CON CASCO, CHALECO Y CAUTELA, PERIODISTAS ENFRENTAN UNA PELIGROSA COBERTURA ELECTORAL EN BOLIVIA

A menos de un mes de las elecciones generales de Bolivia del 17 de agosto, los periodistas del país trabajan bajo una tensión elevada. La libertad de prensa está en grave riesgo en medio de un escenario político complejo que incluyen una división inédita en el partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS). La facción que causa más disturbios es la del expresidente Evo Morales, cuyos simpatizantes han organizado manifestaciones y bloqueos de carreteras no siempre pacíficas, mientras intimidan, amenazan y agreden a periodistas.
El MAS se ha dividido en tres principales facciones. El presidente Luis Arce apoya a su exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, un líder cocalero anteriormente considerado el heredero político de Morales, lanzó su propia candidatura. Morales, por su parte, intentó postularse para un quinto mandato. Después de que el Tribunal Constitucional se lo impidiera debido a los límites de reelección, sus simpatizantes iniciaron una serie de bloqueos en el centro de Bolivia a principios de junio, que dejaron seis muertos y un número incalculable de heridos.
Los periodistas han estado entre las víctimas no fatales. El 10 de junio, manifestantes que bloqueaban la carretera entre la ciudad de Oruro y el departamento de Cochabamba interceptaron a periodistas del medio digital El Fulgor y del canal privado de televisión ATB, les confiscaron los teléfonos celulares y amenazaron con quemarlos vivos, según la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia, que representa a los principales diarios del país. La organización reportó 32 agresiones físicas o verbales contra periodistas en los primeros seis meses de 2025.
Las cifras recopiladas por la Asociación Nacional de Periodistas, que representa a los profesionales de los medios, son más altas. Según el grupo, hubo 95 ataques a periodistas hasta el 15 de junio de 2025, incluidos 51 durante los bloqueos liderados por simpatizantes de Morales.
“Son acciones premeditadas, que están planificadas y que tienen el objetivo de acallar a los medios de comunicación, infundirles miedo y provocar también en los periodistas una reacción lógica de autocensura”, dijo Zulema Alanes, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, en una entrevista con LatAm Journalism Review (LJR).
Tras semanas de intensas protestas, los simpatizantes de Morales suspendieron las manifestaciones a mediados de junio. Pero la tregua puede ser temporal. Una de las principales aliadas de Morales, la líder política Ruth Nina, dijo en un mitin el 12 de julio que el Tribunal Supremo Electoral del país va a “contar a los muertos” durante el proceso electoral. Un tribunal ordenó su arresto por incitar al desorden.
Una cultura de violencia
Los episodios de violencia contra periodistas no son algo nuevo en Bolivia. Un caso particularmente grave ocurrió en Mairana, en el departamento de Santa Cruz, durante los bloqueos de simpatizantes de Morales en octubre de 2024. La Asociación Nacional de Periodistas informó que periodistas de la Red Uno fueron secuestrados junto con agentes de policía.
“Les quitaron su cámara y todo su equipo de trabajo, les rociaron con gasolina de unas bombas molotov que los manifestantes habían preparado y los amenazaron con que les iban a prender fuego”, dijo Alanes. Solo la intervención de otros líderes impidió que se cumpliera la amenaza, agregó.
Gabriel Romano, presidente de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera, dijo que existe una cultura de retórica radicalizada que termina promoviendo la violencia. “El radicalismo es bien visto. Cuanto más radical eres, se asume de que eres más valiente y eres más fiel a los principios políticos”, dijo a LJR.
La impunidad y la falta de respuesta institucional ante los ataques agravan la situación. “No hay un canal institucional o formal que nos escuche”, dijo Romano.
Un caso emblemático de impunidad siguió a un incidente en Las Londras, Santa Cruz, en octubre de 2021. Periodistas que cubrían invasiones de tierras fueron secuestrados durante ocho horas, amenazados con armas de alto calibre y obligados a firmar un compromiso de no regresar nunca al lugar. “A punto de cumplirse 4 años, aún no hemos encontrado justicia”, dijo Alanes.
Raúl Peñaranda, director del medio Brújula Digital y veterano analista político, dijo que la violencia contra periodistas en Bolivia ha alterado las prácticas profesionales de rutina.
“Ahora los periodistas bolivianos para cualquier evento tienen que llevar un casco, cosa que en el país no habíamos visto antes porque es posible que les llegue alguien una pedrada o alguien les dio un palazo”, dijo Peñaranda a LJR.
Peñaranda señala un cambio significativo en lo que llama el origen de la violencia. Desde que Luis Arce asumió el cargo en noviembre de 2020, había “grupos de choque” progubernamentales creando un clima de intimidación sistemática, dijo. Más recientemente, sin embargo, los ataques más graves provienen de los simpatizantes de Morales.
Raíces profundas
Según Alanes, la hostilidad tiene raíces en los cuatro mandatos de Morales, de 2006 a 2019. Durante ese tiempo, se organizaron campañas sistemáticas y crecientes de desprestigio contra la prensa. En 2016, el entonces ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, encargó un documental de 80 minutos titulado El cartel de la mentira, que contenía ataques a organizaciones de prensa independientes.
La estrategia de intimidación se intensificó después de 2016, cuando Morales perdió un referéndum sobre la posibilidad de reelección indefinida. “Él atribuyó esa derrota a la acción de los medios de comunicación”, dijo Alanes. Fue entonces cuando aparecieron los llamados “guerreros digitales”: empleados estatales organizados para atacar a opositores y periodistas en redes sociales, agregó.
Más allá de la violencia física y verbal, la prensa boliviana también enfrenta presiones económicas estructurales. Peñaranda describió un “sistema perverso de premios y castigos con la asignación de dinero estatal a los medios” a través de una distribución selectiva de la publicidad oficial.
Qué esperar de las elecciones
El panorama para las elecciones es preocupante. Por ahora, los simpatizantes de Morales están haciendo campaña para que los votantes anulen su voto escribiendo su nombre en la papeleta, una opción que algunos consideran democrática y no violenta. La situación, sin embargo, sigue siendo impredecible. “Si tú recuerdas, en 2019, la violencia se activó después de las elecciones y no antes”, dijo Romano.
Sin garantías institucionales, la protección de los periodistas bolivianos depende en gran medida de la movilización dentro de la profesión. Las asociaciones de periodistas han enviado informes detallados a los relatores especiales de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, documentando la escalada de violencia y la impunidad sistémica.
“Esa forma que tienen las organizaciones de periodistas de defender a sus colegas es algo positivo”, dijo Peñaranda. “Algunas personas dicen, ‘ah, pero solo es algo lírico, es un comunicado’. Pero eso sirve, porque eso es una forma también de protección”.
Mientras continúa la incertidumbre, Alanes emitió una advertencia clara a sus colegas: trabajen con equipo de seguridad y mantengan una distancia segura para evitar peligros.
“La violencia puede ir en escalada”, dijo. “Desde nuestras asociaciones, lo único que recomendamos es un trabajo responsable, con prudencia y la convicción de que ninguna cobertura vale una vida”. (https://n9.cl/7kclby)
 
 
 
 
 
LIBRE: 7 PROPUESTAS PARA PRIVATIZAR BOLIVIA
 
El programa de gobierno del partido LIBRE ¿Libertad y democracia?, a la cabeza de Jorge Tuto Quiroga presenta un documento decorado de valores burgueses, caracterizados por abstracciones de tipo: “progreso, justicia, seguridad y libertad”. Además, este partido aclara que no son “ni de izquierda, ni de derecha”, es decir, que son de derecha, pero que no quieren perder los votos de una mayoría electoral desorientada y sin conciencia de clase, a quienes esta aparente neutralidad puede encandilar. En concreto, plantean 7 propuestas para “salvar” Bolivia, pero como veremos a continuación, este partido entiende la salvación como sinónimo de privatización.
 
La Izquierda Diario de Chile (https://n9.cl/kkon9)
 
1. Salvar la economía
En general, el plan de LIBRE es acceder a préstamos no solamente del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial sino también de instituciones como el Fondo Latinoamericano de Reservas. En general esto resultará en políticas de austeridad y una crisis pagada por la clase trabajadora y los sectores populares.
Además, se plantea entregar estos dólares a un nuevo tipo de cambio. Este cambio será ajustado de acuerdo al “bolsín internacional”, una propuesta que se presenta como la solución a la escasez de divisas, pero en realidad lo que implica una fluctuación continua del tipo de cambio de dólares a bolivianos. En consecuencia, esta medida impone una continuidad de la devaluación del boliviano como moneda nacional licuando los salarios, es decir, el poder adquisitivo del salario se reduce.
Otra propuesta es la reducción del Estado, que implica el cierre de ministerios y la adquisición de empresas estatales a manos de capitales privados. Para lo segundo plantean la creación de un “hospital de empresas”, cuyo propósito es “buscar soluciones para empresas, emprendimientos que están enfrentando problemas”. En otras palabras, es una subasta para traspasar a precio de gallina muerta las empresas pequeñas a manos de los grandes capitales. Se trata entonces de un proceso de monopolización, concentración y centralización.
Focalizar el subsidio a los combustibles: el programa menciona mantener el subsidio para el transporte público, pero no menciona nada de quitárselo al sector del agro, que requiere gran porcentaje de abastecimiento para la operación de sus máquinas.
Bajo el discurso de atraer las inversiones, se plantea darle luz verde a la entrada de empresas extranjeras y eliminar “obstáculos” como el doble impuesto a la inversión extranjera. Por ejemplo, La Comunidad Andina de Naciones ya fue un primer convenio para eliminar doble impuestos, de hecho con España, Reino Unido, Suecia, y otros países tenemos estos acuerdos. Sin embargo, lo que no menciona este programa es que existen varios convenios que permiten eliminar esta doble tributación. Por lo tanto, el sector privado en los hechos no enfrenta "obstáculos". Con Tuto esto será potenciando ya que lo que busca es dar luz verde a iniciativas transnacionales para descuartizar la economía nacional.
2. Reactivar la producción
El programa no propone nada nuevo. Básicamente se busca perpetuar a Bolivia en una economía extractivista–primario exportadora, donde se exploten los recursos naturales, sin intenciones de una industrialización en que diversifique la producción económica del país. Este modelo económico extractivista, será además y por supuesto, un modelo privatizador.
Para “resucitar el gas”, proponen quitar la subvención, liberar la importación de combustibles e “incentivar la producción de biocombustibles”. En conjunto estas medidas benefician al sector privado empresarial, y provocaría una subida descontrolada de los precios de los combustibles y en general de los precios de todo lo demás, sin considerar los efectos ambientales que implica la producción de biocombustibles.
El “desarrollo del agro y de los bosques” encierra una contradicción tajante. Al mismo tiempo que se hace evidente la alianza con el agro-empresariado, alianza que implica un recrudecimiento de los procesos de deforestación agresiva, se propone emitir bonos de carbono y bonos verdes, que se aplicarán a territorios indígena-originarios De manera concreta: los bonos de carbono son “compensaciones” por las toneladas de CO2 u otros gases de efecto invernadero que se implementan en energías renovables o reforestación. Ah, pero la agroindustria cruceña anula cualquier intento de reparar este daño ambiental, provocando aún más daño.
Para el litio, se propone su industrialización con capitales extranjeros . Esto no es una novedad, ya que cualquier iniciativa que se proponga explotar el litio dependerá de capitales privados y foráneos. Sin embargo, la discusión está en las condiciones que imponen los contratos de esta explotación. El programa de LIBRE no menciona exactamente con quiénes se hará este negociado, pero tomando en cuenta la conocida relación de Tuto con EEUU, tampoco queda lugar a dudas sobre la injerencia de este país en la economía boliviana. Cabe recordar las declaraciones de Laura Richardson, jefa del comando sur de Estados Unidos, sobre el interés estratégico que representa el Triángulo del Litio para el imperialismo.
Acá tampoco se contemplan los costos ambientales que la extracción de este metal traerá consigo. Para extraer una tonelada de litio se requieren 2 mil litros de agua. Las comunidades aledañas al salar de Uyuni enfrentan una crisis para obtener este líquido vital y destinar tanta agua para la extracción es un despilfarro.
El turismo es un área que se pretende desarrollar mediante el impulso de una “política de cielos abiertos”, que idealmente facilita el ingreso al país, pero que en la práctica implicaría un deterioro de la soberanía del Estado y de la seguridad nacional, ya que cualquier avión podría entrar y salir de Bolivia. Lo más polémico en este punto es la anulación del requisito de visas para turistas provenientes de Estados Unidos e Israel. Eso con miras a simpatizar con sionistas. El mismo documento hace referencia a esto cuando menciona las dificultades que tuvieron unos turistas israelíes para entrar a Rurrenabaque.
3. Propiedad popular
La propuesta acá es otorgar acciones de las empresas nacionales a cada ciudadano. LIBRE estima que al principio cada acción tendrá un valor alrededor de 1500$, a través de títulos de valor “intransferibles, embargables y heredables”. Todo bonito, pero ¿De qué empresas nacionales estamos hablando realmente, si el plan general es darle rienda suelta a un proceso de privatización del país?
Estas acciones, llamadas Propiedad Popular (PP) no se podrán vender al principio, pero luego se establecerá un límite de 1000 acciones para cualquier persona. En caso de que esto se cumpla, podría dar lugar a dinámicas de acumulación de capitales que profundizarían la desigualdad. La propiedad popular no se da cuando los ciudadanos son accionistas, sino cuando existe una expropiación de los medios de producción a la empresa privada y los capitales extranjeros. Esto es en esencia el proyecto de la capitalización del Goni. No es solo transferir las acciones sino quien representa y cómo se maneja la empresa estratégica. 11 millones de bolivianos no estaremos en el consejo directivo. Es una forma de deslindar al Estado del manejo de esta empresas.
4. Bolivia digital
El proyecto de centralizar los trámites “desde citas médicas hasta inscripción en colegios” a través de una ventanilla digital, ignora las diferencias económicas y de infraestructura en el país. Antes de pensar en digitalizar los procesos, es necesario generar una cobertura de internet a un nivel efectivamente nacional. Antes de pensar en reservar citas médicas, es importante pensar en qué haría este gobierno con el seguro médico universal: eliminarlo.
Una “Bolivia digital” tiene sesgos de clase muy evidentes, donde se ignoran los diferenciales de familiaridad con las tecnologías de comunicación. Esta propuesta está pensada excesivamente desde las ciudades y espacios urbanos. Más allá de combatir la burocracia, se propone digitalizarla. Lo que supone una ampliación de las brechas digitales y dificultad en el acceso a tecnología para los sectores populares. Además, esta “optimización” de los trámites esconde la necesidad de efectuar despidos mediante la reducción del Estado. Una Bolivia digital desde el programa de Tuto significa una Bolivia con mayor desempleo.
5. Democracia, autonomía, justicia y seguridad
Esta es una continuación de los valores burgueses, con pretensiones universalistas, atemporales y, sobre todo, abstractas. Ideas como “Nosotros partimos de la igualdad de los seres humanos con absoluto respeto de las diferencias en un marco de tolerancia”, hacen evidente esta retórica vacía. Las ideas de justicia parten del mito de que “todos somos iguales ante la ley”, como si las facilidades económicas no comprasen derechos para las élites.
Esta es la sección más pobremente escrita y no es posible tener una idea clara de lo que quieren proponer cuando hay pasajes como: “Las víctimas por hechos delictivos han visto cerradas las puertas que realizan, solo para que de esa forma no suban las cifras oficiales y así, mentir al resto de la gente.” (Página 41)
Más adelante, mencionan algo peculiar sobre la diversidad cultural:
“Brindar seguridad implica tomar en cuenta la pluralidad y el pluralismo económico y cultural que existe en Bolivia, porque ligado a ello se encuentran las manifestaciones delictivas” (Página 43, subrayado nuestro). Lo que dejan entender con este razonamiento es que existe un prejuicio que intenta correlacionar la adscripción de una identidad indígena y de clase trabajadora a la delincuencia.
Más allá de la “tolerancia” o “comprensión” que nos pedirán que tengamos, estos “deslices” en la redacción revelan los intereses de clase de este programa, además de evidenciar sesgos históricos, y que racializan a los pueblos indígenas originarios.
Pero además seguridad para Tuto y su programa significa el retorno de la DEA al país y por lo tanto una abierta subordinación al imperialismo yanqui. Sabemos que esto lejos de una "lucha contra el narcotráfico" significa un fortalecimiento de los aparatos represivos del Estado que buscará avanzar en la criminalización de los sectores populares, campesinos e indígenas.
6. Política social
En las políticas sociales, no hay nada novedoso. LIBRE propone la coordinación con instituciones religiosas para el apoyo en la solución de conflictos. Existe una concepción pasiva de las mujeres, que se reducen a sujetos “beneficiarios” de las políticas de asistencia social, pero no se propone un rol activo para ellas. No hay ninguna discusión sobre los derechos reproductivos y sexuales.
A nombre de política social, se plantea un proyecto profundamente conservador y reaccionario que refuerza las instituciones punitivas. Estas omisiones sobre la discusión del aborto, el énfasis en las autoridades religiosas como mediadoras de los conflictos y la búsqueda de fortalecer la familia tradicional, evidencian una postura anti derechos, en la que buscan imponer una lógica patriarcal, patronal y neoliberal.
7. Reinserción internacional
La preocupación principal de LIBRE es cambiar la imagen de Bolivia como “país corrupto, de narcotráfico y de autoritarismo”. Sin embargo, no mencionan que el programa tiene tratados con la agroindustria que traerán más corrupción, más incendios y en general una precarización de la vida. Las declaraciones de Tuto en el foro de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) demuestran que planea gobernar de acuerdo a los intereses del poder agroindustrial. Episodios como la adjudicación de Branko Marinkovic (representante de este sector), que durante el gobierno de facto de Añez se adjudicó 30000 hectáreas de tierra, son muy probables de repetirse con el proyecto extractivista de LIBRE.
En realidad, estas políticas generarán una reinserción internacional en términos de una nueva migración forzosa de quienes no encuentren condiciones para continuar una vida encarecida en Bolivia. Por otra parte, los préstamos que se proponen tendrán como resultado una mayor injerencia estadounidense en la vida política boliviana, además de un alineamiento con los gobiernos neoliberales en nuestra región. El precio a pagar por esta “reinserción internacional” es la profundización de la crisis para la clase trabajadora y el incremento de los abusos contra el ambiente y la naturaleza.
En resumen, ningún plan de gobierno, menos como el que plantea LIBRE, es una receta mágica para solucionar las crisis estructurales de un país. Más allá de qué partido y qué político trasnochado obtenga mayor votación, todos los programas coinciden en que se vienen políticas de reajuste económico, reducción del estado y precarización directa para los sectores populares. Enfatizan en una lógica de privatización de las ganancias y socialización de las pérdidas, donde la clase dominante procura que la clase trabajadora pague la crisis.
Desde La Izquierda Diario Bolivia llamamos a la organización de las y los trabajadores de base para discutir un plan de lucha no solo para defenderlas conquistas laborales y sociales que se ha conseguido históricamente desde la lucha de la clase trabajadora y popular sino para que esta vez la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador.
 
 
 
 
 
POR QUÉ EL LLAMADO DE MORALES Y ARCE AL VOTO NULO O EN BLANCO ES INÚTIL PARA SUS INTERESES
 
Evo Morales insta a una especie de "manifestación" en las papeletas, que suma otro capítulo a las pataletas de ahogado del mandatario, porque su llamado solo servirá para agitar el clima político en víspera de la jornada, cuando la ley es clara: los votos nulos y blancos se contabilizan únicamente en la estadística de votos emitidos, para conocer el margen de asistencia.
 
Panam Post de Panamá (https://n9.cl/n2riw)
 
La incitación al voto nulo o blanco que promueve el expresidente boliviano Evo Morales, en protesta a la inhabilitación impuesta por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que le impide participar en las elecciones generales del próximo 17 de agosto, es torpe e inútil. Ninguna de estas opciones incide en el resultado a favor de la derecha como también vocifera el actual jefe de Estado, Luis Arce. Ambos mienten.
Morales lo hace desde una casa de campaña en el barrio Alto San Pedro, ubicado en la región de Santa Cruz. El inmueble es hoy la sede de la cual potencia la manifestación en las papeletas que suma otro capítulo a las pataletas de ahogado del mandatario, porque su llamado solo servirá para agitar el clima político en víspera de la jornada, cuando la ley es clara: los votos nulos y blancos se contabilizan únicamente en la estadística de votos emitidos, para conocer el margen de asistencia.
Confundir al respecto es perder el tiempo, cuando la normativa establece que el porcentaje que obtiene un candidato a presidente, a diputado uninominal, alcalde o gobernador, lo determina los votos válidos. Ello significa que los votos nulos o blancos quedan a un lado del total de votos que finalmente se toma en cuenta para elegir a las autoridades.
Un sistema sin fallas
Bolivia procesa los votos a través del sistema D’Hondt, un método que distribuye los escaños de manera proporcional, tomando en cuenta sólo los votos válidos. Este sistema fue ideado en el año 1878 por el jurista y profesor belga, Victor D’Hondt. Entre los países que lo utilizan figuran Albania, Argentina, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, Croacia, República Dominicana, Ecuador, Escocia, España, Estonia, Israel, Japón, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Uruguay y Venezuela.
Sobre este sistema el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) de Bolivia aclaró que ni los votos nulos ni los votos en blanco favorecen a candidatos de sectores políticos en específico —como afirma Arce— sino solo aumenta el porcentaje final que acumulan los candidatos.
Esa matemática está hecha conforme a la ley. Según el artículo 161 de la Ley 026 de Régimen Electoral un elector en la nación cocalera puede emitir tres tipos de votos: el válido, que se realiza por una candidatura y plasma en la franja de la papeleta con un signo o señal visible e inequívoca en la casilla correspondiente; el blanco, que implica dejar sin marcas las opciones establecidas en la papeleta de sufragio y, finalmente, el nulo que se declara ante la presencia de marcas, signos o expresiones realizadas fuera de la casilla correspondiente, la rotura de la papeleta o alteraciones en su impresión e incluso cuando se eligen dos o más votos, para el mismo nivel de representación. Por ejemplo, si se vota por presidente para el Partido Blanco y a la vez también se vota por el Partido Verde.
Cuentas claras
Si el día de los comicios, asisten 1000 electores a una urna en una mesa y todos entran y emiten su voto, al cierre de la jornada, empieza el recuento y se concluye que fueron:
450 votos para el Partido Rojo
340 Votos para el Partido Morado
120 Votos para el Partido Amarillo
45 Votos blancos
45 Votos nulos
Si bien las cifras llevarían a pensar a Morales que el Partido Rojo (450 votos) obtuvo el 45% de apoyo, el Partido Morado (340 votos) obtuvo el 34%, el Partido Amarillo (120 votos) el 12 %, los votos blancos (45 votos) serían el 4,5% y así sucesivamente… porque se toma el total de votos emitidos como el cálculo del 100 %, esa no es la forma de contabilización porque los votos blancos y nulos no permiten escoger autoridades, por tanto, se desestiman.
Entonces, al restar los 45 votos blancos y los 45 votos nulos del ejemplo, se alcanza un total de 910 votos válidos que equivalen 100% de resultado de votos contables para elegir autoridades. Si se calcula sobre esta cifra, el Partido Rojo (450 votos) obtiene entonces 49.45%, y ya no 45%; el Partido Morado (340 votos) obtiene 37.3 %, es decir 3,3% adicional y el Partido Amarillo (120 votos) 13,1 %, que es 1% más. Que alguien le informe al exmandatario, por favor.
¿Cómo se cuentan los votos?
El protocolo de conteo de votos en Bolivia es riguroso. Después del cierre de la mesa de sufragio, los jurados de mesa inician el conteo con el desdoblamiento de las papeletas una a una, mientras se lee en voz alta el nombre de la organización política o alianza a la que corresponde el voto.
“Si el voto fue nulo o blanco, del mismo modo, se indica esto a los presentes y se procede a anotarlo en la pizarra”, precisa un reporte de Bolivia Verifica.
“Por lo general el voto blanco está asociado a un descontento con las opciones en la papeleta mientras que el voto nulo, suele ser interpretado como un descontento con el sistema político y electoral en general”, señala el politólogo Julio Ascarrunz. La diferencia podría estar en la carga simbólica de qué significa para el elector uno u otro voto. Nada más.
La consigna “sin Evo no hay elecciones” tampoco tiene sentido alguno cuando una mayoría de votos nulos o blancos es incapaz de anular una elección. De hecho, en caso de registrarse un porcentaje elevado de votos nulos o blancos, aumentará el porcentaje de los votos válidos, lo que acerca más a los candidatos a ganar en primera vuelta y definir la distribución en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
De ello hay antecedentes. En dos citas de las elecciones judiciales en Bolivia se vio el escenarios con altos porcentajes de votos nulos con márgenes de hasta 55 %, pero los magistrados se juramentaron.
 
 
 
 
 
SAMUEL DORIA MEDINA Y LAS MENTIRAS DE CLAURE
 
A Samuel Doria Medina Auza se le acusa de muchas cosas. Durante las últimas cuatro décadas ha sido ministro, candidato a la vicepresidencia y a la presidencia, asambleísta constituyente e incluso dirigente de la Internacional “Socialista”. En este artículo de La Izquierda Diario, vamos a analizar algunas verdades, medias verdades y mentiras sobre Samuel Doria Medina.
 
Izquierda Diario de Chile (https://n9.cl/1viqa)
 
El multimillonario Marcelo Claure, ha cobrado un papel importante de vocero de los intereses estadounidenses en las elecciones generales de 2025. Fue el impulsor del encuentro en la Universidad de Harvard con los principales candidatos, empresarios y banqueros del país, junto a los organismos financieros internacionales y las empresas transnacionales. El 27 de julio, luego de una larga espera en la que hizo competir a los candidatos de la derecha tradicional, hizo público su apoyo a la candidatura de Samuel Doria Medina. En su tweet de respaldo, hizo referencia a cinco puntos para justificar su posición.
Mentira No. 1: “Sabe cómo crear empleo — lo ha hecho toda su vida”
Samuel Doria Medina Auza se ha enriquecido a costa de los trabajadores. Cuando Doria Medina se adjudicó la Fábrica de Cemento El Puente en los procesos de privatización (1996), la Prefectura del Departamento de Tarija le entregó 743.750 USD, que correspondía a los beneficios sociales adeudados a los trabajadores. Este dinero debía representar el 4,73% de las acciones de la Fábrica de Cemento El Puente, pero jamás fueron entregadas las acciones a los trabajadores. Doria Medina constituyó la sociedad anónima con la participación mayoritaria de SOBOCE, y de accionistas minoritarios figuraron él y su hermana. Lejos de “crear empleo”, Samuel se ha apropiado de 743 mil USD de los trabajadores.
En calidad de ministro de Planeamiento y Coordinación, Doria Medina fue el responsable directo de los procesos de privatización de empresas estatales. Ante las movilizaciones de los trabajadores en defensa de las empresas públicas y sus puestos de trabajo, Doria Medina amenazó con “hacer volar puestos de empleados”.
Mentira No. 2: “Sabe cómo manejar la economía — no necesita aprender con nuestro país”
Es cierto, Samuel “sabe cómo manejar la economía”, pero la pregunta de rigor es, ¿al servicio de quién? Entre los antecedentes de manejo económico de Doria Medina se destacan dos casos que sintetizan sus intereses:
La privatización del agua en Cochabamba. El consorcio Aguas del Tunari S.A., tenía como accionista principal la transnacional Bechtel, pero también tenía accionistas nacionales. SOBOCE de Doria Medina, ICE Ingenieros de Julio César León Prado y la Constructora Petricevic de Andrés Petricevic, fueron accionistas del consorcio y se beneficiaban de forma directa con el intento de privatización del agua en Cochabamba. En las calles de la llajta, el pueblo trabajador dio cátedra de dignidad e hizo retroceder el intento privatizador.
El caso “FOCAS”, fue de los pocos casos de denuncia de la privatización y capitalización que llegaron a juicio. En su gestión como ministro, Doria Medina coordinó un proyecto de financiamiento internacional orientado a los microcréditos, facilitando la canalización de los créditos internacionales a través de fundaciones y bancos del sector privado. Doria Medina, Gonzalo Sánchez de Lozada y otros fueron acusados de desviar 21 millones de USD de fondos públicos a cuentas privadas de una fundación ligada a la Confederación de Empresarios Privados. Durante el régimen de facto de Jeanine Áñez se archivó este caso.
Mentira No. 3: “No necesita robar — ya ha demostrado que se puede servir sin servirse”
Cuando fue ministro de Planificación y Coordinación (1991-93) durante el gobierno de Jaime Paz Zamora (MIR-ADN), Doria Medina tenía a su cargo la planificación de la privatización de empresas estatales. Fue así que pudo “postergar” el proceso de venta de un paquete accionario de la Fábrica Nacional de Cemento (FANCESA) y de la Fábrica de Cemento El Puente. Cuando asumió el gobierno del MNR, se le facilitó la adjudicación de ambas empresas, en una especie de intercambio de favores, ya que él facilitó los intereses de los empresarios del MNR cuando el MIR estuvo en función de gobierno.
En 2014, Samuel Doria Medina vendió sus acciones en SOBOCE (51%) a la empresa peruana Holding Cementero S.A., por un total de 300 millones USD. Esta transacción se registró en la Bolsa Boliviana de Valores, sin embargo el pago se realizó en el exterior, evadiendo el pago de impuestos. En 2005, Doria Medina ya había vendido el 46,5% de sus acciones en SOBOCE a la empresa offshore panameña Apakana por 80 millones de Bs., un día después la empresa panameña las revendió al Grupo Cementos de Chihuahua de México por 524 millones de Bs.
Mentira No. 4: “Tiene experiencia, visión y, sobre todo, valores”
Esta aseveración de Marcelo Claure, quizás sea una media verdad. Pues, Samuel Doria Medina tiene experiencia. Ha sido ministro del gobierno de Jaime Paz Zamora (1991-93), luego de sus múltiples candidaturas presidenciales, en 2020 - después del golpe de Estado - fue candidato a la vicepresidencia de Jeanine Áñez.
La experiencia de Doria Medina se resume en la privatización de las empresas estatales para el beneficio propio, el ataque a los derechos de los trabajadores, la evasión de impuestos mediante paraísos fiscales y el apoyo político al sangriento golpe de Estado de 2019. Esa hoja de vida sintetiza la visión de país de Doria Medina. Naturalmente para Marcelo Claure y los intereses imperialistas, estos son sus “valores”.
 
 
 
 
 
QUIÉN ES EL MULTIMILLONARIO QUE QUIERE SER EL PRIMER PRESIDENTE DE DERECHA DE BOLIVIA EN 20 AÑOS
 
Los Ángeles Times de EEUU (https://n9.cl/q06aji)
 
Tres veces ha intentado ser presidente de Bolivia y no es una sorpresa que volverá a buscar el poder en las elecciones de este 17 de agosto.
El multimillonario Samuel Doria Medina, de 66 años, se presenta de nuevo como candidato con la aspiración de convertirse en el primer mandatario de derecha en gobernar un país que, por 20 años, ha estado en manos de Movimiento Al Socialismo, el partido fundado por Evo Morales.
Lo que sí es inesperado es que el casi eterno candidato, que promete detener a Morales y acercarse al estadounidense Donald Trump, tiene esta vez una posibilidad real de ganar en las urnas.
Las encuestas han colocado hasta ahora a Doria Medina, dueño de una cadena de hoteles y de la franquicia de Burguer King en Bolivia, como favorito de cara a las elecciones presidenciales del próximo mes.
Aunque nada está dicho. A medida que se acerca la votación, su ventaja sobre el segundo con mayor intención de voto —el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga— se ha estrechado y podría derivar en un empate técnico.
“El 17 de agosto no solamente vamos a cambiar el presidente, sino va a haber un cambio de ciclo en Bolivia”, dijo el miércoles Doria Media, quien fuera un magnate en la industria del cemento, a The Associated Press en una entrevista desde su lujosa oficina en el piso 20 de uno de los edificios más altos de La Paz que él mismo ayudó a levantar.
“El Movimiento Al Socialismo va a ser parte del pasado, va a ser una minoría dividida”, auguró el candidato.
“Va a haber nuevos actores”
Doria Medina, un poderoso empresario en Bolivia, está apelando al malestar de los ciudadanos ante la peor crisis económica del país desde 1991.
Ha prometido diálogo y apertura para los votantes desencantados con la fractura interna del oficialismo del MAS, que lleva en una pugna de liderazgo varios meses entre el actual presidente Luis Arce y su predecesor e histórico líder Evo Morales. Este último gobernó por años presumiendo de haber impulsado un milagro económico con un crecimiento nacional al alza y una reducción de la pobreza durante la mayor parte de su mandato entre 2006 y 2019.
Pero el modelo económico de Morales, apuntalado desde el peso del Estado, las exportaciones de gas natural, se terminó desvaneciendo en los últimos años. Ahora, el país de 12 millones de habitantes está en un punto de inflexión, debido a la escasez de dólares, protestas recurrentes y el desabastecimiento de combustible que amenazan el dominio, antaño incuestionable, del partido MAS, fundado en la década de 1990.
La población “quiere que se resuelva la situación económica, el estado del conflicto y la falta de combustible”, dijo, confiado en que su propuesta electoral convencerá a la mayoría.
Pero aún hay incertidumbre sobre cómo se pronunciarán las urnas, dado que la gran base de votantes fieles al expresidente Morales ha anticipado que dejará el voto en blanco debido a su polémica inhabilitación en parte como resultado de su amarga lucha política con Arce.
Arce, que veía diluirse el respaldo a su gobierno en los últimos meses, declinó presentarse a la reelección.
La única opción de izquierdas con opciones, según las encuestas, es Andrónico Rodríguez, de 36 años y presidente del Senado y vicepresidente del sindicato cocalero afín a Morales. Rodríguez podría ser considerado el heredero político del exmandatario si no fuera porque éste lo considera como un traidor.
Con los demás aspirantes muy alineados hacia una derecha más extrema, analistas ven a Doria Medina como la alternativa más moderada para intentar convencer a los seguidores más leales del MAS. Él, por su parte, ha buscado atraer a más ciudadanos descontentos con la promesa de frenar la tasa de cambio y atajar los problemas de escasez de combustible en sus 100 primeros días.
Un boliviano vale ahora en el mercado negro en torno a la mitad que la tasa oficial.
“Este tipo de crisis hay que resolverla rapidísimo”, apuró Doria Medina, poniendo como ejemplo los drásticos ajustes aplicados por el presidente ultraderechista argentino, Javier Milei, que atajaron una inflación de doble dígito en sus primeros meses de gobierno.
“Vamos a tener relaciones con Estados Unidos”
Para conseguir esa rápida transformación en Bolivia, el candidato mencionó a la AP que una de sus primeras medidas será la eliminación de subsidios a los combustibles, que han sido por mucho tiempo un pilar fundamental de la política económica del MAS. Cuando Morales intentó cortarlos en 2010, hubo masivas manifestaciones en todo el país que forzaron al entonces presidente a dar marcha atrás.
Bolivia dedicó más de 3.000 millones en subsidios a las gasolinas el año pasado. “Es el mayor absurdo que en Bolivia cueste 0,30 centavos de dólar el litro de gasolina y en todos los países vecinos 1 dólar”, planteó Doria Medina, minimizando la posibilidad de que la medida le traiga consecuencias en las calles.
El candidato ofreció acompañar estos recortes y la revisión de las empresas públicas con un cambio en la estrategia de política exterior tras años en los que Bolivia ha estado alineada con China, Irán y Rusia.
“Nosotros no vamos a idealizar las relaciones”, lanzó. “Con los países que podamos tener un intercambio, un beneficio, vamos a tener relaciones”, recalcó, mencionando a Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea.
Uno de los productos que podrían resultar más apetitosos para Estados Unidos son las grandes reservas de minerales estratégicos de Bolivia, incluido el litio, un componente clave de las baterías renovables. Empresas chinas y rusas han buscado participar en la extracción boliviana de litio, aunque el país sigue en gran medida sin explotar ese recurso a pesar de los intentos de Morales y los anuncios de Arce.
Morales “se va a poner en el recaudo”
Tras ser inhabilitado como candidato y recibir una orden de detención en su contra por un caso de abuso sexual a una menor de 15 años cuando era presidente, Evo Morales se refugió —y no ha salido de ahí— en su feudo cocalero del Chapare. Él asegura que es un perseguido y que todo es una estrategia para impedirle volver a la política.
Doria Medina fue tajante con la situación del exmandatario: si gana las elecciones, Morales enfrentará a la justicia.
“Hay que hacer cumplir la ley”, subrayó. “Hay una recompensa por su arresto. Yo voy hacer hacer cumplir la ley”.
Ante la pregunta sobre eso significa que Morales terminará en prisión bajo su mandato, el candidato dijo que sí. Pero añadió que no le sorprendería que intente huir del país, como hizo en 2019 tras verse forzado a renunciar después de que las elecciones fueran declaradas fraudulentas y se levantaran masivas protestas.
Lo que no le preocupa, asegura, son las amenazas del expresidente de desestabilizar el país con movilizaciones.
“Ya se ha demostrado que Evo Morales ya no tiene la misma fuerza. Si la tuviera sería otra cosa”, recalcó. “Yo viajo por todo el país y la gente está indignada. Me dicen que votarán para castigarlo”.
 
 
 
 
 
¿ES BOLIVIA UN ESTADO FALLIDO?
 
Expreso de Perú (https://n9.cl/9ehie)
 
En Bolivia saltaron hasta el techo al conocer que la presidenta, Dina Boluarte, durante su mensaje a la Nación por 28 de julio, refiriéndose al gobierno del expresidente Pedro Castillo –que produjo la ruptura del régimen democrático peruano–, dijo, textualmente: “Estaríamos en un país sin inversiones, sin obras ejecutadas, con mayor pobreza, camino a convertirnos en un país fallido, como Cuba, Venezuela o Bolivia”. Respondo la pregunta que he formulado en el título de mi columna, afirmando, enfáticamente, que, por supuesto que no lo son, y voy a explicarlo, advirtiendo que, en Bolivia, tampoco saben qué es exactamente. Veamos. Con frecuencia suele creerse como Estado fallido a los países no democráticos o a los Estados empobrecidos.
Así concebirlo, es un error conceptual doctrinario básico. Los Estados fallidos son sociedades anarquizadas donde no es identificable la autoridad central, que en la teoría de la ciencia política y del derecho constitucional se denomina GOBIERNO, elemento constitutivo del Estado. Los otros dos elementos son el territorio y el pueblo. Sigamos. Un Estado fallido es aquel en el que no existe el imperio del orden social establecido y en el que todos sus miembros, no aceptan los convencionalismos ni respetan las normas jurídicas, comenzando por la Constitución Política, a la que soslayan, pasándola por encima todo el tiempo, y hasta pisoteándola.
En los Estados fallidos, entonces, no hay Estado de derecho; al contrario, se impone el caos y el desorden como reglas. A los Estados fallidos, por esa razón, en mis clases, los llamo Estados fallados, por la manifiesta y absoluta incapacidad de sus propios miembros para dirigir sus destinos, siendo necesario, en consecuencia, que pudiera producirse la intervención extranjera, para evitar que se produzcan masacres o asesinatos masivos, y en virtud del principio de seguridad colectiva, siendo lo más importante la preservación de la vida humana en su naturaleza de bien jurídico máximo.
Son Estados fallidos Somalia, Yemen, la República Centroafricana, Libia o Haití, en los que la gobernabilidad es prácticamente inexistente. Los regímenes totalitarios como Corea del Norte y Cuba o las dictaduras como Nicaragua o Venezuela o las autocracias como Bolivia, son Estados en los que la coacción –uso de la fuerza o violencia legítimas del Estado– y la coerción –amenaza o advertencia legítimas del Estado–, tienen un alto nivel de eficacia debido a la arbitrariedad y el abuso dominantes, no habiendo evidencias de anarquía. Una prueba de esa macabra eficacia es la manera brutal como el gobierno de Daniel Ortega o el de Miguel Diaz-Canel, reprimen al pueblo. Por esa razón, es que estos países son los menos parecidos a los Estados fallidos.
Esa es una verdad que desconocían completamente quienes prepararon el discurso de la presidenta, llevándola al error, y que el propio canciller Schialer, en sus declaraciones sobre lo sucedido, también ha confirmado desconocer. Mirando al Perú, finalmente, no hay que decir que estamos en camino de ser un Estado fallido, por más crisis económica o social que nos pudiera amenazar. Ni siquiera lo fuimos en los difíciles años 80, con hiperinflación y terrorismo de por medio, pues nunca dejamos de tener una autoridad central, plenamente identificada.
 
 
 
 
 
"HEMOS ACORDADO CONTINUAR POR LOS CANALES DIPLOMÁTICOS": CANCILLER ELMER SCHIALER BUSCA REDUCIR TENSIONES CON BOLIVIA
 
Elmer Schialer informó que ha mantenido comunicaciones con sus homólogos bolivianos para mitigar el impacto diplomático tras polémica por las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte.
 
RPP de Perú (https://n9.cl/7nugf)
 
El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, se pronunció nuevamente sobre la controversia diplomática entre Perú y Bolivia, originada por el mensaje presidencial por Fiestas Patrias, en el que la mandataria Dina Boluarte calificó a Bolivia como un “país fallido”.
Estas declaraciones provocaron un rechazo inmediato por parte del presidente boliviano, Luis Arce, quien catalogó estas afirmaciones como “inadmisibles”.
Al respecto, el canciller señaló, en el programa Prueba de fuego de RPP, que Boluarte buscaba contextualizar lo que pudo haber ocurrido en el país si no hubiera asumido el Gobierno tras el intento de golpe de Estado por parte de Pedro Castillo, evitando así que el Perú se convirtiera en un Estado fallido.
“Ella de ahí pasó a hablar de las gravísimas situaciones económicas y sociales que estos tres países (Venezuela, Cuba y Bolivia) han vivido y viven actualmente”, mencionó.
“No podemos tratar de tapar el sol con un dedo. Mal haría yo, entonces, de tratar de interpretar o recortar o poner una coma o quitar una de ellas, en lo que dijo la señora presidenta. Eso, lo que dijo, queda, está. Y eso es algo que también ya ha sido, digamos, materia de reflexión y de reacción por parte de Bolivia”, agregó.
Canciller dice que se evalúa restablecer relaciones diplomáticas con Bolivia
Por otro lado, el canciller informó que ha mantenido comunicación con representantes bolivianos a fin de mitigar este impase.
“En lo que nos vamos a concentrar es en la mirada hacia adelante (…) Hemos acordado continuar por los canales diplomáticos la evolución de nuestra relación”, acotó.
Schialer también refirió que existe la intención de restablecer las relaciones diplomáticas al más alto nivel con Bolivia, aunque actualmente no haya embajadores designados entre ambos países.
“Nosotros siempre hemos estado prestos y dispuestos a poder enviar a un embajador. Yo he hablado con la canciller boliviana, Celinda Sosa, sobre el tema. Comprendemos las dificultades de política interna que tiene Bolivia para justamente materializar la elevación al máximo nivel posible diplomático de nuestras relaciones”, sostuvo.
“Le he dicho que nosotros vamos a hacer las cosas de manera tal, que sea posible y pasible en beneficio para los dos países. No le vamos a presionar. Tiene el compromiso peruano de cuando Bolivia se sienta lista, intercambiaremos embajadores”, añadió.
Por último, Elmer Schialer anunció que, a pesar de las tensiones, se está planificando el envío de una delegación de alto nivel a dicho país el próximo 6 de agosto para participar en las celebraciones por las Fiestas Patrias y el Bicentenario.
“Estamos viendo si se puede también enviar una delegación, digamos, de jóvenes, ya sea alumnos de escuelas o jóvenes militares, que desfilen en La Paz, en honra a este Bicentenario que celebra y cumple Bolivia”, culminó.
 
 
 
 
 
SCHIALER JUSTIFICA MENCIÓN A BOLIVIA EN DISCURSO DE BOLUARTE
 
Canal N de Perú (https://n9.cl/hi0yp)
 
El canciller Elmer Schialer explicó que las menciones aludidas por la presidenta Dina Boluarte, que comparan potenciales escenarios de países “fallidos” como Cuba, Venezuela y Bolivia, deben entenderse dentro del marco del mensaje sobre defensa del orden democrático. Bolivia emitió una nota de protesta pública y convocó al encargado de negocios peruano en La Paz. Schialer indicó que el contenido fue expresado verbalmente, no añadido en versión escrita, y fue parte del discurso sobre sucesión constitucional, no un ataque político directo a otro país.
¿Qué se gestiona desde el Ministerio de RR. EE.?
El gobierno ha respondido formalmente con una nota diplomática al encargado de negocios del Perú en Bolivia. Según Schialer, el mensaje contiene tanto el rechazo peruano a la interpretación como una clara disposición a continuar los lazos bilaterales. "No podemos mudarnos de vecindario", afirmó, destacando que la relación se sustenta en voluntad compartida y cooperación regional.
Retrato del discurso presidencial: lo dicho importa
El ministro recordó que en diplomacia lo que vale es lo que se pronuncia, no lo que se redacta. Aclaró que los últimos 15 minutos del mensaje presidencial ya no forman parte de la versión escrita oficial distribuida, pero enfatizó que el enfoque central del discurso fue resaltar la defensa institucional y evitar que un golpe consumado alterara la democracia en el Perú.
Posición sobre la Corte Interamericana y la ley de amnistía
Schialer respaldó la postura del Estado peruano de aplicar la ley de amnistía aprobada por el Congreso para policías y militares procesados por hechos vinculados al terrorismo. Consideró que las decisiones de la Corte IDH tienen un sesgo político y exceden su competencia al interferir en legislación interna. Confirmó que una comisión de Cancillería evaluaría posibles ajustes o su exclusión del sistema interamericano si continúa ejerciendo presión sobre normativas aprobadas en el país.
Resumen:
El canciller Elmer Schialer defendió el discurso de la presidenta Boluarte y aclaró el contexto diplomático frente a Bolivia. Afirmó que el contenido del mensaje fue coherente con los valores democráticos y no buscó agraviar a otros países. Sobre la ley de amnistía, sostuvo que el Perú debe proteger su soberanía jurídica frente a pronunciamientos externos, evaluando incluso su permanencia en el sistema interamericano de derechos humanos.
 
 
 
 
 
PARLAMENTARIOS ANDINOS DE BOLIVIA RECHAZAN MENSAJE DE DINA BOLUARTE Y LO CONSIDERAN UN DISTRACTOR ANTE LA FALTA DE GESTIÓN
 
Sara Condori y Faustino Ollisco cuestionaron el discurso presidencial por Fiestas Patrias, en el que Dina Boluarte calificó a Bolivia como un “país fallido”.
 
RPP de Perú (https://n9.cl/acsaf)
 
Los representantes bolivianos ante el Parlamento Andino, Sara Condori y Faustino Ollisco, expresaron su rechazo a las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, quien en su último mensaje a la Nación por Fiestas Patrias afirmó que, al asumir el poder, evitó que el Perú se convirtiera en un país “fallido como Cuba, Venezuela y Bolivia”.
En una entrevista para el programa Las cosas como son de RPP, Condori señaló que, a su parecer, la mandataria peruana mencionó a algunos países de la región, incluyendo el suyo, como una estrategia para desviar la atención, debido a su “poca aceptación” y porque “no tiene trabajo de gestión”.
“Yo siento que este mensaje ha sido más una distracción por su fallida gestión porque no ha dado resultados al pueblo. Todo lo contrario, no ha mencionado las masacres, los muertos que ella carga en su conciencia”, mencionó la vicepresidenta del Parlamento Andino.
“Más allá de cualquier diferencia ideológica, política, que podamos tener, somos [países] hermanos. Tenemos muchísimas cosas en común, tanto problemas como dificultades, pero por eso mismo estamos para ayudarnos. Tenemos frontera, compartimos el lago Titicaca, compartimos muchísimas cosas y estamos para ayudarnos”, agregó.
Faustino Ollisco, por su parte, respaldó estas declaraciones y añadió que el Gobierno de Dina Boluarte ha perdido conexión con las necesidades de la población.
“Como todo gobierno, cuando entra forzosamente, atropellando las normas, los derechos humanos, siempre la atención o el valor del pueblo está en el otro extremo”, sostuvo.
En ese sentido, indicó que lo que necesita “el pueblo peruano” son respuestas en gestión, asociadas a la “educación, salud, transporte y producción”.
 
 
 
 
MILAGROS LEIVA CALIFICA DE 'MEDIOCRE' A LUIS ARCE: “BOLIVIA ES UN ESTADO FALLIDO”
 
La periodista se mostró a favor de lo dicho por el canciller Elmer Schialer, quien sostuvo que no retrocederán frente a lo sostenido por la presidenta.
 
Willax de Perú (https://n9.cl/d5vhg)
 
Milagros Leiva se dirigió al presidente de Bolivia, Luis Arce, tras rechazar las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte que calificó de “Estado fallido” el país del altiplano.
Esta vez la periodista coincidió con la mandataria, ratificando que Bolivia sí es un Estado fallido porque la izquierda, de donde viene Arce, empujó al abismo a la nación.
Por ende, calificó al mandatario como el “más mediocre” que le tocó al país fronterizo con Perú. “El señor Arce que no se moleste mucho porque Bolivia en serio es un Estado fallido o qué, viven en Suiza. De ninguna manera, ese Estado ya no funciona, la izquierda lo ha desmadrado, él mismo es uno de los gobernantes más mediocres que le ha tocado a Bolivia”, comentó. Milagros Leiva le da la razón Es así que, la conductora de ‘Milagros Leiva Entrevista’ reiteró que Boluarte tuvo la razón en decir que Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia fracasaron por no respetar la democracia.
A esto agregó estar de acuerdo con lo sostenido por el canciller Elmer Schialer, quien aseguró que no retrocederán frente a lo dicho por la jefa de Estado en su mensaje por 28 de julio. “Me parece muy bien que Dina Boluarte haya puesto los puntos sobre las ies sobre estos gobiernos de izquierda bruta y achorada, sobre todo mediocre, que ha empobrecido a los países”, concluyó.
 
 
 
 
 
TONELADAS DE MERCURIO DE MÉXICO ALIMENTAN A LA MINERÍA ILEGAL EN BOLIVIA, COLOMBIA Y PERÚ
 
Informe de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), revela cómo toneladas de mercurio extraído de minas mexicanas llegan a los países amazónicos para ser usadas en la minería ilegal, una actividad que está destruyendo la biodiversidad y afectando la salud de las personas.
 
Actualidad Ambiental de Perú (https://n9.cl/m4oxp)
 
Un reciente informe de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA por sus siglas en inglés) revela el tráfico a gran escala de mercurio desde minas mexicanas hacia minas de oro en Bolivia, Colombia y Perú. Según los hallazgos, entre abril de 2019 y junio de 2025 se han traficado aproximadamente 200 toneladas de mercurio, lo que ha generado, según estimaciones conservadoras, la producción de al menos US$ 8 mil millones de dólares en oro ilegal, al precio actual.
La investigación, denominada «Traficantes no dejan piedra sin levantar», revela además cómo el tráfico de mercurio y oro se entrelaza con el crimen organizado. Asimismo, detalla cómo, gracias a la información proporcionada por EIA, Aduanas de Perú incautó aproximadamente 4 toneladas de mercurio mexicano en junio de 2025, la mayor jamás reportada por un país amazónico.
“Debido a una combinación de factores económicos, geopolíticos y del mercado, el precio del oro ha aumentado drásticamente desde 2023, alcanzando un récord histórico en abril de 2025 con un precio de US$ 3500 por onza. Este aumento se atribuye principalmente a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, que han llevado a los inversionistas a buscar activos de refugio como el oro”, señala EIA.
A nivel global, agrega la organización, una parte significativa del oro producido cada año proviene de fuentes ilegales. En los países amazónicos, se estima que entre el 28 % y casi el 90 % del oro producido proviene de actividades ilegales, según el país. Esta minería ilegal se ha expandido rápidamente en los últimos años y es hoy uno de los principales impulsores de la deforestación en la región.
“Estudios recientes muestran que, para 2024, la huella acumulada de deforestación causada por la minería aurífera en la Amazonía superó los 2 millones de hectáreas, con un aumento de más del 50 % en los últimos seis años. Un tercio del impacto se encuentra en áreas protegidas y territorios indígenas, incluidos los territorios yanomami, munduruku y kayapó”, agrega el informe.
Mercurio y contaminación
Según EIA, el auge actual de la minería ilegal de oro en la Amazonía no sería posible sin el mercurio. “Los mineros utilizan mercurio para formar una amalgama con los sedimentos auríferos, la cual luego se calienta para evaporar el mercurio y dejar el oro. Este proceso, aunque rudimentario, es central en las operaciones mineras ilegales en toda la región y es la principal causa de contaminación por mercurio en la Amazonía”, explica la organización.
Asimismo, indica que este proceso también libera grandes cantidades de mercurio al ambiente, lo cual hace que la minería de oro sea la mayor fuente de contaminación atmosférica por mercurio a nivel mundial, liberando más de 800 toneladas al año. “El mercurio utilizado en estas operaciones contamina suelos, ríos y bosques. El mercurio, un neurotóxico altamente peligroso, ingresa a la cadena alimentaria, se bioacumula y provoca trastornos neurológicos severos y múltiples problemas de salud en las comunidades amazónicas”, detalla EIA.
Alexander von Bismarck, director ejecutivo de EIA explica que “el flujo tóxico de mercurio hacia las minas de oro ilegales en la Amazonía ha sido presentado y aceptado como inevitable durante demasiados años. Es hora de desafiar este statu quo que afecta a las comunidades amazónicas y beneficia a los criminales organizados”.
La ruta del mercurio
Entre abril de 2019 y junio de 2025, EIA investigó y documentó el contrabando de aproximadamente 200 toneladas de mercurio ilegal, lo que representa el mayor flujo de mercurio ilegal jamás reportado a nivel mundial. La ruta del mercurio inicia en el estado de Querétaro (México), donde unas pocas minas activas producen decenas de toneladas de mercurio cada año para abastecer la demanda minera del oro en la Amazonía.
Varias de estas minas, agrega la organización, están ubicadas dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda. La evidencia recabada indica que algunas de estas minas están bajo control del Cártel Jalisco Nueva Generación. Para mayo de 2025, fuentes en las minas de Querétaro indicaron a los investigadores que una nueva “fiebre del mercurio” ha sacudido la región desde inicios del año, impulsada por precios récord (US$ 330 dólares por kilo de mercurio) ofrecidos por los traficantes, como consecuencia del alza del precio del oro.
Según la investigación, el mercurio mexicano fluye hacia minas de oro, muchas veces controladas por carteles, en Bolivia, Colombia y Perú, con algunos transbordos a través de Estados Unidos. Por ejemplo, los carteles de droga en Colombia controlan una parte importante de las rutas internas de tráfico de mercurio. De acuerdo con estimaciones conservadoras, el mercurio mexicano contrabandeado ha sido utilizado para extraer al menos US$ 8 mil millones de dólares en oro ilegal (al precio actual de US$ 3300 dólares por onza).
Basándose en información proporcionada por EIA, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) incautó un cargamento de aproximadamente cuatro toneladas de mercurio contrabandeado, que tenía como destino Bolivia pero estaba transbordando en Perú. El cargamento fue transportado por la naviera Ocean Network Express (ONE) en un buque de Hapag Lloyd. Esta incautación de mercurio representa la mayor jamás registrada por un país amazónico.
Alexander von Bismarck agregó: “Mientras las minas de mercurio sigan abiertas, en México o en cualquier otro lugar, los traficantes encontrarán el modo de operar. El problema debe abordarse desde la raíz”.
Los hallazgos de EIA también plantean dudas sobre la eficacia del Convenio de Minamata sobre el Mercurio y, en particular, sobre su implementación en México. En ese sentido, la organización señala que varios problemas críticos deben ser abordados con urgencia —especialmente durante la COP30—, por ejemplo: el periodo de gracia que permite a las minas de mercurio seguir operando y produciendo mercurio primario que alimenta minas de oro ilegales en todo el mundo; la falta de aplicación efectiva que permite que las minas sigan activas aunque sean formalmente ilegales o no autorizadas; y que la minería de oro artesanal y en pequeña escala (MAPE) sea considerada un uso “permitido” del mercurio bajo el Convenio de Minamata, lo cual representa -según EIA- una laguna legal que cada día daña a los ecosistemas y a cientos de familias en toda la Amazonía.
 
 
 
 
 
LA EXPANSIÓN INTERNACIONAL DE LOS CÁRTELES DE SINALOA Y JALISCO NUEVA GENERACIÓN
 
Revista Nexos de México (https://n9.cl/2a5kv)
 
Destacados académicos como Tom Wainwright o Vanda Felbab-Brown consideran que los cárteles de la droga de México, en especial el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), son empresas transnacionales ilegales, con presencia en muchos países y que han generado alianzas con otras organizaciones criminales para la obtención de ganancias.
En su expansión internacional han establecido cadenas de suministro transnacional, por ejemplo, reciben cocaína de Colombia, Perú o Bolivia, precursores químicos para fabricar drogas sintéticas provenientes de China y la India, armas de los Estados Unidos y Rumania y lavan sus activos a través de los sistemas financieros de Emiratos Árabes Unidos o Belice.
De igual forma, han logrado establecer rutas de tráfico de drogas hacia los mercados más lucrativos, como Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, o Japón. Para lo cual utilizan otros países como puntos de tránsito, lo cual ha llevado al Cártel de Sinaloa y al CJNG a expandir sus actividades a países de los cinco continentes.
Para coordinar esta operación global, los cárteles mexicanos deben enviar emisarios a muchos países, ya sea para comprar insumos, para asegurar el tránsito seguro por los territorios de la droga, para garantizar el ingreso de las mercancías a los países de destino y para monitorear la venta de los productos.
No quiere decir, por tanto, que el Cártel de Sinaloa o el CJNG tengan grandes delegaciones de representantes en todos los países, para la mayoría de estos, utilizan emisarios de negocios que tratan con organizaciones criminales locales, con las que reparten las ganancias.
Para entender mejor el punto, existen tres motivos fundamentales que explican la presencia de las organizaciones criminales en un país, los cuales se desarrollan a continuación:
Primero: El país es un mercado de consumo valioso, donde hay personas con altos ingresos dispuestas a comprar los productos que provee el Cártel de Sinaloa o CJNG. De forma que, en conjunto con organizaciones locales, se coordina la entrada y venta de los productos demandados.
Segundo: El país cuenta con un insumo valioso para los cárteles mexicanos, por ejemplo, droga, armas, especies raras o precursores químicos, por lo que envían emisarios a comprar dichos productos, para luego traficarlos a México u otros países.
Tercero: El país es un punto de tránsito de los productos en su ruta a mercados más lucrativos. Por ejemplo, es lo que sucede con varios países de África en donde las organizaciones criminales trafican droga desde América, las introducen a África, las transportan a través del desierto del Sahara y utilizan embarcaciones pequeñas para que lleguen a Europa.
Lo anterior explica por qué las organizaciones mexicanas no tienen presencia, por ejemplo, en Mongolia, ya que dicho país no es un mercado de consumo relevante, tampoco es productor de un insumo vital, ni se encuentra en la ruta de tráfico hacia mercados lucrativos. En cambio, el Cártel de Sinaloa actualmente está presente en 96 países y el CJNG en 61, tal como lo muestran los siguientes mapas.
Para la elaboración de estos mapas se hizo una búsqueda sistemática país por país, para ambas organizaciones, de fuentes periodísticas que reportan su presencia, para lo cual se elaboró esta base de datos, que contiene todos los enlaces a las notas que sirvieron de insumo para el trabajo.
De forma que se puede observar como el Cártel de Sinaloa tiene una cobertura internacional mayor, que abarca a los países más grandes de América, salvo parte del caribe y las Guayanas, casi toda Europa continental, el oeste de África y los países más relevantes de Asia y Oceanía.
Sin embargo, esta expansión podría verse frenada por la guerra interna que enfrenta a dos facciones, los Chapitos y la Mayiza, ya que las conexiones internacionales también podrían dividirse en estos bandos, en una configuración que al momento es imposible de predecir.
Mientras que el CJNG, aunque tiene una cobertura menor, con casi los mismos países en América y Oceanía, su presencia es significativamente menor en Europa, Asia y África. De hecho, sólo hay tres países en donde tiene operaciones el CJNG, en los cuales no se ha registrado presencia del Cártel de Sinaloa: Kenia, Argelia y Aruba.
Este proceso de internacionalización de las dos organizaciones criminales más grandes de México no ha estado exento de fricciones, por ejemplo, la presencia del Cártel de Sinaloa y el CJNG en países como Ecuador, Paraguay o Costa Rica, ha generado enfrentamientos armados entre las bandas locales que son sus aliadas, en busca del control de los mercados ilegales.
Por lo tanto, no se trata de un problema exclusivo de México, sino también de los otros países en donde ambas organizaciones tienen presencia, porque participan en mercados ilícitos en los mismos y han perpetrado delitos en sus territorios.
Dicho proceso de internacionalización comenzó hace más de tres décadas en el caso del Cártel de Sinaloa, con sus primeros contactos con organizaciones colombianas en la década de los 90 y con el establecimiento de grandes rutas de trasiego a los Estados Unidos en la misma década. Este proceso fue creciendo con los años, por ejemplo, en una publicación de mi autoría para Woodrow Wilson Center, se identificaban para 2012 relaciones de negocios con organizaciones de 14 diferentes países.
En el caso del CJNG, dicha organización nació en 2010, sin embargo, sus raíces se encuentran en un grupo delictivo anterior llamado Cártel del Milenio, que también desde los 90 contaba con conexiones tanto en Colombia, como en los Estados Unidos.
En ambos casos el proceso de expansión ha sido gradual y se ha acelerado, por ejemplo, desde 2014, autoridades de la Unión Europea advertían del incremento en las operaciones de los cárteles mexicanos de la droga en dicho continente, o bien, la DEA realizó un informe en 2024 en el que señala la forma en la que se ha incrementado el ingreso de drogas a Australia y Nueva Zelanda por parte del Cártel de Sinaloa y el CJNG.
Lo plasmado en este artículo nos obliga a replantear la estrategia de combate a las organizaciones criminales, en especial contra el Cártel de Sinaloa y el CJNG, porque sus acciones no se circunscriben a México, sino que abarcan una cantidad relevante de países, y por tanto, las estrategias de corte nacional no bastan. Como bien lo señala Moisés Naím en su libro Ilícito, mientras las organizaciones se mueven libremente por las fronteras, a los gobiernos los ata y limita su soberanía.
Por ende, se requieren acciones conjuntas entre países para tener un mayor impacto en los esfuerzos de desarticulación de organizaciones criminales, en donde exista intercambio constante de información, capacitación a dos vías y acciones coordinadas, solo así podrá frenarse la expansión de los cárteles de la droga.
 
 
 
 
 
SUBE LA COCA EN BOLIVIA Y GOLPEA FUERTE A LOS CONSUMIDORES SALTEÑOS
 
En plena temporada de rituales a la Pachamama, el precio de la hoja de coca se dispara y golpea fuerte en el bolsillo.
 
Agenda Salta de Argentina (https://n9.cl/fq7v2)
 
Agosto no es un mes cualquiera para las provincias del norte argentino. La llegada del tiempo de la Pachamama marca un momento especial: agradecer, pedir y compartir. Y en esos rituales ancestrales, la hoja de coca ocupa un lugar central. Sin embargo, este año, quienes buscan abastecerse se encontraron con un panorama desalentador: el precio se fue por las nubes.
La raíz del problema está del otro lado de la frontera. En Bolivia, los comerciantes y autoridades atribuyen la suba de precios a varios factores. El más fuerte: una escasez de combustible que dificulta el transporte de la coca desde las zonas de producción, como Los Yungas, hacia los centros de distribución.
Con menos movilidad y más costos logísticos, el impacto se traslada directamente al precio final del producto. Además, hay una disminución en la oferta de hoja disponible, lo que genera un efecto aún más inflacionario en los mercados urbanos.
En el Mercado Campesino de Tarija, por ejemplo, el “tacho” de coca (un paquete de 45 kilos) se comercializa entre 3.400 y 3.600 bolivianos. Al tipo de cambio oficial, eso representa unos 640.000 pesos argentinos, es decir, cerca de $14.000 el kilo. Traducido al consumo habitual, un cuarto de kilo cuesta aproximadamente $3.500.
El precio al consumidor también se ha disparado: una libra de hoja de calidad media, que hasta hace poco costaba 60 bolivianos, ahora supera los 90. Y la de mayor calidad ya ronda los 115 bolivianos. Todo indica que estos valores podrían seguir en alza en las próximas semanas.
Para los consumidores salteños, que dependen en gran medida del ingreso informal de hoja de coca desde Bolivia, la situación es compleja. No solo por el precio, sino también por la dificultad de conseguirla. En las ferias barriales o en el circuito no oficial de venta, muchos ya notan menos oferta y mayor especulación.
La hoja de coca no solo tiene valor ritual: para muchos trabajadores del norte argentino, es una aliada cotidiana. Su uso tradicional como energizante y supresor del hambre la hace indispensable en jornadas laborales extensas. Su encarecimiento afecta directamente a sectores populares que ven en la coca una herramienta de resistencia física y cultural.
Desde el gobierno boliviano explican que esta alza de precios no es solo producto del mercado. El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, sostuvo que la suba responde también a una estrategia estatal que busca erradicar los cultivos ilegales sin usar químicos ni causar muertes.
“Esta gestión logró avances en la erradicación sin violencia”, dijo Mamani. Pero esa misma política redujo la oferta de hoja en los mercados, lo cual también presiona sobre los precios.
Aunque las autoridades celebran el avance en la lucha contra la producción ilegal, los consumidores –tanto en Bolivia como en Argentina– ven cómo esa política impacta en su economía diaria.
Por ahora, no hay señales claras de que la situación se revierta a corto plazo. La crisis de combustibles en Bolivia no ha sido resuelta, y la estrategia de control de cultivos se mantiene firme por parte del gobierno. A esto se suma el aumento en los costos de transporte y la menor producción estacional.
Si bien hay esperanzas de que tras agosto –cuando baja la demanda ritual– los precios se estabilicen, los comerciantes del norte no son optimistas. "Cada vez es más difícil conseguir y vender. La gente se enoja con nosotros, pero no es culpa nuestra", expresó un puestero del mercado San Miguel en Salta capital.
 
 
 
 
 
BOLIVIA CALIFICÓ A LAS CRIPTOMONEDAS COMO "ALTERNATIVA FIABLE" AL DINERO FIDUCIARIO EN ASOCIACIÓN CON EL SALVADOR
 
Bolivia ha firmado un acuerdo con El Salvador para promover las criptomonedas como alternativa a las monedas tradicionales en medio de su actual crisis económica.
 
Con Telegraph de España (https://n9.cl/iunas)
 
El Banco Central de Bolivia calificó a las criptomonedas como una "alternativa viable y fiable" a las monedas fiduciarias al firmar un memorando de entendimiento con El Salvador para acelerar la adopción de las criptomonedas.
El acuerdo, que hará que ambos países colaboren en el desarrollo de políticas y compartan herramientas de inteligencia sobre criptomonedas, tiene como objetivo modernizar el sistema financiero de Bolivia y mejorar la inclusión financiera para familias y pequeños emprendedores, según comunicó el Banco Central de Bolivia en una carta el miércoles.
La asociación de Bolivia con El Salvador es destacable, ya que El Salvador fue el primer país en hacer de Bitcoin  moneda de curso legal, y podría proporcionar valiosos conocimientos sobre posibles desafíos económicos o regulatorios que Bolivia pueda enfrentar.
El acuerdo, firmado por el presidente en funciones del Banco Central de Bolivia, Edwin Rojas Ulo, y el presidente de la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) de El Salvador, Juan Carlos Reyes García, entró en vigor de inmediato y tendrá una duración indefinida.
Esto añade un impulso significativo al giro pro-cripto de Bolivia, que comenzó en junio de 2024 cuando Bolivia levantó su prohibición de larga data sobre las criptomonedas y permitió a los bancos procesar transacciones de Bitcoin y stablecoins.
Los bolivianos se están abriendo a las criptomonedas
Tres meses después de levantar la prohibición de las criptomonedas, el banco central de Bolivia informó que el volumen de comercio de criptomonedas alcanzó los 46,8 millones de dólares, con un promedio de 15,6 millones de dólares al mes, duplicando el promedio mensual de los 18 meses anteriores.
Este impulso se ha mantenido hasta 2025, con un volumen total de criptomonedas que alcanzó los 294 millones de dólares al 30 de junio, dijo el Banco Central de Bolivia en su carta.
Bolivia recurre a las criptomonedas en medio de su crisis económica
Este marzo, la empresa estatal boliviana de petróleo y gas Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos recibió la aprobación del gobierno para comenzar a aceptar criptomonedas para importaciones de combustible como solución a la creciente escasez de dólares estadounidenses y los problemas de importación del país.
Las reservas de divisas de Bolivia han caído un asombroso 98% de 12.700 millones de dólares en julio de 2014 a 165 millones de dólares este abril, según muestran los datos de Trading Economics.
Algunas tiendas bolivianas incluso han comenzado a poner precio a artículos básicos en la stablecoin Tether, reflejando un cambio creciente hacia las criptomonedas para navegar la crisis monetaria.
El boliviano sigue siendo la moneda más utilizada en Bolivia; sin embargo, los temores de que pierda poder adquisitivo han llevado a muchos a preferir alternativas más estables como el dólar estadounidense, o en algunos casos, las criptomonedas.
El futuro de Bolivia se decidirá en octubre
El acuerdo se produce antes de las trascendentales elecciones generales de Bolivia del 17 de agosto, donde muchos esperan ver el fin del actual régimen socialista, que ha estado en el poder desde 2005.
Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos, o al menos el 40% con una ventaja de 10 puntos sobre el segundo contendiente — se celebrará una segunda vuelta el 19 de octubre.
La plataforma de predicciones de criptomonedas Polymarket otorga solo un 5% de probabilidades de que un candidato gane directamente en la primera ronda de las elecciones de Bolivia.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.
 
 
 
 
 
BOLIVIA: COMUNIDADES INDÍGENAS PRECISAN LOS IMPACTOS AMBIENTALES EN EL RÍO PILCOMAYO DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRACTIVAS
 
Pilcomayo, el río que daba vida y ahora agoniza
 
Business-Human Rights Org. (https://n9.cl/11e51f)
 
El río Pilcomayo, ese hilo vital que atraviesa el sur de Bolivia y da sustento a cientos de comunidades indígenas como los Weenhayek, Tapiete y Guaraní en territorio tarijeño, vuelve a ser noticia por las peores razones: la depredación sin freno y la contaminación minera. Este último es un problema que amenaza desde hace más de una década, y ahora se hace visible con la llegada del estiaje.
La historia es conocida y, sin embargo, recurrente. Cada año, con el descenso del caudal y el arrastre de sedimentos tóxicos desde las cabeceras mineras en Potosí, el Pilcomayo se convierte en una trampa para su biodiversidad y para las poblaciones que dependen de él. El drama ambiental se repite como si el tiempo no pasara, como si la voz de los pueblos indígenas fuera apenas un murmullo para los oídos del poder.
La minería en (Potosí) las nacientes del Pilcomayo es el principal factor de contaminación. A pesar de las advertencias de comunidades y organizaciones ambientales, los residuos mineros siguen su curso hacia las tierras bajas, acumulándose en las aguas que alimentan los sistemas agrícolas, la pesca y el consumo humano.
El capitán grande del pueblo Weenhayek, Francisco Pérez Nazario, en una entrevista con Radio ACLO Chaco, advierte que la situación es insostenible. “Consumimos el agua y el pescado del río”, dejando entrever que están contaminados, pero no tienen otra alternativa de subsistencia.