El
lucrativo negocio de la cocaína está en franco crecimiento a nivel mundial,
luego de una contracción por la pandemia de la Covid-19. Más allá de las
interesantes posiciones de algunos de los países de la región, América Latina
aún debe discutir seriamente su política de combate a las drogas y abandonar de
una vez por todas las recetas prohibicionistas y militaristas de Estados
Unidos, el principal consumidor.
Lo
que hizo a este fenómeno tan grave en nuestro continente es la desigualdad
social, que es escandalosa. Por ejemplo, las periferias están superpobladas por
personas que no tienen la menor oportunidad de conseguir empleo en el mercado
legal y que ven una salida en el tráfico. ¿Negocio? Gran negocio: Una tonelada
de cocaína se obtiene a mil dólares estadounidenses en Bolivia y se vende a 35
mil en los puertos europeos.
Los
problemas asociados a la producción, el tráfico y consumo de drogas en América
Latina afectan la calidad de vida de la población, están ligados a formas de
exclusión social y debilidad institucional, generan mayor inseguridad y violencia,
y corroen la gobernabilidad en algunos países, señala un reciente informe de la
Comisión Económica para América Latina (Cepal) de Naciones Unidas.
En
relación a la producción, América Latina concentra la totalidad de producción
global de hoja de coca, pasta base de cocaína y clorhidrato de cocaína del
mundo. Posee, además una producción de marihuana que se extiende hacia
distintos países y zonas, destinada tanto al consumo interno como a la
exportación. Y, crecientemente, produce amapola y elabora opio y heroína.
En
relación con el tráfico, la zona del Caribe sigue siendo la ruta más frecuente
para el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, pero la ruta del Pacífico,
pasando por América Central, ha ganado importancia relativa. Recientemente ha
cobrado importancia el transporte fluvial desde los países productores de
coca-cocaína a través de Brasil.
El
problema del consumo afecta principalmente a la población juvenil y a los
varones más que a las mujeres. La marihuana, seguida de la pasta base de cocaína,
el crack y el clorhidrato de cocaína son las drogas ilícitas de mayor consumo
en la región, generando mayores problemas en jóvenes de alta vulnerabilidad
social, añade Cepal.
El
prohibicionismo arrancó hace más de 100 años como forma de controlar sustancias
peligrosas, que muchas veces suele ser a través de la militarización, la
Policía, la represión y las cárceles. Visto en grande, lo peligroso de las
sustancias termina siendo la respuesta militarizada a ellas y no tanto ellas
mismas.
Esta
guerra bajo la visión estadounidense del problema no es la salida para la
región, que lleva al menos cuatro décadas en esta guerra y no llegó a nada,
pero se gasta (no se invierte) mucho dinero. Los que son beneficiarios de esas
políticas son las industrias armamentistas y los «batallones» de obreros del
narcotráfico que ven en él su forma de asegurar el sustento.
Hoy
los criminales están mucho más articulados, transitan por la alta sociedad y,
al mismo tiempo, atraen a las personas pobres para que hagan el trabajo sucio
por su falta de perspectiva económica.
En
América del Sur hay dos grandes rutas para el narcotráfico. Una, la del sur
-Paraguay, centro-sur de Brasil, Argentina y Uruguay-, importante porque cuenta
con centros urbanos mayores y una estructura aeroportuaria y portuaria mayor
también, un desarrollo logístico que facilita transportar la droga, que incluye
una red de carreteras bien estructurada, lo que facilita la exportación de
cocaína a Europa, que es el gran negocio actualmente.
La
segunda es la ruta amazónica, que sale de Perú y Colombia, va hacia el
Pacífico, siguiendo caminos como el que iba de Ecuador a Costa Rica y de allí
al Caribe. Es una vía orientada más bien hacia Estados Unidos.
Uruguay,
que tiene algunas buenas leyes para combatir el tráfico y el lavado de activos,
hace agua a la hora de aplicar controles. A los tradicionales servicios
nacionales de blanqueo de capitales y tránsito de drogas, se ha sumado un
crecimiento del mercado interno y el refugio que prófugos de otras latitudes
han sabido encontrar en el país, muchas veces amparados por gobernantes
corruptos.
Uruguay
ha pasado a ocupar una posición cada vez más relevante en la distribución
internacional del mercado de drogas. No es un país productor ni alberga una
gran demanda (aunque es de los mejores en consumo por habitante: está enclavado
en un lugar estratégico para colocar grandes cargamentos en Europa. Y existen
grandes falencias en los sistemas de control y detección de cargamentos
ilícitos.
En
el consumo a gran escala de información sobre el mundo de las drogas muchas
cosas se dan por sentadas: los grupos criminales combaten, corrompen o engañan
desde la ilegalidad a Estados que siempre tienen la voluntad de enfrentarlos.
Sin embargo, fuera de las grandes hegemonías discursivas, hasta el nombre con
el que se conoce el fenómeno está en discusión.
El
término narcotráfico deriva solamente de dos componentes de la actividad: los
narcóticos (que son una familia de drogas, entre otras) y el tráfico o tránsito
(un eslabón de una cadena productiva que incluye también producción, acopio,
comercialización, etcétera). Aunque en términos de lenguaje allí no hay más que
un ejemplo de metonimia en el que se toma la parte (en este caso, dos partes)
por el todo, esa composición es sin...
Allan
De Abreu, periodista brasileño de la revista Piauí, que lleva dos décadas
investigando el crimen organizado. Señala que la ruta caipira empezó a ser
transitada en los años setenta con contrabando de café. En esa época Brasil
cobraba impuestos muy altos a la exportación de café y los de Paraguay eran
insignificantes y por eso los caficultores lo contrabandeaban a Paraguay para
exportarlo desde ahí.
Y
en los años noventa, cuando este negocio deja de ser interesante porque cambia
la tributación, la dirección del camino se invierte y por la misma ruta se
lleva a Brasil, desde Paraguay, la cocaína, tráfico con eje en las ciudades de
Punta Porá, del lado brasileño, y Pedro Juan Caballero, del paraguayo,
prácticamente una sola ciudad. Por allí pasa hacia Brasil buena parte de la
cocaína que Paraguay recibe de Bolivia y Perú.
Dominar
esa región es dominar la ruta. Y el cártel brasileño Primer Comando Capital
intentó controlarla, lo que llevó a un conflicto con Pedro Jorge Rafaat, que
era el gran capo de esa frontera, historia que culminó con el asesinato de
Rafaat en 2016. También está muy establecida y ha tenido muchos usos la ruta
del río Paraguay, que baja por el Paraná y llega al Río de la Plata,
involucrando a Uruguay. Sebastián Marset está operando por esa vía, que culmina
en el puerto de Montevideo, desde donde la cocaína sale hacia Europa.
El
Comando Vermelho –la organización criminal más antigua de Brasil– desplazó a
las mafias locales de la triple frontera amazónica y ha tomado el control de la
producción de cocaína en el lado peruano. La triple frontera amazónica se ha
convertido en un territorio en disputa por varios grupos armados procedentes de
Brasil, que se han impuesto con violencia sobre las mafias locales peruanas y
colombianas.
Una
investigación de Ojo Público revela cómo esta banda opera la ruta fluvial del
Amazonas, en alianza con grupos criminales de Colombia, y el reclutamiento de
ribereños e indígenas peruanos para la producción de droga. Esto se produjo en
medio de una guerra con Los Crías, una facción local de Tabatinga, que se ha
aliado con el poderoso Primer Comando Capital brasileño para disputar el
control territorial.
Pero
es el Comando Vermelho el que ha logrado dominar –así como lo ha hecho más al
sur, en la frontera de Ucayali (Perú) con Acre (Brasil)– gran parte de las
rutas en este territorio amazónico donde no solo predomina el tráfico de
drogas, sino también la tala y la pesca ilegal.
Mientras,
el sureña puerto de Montevideo, la capital uruguaya sobre el Río de la Plata
ofrece al narcotráfico la ventaja de ser un punto de salida «contraintuitivo»,
por su mayor distancia de los puertos de llegada y por la falta de
fiscalización, como ocurre en Paraguay, que no tiene ningún control sobre lo
que pasa por el río.
Cambios
en el negocio
En
este narconegocio, ha habido cambios y el más notorio es que el jefe de la
pandilla tiene que alejarse de la droga y que es necesaria la
compartimentación. Los primeros narcotraficantes intervenían personalmente en
el transporte y así siempre corrían el riesgo de ir presos. Con la
compartimentación, los niveles inferiores de la banda desconocen para quién
trabajan y eso protege a la cabeza del esquema.
Según
los expertos, el tercer cambio (o lección aprendida a lo largo de los años) es advertir
el riesgo de la verticalización. Como ejemplo, en el Cártel de Medellín todo
dependía de Pablo Escobar y cuando éste cae todo se desarma.
El
PCC brasileño aprendió estas lecciones de la historia y hoy goza de una
estructura horizontalizada, organizada en sintonías: la sintonía de las
corbatas (los abogados), la del transporte, la financiera, la sintonía
comunicacional (encriptación de los mensajes, lo que deja en el pasado las
escuchas). En el CCC la cabeza es una sintonía, no el «capo» Marcos Willians
Herbas Camacho (más conocido por Marcola), pese a que nadie dude que es el gran
jefe. Pero si él muere o cae preso, la estructura continua.
En
Brasil, el PCC domina y regula el crimen en San Pablo y se abstiene de atraer
la atención de los medios y de la policía, mientras que a Río se lo disputaban
las milicias, el Comando Vermelho y el Terceiro Comando Puro. Lo cierto es que
el PCC nació como una especie de sindicato de los presos, tras la masacre de la
cárcel paulista de Carandiru, con un saldo de 111 presos muertos. Entonces, los
presos percibieron que tenían que unirse contra un Estado corrupto y una
Policía asesina.
El
PCC nace en las cárceles y desde allí se extiende: es fruto del encarcelamiento
masivo, el resultado de eso, de las prisiones abarrotadas de pequeños
traficantes, de las condiciones de salud absolutamente inhumanas. ¿Tiene
sentido detener a un microtraficante y encarcelarlo para que salga con un
posgrado en el crimen?
Con
el nuevo siglo el CCC se dirige al oeste para establecerse en las fronteras de
Paraguay y Bolivia, buscando proveedores de cocaína para alimentar sus puntos
de venta en San Pablo. Tras la muerte de Rafaat penetran en Paraguay y Bolivia,
y hoy dominan toda la cadena, desde la producción en la selva boliviana, hasta
la exportación.
Para
convertirse en una mafia, solo les falta lograr una infiltración consistente en
el Estado. Pero, a diferencia de Pablo Escobar, el CCC no tiene ambiciones
políticas... al menos por ahora, aunque sí rituales tipo mafia italiana.
Lo
que llama la atención es que los brasileños presos en las cárceles uruguayas
que integran el PCC expanden allí su ideología, que es un conjunto estricto de
reglas. Para entrar al PCC hay que ser bautizado y para eso hay que tener un
padrino, es decir que un miembro del PCC tiene que proponer al candidato y
hacerse responsable de sus actos. Permite que sus integrantes tengan negocios
ilícitos propios, pero nunca pueden dejar de cumplir las misiones que les
encomienda, ni desviar dinero o armamentos de la organización. Tienen
tribunales del crimen.
Pero
también hay un modelo diferente, empresarial, el de Cabeça Branca, gran
mayorista de cocaína que estaba por encima de esas organizaciones. Construyó un
esquema logístico importante en países de tránsito, como Brasil y Uruguay. El
mayorista compra la cocaína y la traslada hacia su punto de salida: su poder
será mayor de acuerdo a cuántas rutas para hacerlo tenga.
Cabeça
Branca, que se mantuvo 30 años impune (la Policía Federal ni siquiera tenía una
foto suya), tenía una flota de aviones, otra de camiones, funcionarios en casi
todos los puertos brasileños, estancias en Mato Grosso que servían de depósito
para la cocaína que llegaba en avión y de allí continuaba en camión hacia los
grandes centros.
La
operación que lo llevó a prisión se orientó hacia una política que no se
enfocaba en las incautaciones de droga, sino investigar el lavado de dinero y
luego secuestrar los bienes del criminal.
Ecuador
se ha convertido en uno de los mayores exportadores de drogas. El asesinato del
candidato presidencial Fernando Villavicencio es una de las consecuencias
previsibles del nuevo estado de cosas.
El
país posee cuatro regiones geográficas: costa, sierra, Amazonía e islas
Galápagos. La costa se encuentra bajo el dominio de las bandas criminales
asociadas al narcotráfico. Estas bandas se han desplazado a la sierra y
Amazonía, pero no han alcanzado todavía el control que ejercen en la franja
costera. Transportan desde las fronteras la droga que llevan luego a alta mar o
sacan del país en avionetas. Sus socios mexicanos y europeos reciben la droga
en la mar, en pistas de Centro y Norteamérica o en los puertos de Europa. Es
decir, Ecuador es un engranaje en la maquinaria de producción, transporte y
venta de droga que se hace a escala mundial.
Antes
de convertirse en uno de los eslabones del tráfico, Ecuador era ya un
territorio en el que se lavaba el dinero del narcotráfico. El país usa dólares
estadounidenses como moneda de circulación nacional, lo que hacía mucho más
fácil la introducción de dólares en el sistema financiero y en todo tipo de
inversiones. Ecuador lavaba dólares antes de convertirse en principal canal de
salida de cocaína.
Durante
estos últimos años la modernización del país ha sido vertiginosa. Incluso se ha
llegado a dar el caso de que constructores privados financian ellos mismos las
obras que se hacen para los gobiernos, como municipios y prefecturas. Había
dinero, que circulaba discretamente, para financiar todo tipo de empresas, en
condiciones incomprensibles si no fuera porque no se buscaba obtener un
beneficio con el dinero, sino sencillamente hacerlo circular. Sin embargo,
cuando una persona recibía dinero una vez, ya no podía negarse a recibir una
segunda vez.
Ecuador
es geográficamente pequeño, comparado con sus vecinos: tiene la cuarta parte
del territorio de Perú o Colombia. Durante los últimos veinte años los
gobiernos centrales y seccionales construyeron y mejoraron las autopistas,
carreteras, aeropuertos y puertos, haciendo que el país sea mucho más
transitable que antes. Toda esa infraestructura la han aprovechado las bandas
criminales.
Los
casos de narcotráfico no eran ajenos a la historia criminal de la República.
Durante los años 90 del siglo pasado y a principios del milenio se detuvo y
procesó a narcotraficantes locales que, sin embargo, eran todavía ejemplos
pequeños de lo que significaba el narcotráfico. Aun así, el asesinato del
diputado Jaime Hurtado, a fines de los años noventa, se vinculó con sus
investigaciones en torno al lavado de dinero en el sistema financiero de
aquellos años.
El
actual sistema de cosas, el poder inaudito que han llegado a tener las bandas
criminales, se estableció durante los últimos veinte años. Sin embargo, de la
coexistencia pacífica con el gobierno revolucionario hemos pasado en los
últimos tres años a una guerra total contra el narco. Antes de referirnos a
esta guerra, cabe señalar cómo el gobierno revolucionario fue el que estableció
el actual sistema de cosas.
El
partido revolucionario fue acusado tempranamente de recibir financiamiento de
las FARC para su primera campaña electoral. Poco después se desmontó la base
norteamericana que existía en la costa del país, y que se había instalado allí
para combatir a las FARC colombianas. Ahora se dice que esa base estaba allí
para combatir el narcotráfico, lo que es parcialmente cierto, pues las FARC
controlaban parte del negocio del narcotráfico.
Por
otro lado, durante los años de la Revolución se hicieron cada vez más comunes
las denuncias de complicidad entre políticos y narcotraficantes. Se instalaron
pistas y muelles clandestinos, en colaboración con los políticos de la región
litoral. Un incidente nos puede dar una idea de la penetración del narco en el
aparato estatal: en el año 2013 se envió una valija diplomática llena de droga
a Italia. El escándalo terminó por afectar a la cancillería y por mostrar qué
clase de relaciones se habían establecido entre los narcos y los políticos.
La
coexistencia pacífica entre el narco y la política se acabó con la llegada al
poder de Lenin Moreno en 2017, cuando rompió totalmente con su pasado
revolucionario y se dedicó a perseguir la corrupción de sus antiguos
coidearios: Jorge Glas, su vicepresidente, fue investigado, juzgado y condenado
por corrupción. Entre otras causas, Glas fue acusado de recibir coimas de la
empresa brasileña Odebrecht. Ahora mismo, la justicia brasileña acaba de
retirar las causas contra Glas.
Moreno,
y su continuador, Guillermo Lasso rompieron las alianzas con Rusia y enfriaron
su relación con China. Moreno entregó a Julian Assange y en muy poco tiempo
Estados Unidos recobró a un antiguo aliado en la región. De tal suerte que el
terreno estaba preparado para iniciar la guerra contra el narco, en donde los
Estados Unidos son el principal aliado del país. La guerra contra el narco se
inició con Moreno y ha continuado con Lasso. Esta guerra significa el ingreso
de millones de dólares e ingentes cantidades de armas destinadas a la policía y
al ejército.
Como
todos saben, la guerra contra el narco con «tecnología» e «inteligencia»
estadounidense no ha funcionado en Colombia ni en México. ¿Por qué iba a
funcionar en Ecuador?
Hace
pocos meses el embajador de Estados Unidos en Quito acusó a varios generales de
la policía de colaborar con el narcotráfico. La embajada estadounidense retiró
la visa a los generales, pero el gobierno de Guillermo Lasso no los separó, ni
los investigó ni los juzgó. No hizo nada: ¿por qué nadie puede enfrentarse a la
policía? Es una pregunta que se desdobla en otra: ¿por qué nadie puede
enfrentarse a los narcos?
La
acusación de que el Ecuador es gobernado por un narcoestado cobra total validez
de cara al asesinato de Fernando Villavicencio. Resulta que quienes deben
controlar el crimen en realidad colaboran con él. Las bandas criminales no sólo
controlan ya totalmente ciudades como Daule, donde intentaron asesinar al
alcalde, y otras como Manta, donde efectivamente lo mataron en julio último.
Dos ciudades de la costa.
No
existe todavía una razón evidente de cuál fue la causa del asesinato de
Fernando Villavicencio. El periodista y político se empeñó en denunciar los
casos de corrupción durante los años de la Revolución. Y durante las últimas
semanas se enfrentó a las bandas criminales: incluso llegó a hacer un mitin
político en una de las ciudades que son cuna de estas bandas. Familiares y
conmilitones de Villavicencio señalan que la policía fue negligente respecto a
la protección que debía brindarle.
La
acusación de que el Ecuador es gobernado por un narcoestado cobra total validez
de cara al asesinato de Fernando Villavicencio. En el momento en que fue
asesinado era incierto que pudiera llegar a una segunda vuelta. Su asesinato ha
sembrado el terror en la capital y ha profundizado el sentimiento de que no
existe una forma de parar la violencia del narco contra el Estado y la
sociedad.
Pablo
Cuvi, editorialista del portal Primicias, habla ya abiertamente de legalizar
algunas drogas. El problema de fondo es que las mafias no quieren pasar a la
legalidad, porque tendrían que pagar por los crímenes conexos al narcotráfico y
porque les resulta más rentable que el negocio siga siendo clandestino. Como
decía Clausewitz, la guerra es una continuación de la política: es preferible,
para muchos actores, mantener la guerra, así ganan un poder que no podrían
conquistar con la política.
¿Quiénes
son, entonces, los responsables y culpables del asesinato de Fernando
Villavicencio? Cabe tener en cuenta que las bandas criminales tienen nexos con
el correísmo e incluso con el actual gobierno: es reciente el descubrimiento de
las relaciones entre narcotraficantes albaneses y altos funcionarios del
gobierno encargados de las compras públicas. El asesinato de Rubén Chérrez,
amigo y asesor del cuñado de Lasso, apunta en esa dirección.
Verónica
Sarauz, viuda de Fernando Villavicencio, ha señalado al correísmo y al Gobierno
como responsables, aunque carece de pruebas para hacer semejante señalamiento.
Lasso salió prácticamente indemne de la investigación que hicieron contra él
por ser uno de los protagonistas del feriado bancario, es decir, por la quiebra
del sistema financiero que significó la pérdida de sus ahorros para cientos de
miles de clientes de los bancos. La policía no custodió como debía a
Villavicencio y murió en manos de la policía uno de los pistoleros a los que
debía llevar al hospital: en lugar de eso, lo llevó a una dependencia policial.
Es decir, políticos y asesinos actuaron a ojos vistas de las fuerzas del orden,
que les dejaron actuar. Es como lo que sucede en la película Z, de Costa
Gavras.
Finalmente,
cabe preguntarse si Fernando Villavicencio era agente de la CIA, como decía el
expresidente Rafael Correa, y como reveló Telesur. Si tal cosa llegara a
demostrarse algún día, atrás de su asesinato no sólo estarían los políticos
locales, sino los gobiernos de la región e incluso esa potencia que libra una
guerra en Europa. Economía y Política de España (https://acortar.link/K2zkoH)
NARCO:
DE SUDAMÉRICA A MÉXICO: LAS CONEXIONES CRIMINALES
Apoyados
por una amplia red de operadores, los cárteles mexicanos se afianzan en toda
América Latina: han tomado los controles del trasiego y el transporte de drogas
que, vía las rutas mexicanas, arriban a Estados Unidos, el voraz mercado de
consumo.
Sin
Embargo de México (https://acortar.link/tReRen)
*Al
menos tres cárteles de la droga –Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Golfo –han
establecido una red de operadores en países proveedores de droga como Colombia,
Perú, Bolivia, entre otros. De esta forma agilizan el trasiego de droga hacia
México, pero no sólo eso: es tan fuerte su presencia en esa región que ya
desplazaron a los colombianos en el transporte de drogas. Ahora son los
operadores mexicanos los que mueven los cargamentos por la ruta del Pacífico o
bien por el Caribe, dos de las vías más socorridas por la mafia mexicana. La
DEA le sigue los pasos a varios operadores, a quienes tiene bien identificados,
pero hasta ahora no ha podido capturarlos, pues estos hombres suelen moverse
con mucha habilidad y destreza por el agitado mundo del narcotráfico.
Apoyados
por una amplia red de operadores, los cárteles mexicanos se afianzan en toda
América Latina: han tomado los controles del trasiego y el transporte de drogas
que, vía las rutas mexicanas, arriban a Estados Unidos, el voraz mercado de
consumo.
A
raíz de la guerra fallida del Presidente Felipe Calderón –2006-2012 –los
cárteles mexicanos establecieron alianzas sólidas en Colombia, Perú, Bolivia,
Venezuela y otros países con el objeto de asegurar el suministro de drogas.
En
Colombia, por ejemplo, los cárteles mexicanos de Sinaloa, Golfo y Cártel de
Jalisco Nueva Generación desplazaron a los colombianos, donde el narcotráfico
se ha diversificado: actualmente son los cárteles mexicanos los que controlan
el transporte de enervantes hacia México y Estados Unidos, mientras los
colombianos sólo se han quedado con la producción de drogas, aunque con
variados cambios: ya no existen los cárteles al viejo estilo, con capos
ostentosos ejerciendo violencia. Ahora los cárteles operan divididos, pero con
una muy bien organizada red de trabajo.
Para
lograr sus objetivos, el Cártel de Sinaloa cuenta con operadores en Colombia.
De acuerdo con la DEA, uno de los principales es Ray Domínguez Ortiz, conocido
como “El Matón”, personaje de origen sinaloense que, según la DEA, trabaja para
la organización criminal de “El Mayo” Zambada en ese país sudamericano.
En
Perú, otro de los países proveedores de los cárteles mexicanos, Sinaloa tiene
otra pieza clave: se trata de Omar Lemus Rivas, alias “La Changa, responsable
de mover los cargamentos de drogas vía aérea, según establecen informes de la
DEA.
Y
en Bolivia, donde en su momento estuvo refugiado Joaquín Guzmán Loera, “El
Chapo”, el Cártel de Sinaloa cuenta con los servicios de Rolando Giraldo, un
colombiano ampliamente conocido por las agencias estatadunidenses porque ha
trabajado para varios cárteles de la droga.
Este
personaje, de acuerdo con los informes de la DEA consultados, es un enlace con
los operadores mexicanos: la droga que proviene de Sudamérica la introducen a
México vía el Pacífico, aunque también el Caribe se ha vuelto una ruta bastante
socorrida para los cárteles mexicanos.
Otro
de los cárteles que cuenta con operadores en el continente es el de Jalisco
Nueva Generación. Su principal representante en Colombia responde al nombre de
Rigoberto Ramírez Ortiz, mejor conocido como “La Rana” o “El Sapo”: de acuerdo
con su perfil, es muy violento y sanguinario, según lo describen los informes
de la DEA.
Este
grupo criminal, uno de los más violentos, cuenta con otro operador en
Perú. Se trata de Manuel Rodríguez, “La
Piraña”, quien lo mismo se mueve en Venezuela que en Guatemala. Es el
responsable de suministrar precursores químicos para el CJNG y elaborar drogas
sintéticas que exportan a Estados Unidos.
Radiografía
del crimen
Después
de la guerra fallida contra el narcotráfico emprendida por el entonces
Presidente Felipe Calderón — cuyo ahora está en entredicho porque los cárteles
se fortalecieron y se internacionalizaron –ahora los grupos criminales
encentran facilidades para establecer nuevas alianzas, lo que les permite
fraccionarse en bloques, pues ninguna autoridad los persigue debido a que el
Gobierno federal carece de una política criminal efectiva.
Viejos
cárteles, que en otro momento fueron considerados descabezados, debilitados y a
punto de la extinción ahora reviven y se posicionan en el territorio nacional
con mayor fuerza. Es el caso del Cártel de Tijuana que, de verse casi al borde
de la desaparición actualmente cobró un nuevo aire. Ahora se llama Cártel de
Tijuana Nueva Generación. Su nuevo poderío se debe a la asociación que
estableció con el Cártel de Jalisco, que encabeza Nemesio Oseguera.
Como
antecedente importante cabe decir que, en 2006, cuando tomó posesión como
Presidente Felipe Calderón, la guerra contra el narcotráfico –en ese tiempo los
cárteles ya dominaban casi todo el territorio nacional, según el diagnóstico de
entonces –se centró en no más de diez grupos criminales.
Entonces
el mapa estaba conformado por los cárteles del Pacífico y/o Sinaloa, encabezado
por Joaquín Guzmán Loera; la célula de los hermanos Beltrán Leyva, el Cártel de
Juárez, Tijuana, Jalisco Nueva Generación, Golfo, Zetas, Los Cuinis, los
hermanos Valencia Cornelio, La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios.
Después
de la guerra, que resultó un desastre –México se convirtió en ese tiempo en
exportador de violencia e inestabilidad en el continente debido a la
internacionalización de los cárteles mexicanos –los grupos criminales
entendieron muy bien la transición que enfrentaban: fue entonces cuando los
grandes cárteles empezaron a dividirse en bloques, establecieron alianzas
estratégicas con grupos incluso antagónicos y pactaron con gobernadores y
alcaldes. Esto explica el control territorial que actualmente detentan y no
sólo eso: con el paso de los años ya no les bastó con tener la protección
oficial –política y policiaca –sino que los propios capos compitieron
electoralmente para detentar el poder: ahora muchos personajes de la
delincuencia organizada son alcaldes, diputados locales y federales y, en
muchos casos, están operando en las propias gubernaturas de los estados y hasta
en el Poder Judicial.
Este
cambio de paradigma, lejos de frenar la violencia, la exacerbó: muchos estados
del país como Sinaloa, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Coahuila,
entre otros, enfrentan uno de los más altos niveles de criminalidad, con
jornadas de sangre que han dejado más de cien muertos por día en algunos casos.
Y
ante este derramamiento de sangre que se vive por todas partes, el llamado del
Presidente a los cárteles para que “le bajen” ha resultado palabra vacía, pues
los grupos criminales actúan en abierto desacato a la autoridad.
Y
es que si bien la guerra contra el crimen que emprendió Felipe Calderón no
frenó la violencia, la inacción del Gobierno de la Cuarta Transformación ha
resultado igual de ineficaz e incluso peor: los cárteles operan abiertamente,
pues ninguna autoridad los persigue; se dan tiempo para establecer alianzas,
operan a lo largo y ancho del país, siembran amplios territorios con droga
–mariguana y amapola –trafican con cocaína, heroína y drogas sintéticas como si
sus actividades fueran legales
Las
sociedades del crimen
De
acuerdo con un informe de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública
del 2019 los grandes cárteles que operaban en el país han sufrido un cambio
sustancial. Ahora operan fraccionados o en bloques, lo que ha derivado en que
se hayan conformado células o escisiones que controlan grandes extensiones de
territorio a base de sangre y fuego.
Según
el informe, éstas células operan con un elevado nivel de violencia –matan,
secuestran, descuartizan, desaparecen personas, cobran piso a los comercios con
amenazas –y disponen de armamento de alto poder que, por mucho, supera al que
disponen las policías municipales, cuyos mandos, además, están coludidos con
los grupos criminales.
Con
base en esta radiografía, ahora cárteles como Los Zetas –antiguo brazo armado
del Cártel del Golfo y posteriormente transformado en cártel independiente –se
han dividido en dos células: el Cártel del Noreste, que representa una
estructura renombrada de los nuevos Zetas –y Los Zetas de la Vieja Escuela, un
grupo disidente que tiene presencia en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila,
Veracruz, Zacatecas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo.
En
el caso de Nuevo Laredo, Tamaulipas, esta región –según el informe criminal
–opera un brazo armado conocido como “La Tropa del Infierno”, a la que se
atribuye la ola de violencia que azota a ese estado.
Pero
eso no es todo: El Cártel del Golfo –uno de los más viejos que opera en México,
fundado en los años sesenta por Juan Nepomuceno Guerra, tío de Juan García
Ábrego –sufrió una fractura en su cimentación con la captura y muerte de sus
principales líderes. El último capo emblemático que lo dirigió fue Osiel
Cárdenas, capturado en 2003 y extraditado a Estados Unidos, donde compurga una
pena.
Esta
escisión derivó en el surgimiento de tres grupos criminales tan violentos como
sanguinarios: “Grupo Bravo”, “Los Metros” y “Los Ciclones”.
Las
autoridades federales cuentan con registros que dan cuenta de la existencia de
otros pequeñas células delictivas no menos perniciosas: “Grupo Sombra”, “Grupo
Pantera”, “Comando del Diablo”, “Los Sierras”, “Escorpiones” “Grupo Operativo Z”, “Alcatraz de los R”,
éste último, asociado con otro conocido en el mundo del hampa como “El Combate
del Diablo”-
Estos
grupos de sicarios o de exterminio ligado a los cárteles de Los Zetas, Noreste
y Golfo surgieron recientemente y su consolidación se explica en buena medida
al vacío de Estado que priva en el país.
Su
zona de influencia se ubica en Tamaulipas, Quintana Roo y en una parte de San
Luis Potosí. A pesar de las alianzas, esta organización que ha tejido en poco
más de una década, está a punto de desaparecer del escenario criminal nacional,
de no aliarse con otros grupos delictivos.
El
reciclaje de cárteles
Las
alianzas entre células o fracciones establecidas por los grandes cárteles de la
droga han permitido, en los últimos tres años –del último tramo del Gobierno de
Enrique Peña Nieto a la fecha –que algunas organizaciones criminales que
estaban debilitadas o a punto de desaparecer ahora hayan comenzado un repunte
con una nueva estructura que incluye apoyo financiero, base de sicariato y
armamento de alto poder para enfrentar a los cárteles poderosos.
De
esta manera, la guerra se centra en los municipios del norte y sur del país y
la lucha es por el control territorial y el mercado de drogas, que ya es boyante
en México.
Los
casos ejemplificativos de este resurgimiento criminal lo representa el Cártel
de Tijuana, fundado en los años ochenta por la familia Arellano Félix. Ahora de
autonombran Cártel de Tijuana Nueva Generación (CTNG), ya que sellaron una alianza
con el Cártel de Jalisco, representado por Nemesio Oseguera, el cual domina en
20 estados de la República mexicana.
El
CTNG, de acuerdo con los informes oficiales, se fortaleció en estructura de
sicarios, armamento y distribuyó muy bien el territorio que controla –Baja
California, por ahora –y su principal cerebro, se afirma en círculos
policiacos, es Enedina Arellano, quien desde los años noventa opera el lavado
de activos.
Otro
caso es el Cártel de Juárez, ahora llamado Nuevo Cártel de Juárez. Mantienen a
su brazo armado –La Línea –y a su vez controlan a otros pandillas –Los Mexicles
y Los Aztecas –y unidos como un ejército ahora han arremetido fuerte para
reposicionarse en el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.
En
2006, cuando Calderón declaró la guerra al narco, este cártel estuvo a punto de
desaparecer. Vicente Carrillo, su jefe, fue detenido. El Gobierno federal
golpeó su estructura en 2009 cuando rescató a Ciudad Juárez, considerada
entonces la zona más violenta del mundo.
Pero
diez años después, el Cártel de Juárez está de vuelta y, al igual que otros
grupos criminales, ha encontrado facilidades para reorganizarse en el Gobierno
de López Obrador, pues esta organización no ha sido molestada por ninguna
autoridad.
Además
de Ciudad Juárez, Chihuahua, este cártel controla Sonora, El Paso y San
Antonio, Texas, en Estados Unidos.
A
la lista de suma La Familia Michoacana, quienes hace menos de una década
estuvieron a punto de la extinción. Se dividieron y de esa escisión surgieron
Los Caballeros Templarios, activos hasta la fecha, pero disminuidos. Este grupo
se dedica al tráfico de drogas, incluida las sintéticas; al secuestro,
homicidio, lavado de dinero, trata de personas y cobro de piso a comercios.
Pero
con nuevos refuerzos y mejor estructura en Michoacán resurgió lo que se conoce
como La Nueva Familia Michoacana. Cuenta con un brazo armado –Los Troyanos –que
operan en Michoacán, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Morelos,
Colima, Nuevo León, Baja California y Coahuila. Todo ello gracias a las
alianzas que tejieron con otros cárteles.
Una
de sus principales asociaciones la hicieron –según el informe de la Secretaría
de Seguridad Pública –con Las Morcas, señalados por la DEA como un cártel desde
el 2009, pues distribuyen droga, heroína y drogas sintéticas, en territorio
estadunidense.
El
Cártel Beltrán Leyva y/o Gente Nueva es un claro ejemplo de la fragmentación
criminal dado que, con la detención y muertes de Arturo, Carlos, Alfredo,
Mario, Esaúl y Héctor Beltrán Leyva, este cártel dio origen al nacimiento de
ocho células criminales que han continuado con las actividades de trasiego de
droga, trata de personas, ejecuciones, tráfico de armas, lavado de dinero,
secuestro y cobro de piso a comerciantes grandes y pequeños.
Por
su parte, el cártel de Los Rojos, con presencia en el centro y norte de
Guerrero, así como en Morelos, es otro de los grupos transformados que ahora
controlan una mayor extensión territorial, lo que han conquistado a base de
efectuar verdaderos baños de sangre.
El
bastión principal de Los Rojos se construyó en Chilapa, Guerrero; su fundador
fue Jesús Nava Romero, “El Rojo”, quien fue lugarteniente de Arturo Beltrán
Leyva. Además de este grupo en esa región operan Los Mazatlecos, brazo armado
de Los Beltrán, ahora dedicados al tráfico de drogas.
También
operan los Ruelas Torres, cuyo líder, José Luis Ruelas Torres, fue
lugarteniente de Arturo Beltrán. En Guerrero está el semillero de nuevos grupos
criminales, herencia de Los Beltrán, como es el caso de Los Granados, quienes
operan en la Costa Grande.
También
se incluyen a “Los Ardillos” –llevan 20 años en el crimen organizado dedicados
al tráfico de amapola y heroína –, cobro de piso, piratería y secuestros. Ahora
operan en lo que se conoce como la región de la montaña y el centro de
Guerrero.
A
estos grupos se suma, además, el Cártel Independiente de Acapulco, la cual es
considerada una organización local. Opera en las colonias del puerto de
Acapulco, Guerrero; se dedican al trasiego de drogas, secuestro, servicios de
sicariato, ejecuciones y cobro de piso.
“El
2 mil” o “El Panchillo” es el jefe de otra banda criminal. Su verdadero nombre
es Javier Hernández García. Su radio de acción ha crecido. Ahora se afirma que
controla Coahuila, parte de Chihuahua, San Luis Potosí y Sonora.
En
Guerrero una parte del territorio le corresponde a “Guerreros Unidos”, eslabón
del grupo Beltrán Leyva y del Cártel del Pacífico.
En
la zona del Bajío la lucha está fuerte entre los Cárteles de Jalisco y Santa
Rosa de Lima, éste último encabezado por José Antonio Yépez, “El Marro”. Se
disputan el control del huachicol en los municipios de Valle de Santiago, Joral
del Progreso, Cortázar, Yuriria, Salamanca, Irapuato, Silao y León, el llamado
Triángulo del Huachicol.
LA
ESTIGMATIZACIÓN DEL TRÓPICO DE COCHABAMBA
Rebelión
de España (https://acortar.link/tQ1XkX)
En
la mañana del lunes 28 de agosto, el ministro de Gobierno, Eduardo Del
Castillo, llevó a cabo una conferencia de prensa que, a grandes rasgos, puede
ser divida en dos partes: una para mostrar una serie de datos sobre los
resultados exitosos de su gestión en términos de combate al narcotráfico, y la
otra para -en sus propias palabras- mostrar información «inédita» de la lucha
contra de este flagelo. Para ello, en esta segunda parte, se prometió a los
periodistas que se mostraría una nueva herramienta para llevar la lucha contra
el narcotráfico a «otro nivel»: un sistema de georeferencia de altísima
tecnología, nombrado el «El Mapa del Narcotráfico en Bolivia».
Sobre
la primera parte no nos extenderemos mucho. Solo apuntaremos que esta necesidad
de presentar datos de éxitos de la gestión, records rotos y reconocimientos, no
se dan en un momento aleatorio o como parte de la rutina administrativa. En
realidad, se inscriben en un contexto político bastante claro: un momento de
impopularidad y cuestionamiento al ministro, quien coronó -tras estar en el
centro de varios escándalos- un severo deterioro de su imagen a raíz de la fuga
del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien vivía y operaba con
bastante holgura y comodidad en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Ante la
crítica y la crisis, mostrar pomposidad y altisonancia, diríamos. O como el
mismo ministro concluyó en su conferencia de prensa: en realidad, por nuestros
grandes e importantes resultados es que nos atacan y cuestionan ciertas
«organizaciones criminales», por nada más.
Dejamos
a los especialistas demostrar -como ya lo vienen haciendo- si los datos del
ministro realmente suponen un nuevo y brillante episodio en la lucha contra el
narcotráfico en Bolivia, o si se trata de mantener viejas tendencias y/o un
deterioro. Solamente expresaremos nuestras sospechas a la altisonancia de la
conferencia de prensa, debido a que no es una novedad que el ministro sea tan
hábil como para exponer un fracaso como si fuera una victoria. En realidad esta
práctica y estilo ya tienen su recorrido. Un ejemplo. En diciembre del 2021, en
otra conferencia de prensa, el ministro de Gobierno exhibió en pantallas led la
cifra de 9.457 hectáreas de plantíos de coca erradicados, lo cual habría -en
sus palabras- superado sus propias expectativas, colocadas a sí mismo en la
meta de erradicar 9000. Sin embargo, nótese la sutiliza comunicativa, se habló
de cuánto se erradicó, no del cuánto crecieron los plantíos ilegales.
De
acuerdo a la Ley General de la Coca (2017) en Bolivia son permitidos legalmente
22.000 hectáreas de plantíos de coca -14.300 en los Yungas de La Paz y 7.700 en
el trópico de Cochabamba-, en el entendido de que esta cantidad estaría
destinada al consumo y uso tradicional en Bolivia y no a propósitos ilegales.
De acuerdo con el informe del 2021 de la Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito (ONUDC), en la gestión 2019 se tenían 25.500 hectáreas en
Bolivia, quiere decir, 3.500 hectáreas excedentarias o ilegales (15.9%), en el
2020 -durante el régimen de Áñez- 29.400, siendo 7.400 de estas ilegales
(33,6%). ¿Y durante la gestión de Del Castillo, aquella que superó sus propias
expectativas? En el 2021, un total de 30.500 hectáreas, siendo 8.500 ilegales
(38.6%), lo cual supone un aumento, en relación al régimen de Áñez, de coca
presumiblemente destinada a actos ilícitos. Quiere decir ¡se celebró en
pantalla led (victoria) que el aumento de las hectáreas ilegales de plantíos de
coca no haya sido tan desastroso!
Dicho
esto y expresadas nuestras sospechas de estos «datos y no relatos» -como al
ministro le parece gustar repetir actualmente-, nos interesa más profundizar y
responder desde la crítica en la segunda parte de la conferencia de prensa del
28 de agosto. Esto principalmente porque desde el 2019, a raíz de la Masacre de
Huayllani de los cocaleros de Cochabamaba, estamos comprometidos, junto a otros
compañeros, con la causa de combatir precisamente aquellas etigmatizaciones que
permitieron que gran parte de la población boliviana se adhiera a los relatos
del ex ministro de Gobierno Arturo Murillo, quien justificó ejecuciones
sumarias hacia esta población alegando que serían terroristas,
narcotraficantes, que estarían drogados y/o ebrios sin ningún respaldo
científico.
No
nos sorprendería, no obstante, que debido al ambiente político que atravesamos
se busque reducir este ensayo a los afanes de la carrera electoral del 2025, lo
cual ya empujará a algunos, que se han obligado a dejar de pensar, a que en
nombre de la «unidad» electoral abandonemos nuestro criterio crítico y no
pensemos en estos excesos y sus consecuencias sociales y políticas. Pero
nosotros, al contrario, les respondemos que por precisamente los intereses
puestos en la disputa interna electorera, el ministro de Gobierno «cruzó la
raya» para inscribirse en una larga y lamentable tradición discursiva que,
además de falsa, no golpea necesariamente al «evismo», sino que tuvo y tiene
terribles consecuencias en contra de sectores campesinos y trabajadores. Lo
cual en sí ya es un peligro más serio para la unidad de las organizaciones
sociales, pero que además nos hace preguntarnos a si el modelo seguido por los
gobierno del MAS-IPSP de lucha contra el narcotráfico, basado en la soberanía y
la colaboración con el sector cocalero, sigue en vigencia o estamos entrando en
un giro programático de diferente sepa política. ¿Todo a nombre de qué? Pues
eso intentaremos responder.
Empecemos
por la «inédita» información presentada, tan «novedosa» que incluso el ministro
conminó a los periodistas presentes a que saquen su móvil personal para sacar
fotografías. Remitámonos a sus palabras:
«Con
todo esto, con antelación, queremos pasar a un dato muy importante que
seguramente el pueblo boliviano ya tenía algunos elementos pero no teníamos a ciencia
cierta de lo que pasaba el tema de narcotráfico en el territorio nacional:
Dónde se produce la pasta base de cocaína, dónde se cristaliza la cocaína
dentro del territorio nacional. Por tanto en esta parte que la hemos denominado
“El mapa del narcotráfico en nuestro país” es algo inédito y que hasta hoy en
ningún gobierno se atrevió a hacerlo. Para quienes tienen unidades móviles les
recomiendo transmitir esta parte a todo el pueblo boliviano para que se tenga
un panorama más amplio y cabal del narcotráfico en nuestro país.»
¿Y
cual fue esta información inédita, que requirió tecnología de punta para
saberse a ciencia cierta, que hasta ahora los bolivianos desconocíamos y que
fue escondida por todos los gobiernos por cobardía (hasta este día)? Que en el
Chapare se concentra la mayor parte de laboratorios de cristalización de
cocaína destruidos por su ministerio. ¡Vaya novedad! ¿Será que alguien lo
habría sospechado antes?
Me
atrevo a decir que, en realidad, es uno de los mayores sentidos comunes
propagados entre la población boliviana. Y uno de los problemas de los sentidos
comunes tan sedimentados es que son difícil de ser cuestionados, y, por lo
tanto, suelen rayar en el prejuicio. En este caso, ignorar deliberadamente la
complejidad de la cadena de relaciones sociales y causas que supone el
narcotráfico, para reducirlo al simplismo: «como en el Chapare hay laboratorios
de narcotráfico, entonces la región y sus sectores sociales es y son de
narcotraficantes».
Un
buen ejemplo de cómo estos relatos -y no datos- pueden ser altamente engañosos
por más «aceptados» y difundidos que estén en nuestra cultura, y que revela que
no por ser caricaturezcos y grotescos dejan de tener consecuencias serias, es
el caso ‘Lamborghini’.
El
2019 los medios de comunicación reportaron con revuelo que un automóvil de
lujo, un Lamborghini blanco, llegó a Cochabamba. Ante el desconocimiento
inicial del propietario, en redes sociales se supuso que el propietarios
tendría que ser de un narcotraficante y, por lo tanto, necesariamente un
cocalero del Chapare; en esta ocasión, el linchamiento cayó sobre el actual
senador cocalero Leonardo Loza. Pero ¿este espectáculo se quedó en el alboroto
de las redes sociales? Lamentablemente no, la cuestión escaló al punto de que
un diputado nacional, Amilcar Barral, solicite al mismo Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas que revele quién seria el dueño de dicho vehículo debido a
que se especulaba que provendría de recursos ilegales. Al final, por supuesto,
la propiedad cocalera del automóvil fue desmentido y este, como era de
esperarse, en realidad fue importando por las tradicionales élites de la ciudad
de Cochabamba.
Pues
bien, como se puede apreciar, más que suponer información que nadie se «atrevió
a decir», lo del ministro es en realidad el repaso de un lugar bastante común,
pero que es tan común y simplón que fácilmente cae en prejuicios y bochornos
como el anteriormente señalado y que no necesariamente tienen que ver con la
realidad. Por lo cual, quizás sería más adecuado que una autoridad sea más
cuidadosa en transmitir información y conclusiones que puedan nutrir prejuicios
de la población boliviana, en el entendido de que estos, por más aceptados que
sean, no nos acercan a la realidad, sino al contrario, nos alejan de ella. La
cosa, entonces, es entender bien los datos y los hechos.
En
ese sentido, siendo justos con el ministro de Gobierno, por más de que haya
nutrido acríticamente este relato al negarse presentar complejidad en su
exposición sobre la realidad del trópico de Cochabamba, los datos que nos dio,
hasta donde sé, no son falsos. En efecto, como mostró en «El Mapa del
Narcotráfico de Bolivia», en la región del trópico de Cochabamba hay una muy
importante cantidad de laboratorios de cristalización de cocaína. Pero,
nuevamente, ¿estos datos son realmente nuevos? Y si no lo son, ¿qué se dijo
antes al respecto sobre esta realidad? Quizás no hacía falta un despliegue de
tanta tecnología y bastaba con remitirse a los libros.
Por
ejemplo, en el texto Contexto nacional e internacional de la migración
campesina, del libro Partir para quedarse: Superviviencia y cambio en las
sociedades campesinas andinas de Bolivia, de Geneviève Cortes (2014), se
ilustra en base a datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE)
que para 1979 la población directamente relacionada a la producción de coca en
el trópico de Cochabamba rondaba los 50.000 residentes (permanentes y
flotantes). Con el llamado «boom de narcotráfico» en Bolivia en los 80, debido
al aumento explosivo de la demanda de cocaína en Estados Unidos y en Europa, en
1986 dicha población era de aproximadamente 300.000, ya suponiendo cerca del 5%
de toda la población boliviana de aquel entonces. Y acompañando este fenómeno
migratorio, en 1963 la producción de hoja de coca era de 4,8 toneladas, en 1983
llegaba a las 38,3 toneladas y en 1988 las 136,8 toneladas. Con la caída de los
precios de la cocaína a mediados de lo 90 la mayoría de esta población que era
de tipo flotante abandonó el territorio, regresando prácticamente a los índices
de población permanente que habitaba en el trópico antes del «boom del
narcotráfico».
Estos
datos, que pertenecen a uno de los muchos estudios de esta temática, nos hace
cuestionarnos sobre la necesidad del ampuloso «Mapa», el cual a estas alturas
parece haber tenido más intenciones comunicacionales, espectaculares, que
científicas. Pero bien, ¿el hecho de que sepamos hace décadas que en el trópico
de Cochabamba existía una concentración de la producción de cocaína deriva
entonces en que los cocaleros son necesariamente narcotraficantes, como el
ministro desliza? Absolutamente no y basta nuevamente con remitirse a los
viejos libros o a un mínimo de conocimiento histórico del departamento de
Cochabamba y de los movimientos sociales bolivianos.
Uno
podría lógicamente pensar, «si los campesinos quechuas productores de coca son
los narcotraficantes ¡entonces seguramente se ‘fajaron’ de dólares durante el
boom del narcotráfico!». Sin embargo, quien piense así y vaya a darse un paseo
al trópico de Cochabamba, se llevará la decepción de que no hay un Lamborghini
en cada garaje cocalero. Y ante esta verificación «etnográfica», podrá recurrir
a datos sobre los niveles de pobreza en la región.
En
un trabajo titulado «Desarrollo Alternativo en Bolivia. Análisis preliminares
de una experiencia inconclusa» del año 2000, el economista Roberto Laserna
proveyó diversas fuentes para entender la situación económica en el trópico de
Cochabamba después del ‘boom del narcotráfico’: Citando los estudios de Rolando
Morales, se llevó a cabo una clasificación de las provincias de Bolivia por
nivel de pobreza en 1976, ubicando a las provincias de Chapare, Carrasco y
Arani en los lugares 34, 49 y 55 respectivamente, de un total de 99. Años
después, en los 90, el mismo autor aplicó una metodología similar pero en esta
ocasión descubrió que las provincias de con cultivos de coca en Cochabamba
habían descendido (empeorado) su posición: Chapare al puesto 85, Carrasco el 55
y Arani el 66. Una de las razones, que la amplia migración de la población
hacia el trópico en busca de mejores condiciones de vida -debido a intensa
pobreza en el área rural boliviana- no fue acompañada del aumento de los ya
casi inexistentes servicios básicos. Quiere decir, con el «boom» aumentó la
precariedad de servicios en la región.
Por
su parte, UDAPSO construyó en 1993 un mapa de la pobreza en Bolivia, en el cual
se calculó la incidencia, magnitud e intensidad de la pobreza en las provincias
del país, clasificándolas en cinco grupos de acuerdo a su intensidad. Dice
Laserna en el texto citado, «Según ese análisis, la pobreza afecta al 93.4% de
la población en el área rural, y al 48.6% en el área urbana del departamento de
Cochabamba. De las tres provincias con mayor pobreza del país (Grupo I), dos
están en Cochabamba: Arque y Tapacarí. Las provincias con producción de coca
fueron ubicadas en los grupos II y III. Carrasco y Tiraque (escindida ahora de
Arani) tendrían respectivamente al 95 y 96% de su población en situación de
pobreza, y Chapare al 87.6%, lo cual pone en evidencia los deficientes niveles
de vida en dichas zonas». Y en términos del Indice de Desarrollo Humano (IDH)
de 1995, las provincias de cultivo de coca (0.5) de Cochabamba se encontraron
por debajo del promedio departamental (0.6).
De
estos datos queremos resaltar lo obvio: no es tan inmediato y gratuito asumir,
como el ministro insinúa, que porque en esa región históricamente se haya
concentrado la producción de clorhidrato de cocaína se puede aseverar que las
más de 146.000 personas que viven en este territorio actualmente, que cubren
una diversidad de rubros económicos desde la hotelería, el deporte, el
transporte, la gastronomía, la ganadería, la educación, la pesca, y muchos
otros etcéteras, son narcotraficantes o que se beneficien de ello. Podríamos
hacer un parangón con el razonamiento de personas provenientes de las potencias
económicas occidentales que reducen en sus capacidades, riquezas y
características a países como Bolivia a reductos del narcotráfico. Pues la
lógica del ministro de Gobierno es la misma, solo que replicada al interior de
nuestras fronteras, hacia el trópico de Cochabamba.
También
añadiríamos, apropósito de los cocaleros del Chapare, que este sector no
solamente compartió la situación de pobreza y marginalidad de sus pares
campesinos del resto del país, sino además que desde aquel entonces y hasta el
presente también han contribuido a la producción agrícola de Bolivia,
especialmente para las bocas de la ciudad de Cochabamba. Porque como diversos autores
indican, entre ellos la antropóloga Alison Spedding (2005), es un error
-añadiríamos ignorancia, el abono del prejuicio- pensar que el cocalero vive
exclusivamente de la coca, en tanto que desde antes y después del «boom», la
regla es la combinación de distintos tipos de productos dentro del mismo
terreno y unidad familiar.
Y
ya que estamos revisando este trabajo, compartimos la siguiente cita del 2005
de Spedding, que nos parece de lo más ilustrativa para nuestros propósitos en
este texto:
«En
los últimos veinte años, el Chapare ha sido un punto neurálgico de la política
nacional y tópico constante de las noticias. Por esto mismo resulta
sorprendente que haya tan poca investigación seria sobre la realidad
contemporánea de la región. (…) Es notable que durante la última década no se
haya realizado trabajo de campo o investigaciones en la zona (…) el
conocimiento sobre el Chapare de hoy se restringe a estadísticas oficiales y
reportajes periodísticos superficiales (por naturaleza)» (pp. 97 – 99)
Resaltamos,
el conocimiento sobre el Chapare se restringe a estadísticas oficiales y
reportajes periodísticos superficiales (por naturaleza). Quiere decir, ni en
eso el fue ministro fue tan original, a saber, desde el 2005 las autoridades
-con y sin mapas- ya promovían mediante estadísticas oficiales la ignorancia y
desconocimiento de nuestro país.
Al
parecer no bastará que hace décadas atrás sabemos que en el trópico de
Cochabamba se produce una diversidad de productos, o que los sindicatos
cocaleros hayan llevado una campaña de distribución del alimentos a sectores
populares durante la pandemia del COVID-19, para que la población y el ministro
entiendan que en el territorio del trópico no solo hay narcotraficantes y que
cultivar hoja coca no es ser narcotraficante, y sí efectivamente producir hoja
de coca, producto cultural y socialmente reconocido e incentivado en nuestro
país. O como la astucia de los viejos cocaleros expresaba: quien planta trigo
no está haciendo pan, o -añadiríamos- el minero que saca plomo de la mina no
hizo la bala y, mucho menos, dispararla.
Pero
queda una pregunta en el aire, ¿dónde entonces fueron a parar las ingentes
cantidades de recursos económicos del narcotráfico? ¿Quiénes eran los
verdaderos beneficiados si es que la gran mayoría de población productora de
coca permaneció empobrecida? Hace no mucho tiempo el pensamiento crítico
boliviano lo tenía claro. Unas cuantas pinceladas históricas para refrescar la
memoria: El «boom» del narcotráfico tuvo sus inicios durante el gobierno militar
de Banzer en los 70, gobierno en el cual el narcotráfico en el país creció más
que en los 25 años anteriores (Cortez, 2004). ¿La disciplina militar pretoriana
de su régimen sirvió para combatir este mal? No, en realidad mostró el vínculo
temprano de las élites bolivianas con el narcotráfico en el país: su familia
cercana se vió involucrada en un escándalo relacionado a la construcción de
infraestructura necesaria para producir y exportar cocaína (Stippel y Serrano,
2018). Poco más adelante, entre los casos más sonados, el de Luis Arce Gómez,
ministro de Interiores -ahora llamado de gobierno- de la dictadura de Luis
García Mesa en 1980, que fue extraditado a los Estados Unidos por narcotráfico
y que fue el primo hermano de Roberto Suárez Gómez, el mayor narcotraficante
boliviano del siglo XX y quien se estimaba generaba más de 400 millones de
dólares al año al ser el principal proveedor de Pablo Escobar. O casi
terminando el periodo del «boom», el caso «narcovínculo» de inicios de los 90
que señaló la relación entre narcotraficantes como el «Oso» Chavarría y «Meco»
Dominguez con el presidente Jaime Paz Zamora, sus familiares y su partido el
MIR, provocando que incluso Paz Zamora renuncie -momentaneamente- a la política
para siempre. Estos narcotraficantes habrían incluso sido capaces ($) de
financiar la campaña del MIR.
Así
uno podría seguir yendo a fondo con más ejemplos, incluidos los del MNR. Pero
consideramos que queda claro el punto. Quizás esté demás pero también aclaramos
que ninguno de estos narcotraficantes, con vínculos internacionales, y aquellos
políticos que se beneficiaron política y familiarmente del narcotráfico, eran
chapareños.
Quizás
alguien suspicaz cuestione en este punto que estos datos ya son del pasado y
que la realidad ha cambiado mucho. Por lo cual, en la línea del ministro de
Gobierno, ahora es el sector cocalero, o apegándonos más a sus palabras, el
territorio del trópico de Cochabamba, el responsable del narcotráfico. Porque
como el mismo ministro ironizó en su conferencia de prensa, «de ahí sale» la
droga, no de El Prado Paceño, la Plaza Murillo o de su barrio en Santa Cruz de
la Sierra, por la Santos Dumont. ¡Datos, no relatos!
Pues
bien, para responder a esta cuestión se tendrá que reconocer que los datos
proveídos durante la conferencia del 28 de agosto por el ministro tienen alguna
utilidad. Porque para defender su gestión frente cuestionamiento de que nunca
se atraparían a los verdaderos narcotraficantes y solo se destrozarían
laboratorios vacíos, Del Castillo mostró una serie de casos, grupos e
individuos que pueden ser adecuadamente llamados de narcotraficantes. ¿Cuántos
serán parte del «cartel del Chapare»? Veamos.
Clan
Lima Lobo del Brasil; caso Galponier relacionado a narcotraficantes peruanos y
que se incautó la cocaína en La Paz y Santa Cruz; caso «Salitre» con la
destrucción de un «megalaboratorio» en la provincia Guarayos y Parque Nacional
Noel Kempff de Santa Cruz; extradición de 31 personas, entiéndase extranjeros;
dentro del caso Marset, los bolivianos Roberto Arana Suarez, Ronny Suárez y
Nestor Alfonso Vergara, a quienes por alguna razón para el ministro no es
importante mencionar su procedencia -como sí lo es con el trópico- pero que
operaban en Santa Cruz. Y, por supuesto, el mismo Sebastián Marcet, uruguayo.
Por lo cual le respondemos al ministro con la misma ironía: los laboratorios
destruidos por su ministerio en efecto se encuentran el trópico de Cochabamba,
pero el mismo Marcet, el narcotraficante, vivía en una mansión a tan solo 40
minutos de su barrio, la Santos Dumont en Santa Cruz de la Sierra, como
mencionó. Bajo sus propios bigotes y no entre sindicatos de campesinos quechuas
en el Chapare.
A
nuestro criterio, por lo tanto, la historia expuesta más arriba no ha cambiado
del todo y que aún puede ser sintetizada como hace casi dos décadas era
sintetizada por el pensamiento crítico, la izquierda y el movimiento popular:
históricamente han sido las élites bolivianas y potencias internacionales las
responsables y beneficiarias del narcotráfico en Bolivia, sacando provecho de
la pobreza de su población y de la colaboración de sus autoridades.
Y
si alguien le queda aún dudas de lo estrafalario que es seguir atribuyendo la
responsabilidad el narcotráfico a toda una región y a un sector social
específico, mientras que tus propios «logros» te dicen los contrario, basta con
recurrir nuevamente a las mismas palabras del ministro de Gobierno. Ya en la
parte de preguntas de la conferencia de prensa del 28 de agosto, una periodista
preguntó que si a raíz de la información dada por el ministro en su mapa y su
razonamiento lógico podríamos decir que el 90% de la droga producida en el país
se origina del Chapare, el ministro tuvo que aclarar: «la gran mayoría de droga
que incautamos dentro de nuestro territorio nacional es droga que proviene de
otros países. Por lo tanto, Bolivia es principalmente un país de transito de
drogas». Quiere decir, si le creemos al ministro, ¡la mayor parte de la droga
incautada en Bolivia ni siquiera proviene del trópico de Cochabamba! En tanto
que gran parte de esa droga provine del Perú, punto a parte, cabría preguntarle
al ministro cuál es su concepto de los peruanos.
Dicho
lo anterior, entiéndase bien nuestra posición. El narcotráfico tiene que ser
combatido en todo el territorio nacional y eso incluye al trópico de
Cochabamba. Allí, cuando haya un individuo relacionado al ilícito, sea taxista,
dirigente sindical, empresario, lo que fuere, debe ser procesado ante la Ley,
como en cualquier otra región del país. Pero de allí a pasar a estigmatizar todo
un territorio de nuestro país o a todo un sector social en conjunto, cuando
llevan a cabo prácticas reconocidas tanto legal y legítimamente en nuestra
sociedad, es un paso demasiado grande que no solamente se basa en criterios
absolutamente erróneos desde el punto de vista de los hechos y la historia de
nuestros país, sino que es un atropello a un territorio y sector social que
incluye a miles de personas, jóvenes a adultos mayores, que son inocentes y que
han tenido que recorrer un muy duro proceso, incluyendo el derramamiento de
sangre, para que su territorio no sea criminalizado. Por lo cual, que un
ministro de Gobierno incurra -nuevamente- en estas prácticas por sus propios
afanes políticos, es absolutamente inaceptable y debe ser censurado.
Para
concluir, una última consideración con respecto a la triste tradición a la cual
el ministro parece querer inscribirse. En esta larga respuesta faltó un factor
de peso: los Estados Unidos. Lo cierto es que el rol de los Estados Unidos es
crucial para entender la oscura historia del narcotráfico en Bolivia; no solo
porque el «boom» fue provocado y sostenido por la demanda de cocaína de aquel
país, sino porque fue su gobierno el que dictaminó la estrategia que los
gobiernos bolivianos, tutelados, tuvieron que seguir para administrar el
narcotráfico en Bolivia. No nos extenderemos más en ello, solamente apuntaremos
que dicha estrategia no estaba dirigida a ayudar a Bolivia a combatir sus
profundos problemas estructurales, aquellos que habían expulsado a 5% de la
población boliviana de sus orígenes en los distintos departamentos para buscar
una salida a la miseria que se vivía; tampoco a desmantelar el esquema de las
viejas burguesías y élites políticas bolivianas, las cuales paradójicamente
hacían de encargados de la embajada norteamericana al tiempo que se veían
envueltos una y otra vez en escándalos de narcotráfico.
A
grandes rasgos, la estrategia redujo el problema al campesino cocalero. Por lo
cual, la solución estuvo puesta en la «Guerra contra el narcotráfico», la cual
supuso la presencia de personeros del ejército norteamericanos -160 en 1986,
durante la operación Black Furnance- en el trópico de Cochabamba para dirigir a
las fuerzas militares y policiales bolivianas para ‘combatir el narcotráfico’
vía represión del cocalero. El saldo, además de mutilaciones, detenciones
arbitrarias y violaciones a mujeres cocaleras perpetradas por las fuerzas
represivas, acorde a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, entre 1987 y
2002 fueron asesinados por la policía boliviana 57 cocaleros. Y dato
significativo, entre esos años, durante la Masacre de Villa Tunari, cuando
fueron masacrados 12 campesinos, se los llamó en la prensa y entre los
políticos de «narcotraficantes» y «terroristas».
Si
esto resuena a la Masacre de Huayllani del 2019 no es por mera coincidencia.
Sino que la guerra contra el cocalero estuvo acompañada de un relato que puede
ser rastreado incluso en los manuales de las unidades militares creadas para su
represión. Ejemplo de ello, la Fuerza de Tarea Conjunta, creada en 1998 por
Banzer, definió a los cocaleros como narcotraficantes, organizaciones
delicuenciales, terroristas y dictatoriales (Salazar, 2009). Elementos estos
repetidos durante años por medios de comunicación y políticos. Como por ejemplo
en el 2002 cuando era presidente Tuto Quiroga, quien afirmó que el
‘narcoterrorismo’ estaría operando en la región el trópico de Cochabamba, por
lo cual sería necesario reforzar la presencia militar/policial allí (García
Linera, 2010), o en la editorial del periódico La Prensa, se afirmó -sin ser
comprobado- la existencia de supuestos francotiradores colombianos apoyando a
lo cocaleros del Chapare que se enfrentaron a la policía en un intento del
gobierno cerrar el mercado legal de Coca en Sacaba (Stefanoni, 2002). ¿Suena
familiar?
Es
por estas razones, acompañadas de escasos resultados de esta estrategia lucha
contra el narcotráfico y un descontento social generalizado, que comenzando el
2004, inaugurándose el 2007, y fijándose en la CPE en el art. 384, que en Bolivia
se da un giro en su paradigma de lucha contra el narcotráfico. Desde entonces,
Bolivia ha logrado mantenerse como un país de tránsito del narcotráfico y no de
producción, al tiempo que las comunes represiones y violaciones de derechos
humanos se detuvieron. Cada uno puede en este punto ir a revisar la
bibliografía para saber si los resultados fueron o no más exitosos. A nuestro
criterio y coincidiendo con diversas entidades internacionales, se logró
ampliar los beneficios sociales -combatir el narcotráfico- y derechos -respetar
la vida y dignidad de la población del trópico-. Para quienes aún sospechan de
que, en mirada retrospectiva, esta no fue la mejor decisión, recomendamos
también hacer una revisión de los resultados de Colombia, país que optó por seguir
muy de cerca con la colaboración norteamericana en esta materia.
Si
bien hay actores políticos actuales que han denunciado un nuevo acercamiento
del ministro Del Castillo con la embajada norteameriacana y la DEA, desde
nuestro lugar no tenemos pruebas concretas para sostener que es efectivamente
así. Sin embargo, no nos parece necesario esperar a que esto suceda si en la
práctica el ministro está comenzando a inscribirse en la misma tradición y
doctrina instaurada en nuestro país por la potencia norteamericana y replicada,
con sendos fracasos, por los gobiernos neoliberales. Para el 2021 afirmaba con
orgullo «El modelo que venimos aplicando como Movimiento Al Socialismo durante
aproximadamente una década es el de la erradicación mediante el diálogo, la
concertación y el respeto a los derechos humanos. En este sentido, este modelo
ha sido ponderado por diversos organismos internacionales especializados en
esta temática». Y sobre el cocalero, en defensa de un modelo «basado en el
respeto con el control social de los mismos productores cocaleros”. Pero ahora,
el 28 de agosto del 2023, afirma “Eso es lo que le molesta a ex autoridades,
eso es lo que le molesta a organizaciones criminales, ese es el motivo
principalmente por el cual van pidiendo nuestra renuncia del ministerio de
Gobierno.” ¿Cuál es el verdadero Del Castillo en tan diametral diferencia? ¿Y
su cambio drástico se debe a factores psicológicos, como un arrebato de rencor
anti-popular porque ya no es levantado en hombros, o hay razones políticas más
profundas como la provocación o el anuncio de una nueva cruzada policial contra
el trópico de Cochabamba?
El
desarrollo de los eventos se encargará de aclarar el panorama. Por el momento,
concluimos cuestionando el silencio de tantos sectores frente a estos últimos
incidentes. Cuando el ministro no satisfecho con la criminalización, durante su
conferencia de prensa afirmó que, mediante el Proyecto de Ley ‘Noel Kempff
Mercado’ presentado por su cartera a la Asamblea Legislativa, estaría buscando
ampliar las prerrogativas de la policía boliviana, sumándole facultades
judiciales con su propia «Procuraduría antinarcóticos» por fuera del ministerio
público, capaz de hacer prevalecer detenciones. ¡La misma y exacta policía
conocida por su desempeño durante el régimen de Áñez! Lo cual no podemos evitar
que nos recuerde cuando en la Ley 1008 de Paz Estenssoro se otorgó facultad a
la policía de que el testimonio del agente podría servir como prueba ante un
jurado.
O
cuando ahora el ministro se dispone a afirmar que el sector cocalero de los
Yungas de La Paz liderados por Arnold Alanes serían narcotraficantes por
producir coca ‘choqueta’, cuando este sector fue precisamente posicionado por
el mismo ministro Del Castillo, inaugurando fuertes enfrentamientos entre su policía
y los cocaleros de los Yungas que habían dado su apoyo a Luis Fernando Camacho
el 2019, pero que ahora el ministro reconoce, entre bailes en la sede de
gobierno, como sus legítimos aliados. ¿El cambio radical de discurso y aliados
se debe a la sincera lucha contra el narcotráfico o alguien se vuelve
‘narcotraficante’ en base a sus lealtades políticas con el ministro?
Por
lo cual, independientemente de las preferencias electorales vistas para el 2025
¿se debe seguir manteniendo el silencio frente a cualquier abuso o retroceso?
Porque ¿cómo se cataloga al político que impulsa un retroceso de conquistas
sociales que supusieron una ampliación de beneficios y derechos para su pueblo?
OTRA
DEUDA DE LA PROHIBICIÓN: DESCLASIFICAR LA HOJA DE COCA
El
Tiempo de Colombia (https://acortar.link/K3DqRB)
Si
el Gobierno quiere una regulación de los usos alternativos de la hoja de coca,
debería pensar en sacarla del régimen de fiscalización. La solución es un acto
administrativo del Ministerio de Salud.
El
pasado 28 de julio, el presidente Gustavo Petro manifestó su intención de
generar un mercado de “biofertilizantes” a base de hoja de coca. No es la
primera vez que proponen usos alternativos de esta planta. Se ha llegado a
plantear la compra estatal de la producción en las regiones con fuerte
dependencia de esa economía, y montar mercados parecidos a los que existen en
Perú o Bolivia.
En
otras palabras, el Gobierno hace lo posible por buscarle la comba al palo, de
cómo competirle al mercado de la cocaína, buscando usos potenciales a la hoja
de coca que al menos parcialmente mantengan los ingresos para las comunidades
campesinas e indígenas. Dicho esto, quiero profundizar en los obstáculos y
barreras que genera la prohibición y las vías que existen para formalizar esta
planta. La idea es hacer posible un mercado que solucione las ambigüedades en
materia sanitaria que hoy persisten. El potencial de la coca es versátil. De un
lado está lo alimenticio. Una investigación liderada por el Sena (Regional
Cauca) concluyó que la coca tiene contenidos de hierro, fósforo y calcio mucho
más altos que otros alimentos, como las lentejas, fríjol, maíz o plátano. En
250 gramos de coca la concentración de proteína cruda llega a ser del 20 por
ciento. Por otro lado, están los proyectos para elaborar fertilizantes, insumos
para tinte de telas o productos medicinales, todos a base de coca. También se
ha especulado con la producción de comida para ganado.
Tantas
cosas pasan que la normatividad ya no alcanza, o al menos esa fue la sensación
que tuve el pasado 30 de julio, en el Festival FuCo 2023, un espacio que reunió
proyectos y emprendimientos relacionados con los usos alternativos de la hoja
de coca y el rescate de sus beneficios. Todo este futuro promisorio no solo
impulsa nuevas narrativas, sino que pone de frente una cuestión: el país
necesita formalizar la hoja de coca.
El
régimen internacional de prohibición de las drogas ha cometido muchos errores,
el más infame fue clasificar la coca en la lista de la Convención Única de
Estupefacientes de 1961. Esta lista agrupa las sustancias que tienen controles
más estrictos pues se entiende que tienen un enorme potencial de dañar la salud
pública, y no tienen mucha potencialidad de usos médicos o científicos.
Decisión tomada a partir de un informe de dudoso valor científico que consideró
la masticación de la hoja de coca como un hábito que produce daños a la salud.
Al ratificar este instrumento internacional, el Estado colombiano se
comprometió a reducir su fabricación, importación, cultivo y producción a sus
usos medicinales y científicos, además de eliminar la práctica del mambeo o
mascado de la hoja. Luego, con la Convención de 1988, se profundizó el uso del
derecho penal para combatir el tráfico de drogas, y el Estado colombiano se
comprometió a penalizar el cultivo y cualquier transformación de la hoja de
coca que estuvieran por fuera de los usos medicinales y científicos. Así se
estableció que solo esos usos daban lugar a los permisos de la autoridad
competente (en nuestro caso, el Fondo Nacional de Estupefacientes). No
obstante, Colombia declaró que la criminalización del cultivo debía armonizarse
con los derechos de las comunidades indígenas, declaración a la que la Corte
Constitucional otorgó carácter de reserva, pero que no generó una
reglamentación particular.
Colombia
ya se había subido a la ola punitiva dos años antes de la Convención de 1988, a
través de la Ley 30 de 1986 (también conocida como el Estatuto Nacional de
Estupefacientes). En la práctica, todo lo relacionado con la existencia de
ciertos productos derivados de la hoja de coca quedó en un lugar ambiguo entre
la protección constitucional a las comunidades indígenas (o la diversidad
cultural) y la aplicación del Código Penal, pasando por las facultades que
tienen las autoridades sanitarias para perseguir los productos, sus fabricantes
y comercializadores (sobre todo a las tiendas naturistas). La ambigüedad se ha
hecho más peligrosa luego de una sentencia de la Corte Constitucional en la que
se decidió que el registro sanitario de los productos de Coca Nasa solo era
válido para comercializarlos en el interior de los resguardos. En estricto
sentido producir harina de coca por cualquier persona, sin autorización del FNE
ni registro sanitario del Invima, podría ser interpretado como una conducta
punible. Si el producto viene de una comunidad indígena, algunas personas
podrían decir que solo puede ser vendido en los resguardos. Así es que la
prohibición hace que hoy día tengamos que construir elaborados argumentos
jurídicos para defender el uso que se le da a la hoja de coca como medicinal,
científico o que está amparado en la protección a los derechos culturales de
pueblos indígenas.
A
lo anterior hay que agregar un nivel de complejidad: las competencias cruzadas
entre el Invima y el FNE. El Invima es la entidad competente para emitir los
registros sanitarios a nivel nacional, y el FNE es la entidad encargada de
hacer cumplir las normas estrictas sobre las drogas fiscalizadas por los
tratados en el país. Es decir que, si una comunidad indígena quisiera
comercializar sus productos, tendría que hacer trámites separados. Obtener un
permiso de cultivo del Consejo Nacional de Estupefacientes, inscribirse en el
registro del FNE y solicitar el registro fitosanitario del Invima, lo que
podría encarecer su participación en un mercado regulado.
A
nivel interno, la hoja de coca se encuentra clasificada como un estupefaciente
por medio de la Resolución 315 de 2020, emitida por el FNE. Aquí llegamos a la
clave para salir de esta absurda prohibición. De acuerdo con esa resolución, el
Ministerio de Salud puede incluir, excluir o cambiar de lista las sustancias
estupefacientes de acuerdo con modificaciones que se hagan en las Naciones
Unidas, en evaluaciones de riesgo que emita el Invima, o “con base en la
información farmacológica y fisicoquímica de la sustancia, sus riesgos, la
evidencia científica disponible y la información de referencia de otros países
o de organismos multilaterales”. Información que debería estar construyendo el
Gobierno colombiano para presentar el dosier en el proceso ante el secretario
general de la ONU, la Organización Mundial de la Salud y la Comisión de
Estupefacientes de reclasificación de la hoja de coca. Proceso que anunció la
Embajadora en Viena en la pasada sesión de marzo.
Si
el Presidente quiere avanzar en los usos alternativos, todo el Gobierno debe
encaminarse a desarrollar un marco normativo con participación de las
comunidades. Marco que debe iniciar con la exclusión por parte del Ministerio
de Salud de la hoja de coca de las listas de estupefacientes. Lo anterior
significa no solo corregir el error del régimen internacional de prohibición,
terminar el estigma contra la planta, sino simplificar la vigilancia sanitaria.
Lo que puede destrabar muchas discusiones técnicas que construyen barreras de
acceso para la comercialización de productos de coca a gran escala.
BOLIVIA
INICIA CAMPAÑA DE REFLEXIÓN SOBRE LA "EQUÍVOCA CONDENA" MUNDIAL A LA
HOJA DE COCA
Yahoo
Noticias de España (https://acortar.link/2uti2j)
El
Gobierno de Bolivia inició este miércoles una campaña para promover la
reflexión de la comunidad internacional en torno a la "equívoca
condena" que supuso la inclusión de la hoja de coca en la lista de
estupefacientes de Naciones Unidas y que busca que sea revisada.
El
vicepresidente del país, David Choquehuanca, y el canciller Rogelio Mayta
lideraron un acto en La Paz en el que informaron ampliamente ante embajadores y
líderes indígenas y sindicales sobre las acciones para la "Revisión
crítica de la clasificación de la hoja de coca en la Convención de Naciones
Unidas sobre Estupefacientes de 1961".
"Lo
que estamos haciendo es alegar la inocencia de nuestra hoja de coca porque ha
sido condenada, se la ha señalado y se la ha condenado como estupefaciente en
una lista negra, prohibida, como si fuera un veneno", sostuvo el canciller
boliviano.
La
planta fue "condenada sin procedimiento, sin derecho a la defensa, en
medio del prejuicio, del racismo, de un pensamiento colonial", sostuvo.
Bolivia
pide ahora una "revisión de ese juicio" y de esa "condena",
ya que la planta "no solamente es inocente de todos los agravios que le
achacan", sino que "puede dar salud, energía, esperanza a personas
enfermas con deficiencias alimentarias", enfatizó el ministro.
Lo
que no supone que el país renuncie a sus compromisos en la lucha contra el
narcotráfico, agregó Mayta, quien también consideró que el uso legal y
tradicional de la hoja de coca "puede ayudar a resolver ese otro gran
problema" que debe enfrentar la comunidad internacional.
El
canciller recordó que en junio pasado, Bolivia solicitó a las Naciones Unidas
la "revisión crítica" de la hoja de coca para su desclasificación de
la lista de estupefacientes.
La
solicitud fue acompañada por un dosier con más de un centenar de textos, investigaciones
científicas y "evidencias" sobre los beneficios medicinales de la
hoja de coca realizados en las últimas décadas en Bolivia, Colombia, Perú y
países de Asia y Europa, explicó por su parte el secretario general de la
Vicepresidencia, Juan Carlos Alurralde.
Según
Mayta, esos documentos están disponibles desde este miércoles en la página web
de la Cancillería y las misiones diplomáticas bolivianas iniciarán una
"campaña para transmitir (esta) información".
También
anunció que llegará a las embajadas y organismos acreditados en Bolivia
"esta voz del pueblo boliviano que les invita a reflexionar sobre la
equívoca condena a la hoja de coca para que podamos reparar esa injusticia
histórica".
El
acto estuvo matizado por un ritual de limpieza practicado por
"amautas" o sabios indígenas a las autoridades.
La
hoja de coca está consagrada en la Constitución boliviana vigente desde 2009
por sus usos tradicionales y medicinales, pero una parte de la producción se
desvía al narcotráfico para fabricar cocaína.
Bolivia
denunció la Convención de 1961 en 2011 y se volvió a adherir dos años después
con una reserva sobre el "acullico" o masticado de la hoja de coca
dentro de su territorio.
En
2017, el país amplió la superficie de los cultivos legales de la planta de 12.000
a 22.000 hectáreas.
La
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) estableció
en su informe anual presentado en noviembre del año pasado que los cultivos de
hojas de coca se incrementaron en Bolivia en un 4 %, al pasar de 29.400
hectáreas en 2020 a 30.500 hectáreas en 2021.
El
Gobierno de Luis Arce presentó sus propias cifras que indican que la superficie
disminuyó un 0,7 %, alegando diferencias "metodológicas" con la
Unodc.
BOLIVIA
AVANZA EN CRUZADA INTERNACIONAL POR LA HOJA DE COCA
Prensa
Latina de Cuba (https://acortar.link/YVuYU7)
Bolivia
avanza hoy en su cruzada internacional para retirar la hoja de coca de la lista
de estupefacientes como establece la Convención de 1961, tras una carta enviada
al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.
Según
el vicemandatario del Estado Plurinacional, David Choquehuanca, la petición
expresada en esa misiva busca corregir el error histórico cometido en 1961, al
incluir a la hoja de coca en la Lista Uno de la Convención Única de
Estupefacientes de 1961, pues de esa forma se le equiparó con las drogas más
nocivas para la humanidad.
Al
presentar al cuerpo diplomático acreditado la estrategia nacional para la
desclasificación, el secretario general de la Vicepresidencia, Juan Carlos
Alurralde, brindó información sobre las gestiones emprendidas.
Explicó
que, como establece el procedimiento, el 27 de junio de este año el presidente
Luis Arce envió una carta oficial al secretario general de la ONU con la
solicitud formal del examen crítico de esta problemática.
Según
esa misiva, de “conformidad al artículo Tres de la Convención de 1961,
solicitar activar el proceso de examen crítico de la actual clasificación de la
hoja de coca”.
Junto
a esa petición, ya notificada a todos los estados miembros de la ONU, Bolivia
presentó un dossier con más de 100 documentos de investigaciones científicas
para que sean revisados por un Comité de Expertos.
Esta
comisión deberá reevaluar la posición inicial asumida en 1961 sobre la base de
informes elaborados en 1947.
Los
textos presentados por Bolivia incluyen el informe del proyecto Cocaína de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) de 1995, en el que concluye que el “uso
de la hoja de coca debería ser investigado porque podría tener efectos
benéficos terapéuticos y podrían ser trasladados a otros países”..
Tal
punto de vista fue rebatido el 9 de mayo de 1995 por el Gobierno de Estados
Unidos, que amenazó con suspender el apoyo financiero a la OMS si publicaba ese
documento, y ese organismo internacional se plegó a la exigencia de uno de sus
mayores contribuyentes, recordó Alurralde.
Según
el protocolo, tras la solicitud formal, corresponde que la Secretaría General
de la ONU la remita a la OMS y esta a través de un comité de expertos definirá
si la hoja de coca produce dependencia, si estimula o deprime el sistema
nervioso central.
También
debe precisar si produce alucinaciones, trastornos del juicio y el
comportamiento y si tiene efectos nocivos y letales.
Bolivia
solicitó se le adhiera al Comité de Expertos, integrado en su mayoría por
técnicos farmacológicos, un experto en medicina natural y uno en derechos de
los pueblos indígenas.
ASISTENCIA
MILITAR IRÁN - BOLIVIA
El
Tribuno de Argentina (https://acortar.link/S2VZhB)
El
presidente de Bolivia, Luis Arce, y el ministro de Defensa de Irán, Mohammad
Reza Asthiani, celebraron un Memorándum de Entendimiento, ampliatorio de la
cooperación bilateral preexistente en el campo de seguridad y defensa, según lo
informara escuetamente la Agencia Estatal IRNA, y que fuera rubricado en
Teherán los ministros de ambos países. Un acuerdo geopolítico que requiere el
análisis y la prevención, así como la toma de conciencia de que se trata de un
paso con proyección peligrosa y negativa para Argentina y la América del Sur.
El
texto invoca "la importante ayuda a Bolivia en su lucha contra el
narcotráfico y un refuerzo significativo de la vigilancia de sus
fronteras", incluyendo la venta de material militar y entrenamiento de
personal. Además, el Instituto de Estudios para la Guerra (ISW) de Irán,
proveerá sus drones a las autoridades de La Paz, y tecnología avanzada, que
agrega además cooperación en ciencia, defensa y seguridad.
La
mencionada cooperación bilateral se viene estrechando desde el inicio del
primer gobierno de Evo Morales y de Ahmud Ahmadinejad, entonces presidentes,
inicialmente para la producción de alimentos y medicinas, incluyendo nexos
culturales, científicos, y tecnológicos.
Ya
en septiembre 2022, los actuales mandatarios de Bolivia e Irán Luis Arce y
Ebrahim Raici, se encontraron en la 77ª Asamblea de la ONU, avanzando en dichas
negociaciones.
La
oposición política boliviana rechazó y se lamentó de la relación con países que
violan abiertamente los derechos humanos como Rusia, Venezuela, Nicaragua, e
Irán.
Esta
síntesis informativa es por ahora la base conocida de dicho acuerdo bilateral,
por lo que sería necesario lograr información mucho más completa sobre los
reales contenidos y alcances de dicha cooperación bilateral, completamente
opuesta a las Cartas de la ONU y de la OEA, sobre derechos humanos y democracia
representativa, lo que debería obligar a la adopción de una posición sólida al
gobierno argentino incluyendo la oposición política de nuestro país.
Este
acuerdo de Bolivia con Irán, por otra parte implica la lisa y llana intromisión
en la región de un régimen dictatorial extraño, ajeno y absoluto, como el
vigente en esa nación, totalmente incompatible y opuesto con los contenidos de
libertad, institucionalidad democrática, y respeto a los derechos humanos
vigentes en la América del Sur por ahora, con excepción ciertamente de lo que
ocurre en Cuba, Nicaragua, y Venezuela.
Ello
obliga a rechazar de plano la pretendida injerencia iraní en nuestra región, y
mantener rígida resistencia a la militarización y aplicación de inteligencia
dictatorial y fundamentalista propia de esa cultura, en nuestro medio.
EXMINISTRO
BOLIVIANO: ES "INDISPENSABLE LA COOPERACIÓN" EN LA LUCHA CONTRA
AMENAZAS REGIONALES
Sputnik
News de Rusia (https://acortar.link/Dr9QRX)
El
Gobierno de Luis Arce dialoga con Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú
para consolidar un control efectivo de sus límites territoriales. En diálogo
con Sputnik, el exministro de Defensa Reymi Ferreira sostuvo que para lograr
esta meta es necesario adquirir equipos y aprobar nuevas leyes.
El
Gobierno de Bolivia coordina con sus cinco países vecinos el fortalecimiento de
sus fronteras, vulnerables al narcotráfico, la trata de personas y el
contrabando, un escenario que, según empresarios industriales, implicó pérdidas
por 3.500 millones de dólares en 2022.
El
ministro de Defensa, Edmundo Novillo, afirmó que "la lucha contra el
contrabando ha sido permanente junto con las Fuerzas Armadas. Hay que cuidar el
aparato productivo. En ese marco se están haciendo trabajos intensos en la
frontera con Perú, Chile, Argentina, Brasil y Paraguay", de acuerdo con un
reporte de la dependencia a su cargo.
El
que fue ministro de Defensa durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019),
Reymi Ferreira, consideró atinadas las medidas del Gobierno de Arce para
proteger las fronteras bolivianas.
En
el diálogo que se mantiene con los países vecinos, evaluó que "ahora hay
un contexto más favorable. Hay buenas relaciones con casi todos los países. Eso
es posible por una situación política donde prima el respeto", indicó el
exmando militar a Sputnik.
"En
el pasado había un vínculo muy tirante con Chile, por el diferendo marítimo en
la Corte de La Haya y por el tema del Silala", precisó el también abogado
boliviano.
En
este sentido, Ferreira comentó que "una de las fronteras más conflictivas
que tenemos es la que compartimos con Chile. Habiendo ya pasado de página en
esa relación, ahora no tenemos una completa normalidad, pero al menos ya no
prima la belicosidad y la animosidad".
Coordinación
indispensable
El
exministro consultado evaluó que el Gobierno boliviano "está abocado a
consolidar una línea de cooperación indispensable. Hay temas que son los mismos
desde hace tiempo: el narcotráfico, contrabando, trata de personas, inmigración
ilegal, que usa a Bolivia de puente para irse a otros países. Es positivo que
se esté coordinando sobre estos temas".
Según
el exfuncionario, las Fuerzas Armadas del país plurinacional y otras
instituciones del Estado "han hecho un trabajo álgido, pero son temas
masivos los que enfrentan. Por ello, la coordinación que se plantea entre los
países ayudará".
Para
el político boliviano, para afrontar el narcotráfico "la cooperación se
vuelve indispensable. Porque hay una red transnacional, hay varios carteles,
donde originalmente Bolivia no era muy importante. Pero ahora han llegado a
todos los países de la región, incluso a Ecuador", donde no se cultivan ni
se producen drogas en una cantidad significativa.
Por
ello, para Ferreira el narcotráfico "es una amenaza regional que debe ser
parte de la agenda conjunta de todos nuestros Estados".
Derribo
de aviones
Desde
el Ministerio de Defensa boliviano se analiza la posibilidad de legalizar el
derribo de naves que atraviesen sin permiso de las autoridades el espacio aéreo
nacional.
"Hay
que hacerlo, pero se necesitan equipos de intercepción. El ministro [Novillo]
anunció que se tiene la capacidad de detectar los aviones con equipos de
radar", pero faltan aeronaves militares o armamento adecuado para efectuar
el eventual derribo, consideró Ferreira.
"Es
un tema bien complicado, porque además se necesita una ley para poder derribar
en última instancia los aviones. Eso va a requerir equipos aeronáuticos que
sean aptos para combatir a las naves furtivas que atraviesan el espacio
aéreo", comentó el exministro de Defensa.
También
son necesarias "formas de detección terrestre. Tenemos una frontera
amplísima, que no se puede cubrir sin medios electrónicos. Hay países amigos
que pueden cooperar con la tecnología de muchas formas", sostuvo.
Asimismo,
hace falta desarrollar la legislación "para controlar los drones, cuya
importancia ya hemos visto. Se debe desarrollar una ley sobre ese tema. Porque
los drones se van a convertir en medios de transporte de droga y otras cosas,
dado que son de difícil detección en el espacio aéreo. Quizás se pueden aplicar
a nuestro país lo que reglamentan otros países", reflexionó Ferreira.
En
julio pasado, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, viajó a Irán, donde
conoció experiencias en materia de defensa desarrolladas por el Gobierno de
Ebrahim Raisi. A su regreso enfrentó una catarata de fake news, que llegaron a
asegurar que Bolivia le compraría drones a ese país.
Estas
noticias falsas levantaron críticas desde Argentina, donde acusan a ciudadanos
iraníes por su presunta participación en los atentados a la embajada de Israel
en Buenos Aires, en 1992, y a la Asociación Mutual Israelita de Argentina
(AMIA), en 1994. No obstante, esta versión fue descartada por el Mossad, el
servicio de inteligencia israelí.
En
definitiva, no se concretó ninguna compra de equipos con Teherán ni con ningún
otro país. De todos modos, se considera que hacen falta para controlar los
límites de Bolivia.
Sobre
la posibilidad de adquirir algunos de estos equipos a la nación persa, el
exministro Ferreira evaluó que "es un tema muy complejo. Hay cierta
susceptibilidad en varios países. Pero tampoco se puede dejar de tener relación
con países que han mostrado la intención de cooperar".
Aunque
Bolivia dispone de equipos, "se van a necesitar más, porque el espacio
aéreo boliviano es muy alto (sobre todo en la región andina). Hay cazas, pero
de muy alta velocidad, que consumen mucho combustible. En cambio, hay aviones
más chicos que pueden servir para intercepción", opinó el exfuncionario.
Ferreira
agregó que la legalización del derribo de naves no autorizadas "es parte
del ejercicio de soberanía. No es algo que agrade a nadie, pero se debe contar
con un mecanismo legal para que quienes operan en este tipo de acciones tengan
respaldo legal".
LUIS
ARCE DE BOLIVIA FUE EL ÚNICO PRESIDENTE INVITADO A LOS 50 AÑOS QUE NO ADHIRIÓ
AL "COMPROMISO DE SANTIAGO"
Lula
da Silva, Gustavo Petro, Alberto Fernández son algunos de los Mandatarios que
sí adhirieron a la iniciativa de Gabriel Boric.
El
Mercurio de Chile (https://acortar.link/Y6KU7q)
En
el marco de las actividades por la conmemoración de los 50 años del golpe
cívico militar, el Presidente Gabriel Boric invitó a las autoridades
internacionales que asistieron a adherir, si es que así lo deseaban, al
"Compromiso de Santiago".
De
todos, solo uno se restó. Y es que hasta ahora Luis Arce de Bolivia no ha
adherido al documento que elaboró el Mandatario chileno.
Desde
Cancillería aclararon que muchos jefes de Estado tienen restricciones
constitucionales para firmar documentos multilaterales o bilaterales. Por eso
es una práctica frecuente que tratados internacionales u otros sean suscritos
por Cancilleres o ministros sectoriales.
Añaden
que esto argumentaron algunos invitados, pero las razones por las que no han
firmado o adherido deben entregarlas ellos. Pero insisten en que es un
documento abierto, y que aún pueden haber más adherentes.
La
iniciativa de Boric sí cuenta con la adhesión de los siguientes jefes de Estado
o de Gobierno:
-
Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva
-
Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso
-
Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez
-
Presidente de Irlanda, Michael D. Higgins
-
Presidente de República Dominicana, Luis Abinader
-
Presidente del Consejo Federal de Alemania, Peter Tschentscher
-
Presidente de Colombia, Gustavo Petro
-
Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador
-
Primer Ministro Portugal, António Costa - Presidente de Argentina, Alberto
Fernández
-
Presidente de Chile, Gabriel Boric
También
se sumaron las ex autoridades:
-
Expresidente del Consejo de Ministros de la República Italiana, Massimo
D'Alema.
-
Expresidente de la República de Uruguay, José Mujica.
-
Expresidenta de la República de Finlandia, Tarja Halonen.
-
Expresidente del Gobierno de España, Felipe González.
-
Expresidenta de la República de Costa Rica, Laura Chinchilla.
-
Expresidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos.
-
Expresidente de la República de Colombia, Ernesto Samper.
INVESTIGADOR
BOLIVIANO ADVIERTE ALTOS ÍNDICES DE CONTAMINACIÓN EN EL LAGO TITICACA
Gerardo
Lanza, experto en medio ambiente, alerta sobre la grave contaminación del Lago
Titicaca y la necesidad de medidas urgentes para proteger la biodiversidad y el
entorno en ambos países
Radio
Pachamama de Perú (https://acortar.link/Na2AjK)
El
magíster en gestión ambiental y docente de la carrera de derecho ecológico y
medio ambiente de la Universidad Mayor
de San Andrés de Bolivia, Gerardo Lanza, sostiene que han realizado
investigaciones sobre la contaminación en el Lago Titicaca y los terribles
efectos que enfrentaremos si no se interviene inmediatamente por las
autoridades de ambos países.
El
investigador manifestó que en el año 2020 se presentó un proyecto de ley de protección
y descontaminación del lago Titicaca que ha sido archivado en la asamblea
legislativa plurinacional, lo que denota la falta de interés por parte de las
autoridades del vecino país, realidad que no es ajena en el Perú, pues
aparentemente no existe normativa vigente que proteja la maravilla natural.
“Aquí
la situación va creciendo, en cuanto a la contaminación del lago, aquí el
gobierno pone parches y no están viendo la seriedad y gravedad de la
contaminación que estamos atravesando, acá en Bolivia tenemos 20 provincias en
el departamento de Paz, con 8 provincias afectadas como Los Andes. La ciudad e
El Alto y Viacha, entre otras, son jurisdicciones que más contaminan el lago
con aguas residuales, servidas, de industrias y manufacturas, además de la contaminación
minera.
De
acuerdo a los estudios realizados bajo su autoría en conjunto con un grupo de
profesionales del país Boliviano, se ha concluido que alrededor del lago
Titicaca viven cerca de 5 millones de personas, en ambos países; sin embargo,
en ambos países solo se trabaja en favor de la protección del lago, no llega ni
al 5 % de un 100%.
Además
advirtió que si no se toman medidas efectivas e inmediatas en Perú y Bolivia,
para resguardar y proteger el lago Titicaca; y a su vez combatir la contaminación
ambiental; será inevitable la pérdida de flora, fauna y la disminución del
lago, que ya se presencia actualmente en las orillas de la maravilla natural
mundial.
Finalmente
señaló que como ciudadanos debemos movilizarnos exigiendo la protección de lago
Titicaca y que los organismos internacionales debieran pronunciarse, pues ésta
categorizado como el lago navegable más alto del mundo.
EL
PARQUE NACIONAL MADIDI, UN MISTERIO SIN RESOLVER DE BOLIVIA
El
Parque Nacional Madidi ha sido escenario de avistamientos extraños y
desapariciones misteriosas.
El
Periódico de España (https://acortar.link/WZDBo3)
Bolivia,
un país famoso por su rica cultura, biodiversidad y paisajes de ensueño,
también alberga uno de los secretos mejor guardados de América del Sur: el
Parque Nacional Madidi. A primera vista, este parque parece un paraíso natural,
con su exuberante selva tropical, una fauna asombrosa y paisajes de montaña
impresionantes. Sin embargo, detrás de su belleza indiscutible se esconde un
misterio terrorífico que ha desconcertado a científicos, aventureros y locales
durante generaciones. Y a su vez, es precisamente este misterio el que atrae a
muchos visitantes.
El
Enigma de Madidi: apariciones y desapariciones
El
Parque Nacional Madidi se encuentra en el noroeste de Bolivia, abarcando una
vasta extensión de 18.958 kilómetros cuadrados. Esta área protegida es considerada
una de las más biodiversas del mundo, hogar de miles de especies de plantas,
animales y aves. Pero lo que hace que Madidi sea tan especial es su enigma:
numerosos informes de encuentros sobrenaturales y desapariciones inexplicables
que han ocurrido a lo largo de los años.
Los
relatos de encuentros con seres sobrenaturales en Madidi son innumerables. Los
lugareños cuentan historias de espíritus malignos que acechan en la selva,
susurros inquietantes en la noche y apariciones de criaturas fantasmales. Uno
de los mitos más conocidos es el de 'El duende de Madidi', un pequeño ser
travieso que se dice que hace trastadas en la selva y asusta a los viajeros
nocturnos.
Los
relatos de encuentros con seres sobrenaturales en Madidi son innumerables. Los
lugareños cuentan historias de espíritus malignos que acechan en la selva,
susurros inquietantes en la noche y apariciones de criaturas fantasmales. Uno
de los mitos más conocidos es el de 'El duende de Madidi', un pequeño ser
travieso que se dice que hace trastadas en la selva y asusta a los viajeros
nocturnos.
Explicaciones
científicas
Los
científicos y expertos en el campo de la biología y la ecología han tratado de
arrojar luz sobre estos fenómenos aparentemente sobrenaturales. Algunos
sugieren que los encuentros con seres extraños podrían explicarse por la falta
de comprensión de la selva y sus sonidos nocturnos. Aseguran que la mente
humana a menudo crea imágenes fantasmagóricas para llenar los vacíos de lo
desconocido. En cuanto a las desapariciones, se argumenta que la densa selva de
Madidi es un terreno inhóspito y difícil de navegar. Los accidentes, la
exposición a elementos y la falta de habilidades de supervivencia podrían ser
factores clave en estas tragedias.
YACYRETÁ:
PARAGUAY DEJARÁ DE VENDERLE ENERGÍA A LA ARGENTINA Y SE DESATA UN NUEVO
CONFLICTO BILATERAL
Asunción
confirmó que se quedará con el 50% de la generación eléctrica que le
corresponde de la represa binacional. Otro capítulo de tensión diplomática tras
el peaje argentino en la Hidrovía.
TN
de Argentina (https://acortar.link/iuifEz)
Desde
que Santiago Peña asumió como nuevo presidente de Paraguay hace menos de un mes
la relación bilateral con la Argentina no hizo más que tensarse. Al cobro del
peaje en un tramo de la Hidrovía y la retención de barcos con bandera guaraní
por falta de pago, ahora se sumó un nuevo foco de tensión: el uso de la energía
de la represa de Yacyretá.
El
gobierno paraguayo anunció que se quedará con el 50% de la generación de
energía que le corresponde de la Central Hidroeléctrica Yacyretá y no se lo
venderá a la Argentina como hacía hasta ahora. El presidente de la
Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa, confirmó
públicamente esta medida y agregó que, para amortiguar el uso energético a nivel
nacional, redujeron el uso de la represa de Itaipú, que Paraguay comparte con
Brasil.
En
total, el costo de la energía que proviene de Itaipú es más bajo que el de
Yacyretá. Por lo tanto, la medida anunciada por Asunción no responde de ninguna
manera a una lógica económica, sino a una política. “Es una decisión política
del presidente”, reconoció el titular de ANDE.
Desde
ambos lados de la frontera saben que esta medida es una especie de represalia a
la negativa del gobierno argentino por dar marcha atrás con el cobro de un
peaje de 1,47 dólares por tonelada a los barcos de bandera extranjera que
transitan en el tramo Confluencia-Santa Fe de la Hidrovía.
A
pesar de que por el acuerdo entre ambos países Paraguay puede retirar hasta el
50% de la generación eléctrica de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), en
promedio usaban cerca del 10%. Hubo momentos en que la demanda paraguaya
aumentaba, pero habitualmente se mantenía en torno a los diez puntos. En la
actualidad, Yacyretá tiene una producción total de 2.068 MW.
Con
esta última medida, de los 1.035 MW que le corresponde, Paraguay empezó a hacer
uso de 850 MW que antes se los vendía a la Argentina por 50 dólares por MW.
Posiblemente ahora le venda ese excedente a Brasil, pero a un precio menor.
Allí reside parte de la pérdida económica que tendrá Asunción para priorizar la
decisión política.
Consultados
por TN, en la Secretaria de Energía aseguraron que por el momento la Argentina
no necesitará sustituir esa energía con un nuevo proveedor dadas las condiciones
climáticas de esta época del año. Distinto será cuando llegue el verano y se
enciendan los aires acondicionados de todo el país. “En estas semanas el
sistema eléctrico está estable”, confiaron.
En
el fugaz viaje que Sergio Massa realizó a Asunción el 24 de agosto para
reunirse con el presidente Santiago Peña, el ministro de Economía y candidato
presidencial anunció el acuerdo para el pago de una deuda que la Argentina
tiene con Paraguay por poco más de 100 millones de dólares por el consumo y el
flujo de energía proveniente de la represa de Yacyretá.
El
peaje en la Hidrovía, el origen del conflicto
La
hidrovía de los ríos Paraguay-Paraná se transformó en foco de la tensión
diplomática en la región, primero, cuando el gobierno argentino a través de la
Administración General de Puertos (AGP) aplicó un peaje de 1,47 dólares a
barcos extranjeros y ese mismo monto, pero en pesos a los de bandera nacional
que pasen por el tramo Confluencia-Santa Fe.
La
hidrovía es una vía navegable de casi 3400 kilómetros de largo que conecta
Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y la Argentina. Es por donde salen casi la
totalidad de los productos que exporta la región, muchos de ellos vinculados al
agro. En el caso argentino y paraguayo representa el canal de salida del 80% de
las exportaciones.
Frente
al cobro del peaje por parte de la Argentina y la retención de barcos que se
negaron a pagar –algunos de los cuales transportaban combustible-, Paraguay
logró el respaldo del resto de los países para reclamar ante la medida de la
AGP. Es así que el fin de semana publicaron un comunicado en conjunto donde
catalogaban de “preocupante” la situación.
Estos
cuatro países consideran que la Argentina tomó esta decisión de forma
unilateral e ilegal según estipula el acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, el
cual se ampara en el Tratado de Montevideo de 1980 donde se establece el marco
normativo común para el transporte en la Hidrovía.
Paraguay,
Bolivia, Uruguay y Brasil publicaron un comunicado para reclamar por el cobro
del peaje en la Hidrovía.
El
conflicto por la Vía Navegable Troncal, como se llama a los 1477 km que
corresponden a la Argentina, ya se debatió hace algunas semanas en el Comité
Intergubernamental Hidrovía (CIH). No hubo un acuerdo entre los representantes
y el presidente paraguayo adelantó que acudirá al Tribunal Permanente de
Revisión (TPR) del Mercado Común del Sur (Mercosur) para resolver la
controversia.
Este
lunes hubo una reunión en Asunción entre el canciller paraguayo, Rubén Ramírez,
y una comitiva argentina integrada por Flavia Royón, secretaria de Energía,
José Beni, titular de la AGP, Fernando de Vido, director ejecutivo del EBY, y
Raúl Pérez, asesor del Ministerio de Economía.
El
martes se dio otro encuentro en Buenos Aires entre el subsecretario de Asuntos
de América Latina de Cancillería argentina, Gabriel Fuks, con el encargado de
negocios de Paraguay en nuestro país, Juan Ramón Cano.
Más
allá del “diálogo positivo” que reinó durante la conversación, según informaron
a TN desde ambos lados de la frontera, la disputa parece no estar cerca de
resolverse y las medidas adoptadas por Paraguay no hacen más que tensar la
relación. Hay otra reunión técnica pautada para el 26 y 27 de septiembre.
AMÉRICA
LATINA SIGUE SIENDO LA REGIÓN MÁS PELIGROSA PARA LOS DEFENSORES AMBIENTALES
Un
informe de Global Witness muestra que casi el 90% de todos los asesinatos
relacionados con el ambiente en 2022 se produjeron en la región. Son personas
corrientes que intentan proteger pacíficamente sus hogares, sus medios de vida
y la salud del planeta en general frente a los efectos perjudiciales de
industrias como las del petróleo, el gas, la minería, la agricultura y la
deforestación.
El
Diario de Argentina (https://acortar.link/0sZyGe)
Al
menos 177 defensores de la tierra y el medioambiente fueron asesinados el año
pasado por intentar proteger el planeta ―una persona cada dos días―, según un
nuevo informe de la ONG británica Global Witness. La situación en América
Latina sigue siendo especialmente preocupante, ya que el 88% de los asesinatos
se produjeron en la región, un porcentaje cada vez mayor.
Las
nuevas cifras elevan el número total de asesinatos de defensores a 1.910 entre
2012, año en que la ONG comenzó a elaborar sus informes, y 2022. Sin embargo,
la cifra real puede ser mucho mayor, según los autores. Muchos casos no se
denuncian porque ocurren en zonas de conflicto o en lugares donde hay
restricciones y un monitoreo poco eficiente de los ataques.
“Se
trata de personas corrientes que intentan proteger pacíficamente sus hogares,
sus medios de vida y la salud del planeta en general frente a los efectos
perjudiciales de industrias como las del petróleo, el gas, la minería, la
agricultura y la deforestación”, declaró a Diálogo Chino Gabriella Bianchini,
asesora e investigadora de Global Witness con sede en Brasil. “Trabajan para
defender la vida de todos nosotros”.
Colombia
resultó ser el país con más asesinatos del mundo, con 60 muertes en total el
año pasado, más de un tercio del total global. Estas cifras, que casi duplican
el número de homicidios registrados en el país en 2021, se producen a pesar de
que Colombia ratificó en octubre de 2022 el Acuerdo de Escazú, un tratado
regional jurídicamente vinculante para proteger a los defensores del
medioambiente.
Al
menos 382 defensores han sido asesinados en Colombia desde 2012, lo que lo
convierte en el país con el mayor número de asesinatos denunciados en todo el
mundo durante ese periodo. Sirley Muñoz, de la ONG Somos Defensores en
Colombia, dijo a Diálogo Chino que esto está directamente relacionado con las
disputas territoriales y el fortalecimiento de los grupos armados en el país.
“Colombia
tiene una gran deuda con sus defensores del medioambiente”, dijo Muñoz. “La
violencia ha marcado nuestra historia reciente, pero la situación empeoró en
2016 cuando las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia] completaron
su desmovilización. Otros grupos armados ilegales tomaron el relevo y los
defensores ambientales quedaron atrapados en medio del fuego cruzado. El
informe tiene que ser una llamada de atención”.
Otros
países vulnerables de la región fueron Brasil, donde 34 defensores perdieron la
vida, frente a 26 en 2021; y México, aunque los 31 homicidios registrados en el
país el año pasado supusieron un descenso respecto a los 54 de 2021, cuando fue
el país con el mayor número de asesinatos. Con 14 asesinatos relacionados con
la tierra y el medioambiente registrados, Honduras fue el país con más
asesinatos per cápita del mundo. México ha ratificado el Acuerdo de Escazú,
mientras que Brasil aún no, ya que solo firmó el tratado en el momento de su
creación en septiembre de 2018 y aún no lo ha ratificado. Por su parte,
Honduras no ha firmado ni ratificado el acuerdo.
Jorge
Santos, coordinador de la organización guatemalteca de defensa de los derechos
humanos UDEFEGUA, declaró a Diálogo Chino que se está produciendo un “grave
retroceso” en materia de derechos humanos en Centroamérica. “No es sólo el
sector privado el que impulsa la violencia contra los defensores. En muchos
países, estamos viendo cómo los gobiernos adoptan una postura más autoritaria”,
afirmó.
Un
año peligroso para los defensores ambientales en la Amazonía
Por
primera vez, el informe de Global Witness de este año se centra en el papel de
los defensores del medioambiente en la selva amazónica, que abarca partes de
Bolivia, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Surinam y Venezuela. En 2022, más de
uno de cada cinco de los 177 asesinatos registrados en todo el mundo ―39 en
total―se produjeron en la Amazonía, según los investigadores.
“Como
guardianes de la selva, los defensores de la tierra y el ambiente están en la
primera línea de la devastadora explotación de la Amazonía. Se enfrentan a
empresas que actúan con impunidad, a las despiadadas fuerzas de seguridad del
Estado y a asesinos a sueldo”, se lee en el informe. “Los defensores son
sistemáticamente intimidados, criminalizados, atacados y asesinados”.
El
caso más resonante del año pasado fue el del experto indígena brasileño Bruno
Pereira y el periodista británico Dom Phillips, asesinados cuando regresaban de
un viaje al remoto Valle del Javari, en Brasil. Sus asesinatos conmocionaron al
mundo y atrajeron la atención mundial sobre las amenazas a las que se enfrentan
los defensores del medioambiente.
A
unos 1.000 kilómetros de donde se encontró a Pereira y Phillips, en otra zona
de la Amazonía brasileña, la minería ilegal de oro casi ha acabado con la
comunidad indígena Yanomani.
En
otro lugar de la Amazonía brasileña, Maria Leusa Kaba, de la comunidad
Munduruku, ha recibido repetidas amenazas de muerte en los últimos años debido
a su oposición a la minería ilegal. “Es una realidad dolorosa y triste”,
declaró a Diálogo Chino. “Quemaron nuestras casas para intentar expulsarnos de
nuestras tierras. La Amazonía no necesita ninguno de los proyectos extractivos
actuales, hay que protegerla”.
La
situación es similar en Venezuela con la comunidad indígena Uwottüja, que vive
en aislamiento voluntario a lo largo de los afluentes del río Orinoco. En 2022,
Virgilio Trujillo Arana, uno de los líderes más destacados de la comunidad, fue
asesinado por un sicario no identificado tras denunciar la minería ilegal y las
violaciones que conlleva en la Amazonía venezolana.
En
un vídeo grabado antes de su asesinato, Virgilio afirmó que la comunidad
seguiría defendiendo su tierra porque sin ella desaparecerían: “Lo que tenga
que pasar, pasará. Sin tierra, desaparecemos. Por eso defendemos nuestros
territorios”. Desde 2014, 20 defensores ambientales venezolanos han sido
asesinados, 17 específicamente en la Amazonía.
En
Perú, Santiago Vega Chota, Yenes Ríos Bonsano y Herasmo García Grau, tres
defensores del medioambiente de la región de Ucayali, fueron asesinados en los
últimos dos años tras defender sus tierras y bosques. Perú se encuentra entre
los diez países más peligrosos para los defensores del medioambiente, con 42
personas asesinadas desde 2014, la mitad de ellas en la Amazonía.
La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la organización Amnistía
Internacional han pedido al gobierno peruano que cumpla las normas y reglas
internacionales y proteja a los defensores y sus familias. El año pasado, el
Congreso del país archivó oficialmente el proyecto de ley para la ratificación
del Acuerdo de Escazú.
El
camino a seguir
Aunque
la situación es grave, Global Witness destacó algunos avances que se produjeron
el año pasado. El Acuerdo de Escazú celebró su primera Conferencia de las
Partes (COP) en Chile, un año después de su entrada en vigor, en la que se
eligió a un grupo de representantes públicos para contribuir a la aplicación
del tratado. Además, Naciones Unidas nombró al primer Relator Especial sobre
Defensores del Medioambiente, el experto francés en derechos humanos Michael
Forst.
En
Perú, la Corte Suprema condenó a cinco madereros ilegales a más de 28 años de
prisión cada uno por el asesinato de cuatro líderes indígenas ashéninkas. Sin
embargo, la sentencia fue anulada este año. Mientras tanto, en México, un alto
tribunal revocó los permisos concedidos por las autoridades federales para la
construcción del puerto de Veracruz, cuestionado por su impacto ambiental.
En
su informe, Global Witness pide a los gobiernos que creen un entorno seguro
para que los defensores y la sociedad civil prosperen, haciendo cumplir las
leyes que protegen a los defensores y creando otras nuevas. Los mecanismos
pertinentes existentes, como el Acuerdo de Escazú, deberían utilizarse mejor,
afirma la organización. En América Latina, 15 países han ratificado hasta ahora
el tratado.
Los
gobiernos también deben denunciar, investigar y exigir responsabilidades por
las represalias contra los defensores, reforzando la aplicación de la ley y
monitoreando mejor los ataques, afirma Global Witness. También debería exigirse
a las empresas que ejerzan la diligencia debida sobre los riesgos para los
derechos humanos y el medioambiente, ya que así serían más transparentes ante
la violencia, dicen desde la organización.
“Cada
vez son más los defensores que se unen y crean asociaciones para protegerse a
sí mismos y al ambiente de amenazas y violaciones. Lo vemos en diferentes
partes del mundo”, dijo Bianchini a Diálogo Chino. “El Acuerdo de Escazú podría
servir de ejemplo en otras regiones que no cuentan con este tipo de
instrumentos”.
¡SI
EL CAPITALISMO DESTRUYE EL PLANETA, DESTRUYAMOS EL CAPITALISMO! HACIA LA HUELGA
CLIMÁTICA DEL 15S
Tras
otro verano de calor sofocante e incendios, la crisis climática es más evidente
que nunca. Frente a ella, no nos vale ni la derecha negacionista amiga de los
empresarios que la producen ni el bloque “progresista” que en cinco años no ha
tomado una sola medida efectiva. ¡Salgamos a luchar por un salida
revolucionaria y socialista!
La
Izquierda Diario de España (https://acortar.link/8d1xMu)
Venimos
de un verano donde la crisis climática se ha hecho notar más que nunca.
Incendios en todo el hemisferio norte que tiñeron de rojo los cielos de Nueva
York, alertas por calor que dejaron 45ºC en México, 52ºC en China y más de 53ºC
en el Valle de la Muerte de California… unas temperaturas y desastres que rozan
lo inhabitable y que amenazan la vida de millones de personas.
En
el Estado español se han sufrido 4 olas de calor este verano: 20 días de
temperaturas asfixiantes y el fallecimiento de más de 2.000 personas. Unas olas
de calor que el año pasado dejaron un total de 61.000 muertos en todo Europa.
Esta emergencia climática se suma a la guerra de Ucrania, con cuyos efectos los
gobiernos de la Unión Europea han renunciado a sus modestos planes de
reconversión ecológica: han aumentado el uso de combustibles fósiles y han
pasado a considerar el gas y la nuclear como energías verdes e invierten
millones en la industria armamentística (una de las más contaminantes) para
llevarnos a nuevos escenarios de conflicto y guerras.
Además,
los países europeos mantienen una dominación imperialista con aquellos donde se
encuentran los recursos necesarios para la supuesta transición ecológica que
quieren llevar a cabo. Solo un ejemplo: los lazos de explotación y
extractivismo con países como Argentina, Bolivia y Chile, donde se encuentra la
mayor parte del litio utilizado para hacer baterías de coches eléctricos.
Oponernos a la crisis climática es hacerlo también a los supuestos planes de
reconversión ecológica que empobrecen regiones enteras, desposeen a las
comunidades originarias y dejan un desastre ambiental, como en el caso de las
minas de litio.
Esta
crisis ecológica se siente especialmente en la juventud, que somos quienes
vamos a tener que lidiar con sus peores consecuencias. Una juventud a la que
nos dicen que es más fácil el fin del mundo que el del capitalismo. Además,
somos quienes sufrimos más precariedad laboral, problemas de salud mental,
problemas económicos en nuestras familias que nos impiden estudiar lo que
queremos, dificultad para independizarnos, persecución policial… y todo ello se
suma a un sistema educativo que nos obliga a memorizar sin pensar y donde no se
abordan los grandes problemas sociales como el machismo, el racismo, la
LGTBifobia ni la crisis ecológica.
Lxs
jóvenes estamos hartxs de ver cómo avanzan las ideas reaccionarias de la
derecha en nuestras aulas y cómo se instala su discurso que nos persigue y que
niega el cambio climático. Hartxs de discursos como el de Ayuso que dice que
contra la crisis climática hay que poner plantas en los balcones o como el de
Vox que dice que el cambio climático evitará muertes por frío. Pero también
estamos cansadxs de que quienes dicen que van a parar a la derecha tampoco
hagan nada. El gobierno “progresista” rescató con 1.350 millones de euros a las
eléctricas, aumentó un 26% el gasto militar en 2023 y permitió infiltraciones
policiales en grupos ecologistas. ¿Así se para a la derecha?
A
la juventud se nos dijo que teníamos que votarles porque venía la derecha. Pero
dos meses más tarde, los supuestos “progresistas” prefieren una España facha
que rota. Prefieren poner por delante la sacrosanta unidad de España y avalar
la represión al movimiento democrático catalán que aceptar la amnistía de los
encausados por luchar en Catalunya para no repetir las elecciones. Prefieren
declarar terroristas a los grupos ecologistas Extinction Rebellion y Futuro
Vegetal antes que a las eléctricas que contaminan o a los bancos que
desahucian.
En
Catalunya, ERC aprobó los presupuestos de la mano de PSC y Comunes con
megaproyectos a medida de la patronal catalana. Casinos y carreteras para
continuar apostando por un modelo de turismo masivo, precario y contaminación
mientras se busca una vía para la ampliación del aeropuerto.
Por
eso, este 15 de septiembre, desde Contracorriente y Pan y Rosas salimos a la
calle en una nueva Huelga Climática Global. Salimos para decir bien alto que
frente a la extrema derecha negacionista, el bloque “progesista” no es una
alternativa, que no estamos dispuestas a aceptar la represión estatal y que
exigimos la amnistía de todos los represaliados por luchar: ecologistas,
sindicales, del movimiento democrático catalán, trabajadores en huelgas y un
largo etcétera. Salimos para pelear por el fin de este sistema asesino que nos
deja sin futuro.
Porque
hay una alternativa: la que va de la mano, no de las empresas, sino de los y
las trabajadores, las mujeres, las migrantes, las personas LGTB y el resto de
los sectores a los que este sistema asesino no tiene nada que ofrecer. Uno que
con la fuerza de la clase trabajadora pueda poner en jaque este sistema y a sus
gobiernos. Uno que siga el ejemplo de la lucha en Jujuy (Argentina) donde la
clase trabajadora y el pueblo se levantaron para exigir el fin del saqueo del
litio y la represión de la movilización. Para seguir el ejemplo de Francia,
donde la clase trabajadora y los estudiantes salieron a pelear contra el
aumento de la edad de jubilación de Macron. Para seguir el ejemplo de lxs
grandes luchadores que han puesto en pie revoluciones como la Revolución rusa.
Ese es nuestro ejemplo: hay una salida socialista y está en nuestras manos
construirla.
¡Si
el capitalismo destruye el planeta, destruyamos el capitalismo! Ni derecha
negacionista, ni bloque “progresista”. ¡En lucha por una salida revolucionaria
y socialista!
No comments:
Post a Comment