ÁLVARO GARCÍA LINERA: “SIEMPRE HAY UNA SALIDA PROGRESISTA”

El progresismo de la primera oleada era rupturista. Se iniciaba el mundo con ellos: un nuevo sistema político, un nuevo sistema de ideas, una nueva economía. El segundo progresismo es administrativo

Álvaro García Linera es un referente ineludible de los proyectos progresistas de América Latina. Como intelectual, por la potencia de sus trabajos sobre el Estado, la revolución y lo plebeyo. Como político, por haber sido vicepresidente de Bolivia durante los gobiernos de Evo Morales entre 2006 y 2019. Iván Schuliaquer lo entrevistó en Batalla cultural (Anfibia Podcast). Publicamos acá la charla completa: el empate en la disputa por la hegemonía, las fallas y los horizontes del progresismo latinoamericano, el crecimiento y los límites de las derechas: “Siempre hay una salida progresista”, dice.
En este momento, América Latina tiene, en su mayoría, gobiernos de centroizquierda o de izquierda. Incluso incorporó algunos países que no habían formado parte de la primera oleada de inicios de siglo como México y Colombia. Sin embargo, esta segunda oleada pareciera estar muy lejos de generar una hegemonía parecida a la que tenía la izquierda hace una década. ¿A qué obedece eso?
Sí. Hubo una primera oleada denominada así por la emergencia de gobiernos progresistas a inicios del siglo XXI. Argentina con Néstor Kirchner, Ecuador con Correa, Bolivia con Evo, Lula en su primera gestión. Comienza en 2003-2004: Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Uruguay, Paraguay. Y fue una oleada progresista que en gran parte se sostuvo sobre la existencia de grandes movilizaciones sociales. Una oleada de movilización es algo decisivo al momento de entender el comportamiento social, porque una oleada de movilización rompe los esquemas cognitivos de la sociedad: lo posible, lo creíble, lo decible. Si un gobierno progresista, entonces, se monta sobre esa oleada, sus posibilidades y sus chances de transformación son mucho mayores.
Luego vino un momento de repliegue, de cansancio, y un regreso de gobiernos conservadores: en Argentina, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Brasil. Y a partir de los años 2018 y 2019, comienza una segunda oleada progresista, más extensa geográficamente ―porque incluye a Bolivia, Brasil y Argentina―, pero suma a México, Chile y Colombia. Es una segunda oleada más expansiva territorialmente, pero de otras características. Si es más expansiva territorialmente, es más superficial en su densidad.
Por varios motivos. Uno de ellos es que quizás es una ola más cansada. La primera fue muy intensa y muy esperanzadora, de grandes reformas. La segunda ya no, llega cansada a la batalla. Enfrenta a una derecha más articulada, más reorganizada después de las derrotas de los años 2003, 2005, 2010. Es una derecha más canchera: toma las calles, hace la batalla cultural a su modo, se moviliza, ocupa las redes, es más agresiva y puede meter la herida en los errores de las izquierdas y los progresismos gobernantes. Antes no podía. Antes estábamos casi impolutos porque no habíamos gobernado. Pero después de gobernar siempre vas a cometer errores, fallas, ausencias. Ahí viene la derecha y le echa sal para que esa herida nunca cierre.
Pero también porque esta segunda oleada no vino acompañada de grandes movilizaciones (con la excepción de Colombia que es la que ha dado pasos más radicales). Ya no es una oleada que viene sobre la fuerza de la movilización. Lo que ocurrió en Chile, por ejemplo, es un pleno repliegue de la movilización, es la resaca, no hay algo que lo empuje a Boric. Entonces tienes un progresismo algo desteñido y, a la vez, liderazgos más moderados. Es un progresismo que viene a administrar y no a transformar.
El progresismo de la primera oleada era rupturista. Se iniciaba el mundo con ellos: un nuevo sistema político, un nuevo sistema de ideas, una nueva economía. El segundo progresismo es administrativo. “Tranquilos, muchachos, administremos lo que hay, ajustando un poquito por aquí o por allá”. Quieren ser parte de un sistema político, mientras el primer progresismo no quería ser parte de ningún sistema político. Allí el progresismo era el sistema político. Con él se ordenaba el mundo. El segundo progresismo, en cambio, quiere encontrar su espacio en un sistema político a mediano plazo. Se vuelven más timoratos, más calculadores, transan más fácil. Se aplacan con mayor velocidad. Y es un progresismo que por eso, por esa falta de fuerza de los líderes que lo empujan, por esta ausencia de pueblo en las calles, se plantean preservar lo existente antes que conquistar cosas nuevas.
Y, claro, la derecha no te perdona: te ve débil, te ve que te parás un rato para tomar agua y viene a la yugular. Siempre ha sido así. Algunos líderes creían que no, que se podía encontrar una manera de convivencia civilizada con las derechas. No, las derechas no te perdonan, quieren verte bajo tierra. Te soportan cuando tienes fuerza. Pero cuando no la tienes van por ti y se ponen a bailar encima de tu cerebro.
Esta segunda oleada progresista es débil, poco densa y, me atrevo a decir, temporal. La hipótesis que tengo es que, en estos tiempos liminales, vamos a tener progresismos de corta duración y derechismos de corta duración: hegemonías cortas, tanto de izquierdas como de derechas. Hasta que en algún momento se realinee el destino para un lado u otro y se inicie un ciclo largo de 20 o 30 años.
Una cosa que se está viendo también es que más allá de esta segunda oleada cansada, los tiempos nacionales parecieran menos coincidentes que antes. Es decir, estas idas y vueltas entre derechas (duras o extremas) y progresismos más tímidos. ¿Dónde pensás que se va a terminar de definir ese juego y de qué forma? Imagino que tiene que ver con la capacidad de las respuestas políticas de generar un diagnóstico sobre la situación, algún tipo de solución, pero también la pregunta es si esa solución va a ser necesariamente democrática.
Yo creo que este es un tiempo de transición estructural mundial. América Latina inaugura ese ciclo de transición: un modelo de acumular la riqueza, de gestionarla, de producirla, de una manera de legitimar esas relaciones. El modelo neoliberal de libre mercado se inauguró en los años ochenta y, a su vez, sustituyó el modelo de Estado de bienestar (o desarrollista) que comenzó en los años cuarenta. Y el modelo neoliberal ha entrado en turbulencia; no ha desaparecido, pero comienza a resquebrajarse.
Deja de generar los entusiasmos de antes. En ese contexto viene la crisis a nivel mundial del 2008, luego viene el Covid, luego la guerra de Ucrania. Y ahí tienes economías del mundo tanteando, avizorando lo que viene y haciendo políticas híbridas. Tienes a un Trump que te propugna proteger a Estados Unidos. “América primero” dice. Y luego viene Biden, “progresista”, y dice “vamos a hacer puentes, carreteras, celulares, autos eléctricos norteamericanos con materias primas norteamericanas y mano de obra norteamericana”. Eso hace 20 años era una locura, un arcaísmo comunista fracasado. Pues bien, ahora Biden subvenciona a su economía; los europeos también, con el 3, 4, 5% de su PBI subvencionan la energía, la industria.
Comienza una búsqueda de nuevos modelos alternativos. Y ahora tienes un tiempo híbrido: políticas de libre comercio con políticas proteccionistas, políticas de globalización con políticas de subvención. Es confuso. América Latina está en medio de ese vórtice, de ese reacomodo mundial.
No se sabe cuál será el nuevo modelo de acumulación. Hay unos que dicen “regresemos a las leyes paleolíticas del libre mercado, regresemos a los gloriosos años 90, donde todo se privatizaba o donde las fronteras estaban abiertas”. Y otros dicen “no, hagamos esta mixtura, esta política anfibia de globalismo y proteccionismo”. China dice: “momento, caballeros, libre mercado con partido único”. Nadie tiene, entonces, la certidumbre de qué será lo mejor a futuro: se hacen ensayos. El derrumbe del viejo régimen y la búsqueda de un nuevo régimen económico y político va a durar todavía una década más. Es normal.
Desde 2010 hay un caos sistémico mundial. Mi cálculo es que todavía vas a tener una década así hasta que despunte el nuevo modelo de acumulación. ¿Quizás sea ese tipo de economía híbrida del libre mercado con proteccionismo? Al menos los países más desarrollados están apuntando a eso. ¿Será el modelo chino de libre mercado, pero con menos libertades democráticas-liberales? ¿Será otro tipo de progresismo a lo latinoamericano? ¿O será un regreso al libre mercado, pero ahora ya no seduciendo, sino garroteando y con el palo detrás de los insumisos?
¿Cuál va a triunfar? El que entre con más vigor, el que logre mayor respaldo social y el que estabilice la economía a largo plazo. Quien logre dar certidumbre en un mundo que ha extraviado la certidumbre y las certezas predictivas de las personas va a tener más opciones. Y creo que la salida es planetaria. Cuando me preguntabas al principio por la primera oleada, América Latina emergió con mucha fuerza, pero no nos acompañó el resto del mundo, que todavía glorificaba al libre mercado.
Estas cosas no se resuelven regionalmente. No es que América Latina va a salir sola. Como ocurrió en los años cuarenta y en los ochenta este es un tema que se resuelve mundialmente. Y el nuevo modelo de acumulación que genere estabilidad, crecimiento, distribución de la riqueza y legitimación política también va a tener una resolución mundial. ¿Cuál será? Hay posibilidades de todo tipo. De hecho, los neoliberales están propugnando un neoliberalismo autoritario que se toca con el fascismo. Un intento de solucionar los problemas, de garantizar estabilidad, privatizando todo, pero ahora sin hacer caso a presiones sociales.
Hace bastante tiempo que venís diciendo que esto se va a resolver en la economía. Ya que este podcast se llama Batalla cultural, quería preguntarte si a veces no hay una idea, algo voluntarista, de pensar que todo se resuelve bastante con la disputa cultural (como si pudiera escindirse) perdiendo de vista a veces esa dimensión más material. ¿Hasta qué punto estos progresismos de los que hablabas colocan lo material en el centro? ¿Ves que esa nueva agenda que deberían tener (y que quizás no tuvieron) está vinculada con eso?
Resuena en mi cabeza una frase contundente de un revolucionario ruso de hace 100 años: “La política es economía concentrada”. La cultura y la batalla cultural y política es economía concentrada. Con otros signos, con otras gestualidades, pero siempre nos atraviesa la economía. Y la economía es, también, política y cultura sublimada. Es lo uno y lo otro: están entrelazados. No es que si resuelves la economía automáticamente se resuelve la política.Porque para resolver la economía necesitas políticas, ideas, esquemas mentales, horizontes predictivos. La política es fundamentalmente la disputa por el horizonte predictivo de una sociedad, el monopolio del horizonte predictivo.
¿Qué es el horizonte predictivo? La capacidad de imaginar lo que viene de aquí a un año o dos. Si vas a poder ahorrar, si vas a poder viajar, si vas a poder comprar una bici, si vas a poder darle mejor ropa a tu hija, si vas a mejorar su alimento. Eso hace funcionar la economía. Esa creencia en lo que ocurrirá a futuro hace funcionar tu ahorro en los bancos, tu mayor sacrificio en el trabajo, el soportar que te reduzcan el salario o el buscar otro trabajo con más salario. El ir al supermercado, el comprar más o menos, se mueve en torno a las creencias de las personas. Hay que verlo en la dinámica conjunta.
Pelea por las ideas, por el horizonte predictivo, pero para que esto tenga sustento, credibilidad, facticidad práctica, que tenga un correlato también con el dinero de mi bolsillo, con los precios, con lo que puedo ahorrar en el banco, con lo que me están pagando mi salario. Si no tiene ese correlato, mi horizonte predictivo se esfuma. Y viceversa: si ese correlato práctico de salario, ingresos, ahorros, no viene revestido de un imaginario, tampoco tiene efecto ni va a ser duradero. Ambos se necesitan. La batalla cultural es ya una batalla económica, y la batalla económica tiene componentes de batalla cultural. Y la solución en uno te ayuda a la solución en el otro y viceversa. Entonces nunca puedes hacer las transformaciones sin caminar con los dos pies.
Hace tres años tuvimos el placer de entrevistarte. Era otro momento, plena pandemia. Gran parte de tu reflexión teórica ahí tenía que ver con el rol del Estado, con la centralidad que retomaba el Estado. Todos los exégetas del mercado de golpe habían pedido por favor que el Estado los socorriera y, al mismo tiempo, la gente había vuelto a ese impulso primario de pedir protección al Estado. En ese momento vos me decías una frase que viene a tono con lo que con lo que veníamos hablando, que te quería hacer escuchar: “Un escenario de creatividad y de articulación social se ha abierto en el mundo entero por un tiempo. Y si las fuerzas de izquierda no hacen su trabajo y no se esfuerzan y no se preocupan un escenario salvacionista o autoritario fácilmente con el tiempo puede imponerse en esas grietas. Y salidas autoritarias, como están pasando con los países de América Latina, bien pudieran irradiarse y expandirse en el mundo entero”.
Casi visionario (ríe). Me mantengo en el espíritu general de esa idea. Cuando los viejos sistemas de legitimación política y de organización de la economía comienzan a andar mal, a tropezarse, como ha pasado con el neoliberalismo, las élites y las sociedades comienzan a buscar opciones de todo tipo. Progresistas, por ejemplo. Si hay líderes con audacia que entienden ese mensaje, pueden animarse y empujar la economía: nacionalizar, distribuir y sacar a la gente de la pobreza.
Pero también hay propuestas muy regresivas que dicen “no, si ahora el neoliberalismo está funcionando mal es porque no se lo ha aplicado bien, porque se lo ha pervertido. Hay que regresar al núcleo originario del verdadero neoliberalismo, que es mercado absoluto y cero Estado”. Si el gobierno progresista que estaba administrando el Estado, en vez de solucionar las angustias de la gente, las incrementa, claro que vas a encontrar a gente dispuesta a oír. Y quizás la salida es para atrás. Eso, a su modo, fue Bolsonaro: privatizar. Privatizaron lo que quedaba de Petrobras, también su empresa de electricidad, y en el camino se encontraron con que, de todas formas, la crisis no se resolvía.
Un compañero dijo que hay que componer nuevas canciones. Me gusta. La próxima oleada progresista necesita otra melodía: nuevos líderes que miren con respeto lo que hicimos antes, pero que nos superen, que vayan más allá.
Es lógico que en estos momentos de incertidumbre en los que el viejo modelo global ya no funciona bien surjan respuestas más autoritarias. Y esas respuestas van a alimentarse si además un progresismo llega al gobierno y no resuelve los problemas de la gente. Va a insuflar a los neoliberales paleolíticos a decir “oigan, cero Estado, cero impuestos, cero subvenciones, regresemos al modelo originario. Porque, miren, cuando hubo Estado la inflación se duplicó, el dólar aumentó. Regresemos a lo anterior”.
En general, en este interregno surgen propuestas conservadoras, autoritarias y racistas. ¿Por qué autoritarias? Porque es un neoliberalismo que dice: “hoy estamos mal por culpa de alguien, por culpa del Estado, por culpa de los impuestos. Y a los que propugnan protección y Estado vamos a tener que soltarles la mano. Hay demasiados derechos para las mujeres, demasiado libertinaje para los sindicalistas, demasiado desorden y demasiados migrantes que nos quitan los trabajos”.
Es una mirada represiva de los problemas y su respuesta es regresar al mercado. Distinto al neoliberalismo de los años ochenta que decía: “No hay más opciones, caballeros. Se cayó el muro de Berlín. Vengan acá. Este es el único camino”. Era un neoliberalismo irradiante, expansivo y seductor. Este no, este es coercitivo: “si no se dejan castigar, una cárcel como la de Bukele”. Es otro el lenguaje. La receta económica sigue siendo la misma, pero está atravesada por otra narrativa discursiva de la sanción, el odio, la represión.
Esto surge en el mundo entero, pero adquiere más audiencia y tiende a volverse popular (algo curioso) si encima esa propuesta está precedida por el fracaso del progresismo, del estatismo. Les es más difícil cuando el gobierno que ha generado el malestar es de derechas, porque no lo pueden justificar. El neoliberalismo autoritario ya existe, pero va a adquirir mayor presencia social si es un gobierno progresista el que no cumplió su promesa. Y por eso el progresismo no debe buscar ser un partido más del establishment moderado administrativo. En tiempos convulsos, la moderación es tu derrota, la moderación es tu fracaso.
El progresismo está obligado a acelerar la historia, a transformar, a arriesgarse. Porque si no hace eso y se modera los problemas no se resuelven. Y la “solución” pasa por dinamitar el Estado, es decir, dinamitar los derechos de la gente. Porque el Estado es lo común que tiene una sociedad, el depositario de lo que una sociedad ha construido a lo largo de décadas y de siglos, de luchas y de levantamientos, de fracasos y de movilizaciones. Y eso es un estorbo para el neoliberalismo.
Quieren sustituirlo por “lo privado”. Aunque ninguna nación sea una suma de propietarios privados: eso es un mercado. Una nación es la suma de nuestras victorias, de nuestro deporte, de nuestras luchas, de nuestras guerras, de nuestras emancipaciones, de nuestras movilizaciones, de nuestros conciertos, de nuestras satisfacciones colectivas que han sido sedimentadas y acumuladas como derechos, como narrativa histórica, como héroes, como tradición nacional.
En un país solamente de propietarios el que gana es el más grande. Siempre el propietario más grande va a abusar del propietario pequeñito. Pero un país con cosas comunes encuentra en lo común una manera de resistir la angurria de los más grandes, de ponerle freno a los más poderosos. Sin común, el más grande te devora, te tritura, te aplasta para volverse más grande. Porque es un tema de propiedad y el que tiene más propiedad tiene más opciones de poder comprarte. Lo que detiene esa angurria es lo común, lo que no tiene propiedad, lo que es de todos. Ambigua, maltratada, a veces mal usada, pero el Estado es el freno que tienen las sociedades para que la gran propiedad no los triture. Este es un momento muy complicado a nivel continental y se vuelve aún más complicado si fracasa el progresismo y entran ―con alfombra roja― los autoritarios.
Y si llegan los autoritarios y avanzan estas agendas ya desde el Estado, ¿qué lugar le queda a los que sostienen una agenda progresista, de izquierda, nacional-popular?
Sí, estos neoliberalismos autoritarios, represivos, son una especie de parques jurásicos. El mundo está yendo por otro lado. Fíjate cómo está gobernando Biden: ha promulgado leyes para subvencionar su industria, para que Estados Unidos sea una potencia frente a China en áreas de biotecnología, microchips, inteligencia artificial, temas de seguridad nacional. Pero no estoy hablando de una subvención del 0,1% del PBI, sino de 3, 4, 5% del PBI anual. Estados Unidos está implementando políticas proteccionistas en su competencia con China.
No es que sea un keynesiano, pero se da cuenta de que, geopolíticamente, si no potencia su industria, se va a convertir en un supermercado jalado de los pelos por los chinos. Y lo ha hecho también Europa, que dedica el 3,5% anual de su PBI para subvencionar a sus industrias y va a prohibir ciertos productos. Europa y Estados Unidos están girando hacia políticas proteccionistas sin dejar de apoyar a sus empresarios. Y en América Latina, algunos países (como Brasil con Bolsonaro) quisieron regresar a los años noventa y resultó un arcaísmo. Por eso es un parque jurásico: si llega el autoritarismo va a ser una extravagancia de tres o cuatro años, pero que puede hacer mucho daño. Son un túnel en el tiempo de regreso hacia el pasado
En primer lugar, no les veo mucho futuro. Estructuralmente y a nivel global, estas experiencias de parques jurásicos económicos neoliberales no tienen futuro en un mundo que está combinando libre mercado con proteccionismo. Pero, en segundo lugar, ¿qué le queda a las fuerzas progresistas? Hacer lo que siempre han hecho y con más audacia. Entender que es tiempo de pelear, de luchar por lo que consideran sus derechos. Y creo que América Latina tiene que entender que la tercera oleada no puede ser el recuerdo melancólico de la primera. La primera oleada cumplió su función. Y los líderes que estuvimos ahí cumplimos nuestro trabajo. Y ya. Habrá otros, con otras ideas, con otros liderazgos, con otras propuestas, con otras audacias.
Porque el mundo que enfrentamos nosotros a inicios del 2005 es muy distinto al de ahora. Lo que hicimos ha modificado nuestros países, pero no podemos seguir repitiendo esos discursos, esas canciones. Decía un compañero: “se necesitan otras canciones”. Me gusta. Se necesita otra melodía en la oleada que vendrá. Y eso significa nuevos líderes que miren con respeto lo que hicimos antes, pero que nos superen, que vayan más allá. Que no sean iguales a nosotros, que entren en la historia con su propia personalidad. Y los que estamos vivos apoyarlos porque corresponde a otra generación, a otro momento histórico, a otras necesidades y a otras angustias.
Nosotros entendimos en qué país estábamos e hicimos lo que pudimos. Y la gente se acordará que hicimos cosas buenas. El país de ahora es distinto. Nosotros entramos a una Bolivia en la que el 60% era pobre. Ahora, el 35% lo es. Es otro país, tiene otras expectativas, son otros jóvenes, es otra experiencia. Tienen Internet, tienen redes; a mí no me tocó eso. Y los jóvenes que ahora tienen entre 15 y 20 años no me conocieron. Sus padres, que eran muy pobres y no podían comer dos veces al día, ahora comen tres veces al día y tienen otras expectativas. El nuevo líder tiene que entender a esos jóvenes que buscan otras cosas, otro ascenso social, otro tipo de consumo.
En este último tiempo las sociedades han mejorado en derechos, pero han retrocedido en la formalidad de su población. Hay que entender a esos informales, son el 50% de los trabajadores. La inflación les afecta. El nuevo progresismo tendrá que hablarle a esos que no viven del trabajo formal, que no tienen sindicato, que no tienen ingresos fijos; a esos jóvenes que no conocieron lo que hicimos hace 20 años.
Si hay un regreso conservador y autoritario, entonces, hay que luchar, otra vez, desde abajo y para todos, como se hizo antes. Pero el “todos” de hoy es distinto al de hace 20 años. Necesitas líderes que entiendan a este nuevo pueblo en sus angustias más concretas: de imaginación, de recreación, de alimentación, de remuneración. Y en torno a eso a armar luchas, resistencias, movilizaciones. Yo estoy seguro de que los neoliberales autoritarios no van a resolver los problemas de la gente. No lo hicieron hace 20 años y terminaron saliendo en helicóptero. ¿Por lo que resolverlo hoy? ¿Qué es lo distinto en el recetario neoliberal? Nada, van a generar más sufrimiento, más injusticia. Tiene que haber líderes que tengan la capacidad de articular ese sufrimiento en acciones colectivas.
Seguramente la gente le dará uno o dos años de cheque en blanco a los nuevos gobernantes. Pero ese cheque en blanco tiene fecha de caducidad. Y esto no es una conspiración comunista, es el sentido común de la gente humilde. Pues hay que estar en ese momento en que la gente le rompa el cheque en blanco al mal gobierno y comience a manifestar deseos de superación colectiva, ya no individual.
Ahí tienen que estar los nuevos líderes para articular esas luchas y expectativas en un nuevo programa de reformas progresista. Creo que esta década va a dar todavía para mi hipótesis de que los regresos autoritarios tienen pies cortos, como el de Bolsonaro. Y eso dará pie para la emergencia de un nuevo proyecto progresista, uno con nuevos rostros, nuevos discursos y nuevas formas organizativas. La nueva generación de líderes tiene que tener la osadía de asumir sus nuevos retos, sin melancolía y sin añoranzas. Con respeto por la historia, pero con suficiente audacia y creatividad para emprender la transformación del presente hacia un futuro imaginado por ellos.
Por eso soy optimista a mediano plazo. Porque el neoliberalismo, aunque construya muchas cárceles, no va a resolver los problemas de la gente. Ya sabemos que no lo hizo. La gente necesita pasar esa experiencia, pero sabiendo encontrar sus resistencias, sus decepciones, para canalizarlas hacia un nuevo optimismo histórico, de una nueva oleada progresista que sí resuelva la angustia de las personas. ¿Es posible la resolución de esas angustias con salidas progresistas? Claro que sí. La inflación de Bolivia (“que somos populistas, que somos indianistas”) es del 2% anual.
¿Y sabes cuánto crecimos nosotros durante 17 años? 4,5% anual. Los populistas hacemos eso. Los progresistas también, y hemos reducido la pobreza a la mitad. Los populismos también pueden resolver los problemas de la gente. Para eso existen: para resolver los verdaderos problemas de las personas, de los más pobres, de los más humildes, de la gente abandonada. Siempre hay una salida progresista. Hemos nacionalizado, hemos subido impuestos, hemos sacado las ganancias de los bancos para llevarlos a la industria.
Siempre hay medios técnicos de economía política para resolver, pero si te colocas del lado de los pobres y dices: “no es que mi enemigo sean los ricos, pero en estos tiempos de crisis les toca a ellos abrir la billetera para que llegue la comida a los pobres”. Luego ya habrá mejores tiempos en que no será tanto así. Pero cuando hay problemas es en la billetera de los ricos que está la solución a la angustia de los pobres.
Y tiene que haber líderes que se animen a hacer eso con audacia, con fuerza. ¿Hay una salida progresista a la inflación y a la informalidad? Claro que la hay. Busquen, inventen. Lo que no se puede decir es que no hay alternativa. Está prohibido decir eso en estos tiempos. Nueva Revolución de España (https://acortar.link/RhGbvM)
 
 
 
 
 
¿POR QUÉ LOS CHINOS QUIEREN COMPRAR TONELADAS DE QUINUA COLOMBIANA?
 
De la visita del Petro a Beijing quedó el interés por la carne nacional pero también por está mágica semilla que en Colombia la cultivan Sumapaz Foods y Papayazul
 
La Dos Orillas de Colombia (https://acortar.link/epPcLh)
 
Mucho antes de que llegaran en barcos los hombres blancos la quinua, junto con el maíz, el frijol, el amaranto y la papa, era el alimento de los indígenas que habitaban los Andes. Desde siempre se ha intentado llevar a Europa. Sólo en pocos países de Suramérica se da esta proteína poderosa: en Bolivia, Ecuador, Chile y Colombia. Se empezó a cultivar hace 4.000 años, sin embargo hay evidencia de la planta en pueblos que datan de hace 7 milenios como los Tiahanacu en Bolivia. Existen más de 3.000 tipos de quinua.
Hubo una época en la que en este país los cultivos de Quinua rebozaban los campos de la cordillera de Los Andes. Pero, con la Conquista, el cultivo se fue dejando a un lado. En el siglo XVI los españoles incluso intentaron demonizar el consumo de este grano. Se le señaló de que los indios la preparaban como una especie de rito que iba en contra de las creencias cristianas. A pesar de lo que buscaban los europeos la quinua jamás desapareció. Su cultivo se transformó en una forma de resistencia. De aguante. Se hacían panes con su harina. Sin que los españoles lo sospechara la quinua se consumía, se frotaba, se masticaba. Y así soportó el paso de los tiempos. En Colombia nunca se dejó de cultivar a pesar de que tuvo sus momentos de crisis.
Actualmente las empresas que lideran el cultivo y que ya están exportando Sumapaz Foods y Papayazul
Los beneficios de la quinua
Esta es una planta que, como pocas, se aprovecha toda, desde las hojas hasta el tallo, pasando por la semilla. Además, por el proceso en el que se saca lo mejor de ella, es amigable hasta con el medio ambiente, en tiempos del cambio climático.
El mismo color de la planta se puede transformar en pigmento, del tallo se obtienen ceniza o concentrado para animales. El tallo también se puede usar para crear papel o incluso cartón. En países como Bolivia y Perú, en donde jamás se dejó de cultivar quinua, los componentes del grano han servido para crear detergentes, cosméticos y hasta le han servido a la industria farmacéutica como en la creación de champú y sales de baño. Del grano pelado es de donde sacan el alimento, transformado en hojuelas, granola y harina.
Para los vegetarianos, una población en constante crecimiento entre los menores de 30 años, es común que hagan albóndigas, galletas y panes. Según el estudio creado por Luz Alexandra Montoya, Lucero Martínez y Johana Peralta Ballesteros, titulado Análisis de variables estratégicas para la conformación de una cadena de quinua productiva en Colombia, en el país las pastas (fideos, spaguettis) se fabrican con un 20% de quinua. Si una persona es intolerante al gluten y le fascinan las pastas, podría encontrar en los fideos hechos de 100% de quinua una solución a sus problemas. La comida que se consume en la China tiene un alto componente de pastas. La quinua podría representar una importante alternativa a la harina.
La grasa que tiene la quinua sirve para la gente que tiene problemas con la coagulación de la sangre. La quinua además sirve para ayudar a las personas que sufren de estreñimiento. Sus almidones ayudan a acelerar la digestión. Debido a su alto componente de fibra sirve para obtener una sensación de llenura que ayuda a los que están buscando comer menos.
Un cultivo precolombino sagrado para los Incas que nunca ha dejado de cultivarse
En los años setenta lo que se cultivaba era muy poco: 6.000 hectáreas distribuidas en resguardos indígenas y en algunos sitios desperdigados del territorio. Sin embargo la Quinua revivió a partir del 2010. Los millenials, preocupados por su salud, la fueron incorporando en su dieta. En el 2020 habían sembradas 10 mil hectáreas que producían 20 mil toneladas al año, beneficiando a 20 mil familias de los departamentos del Cauca, Nariño, Boyacá y Cundinamarca. La quinua se consume en grano, harina, leche y diversos snacks.
En el año 2021 en el Cauca el gobierno de Iván Duque, hizo una importante inversión: 8.000 millones de pesos que salieron directamente del sistema general de regalías  que benefició de manera directa a más de 580 productores en los municipios de Silvia, Totoró, Bolívar y La Vega. Se necesitaba tecnificar aún más este cultivo y obtener nuevas variedades de este producto, recomendaciones técnicas para cuidar los cultivos y la incrementación de tecnologías para las labores de post cosecha del cultivo.
Aunque durante muchos años fue Nariño el departamento líder en el cultivo de quinua, el Cauca, con 2.391 hectáreas, está adelante en este tinglado en el país. Cerca de 3.000 familias viven de ella. Antes del viaje de Gustavo Petro a la China, realizado el pasado 23 de octubre, en donde se firmó un protocolo para formalizar la exportación del alimento a ese país, la quinua era comprada por Estados Unidos, Italia y los Países Bajos. También se llevaba en menor medida a Australia, España, Taiwán y los Emiratos Árabes. All tiempo que se hacia pública esta novedad por parte de los chinos, se formalizó la importación de la carne de res colombiana que provendrá departamentos de Córdoba, Sucre y César.
Una de las preocupaciones que quería exponer Petro en su encuentro con Xi Jinping era el desequilibrio de la balanza comercial en la que Colombia importa mucho y exporta poco. Los chinos han insistido en que están abiertos a las importaciones y este anuncio de compra de quinua es una buena señal en ese sentido. Una propuesta que a la delegación del gobierno colombiano la tomó por sorpresa.
 
 
 
 
 
ROSATOM Y BOLIVIA ALCANZAN NUEVAS ALTURAS CON LA INAUGURACIÓN DE UNA INSTALACIÓN NUCLEAR A GRAN ALTITUD
 
El avanzado complejo de reactores, equipado con tecnología rusa, posiciona a Bolivia para realizar investigaciones científicas tanto fundamentales como aplicadas.
 
Financial Express Com. (https://acortar.link/7bhVWo)
 
En Bolivia fue inaugurada oficialmente la instalación nuclear más alta del mundo, construida por Rosatom por encargo de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear (ABEN) a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Este hito histórico fue testigo de la instalación de la primera vasija del reactor de investigación y la inauguración del Centro de Irradiación Multipropósito (MIC) en el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Nuclear (CNRTD) en El Alto.
El avanzado complejo de reactores, equipado con tecnología rusa , posiciona a Bolivia para realizar investigaciones científicas tanto fundamentales como aplicadas. Esto significa un salto significativo para varios sectores económicos, en particular la industria del litio . Además, el reactor de investigación desempeñará un papel fundamental en la producción de radioisótopos y servirá como campo de entrenamiento para el personal de las futuras instalaciones nucleares.
El presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, expresó su agradecimiento y destacó el papel del centro en el procesamiento de productos agrícolas, el cumplimiento de estándares internacionales y la facilitación de las exportaciones. Elogió la colaboración con Rusia y Rosatom por hacer posible este logro.
Alexey Likhachev, director general de la Corporación Estatal Rosatom, destacó la naturaleza extraordinaria de este proyecto, que establece un récord mundial para la construcción de una vasija de presión para un reactor de investigación a tan alta altitud. Atribuyó el éxito a la fuerte cooperación con los socios bolivianos y a las innovadoras soluciones de ingeniería empleadas por Rosatom.
En particular, además del reactor de investigación y el MIC, el proyecto CNRTD incluye un complejo ciclotrón para la producción de radiofármacos (ya puesto en funcionamiento en marzo de 2023) y un laboratorio dedicado a la radiobiología y la radioecología. La fecha prevista de finalización de todas las instalaciones del centro está fijada para 2025.
El acto de inauguración contó con la presencia del Presidente Luis Alberto Arce Catacora y la participación virtual de Alexei Likhachev, Director General de la Corporación Estatal Rosatom.
En resumen, la apertura de esta instalación nuclear a gran altura simboliza la profunda asociación entre Bolivia y Rusia, allanando el camino para los avances científicos y el crecimiento económico en Bolivia, particularmente en industrias como la producción de litio y las exportaciones agrícolas. Esta colaboración es un testimonio del poder de la cooperación internacional para impulsar la innovación y el desarrollo en sectores críticos.
 
 
 
 
BOLIVIA. VIOLENCIA E IMPUNIDAD AMENAZAN CON SILENCIAR VOCES DE MUJERES PERIODISTAS
 
En 2022, en Bolivia se registraron 202 vulneraciones a la libertad de prensa, tres veces más que en 2021. El 37% de los casos fue por agresión a periodistas, el 12% por estigmatización, el 9% por amenazas, el 6% por criminalización. 35 denuncias fueron reportadas por mujeres periodistas. Los casos van en aumento y la impunidad también.
 
CIMAC Noticias de México (https://acortar.link/oFCxK5)
 
Adriana camina por las calles de Santa Cruz con miedo, si ve a un desconocido detrás cree que la va agredir, si ladra un perro se sobresalta. Las agresiones físicas, las amenazas de muerte y de violación hacen que se sienta vulnerable. Las autoridades no pudieron garantizar seguridad y ella tuvo que alejarse del periodismo.
“Ahora vivo con miedo constante, miedo de que me hagan algo”, dice.
Las amenazas a mujeres periodistas incluso ocurren en los pasillos del Palacio de Gobierno por quienes tienen vía libre para transitar en estos espacios, como le pasó a Beatriz. “Los periodistas no somos nada para las autoridades”, afirma y ve cómo la impunidad ha dado paso al aumento de agresiones que van desde señales e insultos sexistas, amenazas de muerte, difamación, golpizas, robo de instrumentos de trabajo, amedrentamiento judicial y hasta secuestros.
Las mujeres periodistas son parte de un universo de vulneraciones a la libertad de prensa y los derechos humanos, situación que se ha ido agravando en los últimos seis años. Muchas son atacadas, principalmente, por investigar e informar temas relacionados a corrupción, cuestionar al Gobierno, violaciones a derechos humanos o darles voz a las víctimas de casos de violencia feminicida. Las agresiones también surgen en la cobertura de conflictos sociales y vienen de ambos lados: policías, manifestantes o grupos en conflicto.
“Hoy el agredir a una mujer o a un hombre periodista es normal, nos hemos convertido en un blanco perfecto”, refiere Jorge Abrego, secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, quien reconoce que la palabra “prensa” ya no es sinónimo de respeto en el país, donde, en promedio, cada 3 días se vulneran los derechos de las y los periodistas.
El marco jurídico nacional e internacional de protección a periodistas tiene valor nominal en Bolivia, las voces gubernamentales sobre protección y apoyo al trabajo periodístico suenan a ironía en un país que en 2022 ha tenido una caída estrepitosa de 16 ubicaciones con relación a la libertad de prensa, de acuerdo a la clasificación mundial de Reporteros Sin Frontera (RSF). Entre 2006 y 2023, según la misma organización, Bolivia perdió 100 puestos de libertad de prensa.
Para este reportaje se revisó documentación generada por organizaciones, se entrevistó a víctimas, a representantes de gremios de periodistas y expertos en el tema. Los testimonios recogidos confirman la vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres periodistas y el desinterés del estado y sus autoridades.
Un Estado negligente frente a las agresiones
En Bolivia, un país que destaca por sus mayores índices de violencia de género y donde cada tres días ocurre un feminicidio, es difícil ser mujer y periodista. A las actitudes ya violentas contra el trabajo de la prensa se suman acciones de violencia simbólica, verbal y física por el sólo hecho de ser mujeres. Este contexto adverso se ve favorecido por diversas situaciones como la negligencia de las autoridades para sancionar o prevenir la agresión, el inoperante sistema judicial, la poca fortaleza de los gremios y de los medios de comunicación para apoyar la denuncia de las y los trabajadores. De igual manera, la polarización política y social y la falta de protocolos específicos para reaccionar frente a esta situación han ido conculcando los derechos de las y los periodistas generando debilitamiento del trabajo, autocensura y hasta el abandono del ejercicio.
“La violencia contra un periodista no es solo una agresión contra una víctima en particular, sino contra todos los miembros de la sociedad”, señaló ya en 2012 el relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de Naciones Unidas, Christof Heyns.
En el caso de las mujeres periodistas, esta violencia supone una amenaza para la diversidad en los medios de comunicación y para la deliberación democrática, debido a que “las periodistas a través de sus coberturas no solo buscan visibilizar vulneraciones, sino erradicar los estereotipos que aún persisten en la sociedad, como la discriminación por género u origen, el lenguaje sexista, la cosificación de la mujer o la revictimización”, señala la UNESCO en su informe global 2021/2022 (https://bitly.ws/V3B8  ).
“Las periodistas son agredidas a través de insultos verbales con sesgos de género, sufren humillaciones, destrozos de sus equipos, en algunas oportunidades han sido directamente agredidas  con golpes y escupitajos”, dice Zulema Alanes, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), que en marzo de este año, conjuntamente con las nueve asociaciones departamentales, presentó un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la visita “In Loco”, en el que denuncia que las y los periodistas en Bolivia están viviendo “una situación de violencia con impunidad”.
Tras la visita “In Loco”, la CIDH observó (https://bitly.ws/WpmL) “un amplio ejercicio de la libertad de prensa” en el país, pero, al mismo tiempo, expresó su preocupación por la “escalada de agresiones a periodistas en los últimos años” y la “falta de condiciones para ejercer esta profesión en Bolivia”.
De acuerdo al análisis realizado a los registros del monitoreo de la red Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), de enero 2018 a mayo 2023, las denuncias por vulneración a la libertad de prensa a hombres y mujeres periodistas sumaron 335, donde por cada tres hombres agredidos hay una mujer que sufre violencia en el ámbito periodístico.
Sin embargo, para las autoridades de Gobierno los derechos de los y las periodistas están garantizados. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, reiteró en abril de este año que “en el país existe amplia libertad de prensa y no solo libertad de expresión, y aquello no va cambiar” porque “el trabajo de los periodistas y los medios de comunicación está garantizado”, aunque discurra en medio de golpizas y en impunidad.
“En la medida que hay impunidad, se naturaliza la violencia”, remarca Alanes y lo evidencia con la agresión que sufrió la periodista Iris Toro de radio Kollasuyo, en Potosí, en marzo de este año. El gobierno no hizo nada por brindarle protección.
“Referente a ese incidente, el ministro de Justicia Iván Lima defendió enérgicamente al diputado Aberlado Colque tras la brutal agresión que sufrió y dijo ‘no vamos a permitir que queden en la impunidad estos hechos de vandalismo’, pero no mencionó nada sobre el ataque a la periodista, cuyos registros fueron los que seguramente luego sirvieron para sustentar la denuncia y defensa de Colque”.
Jorge Abrego, ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, recuerda que desde 2019 viene pidiendo, luego de presentar memoriales y requerimientos a las fiscalías departamentales y a la Fiscalía General, que se inicien las investigaciones por las agresiones a periodistas, sin resultados.
De acuerdo al reciente informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF) (https://bitly.ws/WpkZ), solo ocho países en el mundo gozan de libertad de expresión plena y ninguno de éstos figura en el continente americano. Bolivia se encuentra en la categoría “situación difícil” para ejercer el periodismo.
Mónica Bayá, secretaria técnica de la Comunidad de Derechos Humanos y coordinadora nacional de la Alianza Libres sin Violencia, señala que, si bien existe un marco legal referente a la libertad de expresión como derecho humano que es reconocido por la Constitución Política del Estado como por la Ley de Imprenta, que apoya la actividad periodística y a los medios de comunicación, “no existen políticas específicas de protección para las y los periodistas”.
En el mismo sentido, el especialista en Derechos Humanos y director ejecutivo de Libertades Laicas Bolivia, Paulo Bustillos, señala que si bien existen normativas que regulan el ejercicio de la profesión periodística, “todavía no se han instaurado mecanismos eficientes para prevenir, sancionar y establecer elementos que garanticen el cumplimiento efectivo de la libertad de expresión”, y al no existir elementos eficientes y efectivos “se genera la impunidad y ésta a su vez alienta la comisión de estos delitos”.
De los 335 casos registrados por UNITAS, referente a agresiones contra hombres y mujeres periodistas, ninguno fue investigado con probidad, no se logró identificar a los responsables ni se llegó a una sentencia. El gobierno no implementa protocolos ni aplica medidas de prevención, protección y sanción a las y los responsables. En las organizaciones de la sociedad civil estos hechos son parte de las estadísticas. La Defensoría del Pueblo solo emite pronunciamientos, al igual que los gremios, y no genera un Informe con recomendaciones a las instituciones públicas, sobre todo en el caso de mujeres periodistas.
Según el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS, durante 2022 se registraron 202 vulneraciones a la libertad de prensa y de éstas 75 fueron agresiones a periodistas con más de una decena de derechos vulnerados.
Acceso a la Justicia, encubrimiento e inoperancia
No existen datos centralizados a nivel nacional en el Ministerio Público ni es de conocimiento de los gremios la cantidad exacta de casos de periodistas agredidos. La Asociación de Periodistas de Santa Cruz, ciudad donde ocurrió la mayor cantidad de agresiones en el último año, es la que hace un seguimiento riguroso de los procesos y conoce muy de cerca la negligencia judicial.
La abogada de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Raquel Guerrero, dijo para este reportaje que de los 26 casos que llegaron a instancias judiciales, 19 fueron rechazados por la fiscalía, cinco están en instancias disciplinarias de la Policía, un caso está por ingresar al Ministerio de Justicia por la agresión de un abogado a una periodista y hay un proceso por calumnia realizado por un empresario a una periodista. En estos procesos hay cinco mujeres periodistas afectadas, una de ellas por el caso las Londras, el hecho más grave ocurrido en octubre de 2021, donde siete periodistas, junto a otras 10 personas, fueron secuestrados, agredidos y torturados por al menos una veintena de encapuchados armados, y obligados a firmar un compromiso de no volver a realizar coberturas sobre toma de tierras.
“Nos preguntaban quién nos trajo y cuánto nos pagaron y decían que nos iban a matar quemándonos”, contó muy acongojada Silvia Gómez que fue al lugar como reportera de Unitel.
A casi dos años de ocurrido el secuestro en las Londras aún no existen sanciones. Es uno de los casos más graves vividos hasta la fecha, donde los periodistas “estuvieron al extremo de constatar que los iban a matar, esa es la gravedad de lo que ha ocurrido en las Londras”, señala Alanes y lamenta que de los siete periodistas agredidos varios hayan sido presionados por sus propios medios para no continuar el proceso.
La abogada Guerrero cuenta cómo la búsqueda de justicia es una constante carrera de obstáculos por la inoperancia de los administradores judiciales, encubrimiento de la policía, la falta de recursos económicos, la desconfianza de las y los periodistas al sistema judicial y el desinterés de los propios medios de comunicación.
“Lamentablemente nosotros no podemos ni tenemos los recursos económicos para realizar las diligencias de todos los casos, imagínense son 19 casos rechazados”, dice Guerrero.
Además, los querellantes tuvieron que hacerse cargo de la recopilación de indicios y pruebas como la obtención de imágenes de las cámaras de seguridad, las inspecciones en los lugares donde se cometió el delito y la búsqueda de testigos debido a que el Ministerio Público carece de voluntad para avanzar con el proceso y que a su ritmo iniciar una investigación puede demorar meses, tiempo suficiente para que las pruebas se contaminen o ya no se puedan colectar.
“Las autoridades esperan que les llevemos todas las pruebas a su escritorio para que ellos solamente hagan las resoluciones, además hay que peregrinar para sacar un requerimiento y para que los médicos forenses atiendan a las víctimas», cuestiona.
Pero los medios de comunicación tampoco facilitan las cosas y muchos colocan obstáculos. “Priorizan las coberturas y les designan más trabajo a las víctimas para evitar que asistan a las diligencias o restan importancia a los procesos”, agrega Guerrero. Otras y otros periodistas abandonan los casos debido a la falta de resultados y al elevado costo económico que significa realizar el seguimiento.
La “pesada carga judicial” que día a día desgastaba las fuerzas y mermaba los ingresos económicos de Adriana* le hizo preguntarse muchas veces si valía la pena seguir con el proceso que finalmente quedó como un caso archivado en un viejo estante. “La impunidad es algo tan normal en Bolivia que cuando una va a denunciar sabe que el caso se va a quedar ahí”, señala.
Si bien la Asociación de Periodistas de Santa Cruz tiene una mayor participación en el seguimiento de casos, la falta de información y registros a nivel nacional invisibilizan a las mujeres periodistas y constituye una de las primeras violaciones a sus derechos, como explica para este reportaje Lucía Lagunes, periodista feminista y directora de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC). “El hecho de no mirar lo que ocurre con las mujeres periodistas genera una enorme vulnerabilidad”.
Desde 2018 se registraron 81 denuncias de mujeres periodistas por incumplimiento al deber de protección, agresiones físicas y verbales, criminalización, censura, impedimento de acceso a la información, violación a la reserva de fuentes de información y amenazas. Ningún caso se investigó hasta llegar a una sentencia.
“Nuestro trabajo nos lleva a consecuencias personales y nadie nos respalda, estamos completamente desamparadas y la única forma de protegernos es abandonando el ejercicio periodístico”, refiere Adriana* quien finalmente optó por alejarse del periodismo debido a que la policía nunca le garantizó su seguridad.
Para el ejecutivo de los Trabajadores de la Prensa, Jorge Abrego, esta “incapacidad” del Gobierno ocurre porque “no hay una predisposición a investigar debido a que las y los trabajadores de la prensa son considerados una piedra en el zapato para cualquier Estado y se los identifica como opositores políticos”.
Para Lucía Lagunes más que falta de capacidad, existe negligencia por parte de los estados, no sólo para identificar la violencia contra mujeres periodistas, sino para detenerla, sancionar, investigar y, cuando se requiera, reparar el daño.
Explica que, en el caso de México, así como en varios países de América Latina, los principales agresores son agentes del Estado, es decir, “quienes tienen la obligación de garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres, incluidas las periodistas, son los mismos que están agrediendo a las mujeres periodistas”.
El Informe de Situación 2022 de UNITAS confirma esta afirmación. En la gestión anterior, la institución estatal con mayores denuncias por la vulneración a los derechos humanos fue la Policía.
Incumplimiento de recomendaciones
La Relatoría para la Libertad de Prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observó que la violencia contra las mujeres es perpetrada por distintos actores como funcionarios del Estado, fuentes de información o colegas y tiene lugar en diversos contextos y espacios, incluyendo la calle, el lugar de trabajo y las oficinas o instituciones estatales.
En 2018, la Relatoría en su informe “Mujeres periodistas y libertad de expresión” (https://bitly.ws/V3NS)     emitió recomendaciones a los estados miembros, entre ellos a Bolivia, para que tomen medidas en materia de prevención, protección, justicia y reparación en favor de las periodistas. Entre estas están: asegurar la existencia de un marco jurídico adecuado para sancionar la violencia basada en el género; garantizar que el personal estatal responsable de brindar medidas de protección esté debidamente capacitado; llevar a cabo investigaciones diligentes, imparciales y efectivas orientadas a capturar, enjuiciar y castigar a las y los autores; promover la participación plena de las mujeres periodistas en el diseño e implementación de las estrategias de prevención, protección y procuración de justicia.
Cuatro años después, la Relatoría en su informe “Mujeres periodistas y salas de redacción” (https://bitly.ws/Wpkn), concluye que: a pesar de los avances, un número significativo de mujeres sigue enfrentando barreras basadas en sesgos de género; en muchas redacciones también se registra una alta prevalencia de situaciones de violencia verbal y acoso sexual.  Asimismo, esta instancia también observa  el hecho de que varios medios de comunicación aún no hayan avanzado sustantivamente en el desarrollo de políticas o estrategias para abordar patrones de violencia y discriminación.
Otra recomendación importante y aún no cumplida es la sugerida en julio de 2021 por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) (https://bitly.ws/Wpk2) que exhortó al Estado boliviano a “crear una instancia no estatal para brindar apoyo y asistencia jurídica, administrativa y psicológica a periodistas cuyos derechos están en riesgo de ser vulnerados”.
Esta petición se realizó en base a la gravedad de las agresiones que soportaron las y los periodistas en la crisis política de 2019, cuando 14 medios fueron afectados en sus instalaciones y al menos 76 comunicadores, entre mujeres y varones, sufrieron ataques con agresiones físicas, heridas, insultos o fueron sometidos a otros vejámenes durante octubre y noviembre de ese año.
Zulema Alanes explica que, a pesar de la recomendación explícita de crear un ente independiente y autónomo para proteger y reparar daños, el mismo Ministerio de Justicia con el consentimiento del Viceministerio de Comunicación pretendió encomendar al Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI) las tareas que exhortó el GIEI. “Consideramos que esta instancia no garantiza la independencia porque es parte del Estado”, sostuvo. De igual manera, el 3 de mayo de esta gestión, Alanes pidió al Gobierno, a través de un escrito, compartir su propuesta sobre la recomendación del GIEI. Hasta la fecha no recibió respuesta.
Para este reportaje se solicitó más de 10 veces información a la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, por medio de la responsable de la Unidad de Medios Estatales, Carmen Maldonado, para conocer su versión sobre la recomendación del GIEI. Hasta la publicación del reportaje no hubo respuesta.
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados tampoco tiene algo concreto sobre el tema de violencia a mujeres periodistas. La diputada Gabriela Ferrel, responsable del Comité de Género de dicha comisión, señaló que recibieron diferentes insumos para elaborar un protocolo para periodistas, sin embargo, aún no tienen una propuesta concreta, pero menciona que están trabajando en un proyecto sobre violencia digital.
Tipos de violencia que más sufren las periodistas
La Relatoría Especial de Libertad de Prensa indicó en 2018 que la violencia contra las mujeres periodistas y las trabajadoras de los medios de comunicación se manifiesta de distintas formas: desde amenazas basadas en el género, violencia sexual, acoso sexual, intimidación, abuso de poder, hasta asesinato.
Entre los actos más usuales de violencia basada en género y reportado por las periodistas, luego de una encuesta realizada, se incluyen el maltrato verbal (63%), el maltrato psicológico (41%), la explotación económica (21%) y la violencia física (11%). Asimismo, el 44% de las mujeres encuestadas indicó haber sufrido ciberacoso.
En esta situación, Zulema Alanes refiere que el trabajo de las mujeres periodistas “adquiere dimensiones complejas y de riesgo puesto que existen actitudes violentas contra el trabajo de la prensa y a éstas se suman acciones de violencia simbólica, verbal y física” por el hecho de ser mujeres.
De acuerdo a la representante de la ANPB, en los contextos de conflictividad social, que se han ido acentuando en el país, la violencia física y verbal se manifiesta de manera particular en base al género, con insultos y amenzas de violación, descalificación de su trabajo como periodistas con palabras como “qué haces aquí, por qué no vas a cocinar, insultos típicos machistas, patriarcales y misóginos”.
Asimismo, hace referencia a la campaña de desprestigio contra las y los periodistas que surgió en 2016, durante el gobierno de Evo Morales, por iniciativa del entonces ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien, a través de un video, “El cártel de la mentira” (https://bitly.ws/WpnJ), expuso a un grupo de medios de comunicación – Página Siete, El Deber, Erbol y ANF – y periodistas, entre ellas Amalia Pando, para estigmatizarlos. Si bien esta campaña inició hace siete años, se activa cada cierto tiempo y continúa hasta la fecha en el gobierno de Luis Arce, como ocurrió con el ataque a periodistas que tuvieron alguna vinculación laboral en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.
Estas campañas de desprestigio y estigmatización, por medio de las autoridades y redes sociales, se realizaron contra periodistas como Amalia Pando, Casimira Lema, Jimena Galarza, Mery Vaca, entre otras, de manera sistemática, constituyéndose en un blanco político del gobierno por su labor crítica. “Una vez que el Gobierno desata una campaña contra estas mujeres periodistas, es alimentada por los denominados ‘Guerreros digitales’ a través de las redes sociales y sostenida por las militancias del MAS”. Los “Guerreros digitales” son una estructura creada por el expresidente Evo Morales que funciona con recursos estatales.
Pero este acoso digital también se origina de particulares en contra de periodistas, cuando éstas se interesan por casos de violencia de género o indagan sobre el crimen organizado, como le ocurrió a Adriana* en Santa Cruz. “Nos empiezan a montar videos supuestamente pornográficos en las redes sociales, nos hacen páginas donde supuestamente nos prostituimos y una tiene que aguantarse”, expresa.
Un estudio sobre “Violencia Digital contra Periodistas en Bolivia” (https://bitly.ws/WpnY) publicado en julio de este año por Chequea Bolivia tiene entre sus conclusiones que “en las redes sociales bolivianas existe violencia digital en contra de las y los periodistas y se expresa en comentarios negativos, los cuales aumentan sustancialmente cuando se dan conflictos sociales”.
Los gobiernos de turno también realizan acciones; un ejemplo es el caso de la periodista Amalia Pando que se vio forzada a renunciar a su cargo de conductora en 2015 debido a la “asfixia económica” que aplicó el gobierno de Evo Morales al medio de comunicación donde ella trabajaba. Esta medida se realiza mediante la negación de publicidad estatal – también amedrentando a quien quisiera publicitar- y la persecución tributaria por supuestas deudas a medios y periodistas que les son “incómodos” por su labor fiscalizadora, como ocurrió con Erbol, Página Siete, Agencia de Noticias Fides (ANF), entre otros.
Otro caso similar, pero más en el contexto de la represalia política, es lo sucedido en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, donde algunos medios de comunicación y periodistas considerados afines al MAS sufrieron acoso y negación de publicidad estatal, como le sucedió a la periodista Carla Cardozo.
“Me sentí violentada cuando en una reunión en el Ministerio de Comunicación la encargada de los medios y publicidad de aquel gobierno, me dijo: no te vamos a dar publicidad mientras nosotros estemos gobernando el país”, recuerda.
La “asfixia económica”, una forma de vulneración a la libertad de expresión, es una estrategia sostenida en el tiempo cuyo propósito es estrangular económicamente a los medios para controlar la información.
Según las y los especialistas entrevistados para este reportaje, las agresiones que están instaladas en la sociedad machista se trasladan al ejercicio de la profesión y tienen dos intenciones: generar mecanismos de posicionamiento violento que pretendan menoscabar la dignidad de las mujeres; y, concebir procesos de amedrentamiento que restrinjan el ejercicio de la libertad de conciencia y expresión.
La periodista y activista feminista Lucía Lagunes agrega que a las agresiones en la calle se suman el acoso y hostigamiento sexual dentro de las redacciones, ya sea por sus jefes, compañeros periodistas o por fuentes informativas; y, en algunos casos, como cualquier otra mujer, los conflictos y violencia también se presentan en los hogares o con sus parejas.
La precariedad laboral es otro tipo de violencia que sufren las mujeres periodistas. La reducción de salarios, cambio de horarios de trabajo, ampliación de la jornada laboral sin goce de haberes, entre otros, tienen un impacto concreto en la organización de la cadena de cuidados, principalmente porque las mujeres periodistas “no solamente cumplen con el trabajo, también realizan actividades domésticas o de cuidado”, refiere Alanes.
Este acoso laboral y discriminación lo experimentó Angélica*, una periodista indígena de un medio estatal que sufrió indiferencia y abuso por parte de su jefa de prensa, a pesar de encontrarse en estado de gestación. “Sentí una gran discriminación, mi derecho a ser escuchada había sido vulnerado”.
Otro tipo de violencia es la subestimación del trabajo periodístico, la catalogación de esta profesión como una actividad de hombres aún pervive en algunas redacciones, y a medida que las mujeres “fueron ingresando a los medios de comunicación, también comenzaron a enfrentar esta violencia de ocupar un espacio, donde no se reconocía el derecho de ocuparlo”, señala Lagunes.
El estar en un medio periodístico “no quiere decir que hay un reconocimiento de nuestro derecho, todo el tiempo hay una exigencia de tener que demostrar por qué estamos en ese lugar, qué tan buenas somos para investigar, qué tan buenas somos para redactar o qué tan buenas somos para entrevistar”.
Consecuencias y efectos
En el contexto machista en el que aún vivimos, refiere Lagunes, hay un reproche hacia las mujeres periodistas por “colocar en riesgo” a sus familias y tampoco existe un reconocimiento en el hogar con relación a la importancia de esta profesión para la sociedad.
El psicólogo especialista en derechos humanos y coordinador de Tejiendo Redes Infancia para América Latina y el Caribe, Juan Martín Pérez, explica que la violencia de género y la violencia machista contra las mujeres es focalizada a su rol de mujer, a su cuerpo, a su apariencia, y “obviamente a que rompe con el rol tradicional de estar en casa, cuidando a las hijas e hijos, siendo dóciles, sentimentales y obedientes”.
Actualmente y a pesar de las luchas feministas y los avances normativos en otros países de Latinoamerica, según Pérez, estos roles tradicionales continúan culturalmente normalizados en la sociedad y se expresan en desigualdad y violencia desde distintos ámbitos, como violencia sexual, violencia económica, violencia física o trato diferenciado por ser mujer.
“Todas estas expresiones de violencia hacia las mujeres pueden derivar en ansiedad por su integridad y la de sus familiares, e incluso generan un impacto en la salud mental al extremo de hacerles dudar de lo que están planteando o cuestionarse si están colocándose o colocando en riesgo a sus familias”, explica.
Desde esa perspectiva de impacto de la violencia, agrega, se hace necesario hacer más visibles estas agresiones o violencias a través de denuncias, pero a la vez tener acciones preventivas y de restitución inmediata.
Alanes, coincide en que la violencia, en todas sus dimensiones, causa un daño o efecto psicológico que nadie considera y lamenta que aún no existan en el país estudios o instituciones que aborden estos efectos.
Actualmente, los gremios de periodistas no cuentan con psicólogos para contención emocional y tampoco existe ayuda estatal para hacer frente a los traumas que generan las coberturas o amenazas sufridas. Un intento por generar un espacio legal que permita protección a las y los periodistas ocurrió después del asesinato en 2012 de los hermanos Peñasco.
Abrego recuerda que se llevó a cabo una reunión en Cochabamba con la entonces ministra de Comunicación, Marianela Paco, para abordar el tema del seguro de vida, y la funcionaria les indicó que “el proyecto también contemplaba atención médica en temas de estrés para las y los periodistas”. La ley se promulgó, pero está inactiva debido a que “el estado sin poner un boliviano quería ser administrador de todo y también porque los dueños de los medios de comunicación no quisieron aportar con el 1%”.
Soluciones solo si se involucran a las periodistas
De parte del estado es necesario un trato particular y especial por la situación que viven las mujeres, dice Paulo Bustillos, debido a que las agresiones son diferenciadas. Con relación a la sociedad, refiere, se debe exigir el cumplimiento de normas y pedir que se establezcan mecanismos de prevención y no solamente de sanción al delito.
Estos mecanismos de prevención deben realizarse a través de campañas, normas de educación, información y sensibilización sobre temas, como la equidad de género y el respeto a los derechos humanos porque “estamos hablando del derecho humano a la información, a la libertad de expresión y el derecho a vivir una vida libre de violencia”.
Para Mónica Bayá lo primero que hay que hacer en Bolivia es ponerle más atención al tema, y quizás dejar de ver las agresiones a los periodistas en su conjunto y apreciar “con lentes de género para mirar las particularidades que hacen a las agresiones”. “Es una tarea que tenemos pendiente desde las propias organizaciones de derechos humanos y seguramente desde las organizaciones de las y los periodistas”.
La participación de otros actores como la Defensoría del Pueblo también es importante debido a que, en la lógica de generar evidencia, “realice un informe defensorial porque eso deviene finalmente en recomendaciones o señalamientos a instituciones públicas, sobre todo cuando estamos hablando de falta de acceso a la justicia”, dice Bayá.
Para Lucía Lagunes el rol de las organizaciones de la sociedad civil es visibilizar lo que ocurre con las mujeres periodistas y dentro de su labor poder registrar y documentar para hacerlo visible. Referente al estado, indica que el deber que tiene es garantizar una vida libre de violencia para las mujeres periodistas. “En la medida que tengamos espacios libres de violencia, haremos mejor nuestro trabajo, podremos desarrollarnos mejor como comunicadoras, como periodistas”.
Asimismo, Juan Martín Pérez señala que la industria y las empresas (medios de comunicación) están obligadas a realizar una respuesta institucional, denunciar públicamente la agresión contra las mujeres periodistas que integran sus medios y manifestarles de forma explícita su apoyo y rechazo a estas agresiones. Indica que sería deseable que la propia empresa “pudiera garantizar el tratamiento psicológico psiquiátrico o tratamiento integral de salud que requiera”.
De igual manera, resalta la importancia de diseñar políticas públicas que involucren la participación activa de las mujeres periodistas. “Cualquier cosa que queramos hacer tiene que ser con ellas, es importante incorporar la perspectiva de género en las normas, estrategias o políticas públicas para superar la impunidad de la violencia machista. Así como generar espacios de diálogo para que ellas sean cada vez más fuertes y tengan respaldo y prioridad en el cambio”.
*Nota: Dos nombres de las personas entrevistadas para este reportaje han sido cambiados para resguardar su seguridad.
Este reportaje forma parte del proyecto «Visibilización de la situación de riesgo de defensores de derechos humanos en Bolivia», desarrollado por el CEDIB en alianza con la ANPB y con el apoyo de la Embajada de Alemania en Bolivia.
 
 
 
 
 
BRASIL, BOLIVIA, COLOMBIA Y PERÚ ENTRE LOS PAÍSES CON MÁS BOSQUES PERDIDOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
 
Nodal am (https://acortar.link/QkBHkT)
 
Las prolongadas sequías y la falta de agua en varias regiones de Bolivia preocupan a la región y ponen en alerta a las autoridades, que trabajan en planes de contingencia para atender las emergencias y bosques perdidos, pero el problema es más de fondo.
Los expertos dicen que el origen de la falta de agua está en la deforestación, pues son los bosques, los árboles, los que inician el llamado ciclo del agua, pero como cada vez hay menos espacios verdes, lo más probable es que también haya menos lluvias y menos agua, ahora y en el futuro.
“A más bosques, más agua, a menos bosques, menos agua”, dijo ayer a los medios estatales el nuevo ministro de Medio Ambiente y Agua, Rubén Méndez.
Datos de los organismos especializados muestran que Bolivia está entre los 10 países que más bosques perdieron en los últimos años, por distintos motivos, desde los desastres naturales con incendios, hasta el crecimiento de la frontera agrícola y, cierto, pasando por la industria maderera.
Bosques perdidos
Según el Global Forest Watch, Bolivia ocupa el tercer lugar entre los países que sufrieron más deforestación en 2020, con 276.883 hectáreas. Por delante están Brasil con 1,7 millones y segundo el Congo con 490.613 hectáreas. Perú y Colombia están bastante cerca con 190.199 y 166.485 hectáreas, respectivamente.
Posteriormente, Bolivia presenta cifras más elevadas, de 300 mil a 500 mil hectáreas por año, con una causa común que son los incendios forestales.
Los cálculos de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) con apoyo de la Red Amazónica de Información Socioambiental (RAISG), señalan que entre 2020 y 2022, Bolivia perdió casi 800 mil hectáreas de bosque.  Este trabajo indica también que Bolivia perdió 7,9 millones de hectáreas de bosque durante 37 años, es decir, el país pasó de tener 63 millones de hectáreas de bosque en 1985 a 55 millones de hectáreas en 2022.
Las cifras de la pérdida de cobertura boscosa en Bolivia se incrementan año tras año. Entre los años 2016 y 2020, el promedio de pérdida de bosque era de 260.000 hectáreas anuales. Sin embargo, para el 2021 está cifra subió a 364.000 hectáreas y en el 2022 la deforestación alcanzó las 429.000 hectáreas, casi el doble de lo ocurrido dos años atrás, señalan los reportes. El departamento más afectado por la deforestación de bosques es Santa Cruz, que concentra más del 79% del total de las zonas perdidas. Muy lejos en el segundo lugar esta Beni, con 6%, seguido por Cochabamba con 4% y La Paz con el 3%.
Ecosistemas
La afectación de los ecosistemas en este periodo de tiempo no se restringe a los bosques. Los glaciares también han tenido un deterioro devastador. Según el análisis de FAN Bolivia, los nevados han retrocedido en un 56%.
Los efectos de la deforestación constante, pero también del cambio climático y del fenómeno de El Niño, se sienten con intensidad en estos días en Bolivia. Más de 150 municipios se declararon en emergencia frente a la sequía, Oruro y Potosí están en estado desastre por la falta de agua y el lago símbolo del país, el Titicaca, descendió como nunca en su historia. Los otros dos grandes siguen la misma suerte.
Frente a este panorama, el exviceministro de Medio Ambiente, Magin Herrera, dijo a La Razón que en el país se está aplicando un plan de lucha contra los incendios y de reforestación, siempre en coordinación con los municipios afectados, que son las instancias que reportan los daños que sufre su población y las necesidades que tienen. Explicó que la pérdida de bosques y de espacios verdes es la principal causa del cambio climático y de la falta de lluvias, por eso, informó que el plan de reforestación que se aplica en varias regiones del país, consta de más de 600 mil arbolitos en cada uno de los proyectos y lugares estratégicos.
Admitió que la deforestación en el país es un problema, aunque advirtió que se debe tener cuidado con las cifras que se manejan que no siempre son correctas.
 
 
 
 
 
¿FINANCIAR LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO PERJUDICA A LOS PAÍSES POBRES?
 
Hace tiempo que el sur global pide reformar el Banco Mundial sin éxito y en 15 años China ha creado dos bancos de desarrollo paralelos.
 
La Vanguardia de España (https://acortar.link/6hJciY)
 
Los dos bancos creados por China son el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (BAII) y el Nuevo Banco de Desarrollo de los Brics. Son muchos los expertos y académicos, no solo en el sur global, que piensan que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), las dos grandes instituciones financieras multilaterales del sistema Bretton Woods, surgidas tras la Segunda Guerra Mundial, necesitan adaptarse al siglo XXI.
Las críticas han sido múltiples, desde denunciar la excesiva influencia de EE.UU. y Europa en estas instituciones por tener poder de veto, pasando por el rechazo a los planes estructurales de ajuste de los años 1990 y 2000, la condicionalidad y la enorme burocracia de los procesos de concesión de préstamos, hasta la demanda actual de que los bancos de desarrollo multilaterales, siendo el más importante de ellos el Banco Mundial (pero esto vale también para los regionales), financien la lucha contra el cambio climático y la transición hacia las energías verdes. Sin embargo, los cambios hasta ahora han sido mínimos.
Pero eso puede cambiar este año. Hay momento político para que se produzca una reforma de calado. Mientras que el anterior presidente del Banco Mundial, David Malpass, elegido por Donald Trump, fue acusado de ser un negacionista del cambio climático y por eso dimitió, el nuevo, Ajay Banga, propuesto por Biden, parece que viene dispuesto a modernizar la institución. A finales de junio, además, se celebró en París una cumbre para lograr un nuevo pacto global para las finanzas, de la mano de Emmanuel Macron y Mia Mottley, la primera ministra de Barbados, uno de los países más amenazados por el cambio climático, y lideresa del sur global para la reforma del Banco Mundial.
Por su parte, India, un país con peso creciente en las relaciones internacionales y que en el 2023 regenta la presidencia del G-20, también considera este tema una de sus prioridades y le ha pedido a un grupo de expertos liderado por los prestigiosos economistas, Larry Summers y N.K. Singh, que presente un informe sobre las reformas. Este estudio, que tiene dos partes, una presentada en julio y la otra en octubre, servirá de base para la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del G-20 en septiembre, cuyo posible acuerdo se revisará en las reuniones de otoño del Banco Mundial y del FMI y se rematará en sus últimos detalles por la COP28 a finales del 2023. Las expectativas son, por lo tanto, altas.
Sin embargo, los obstáculos para llegar a un acuerdo no serán fáciles de superar. Los desafíos son múltiples y se podrían resumir así: en líneas generales, el Banco Mundial tiene que revisar su misión, su sistema de operaciones y su financiación. Hasta ahora su misión era doble: reducir la pobreza y conseguir la prosperidad común en el mundo. Pero ahora se demanda un tercer objetivo: financiar la lucha contra el cambio climático. Y esto trae consigo cuatro retos:
1. Saber si es posible lograr estos tres objetivos con el mismo dinero que antes. El sur piensa que no, aunque hay algunos países que incluso rechazan incluir ese tercer objetivo.
2. Ampliar los préstamos concesionales (es decir con costes de financiación más bajos que los del mercado) para más países y bajo más circunstancias. También aquí hay un cierto consenso a favor en el sur global.
3. Incorporar al sector privado en esta financiación. Esto se acepta por casi todos, menos por las oenegés más exigentes.
4. Aumentar el capital del Banco Mundial sin entrar a debatir la nueva distribución en los porcentajes de voto. De nuevo aquí el sur global está dividido.
Vale la pena analizar más en detalle cada uno de estos puntos. ¿Necesita más capital el Banco Mundial para financiar los esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático? Muchos países desarrollados piensan que no. O por lo menos lo pensaban hasta que la Iniciativa Bridgetown de Mia Mottley, que se explicará más abajo, ha empezado a coger fuerza. El argumento es que se pueden realizar muchas reformas en el Banco Mundial antes de poner más dinero sobre la mesa. Desde 1944, año de su creación, hasta el 2021, con solo 19.000 millones de dólares de capital invertido, el Banco ha podido proporcionar 750.000 millones en préstamos y 23.000 en ayudas. Esta es la magia de poder apalancarse (endeudarse) sobre la base de la credibilidad de sus accionistas (sus estados miembros).
Con tal de adoptar un sistema de operaciones que gestione mejor y aumente algo más el riesgo (sin perder la calificación AAA, y para eso hay que tener un mayor diálogo con las agencias crediticias), involucrar mejor al capital privado, hacer mayor uso del capital exigible (callable capital) y acelerar los tiempos de la aprobación de los préstamos (ahora en una media de nada más y nada menos que 465 días) se podría lograr mayor financiación y más rápido. Así se desprende del análisis independiente sobre el marco adecuado de capital de los bancos de desarrollo comisionado por los ministros de finanzas y banqueros centrales del G-20 y liderado por la tanzana Frannie Léautier.
Coste del desarrollo sostenible
Pero cada vez parece más evidente que apalancar más el balance del banco y hacer más ágiles sus operaciones no va a ser suficiente. La ONU estima que de aquí al año 2050 se necesitan 125 billones de dólares para convertir realmente en verdes nuestras economías. Y según cálculos del propio Banco Mundial, de aquí al 2030 se requieren unos 2,4 billones de dólares cada año para la lucha contra el cambio climático tan solo en los países en desarrollo, y eso sin contar todo el gasto necesario para lograr todos los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Si lo hiciésemos, quizás la cifra anual necesaria estaría cerca de los 4 billones de dólares.
Estos números están muy lejos de los menos de 200.000 millones de dólares que todos los bancos de desarrollo ofrecieron a los países en desarrollo y los menos desarrollados en el año 2022. Justamente esta división entre países de renta media y baja trae las primeras discrepancias en el sur global. Los países pobres temen que mucha de la financiación vaya destinada ahora hacia las economías en desarrollo para hacerlas más verdes. Eso sería conveniente para India, pero negativo para gran parte de África. Por otro lado, muchos de los países en desarrollo exportadores de hidrocarburos no ven con muy buenos ojos que el Banco Mundial se convierta en un banco verde, por obvias razones.
Iniciativa Bridgetown
Pero la realidad es que el cambio climático se está notando por todo el mundo. Las catástrofes naturales y los fenómenos climáticos extremos son cada vez más evidentes, y de ahí que la propuesta de Barbados, llamada Iniciativa Bridgetown, por el nombre de su capital, haya cogido tanto impulso. Su primera ministra, Mia Mottley, pide justamente que se tengan en cuenta esos fenómenos extremos a la hora de conceder y pagar los préstamos. Si un país sufre una catástrofe se debería congelar por un tiempo el pago de su deuda, por ejemplo, para que pueda centrarse en los costes de reconstrucción. La reestructuración de la deuda de los países más necesitados es también una demanda de la ONU.
A mayores Mottley pide que los países pobres más afectados por el cambio climático tengan más acceso a préstamos concesionales y que los bancos de desarrollo movilicen por lo menos un billón al año para hacer más resilientes esos países, sobre todo cuando sufren un desastre natural, incorporando al sector privado a estos esfuerzos. Aunque también hay que decir que incluso aquí no hay un consenso total en el sur global. Muchas oenegés, por ejemplo, piensan que la incorporación del sector privado atará la lucha contra el cambio climático a lógicas comerciales, y eso tendrá efectos negativos. Recuerdan que la innovación financiera basada en la magia de la titulización y el apalancamiento trajo la crisis financiera del 2008 y denuncian que la privatización de la gestión del medio ambiente ha sido nefasta para muchas regiones y pueblos indígenas. La apuesta, desde esta perspectiva más radical, debe ser sobre todo la financiación pública.
Participación del sector privado
Pero, por lo general, también en el sur global, la visión dominante es que sin el sector privado no hay suficientes recursos, tecnología ni conocimientos para conseguir la transición energética a tiempo. Amar Bhattacharya y Homi Kharas, del Centro para Desarrollo Sostenible del Brookings, por ejemplo, piensan que estamos en una fase de enormes avances tecnológicos en la producción de electricidad renovable, en los vehículos eléctricos, en la reducción y captura de emisiones fugitivas, en el calentamiento, enfriamiento y aislamiento de los edificios y en el sector agroalimentario, que muchas de estas innovaciones van a estar disponibles a precios muy competitivos para gran parte de la población mundial en los próximos cinco años. Por eso es absolutamente necesario que el Banco Mundial y los otros bancos de desarrollo cambien de modelo, y en vez de financiar proyecto por proyecto, pongan sus esfuerzos en ayudar a los países receptores a que identifiquen e implementen las inversiones verdes necesarias desde una perspectiva mucho más sistémica.
Pero también en este caso hay críticas. Hay voces en el sur global que piensan que los países del norte quieren eludir su responsabilidad histórica y, en vez de financiar adecuadamente el fondo de compensación para los países en desarrollo (hay que recordar que nunca se ha llegado a cubrir el fondo de 100.000 millones que se había prometido en Copenhague en el 2009), ahora quieren pasarles esa responsabilidad a los bancos de desarrollo. Y como se ha comentado antes, parece que lo quieren hacer sin tener que poner mucho más dinero fresco sobre la mesa. Entre otras cosas porque también aquí juega un papel la geopolítica. EE.UU. ve con recelo el debate sobre el aumento de capital porque sabe que China está esperando con su chequera y, en el momento en que la abra, va a pedir superar a Japón (una economía mucho más pequeña) como segundo mayor contribuyente y con poder de voto en el Banco Mundial, algo que se rechaza desde Tokio.
Lo cierto es que los porcentajes de voto, tanto en el Banco Mundial como en el FMI, son una suma cero. Si los países del Sur, encabezados por China, obtienen mayor poder de decisión, otros países, sobre todo los europeos, han de tener menos. Y como China ya se ha estrellado antes con este problema, deja ahora que sea India la que dé la batalla por las reformas. China parece que no tiene muchas prisas por reformar el Banco Mundial. Hasta ahora ha tenido buenas experiencias con dicho banco y, si bien es cierto que no le disgustaría que se centrase en hacer las economías más verdes, tampoco es una prioridad para Beijing porque tiene sus propios recursos. Eso sí, si la oportunidad se ofreciese, empujaría para eliminar el poder de veto de EE.UU. y la UE tanto en el FMI como en el Banco Mundial.
Buscando un logro compartido
Summers y Singh no lo tienen pues nada fácil para encontrar un consenso que lleve a la deseada reforma. Los dos son conscientes de su responsabilidad. Saben que, después de la covid, unos 800 millones de personas viven en inseguridad alimentaria. También están convencidos de que hay desafíos transnacionales como las pandemias, el cambio climático y las migraciones que tienen que ser abordados por los bancos multilaterales de desarrollo. Su objetivo es triple. Revisar la misión, las operaciones y el capital del fondo. Calcular las inversiones necesarias para lograr los ODS, que según ellos ascienden a 3 billones de dólares al año de aquí a 2030, y mejorar la cooperación de los bancos de desarrollo. Han prometido además que van a incluir las posiciones de la mayoría de los países, que realizarán estudios creíbles y serios y que la responsabilidad del éxito de la reforma debe ser un logro compartido. Es decir, que todos los países, o por lo menos la gran mayoría, hagan suyo el resultado final. Tarea complicada. En julio los ministros de finanzas del G-20 solo tomaron nota, pero no aprobaron las recomendaciones de la primera parte de su informe, ojalá tengan más éxito cuando presenten la segunda parte en octubre.
 
 
 
 
 
 
UNA IMPREVISTA CRECIDA DEL RÍO BERMEJO SE LLEVÓ ALGUNAS CHALANAS
 
Un alivio para la sequía. Tras las lluvias en Bolivia las aguas empezaron a bajar por los cauces del Bermejo y el Pilcomayo, los dos grandes ríos que surcan el Chaco salteño.
 
Página 12 de Argentina (https://acortar.link/KYfpBi)
 
Tanto en la cuenca del Pilcomayo como la del Bermejo (cuyo trayecto nace en Bolivia, pasa por Argentina y termina en Paraguay) hubo repuntes del nivel de las aguas en distintos sectores tras las lluvias que se produjeron en la cuenca alta de ambos cauces en Bolivia. Aunque demorada, la llegada de las aguas implica un alivio para las poblaciones ribereñas.
“Dicen que llegó 'borrachera' en el río en la zona de Villamontes”, en Bolivia, indicaron especialistas explicando que este término se utiliza cuando los peces son arrastrados por el agua con poco oxígeno (por el barro) y parecen "borrachos" y son muy fáciles de pescar. El problema que veían en este punto es que como no erana demasiados peces, los pescadores iban a aprovechar esta situación para pescarlos con mayor facilidad.
El lunes último, en tanto, la crecida del Bermejo llegó sin previo aviso a los chalaneros de la frontera entre el municipio oranense de Aguas Blancas y la ciudad de Bermejo, ubicada en Bolivia.
Las aguas llegaron cerca de las 6 y si bien la crecida no fue tan cruenta como en otras ocasiones (que incluso provocaron muertes), sí alcanzó para que la corriente arrastrara algunas chalanas y maderasa, pero sin daños a personas.
“Los pilló desprevenidos a todos”, dijo a Salta/12 una de las trabajadoras de frontera al describir la sorpresa que generó la llegada de la crecida. Días anteriores, con el agua que apenas si daba a las rodillas, “la gente cruzaba caminando… ahora sigue con agua el río, pero la crecida no fue exagerada”, completó.
La trabajadora ribereña afirmó que, según su conocimiento, el río está mucho más bajo que otras veces y hay personas que tratan de ahorrarse el pasaje en chalana (que cruza a visitantes de los tours de compras de uno y otro lado) cruzando el cauce a pie. El costo del paso de una costa a la otra en chalana es de 300 pesos argentinos.
Aunque hubo avisos informales, no se tomó en cuenta la información de la crecida. Sin embargo, conocedores de este río indicaron que la crecida sorpresa “es un ejemplo claro de que los sistemas de alerta formales tienen graves vacíos en la vigilancia y en la comunicación”.
Hubo alertas horas antes de la crecida aguas arriba de la zona de frontera del Bermejo entre Argentina y Bolivia, pero el aviso no fue comunicado a las poblaciones.
Bendita agua
Este miércoles se esperaba la llegada del agua de la alta cuenca del Pilcomayo a la zona de la cuenca baja paraguaya de este río. Y efectivamente, poco antes de las 23 llegó la buena noticia de que por fin corría el agua por el cauce reseco de esta parte del río.
El video muestra la llegada del agua a la población de Pedro Pablo Peña, en el departamento paraguayo de Boquerón, cuyos habitantes vieron desaparecer el río de un día al otro por la falta total de agua.
Antes el agua de la crecida corrió en la frontera entre Misión La Paz (en el límite argentino ubicado en Santa Victoria Este, en el departamento Rivadavia) y Pozo Hondo (en la frontera de Paraguay), siguió su curso pasando por otros parajes donde era recibida con alegría.
 
 
 
 
 
LA QUIACA: INCAUTARON 16 TONELADAS DE COMIDA EN MAL ESTADO
 
El alimento será destruído por Gendarmería y estaba ingresando de forma ilegal a La Quiaca desde Bolivia.
 
Todo Jujuy de Argentina (https://acortar.link/lAjNqq)
 
Esta semana, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) en conjunto con Gendarmería, incautaron 16 toneladas de alimentos provenientes de Bolivia en la localidad de La Quiaca que se encontraban en mal estado y tenían como destino ser comercializados en Argentina.
Las personas que transportaban la mercadería que era de origen animal y vegetal pretendían ingresarla de contrabando al país y era transportada sin cadena de frío e incumpliendo las condiciones higiénico-sanitarias.
El operativo tuvo lugar en el límite con Bolivia, y en su transcurso agentes del Centro Regional NOA Norte del Senasa, con la colaboración de personal de Gendarmería Nacional y de la Secretaría de Producción, Medio Ambiente y de Integración Regional del municipio, detectaron en un control de vehículos el transporte de 16 toneladas de productos y subproductos de origen animal y vegetal en bolsas plásticas, acondicionadas irregularmente y sin cadena de frío en un camión de gran porte, transgrediendo las condiciones higiénico-sanitarias.
El traslado de la mercadería (conservas, papas andinas, maíz, chuño y harinas) que pretendían ser ingresada de contrabando, incumplía las resoluciones del Senasa 295/1999 y 299/1999, por lo que el Senasa dispuso su interdicción, decomiso y la envió para su destrucción final dado que al no conocerse el origen y ser transportada sin las adecuadas condiciones higiénico sanitarias representaban un riesgo potencial para la salud pública.
 
 
 
 
 
CONSULADO MÓVIL BRINDA ATENCIÓN A RESIDENTES BOLIVIANOS EN PUERTO SAN JULIÁN Y EL CALAFATE
 
El Consulado de Bolivia en Comodoro Rivadavia continúa atendiendo en la provincia de Santa Cruz. Desde este sábado y hasta el lunes, realizará trámites en El Calafate.
 
La Opinión de Argentina (https://acortar.link/vaucKI)
 
Tras su paso por Río Gallegos, el Consulado de Bolivia en Comodoro Rivadavia continúa brindando atención en Santa Cruz y por estos días se encuentra en Puerto San Julián y a partir de este sábado y hasta el lunes, inclusive, en El Calafate.
En la ciudad portuaria está atendiendo de 09:00 a 17:00 en la Asociación Chilena de Socorros, sita en Ameghino 967, y en la villa turística lo hará en el mismo horario en la oficina 2 de Migraciones, ubicada en Comandante Espora 175.
Emiten certificados de nacimiento, matrimonio y defunción, de antecedentes penales, de antecedentes policiales y de nacionalidad. También realizan legalizaciones, inscripción de doble nacionalidad (hijos nacidos de padre bolivianos) y trámites administrativos.