LOS FRUTOS AMARGOS DEL PROCESO DE CAMBIO EN BOLIVIA
En Bolivia, las
circunstancias internacionales y las disputas políticas locales desgastan a
paso acelerado el proceso de cambio iniciado en 2008 con la elección de Evo
Morales. El panorama impone la discusión urgente de nuevas estrategias, pero la
dirigencia parece estar absorbida por las rencillas internas.
La crisis política
desatada en 2019 ha venido surcando conflictos de diversa índole en estos
cuatro años. Desde el 2023, una de sus consecuencias principales es la división
del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los
Pueblos (MAS-IPSP). El debilitamiento político de este partido está relacionado
con el desgaste de su líder histórico, Evo Morales. Ambos factores están
íntimamente vinculados a la capacidad de gestión del mismo Estado, como si la
relación entre MAS y Estado fuera orgánica, lo que evidencia la carencia de
autonomía relativa tanto del partido como del Estado, un elemento clave para la
estabilidad de cualquier régimen democrático.
Los senderos de la actual
conflictividad política
La conflictividad
política boliviana ha transcurrido en los últimos meses por dos caminos que
confluyeron rápidamente. En primer lugar, la batalla al interior del MAS por el
control del «Instrumento», que opuso al bando del presidente del Estado, Luis
Arce, y al del dirigente principal del MAS, Evo Morales, en la disputa por
definir quién tendrá el control de la sigla del MAS-IPSP para las elecciones
generales de 2025.
Cuando la fracción de
Luis Arce ya no pudo disimular sus intenciones de desplazar de la jefatura a
Evo, el dirigente histórico del MAS intentó tomar el sartén por el mango
organizando un congreso partidario en su bastión territorial, el trópico de
Cochabamba, donde se asientan los sindicatos de campesinos productores de coca.
Como era previsible, el congreso, realizado en octubre de 2023, terminó
ratificando el liderazgo y candidatura de Evo Morales, dejando virtualmente
fuera del partido a todos los opositores internos que actualmente ocupan el
poder ejecutivo. Poco tiempo después, los funcionarios de Luis Arce presionaron
al Tribunal Electoral para anular el mencionado Congreso.
El segundo camino por el
que discurrió la conflictividad política en Bolivia en el último tiempo es el
de los avatares de la camarilla judicial. Los actos de los altos magistrados
del poder judicial y del tribunal constitucional han estado cobrando fisonomía
corporativa a la sombra de la crisis y división del MAS. Según la Constitución,
estos cargos se renuevan cada seis años por medio de elecciones con voto
universal. Durante todo el 2023, los miembros del tribunal constitucional
obstaculizaron sin disimulo a la asamblea legislativa para impedir la
aprobación de convocatoria a elecciones, recurriendo al chicaneo jurídico para
hacer «inevitable» su interinato a partir del 1 de enero de 2024.
Así, el gobierno de Arce
y la camarilla judicial intercambian favores. Los estrategas del gobierno
encontraron en la ambición corporativa de la rosca judicial el atajo para
alcanzar la meta de Luis Arce de presentarse como candidato del MAS en las
elecciones generales de 2025. Las muestras de complicidad fueron diversas;
desde un juez de garantías constitucionales «suspendiendo» la competencia de la
Asamblea Legislativa (donde el oficialismo de Arce tiene minoría) para
interpelar a ocho ministros del Ejecutivo, hasta una sentencia constitucional
emanada el 29 de diciembre —dos días antes que fenezca la gestión legal de los
magistrados— apuntando argumentos para inhabilitar como candidato presidencial
a Evo Morales.
Amenazado de quedar fuera
de juego, el evismo activó a mediados de enero de 2024 la movilización social,
instalando decenas de puntos de bloqueo en las carreteras de Cochabamba, Potosí
y Chuquisaca, respaldados por importantes sectores de base del campesinado. Sus
peticiones fueron dos: exigir la convocatoria inmediata a elecciones judiciales
y la sanción de una ley de cese de cargos a los magistrados prorrogados.
Después de 16 días de bloqueo, las bases de apoyo del evismo obligaron al
gobierno a recular en su intención de alargar indefinidamente el interinato
judicial, aprobándose una Ley referente al primer punto. También arrancaron el
compromiso de sancionar una ley de cese de funciones para la rosca judicial,
aunque existen numerosas razones para pensar que finalmente el gobierno se
resistirá a doblegarse en este último aspecto.
Con el caudillo
debilitado, el MAS se divide
Las elecciones presidenciales
de 2019 fueron las últimas en las que Evo Morales apareció como el candidato
indiscutible del MAS y, si bien obtuvo su cuarta victoria consecutiva, el
rendimiento de su candidatura fue el más bajo. Cabe recordar que tres años
antes había perdido un referéndum para habilitarse como candidato, cuyos
resultados desconoció en base maniobras jurídicas, entregando a la derecha
mediática y política una máscara con la cual aparecer como «democrática». La
oposición burguesa se calzó con gusto el ropaje y desató una campaña ideológica
dentro de los patrones semióticos del lenguaje ultraderechista: fake news,
difusión de contenidos que bestializan al enemigo, troleo sistemático, etc.
La operación dañó la
fuerza simbólica de Evo Morales, consolidó a las clases medias acomodadas como
núcleo reaccionario y logró expandirse hacia sectores populares, aunque, a
despecho de su histrionismo y ombliguismo, no alcanzó mayoría social ni
electoral. Esa fue la razón principal que explicó la derrota de la derecha en
las elecciones del 2019. Solo pudo capturar el gobierno a través de un golpe de
Estado, aventura que sostuvo durante un año, perdiendo otra vez la repetición
electoral de 2020 que hizo presidente del Estado a Luis Arce, el candidato
elegido por Evo.
Lo importante de todo
esto es que el MAS salió lesionado de la ofensiva ideológica opositora que basó
su discurso en la crítica de gestos antidemocráticos como la repostulación
forzada. Durante las jornadas destituyentes de noviembre de 2019, forma y
contenido se manifestaron claramente dentro de las fantasías reprimidas de las
clases acomodadas de regresar a una «república» donde los roles sociales se
reparten en proporción del esfuerzo por «desindianizarse» cultural y
subjetivamente. En último término, la campaña derechista apuntó al evismo —y,
con él, al mismo Estado Plurinacional— como causante del detestable afán de
democratizar el ascenso social de las clases y grupos étnicos antes condenados
a mantenerse en los sótanos de la pirámide.
Paralelamente, ninguna
crítica por izquierda a las limitaciones y defectos del MAS ha logrado
instalarse como corriente social de consideración, y no por falta de
condiciones. El modelo del «proceso de cambio» —en el que la acumulación de
capital sigue basada en la precariedad laboral y las reformas democráticas
tienen alto contenido alegórico— presenta suficientes motivos para constituir
un relato contestario. Pero ese discurso no surgirá automáticamente de las
«condiciones objetivas», sino de la acción intencionada de la militancia política
de izquierda. Y si esta no existe como hecho de masas (ni por dentro ni por
fuera del MAS), pueden deducirse las causas principales de su ausencia.
Minada la imagen del
caudillo gracias a la agitación reaccionaria, desde los despachos del gobierno
de Arce emergió una asociación de intereses dispuesta a desplazar de la
dirección del partido, del Estado y del «proceso de cambio» a Evo Morales.
¿Qué piedras trae la corriente «renovadora»
del MAS?
Hasta ahora, la fracción
gubernamental del MAS —dueña del Poder Ejecutivo pero minoritaria en la
asamblea legislativa— no ha hecho conocer sus razones de fondo para deshacerse
del caudillo histórico. Apelan a la «renovación», a una «dirección conjunta del
MAS a través de las organizaciones populares», frases que solo denotan su
deliberada vaguedad y la ausencia de una convicción política progresista.
Desde hace más o menos un
año, Luis Arce y sus asesores han comenzado a eyectar repulsa creciente por el
caudillismo de Evo, aunque este rechazo verbal no se sustente en acciones
democráticas. No es un dato menor que no hayan organizado ni siquiera un
ampliado de su fracción para demostrar que controlan algo más que un colectivo
de funcionarios estatales. Y su condición de fracción constituida socialmente
por la burocracia de Estado es un elemento clave para comprender su contenido
político.
La expansión económica
vivida en Bolivia durante una década (2008-2018), acicateada desde el núcleo
estatal, explica por qué el MAS, con quince años de gobierno a cuestas, es la
organización política más importante del país. Los procesos de reproducción
ampliada de capital promovieron a su vez el fortalecimiento institucional del
Estado. Por primera vez en la historia de Bolivia, 9 de cada 10 niños asisten a
la escuela y las instituciones se han ramificado territorialmente y muestran
mayor capacidad de asimilar demandas sociales. Con la instauración de un nuevo
régimen político en 2009, el país ha visto incrementada su corporalidad
estatal.
Ahora bien, este Estado
amplificado fue precisando de una burocracia acorde. Marx definió alguna vez a
la burocracia estatal como «un tejido de ilusiones prácticas». Lo «ilusorio»
refiere a la creencia de la burocracia de representar, en su interés
particular, al conjunto de la sociedad. Pero junto a lo ilusorio coexiste un
contenido material, «práctico», porque sus fines de autorreproducirse la
conducen a adquirir un saber técnico que, para los objetivos del Estado,
resulta útil.
Los funcionarios del MAS
en el gobierno buscan ocupar un hipotético «centro político» que los diferencie
del «radicalismo» evista y también de la derecha, circunstancia que se explica
por el doble impacto del fortalecimiento relativo del Estado (que demanda el
saber técnico de la burocracia) y una cada vez más precaria estabilidad
económica.
René Zavaleta apuntó como
un rasgo de las sociedades abigarradas el no haber completado de forma total la
separación entre las relaciones de explotación y las relaciones de soberanía. Y
si bien, a lo largo de su historia, países como Bolivia tuvieron momentos
fundacionales —como lo fue aquí la revolución de 1952, donde el pueblo en armas
impulsó procesos de democratización social (nacionalización de minas, voto
universal, reforma agraria, etc.)— su profundidad y extensión limitadas
determinan el carácter inconcluso de la construcción del Estado boliviano
moderno.
Más contemporáneamente,
se puede pensar a los levantamientos populares que derribaron el régimen
neoliberal, llevaron al gobierno al MAS e impulsaron el proceso constituyente
que parió un nuevo régimen político en 2009 como un nuevo «momento estructural
ocasional» que, a la fecha, está mostrando dificultades para establecer su
propia continuidad histórica. La aprobación, hace quince años, de una nueva
Constitución no ha engendrado un verdadero sistema de partidos, y ello
evidencia la incapacidad de la democracia representativa boliviana. De hecho,
el golpe del 2019 pareciera ser muestra de que únicamente un MAS fuerte, con
victorias electorales contundentes, es la única garantía de continuidad del
régimen.
En lo referente a las
relaciones materiales, es muy difícil hablar de construcción hegemónica
perdurable con casi el 70% de la población económicamente activa en la
informalidad laboral, por mencionar un solo dato. En el plano ideológico, por
otra parte, el contenido inclusivo del Estado plurinacional no ha adquirido
pleno consenso social y precisa ser defendido incluso a través de barricadas
por el movimiento popular. En otras palabras, en tanto la relación salarial no
se ha generalizado, el prejuicio de la «igualdad» en el intercambio entre
fuerza de trabajo y capital no está insertado en el tejido social, mostrándose
en las relaciones sociales la vigencia del prejuicio premoderno de los
privilegios de casta. Las clases dominantes con más peso económico, como la
oligarquía cruceña, viven aferradas a la creencia de la «indiada nacida para
servir y no para gobernar».
Lo que la política no da,
las maniobras no prestan
Después de década y
media, Bolivia está volviendo a ser el país del desabastecimiento, del dólar en
constante ascenso y de los conflictos «por todo y nada». Sin embargo, para toda
la dirigencia del MAS la cuestión esencial parece reducirse a definir qué personal
ocupa los despachos gubernamentales.
Con la división del MAS,
la política en su sentido amplio, en su dimensión estratégica, está dando lugar
a la primacía de las maniobras para anular el contendiente. Se está instalando
el tiempo de las pequeñas cosas que transcurre en un terreno donde los
objetivos se han miniaturizado hasta representar el mero acto de administrar lo
que existe.
El cuadro asume un cariz
patético si se toman en cuenta los signos del agotamiento de las reformas
realizadas desde 2009. Una economía basada fundamentalmente en redistribuir un
excedente que cada vez está más disminuido no es otra cosa más que una bomba de
tiempo. El momento torna urgente la discusión y el impulso de un nuevo ciclo de
reformas para evitar el descalabro material del movimiento popular, pero en
Bolivia el reformismo tiene las manos vacías. Revista Jacobin de Argentina
(https://acortar.link/zZPh5s)
BOLIVIA Y LA PROFUNDA
CRISIS EN EL MAS: EL LEGADO DE EVO MORALES EN JAQUE
Fuertes divisiones
internas: una encarnizada batalla por el alma del MAS. ¿Cuál será el futuro del
movimiento en Bolivia?"
Canarias Semanal Org. de
España (https://acortar.link/55s3Yn)
En un análisis profundo y
crítico, se exploran los retos y contradicciones del proceso de cambio en
Bolivia. La lucha por el liderazgo dentro del MAS y los desafíos de renovación
política ponen a prueba la estabilidad y el futuro del proyecto boliviano.
En un artículo publicado
por Vladimir Mendoza Manjón en el magazine Jacobin, titulado "Los frutos
amargos del proceso de cambio en Bolivia", se expone una detallada crítica
en relación con la actual situación en Bolivia,
poniendo el foco en las consecuencias de las fortísimas luchas internas
que se están produciendo en el seno del Movimiento al Socialismo-Instrumento
Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) y la figura de Evo Morales.
El artículo de Mendoza
Manjón pone en perspectiva cómo, desde la elección de Evo Morales en 2008,
Bolivia ha vivido un periodo de cambios profundos, no exentos de conflictos y
desafíos.
La crisis política de
2019 y la posterior división dentro del MAS pueden ilustrar muy bien los
obstáculos en el camino hacia una transformación social y política más amplia.
Según afirma el autor, la
figura de Morales, aunque históricamente significativa, ha sufrido un desgaste
que repercute directamente en la estabilidad y cohesión del partido y, por
ende, en la gestión del Estado.
Este panorama se complica
aún más con las disputas internas por el control del partido, que enfrentan al
sector liderado por Luis Arce contra el de Evo Morales. Esta batalla no solo
amenaza con fragmentar aún más al movimiento, sino que también pone en riesgo
la continuidad del proyecto político del MAS, en un momento crítico en el que
Bolivia enfrenta retos tanto a nivel nacional como internacional.
De acuerdo con lo que
expresa el autor del artículo, la judicialización de la política y el juego de
intereses dentro de las instituciones estatales son reflejo de una crisis más
profunda que afecta a la democracia boliviana. Los esfuerzos por mantener el
poder, utilizando maniobras legales y políticas para desplazar a adversarios
internos, evidencian una falta de visión estratégica y de un proyecto político
inclusivo y renovador.
En este contexto, las
recientes movilizaciones sociales en respaldo a Morales y contra las acciones
del gobierno de Arce están mostrando la vitalidad de las bases populares y su
gran capacidad de presión.
Sin embargo, estos
eventos también destacan la urgencia de abrir espacios de diálogo y de
reconstruir un proyecto político que trascienda las figuras individuales y se
centre en las demandas y aspiraciones de las mayorías.
El análisis que realiza
Mendoza Manjón en su artículo ofrece una perspectiva crítica esencial para
entender los desafíos actuales de Bolivia. La situación boliviana nos recuerda
la importancia de construir procesos políticos basados en la participación
activa de las bases, la renovación constante y la búsqueda de consensos amplios
que permitan avanzar hacia una sociedad que continúa estando a distancias
kilométricas de haber sido mínimamente transformada.
BOLIVIA: DETRÁS DE CHILE
EN EXPLORACIÓN DE LITIO CON LA UE
El "triángulo del
litio" es tan patrimonio de Bolivia, como de Chile y Argentina. Mientras
con unos la UE tiene avanzados acuerdos, con Bolivia, Europa apenas
"explora".
DW de Alemania
(https://acortar.link/Cd1hWN)
El acuerdo modernizado de
asociación entre la Unión Europea (UE) y Chile se aprobaba en el Parlamento
Europeo -con su capítulo de energías y su memorándum de entendimiento sobre
materias primas críticas-, mientras Bolivia apenas traía a Europa su segunda
convocatoria para "expresiones de interés sobre el desarrollo de proyectos
y tecnología para el aprovechamiento de recursos evaporíticos". La carrera
por la extracción del litio -abundante en ambos países y en Argentina, y vital
para la transición energética que quiere Europa- se escribe con mayúscula.
"A la primera
convocatoria de 2021 no se presentaron empresas europeas. China y Rusia sí, y
ya están trabajando con Yacimientos de Litio Bolivianos. Hay condiciones
importantes para empresas europeas. No obstante, hemos hablado también de una
cooperación más integral, que incorpore nuestra lógica de energías renovables,
para asumir los compromisos del acuerdo de París. Queremos disponer de un 70
por ciento de energía renovable hasta el 2050, una visión que es compatible con
la de la UE y sus Estados miembros", afirmó en Bruselas el ministro
boliviano de Hidrocarburos, Franklin Molina.
Investigar el "oro
blanco"
Según dijo a DW el
ministro boliviano, La Paz busca un acuerdo marco de cooperación con la UE, uno
que incluya la asistencia técnica y la financiación, así como los estudios
socio-ambientales y geológicos que permitan el aprovechamiento del "oro
blanco" para la electro-movilidad y para el almacenamiento energético.
"Queremos también
aprovechar los recursos de esos salares instalando plantas de fertilizantes, de
cloruro de potasio. Tenemos instalaciones, pero queremos ampliarlas a otros
materiales que se han identificado. Requieren participación financiera y
empresarial", puntualizó el ministro boliviano.
De su visita a Europa, el
titular boliviano de Hidrocarburos se llevó acuerdos bilaterales con Francia. A
nivel de la UE, según fuentes europeas, aún no habría nada que anunciar sobre
un acuerdo de cooperación. No obstante, los equipos de la Comisión Europea se
encontrarían en fase de exploración de proyectos específicos para la
explotación del litio, en el marco del Global Gateway.
El Global Gateway es el
marco de inversiones europeas que busca
asegurar el suministro de materias primas críticas. Entre las 34 identificadas,
el litio, el cobalto, el cobre y el níquel van a la cabeza. La producción, el
almacenamiento y el transporte del hidrógeno verde están también entre los
proyectos insignias de este marco de inversiones.
¿Hay para todos?
Para los países socios,
el Global Gateway pretende ofrecer inversiones que generen valor añadido.
"Esta lógica va de la mano con lo que plantea el Gobierno de Bolivia: no
queremos que se explote la materia prima, sino que se genere industria en el
país", afirmó el ministro.
El titular boliviano de
Hidrocarburos no ve incompatibilidad entre la presencia china y una potencial
mayor presencia europea. "No es un secreto que el 70 por ciento de la
producción de las baterías está en China, pero que la industria automotriz está
vinculada a Europa. Las visiones se complementan, no existe dilema. Tenemos
espacio para múltiples empresas. Queremos el desarrollo económico y social del
país, con inversión a corto y mediano plazo", afirmó Molina.
Cabe recordar que
Bolivia, Chile y Argentina comparten el codiciado "triángulo del
litio" que contiene la mayor reserva mundial de ese mineral. Pero
mientras, a comienzos de la década de 2020, Chile explotaba 140.000 toneladas
anuales de litio, Argentina registraba 33.000 y Bolivia, 600.
Tres países, grandes
diferencias
Hay que fijarse también
que Bolivia, en este momento, avizora apenas una hoja de ruta. Mientras. Chile
tiene firmado con la UE un acuerdo de asociación con tratado específico para
materias primas, y Argentina, un acuerdo sobre estas últimas. La hoja de ruta
de Chile, que según fuentes europeas estaría lista para ser implementada, prevé
cooperación técnica entre servicios geológicos, investigaciones conjuntas, así
como la adecuación de los marcos regulatorios para la conducta empresarial
responsable y la gobernanza de la gestión del agua.
¿Por qué la diferencia
entre los tres países del "triángulo blanco"? En lo que respecta a la
UE, hay que decir que entre Chile y la UE existe una relación intensa de
inversión y comercial -en el marco de su acuerdo de asociación- desde hace 22 años.
"Hay que tener en
cuenta que Bolivia, por propia cuenta y riesgo, lleva invertidos 1.000 millones
de dólares en la exploración minera", responde a DW el ministro Molina.
"Pudo haber sido más veloz si hubiese habido inversión extranjera directa,
pues las empresas tienen algo que no tienen los Estados: tecnología y
capital", concluye.
MIENTRAS SE NEGOCIA CON
BOLIVIA, LA REVERSIÓN DEL GASODUCTO NORTE AVANZA CON LA OBRA
Enarsa inició el acopio
de caños en Córdoba y analiza las ofertas recibidas del renglón 1 para luego
abrir las propuestas económicas. El lunes 11 recibirá los sobres para la
reversión de las plantas compresoras.
Mejor Energía de
Argentina (https://acortar.link/1ZKYKN)
La reversión del
Gasoducto Norte registró en las últimas horas la llegada de los primeros
camiones con caños para su acopio en la provincia de Córdoba, mientras que en
paralelo comenzaron a montarse los obradores y campamentos.
El avance de parte de las
obras licitadas se da en momentos en que la empresa estatal Energía Argentina
retomó las negociaciones con Bolivia para intentar prorrogar el compromiso del
vecino país para el envío de gas en firme que se cumplirá inicialmente hasta el
31 de julio, debido al fuerte declino de la producción de sus yacimientos.
Es que si bien la gestión
de Javier Milei finalmente decidió culminar la obra de Reversión del Gasoducto,
planificada e inicialmente licitada durante el gobierno anterior, los plazos
para su concreción excederán largamente lo previsto y siete provincias del
Noroeste Argentino se enfrentarán al riesgo de desabastecimiento durante buena
parte del invierno.
Es por eso que Enarsa
retomó las gestiones para explorar la posibilidad de que Bolivia disponga a
partir del 1 de agosto de la continuidad de la venta en firme -y no
interrumpible como está previsto hasta hoy-, al menos por otros tres meses,
confirmaron fuentes oficiales.
A la vez, Enarsa continúa
con el análisis de las propuestas técnicas para la construcción del denominado
renglón 1 para avanzar en las próximas semanas con la apertura de las ofertas
económicas, para lo cual compiten las empresas BTU; la unión transitoria
Techint-Sacde y la estadounidense Pumpco, de mismo holding inversor que es
propietario del club de futbol Inter de Miami donde juega Lionel Messi.
Esta etapa de la obra
-que no pudo ser licitada a fines del año pasado por la amplia diferencia entre
las ofertas y el presupuesto oficial- está compuesta por 22 kilómetros del Gasoducto
de Integración Federal de 36 pulgadas de diámetro que se extiende desde Tío
Pujio hasta la Carlota en Córdoba, además de 62 kilómetros de un loop -tendido
paralelo- al Gasoducto Norte, en la misma provincia.
En tanto para el próximo
lunes 11 se espera la recepción y apertura de propuestas técnicas para las
tareas de reversión de 4 plantas compresoras de de Ferreyra, Deán Funes,
Lavalle y Lumbrera (dos en Córdoba, una en Santiago del Estero y otra en Salta)
que se licitan en forma separada.
En este contexto es que
se da a conocer el acopio de caños para el conjunto de la obra. Se trata de
tubos de 36” de diámetro, los cuales son transportados en camiones -4 unidades
por viaje- desde la planta de Tenaris Siat en Valentín Alsina, provincia de
Buenos Aires, hasta la localidad cordobesa de Ucacha, unos 250 kilómetros al
sur de la capital provincial.
En total, se realizarán
2.500 viajes para transportar unos 10 mil caños para el Gasoducto de
Integración Federal Tío Pujio- La Carlota.
La reversión del Gasoducto
Norte es una obra complementaria al GNPK para llevar el gas de Vaca Muerta a
las industrias de Córdoba, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero,
Salta y Jujuy, para la generación de energía eléctrica, la conexión de nuevos
hogares y el desarrollo a escala de nuevas actividades industriales,
especialmente la minería de litio.
Con esta obra se logrará
disminuir la importación de gas, lo que se traduce en un importante ahorro de
divisas y posibilitará también exportar gas a países de la región.
La concreción del
proyecto demandará una inversión de 710 millones de dólares, de los cuales 540
millones de dólares serán aportados por un crédito del Banco de Desarrollo para
América Latina y el Caribe -CAF.
Enarsa, el 26 de enero,
llevó adelante la firma de los contratos con la UTE Techint-SACDE para la
construcción de los renglones 2 y 3 de la Reversión, que consisten en el
tendido de 100 kilómetros del gasoducto de integración Federal Tío Pujio-La
Carlota, de un diámetro de 36 pulgadas, que unirá el Gasoducto Centro-Oeste con
el Gasoducto Norte, todo en la provincia de Córdoba.
Bolivia ya anunció hace
casi un año que a partir de julio dejará de suministrar gas ininterrumpible al
país justo en pleno pico invernal, y siete provincias argentinas verán en riesgo
el abastecimiento para el consumo residencial, la demanda industrial y la
generación de energía eléctrica. Los retrasos en la licitación ya permiten
descartar que la obra pueda concluirse para fines de abril y estar operativa en
fecha, por lo que en la Secretaria de Energía se apuran definiciones para
suplir la esperada reducción del suministro.
LA REVERSIÓN DEL
GASODUCTO DEL NORTE, CLAVE PARA LA REGIÓN
Apremian los tiempos, ya
que desde Bolivia no garantizan los envíos para el invierno. Hay temor en la
industria.
El Tribuno de Argentina
(https://acortar.link/XsUqCz)
"Quiero volver a
recalcar mi pedido de reversión del gasoducto Néstor Kirchner. Estamos en
marzo, venimos anticipando al gobierno, en junio nos vamos a quedar sin gas
porque Bolivia no nos va a proveer (de gas)". La frase le pertenece al
gobernador Gustavo Sáenz, quien el pasado 1 de marzo en la apertura del período
de sesiones de la Legislatura provincial hizo referencia a este tema, uno de
los tantos que ocupan a los estados provinciales en este particular momento que
vive la Argentina. Sáenz, en su alocución, reclamó el hecho de que en este
contexto podrían ser siete las provincias "sin gas natural, sin gas para
la industria, para la producción, no nos merecemos eso, le dimos gas a todo el
país".
¿Cuál es en la actualidad
la situación de la industria del gas en el norte argentino, otrora el segundo
productor de este hidrocarburo que por décadas impulsó el desarrollo industrial
y productivo de todo el país? Es la pregunta que se hacen los salteños, jujeños
y formoseños, cuyas provincias comparten la misma cuenca geológica del NOA.
Este es un momento bisagra de la República Argentina que está envuelta en un
verdadero torbellino en materia política, social, económica y productiva.
Como primer detalle, que
no es menor, se puede mencionar el hecho de que la República de Bolivia que es
uno de los principales proveedores de gas a nuestro país ya anticipó que no
podrá cumplir con sus compromisos, que al ser suscriptos tenían vigencia hasta
el 2026 y mediante los cuales se garantizaba la entrega de gas. El tema es Bolivia
ya no podrá cumplir ese compromiso porque está sufriendo una retracción de sus
campos productores, ubicados en el sur del país. Si bien es cierto que
actualmente Bolivia sigue inyectando unos 5 millones de metros cúbicos por día
y no hay una confirmación de que esos envíos se suspendan de manera definitiva
en las próximas semanas. Sin embargo, esta situación no deja de generar
preocupación en una industria en la que todos los procesos están integrados, ya
que, por ejemplo, la falta de gas boliviano podría resentir mucho más el
funcionamiento del Complejo Campo Durán de por sí muy frágil, debido a un
factor que es preponderante y determinante: la falta de materia prima gas y
petróleo que emergen de los campos salteños, jujeños y formoseños para ser procesados
en la refinería.
Reversión del Gasoducto
Norte
La reversión del
Gasoducto Norte que desde hace meses ocupa la primera plana de los periódicos
de la Argentina, es una obra complementaria al Gasoducto Presidente Néstor
Kirchner (GPNK) para llevar el gas del Yacimiento Vaca Muerta -ubicado en la
provincia de Neuquén, que cuenta con uno de los recursos de petróleo y gas de
esquisto con mayor potencial a nivel mundial- a la demanda residencial,
industrial y de generación eléctrica de Córdoba, Tucumán, La Rioja, Catamarca,
Santiago del Estero, Salta y Jujuy a partir del próximo invierno frente a la
decisión de la estatal boliviana YPFB de reducir los envíos del hidrocarburo
hacia nuestro país, como consecuencia de la declinación de la producción de gas
de sus campos ubicados en el sur del vecino país y colindantes con las áreas
norteñas de Argentina.
El primer anuncio sobre
este mega proyecto se realizó en agosto del año pasado en la localidad
cordobesa de Tío Pujio. Allí también participaron los gobernadores de Salta,
Gustavo Sáenz; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Jujuy, Carlos Sadir;
de La Rioja, Ricardo Quintela y de Tucumán, en ese momento Juan Manzur.
Las tareas de reversión
implicarán el cambio de dirección del flujo gasífero, cambiando el sentido de
la inyección de gas de las instalaciones que pasará de ser norte-sur a
sur-norte; de esta forma el gas de Vaca Muerta abastecerá al Norte argentino y
garantizará la energía que la región necesita para sus habitantes y su
diversificación industrial. Por la urgencia de la misma la obra que demanda una
inversión que supera los 700 millones de dólares se priorizó antes que el
segundo antes que el segundo tramo del gasoducto Nestor Kirchner, para resolver
las exigencias del próximo invierno asegurando el suministro de gas del norte
argentino,
El gasoducto está
conformado por 3 obras diferentes que incluye la construcción de 1 gasoducto
entre Tío Pujio-La Carlota en Córdoba (cercanías de Villa María) que consiste
en 122 km, 2 ampliaciones sobre el Gasoducto Norte (62 km) y la reversión del
sentido de inyección de gas en 4 plantas compresoras existentes: Ferreyra y
Deán Funes (Córdoba), Lavalle (Santiago del Estero) y Lumbreras (Salta). La
Reversión del Gasoducto Norte, de
manera complementaria impactará en una
baja del costo de generación eléctrica y del gas natural para las industrias de
la región. También permitirá la conexión de hogares a las redes de gas natural
y el desarrollo a escala de nuevas actividades industriales, especialmente la
minería de litio y un ahorro anual de 1960 millones de dólares por la sustitución de importaciones de gas.
El plan
Pero con el cambio de
gobierno y dado el retraso en el inicio
de la obra TGN realizó la propuesta de encarar una reversión veloz de Ferreyra y Dean Funes, dos de las cuatro plantas comprensoras previstas en la iniciativa original para
poder inyectar unos 15 millones de metros cúbicos de gas por día desde la
cuenca nequina hacia el norte, a partir de agosto de este año.
EL LÍDER DE LA NACIÓN QHARA
QHARA DE BOLIVIA: “ESPAÑA SE PUEDE LLEVAR LOS RESTOS DEL GALEÓN ‘SAN JOSÉ’,
PERO EL CARGAMENTO ES DE LOS INDÍGENAS”
Samuel Flores,
representante legal de su pueblo ante la CIDH en el caso del galeón, cree que
el pecio no debe ser tratado como un tesoro sino como patrimonio arqueológico
El País de España
(https://acortar.link/2nuzeb)
El tata Samuel Flores
Cruz, autoridad indígena de la nación Qhara Qhara de Bolivia, participó hace
unas semanas en el simposio internacional sobre el galeón San José organizado
por el Gobierno de Colombia en Cartagena de Indias. Flores, de 44 años, quien
funge como representante legal de su pueblo ante la CIDH en el caso del galeón,
agradece que el presidente Gustavo Petro haya reconocido la demanda de los
Qhara Qhara sobre una parte de la propiedad del cargamento. Está de acuerdo con
el Gobierno colombiano en que lo que hay dentro del barco no es un tesoro, sino
un patrimonio arqueológico. Asegura que España “se puede llevar lo que queda
del barco, los cañones, si quieren, pero el cargamento es de los indígenas”. La
entrevista transcurre en una visita al buque Caribe de la armada de Colombia,
el barco que tiene como misión rescatar las primeras piezas del Galeón en 2024.
Pregunta. ¿Por qué la
nación Qhara Qhara reclama una parte de la propiedad del galeón San José?
Respuesta. Porque muchos
de los minerales que llevaba el Galeón salieron de las minas de Potosí. Estaban
en nuestro territorio. Los sacaron nuestros indígenas. Son nuestros. Así está
documentado en las bitácoras de impuestos y en los archivos reales.
P. ¿Cuáles son las
peticiones de su pueblo en relación con el San José?
R. Primero, queremos que
se haga la exploración que propone el Gobierno Colombiano, que se saque y se
identifique el valor y la procedencia histórica de las cosas que están allá
abajo. Queremos que la ciencia diga de dónde y cómo salió, qué cosas hay. No solo
del cargamento de minerales, sino también de otros objetos que iban allí por
contrabando. Solo viendo y tocando todo lo que está hundido podemos estudiarlo
y entenderlo. Allá adentro esos objetos no sirven para nada. Hay que sacarlo
todo.
P. Hay científicos que
creen que al sacar los objetos a la superficie después de 300 años bajo el mar
se pueden descomponer, desmoronar...
R. No creo que pase nada
con la plata y las monedas. La madera y la tierra se pueden modificar, pero el
oro no, nunca. El oro en polvo o en lingotes o en monedas sigue siendo oro.
Pienso que hay que sacarlo a tierra firme. Mientras esté en el fondo corre
riesgos naturales y humanos. Puede haber robos, saqueos.
P. ¿Tienen un cálculo de
qué hay en el cargamento del Galeón?
R. Sabemos que hay 50.000
monedas de oro de los préstamos de las iglesias hundidos en el galeón San José.
También hay lingotes de plata y de oro, y otros artefactos como joyas, que
fueron saqueados de las tumbas de nuestros ancestros. Hay, además, utensilios
de la tripulación, ropa, vajillas y artefactos de defensa.
P. ¿Quieren que una parte
de eso que se extraiga sea para ustedes?
R. Queremos que se
identifique cuánto salió de nuestra nación y de otros pueblos indígenas.
P. ¿Está de acuerdo con
la idea del Gobierno de no ver el galeón como un tesoro sino como patrimonio
arqueológico?
P. Sí, de hecho eso es
parte de la propuesta que nosotros hicimos en 2017 al expresidente Juan Manuel
Santos. Desde el inicio dijimos que el galeón debería ser un bien común. La
historia incluye a muchos pueblos que participaron de alguna manera. Ojalá lo
entendamos como patrimonio cultural de la humanidad. No tenemos la idea de
mercantilizar y comercializar lo que hay dentro. Por eso creemos que Colombia
tomó una decisión sana. Nos alegra que vaya a comenzar la exploración y que el
pueblo Qhara Qhara pueda participar.
P. ¿Por qué les interesa
participar en el proceso de exploración?
R. Porque hacia adelante
tenemos muchos galeones que sacar, sabemos de al menos 200 naufragios que
pueden tener cosas de la nación Qhara Qhara. Es un paso al futuro. Las cosas
que están en el galeón son muy importantes para reconstruir la historia de la
colonia. Nos ayudarán a saber cómo era la administración, las recaudaciones de
plata, oro y otros enseres desde los pueblos ancestrales. Esto puede servir
para que nuestras nuevas generaciones sepan la historia de la colonia. Ser
consientes de ella es la única forma de convivir.
P. ¿Cree que el
patrimonio compartido del galeón debe ser entre Colombia, España y la nación
Qhara Qhara?
R. España ha dicho que
ellos también tienen derecho porque el galeón les pertenecía, pero me parece
que tienen que reflexionar. Los ancestros españoles le hicieron mucho daño a
nuestros pueblos al venir y llevarse nuestras cosas. Además, este cargamento es
de la colonia, no de la república. Eso es claro. España se puede llevar lo que
queda del barco, los cañones, si quieren, pero el cargamento es de los
indígenas porque todo salió de nuestros pueblos. Esperamos que no haya demandas
ni litigios, sino cooperación y diálogo.
LA SOBREPRODUCCIÓN DE
COCA QUE LLEGA A GALICIA SE INTENSIFICÓ EN EL PRIMER AÑO DE LA PANDEMIA
La ONU acusa a las
organizaciones productoras en Sudamérica de aprovechar los confinamientos para
disparar la productividad
La Voz de Galicia, España
(https://acortar.link/U2COvn)
El informe anual sobre
drogas y crimen organizado de la Oficina de Naciones Unidas (ONU) oficializa
las tendencias del narcotráfico con una demora de dos años, pero aportando una
perspectiva globalizada y vinculante, por ejemplo, entre el valle del Cauca
(Colombia) y Tijuana (México), Amberes (Bélgica) o Vilanova de Arousa. El
reporte del 2023, conocido este martes, analiza toda la información policial y
sanitaria generada en el 2021, un año después de iniciarse la pandemia del
covid. Las conclusiones principales del informe recrean una demanda galopante
de drogas en todo el mundo para consumo, de la misma manera que implica una
gran oferta para satisfacer semejante requerimiento. De cocaína a derivados de
la marihuana, heroína o sintéticos, como el fentanilo, que ya en el 2021
empezaba a matar a los devotos de esta droga en los EE.UU. y hoy puede
considerarse otra pandemia por los fallecidos a causa de su consumo.
Lo que más afecta a
Galicia, por ser el destino de gran cantidad, es la sobreproducción de cocaína
en Sudamérica: Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela o Brasil son las
catapultas de alijos a todas las naciones con organizaciones capaces de
reclamarlos. De hecho, en el 2021, el precio del kilo de este polvo blanco en
las Rías Baixas empezó a caer en picado. Aquella tendencia siguió dándose hasta
tocar suelo el año pasado, con valores de 17.000 euros por un kilo, cuando hace
siete años no bajaba de 28.000 euros en las Rías Baixas, o de 33.000 euros en
Madrid.
Pero para entender la
sobreproducción en origen y la elevada demanda en el mundo, basta un dato: «Se
calcula que 22 millones de personas consumieron cocaína en el 2021, lo que
representa el 0,4 % de la población mundial adulta. Las Américas y Europa
Occidental y Central siguen siendo los dos principales mercados de consumo de
cocaína».
Récord
El escenario en
Sudamérica se resume con una cifra, que implica récord. «La fabricación de
cocaína alcanzó en el 2021 un nuevo récord, 2.304 toneladas de cocaína pura,
para lo que fue necesaria una extensión de cultivo en diferentes países de
315.500 hectáreas en el mismo año. Ese récord implica que las organizaciones
proveedores no dejan de crecer en capacidad, territorio y ganancias, pese a que
la lucha de los países contra ellos suma ya casi 50 años. La buena noticia es
que las incautaciones aumentaron hasta alcanzar las 2.026 toneladas en el 2021.
A la larga, añade el informe, «el ritmo de crecimiento de las incautaciones ha
superado al de la producción y ha contenido en cierta medida la oferta neta
disponible para consumo», recoge el informe.
La ONU expone que en el
2021, África ya jugaba «un papel cada vez más destacado en la oferta mundial,
con lo que han surgido nuevos centros de tráfico de cocaína». Sirve de ejemplo,
actualmente, la reactivación de la ruta africana, con Marruecos implicado de
lleno tras dar el salto a este tipo de narcotráfico o países como Senegal,
Mauritania o Cabo Verde haciendo de bodegas de toneladas de coca. En los dos
últimos meses, por ejemplo, cuatro pilotos gallegos fueron detenidos en sendas
narcolanchas cargadas de cocaína frente a África.
NARCOTRÁFICO EN EL
AMAZONAS: UNA AMENAZA QUE VA MÁS ALLÁ DE LA VIOLENCIA
Las organizaciones
dedicadas al tráfico de drogas siguen ampliando sus operaciones en la cuenca
del Amazonas, provocando un aumento no solo de la violencia, sino de la
deforestación y otros problemas ambientales.
Mundiario de España
(https://acortar.link/zpDh2k)
El narcotráfico en la
cuenca del Amazonas está desencadenando una serie de consecuencias que van más
allá de la violencia y se entrelazan con la deforestación y otros desafíos
ambientales, advierte un informe presentado este martes por la Junta
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.
Según el estudio, las
actividades de estas organizaciones representan una amenaza mortal para las comunidades
indígenas, además de estar asociadas con casos de corrupción, extorsión, fraude
y lavado de dinero, así como con crímenes violentos, agresiones sexuales y
trabajo forzoso en la región amazónica.
En Colombia y Perú, dos
de los principales países productores de cocaína, se ha registrado un alarmante
aumento en el cultivo ilícito de arbusto de coca, con incrementos del 13% y 18%
respectivamente durante el año 2022. Sin embargo, en Bolivia, la superficie
dedicada a este cultivo ilícito ha experimentado una ligera disminución del 2%.
El informe también
destaca la creciente conexión entre el narcotráfico y el tráfico ilegal de
armas de fuego en Centroamérica y el Caribe, lo que plantea serios desafíos
para la estabilidad y seguridad de la región. Además, subraya la falta de
estudios recientes sobre el consumo de drogas y la posible obsolescencia de los
planes nacionales contra los estupefacientes.
EXPANDEN SU ALCANCE
A nivel mundial, los
narcotraficantes han aprovechado la tecnología digital y las redes sociales
para expandir su alcance, utilizando la desinformación y la venta ilegal de
productos a través de plataformas en línea. Esto plantea un desafío adicional
para las autoridades, que deben intensificar las campañas de concienciación y
tomar medidas para contrarrestar estas actividades ilegales en línea.
El informe también señala
la disminución significativa del cultivo de adormidera y la producción de
heroína en Afganistán, después de la prohibición impuesta por los talibanes.
Sin embargo, el auge del tráfico de metanfetamina en Asia Meridional está
relacionado con su producción en Afganistán y su distribución en Europa y
Oceanía.
En resumen, el
narcotráfico sigue siendo un desafío global que requiere una cooperación
internacional sólida para identificar y abordar las nuevas amenazas emergentes.
EL NARCOTRÁFICO DEFORESTA
EL AMAZONAS
Las organizaciones
dedicadas al tráfico de drogas siguen ampliando sus operaciones en la cuenca
del Amazonas, provocando un aumento no solo de la violencia, sino de la
deforestación y otros problemas ambientales, según un nuevo informe. Estas
actividades entrañan riesgos potencialmente mortales para las poblaciones
indígenas.
Naciones Unidas Org.
(https://acortar.link/L1m26R)
Las organizaciones
dedicadas al tráfico de drogas siguen ampliando sus operaciones en la cuenca
del Amazonas, provocando un aumento no solo de la violencia, sino de la
deforestación y otros problemas ambientales, según un informe de la Junta
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes presentado este martes.
“Estas actividades
entrañan riesgos potencialmente mortales para las poblaciones indígenas y se
han relacionado con casos de soborno, extorsión, fraude y blanqueo de dinero,
así como con homicidios, agresiones violentas, violencia sexual y trabajo
forzoso en la región amazónica”, señala el informe.
En Colombia y Perú se ha
producido un notable incremento del cultivo ilícito de arbusto de coca, que
aumentó un 13% y un 18% respectivamente en 2022.
En Bolivia, la superficie
dedicada al cultivo ilícito de arbusto de coca se redujo en un 2 %.
Relación con el tráfico
de armas
El informe también señala
que el narcotráfico tiene cada vez más lazos con el tráfico de armas de fuego
en Centroamérica y el Caribe, y supone un grave problema para la estabilidad y
la seguridad de la región.
Además, destacan la falta
de estudios recientes sobre el consumo de drogas, y es probable que los planes
nacionales contra los estupefacientes estén desactualizados.
En México, el cultivo
ilícito de cannabis y adormidera converge con la tala ilegal, fenómeno que
afecta especialmente a la región de la Sierra Madre Occidental.
En Norteamérica, la
crisis de los opioides persiste, y el número de muertes relacionadas con
opioides sintéticos distintos de la metadona superó las 70.000 en 2021.
Venta a través de las
redes sociales
A nivel global, los
narcotraficantes han seguido utilizando la tecnología digital de vanguardia,
las redes sociales y la desinformación para vender sus productos ilegales,
alimentando el consumo de estupefacientes en todo el mundo.
El estudio recomienda
llevar a cabo campañas contra los estupefacientes que ofrezcan consejos fiables
en las plataformas más populares.
"Vemos que el
tráfico de drogas no solo se lleva a cabo en la internet oscura. Las
plataformas legítimas de comercio electrónico también están siendo explotadas
por los delincuentes", afirmó el presidente de la Junta, Jallal Toufiq.
Las bandas de
delincuentes aprovechan la oportunidad de llegar a grandes audiencias mundiales
a través de las redes sociales convirtiéndolos en mercados y publicando
contenidos inapropiados, engañosos y orientados por algoritmos que son
ampliamente accesibles para niños y adolescentes, señaló la Junta.
Eliminación de la adormidera
Los autores del informe
observaron un descenso significativo del cultivo de adormidera y de la
producción de heroína en Afganistán, tras la prohibición de las drogas por los
talibanes. Pero el auge del tráfico de metanfetamina en Asia Meridional está
vinculado a su fabricación en Afganistán con puntos de venta en Europa y
Oceanía.
Las incautaciones de
cocaína también alcanzaron un nivel récord en 2021 en África Occidental y
Central, una de las principales regiones de tránsito.
Y los Estados insulares
del Pacífico han pasado de ser únicamente lugares de tránsito en las rutas del
narcotráfico a convertirse en mercados de destino de drogas sintéticas.
Transacciones difíciles
de rastrear
Otras tendencias
vinculadas al tráfico de drogas en la actualidad son el uso de métodos de
cifrado en las comunicaciones y transacciones y la navegación anónima en la
internet oscura, así como los pagos en criptodivisas difíciles de rastrear, que
aumentan las dificultades para los fiscales.
En el informe de la Junta
también se pone de relieve cómo los delincuentes trasladan sus operaciones a
regiones donde la aplicación de la ley es menos estricta o donde las sanciones
son menos severas, eligiendo a menudo países donde se puede eludir la
extradición.
Los últimos datos también
ponen de relieve el mayor riesgo de sobredosis mortales vinculado a la
disponibilidad en línea de fentanilo, muchas veces más adictivo que la heroína,
y otros opioides sintéticos.
Peligros de las farmacias
en línea
Otro motivo de
preocupación es la telemedicina y las farmacias en línea. Aunque estos
servicios pueden mejorar el acceso a la atención sanitaria y simplificar la
prescripción y el suministro de medicamentos vitales, los puntos de venta
ilegales en internet que venden fármacos sin receta directamente a los
consumidores conllevan riesgos para la salud.
Se calcula que el
comercio mundial de productos farmacéuticos ilícitos asciende a 4400 millones
de dólares.
En muchos casos, a los
consumidores les resulta imposible saber si los fármacos o medicamentos que
compran son falsos, están prohibidos o son ilegales.
Para combatir la amenaza
en línea, los autores del informe insisten en que las plataformas de internet
deben utilizarse para concienciar sobre la drogadicción y apoyar las campañas
de salud pública, especialmente dirigidas a los jóvenes.
Dado el carácter mundial
del desafío, los países deben cooperar para identificar y responder a las
nuevas amenazas, dijo la Junta, cuyos 13 miembros son elegidos por el Consejo
Económico y Social de la ONU (ECOSOC).
LA PRODUCCIÓN ANUAL DE
COCAÍNA EMITE TANTO CO₂ COMO EL USO DE DOS MILLONES DE VEHÍCULOS
En la producción de
cocaína se emplea ácido sulfúrico y queroseno, sustancias muy potentes cuyos
desechos se suelen liberar en el entorno.
Ecuavisa de Ecuador
(https://acortar.link/xTnYyt)
La producción de drogas
acelera el cambio climático y destruye ecosistemas vulnerables, como la cuenca
del Amazonas, con la sola fabricación de cocaína, que emite tanto CO₂
como la circulación de casi dos millones de vehículos
en todo un año.
El impacto de la producción
de drogas en el medio ambiente es uno de los aspectos que destaca el informe de
2023 de la Junta Internacional de Estupefacientes (JIFE), presentado este
martes 5 de marzo en Viena, Austria. La JIFE es el órgano de la ONU encargado
de velar por el cumplimiento de los tratados antidrogas.
Según datos de 2020, la
producción global de cocaína genera unas 8,9 millones de toneladas CO₂
anuales, comparables a las emisiones de más
de 1,9 millones de carros que usan gasolina.
La producción de drogas
genera además todo un sistema económico ilegal que depreda el entorno, como la
tala y el comercio ilegal de flora y fauna, y promueve la corrupción y la
violencia, según el informe.
"En las regiones
amazónicas del Brasil, Colombia y el Perú, que comprenden en conjunto el 79 %
de la cuenca del Amazonas, las organizaciones dedicadas al narcotráfico siguen
ampliando sus operaciones, que han llegado a abarcar la minería ilegal, la tala
ilegal y el tráfico de fauna y flora silvestres", señala el informe.
Además, el uso de productos
químicos muy potentes y contaminantes en estas actividades ilegales produce
efectos devastadores, como la deforestación, en regiones ecológicamente muy
vulnerables.
En la producción de
cocaína se emplea ácido sulfúrico y queroseno, mientras que en la fabricación
de metanfetaminas se requiere de amoníaco anhidro, sustancias muy potentes
cuyos desechos se suelen liberar en el entorno y, además de la deforestación,
contamina ríos, suelos y envenena animales.
Estas actividades también
provocan conflictos y violencia, afectando a la seguridad y el bienestar de las
comunidades locales, destaca el informe de la ONU.
En toda la cuenca del
Amazonas, dice la JIFE, se registran "disputas violentas entre las
comunidades locales y los narcotraficantes, a menudo como consecuencia de
quejas por la especulación con los terrenos y la ocupación ilegal de
tierras".
La JIFE indica que en
Ecuador, "la degradación de los recursos naturales como consecuencia del
cultivo del arbusto de coca y de la producción de cocaína ponen en peligro
ciertos medios de subsistencia vulnerables en la frontera septentrional con
Colombia, sobre todo para quienes dependen económicamente de la recolección de
moluscos y la pesca de cangrejos".
Esa situación, advierte
el documento, "podría empujar a las poblaciones vulnerables de la zona a
participar en la economía ilícita, por ejemplo, practicando el contrabando de
cocaína o de gasolina subvencionada (que se utiliza para fabricar cocaína) para
los narcotraficantes en el departamento de Nariño (Colombia)".
UN ESCUADRÓN DE BOMBERAS
Y SEMBRADORAS PARA COMBATIR LOS INCENDIOS EN BOLIVIA
Un grupo de mujeres de la
Chiquitania se ha unido contra el fuego para asegurar el futuro de sus
comunidades ante un clima cada vez más caliente y seco
El País de España
(https://acortar.link/YXyQ04)
La primera misión de
Marina Justiniano como bombera fue en 2019, cuando ya tenía más de sesenta
años. Los incendios forestales azotaban Bolivia en ese momento, particularmente
devastadores en su región de la Chiquitania. Ella echó una mano; alguien tenía
que apagar las llamas. Esta mujer de 68 años es una autoridad en su comunidad,
presidenta de la organización local de mujeres indígenas y ahora bombera
cualificada. Fue una de las primeras del pueblo en completar la formación. “De
año a año sufrimos incendios. Pero muchas veces los hombres no están aquí,
porque están apagando fuegos en otra parte”, dice Justiniano. A pesar de su
edad, ella siguió adelante. “Para demostrar al resto de las mujeres que
nosotras también podemos ayudar”. Ahora son cinco en su escuadrón.
Justiniano y sus
compañeras viven en caseríos del municipio de Roboré, en la región de la
Chiquitania, en el sureste de Bolivia. Esa zona tiene el bosque seco tropical
más extenso y mejor conservado del mundo. Pero está en peligro. Debido a la
crisis climática, las temperaturas en Roboré están subiendo cada vez más. El
año pasado alcanzaron los 42 grados. Esto aumenta el riesgo de incendios. Sobre
todo porque los habitantes de la región queman los campos antes de volver a
cultivarlos, en la práctica conocida como chaqueo, porque dicen que fertiliza
el suelo. Estos fuegos están cada vez más fuera de control, al igual que los
incendios de basura. Cuando ocurre, las bomberas se alertan mutuamente por cadena
telefónica y organizan un vehículo. Justiniano sale con una mochila de 20
litros de agua a la espalda, equipada con casco, linterna, pala, rastrillo y
machete. Si las hojas arden en el suelo, cavan surcos y les echan tierra con
una pala para sofocar el fuego.
La almendra chiquitana
como cortafuegos
Muchos árboles del bosque
seco arden como yesca. Uno no lo hace: la almendra chiquitana (dipteryx alata).
Gracias a su gruesa corteza, esta especie nativa sobrevive bastante bien a los
incendios forestales y se recupera rápidamente después. Nardy Velasco se centra
en este árbol y tiene un objetivo: “Mi meta es que este árbol de almendra esté
plantado en cada hogar”, dice. Al ser una especie protectora del clima, puede
soportar largos periodos de sequía y proporciona sombra. Alcanza una altura de
siete a quince metros. Es adecuado para la reforestación tras los incendios y
revitaliza los suelos agotados porque pertenece a la familia de las
leguminosas, que fija el nitrógeno del aire en el suelo. El nombre local de
este árbol —almendra chiquitana— al que se le conoce como nuez de barú en otros
lugares muestra lo arraigado que está en la región de la Chiquitania.
Nardy Velasco es la
cacique mayor de las comunidades indígenas del municipio de Roboré y también es
responsable de la tierra, el desarrollo productivo y el medio ambiente en su
comunidad, San Manuel. “Este árbol va a abrir muchas puertas a las comunidades
indígenas”, dice convencida. Y también generará ingresos. Porque las almendras
del árbol dan buen dinero. En los centros de acopio, los campesinos reciben el
equivalente a cinco dólares por kilo. Ese fruto seco da más dinero que
cualquier otra cosa que cultiven los habitantes de la región. Y la demanda en
Estados Unidos y Europa es alta.
Saben a una mezcla de
cacahuete y almendra. “El sabor es adictivo”, dice Velasco. En la puerta de su
casa hay un árbol de almendras desde hace mucho tiempo. Pero hasta hace unos
años no se dio cuenta del tesoro que tenía allí. Fue cuando llegó la pandemia
de covid. “Por aquel entonces, pedíamos consejo a nuestros abuelos y
recurríamos a la naturaleza”, afirma. Con la crisis sanitaria y social que
provocó el virus, se vieron obligados a confiar en lo que había alrededor, en
las plantas medicinales y también en la almendra chiquitana.
Ese fruto seco es
nutritivo, está lleno de proteínas y es muy saludable también en otros
aspectos, como aprendió durante un curso de formación en un pueblo de la región
que lleva tiempo cultivándolo. De repente, vio el árbol que había delante de su
casa con otros ojos. Ahora, dice, “es como si fuera un amigo”. “Lo contemplo
mucho”, reconoce. Lo mira cuando está tumbada en su hamaca; verlo la
tranquiliza. Además, sabe que puede ayudar a la comunidad a desafiar el aumento
de las temperaturas, los incendios y la crisis climática.
Por eso, pasa mucho
tiempo escribiendo solicitudes para recaudar dinero de fundaciones y
organizaciones porque la gente de su comunidad no tiene medios para comprar
plantines. Velasco también organiza cursos de formación para enseñarles a
plantar este árbol, cuidarlo y beneficiarse de él. Al principio, se puede
cultivar maíz y yuca entre los árboles jóvenes, y más tarde, la nutritiva pulpa
del fruto se utiliza como alimento para el ganado.
Además, la almendra es
versátil: con ella se puede hacer leche, chicha fermentada, almendras saladas,
confitadas... Nardy Velasco ya ha probado unas cuantas recetas. Su favorita es
el picante de gallina criolla con almendra chiquitana. Por ahora, la almendra
no forma parte tradicional de la dieta local. Lo tradicional era dársela a las
vacas. Aunque cree que eso también va a cambiar. En Roboré aún están empezando.
Pero, si todo va bien, las primeras familias de agricultores podrán cosechar
almendras chiquitanas dentro de tres años.
LIDIA MAYTA, LA LÍDER
AYMARA QUE COMBATE CON TAEKWONDO LA VIOLENCIA MACHISTA EN BOLIVIA
France 24
(https://acortar.link/VYByIT)
Un violento asalto en la
puerta de su casa hace tres años convirtió a Lidia Mayta, una indígena aymara,
en capacitadora de defensa personal con técnicas de taekwondo para mujeres de
la ciudad de El Alto, en Bolivia.
Los atacantes que querían
robarle ya le habían colocado una soga al cuello, pero fueron espantados por
sus vecinos. "Yo no sabía cómo defenderme, ahora trato de que otras mujeres
pierdan ese miedo", indica a la AFP esta mujer originaria de Puerto
Chaguaya, en la frontera con Perú.
Lidia, de 56 años, tiene
una pequeña tienda de artículos básicos en su casa en El Alto. Asistió primero
a los cursos de "Warmi Power" ("warmi" significa mujer en
aymara), un emprendimiento que capacita a mujeres en taekwondo para defenderse
de la violencia, principalmente machista. Y luego se convirtió en monitora.
Bolivia registra cuatro
homicidios por cada cien mil habitantes, según el Observatorio de Seguridad
Ciudadana del Estado.
"No somos el país
más inseguro de la región, pero sí somos un país violento contra las
mujeres", indica Lucía Vargas, integrante de la organización feminista
Coordinadora de la Mujer.
Ocho de cada diez
mujeres, niñas y adolescentes en Bolivia han sufrido algún tipo de violencia al
menos una vez en su vida, según datos gubernamentales.
En 2023 más de 51.000
mujeres denunciaron violencia, 39.000 de ellas relacionadas con parejas,
esposos y concubinos como agresores.
Cinturón negro contra el
machismo
Lidia Mayta asegura que
Warmi Power la hace sentir "líder, activista y con fuerza para difundir
los aprendizajes a otras mujeres".
Como líder indígena -es
secretaria de Salud de su comunidad en Puerto Chaguaya-, Lidia fue invitada a
unirse al equipo hace tres años para facilitar la comunicación con las mujeres
que hablan en aymara.
Warmi Power, un proyecto
de las profesoras de taekwondo bolivianas Laura Roca y Kimberly Nosa, ambas
cinturón negro, fue lanzado en 2015. En sesiones que utilizan elementos de la
terapia de grupo, todo tipo de mujeres aprenden el arte marcial. Regularmente
se hacen talleres específicos para indígenas, muchas de ellas migrantes que
además de violencia machista sufren la discriminación al llegar a la ciudad.
"La violencia no se
resuelve con violencia, pero aprender a defenderse puede salvar nuestras
vidas", afirma Kimberly.
El padre de Laura, que
también es psicóloga, le dijo que el taekwondo era solo para hombres, pero ella
insistió y junto a Kimberly ya han capacitado a más de 35.000 mujeres en
diferentes rincones de Bolivia.
Patadas en polleras
Vestidas con sus típicas
polleras -faldas abultadas-, mantas de lana, sombreros bombín y dos trenzas
como peinado, las mujeres inician el calentamiento muscular en cada taller.
Muchas nunca han dado un
golpe en su vida y la timidez se apodera de sus primeros movimientos. Las
participantes aprenden a dar patadas, a gritar e identificar los puntos débiles
en el cuerpo del atacante.
Lidia acompaña el proceso
corrigiendo posturas y con los insumos de entrenamiento motiva a sus pares a
proyectar sus temores en los objetos para imprimir fuerza.
El Alto, la ciudad junto
a La Paz a más de 4.000 metros del mar donde se desarrolla el taller, tiene más
de un millón de habitantes, y más de un tercio de su población vive en la
pobreza.
El grupo de mujeres
indígenas de Warmi Power está integrado por comerciantes que mantienen a sus
familias con la venta de abarrotes, ropa, comida y otros insumos.
Marcelina Quispe, de 45
años, vende quesos en una zona comercial de la ciudad altiplánica. La historia
de violencia de pareja de una amiga la llevó a inscribirse en los talleres de
Warmi Power.
"Su esposo le dijo:
'Te voy a enterrar en tu patio si me dejas'. Yo le he dicho que no tenga miedo,
que no le vamos a dejar sola, y de ahí me vine a estos talleres porque nunca se
sabe cuando viene la desgracia", contó Quispe.
"Eres guerrera"
Las organizaciones
feministas en Bolivia señalan que la violencia se ha normalizado.
"Hay un ensañamiento
contra la vida de las mujeres cuando buscan su independencia", analiza
Lucía Vargas, psicóloga e integrante de la Coordinadora de la Mujer.
Desde 2013 Bolivia tiene
una ley específica para combatir la violencia contra las mujeres y desde
entonces se registraron 1.085 feminicidios. Pero la principal crítica es la
falta de presupuesto.
Cuando terminan los
ejercicios físicos en el taller, las participantes se colocan en dos filas,
formando un túnel, y lo atraviesan una a una.
"Eres linda, eres
poderosa, eres valiosa, eres guerrera, tú eres fuerte", se dicen entre
susurros y palmadas en la espalda al acabar el trayecto, que cierra con un
abrazo colectivo.
VENTA DE BONOS DEMUESTRA
CONFIANZA EN BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
La venta del “Bono Banco
Central de Bolivia (BCB) en dólares” acumula hoy 8,8 millones de esa moneda con
una importante presencia de empresas entre los compradores, lo cual confirma la
confianza en esa institución emisora.
Prensa Latina de Cuba
(https://acortar.link/bxnGfp)
Según esa fuente, del
total de títulos adquiridos, la inversión de las personas jurídicas asciende a
cinco millones 649 mil dólares en plazos de dos y tres años, que muestran
confianza a largo plazo.
Las personas naturales,
por su parte, compraron hasta este miércoles bonos por un valor de tres
millones 160 mil dólares.
De acuerdo con el BCB,
los intereses por tres meses llegan a 4,5 por ciento, por seis meses a 5 puntos
porcentuales; por un año a 6 unidades de 100, por dos años a 6,25 por ciento y
por tres años a 6,50 unidades porcentuales, en todos los casos libre del pago
de impuesto a las transacciones financieras (ITF).
La iniciativa responde al
objetivo del BCB de canalizar la moneda estadounidense hacia la economía,
afectada por la escasez de esa divisa.
“Este dinámico incremento
observado en la emisión del Bono BCB en dólares, a pocos días de su emisión,
muestra la confianza en los instrumentos financieros que el Ente Emisor emite
de forma habitual hacia el público en general”, sostiene un boletín
institucional.
Por su parte, el
presidente del BCB, Edwin Rojas, resaltó la eficacia de las medidas acordadas
entre el Gobierno nacional y el empresariado privado para contrarrestar la
falta de dólares en el país.
Rojas aseguró que entre
ellas sobresale la venta del bono “BCB en dólares”, y advirtió que la venta de
divisa extranjera en el mercado paralelo descendió.
“Desde que se firmó el
acuerdo (…), lo que se advierte en todos los mecanismos de seguimiento que al
menos el BCB realiza, es que el tipo de cambio ha ido bajando de manera
importante”, aseguró el titular en conferencia de prensa.
Consideró el experto
desde la Casa de la Libertad, en Sucre, Chuquisaca, que la situación vuelve a
la estabilidad a la cual ha estado acostumbrado el país andino amazónico en los
últimos años.
Recordó Rojas que “el
bono puede ser adquirido por personas naturales y jurídicas desde mil dólares
hasta 50 mil dentro del territorio nacional, y sin límite de compra en el caso
de personas naturales y jurídicas con capital en el exterior”.
El bono tendrá vigencia
hasta el 30 de agosto próximo, y para mayor información los interesados pueden
llamar a la línea gratuita: 800-10-2004 o ingresar a la página web del BCB,
https://www.bcb.gob.bo.
EL ATERRIZAJE EN CHILE
DEL TREN DE ARAGUA, LA MEGABANDA TRAS EL HOMICIDIO DEL EXMILITAR VENEZOLANO
RONALD OJEDA
La organización delictual
detectada unos tres años atrás en el país sudamericano se especializa en trata
de personas, explotación sexual de migrantes, torturas y asesinatos
El País de España
(https://acortar.link/C2tdOG)
El Tren de Aragua surgió
en el Centro Penitenciario de Tocorón, en el estado venezolano de Aragua, unos
15 años atrás. Desde entonces ha extendido sus tentáculos por América Latina,
principalmente en Perú, Bolivia, Colombia, Brasil, Ecuador y Chile. Los últimos
días, la megabanda ha encendido las alarmas de la seguridad chilena luego de
que el Ministerio Público revelara que estuvo detrás del secuestro y asesinato
del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Santiago. El fiscal a cargo de la
causa, Héctor Barros, confirmó el vínculo del Tren de Aragua con el crimen del
exteniente de 32 años, muerto por asfixia mecánica posicional y sin impactos de
bala. La policía encontró el pasado viernes su cuerpo en una maleta enterrada a
1,4 metros bajo cemento en una barriada en el municipio de Maipú, en la zona
poniente de Santiago.
Los secuestros y
asesinatos son parte de las actividades de la organización delictual, al igual
que la trata de personas, la explotación sexual de migrantes y torturas. El
Tren de Aragua, convertido en un problema regional, se manifestó en Chile en
2021. Estas son las claves de su instalación y de los operativos para
desactivarla.
La primera pista
Unos tres años atrás, la
policía chilena detuvo a dos peruanas en la frontera del extremo norte del país
sudamericano, en la Región de Tarapacá, portando ketamina, un fármaco para
tratar la depresión grave que también se consume en fiestas. Las mujeres, que
provenían de Bolivia, se excusaron diciendo que el Tren de Aragua las había
obligado a ingresar la droga. Era falso, pero el argumento de las traficantes
le sirvió a la Fiscalía conocer la organización.
La empresa
En una de las grandes
operaciones realizadas por la policía el año pasado para desarticular a la
banda en Chile, quedó de manifiesto que la organización funciona como una
empresa. Miembros de la banda compraron un moderno bus que salió desde Tarapacá
a Coquimbo, en la zona norte. Dentro del vehículo venían 28 migrantes en
situación irregular y 141 kilos de droga. La policía logró detener a 11
miembros de la meganda y la fiscalía descubrió que tenía una fachada de
sociedad, con nombre social, propietaria de buses. Desde fuera, aparentan
operar legítimamente, pero los buses, por ejemplo, traficaban migrantes y
trasladaban drogas.
Nueva criminalidad
En Chile se empezaron a
registrar en los últimos años varios homicidios donde los cadáveres presentaban
más de 15 balas, aparecían enterrados o abandonados en el desierto y con
señales de torturas. Escenas que el país sudamericano no estaba acostumbrado.
Desde la instalación del Tren de Aragua en territorio chileno, han hecho trata
de adolescentes y mujeres migrantes para explotación sexual, especialmente venezolanas,
además de extorsiones, tráfico de drogas, torturas y asesinatos cuando sus
víctimas no cumplen con los pagos.
Secuestros al alza
Los secuestros en Chile,
de tipo extorsivo, han aumentado, promovidos principalmente por bandas
transnacionales. En la Región Metropolitana de Santiago el promedio de seis a
ocho casos por año se disparó a 26 en 2021. Al año siguiente, en 2022, a 46. A
noviembre de 2023 ya sumaban 45, según información de la PDI. Uno de esos
casos, aunque en Rancagua, ciudad a 85 kilómetros de Santiago, fue el secuestro
del empresario metalúrgico Rudy Basualdo, de 50 años. Fue liberado tras el pago
millonario de su rescate, 40 horas después del suceso. La policía detuvo a
siete personas. El fiscal de Rancagua, Javier Von Bischoffshausen, apuntó
contra Los Piratas del Tren de Aragua.
Células
Las ramificaciones de la
megabanda se han extendido de distintas formas. Hay una célula, por ejemplo,
que se formó en Perú, y que hoy opera solo en la Región de Arica, en el extremo
norte de Chile: Los Gallegos. En 2023 se encontraron restos humanos enterrados
bajo el cemento en un cerro ariqueño. Ese caso tiene a 38 detenidos -la mayoría
venezolanos- a la espera de un juicio oral por los delitos de homicidio
calificado, tráfico de personas migrantes, de armas y de drogas, además
explotación sexual de mujeres migrantes y extorsiones.
La respuesta
El año pasado el Congreso
aprobó legislación específica para combatir el crimen organizado. La normativa
reestructura el delito de asociación ilícita en dos tipos penales: criminal y
delictiva. También golpea al patrimonio de las organizaciones. Además,
modernizó su legislación contra el narcotráfico: endureció el comiso y amplió
el reporte de operaciones sospechosas a instituciones que no estaban obligadas
a hacerlo. El Ministerio Público, a través de un programa la subsecretaría del
ministerio del Interior, también ha implementado desde el pasado noviembre una
nueva unidad: el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH). Ha sido una
política pública creada, precisamente, por la irrupción de una nueva
delincuencia armada y porque, también, ha cambiado la escena del crimen.
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