicos, paneles solares y aerogeneradores. Se espera que su consumo crezca, este siglo, unas 60 veces con respecto al anterior. Por eso también se le llama oro blanco., a diferencia del oro negro, el petróleo. El futuro, por tanto, no sólo necesitará petróleo, sino también y sobre todo litio.
La UE, que importa el 98% de las tierras raras refinadas de China, puso en marcha la Ley de Materias Primas Críticas en marzo de 2023 para reducir esta dependencia . El plan prevé extraer al menos el 10 % de los minerales críticos, incluido el litio, dentro de las fronteras de la UE y refinar al menos el 40 % en Europa. Para lograr el objetivo, el foco está puesto en los países sudamericanos, y en particular los del llamado 'triángulo del litio': Chile, Argentina y Bolivia. Estos tres países, según el Servicio Geológico de EE. UU., tienen alrededor del 54% de las reservas conocidas de litio .
Chile es el segundo productor mundial de litio, después de Australia, con una participación cercana al 30%. Sin embargo, el litio chileno no se extrae de rocas como el litio australiano, sino de lagos salados subterráneos. El proceso de extracción, que implica bombear agua a la superficie y luego evaporarla, es muy largo, costoso e intensivo en agua, con un impacto ambiental significativo. De hecho, el 65% de los recursos hídricos se perdieron en la región andina del Salar de Atacama para extraer litio.
inversión china
El tema del impacto ambiental es una de las razones que impulsó al presidente chileno Gabriel Boric a nacionalizar la industria minera del litio en abril de 2023. El gobierno dispuso por decreto que, a partir de ahora, las empresas mineras extranjeras deberán trabajar en sociedad con la empresa estatal para la extracción de oro blanco. El canciller de Alemania, Olaf Scholz , y la UE están aprovechando tanto la atención al medio ambiente como la propuesta de refinar litio in situ para trastornar la presencia china.
Un primer paso en esa dirección es el acuerdo entre la alemana Aurubis y la chilena Codelco. Sin embargo, no será fácil expulsar a China de América del Sur. Pekín, que ostenta la producción de más del 70% de las baterías eléctricas a nivel mundial, ha invertido 16.000 millones de dólares en los países del triángulo del litio. Es más, a lo largo de los años ha otorgado préstamos de infraestructura adicionales por 17.000 millones a Argentina y 3.400 millones a Bolivia, según informa el Servicio de Investigación del Congreso de EE. UU. Precisamente en Bolivia, a la que se atribuye tener las mayores reservas de litio del mundo, la empresa china Catl firmó en enero pasado un importante acuerdo con la empresa estatal Yiacimentos de Litio Bolivianos (Ylb). De esta forma, la empresa china obtuvo, junto con la estatal boliviana, la exclusividad en el desarrollo de la prometedora industria local de minería del litio.
Los miedos de Estados Unidos
Este acuerdo es disruptivo desde un punto de vista geoestratégico, como también lo confirma Benjamin Gedam del think tank Wilson Center: “China está dominando en este sector y Bolivia está justo en el centro de la competencia global”. En Argentina, la segunda mayor reserva de litio del mundo, la china Ganfeng Lithium compró la empresa Lithea, que posee la mayoría de dos importantes yacimientos, por 962 millones de dólares. En Chile, sin embargo, otra empresa china, Tianqi Lithium, posee el 24% de Sociedad Química y Minera (Sqm), una de las principales productoras de litio del mundo.
La presencia china en América del Sur preocupa a Estados Unidos, como también afirmó la general del ejército estadounidense Laura Richardson: “La creciente influencia negativa de China en la región podría poner en peligro la seguridad de Estados Unidos”. Sin embargo, los tres países del triángulo del litio no quieren quedar a merced de las potencias mundiales por el desarrollo del que podría ser el recurso del siglo XXI. Por eso, junto a Brasil se han unido para crear una OPEP del litioque pueda ayudar a los países miembros a crear una industria autóctona de baterías, sin limitarse a la mera extracción del mineral. Esta organización, de tener éxito, también podría controlar la producción y los precios del litio, como lo hace la OPEP con el petróleo, con un enorme impacto geopolítico y económico a nivel mundial.
El triangulo de litio
China, EE. UU. y la Unión Europea saben, por tanto, que en América del Sur se está jugando un juego fundamental para sus economías y para sus ambiciones de política exterior. Ganar la carrera por las inmensas reservas sudamericanas a China significaría controlar por completo la cadena de producción de las baterías de iones de litio, obligando a la UE y EE.UU. a una dependencia bastante incómoda. Además, le permitiría diversificar sus suministros hoy también ligados a las importaciones de Australia, un país perteneciente al bloque occidental y potencialmente hostil en caso de una agresión contra Taiwán.
Para estadounidenses y europeos, sin embargo, las importaciones del triángulo del litio son fundamentales para liberarse del rival asiático y continuar con la transición ecológica. Sin litio, ningún acuerdo verde es posible. Bloquear o limitar su exportación no solo ralentizaría la transición a la movilidad eléctrica, sino que ralentizaría la evolución de toda la cadena tecnológica. La sociedad occidental se detendría, como sucedió en los años 70 con la crisis del petróleo o como se arriesgó Rusia con el gas en 2022. El oro blanco será, por tanto, central para el desarrollo del planeta, como lo ha sido el oro negro en los últimos dos siglos.
 
 
 
 
 
NI BOLIVIA CAMBIÓ NI EVO CUMPLIÓ
 
Los proyectos más jugosos del millonario programa de infraestructura que el expresidente boliviano promovió durante su gestión terminaron en manos de empresarios cercanos al poder y de compañías que recibían contratos antes de habilitarse legalmente ante el fisco. La discrecionalidad a la hora de repartir proyectos acabó en pérdidas económicas para el Estado y en edificaciones sobredimensionadas, subutilizadas o con fallas que le robaron a los bolivianos el prometido desarrollo.
 
Prensa Libre de Puerto Rico (https://acortar.link/K2YMhb)
 
Jacinto Arevilca tiene muy presente el día en el que casi pierde la vida. Hace tres años, un par de malvivientes le propinaron una golpiza en el Instituto Tecnológico Plurinacional de Bolivia, ubicado en Santa Cruz. La instalación actualmente está abandonada y desvalijada. Como nunca estuvo operativa, el centro donde debían formarse profesionales en mecánica, gastronomía, electricidad y confección terminó como un refugio de delincuentes que atemorizan a los vecinos del populoso barrio Valle Hermoso I. Fue ahí donde Arevilca cuenta que quedó tendido y moribundo.
La institución educativa fue entregada en el año 2014 por el entonces presidente Evo Morales (2006-2019), en el marco del programa Bolivia Cambia Evo Cumple, un ambicioso plan de infraestructuras que lanzó el exmandatario para lograr el desarrollo del país. El prometido instituto tecnológico es hoy un monumento que retrata la gestión del millonario plan. El Gobierno nacional nunca designó docentes y el departamental no equipó el centro. Fue así como llegó el descuido: poco a poco, se robaron las puertas, los grifos y hasta los cables.
La construcción de este establecimiento costó 6,9 millones de bolivianos (casi un millón de dólares) y fue uno de los casi mil proyectos del programa Bolivia Cambia Evo Cumple que se asignaron directamente a 427 compañías por más de cuatro mil millones de bolivianos (unos 527 millones de dólares) entre los años 2012 y 2021.
La investigación de Acceso Investigativo y CONNECTAS, en alianza con Erbol, El País y El Deber, reveló que, durante la vigencia del programa Bolivia Cambia Evo Cumple, la forma en que se adjudicaron y ejecutaron los contratos provocó pérdidas de al menos 102 millones de bolivianos (14,7 millones de dólares). El esquema benefició a un grupo de 20 empresas, algunas de ellas de empresarios cercanos al partido de Gobierno y de aliados políticos en momentos claves del legislativo. Además, el plan terminó con obras abandonadas, inconclusas, sobredimensionadas o con fallas estructurales y hasta de diseño.
El Estado pagó al menos 65 millones de bolivianos más debido al incremento de los costos originales y se calcula que dejó de cobrar otros 37,5 millones por no cobrar las garantías y multas por los retrasos e incumplimientos incurridos por las empresas, según cruce de datos de actas de recepción y formularios de cierre de proyectos. Con esos montos se habrían costeado 13 centros educativos como el de San Andrés en Tarija, o dos hospitales de segundo nivel como el de Riberalta en Beni.
El plan Bolivia Cambia Evo Cumple tampoco escondió su intención electoralista. El mayor ritmo de firma de los contratos ocurrió en periodos electorales: en 2013, 2014 y 2019 se suscribieron el 63% de los proyectos adjudicados, y también fueron los años en los que el Gobierno proyectó la mayor entrega de obras a las comunidades.
Pero, además, esta investigación evidenció que el Estado boliviano llegó a firmar contratos con empresas que ni siquiera cumplían los requisitos más básicos. Tres compañías activaron su número de identificación tributaria (NIT) —una condición indispensable para adjudicarse proyectos con el Estado— después de suscribir los acuerdos de construcción de obras. En otros casos, al menos 19 compañías habilitaron su NIT a días o, incluso, horas antes de la firma contractual.
Adicionalmente, no hay claridad sobre la situación de todos los proyectos porque no se reportó su estatus. Esta investigación determinó que, de los 962 proyectos en el marco del programa, la ejecución de al menos 140 quedó sin transparentar, al incumplir el reporte en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES) sobre su condición. Otros 21 figuran como si todavía estuviesen en construcción, a pesar de que parte de ellos iniciaron sus obras hace seis años, mientras 55 más fueron rescindidos. Los otros 746 proyectos aparecen como concluidos.
Para esta investigación se rastrearon los contratos de infraestructuras ejecutadas por la UPRE disponibles en el SICOES. Se revisaron más de un millar de documentos empresariales, cruzando información del Servicio Plurinacional del Registro de Comercio (Seprec), Impuestos Nacionales (SIN) y el Tribunal Supremo de Justicia. También, se visitaron más de una veintena de obras en diferentes localidades del país y se hicieron solicitudes de información al Ministerio de la Presidencia, la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), Contraloría General del Estado y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), además de entrevistar a los empresarios y beneficiarios de proyectos.
Un programa que nació en la oscuridad
Bolivia Cambia Evo Cumple inició en el año 2007 con la ayuda financiera de Venezuela, en un esquema que se mantuvo hasta 2011, cuando el entonces Ministerio de Transparencia encontró 116 proyectos con indicios de corrupción y obras de mala calidad. Sin embargo, esto no motivó una aplicación de procesos de contratación transparente, al contrario. A partir de ese año se concretó un sistema de adjudicaciones directas y se quintuplicó el financiamiento ya exclusivamente con dinero boliviano. De 220 millones de bolivianos, el monto subió a más de 1,186 millones de bolivianos (unos 170 millones de dólares) en 2012 y continuó en crecimiento para los siguientes años.
Obras UPRE observadas por el ministerio de transparencia
El megaproyecto de obras públicas fue manejado por la UPRE, dependiente del Ministerio de la Presidencia de Bolivia. El plan fue ejecutado con escasos controles y por un sistema de normas especiales —como los decretos 981 y el 2262— que anularon la competencia entre las empresas y eliminaron los límites presupuestarios del programa.
Desde ese momento, el Gobierno le dio más poder al director de la UPRE, quien era designado por el Ministerio de la Presidencia. Una de las irregularidades más importantes del programa fue el acomodo de normas para adjudicar las obras. Por orden del Poder Ejecutivo, las asignaciones de proyectos se hicieron sin licitaciones —es decir, en procesos sin concurso entre empresas— en los que no se respetaron los procedimientos o preceptos básicos de transparencia para las contrataciones directas, como el de invitar a más de una empresa y adjudicar a la mejor propuesta técnica y el precio más bajo.
Esta modalidad bien la conocen los empresarios Eduardo Velarde, de la Constructora Velarde, y Walter Vásquez, de la empresa Covas, dos de las principales contratadas por la UPRE. Ambos coinciden en que generalmente la institución asignaba los proyectos directamente a una compañía y sólo en construcciones grandes había hasta tres invitadas. Añaden que el llamado a otras compañías no era una norma que se cumplía regularmente y que, en realidad, todo dependía del apuro del Gobierno a la hora de contratar.
Los empresarios relatan, además, que les tocó corregir obras mal diseñadas y concluir proyectos que otras compañías dejaron inconclusos por incumplimientos de los contratos con la UPRE. Aseguran que su experiencia en el rubro les llevó a recibir adjudicaciones de esta entidad.
Walter Vásquez, dueño de la empresa Covas Srl, relata que tuvo que rediseñar varias obras que le adjudicó la UPRE y que había rescindido contrato con otras empresas.
A lo largo de los años, la justicia boliviana documentó algunas irregularidades. La Procuraduría General del Estado denunció en 2015 al empresario Néstor Suárez Gil, dueño de Suárez Consultoría y Construcción, por incumplimiento de contrato y conducta antieconómica. Por su parte, Boris Cristhian Mostajo Balderrama, de la Constructora Parental, también enfrentó un juicio por presunto incumplimiento de contrato y uso de instrumento falsificado en una obra adjudicada por la UPRE, pero fue declarado rebelde en 2022 porque nunca compareció ante los tribunales.
Este año comenzó un proceso judicial por el alegado robo de 14 proyectos, y por el caso están detenidos dos técnicos de la UPRE. Una de ellos, Lucy Miranda, señaló al expresidente Evo Morales, a Juan Ramon Quintana (exministro de la Presidencia) y a Alexis Mercado Condori (exdirector de la UPRE) como los funcionarios que ordenaron la adjudicación de esas obras.
Los empresarios "cercanos" al Gobierno
La buena estrella de la constructora Machupo comenzó a brillar en el año 2013, cuando la UPRE empezó a entregarle proyectos. Cobró 39,5 millones de bolivianos (5,5 millones de dólares) por construir cuatro proyectos. Su dueño, Carlos Iván Seoane Gutiérrez, es hermano de Jimmy Seoane Gutiérrez, un miembro del MAS cuya carrera política en Beni fue apoyada por el expresidente Evo Morales en dos oportunidades. También, acompañó la gestión del gobernador de ese departamento, Alex Ferrier (2015-2019), como su secretario de Planificación y Desarrollo Económico. El empresario no respondió las preguntas enviadas al correo electrónico de contacto institucional de su compañía, ni tampoco su hermano a quien se intentó contactar en varias oportunidades.
A la lista de beneficiados con algún grado de cercanía al poder se suma Douglas Ascarrunz, accionista de Tauro SA, empresa que se adjudicó la construcción de 29 canchas de fútbol para el programa Bolivia Cambia Evo Cumple. Se trata de un viejo dirigente del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) que hasta el 2008 figuraba como miembro del Comité Político Nacional, según el TSE. En 2006, su partido apoyó al MAS para que ganara la presidencia de la Cámara de Senadores. Ascarrunz es más conocido por su labor dirigiendo uno de los grandes equipos de fútbol de La Paz: entre 1998 y 2023 fue presidente, fiscal general y miembro del tribunal de honor del Club Deportivo The Strongest. Desde la compañía indicaron que no tenían tiempo para responder las preguntas enviadas para esta investigación.
La empresa Paula Construcciones también ha bailado cerca del poder. Su dueño, Ramiro Ernesto Vaca Figueroa es concuñado del gobernador de Tarija, Oscar Montes Barzón, jefe histórico de Unidos Para Renovar (UNIR). Montes Barzón fue una pieza fundamental en 2018, cuando unió a sus leales concejales al partido político de Evo Morales para arrebatar la presidencia del Concejo Municipal de esa ciudad al entonces alcalde Rodrigo Paz. Esta compañía construyó una sede sindical y un campus universitario en Yacuiba por 65,4 millones de bolivianos. El empresario no atendió las llamadas telefónicas realizadas para este trabajo, tampoco respondió las preguntas enviadas al correo electrónico institucional de su compañía. Entre tanto, el gobernador negó que su cuñada sea la propietaria de esta empresa, si bien así consta en los registros revisados para esta investigación, aseguró que no tiene ningún vínculo con los dueños y que no conoce a nadie de la UPRE.
Otra de las empresas contratistas cercanas al Gobierno, aunque con un contrato de 5,2 millones de bolivianos, es la empresa Cociva SRL, que pertenece a Abran Valda Duarte, hermano del ex viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico Carmelo Valda Duarte (2020-2023). Cuando su familia se adjudicó la construcción de un centro de acogida en el 2014, él era director departamental en Chuquisaca del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), una institución del Gobierno nacional que supervisa proyectos de la UPRE. Luego, en esa misma jurisdicción acompañó la gestión del gobernador del MAS Esteban Urquizu como secretario de Obras Públicas (2015-2020). Desde la compañía tampoco respondieron las preguntas enviadas a su correo de contacto institucional para este trabajo periodístico y Abran tampoco contestó las llamadas telefónicas realizadas.
Otros empresarios, como Luis Fernando Gutiérrez Gil, dueño de Construmat Ltda —una de las grandes beneficiadas por Bolivia Cambia Evo Cumple— tuvo contacto con el poder por otra vía. En 2016, el Ministerio de Transparencia reveló que Gutiérrez Gil y Gabriela Zapata, ex pareja de Evo Morales, fueron en representación del grupo empresarial CMC, del cual era parte Construmat, a una reunión con funcionarios de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). El empresario admitió a periodistas de esta investigación que Zapata —sentenciada por legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictiva y otros delitos— organizó este encuentro en el Hotel Presidente para ayudarles a cobrar una deuda ante esa institución vial. Pero aseguró que luego de esa ocasión jamás la volvió a ver, que no pagó por ese favor y que su compañía obtuvo los proyectos de la UPRE por su experiencia y no por la mediación de la expareja de Evo.
Para algunos, Evo "lo fue todo"
Para ciertas empresas, el programa Bolivia Cambia Evo Cumple representó su salvavidas financiero. Eso ocurrió con Jorge José Márquez Saleg. Su empresa, que en los papeles del Seprec fue registrada el 2009, lleva su nombre y se adjudicó 253 millones de bolivianos (36,6 millones de dólares) bajo 13 proyectos UPRE. Según los documentos analizados para este reportaje, estos ingresos representaron el 99 % del dinero que entró a su compañía en el periodo contractual 2013-2021 gracias al mega plan estatal.
Su constructora, de apenas dos empleados según declaración ante el Seprec, fue capaz de construir el Teatro Nacional de Oruro, por 60 millones de bolivianos (8,68 millones de dólares), y paralelamente las sedes de los mineros en La Paz y de las mujeres campesinas Bartolina Sisa. Y todo sin poder subcontratar más de un 25 % de la obra, como dictan los contratos.
¿Cómo fue capaz de construir tres proyectos con tan pocos empleados? Márquez Saleg fue consultado para esta investigación sobre sus negocios con la UPRE, pero respondió que por cuestiones judiciales no podía pronunciarse al respecto. El arquitecto se ha mantenido con un perfil bajo, alejado de las fotografías y escenarios políticos. Pero su habilidad para moverse en los negocios ha sido indudable, y le ha permitido lograr nuevos contratos públicos en el actual Gobierno de Luis Arce Catacora.
Similares niveles de dependencia del programa han tenido las compañías como Estrutec, Varing, Tordoya, Ibaza, Megaconst, Cromin, Creymarte y Doppler. Durante su periodo contractual con la UPRE, los ingresos de estas empresas dependieron entre el 65 y 100 % de los contratos con el programa Bolivia Cambia Evo Cumple. Estas compañías tampoco respondieron las preguntas enviadas a sus correos electrónicos institucionales.
Retrasos sin consecuencias
Una de las razones que aducía la UPRE para asumir el sistema de adjudicaciones directas sobre el esquema de licitaciones fue que agilizaban los procesos y así las obras se entregaban más rápido a los beneficiarios. Pero paradójicamente, más del 50% de las infraestructuras terminaron con ampliaciones de plazo, con hasta tres veces más del tiempo estipulado. Aunque las compañías que incumplían debían pagar una penalización económica por día de demora, en los papeles figuran que las infractoras cobraron la totalidad del monto. La UPRE debió haber descontado la multa en la última planilla de cierre del proyecto, como mandaban los contratos, pero en esos documentos no figuran esos cobros.
El módulo 8 del Complejo Hípico de la Escuela Militar de Cochabamba es un claro ejemplo. Tenía que ser ejecutado en 210 días calendario, pero la empresa Suárez Consultoría y Construcción se benefició con una ampliación de 628 días más. Aún así, la compañía entregó el proyecto con 35 días más de demora. Por ese retraso debía cancelar 355 mil bolivianos, pero figura como si no se hubiese cobrado, según cruce de información entre el acta de recepción y el formulario de cierre.
No fue un caso aislado. Se calcula que el Estado no recuperó al menos 36 millones de bolivianos (5,1 millones de dólares) por infracciones de demora y 1,5 millones de bolivianos por no ejecutar boletas de garantía.
Las razones de los retrasos de las obras son variadas, pero generalmente están relacionadas a cambios durante la construcción del proyecto. Al Estado le terminaron por costar 65 millones de bolivianos (9,4 millones de dólares) más de lo estipulado en los contratos originales. Por ejemplo, el hospital Manuel Ascencio Villarroel de Punata, construido por la empresa Varing, terminó costando 6,8 millones de bolivianos (11,4 %) más de lo acordado inicialmente. Como esta, al menos hay otras 77 obras que aumentaron sus precios.
Tanto Eduardo Velarde como Walter Vásquez, de las empresas Velarde y Covas respectivamente, justificaron los retrasos en las entregas por problemas de importación de materiales, rediseños u otras cuestiones que escapaban a sus voluntades. Señalan que, al menos en sus casos, pese a certificar esas demoras ante la UPRE, la entidad igual les aplicaba las multas. En la construcción del Complejo Deportivo Evo Morales -uno de ocho proyectos ejecutados-, el empresario Vásquez relató que, tras haber hecho un "buen" descargo, le prometieron que la multa que figuraba en los papeles no la iban a cobrar, pero finalmente no le cumplieron.
La UPRE y el Ministerio de la Presidencia no respondieron la solicitud de información enviada por el equipo de periodistas de esta investigación para explicar si el cobro de las multas a las empresas infractoras se había aplicado bajo otros mecanismos.
Contratos adjudicados por la UPRE
Obras en el limbo
El estado actual de las obras también habla de la forma en que se gestionó este programa. Durante una visita al colegio Carmen Mealla de Tarija, uno de los maestros relató que los estudiantes no habían ocupado ni un año la instalación cuando fueron enviados a sus casas por la pandemia de la covid-19. Al retornar en 2022 encontraron que el cielo falso que cubría el techo en el bloque del kinder estaba en el suelo, los focos a punto de caerse y había marañas de cables eléctricos sobresalidos por todas partes.
La empresa Elecon SRL se llevó 18 millones de bolivianos (2,6 millones de dólares) por esa obra educativa adjudicada por la UPRE. El dueño de esa compañía, Mario Alfredo Villena Morales, también fue representante legal de Ibaza SRL, otra de las más beneficiadas del Bolivia Cambia Evo Cumple. Esa empresa estuvo a cargo de la construcción del estadio de Uriondo, cuyo campo deportivo está hundido, y del Mercado Abaroa de Tarija, que tiene fisuras en las paredes y un techo tan débil que no aguantó una granizada. Esto generó filtraciones de agua durante el primer año de su entrega. "Aquí llovía más adentro que afuera", relató Marisol Condori, presidenta de las vendedoras del mercado. Ambas compañías fueron consultadas sobre estas fallas, pero no respondieron a las preguntas enviadas.
También al sur de Bolivia, en la provincia O' Connor de Tarija, se erigió en el año 2020 un estadio de fútbol para 12 mil espectadores en una región con algo más de 21 mil habitantes. En la instalación, que costó 50 millones de bolivianos (7,2 millones de dólares), no se ha jugado ni un partido interbarrial. La obra construida por la empresa Frama ahora luce abandonada, las aceras exteriores están cubiertas de lodo y los arbustos de más de un metro de altura cubrieron todo el campo deportivo. Se envió un cuestionario a Frama, pero no se recibieron respuestas hasta el momento de esta publicación.
En Huatajata La Paz, al noroeste del país y a orillas del lago Titicaca, el alcalde Timoteo Gutiérrez contó que quiere auditar la Casa Consistorial construida por la empresa Velarde en el 2014. Al año siguiente de su entrega, la instalación presentó rajaduras en la infraestructura y la constructora dejó un ambiente de 30 x 7 metros sin puerta ni otra forma de acceder, según corroboró un equipo de periodistas para esta investigación. Desde la compañía respondieron que cumplieron con ejecutar el diseño que les dio la UPRE. Dicen que les advirtieron de la falla, y que, pese a la insistencia, la entidad no quiso corregir esta falencia. Prueba de ello es el acta de recepción final de la UPRE donde no consta ninguna observación.
Para este reportaje, también fue visitado el Mercado Santa Rosa financiado por la UPRE en el municipio de El Alto, una de las ciudades con más crecimiento poblacional del país. Allí se pudo constatar que, de 500 puestos de venta, sólo una decena están ocupados, mientras que los demás lucen vacíos.
Pese a que parlamentarios y autoridades del Ejecutivo se comprometieron a investigar las denuncias de irregularidades del Bolivia Cambia Evo Cumple, solo se quedaron en los anuncios.
La Contraloría General del Estado apenas hizo una auditoría a los proyectos ejecutados exclusivamente por la UPRE entre los años 2012 y 2022, y lo único que detectó fue la falta de un tablero en el puente Huayculi, cerca de Cochabamba. El caso se cerró luego de que los involucrados repusieron ese ítem. En cambio, la Contraloría centró su atención en otras entidades que manejaron menos recursos del programa. Reportó que hizo auditorías a 10 proyectos ejecutados por gobiernos locales con dinero de la UPRE, y determinó que hubo responsabilidad civil por incumplimientos que no fueron detallados en la respuesta a una solicitud de información para esta investigación.
El último cambio en el programa ocurrió con la llegada de Luis Arce a la presidencia de Bolivia en el año 2020: ahora, el plan se llama solo Bolivia Cambia —sin el Evo Cumple—. A quienes sí parece que ha cumplido el expresidente Morales fue a un selecto grupo de empresarios cercanos a su Gobierno y a algunos de sus aliados políticos, quienes fueron parte de los que se llevaron casi la mitad de cuatro mil millones de bolivianos por obras, algunas de ellas abandonadas, con fallas o sobredimensionadas.
Mientras tanto, don Jacinto ya no quiere vivir atemorizado por los malvivientes que habitan en el instituto de su barrio, los estudiantes del colegio Carmen Mealla ruegan para que no se caiga todo el techo, en O`Connor los vecinos quieren que le quiten los candados al estadio y el alcalde de Huatajata espera que establezcan responsables por sus oficinas defectuosas. Hasta ahora, todo esto ha quedado sin consecuencias.
 
 
 
 
 
BOLIVIA: NUEVO ESTUDIO REVELA QUE SEIS PUEBLOS INDÍGENAS PRESENTAN ALTOS ÍNDICES DE MERCURIO EN SU CUERPO
 
La investigación realizada por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz indica que el 74.5 % de la población evaluada supera el límite de niveles de mercurio permitidos en el organismo de las personas establecido por la Organización Mundial de la Salud. El estudio se realizó a 302 personas de 36 comunidades nativas de los pueblos Ese Ejjas, Tsimanes, Mosetenes, Leco, Uchupiamona y Tacana.
 
Revista Interferencia de Chile (https://acortar.link/he2xsr)
 
La presencia de mercurio se multiplica en los ríos Beni y Madre de Dios, en Bolivia, al ritmo en que aumenta la extracción minera de oro en estas cuencas. Y las consecuencias que esto trae en la salud de las poblaciones indígenas de la región también son cada vez más visibles.
“Teníamos reportes desde el pueblo Ese Ejja sobre algunas conductas extrañas en los niños como, por ejemplo, dificultades para el aprendizaje. Y también de muchas complicaciones en las mujeres durante los embarazos. Esto nos llevó a estudiar científicamente cuáles eran los niveles de mercurio en la población indígena”, cuenta Gonzalo Oliver Terrazas, presidente de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP).
La organización decidió impulsar una investigación mediante muestras de cabello en 36 comunidades de seis pueblos indígenas: Ese Ejjas, Tsimanes, Mosetenes, Leco, Uchupiamona y Tacana. Los resultados muestran niveles de mercurio que superan los límites permitidos por la Organización Mundial de la Salud en el 74.5 % de un total de 302 personas analizadas.
Para la prueba, organizaciones ambientalistas con experiencia en estos análisis capacitaron a jóvenes indígenas quienes se encargaron de la toma de muestras, con apoyo de expertos. Luego, estas pruebas fueron entregadas a expertos de la Universidad Mayor de San Andrés para su análisis en un laboratorio especializado que cuenta con un equipo analizador de mercurio.
Oliver Terrazas explica que para el estudio se priorizaron las comunidades que están en la ribera de los ríos Beni y Madre de Dios y sus afluentes —en los departamentos de La Paz, Pando y Beni—, se identificaron los lugares críticos y se contó con la participación de jóvenes indígenas capacitados para la recolección de muestras, así como el consentimiento de cada uno de los territorios en donde se realizó la investigación.
Mercurio en los pueblos indígenas
“Los niveles de mercurio en el cuerpo de nuestros hermanos indígenas han sido bastante alarmantes para nosotros, principalmente en los hermanos Tsimanes y los hermanos Ese Ejja que tienen un porcentaje seis veces más de lo permitido en el cuerpo humano según la OMS”, comenta Oliver Terrazas.
El informe “Contaminación por mercurio en comunidades indígenas asentadas en los ríos Madre de Dios y Beni”, publicado en junio de este año, presenta en detalle los resultados del análisis realizado a las más de 300 personas que se sometieron a la prueba.
En el documento se especifica que de las 302 muestras analizadas el 25.5 % (77 personas) presentaron niveles inferiores al límite referencial de 1 parte por millón (ppm), mientras que el otro 74,5 % (225 personas) presentan niveles superiores con un promedio de 4.04 ppm.
De acuerdo con los resultados, las 72 personas analizadas que pertenecen al pueblo Ese Ejjas presentan la mayor concentración de mercurio en cabello con 6.9 ppm en promedio, dentro de un rango de 0.03 ppm a 17.52 ppm. Le siguen los Tsimanes, 10 personas en total, con 6.87 ppm, cuyo rango va de 0.4 ppm a 13 ppm. En tercer lugar están los Mosetenes con 4.01 ppm en promedio y un máximo de 13 ppm. El resto de los pueblos —Tacana, Leco y Uchupiamona— presentan concentraciones menores a 3 ppm.
Tomando en cuenta los porcentajes de personas con niveles altos de mercurio en relación a la población evaluada de cada uno de los pueblos indígenas, el 100 % de los Tsimanes presentaron niveles superiores a 1 ppm; en el pueblo Uchupiamona, el porcentaje fue del 95 %; en los Esse Ejja llegó al 91.7 % y para los Tacana fue de 73.5 %.
“Ha sido un despliegue grande, pero finalmente los resultados nos dan una idea científica de cuán grande es la afectación que sufren las comunidades indígenas por parte de la minería aluvial que utiliza el mercurio como agente químico para esta actividad”, señala Oliver Terrazas.
El estudio también indica que los pueblos más afectados son los que se encuentran en las zonas bajas de la cuenca del Beni, donde no existe actividad minera a gran escala. “Esto demuestra que no necesariamente los directos usuarios o expuestos al mercurio usado en las amalgamas por la extracción del oro son los que mayores niveles presentan, sino que son aquellos que dependen de los peces para su alimentación los que tienen los mayores niveles”, señala el documento.
El mercurio que se usa en la minería termina en la atmósfera, en el agua y en los sedimentos de los ríos, en donde, por acción de microorganismos, se transforma en metilmercurio, una sustancia que se acumula en organismos acuáticos, como peces y mariscos, los mismos que son consumidos por las comunidades indígenas.
Según la Organización Mundial de la Salud, el mercurio elemental —en su forma metálica— y el metilmercurio son tóxicos para el sistema nervioso central y el periférico. La inhalación de vapor de mercurio puede ser perjudicial para los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, los pulmones y los riñones.
Miguel Vargas, director ejecutivo del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) de Bolivia, señala que el estudio de CPILAP ratifica que la actividad minera se está extendiendo en todo el país, pero principalmente en la Amazonía norte, con un incremento en el número de balsas que se dedican a la explotación de oro.
Pueblos vulnerables
“El uso del mercurio de manera indiscriminada afecta al medio ambiente y a la salud de poblaciones indígenas altamente vulnerables como es el caso del pueblo Ese Ejja. Se trata de una situación realmente alarmante. A pesar de que se han hecho una serie de denuncias, las instancias del Estado responsables de atender esta situación hacen muy poco”, dice Vargas.
Los pueblos indígenas están siendo seriamente afectados en su derecho fundamental a la vida y a la salud, agrega Vargas. Además del resto de vulneraciones que se presentan, “porque no existen los mecanismos y la salvaguardas para garantizar que las comunidades puedan tomar una decisión de manera informada o puedan enfrentar esta situación en igualdad de condiciones con las cooperativas mineras”.
Para Vargas, el caso del pueblo Ese Ejja es el que más preocupa, porque se trata de una población de reciente contacto, es decir, que hace 70 a 80 años salió del aislamiento en el que vivía. “Aún es nómada, transita por extensos territorios en toda la Amazonía norte con presencia en el norte de La Paz y en el norte y zona central de Pando. Son grupos itinerantes que se desplazan y no han logrado garantizar la seguridad de sus territorios, entonces se ven amenazados por avasallamientos, por colonizadores, campesinos y porque en esta itinerancia han sido reducidos por la presencia principalmente de la Iglesia Católica y la Evangélica”.
Óscar Campanini, director ejecutivo del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), señala que las zonas más afectadas por la presencia del mercurio son los pueblos indígenas que tienen un consumo del pescado intensivo por ser su principal fuente de proteína y, en algunos casos, su principal alimento, como es el caso de los pueblos Ese Ejja y el Mosetenes que tienen los niveles más altos.
“Las zonas donde hay mayor extracción de oro en la cuenca del río Beni es en la parte alta, pero afecta a todo lo largo del río. Muchos de los pueblos indígenas no tienen minería en sus territorios, pero esa afectación, que se ha evidenciado en diferentes estudios, se debe a la minería que se hace a cientos de kilómetros. Ese es el problema del mercurio que llega a los ríos y a los peces y, a través de ellos, a las personas”, señala Campanini. La otra zona afectada —añade Campanini—, no solamente en Bolivia sino también en Perú, es el río Madre de Dios.
En 2021, Cejis y Cedib realizaron una investigación en el río Madre de Dios, en seis comunidades del Territorio Indígena Multiétnico TIM II, en los departamentos de Pando y El Beni. Según este trabajo, se registraron 180 balsas dedicadas a la extracción de oro en el río Madre de Dios, de ellas, 166 balsas (92.3 %) operaban de forma ilegal.
Un año después, en agosto de 2022, monitores territoriales de la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (Cirabo) informó que había entre 200 a 250 balsas auríferas en este río, un aumento de por lo menos 70 balsas en relación al año anterior.
El control del mercurio
En los últimos diez años, entre 2012 y 2022, la importación de mercurio en Bolivia aumentó en 60 %, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). En ese período pasó de 15.8 toneladas en 2012 a 94.7 toneladas en 2022, ubicando a Bolivia entre los principales países importadores de mercurio en el mundo, cuando el Convenio de Minamata establece que se debe reducir o eliminar el uso de mercurio para la minería de oro.
El 14 de junio de 2023, el gobierno de Bolivia aprobó un Decreto Supremo que tiene como objetivo establecer el Registro de Importadores de Mercurio y el mecanismo para la autorización previa para la importación y exportación de mercurio.
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MAyA) señala que esta norma fue aprobada en el marco del cumplimiento a las directrices establecidas en el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, que tiene por objeto proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenos de mercurio y compuestos de mercurio.
Mediante esta disposición legal se deberá crear Registro Único de Mercurio (RUME), un padrón donde se podrán inscribir todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que dentro del territorio boliviano pretendan realizar la importación, exportación y la comercialización de mercurio. En cuanto a la autorización previa, se trata del documento a través del cual Aduana Nacional podrá realizar el control de ingreso o egreso de esta sustancia en Bolivia.
“Eso tendría que ser un una acción que empiece a generar información para el control de la importación de mercurio, pero este decreto supremo recién entrará en vigencia cuando se apruebe su reglamento”, indica Campanini y agrega que en la norma no se ha establecido límite para el ingreso de mercurio al país, tampoco se han propuesto restricciones y sus importación continúa siendo legal.
Campanini comenta que esta norma lo único que hace es generar mecanismos institucionales para tener información y un mecanismo de autorización, pero “no hay mayores controles al contrabando, una de las grandes preocupaciones no solamente en Bolivia sino en toda nuestra región”.
Para Miguel Vargas, de Cejis, lo que se requiere es un debate nacional que se concentre en analizar el modelo minero. “Tenemos que analizar como país y sociedad qué tipo de política minera tenemos y cómo se está convirtiendo en un arma para exterminar a pueblos indígenas como el Ese Ejja. La minería del oro aluvial se está convirtiendo en la principal amenaza para los pueblos indígenas que, como el caso del pueblo Ese Ejja, si no se toman medidas inmediatas de atención, están destinados a desaparecer”.
 
 
 
 
 
CARLOS NOBRE, CIENTÍFICO BRASILEÑO: 'EL POTENCIAL ECONÓMICO DE LOS BOSQUES EN PIE EN LA AMAZONÍA ES MAYOR QUE LA AGRICULTURA'
 
Uno de los científicos más reconocidos de la región, insiste en que esta selva está cerca de un punto de no retorno. Sin embargo, destaca el potencial para su conservación.
 
El País de España (https://acortar.link/p0A8Lx)
 
A pesar de que su mente almacena todos los datos relacionados con lo que podría salir mal en la Amazonía, el científico brasileño Carlos Nobre dice sentirse esperanzado. El paulista de 72 años es uno de los expertos más respetados que han estudiado este ecosistema. Recientemente asistió a la primera Conferencia de Bioeconomía Panamazónica, que tuvo lugar en Belém, Brasil. En la reunión, más de 300 líderes indígenas, miembros de la sociedad civil y representantes de gobiernos locales redactaron una serie de recomendaciones sobre cómo debe desarrollarse la economía de la región amazónica . Estos fueron luego enviados a los presidentes de los países amazónicos: Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana y Surinam. Nobre dice que las conversaciones sobre cómo lograr una nueva bioeconomía son las que lo hacen optimista.
La primera vez que Nobre viajó a la Amazonía fue en 1971. “Claro que en ese momento casi no había deforestación”, recuerda. “Los ríos eran magníficos”. Para 1975, solo el 4,5% de sus bosques habían sido talados, lo que significa que tuvo la oportunidad de ver la región en buen estado de salud, sin perturbaciones. Pero después de esa experiencia hace más de medio siglo, comenzó a advertir al público que la selva amazónica podría llegar a un punto sin retorno. Hoy, su predicción parece hacerse realidad.
Pregunta. ¿Qué sientes cuando ves lo que le está pasando a la Amazonía?
Respuesta. Estoy muy preocupado. He investigado mucho sobre este tema. Hace 33 años publicamos el primer artículo científico llamando la atención sobre la deforestación . En ese momento, la deforestación de solo el 7% de la Amazonía nos llevaría al punto de inflexión. Y ahora, desafortunadamente, no es solo una proyección para el futuro, estamos al borde del punto de inflexión.
Realmente necesitamos detener la degradación de los bosques, de inmediato. Y esa es la idea de esta conferencia: cómo mantener el bosque y cómo mejorar los medios de vida de toda la población amazónica. Tenemos que crear una nueva economía, la llamamos la “economía forestal en pie”.
P. Usted es el primer autor de un estudio reciente sobre cómo la bioeconomía es clave para la Amazonía brasileña. ¿A qué conclusiones llegaste?
R. El estudio analiza el potencial de las cadenas de valor de los productos forestales, [analizando] más de 40 productos. Vemos que, si desarrollamos estos productos, en lugar de desarrollar los negocios estándar, como la ganadería, que ha sido el principal impulsor de la deforestación durante 50 años, podremos sostener el bosque. [Además], esto generaría más de 300.000 empleos más, al mismo tiempo que mejoraría tremendamente la calidad de vida de toda la población amazónica. También implicaría la restauración de un área muy grande, casi un millón de kilómetros cuadrados (386,000 millas cuadradas), lo que también implica eliminar casi 1,000 millones de toneladas de dióxido de carbono cada año de la atmósfera. Esto es fundamental para combatir la emergencia climática.
P. ¿ Cómo le explicas la bioeconomía a alguien que no entiende el concepto?
R. La bioeconomía es una economía que tiene que ver con los productos [que provienen de] la naturaleza. Hay varias definiciones: preferimos usar el término “bioeconomía de bosques en pie” para que no se confunda con otras bioeconomías, como la agricultura, que también se basan en la naturaleza.
Es fundamental mantener los bosques, [para] evitar que la Amazonía llegue a un punto de no retorno. Como he dicho, debemos mantener los bosques y restaurar [la gran parte] que ya hemos degradado.
P. ¿Cómo puede ayudarnos la bioeconomía a evitar llegar a ese punto de no retorno?
R. Hay dos grandes desafíos. Uno está en la Amazonía misma: [necesitamos] cero deforestación, cero degradación y la restauración de áreas degradadas. Pero al mismo tiempo, debemos cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, porque si perdemos el control del clima global y alcanzamos un aumento de temperatura de [3.6˚F], esto provocaría la desaparición de la selva amazónica. Entonces, tenemos estos dos desafíos: uno local y otro global. Pero si cumplimos con el Acuerdo de París, llegamos a la deforestación cero y comenzamos este gran proyecto de restauración [de 386,000 millas cuadradas], el crecimiento de un bosque secundario podría detener los puntos de inflexión. Por supuesto, hay varios científicos que dicen que el sur de la Amazonía ya ha llegado a un punto de inflexión... pero aún queda una discusión científica.
P. Respecto a los cambios que está experimentando la Amazonía, usted ha utilizado el término “sabanización”. ¿En qué consiste esto?
R. En el norte y sur de la Amazonía tenemos lo que se conoce como sabanas tropicales. Evolucionaron hace más de 40 millones de años. [Estas áreas tienen] un tipo de clima monzónico, con una estación seca de seis meses, donde muchos incendios son causados por rayos. Entonces, cuando hablamos de sabanización de la Amazonía, nos referimos a que, cuando se alcance el punto de no retorno, solo el 50% de la región sería bosque. Tal vez el 70%, solo en los lugares donde sigue lloviendo mucho. El resto, el sur, el oriente y el centro de la Amazonía, empezaría a tener un clima como el de la sabana, con una estación seca [que dura] seis meses… [En estas condiciones], no se puede mantener el bosque.
P. De esta conferencia han surgido una serie de recomendaciones para los gobiernos de los países amazónicos . ¿Qué le dirías a los líderes de estos países si estuvieras frente a ellos?
A.Que es urgente lograr la deforestación y degradación cero, aunque sé que es un gran desafío, porque muchas [estas actividades] tienen que ver con el crimen organizado. Pero es por eso que necesitamos que los gobiernos apliquen una gobernanza efectiva. Además, también debemos convencer [a estos líderes] de que el potencial económico de los bosques en pie —de la bioeconomía— es mucho mayor que el del sector agrícola tal como lo conocemos hoy. De nuevo, esto no es fácil, porque los políticos siguen asociados a la economía actual, a la ganadería… Hay que dar una gran batalla para convencer a los gobiernos. Vemos que hay discursos políticos —como los de Lula [en Brasil] o Petro [en Colombia]— que son hermosos. Pero desafortunadamente, hay un gran grupo de políticos [en la región amazónica] que están asociados con la economía actual,
 
 
 
 
 
‘TOMA DE LIMA’: SUBVERSIVO ÁLEX CHAMÁN, DESDE BOLIVIA, AZUZA LA VIOLENCIA CONTRA GOBIERNO DE BOLUARTE
 
Expreso de Perú (https://acortar.link/LUSIEi)
 
Aunque se prevé que la Tercera Toma de Lima sea de reducida asistencia, debido a las disputas internas entre los azuzadores de las filas de SL y Movadef, la manifestación sigue representando un riesgo para la integridad de los ciudadanos que buscan trabajar y vivir en paz.
Como es público, uno de los rostros visibles de la movilización del 19 de julio es el condenado por terrorismo Álex Chamán, quien en un discurso dejó en claro que los manifestantes no llegarán a Lima para hacer turismo, sino que estarán dispuestos a todo, con tal de hacer que el gobierno de Dina Boluarte cumpla con las demandas exigidas.
Alex Chamán, miembro de Sendero Luminoso y ahora afincado en Bolivia, es uno de los promotores que aparece en un video afirmando: “Mucha gente ilusamente dice no estar de acuerdo con todo tipo de violencia. Y no solo eso, sino dicen que con violencia no se logra nada. Y es absolutamente falso. ¿Cómo se logró expulsar a la corona española? ¿Se logró de manera pacífica? Solo se logró a través de luchas”.
Al respecto, el general PNP (r) José Baella, exjefe de la Dircote, advirtió: “Este sujeto pertenecía a Sendero Luminoso cuando estuvo acá, y después se fue a Bolivia, donde le dieron asilo político y ahora es el vocero del Movadef, razón por es uno de los promotores de esta movilización”.
 
 
 
 
 
DESDE BOLIVIA, CONDENADO POR TERRORISMO HACE UN LLAMADO A MANIFESTARSE CON VIOLENCIA ESTE 19 DE JULIO
 
Infórmate Perú (https://acortar.link/m4SFSq)
 
Chamán Portugal, quién estuvo detenido en el penal Miguel Castro Castro, entre los años 1992 y 1995, acusado de pertenecer a Sendero Luminoso, es uno de los personajes que viene llamando a los manifestantes a protestar con violencia este 19 de julio contra el gobierno de Dina Boluarte.
En abril de 1995, Chamán Portugal, condenado por terrorismo obtuvo su libertad y viajó a Bolivia. Actualmente es docente en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz.
“Mucha gente dice ilusamente estoy en desacuerdo contra todo tipo de violencia, también dicen que con violencia no se logra nada ye so es absolutamente falso”, con estas palabras el condenado por terrorismo hizo un llamado a los manifestantes y justificó los actos vandálicos que puedan registrarse este miercoles 19 de julio, incluso bajo el riesgo de que se pierdan vidas humanas.
“¿Cómo se logró expulsar a la corona española?, ¿Se logró de manera pacífica?, ¿A través de Asambleas Constituyentes, cabildos?, Solo se expulso a la corona española a través de luchas”, indicó Chamán Portugal.
Chaman Portugal, exsentenciado por terrorismo, fue quien recibió en Bolivia a Pedro Castillo en mayo de 2018. En aquel entonces, Castillo Terrones era dirigente sindical del Conare-Sute y fue invitado a participar en un encuentro de profesores latinoamericanos en la ciudad de La Paz.
 
 
 
 
 
EL DRAMA DE DOS HERMANOS BOLIVIANOS QUE ERAN ALBAÑILES EN AMIA Y EL DOLOR DEL QUE SOBREVIVIÓ: “SE FUE EN MI LUGAR”
 
Julio Barriga Loaiza era el capataz de obra en la AMIA cuando se produjo el atentado del 18 de julio de 1994. Su hermano David, que trabajaba junto a él desde hacía apenas cuatro días, murió aplastado bajo los escombros. La historia de ambos y quiénes fueron las doce personas encargadas de las refacciones en el edificio que asesinó el terrorismo hace 29 años
 
Infobae de Argentina (https://acortar.link/nsnCkS)
 
Al mediodía del 18 de julio de 1994, toda la familia de Julio Barriga Loaiza planeaba encontrarse en Once. Sería un día feliz. El hombre tenía entonces 45 años y era el capataz de obra en las refacciones que se llevaban a cabo en la AMIA. Irían, juntos, a ver el fruto de sus duros años de trabajo como albañil: la camioneta que pensaba comprar. No pudo ser. A las 9.53 de ese lunes, un viento de odio arrasó todo: sus sueños, su paz, la vida de 85 personas y el edificio de la mutual judía. Pero a él, la bomba asesina no se lo pudo llevar. Julio sobrevivió. Hoy tiene 74 años y vive en su casa de siempre, en la localidad de Merlo. No sucedió lo mismo con su hermano, David, que murió sepultado bajo los escombros.
Julio nunca volvió a ser el mismo luego del atentado terrorista. Jamás logró dar vuelta esa página. El dolor y las imágenes del espanto continúan martillando en su cabeza. Por eso, siempre estuvo ausente en los actos de la AMIA cuando llega el aniversario. La culpa por la muerte de su hermano le carcome el alma. Una culpa que no es suya, por supuesto; es de los asesinos que volaron el edificio de la calle Pasteur 633. Solo una vez habló, y fue para un documental de la mutual judía. Él prefiere recordar por dentro.
Ilusiones de inmigrante
Su historia es como la de tantos inmigrantes que vinieron con los sueños que les negaba su tierra. Julio nació en Tarabuco, un pintoresco pueblo cerca de Sucre. Su hija Fabiola le cuenta a Infobae: “La familia de mi papá era muy humilde. Mi abuelo era carpintero y cosechaban papas. Mi papá vino sólo, a los 14 años, a trabajar. Entró por la frontera así, como medio... viste que en ese momento no se utilizaban tanto los permisos. Hizo changas y después fue asistente de albañil. Conoció a varios arquitectos, construyó vínculos. Y luego se casó con mi mamá, Vilma, que falleció hace seis años”. El matrimonio tuvo cuatro hijos: Liliana, Magali, Fabiola y Julio.
Al principio, los Barriga Loaiza vivieron en la localidad de Mariano Acosta. En el 94, cuando Fabiola tenía 15 años, se pudieron mudar a una casa mejor en Merlo Norte. “Mi papá la construyó desde cero”, cuenta con orgullo.
Con el tiempo, Barriga Loaiza conoció al arquitecto Andrés Malamud. Éste lo contrató para las obras de reconstrucción de los edificios lindantes con la embajada de Israel luego de la bomba que lo destruyó el 17 de marzo de 1992. Contaba Julio en el documental de la mutual judía: “Conocí la AMIA mediante el arquitecto Malamud. Me llamó a través de un hermano y me dijo si me interesaba hacer unos trabajos con él”.
Andrés Malamud estaba desde marzo de 1994 al frente de las refacciones de la AMIA. Tenía 37 años, llevaba seis de casado y tenía dos hijas: Débora de cinco años y Astrid de tres. Y por la confianza que le tenía, volvió a contratar a Julio.
El bohemio de la familia
David, su hermano, era lo opuesto a él. Un bohemio al que le gustaba la música y vivía de tocar el acordeón en grupos folclóricos de Bolivia. Según Fabiola, llegó a la Argentina con su esposa y sus cuatro pequeños hijos para pasar unas “mini vacaciones” menos de un año antes del atentado, pero se fue quedando. “Mi papá me contó que hacía música desde muy chiquitito. Armaba baterías con las cosas que tenía mi abuelo, como latitas y palitos, y tocaba. Después aprendió a tocar teclados, alguien le prestó un acordeón y ahí surgió su amor por ese instrumento. A papá también le gustaba la música, pero tenía ese rol más de trabajar y querer hacer algo en su vida”, cuenta Fabiola.
Cuatro días antes del atentado, Julio le pidió a David si no quería ganar unos pesos ayudando a colocar unos revestimientos. La plata no venía mal y aceptó. Tenía 28 años y aunque Julio le decía que se comprara un terreno cerca suyo, él -que no llamaba por su nombre a su hermano mayor y en su lugar le decía “Papi”- le respondía que quería hacer una diferencia económica y regresar a Bolivia. Pero ese lunes, le pidió que luego de ir a ver la camioneta lo acompañara a una inmobiliaria para cambiar unos pesos a dólares. Parecía haber cambiado de planes, algo que alegró a Julio. “Papi, quisiera seguir trabajando con vos”, fueron sus palabras.
El mundo encima
El lunes 18 de julio, las obras estaban a punto de terminar. Como todos los días, Julio llegó entre las 7 y las 7.30 de la mañana. En el documental de la AMIA relató que a su hermano “lo había mandado a hacer el revestimiento de un baño, ahí justamente donde cayó todo. Esa mañana tenían que llegar materiales, inclusive llegó también un volquete, y fui a recibirlo. Por eso ya no llegué a ver a mi hermano. Si lo iba a ver, me iba junto con él”. También contó que “A las 8 empezábamos a trabajar. Tomé unos mates con mis amigos, los electricistas que tenían su último día de trabajo”. Ellos eran Hugo Basiglio y Martín Figueroa. Basiglio, que vivía en Los Polvorines, había sido colectivero, pero luego de un infarto estuvo un año y medio sin moverse. Después comenzó a trabajar como electricista y lo contrataron en la AMIA. Figueroa era tucumano, pero se vino a Buenos Aires a los 16 años. Hacía 25 años que estaba casado, tenía seis hijos, era afiliado radical, militaba y cada vez que podía ayudaba a sus amigos. A Hugo Basiglio le consiguió una casa y éste lo recomendó al arquitecto Malamud. Ese día, en rigor, ninguno de los dos iba a trabajar, sino a cobrar la plata por el fin de su trabajo.
El monstruo que llegaría a las 9.53 no avisó que se acercaba por la calle Pasteur. Dijo Julio: “Yo seguí, crucé un patio. A cada lado había un pasillo. Entré a una habitación donde había hecho unos arreglos. Abrí la puerta... Fue en ese momento, no sabía lo que estaba pasando. Se oscureció todo, fue una explosión. Llegó todo el olor a pólvora, digámoslo así. Todos los vidrios cayeron encima mío. Creo que estaba lastimado en la cara y lleno de polvo, no sabía por dónde salir... Y traté hacerlo por una cocina, por una ventana. Estaban los dos patios llenos de escombros, como un cerro, digamos. Veía todo al frente, los edificios estaban destrozados al otro lado de la calle. Y bajé por ahí. Creo que fui el único que salió por ahí. Y después traté de ver dónde estaba mi hermano... Esa parte ya estaba toda abajo”. No tardó en darse cuenta: “Al ver que cayó todo el edificio, supe que mi hermano estaba ahí. A veces pienso que él tal vez se fue en lugar mío”.
Doce personas que trabajaban en las obras de refacción de la AMIA murieron. Además de los cuatro mencionados, se sumaron el ingeniero mecánico Néstor Américo Serena, de 51 años, casado hacía 25, con tres hijos, que se cruzó con Julio instantes antes de la explosión y el 1° de agosto se iba a mudar a Santa Teresita para abrir una empresa de servicios para hoteles, comercios e industrias; el gasista Fernando Roberto Pérez, de 47 años; Rimar Salazar Mendoza, boliviano de 32 años, ex minero y llegado a la Argentina con su mujer y sus dos hijos; Danilo Villaverde, de 20 años, electricista que gustaba llevar el pelo largo como Axl Rose, su ídolo; Adhemar Zárate Loayza, boliviano de 31 años y Erwin García Tenorio, de quien AMIA no posee mas datos. Y dos hermanos: Juan Vela Ramos, de 21 años, y Eugenio Vela Ramos, de 17. A ambos, Julio los conocía bien: los llevó a trabajar y les había dado alojamiento en una habitación de su propia casa cuando no tenían un techo. “Ellos dos estaban en el sótano y se fueron. Otros dos sacaban las bolsas con lo que habían juntado el día sábado anterior”, contó Julio.
“Después de haber bajado, ya no pude volver a subir porque no me dejaban. Eso es lo que recuerdo. Lo primero que quise fue ver a mi hija, que trabajaba en el Dupuytren. Y cuando fui, ella ya había venido. Y mi señora también, en tren. Así que me encontraron allá”, relató.
La familia de Julio se enteró del atentado escuchando la radio. Enseguida pusieron la tele, cuenta Fabiola: “Cuando nombraron a la AMIA no lo podíamos creer. Mi mamá y una de mis hermanas fueron a buscarlo. Yo me quedé en casa con mi hermano más chico. Ese mismo día que salió, recuerdo que vi a mi padre en la tele, pero no en qué canal”. Tiempo después, Fabiola confirmó su visión: “Hablando con una compañera, me contó que su sobrina hizo un corto sobre el 18 de julio. Lo miré y hay una parte del video donde reconozco a mi papá, porque tenía un buzo violeta y rulos. Es impactante, porque estaba como perdido, en estado de shock”.
Recién cuando regresó a su casa por la noche, Julio se quebró: “Estaba lleno de polvillo, hasta la cara. Y ahí me dijo algo que nunca voy a olvidar, ‘volví a nacer, no puedo creer que esté vivo’. Se puso a llorar, estaba derrumbado. Nos relató que estaba en el segundo piso, en la parte de atrás. Y mi tío, en la de adelante, no sabía si en el mismo piso o en el primero. Papá pensó que cuando cerró la puerta se le había caído el techo solamente a él. Pero cuando logró salir de entre los escombros, no entendía nada... Fue muy impactante, nos dijo que unos segundos antes estaba hablando con el arquitecto Malamud, con Basiglio, que era el electricista y amigo de él, que había venido a casa. Nos dijo que si se quedaba un segundo más con ellos, no la contaba. O si se hubiera ido a otro piso, cree que no estaría con vida hoy”. Julio buscó a su hermano los días siguientes. Iba al Clínicas con la esperanza de que estuviera vivo. “Estaban todos los nombres, pero no el de David”, contó. Alrededor de una semana después hallaron su cuerpo. A los hermanos Vela tardaron más en encontrarlos.
Poco tiempo después del atentado, la esposa de David tomó a sus cuatro hijos y regresó a Bolivia. “Nosotros no volvimos a tener contacto directo con ellos, solo a través de mi abuelo, porque vivían cerca”, lamenta Fabiola.
Sobreviviendo
La vida de Julio no volvió a ser la misma. Por ejemplo, nunca más aceptó un trabajo en la Capital Federal. “Solo hacía changas por acá, por la zona”, cuenta Fabiola. Hoy está jubilado y vive junto a su hijo menor en la misma casa que construyó con sus propias manos en 1994. Cuando llega el aniversario del atentado, Fabiola cuenta que su papá se pone muy mal. “Excepto en uno en el que pusieron árboles con los nombres de las víctimas, él nunca participó en ningún acto, no quiere saber nada. No quería ni siquiera ir a declarar a la justicia, lo tuvieron que venir a buscar. Me decía que fue porque si no lo llevaban preso, fue obligado. La otra vez hizo un recordatorio con el Chango Spasiuk, fue algo bastante particular porque homenajeaban a mi tío desde otro lugar, desde la música y le gustó. De hecho se emocionó, pero cuando volvió a casa se puso otra vez muy mal. Siempre le dijimos que vaya a terapia, porque durante mucho tiempo tuvo pesadillas y cualquier sonido fuerte lo impactaba. Pero no sé si algo tan fuerte se puede superar con el paso del tiempo”.
Fabiola, que trabaja para el Ministerio de la Mujer, tiene 44 años y un hijo, ensaya una explicación: “A mi familia le cuesta un poco más ‘apropiarse’ de ese momento, aunque no se si es la palabra... Yo entiendo y respeto que prefieran el silencio que salir a pedir justicia. Yo soy más de otro palo. Por ejemplo, no hay un 24 de marzo en el que no esté en una marcha. Pero nunca fui a los actos de la AMIA porque, te repito, siempre respeté la decisión de mi papá, pero ahora me invitaron y voy a estar leyendo los nombres de las víctimas, el nombre de mi tío”. Para ella, su presencia es “una manera de tener la memoria activa, de decir bueno, todavía seguimos exigiendo justicia aún después de 29 años. No se puede creer que hayan pasado tantos años, porque realmente parece que fue ayer. Si ves a mi papá, cómo se quiebra y cómo se pone, te das cuenta de que para él no pasó el tiempo”.
 
 
 
 
 
PUNTO DE FISCALIZACIÓN CERRADO, OPCIÓN DE ZANJA Y NUEVO MODUS OPERANDIS: DETALLES DEL ROBO DE CAMIÓN EN ANTOFAGASTA
 
El vehículo sustraído a Mario Bello salió sin problemas de Chile debido a que Hito Cajón no estaba operando.
 
El Mercurio de Chile (https://acortar.link/hqy0mz)
 
El pasado 26 de junio se recibió la denuncia. Mario Bello señalaba que le habían robado su camión. Y no se quedó tranquilo, sino que fue a Bolivia a buscarlo.
El fin de semana regresó a Chile, en camilla, tras recibir un disparo que según información médica lo puede dejar parapléjico.
La familia de Bello asegura que el camión fue sacado del país por el paso fronterizo Hito Cajón, ubicado en la región de Antofagasta. ¿Cómo pudo salir sin problemas?
Una de las respuestas es que el día en que fue robado el camión estaba cerrado el punto de fiscalización en Hito Cajón. ¿Por qué?
"Este punto de control presentó un problema puntual con el sistema de agua potable, producto de las bajas temperaturas que se presentan actualmente, lo que significó que permaneciera cerrado entre el 16 junio y 4 de julio, mientras se realizaban los trabajos de reparación, siendo suplida la labor de control por el Complejo de San Pedro de Atacama, que está inserto en la comuna a 47 kilómetros de distancia de Hito Cajón", señala la delegada regional Karen Behrens.
María José Bello, hija del camionero, critica esto. "Si hubiese habido más control en Hito Cajón, que se conoce que es un lugar de paso de vehículos robados, un camión grande, de ese tonelaje, no habría pasado tan fácilmente. Se hubiese quedado estancado en algún lugar, pero no fue así".
La misma familiar agudiza sus dichos. "Si Hito Cajón hubiera tenido una zanja, no habría podido pasar un camión grande, no se lo habrían podido robar".
Sin embargo, desde la delegación explican que es "imposible" que haya una zanja en ese sector, ya que es un paso habilitado, legal. "Las zanjas se hacen solo en los pasos irregulares", señalan.
De hecho, ayer Behrens aseguró que "estamos trabajando con el cierre y bloqueo de pasos no habilitados, son muchos pasos, pero hemos trabajado ya con la delegación del Loa. Se han hecho zanjas, pretiles, barreras físicas para que no pasen y poder acortar los espacios de vigilancia". Pero también apunta que "son 720 kilómetros de frontera, cuando tapamos un lugar, se abren otros caminos de forma ilegal".
Según datos proporcionados por la Delegación Presidencial antofagastina, hasta la primera semana de julio se han realizado 4.811 controles, de los cuales 2.512 corresponden a controles de identidad, 2.299 a controles vehiculares realizados en check point efectuados por el Ejército en conjunto con Carabineros. Además, en el resguardo fronterizo se han efectuado 3.378 horas de patrullaje diurno, y 1.964 patrullajes nocturnos, recorriendo 57.431 kilómetros desde el inicio de las operaciones.
De forma paralela, junto con la Seremi de Obras Públicas se han intervenido pasos irregulares ubicados en la comuna de Ollagüe "interviniendo los pasos no habilitados de los sectores de Puquios y Pajancha con un total 2,2 kilómetros de pretiles para obstaculizar los pasos de fuga de las bandas que operan entre Chile y Bolivia", subraya la delegada.
Nueva tecnología para el robo de vehículos A partir de los últimos años, el robo de vehículos ha ido en aumento, particularmente en la Región de Antofagasta. Un artículo publicado por El Mercurio de Antofagasta revela que la mayoría de autos robados (o "chutos) que son comercializados en Bolivia provienen desde Chile.
De acuerdo a datos entregados por la Subsecretaría de Prevención del Delito, en 2022, en la segunda región se registraron 2.031 robos de vehículos motorizados. Una cifra que representa una fuerte alza comparada a los 1.505 vehículos robados en 2019, previo al inicio de la pandemia. Este año, la entidad reportó 510 vehículos robados.
No obstante, la sustracción de camiones no es tan habitual debido a su gran envergadura, según explica el capitán de Carabineros, Fernando Fierro, jefe de la Sección Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV). El funcionario policial sostiene que para los criminales resulta complejo conducir camiones por pasos no habilitados, y la tarea es aún más difícil a la hora de esconderlos de las autoridades.
"La sustracción de vehículos generalmente está ligada a bandas que tienen un poco más de organización, ya que comercializar este tipo de vehículos también requiere de mayores recursos", dice Fierro.
La SEBV de Antofagasta reconoce que las bandas criminales han ido adquiriendo nuevas tecnologías para llevar a cabo los ilícitos. "Ya no lo hacen como hace un tiempo, donde forzaban el sistema de arranque de vehículo. En la actualidad operan con aparatos tecnológicos, me refiero a escáneres, donde una vez que ingresan al vehículo intervienen los computadores y logran clonar las llaves para sustraer estos automóviles", comenta Fierro.
Las organizaciones delictuales llegan a invertir cerca de un más de un millón y medio de pesos para obtener dicha tecnología.
"En su mayoría son chilenos y mayores de edad -entre 18 años y 30 años-. Se mueven de tres a cinco individuos y varían su vinculación con otras bandas. Es decir, en una banda delictual si hay cinco sujetos, dos pueden migrar a otra banda y operar durante un tiempo en ésta. Luego pueden regresar; en ese sentido hay movilidad por parte de estos delincuentes", precisa el capitán Fierro.
La prioridad para los antisociales es sacar el vehículo lo antes posible del país, y la geografía de la Región de Antofagasta se los permite. "La distancia entre la frontera desde la ciudad de Antofagasta es de tres horas y media a cinco horas", afirma el jefe de la SEBV. Los ilícitos se producen mayormente en horas de la noche, lo que dificulta la denuncia de la persona afectada que generalmente se percata de día.
"Estos sujetos así estarían llegando a las cercanías de la frontera, y tras previa coordinación, los ciudadanos bolivianos estarían ingresando por pasos no habilitados, reciben los vehículos y regresan al país", sostiene Fierro. Las transacciones se concretan a través de pago en efectivo, drogas o armamento.
 
 
 
 
 
RECUPERAN A TRES CHICOS ARGENTINOS DE ENTRE 6 Y 17 AÑOS QUE ERAN SOMETIDOS A TRATA DE PERSONAS EN TARIJA, BOLIVIA
 
Contexto Tucuman de Argentina (https://acortar.link/lLkUr5)
 
La Defensoría de la Niñez y la Adolescencia de Bermejo, en Bolivia, concretó la repatriación de tres menores de edad, quienes fueron trasladados hasta el puente internacional que une con la ciudad de Aguas Blancas, Argentina, para ser entregados a las autoridades de nuestro país.
Belcesar Solano, responsable municipal de desarrollo integral de Bermejo, evitó revelar detalles específicos, pero señaló que los menores provienen de familias disfuncionales donde no recibían la atención necesaria, lo que los llevó a terminar en territorio boliviano.
“El agresor de una de las víctimas ya se encuentra en prisión preventiva. La policía está trabajando en el caso y se están siguiendo todas las acciones legales contra esta persona”, expresó.
Este hecho se suma a un horroroso descubrimiento ocurrido en mayo pasado, cuando se desarticuló una banda en Bermejo dedicada a captar menores de edad, tanto bolivianos como argentinos, para explotarlos sexualmente.
Las menores, cuyas edades oscilaban entre los 6 y 17 años, eran ofrecidas en un catálogo que circulaba en grupos de WhatsApp en la ciudad tarijeña.
Dos mujeres eran las responsables de captar a los menores para luego incluirlos en estos catálogos, perpetuando así un negocio macabro y abominable.
La repatriación de estos tres menores marca un importante paso en la lucha contra el tráfico sexual de menores en la región. Destaca la labor de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia de Bermejo, así como la cooperación entre las autoridades bolivianas y argentinas para abordar este crimen atroz.
La vulnerabilidad en la frontera y la situación económica en ambos países, son algunos de los factores que dan lugar a estos ilícitos. Este caso subraya la urgencia de fortalecer las medidas de protección y prevención para evitar la explotación de niños y adolescentes.
Es esencial que se promueva la conciencia y la colaboración entre los ciudadanos, las organizaciones y los gobiernos para erradicar de manera contundente este tipo de redes delictivas y garantizar un entorno seguro para los menores.
 
 
 
 
 
Carlos Nobre, científico brasileño: 'El potencial económico de los bosques en pie en la Amazonía es mayor que la agricultura'
Uno de los científicos más reconocidos de la región, insiste en que esta selva está cerca de un punto de no retorno. Sin embargo, destaca el potencial para su conservación.
 
 
 
 
 
LOS NATIVOS DE CASCADE MINISTRAN AL PUEBLO DE BOLIVIA
 
Telegraph Herald (https://acortar.link/vNmKrS)
 
Durante casi 40 años, la hermana Suzanne Takes ha ministrado a los nativos guaraníes de Bolivia en el pueblo de Entre Ríos.
Takes, nativa de Cascade, dijo que tenía el deseo de trabajar como misionera desde que estaba en sexto grado gracias a la influencia del movimiento del Cuerpo de Paz y las vidas de los santos que aprendió en la escuela. En 1971, después de graduarse, se encontró en el inesperado camino de la vida religiosa, que le permitió realizar sus sueños de formas que aún no podía imaginar.
“Siempre pensé que tendría una familia y la criaría en la granja como lo hicieron mis padres”, dijo Takes. “No fue sino hasta después de la escuela secundaria que tuve la oportunidad de trabajar con las Hermanas Franciscanas en un programa de voluntariado en Filadelfia, Misisipí, hogar del pueblo Choctaw… Sentí que Dios me llamaba a la vida religiosa. Dije 'No gracias, Dios, tengo mis planes'. Pero la llamada persistió y pensé: 'Nunca voy a estar en paz a menos que responda a esta llamada'".
Después de unirse a las Hermanas de la Presentación con sede en Dubuque en 1972, Takes se graduó de Clarke College en 1978 con una especialización en educación primaria y una especialización secundaria en español. Después de ocho años de enseñar en las escuelas de Dubuque, fue a la misión de la orden en Bolivia por primera vez en 1985 y ha trabajado allí desde entonces en una variedad de tareas.
“Todos hemos sido bendecidos con diferentes ministerios”, dijo. “Empecé enseñando religión en la escuela secundaria pública y trabajando con el grupo de jóvenes, que me encantaba. Más tarde me pidieron que me hiciera cargo de la pequeña escuela de oficios de nuestra casa en el pueblo, lo cual acepté. Fue muy divertido estar con los jóvenes”.
El trabajo de Takes más tarde se separó de la educación cuando se ofreció como voluntaria para administrar la nueva farmacia de la misión para abordar una necesidad local de medicamentos.
“Fue alrededor de Navidad cuando tuvimos la oportunidad de solicitar algunos fondos para abrir una farmacia. Necesitábamos urgentemente uno porque estábamos a cinco o seis horas de la ciudad principal y los medicamentos no llegaban fácilmente al pueblo. A menudo, cuando llegaba allí, era muy caro o estaba vencido”.
Durante los últimos 20 años, Takes se ha centrado principalmente en defender los derechos de los discapacitados y ayudar a las personas a obtener importantes documentos legales, como actas de nacimiento.
“Nos dimos cuenta de que la mayoría de nuestra gente en la parroquia no tenía partidas de nacimiento. Si querías una cédula de identidad, tenías que tener un certificado de nacimiento. Esa tarjeta serviría para todo, prestaciones de seguridad social, atención médica, era justo lo que necesitaba”.
Takes dijo que la parte más gratificante de su trabajo es conocer a las personas que describe como hermosas y amables, además de disfrutar de la hermosa Cordillera de los Andes. Ella dijo que el mayor desafío es equilibrar su propia realidad con la realidad menos acomodada de las personas a las que sirve.
“Hay que aceptar esa realidad, pero también moverse para cambiarla. Esa es la cosa número uno, equilibrar esas realidades entre los que tienen y los que no. Y, sin embargo, los que no lo han hecho son las personas más generosas que puedas imaginar. He estado en medio de la nada y de repente aparecen con un poco de maíz hervido y huevos, que es todo lo que tienen para comer en el día, y me lo dan”.
Takes dijo que cualquiera puede visitarla y quedarse en la casa de la misión para echarle una mano en cualquier momento. Con una cantidad infinita de proyectos y solo dos hermanas en la misión, necesitan ayuda constantemente. Para obtener más información, comuníquese con Takes a suzannet352@gmail.com .
 
 
 
 
 
 
BOLIVIA ESPERA UNA NUEVA REGULACIÓN MÁS FAVORABLE PARA LAS CRIPTOMONEDAS
 
En un encuentro organizado por ETH Bolivia, miembros del ecosistema hablaron sobre la posibilidad de que se eliminen las restricciones al sector.
 
Criptonoticias Com. (https://acortar.link/uT6PLv)
 
En medio de una fuerte preocupación generada por la escasez de dólares, Bolivia espera que las limitaciones vigentes en el país para el manejo de criptomonedas den un giro favorable. De ahí que la comunidad tenga puestas sus esperanzas en una nueva propuesta regulatoria. 
Así se expresaron los miembros de la comunidad ETH Bolivia en el marco de un evento realizado este 14 de julio, para conversar sobre las regulaciones que se aplican en el país suramericano. Allí también se habló de la posibilidad de que se apruebe un proyecto de ley con una postura más amigable hacia el ecosistema. 
Los cambios vendrían de la mano de un proyecto con la cual se aspira que Bolivia tenga un nuevo marco legal para el sector, eliminando las restricciones al comercio de criptomonedas impuestas por el gobierno desde hace varios años. 
Cabe recordar que Bolivia es uno de los pocos países de la región que han catalogado a las criptomonedas como activos especulativos no reconocidos por las autoridades. Su uso está prohibido según lo establece la Resolución de Directorio No. 144/2020 del 15 de diciembre de 2020 emitida por el Banco Central de Bolivia (BCB).
Es en ese sentido que la comunidad tiene una gran expectativa en cuanto a los avances de esta iniciativa regulatoria presentada ante la Cámara de Diputados en junio pasado, tal como cuenta el equipo de ETH Bolivia.
La propuesta parte de la idea de que el país se está quedando atrás en materia de regulación, mientras en otras latitudes los gobiernos avanzan en el reconocimiento de un ecosistema que cada día tiene más productos y adeptos. En función de ello, se plantean normativas que propicien la innovación al tiempo que impidan “los malos usos”. 
Se admite, además, que en Bolivia se han transado alrededor de 11 millones de dólares en criptomonedas solo en el año 2021, en medio de las restricciones que existen para su comercialización. 
Asimismo, la propuesta de ley reconoce el uso lícito y las ventajas del comercio con criptomonedas, las cuales han sido aprovechadas por muchos bolivianos, con proyectos registrados en otros países como vía para saltar el problema regulatorio.
Se resalta así cómo la prohibición del BCB no ha detenido el comercio de bitcoin (BTC) en Bolivia. Tampoco ha impedido que muchas personas sean víctimas de estafas piramidales, negocios fraudulentos que engañan a las personas interesadas en usar criptomonedas.
En consecuencia, la idea es proponer modelos de comercio virtual que permitan el uso de criptomonedas en pequeñas y medianas empresas (PYMES), con leyes que además impidan el desarrollo de mercados negros.
Sobre este tema también se pronunció Nico Gallardo, cofundador de ETH Bolivia, señalando que, en comparación a otras legislaciones, Bolivia ha estado desperdiciando el potencial de las criptomonedas para generar mayores recursos sin poner en riesgo la seguridad económica nacional.
Uno de los pocos países de Latinoamérica que prohíbe a bitcoin
Las prohibiciones legales en Bolivia implican no solo que criptomonedas como bitcoin no tienen reconocimiento como moneda de curso legal; sino que además se prohíbe a las entidades financieras el uso, comercialización y negociación de criptoactivos en el sistema de pagos nacional. Con ello, se impide la asociación y vinculación a los criptoactivos con Instrumentos Electrónicos de Pago autorizados por el BCB.
De esta forma, las autoridades bolivianas sancionan el uso de criptomonedas por parte de las entidades financieras. Aunque, queda un espacio no regulado para las personas que quieran utilizarlas como métodos de ahorro, especulación, compraventa y otros.
Es así, como los privados utilizan criptomonedas aprovechando su funcionalidad, al tiempo que las comunidades en torno al ecosistema han venido creciendo y organizándose, según explican los miembros de ETH Bolivia. 
Nosotros nos enfocamos más en el desarrollo de la tecnología y la educación sobre el ecosistema, con lo cual la prohibición, que está dirigida al comercio de criptomonedas, no nos afecta. Sobrepasamos el miedo de meternos en problemas bastante rápido.
Nico Gallardo, cofundador de ETH Bolivia
Un creciente interés en criptomonedas
Desde la creación de la comunidad de Ethereum en 2022, el creciente interés por el ecosistema se hace evidente por la masiva participación en los encuentros, narra Gallardo. Tal como reportó CriptoNoticias, la adopción en Bolivia es ascendente y activa. 
“Los usuarios de criptomonedas van apareciendo paulatinamente y cada vez más, aun cuando existe un veto al ecosistema desde el 2014”.
De hecho, el interés por las criptomonedas se ha acelerado en este último año, principalmente debido a la falta de divisas  que afecta a la economía boliviana. 
Las restricciones para acceso a monedas como el dólar obligó a la gente a hacer largas filas para retirar de los bancos sus ahorros. Una situación que llevó al gobierno a trazar una nueva estrategia basada en la desdolarización, mientras la gente busca una alternativa a la crisis usando bitcoin.
 
 
 
 
 
EL CONSULADO DE BOLIVIA SE ENCUENTRA ATENDIENDO EN LA CIUDAD
 
EL CHUBUT DE ARGENTINA
 
Hasta el sábado 22 en la sede de Wiñay, ubicada en Necochea y América, el consulado de Bolivia se encuentra atendiendo para aquellos vecinos que deseen realizar trámites o consultar cualquier inquietud.
Los trámites que se pueden realizar en el lugar son: renovación del carnet boliviano de identidad (tener certificado de nacimiento original más una fotocopia y llevar el carnet vencido más una fotocopia); doble nacionalidad de hijos menores de 12 años (carnet boliviano del padre y de la madre; dni argentino de residencia, certificado de nacimiento del menor y libreta sanitaria). También, se podrá realizar el pedido del certificado de nacimiento, pedido de certificado de antecedentes y el pedido de radicación.
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