BOLIVIA: LA INCERTIDUMBRE Y LA CRISIS ECONÓMICA REINAN A DOS SEMANAS DE LAS ELECCIONES

Este 17 de agosto podría marcar el ocaso de la era de Evo Morales, que parece salir de la escena política por la puerta de atrás, en medio de amenazas contra la democracia y del fracaso de su modelo económico. ¿Podrá el próximo gobierno celebrar las alianzas necesarias para recuperar el rumbo de la nación andina? 

Las largas filas para comprar productos de primera necesidad reflejan el deterioro de una economía boliviana golpeada por la escasez de combustible, la falta de dólares y una inflación que ya supera el 15%. En medio de este sombrío panorama, el país avanza hacia unas elecciones generales programadas para el 17 de agosto, un proceso que sigue en pie pese a los intentos por detenerlo mediante acciones legales y bloqueos de carreteras.
La tensión política persiste. Desde sectores adeptos al expresidente Evo Morales surgen amenazas que mantienen la incertidumbre viva. Ruth Nina, una de sus aliadas, advirtió que el día de las elecciones: “… en vez de contar votos, van a contar muertos”.
El analista y consultor político Ricardo Paz sintetiza el clima actual: “Es una elección con mucha incertidumbre. Hasta hace poco no sabíamos si se iba a realizar. Había intentos de desestabilización por parte de Evo Morales. Ahora, ya estamos encaminados a las elecciones”.
Durante las dos primeras semanas de junio, simpatizantes de Morales paralizaron las principales rutas del país. Exigían la renuncia del presidente Luis Arce, a quien responsabilizan por la crisis económica y por excluir a su líder de la contienda electoral, aunque la ley le impide aspirar nuevamente. La tensión alcanzó su punto más trágico cuando los operativos de desbloqueo cobraron la vida de cuatro policías en Lallagua y un civil en Cochabamba.
Para la tranquilidad de la población, la violencia no escaló. Desde mediados de junio, las movilizaciones han entrado en una suerte de pausa. “Pero no siento que sea algo definitivo. No creo que Morales se vaya tranquilo a casa. Es una de las amenazas más importantes. No es la única. También hay un manejo tan discrecional de la justicia, nunca se sabe cuándo alguien con suficiente poder, dinero o influencia comprará jueces u operadores de justicia estratégicos que pateen el tablero”, advierte la politóloga Ana Lucía Velasco.
Para el periodista y analista político Andrés Gómez, el país enfrenta un riesgo institucional no menor. Recuerda que el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de gobierno, “ha sido capaz de hacer las cosas más increíbles” en materia legal, como cuando (en 2017) logró un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que establece que la reelección presidencial es un derecho humano.  Según el analista, el MAS podría utilizar el control que ejerce sobre los “auto prorrogados” —como se conoce a los cinco magistrados que siguen en funciones pese a que su mandato concluyó en diciembre de 2023— para generar un quiebre institucional.
Entretanto, Morales permanece atrincherado en la región del Chapare, su bastión político. Pesa sobre él una orden de detención por un caso de trata de una menor, acusación que niega, al igual que el fallo judicial que le impide postularse nuevamente a la presidencia, tras haber gobernado Bolivia tres veces, entre 2006 y 2019.
El calendario electoral sigue su curso, imperturbable, mientras la población transita el día a día entre la escasez, la inflación y la incertidumbre. Y a pesar de todo, muchos bolivianos ven en las elecciones una posible salida a la crisis que los golpea sin tregua.
Las dificultades económicas impulsarán el voto
“Mientras no tengamos la posibilidad de garantizar los recursos para la compra y el abastecimiento de diésel y gasolina, por supuesto que eso no está garantizado”, admitió el 8 de julio, por primera vez, el presidente Luis Arce. Una semana más tarde, las filas para conseguir combustible volvieron a extenderse, especialmente por el diésel. Conductores reportan esperas de dos días o más para abastecerse.
Esta escasez comenzó a impactar con fuerza este año. El transporte pesado y el servicio interdepartamental reporta que su actividad se ha reducido en un 60% a 80%, lo cual los llevó a declararse en emergencia y amenazar con tomar medidas de presión.
Para René Martínez, analista económico e investigador de la Fundación Jubileo, el país enfrenta ahora los efectos acumulados de una mala gestión económica. A su juicio, si el gobierno hubiese resuelto los desequilibrios macroeconómicos generados entre 2015 y 2018 —tras el fin de la bonanza del gas—, esta crisis tendría un impacto mucho menor.
Pero el problema va más allá del combustible. En lo que va del año, la inflación ya alcanzó los dos dígitos: 15,53%, el doble de lo proyectado oficialmente. Solo en junio, la cifra alcanzó el 5,1%, la más alta mensual registrada en los últimos 40 años. Al mismo tiempo, en el mercado negro, el tipo de cambio del dólar escaló hasta triplicar el valor oficial: 6,96 bolivianos por dólar. Desde el segundo trimestre de este año, abundan a diario las filas en centros de abasto, donde los ciudadanos buscan alimentos de primera necesidad cada vez más escasos y caros, como el pollo y el aceite.
Martínez identifica tres grandes problemas en la economía boliviana. Dos son de orden macroeconómico y el tercero, estructural. El primer desequilibrio es el déficit fiscal, generado por un gasto público que creció sin control durante la bonanza y que, en el actual contexto de ingresos limitados, solo puede sostenerse mediante endeudamiento. “Este gasto está siendo financiado con emisión. Es un préstamo que el Tesoro General de la Nación toma del Banco Central del Estado y mientras no lo devuelva es emisión de dinero, que afecta a la inflación”, explica el analista.
El segundo problema tiene que ver con las reservas internacionales y el tipo de cambio, que permanece congelado desde 2011. Para Martínez, mantener esta rigidez cambiaria ha sido “el peor error cometido por el gobierno”. A esto se suma el deterioro del sector de hidrocarburos, cuyo fracaso obliga al país a importar más combustible del que exporta, lo que a su vez requiere divisas que escasean.
El tercer problema radica en el modelo económico productivo, basado en impulsar la demanda interna mediante el gasto estatal. “Gastar, gastar y gastar en el sector público para dinamizar la economía y el crecimiento, no es sostenible”, advierte.
En este contexto, los efectos en la vida cotidiana se notan cada vez más. Los precios de los alimentos básicos se han duplicado. La escasez de productos como el pollo y el aceite obliga a la población a recorrer varios puntos de venta, haciendo largas filas para adquirir lo mínimo indispensable. 
El sector gastronómico de La Paz, por ejemplo, ha tenido que cerrar la mitad de sus negocios ante la imposibilidad de sostener sus operaciones en medio de esta crisis. Algunos intentaron resistir ofreciendo solo almuerzos o cenas por la falta de insumos, lo que ha implicado reducir su personal y ajustar sus expectativas.  En este panorama, “el estómago va a pesar mucho en el voto de la gente y el enojo por la crisis económica y por la demagogia”, dice Gómez.
Políticos con acciones inusuales e improvisación
Por otro lado, el Tribunal Supremo Electoral inhabilitó al 65% de los candidatos a legisladores inscritos, una cifra poco común. El caso más extremo lo vivió el partido de la actual alcaldesa de El Alto, Eva Copa, donde solo siete de 344 postulantes lograron obtener el aval para competir. No solo eso. Un candidato a vicepresidente renunció y cambió de partido para buscar un escaño en el Senado, lo que refleja la volatilidad y el desconcierto que rodean estas elecciones. Hasta ahora, los partidos que continúan en la contienda no han sustituido a más de mil candidatos inhabilitados.
“Hay un nivel de improvisación muy alto que me preocupa y me indigna también, porque estamos en una situación tan complicada. (…) hay gente que realmente no está preparada, a tal punto que ni siquiera puede cumplir con la presentación de documentos”, observa la politóloga Velasco. Como ejemplo cita al aspirante presidencial Jaime Dunn, quien no pudo inscribir su candidatura dentro del plazo debido a que la burocracia estatal no expidió a tiempo el certificado de solvencia fiscal, a lo que se suma su propia falta de previsión.  
Pero la improvisación no se limita a los aspirantes, pues también alcanza a las fuerzas políticas en carrera. Velasco critica que muchos de los planes de gobierno presentados carecen de propuestas sólidas. La sociedad civil también ha cuestionado estos planes, especialmente en temas cruciales como la economía, la violencia contra las mujeres y el cuidado del medio ambiente.
Además, varios aspirantes han buscado apoyo en más de un partido, a veces sin coincidencias ideológicas o programáticas, algo que no es nuevo. Ricardo Paz apunta que “la política siempre ha tenido actores pragmáticos que no tienen ideología, no tienen principios, no tienen causas y actúan en función de sus intereses”.
Para el analista político Gómez, los partidos tienen una evidente crisis de representatividad. “Prácticamente se ha convertido en un negocio. El último partido de masas, el MAS, está agonizando y por eso ahora no tenemos partidos con estructura definida, sino familias o personas propietarias de los partidos que alquilan las siglas, hacen negocio con la representación y ese es un problema, un déficit de democracia interna en los partidos políticos”, explica.
Fin de ciclo y tendencias
En medio de todo, como explica Paz, “se está terminando el ciclo del neopopulismo autoritario que fue protagonizado por el MAS durante 20 años. Es un momento de transición, de transformación, de nuevas propuestas e ideas”.  Según Paz, esta será “después de mucho tiempo, una elección muy competitiva”, lo cual es claro al menos en el nivel presidencial. De hecho, para esta contienda, están habilitados diez candidatos y, a la fecha, ocho permanecen en competencia, distribuidos en dos grandes corrientes: el “neopopulismo autoritario” y los conservadores tradicionales.
Dentro de la primera corriente, sobresalen tres candidatos de izquierda vinculados al MAS. Se espera que el voto se concentre en Andrónico Rodríguez (Alianza Popular), pues ni Eva Copa (Movimiento de Renovación Nacional, MORENA) ni Eduardo Del Castillo (MAS) cuentan con el respaldo suficiente, ya que están limitados por intereses y privilegios que deben conservar.
En cuanto a Evo Morales, Paz considera que “ya hizo su mejor intento” y fracasó, especialmente tras las muertes en Llallagua. “Ya no tiene la fuerza para incidir a nivel nacional, solo en el Chapare, aunque seguirá siendo un actor nefasto y negativo en la política boliviana, pero cada vez con menos fuerza”, analiza.
Un pacto político necesario
Según una encuesta reciente difundida por El Deber el 16 de julio, los candidatos presidenciales Samuel Doria Medina (21,76%) y Jorge ‘Tuto’ Quiroga (20,70%) lideran la intención de voto, seguidos por Manfred Reyes Villa (10,01%) y Andrónico Rodríguez (8,26%). Al sumar indecisos, blancos y nulos, la cifra supera el 24%, lo que hace poco probable que haya un ganador en primera vuelta.
Si ninguno de los partidos o alianzas logra más del 25% de los votos, la Asamblea Legislativa podría quedar conformada por al menos cuatro fuerzas políticas. En ese caso, el ganador deberá formar alianzas para garantizar la gobernabilidad.   “Daría la impresión de que Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina tienen algo más serio que plantear para sanear la economía del país, pero no va a servir de nada si eso no puede aprobarse en el Legislativo, si no hay pactos políticos entre los actores para llevar adelante cualquier plan”, reflexiona Velasco.
Paz recuerda que en momentos de crisis es vital la unidad política, como ocurrió en 1985, cuando Víctor Paz Estenssoro asumió la presidencia y recibió el respaldo de otras fuerzas para enfrentar la crisis económica heredada del gobierno anterior.   
Como entonces, quien gane la presidencia deberá pactar con las  demás fuerzas para aplicar las “duras medidas” necesarias para salir de la crisis económica. El analista Martínez considera que el país debe abordar las causas estructurales: reducir el gasto público, lo que implicaría recortar subsidios a los hidrocarburos y achicar la burocracia estatal, además de flexibilizar el tipo de cambio. “Se trata de medidas impopulares y complejas, que podrían tardar entre siete y diez años en mostrar resultados”, remarca. A Velasco le preocupa que la incapacidad de generar acuerdos lleve a que al nuevo gobierno “lo supere la crisis”, lo que podría obligarlo a renunciar, repitiendo la historia.
Mientras la incertidumbre prevalece en torno a las elecciones, pesa la falta de claridad sobre los candidatos a senadores y diputados, pues los partidos y las alianzas aún deben sustituir más de mil aspirantes, hasta cuatro días antes de los comicios. Así, no hay certeza de cuántos competidores llegarán hasta el 17 de agosto. Tampoco se sabe cómo terminará la campaña promovida por Morales y sus seguidores para, ante la imposibilidad de tenerlo como candidato, masificar el “voto nulo”.
Entre tanto, la dirigente Ruth Nina guarda detención preventiva desde el 26 de julio en un penal de mujeres en Cochabamba, acusada de instigación pública a delinquir, amenazas y obstaculización del proceso electoral por las declaraciones  que hizo en una reunión de evistas en el Chapare:  “Nosotros, principalmente nuestras organizaciones sociales, porque Pan-Bol nace desde los Yungas, hemos decidido que el 17 de agosto preferimos dar nuestras vidas antes de permitir que vengan a obligarnos a elegir a sus candidatos de la derecha, y ese día el Tribunal Electoral y el Gobierno, en vez de contar votos, van a contar muertos”. (https://n9.cl/xwfbi)
 
 
 
 
 

BOLIVIA: LA DERECHA SE ENCAMINA A GANAR LAS ELECCIONES DEL 17 DE AGOSTO, SEGÚN LAS ÚLTIMAS ENCUESTAS
 
En el contexto de una profunda crisis económica que vive el país, el candidato oficialista apenas tiene el 2% de intención de voto.
 
Diario La Diaria de Uruguay (https://n9.cl/3dwza)
 
Cuando queda poco más de dos semanas para las elecciones generales de Bolivia, que se realizarán el 17 de agosto, las últimas encuestas ubican a Samuel Doria Medina y al expresidente Jorge Tuto Quiroga como los aspirantes con mayor intención de voto.
Según el sondeo hecho por la consultora Ciesmori para el canal de televisión abierta Unitel, Doria Medina, candidato de la coalición derechista Unidad, sería el postulante más votado con el 21,5% de los apoyos. En segundo lugar, se sitúa Quiroga, con el 19,6%, quien es el candidato de Alianza Libre, otra coalición de sectores de derecha.
Quiroga ocupó la presidencia boliviana durante un año, entre agosto de 2001 y el mismo mes de 2002, tras la muerte del exdictador Hugo Banzer, quien en 1997 logró retornar al poder, aunque esta vez mediante el voto popular.
El tercer candidato que aparece en el sondeo es el también derechista Manfred Reyes Villa, un exmilitar de 70 años que se postula por el partido Autonomía para Bolivia y tiene el 8,3% de las preferencias.
Reyes Villa tiene una dilatada trayectoria política, es el actual alcalde de la ciudad de Cochabamba, cargo que ya había ocupado entre 1993 y 2000, e intentó acceder a la presidencia en las elecciones de 2002 y 2009.
En la encuesta de Ciesmori el candidato izquierdista mejor posicionado es el actual presidente de la Cámara de Diputados, Andrónico Rodríguez, que tiene el 6,1% de las preferencias. Rodríguez surgió políticamente en el Movimiento al Socialismo (MAS), pero dejó el sector y se presenta por Alianza Popular, partido liderado por el exgobernador de La Paz Félix Patzi.
La profunda crisis económica que está viviendo Bolivia está afectando de manera notoria al gobierno del presidente Luis Arce. Reflejo de ello es que el candidato oficialista, el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo, apenas cuenta con el 2,1% de los votos en la encuesta.
En el sondeo se refleja además un importante desinterés de la ciudadanía en las elecciones. El 13,6% de los encuestados dijo que votará anulado, en tanto que el 8,1% dijo que lo hará en blanco. Además 12,4% no dijo a cuál candidato votará.
En declaraciones que brindó a la prensa este jueves, el candidato que lidera las encuestas manifestó su esperanza de recibir los apoyos suficientes para ganar en primera vuelta y así no postergar la resolución de los problemas que aquejan al país.
“Lo más importante es que nos den el apoyo y lo óptimo es que se resuelva en primera vuelta, y así se pueda empezar a resolver los problemas y no postergar”, manifestó Doria Medina, de acuerdo a lo que consignó la radio local Erbol.
Doria, un empresario multimillonario de 66 años dedicado al rubro de la construcción, al hotelero, y que además es propietario de la franquicia de la cadena Burger King en Bolivia, ya fue candidato a la presidencia en tres ocasiones, 2005, 2009 y 2014, pero en todas ellas perdió con el exmandatario Evo Morales.
En esta ocasión, el candidato atribuyó su apoyo mayoritario a la “esperanza de la gente que quiere un cambio”.
 
 
 
 
 
SE ACERCAN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN BOLIVIA, CON SAMUEL DORIA MEDINA, JORGE QUIROGA Y ANDRÓNICO RODRÍGUEZ COMO FAVORITOS
 
Revista Gato Encerrado Net (https://n9.cl/5xira)
 
En su peor crisis económica en 40 años, Bolivia irá a sus elecciones presidenciales el próximo domingo 17 de agosto. El Órgano Electoral Plurinacional ha determinado dos encuentros organizados por la institución de cara a las elecciones: el primero será el viernes 1° de agosto en Santa Cruz y el segundo será en La Paz, el martes 12 de agosto.
Los candidatos son nueve, pero diversos medios indican que los favoritos son los centristas Samuel Doria Media y Jorge «Tuto» Quiroga, y el izquierdista y presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.
Samuel Doria Medina Auza (66 años) es uno de los empresarios más destacados de Bolivia en las últimas décadas, es candidato de la alianza Unidad. En el campo empresarial, Doria Medina es dueño de Green Tower, el rascacielos más alto de La Paz, de 181 m de altura (más alto que cualquiera de Perú), y ha sido accionista de la mayor cementera de Bolivia, Soboce, vendida a la peruana Yura por US$ 300 millones el 2014, y de las franquicias bolivianas de Burger King, Subway y La Quinta. Secuestrado por el MRTA por 45 días en 1995, Doria Medina fue ministro de Planificación del Gobierno de Jaime Paz Zamora (1991-1993) y ha sido tres veces candidato presidencial: en el 2005 (7.8% de los votos), en el 2009 (5.6%) y en el 2014 (24.2% de los votos). Economista del Arizona State University y del London School Economics, tiene esa rareza de ser vicepresidente de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe.
Jorge Quiroga Ramírez (65 años) ya fue presidente de Bolivia (2001-2002), porque había sido elegido vicepresidente de Hugo Banzer (1997-2001), quien renunció al poder por su cáncer al pulmón. Formó parte de la alianza Unidad, pero se separó para ser candidato presidencial por la coalición Libertad y República – Libre. Fue ministro de Finanzas del Gobierno de Jaime Paz Zamora (1992) y fue candidato presidencial tres veces, siendo la primera en el 2005, en donde por primera vez ganó la presidencia Evo Morales, quedando Quiroga segundo con el 28.6% de los votos. También fue candidato el 2014, donde sacó el 9% de los votos, y en el 2020, retirándose de la contienda una semana antes de las elecciones por su baja aceptación. Es ingeniero industrial de la Texas A&M University, con MBA de la St. Edward’s University in Austin
Andrónico Rodríguez Ledezma (36 años) es presidente del Senado desde el 2020. Hijo de un productor cocalero, fue dirigente cocalero en el Chapare (Cochabamba). Por primera vez, participó en elecciones en el 2020, como afiliado al MAS (Movimiento al Socialismo ) de Evo Morales, siendo elegido senador por Cochabamba. Alguna vez fue llamado heredero de Evo Morales, pero en los últimos años, lo ha criticado fuertemente, al mismo tiempo que se separó del oficialismo del presidente de Luis Arce y este año es candidato por la Alianza Popular. Es politólogo de la Universidad Mayor de San Simón.
EVISTAS PIDEN NO VOTAR
Evo Morales Ayma (65 años) quiso postular de nuevo, pero su candidatura fue rechazada tanto por el partido que fundó, el MAS, ahora en manos del presidente Luis Arce, como por el Tribunal Constitucional de Bolivia. El MAS en cambio lanza la candidatura de Eduardo del Castillo del Carpio, ministro de Gobierno (2020-2025).
Hoy los partidarios de Evo Morales hacen un llamado por el voto nulo. «Siempre dijimos que si Evo Morales no estaba en la papeleta, nuestro voto va a ser nulo. Que sepan que el voto va a ser nulo porque ninguno de estos candidatos nos representa», afirmó el diputado Anyelo Céspedes, leal a Evo. Los evistas señalan que su opción al voto nulo alcanzará el 60%.
 
 
 
 
 
EDITORIAL. EL "ESTADO FALLIDO" SEGÚN BOLUARTE
 
Mientras la presidenta lanza calificativos inexactos sobre la situación política del país vecino, es incapaz de reconocer la debacle a la que ha llevado al Perú. En ese sentido, calificar a otro país como Estado fallido no solo es una falta diplomática; sino también un intento fallido de desviar la atención.
 
La República de Perú (https://n9.cl/fhgek)
 
La presidenta Dina Boluarte ha generado una reacción diplomática de protesta por parte del Estado boliviano por haber sostenido que dicho país vecino del Perú es un “Estado fallido”.
Más allá del ruido diplomático, lo que revela esta declaración es una peligrosa incoherencia en la manera en que la presidenta observa el mundo y cómo gobierna.
La categoría de “Estado fallido”, popularizada en la década de los noventa por los académicos Gerald B. Helman y Steven R. Ratner, describe a naciones cuya institucionalidad se ha colapsado casi por completo.
Se refiere exactamente a Estados que han perdido el control de su territorio, no pueden proveer servicios básicos ni garantizar la seguridad o el derecho a la vida.
Siendo así, cabe preguntarse: ¿por qué Boluarte lanza esa afirmación gratuitamente? ¿Qué busca al descalificar a un país vecino con un término de peso político y académico tan serio? Y más aún: ¿cómo puede ver con tanta nitidez las fracturas en la casa del vecino, mientras guarda silencio frente al desmoronamiento democrático en la suya?
Porque si algo caracteriza a su gestión, es la negativa a asumir responsabilidad ante el deterioro del Estado de derecho en el Perú.
Más de 4.730 asesinatos durante su gobierno como reflejo del fracaso en seguridad pública. Una Policía Nacional que necesita urgentemente reformas. Una respuesta violenta y letal frente a las protestas ciudadanas, que dejó medio centenar de muertos, con víctimas luego tachadas de terroristas sin prueba alguna.
Añádase a lo anterior la dejadez en la atención a las brechas sociales en la Amazonía y en regiones históricamente postergadas. ¿No son estas señales de un Estado que se debilita, aunque aún no haya colapsado? ¿No es esto, al menos, una ruta preocupante hacia la autocratización y la captura institucional?
La presidenta Boluarte, en lugar de encarnar la transparencia o la autocrítica que exige a otros, ha optado por un discurso que disfraza su propia fragilidad con acusaciones hacia afuera. Su silencio ante los informes de organismos multilaterales que verifican su actuación al margen de la ley y su alianza con una coalición parlamentaria autoritaria que la sostiene en el poder son síntomas de una deriva autoritaria más real y cercana que aquella que proyecta sobre Bolivia.
En ese sentido, calificar a otro país como Estado fallido no solo es una falta diplomática; sino también un intento fallido de desviar la atención.
 
 
 
 
 
DINA BOLUARTE GENERÓ EL RECHAZO DE BOLIVIA AL LLAMARLO “PAÍS FALLIDO”, PERO QUÉ SIGNIFICA, Y QUÉ DICEN LOS INDICADORES INTERNACIONALES
 
La improvisación de la jefa de Estado provocó el pronunciamiento de su homólogo y conversaciones a nivel diplomático
 
Infobae de Argentina (https://n9.cl/zixjq)
 
Durante su discurso por Fiestas Patrias ante el Congreso de la República, la presidenta Dina Boluarte argumentó que el Perú logró evitar convertirse en “un país fallido como Cuba, Venezuela y Bolivia”, a raíz de su gestión tras la destitución de Pedro Castillo. “Un país sin inversiones, sin obras ejecutadas, con mayor pobreza, camino a convertirnos en un país fallido, como Cuba, como Venezuela, como Bolivia y otros tantos más”, sostuvo la mandataria.
Las declaraciones provocaron una inmediata reacción en Bolivia. El vicecanciller y el presidente boliviano, Luis Arce, expresaron “su enérgico rechazo” y calificaron las afirmaciones de Dina Boluarte como “inadmisibles”. “Esta declaración no representa el verdadero sentir del pueblo peruano, con el cual mantenemos históricos lazos de hermandad, respeto y cooperación”, señaló Arce en su cuenta oficial de X (antes Twitter).
El mandatario informó que convocó al encargado de negocios de Perú en Bolivia para transmitir el “profundo rechazo” de su gobierno por tales afirmaciones, y que también se hará conocer una posición oficial a través de la delegación diplomática boliviana en Lima. Arce enfatizó el carácter democrático y los valores compartidos entre ambos países, y abogó por que la relación bilateral continúe fortaleciéndose.
¿Qué significa “país fallido”?
El término “país fallido” es una expresión común en el discurso político, aunque en el ámbito académico se utiliza preferentemente “Estado fallido”. No existe una definición exacta aceptada universalmente, aunque distintos especialistas han delineado los alcances del concepto. El politólogo Robert Rotberg sostiene que un Estado fallido es aquel que no puede ni quiere cumplir con las funciones esenciales de un Estado moderno, como garantizar la seguridad, la gobernabilidad y la provisión de servicios públicos básicos. Otros expertos, como Noam Chomsky, afirman que estos Estados no logran proteger a sus ciudadanos frente a la violencia y operan por fuera de los límites legales internacionales.
El concepto también se utiliza para describir gobiernos que pierden el control sobre su territorio, muestran alta inestabilidad política, insuficiencia en la entrega de bienes públicos y fracaso en asegurar la seguridad interna y la paz. La aplicación del término, sin embargo, está influenciada por factores políticos y suele estar sujeta a controversias y cuestionamientos por su carga simbólica y diplomática.
¿Qué dicen los indicadores internacionales sobre Perú y Bolivia?
Uno de los principales instrumentos internacionales para medir el nivel de fragilidad de los Estados es el Índice de Estados Frágiles (Fragile States Index), elaborado por la organización Fund for Peace. El índice se construye a partir de 12 indicadores sociales, económicos, políticos y de seguridad, y ubica a los países en una escala donde los primeros lugares los ocupan los considerados con mayor fragilidad o riesgo de colapso.
En la edición 2024 del ranking participaron 179 países. Los primeros puestos fueron para Somalia, Sudán y Sudán del Sur, considerados los más frágiles a nivel mundial. En cuanto a la región andina, contrario a lo que dice la mandataria, Bolivia estuvo mejor posicionado que el Perú. Mientras el país altiplánico aparece en el puesto 81, el gobierno peruano se ubica en el 76. Es decir, más cerca a ser un estado frágil, conocido como ‘fallido’.
 
 
 
 
 
¿CUÁL ES LA RELACIÓN DE PERÚ CON BOLIVIA, VENEZUELA Y CUBA? LOS PAÍSES SEÑALADOS COMO "FALLIDOS" POR LA PRESIDENTA BOLUARTE
 
Expertos internacionalistas analizan el impacto de la declaración de Dina Boluarte, resaltando que ni Bolivia ni Cuba cumplen con la definición de 'estado fallido'.
 
La República de Perú (https://n9.cl/bev3v)
 
En su último mensaje del 28 de julio, la presidenta Dina Boluarte generó polémica al afirmar que Perú "no seguirá el camino de los estados 'fallidos' como Venezuela, Nicaragua, Cuba o Bolivia”, en un contexto en el que buscó reafirmar la legitimidad de su gobierno y su orientación democrática. En consecuencia, la mención directa de estas naciones trajo consigo críticas internas, además de una respuesta directa de uno estos países
Por ello, los expertos internacionalistas Óscar Vidarte y Ramiro Escobar declararon a La República lo que representa, para ambos especialistas, estas declaraciones, las implicancias diplomáticas del calificativo y la situación actual de las relaciones bilaterales entre Perú y los países mencionados.
Bolivia: un vínculo cercano deteriorado
Perú y Bolivia comparten casi dos siglos de relaciones diplomáticas y una extensa historia cultural común. Sin embargo, la relación bilateral ha atravesado un periodo de tensión desde el cambio de gobierno en diciembre de 2022. Bolivia, junto con México y Colombia, cuestionó la legitimidad del ascenso de Dina Boluarte al poder, lo que generó fricciones diplomáticas.
Según Óscar Vidarte, “la relación con Bolivia por lo menos en los últimos dos, tres años viene muy mal. Las embajadas están a nivel de encargados de negocios, no hay embajadores. Con Bolivia la relación está extremadamente distante”.
Ambos especialistas coincidieron en que Bolivia no puede ser calificada como un Estado fallido. Ramiro Escobar explicó que Bolivia no es un país que responde a esas características, pues no tiene un gobierno ilegítimo ni un gran desastre humanitario adentro. "Calificar de 'fallido' a Bolivia me parece algo sumamente exagerado y, además, muy imprudente, porque es un país vecino”, aseveró.
Por su parte, Vidarte apuntó que Bolivia ha experimentado avances en las últimas décadas: “Es muy injusto poner a los tres países en el mismo saco, más aún cuando durante su discurso ella dijo que habían fortalecido las relaciones con los países vecinos, siendo Bolivia uno de ellos”.
Venezuela: una relación congelada sin visos de cambio
Las relaciones entre Perú y Venezuela se encuentran prácticamente paralizadas. No existe representación diplomática al nivel de embajadores y las interacciones se reducen a aspectos humanitarios y de seguridad. “Venezuela tiene relaciones de bajísima intensidad con el Perú salvo algunas coordinaciones para efectos de la situación de las personas que están acá y coordinaciones de orden policial para intercambio de personas que han delinquido”, indicó Escobar.
Por otra parte, Vidarte consideró improbable un acercamiento entre ambos países: “No existe en el Perú ningún interés de recomponer la relación con Venezuela, más aún cuando los que sostienen este gobierno son estos sectores de derecha en el Congreso que ven a Venezuela como el principal enemigo de sus intereses”.
Cuba: una respuesta más diplomática y contenida
A diferencia de Bolivia y Venezuela, el vínculo con Cuba no ha registrado un deterioro significativo tras las declaraciones de la presidenta. Además, Cuba no se ha pronunciado sobre ello. Para Escobar este país suele ser muy "hábil" diplomáticamente en este tipo de casos, puesto que, por lo general, no suele responder salvo que las declaraciones sean muy fuertes.
Vidarte coincidió en que no se espera una reacción mayor: “Para Cuba no es una batalla importante, estoy seguro de que utiliza canales diplomáticos para preguntarle al Perú, sin tratar de hacer de esto una cuestión de Estado”.
Cuba y Perú han mantenido relaciones diplomáticas desde hace décadas, incluso durante los gobiernos de Fidel Castro, Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. Existe además cooperación en áreas como deporte y cultura.
La falta de precisión en el uso del término “Estado fallido”
La expresión utilizada por Boluarte también fue cuestionada en términos conceptuales. Para Escobar, un estado fallido es uno que no controla su territorio, no provee servicios a la población, tiene un gobierno ilegítimo y un desastre humanitario dentro de sus fronteras. El internacionalista advirtió que el término ha sido manipulado en contextos internacionales: “Ha surgido también para propiciar la invasión sobre unos países que se consideran inestables, con el propósito supuestamente de estabilizarlos, hay cierto debate en la academia sobre el término”.
Vidarte, por su parte, consideró que la presidenta desconoce el significado exacto del término. "Creo que ha tratado de usar el término fallido desde una perspectiva más coloquial”. Ambos analistas coincidieron en que ni Bolivia ni Cuba cumplen con los criterios objetivos del concepto y que, incluso, calificar a Venezuela de ese modo es discutible.
Un giro político que condiciona la política exterior
Finalmente, ambos entrevistados coinciden en que las declaraciones de la mandataria no son aisladas, sino parte de un cambio en su posicionamiento político. Escobar señaló que “la presidenta es ahora un personaje político muy distinto al que era cuando entró al gobierno con Pedro Castillo (...) está más alineada con sectores de derecha en el Parlamento y en general en el país”.
Vidarte también apuntó a una narrativa construida: “Dina Boluarte quiere desarrollar y consolidar la idea de que ella evitó que continuara el desastre que comenzó Castillo (...) eso le sirve como guía para los sectores que hoy básicamente la sostienen, que es esta derecha”.
 
 
 
 
 
“MAR PARA BOLIVIA”, UN RECLAMO QUE MOLDEA LA IDENTIDAD NACIONAL BOLIVIANA
 
El reclamo boliviano por su salida al mar nutre su identidad nacional y complica las relaciones con Chile
 
Diario Red de Uruguay (https://n9.cl/9shlc)
 
Desde hace décadas, el Estado boliviano reclama un acceso al mar que le ha sido negado por el particular desarrollo de la historia en la región. Las pretensiones del país se vieron especialmente respaldadas durante el gobierno de Evo Morales. Pese a que en el año 2000 hubo conversaciones entre Bolivia y Chile para la construcción de un gasoducto, no fue sino en 2013 que el Estado boliviano dotó de impulso internacional al reclamo, presentándolo frente a la Corte Internacional de Justicia. Aquel intento no prosperó, pero ratificó la ligazón entre el reclamo y la identidad nacional boliviana.
Únicamente Bolivia y Paraguay no tienen salida al mar en América Latina. Pese a que esta condición la “padecen” también otros países en el mundo, es evidente que ha significado un limitante severo para el desarrollo económico y comercial de Bolivia. Desde 2009, año en el que se reformó la Constitución Nacional, el Estado Plurinacional de Bolivia reivindica formalmente su deseo de abandonar la “mediterraneidad”.
Los orígenes del reclamo
Remontémonos en la historia. Bolivia, como Estado-nación, es heredera de la gobernación española de Charcas. En tanto subdivisión territorial del Imperio Español en América, Charcas fue incorporada al virreinato del Río de la Plata, y previamente había formado parte del virreinato del Perú. Tras su independencia, el Alto Perú, predecesor del Estado de Bolivia, optó por no subordinarse ni al Alto Perú ni a las Provincias Unidas del Río de La Plata. De esta forma, nació en 1825 la República de Bolívar, en adelante Bolivia.
Tras el fracaso de la breve Confederación Perú-Boliviana, las élites bolivianas fijaron el objetivo del acceso al mar, vital para la joven república en su proyecto de desarrollo nacional. El desierto de Atacama, por correspondencia geográfica lógica, emergió como el eje del reclamo. Allí envió tropas Antonio José de Sucre, primer presidente de Bolivia, quien declaró el puerto de Cobija como parte del país.
Simultáneamente, Chile había logrado una mayor estabilidad institucional y también reclamaba para sí el control de esa zona. Había una razón para la disputa: la Recopilación de Leyes de Indias de 1680, que reconocían al mismo tiempo que la Real Audiencia de Charcas tenía costas en el mar del Sur y que las Reales Audiencias de Lima y Santiago de Chile eran colindantes por norte y sur. Dos condiciones necesariamente contradictorias.
La guerra contra España en 1864 fijó el célebre paralelo 24 y las zonas de beneficio compartido entre los paralelos 23 y 25, pero aquello no puso fin al conflicto. La guerra de 1879, a la que fue arrastrado Perú, se saldó con la victoria chilena en 1983, previo abandono de la propia Bolivia. Los términos de la paz fijaron la posesión a perpetuidad del territorio de Antofagasta por parte de Chile y el fin del reclamo boliviano sobre el Pacífico. Indudablemente, se trataba de cesiones indeseables desde el punto de vista boliviano, pero correspondientes a la dimensión de la derrota militar.
Apenas dos décadas después, en 1904, Bolivia y Chile firmaron el Tratado de Paz y Amistad, mediante el cual Bolivia aceptaba el control chileno de Antofagasta, al tiempo que los chilenos aceptaban el libre tránsito de mercancías bolivianas a través del territorio nacional, así como la construcción del ferrocarril Arica-La Paz.
El reclamo, hoy
El siglo XX ha visto varios empujes por parte de Bolivia para retomar su reclamo. En la década de los cuarenta existieron conversaciones para el establecimiento de un corredor terrestre en Arica, si bien no prosperaron debido a las compensaciones exigidas por Chile. El país buscaba tener acceso a las aguas del Lago Titicaca en favor de su industria eléctrica y sus sistemas de regadío. Ni Perú ni la opinión pública en Bolivia lo vieron con buenos ojos.
En los setenta, las dictaduras de Banzer y Pinochet llegaron al Acuerdo de Charaña, por el que se cedería a Bolivia una corta franja de costa al norte de la región de Arica, junto a un corredor terrestre sobre el que gozaría de plena soberanía. Como contraparte, Chile recibiría una franja equivalente en el salar de Uyuni. Sin el aval de Perú, aquel acuerdo tampoco salió adelante y las relaciones entre Chile y Bolivia se rompieron en 1978.
Desde entonces, los lazos boliviano-chilenos han estado siempre marcados por la ausencia de máximas autoridades diplomáticas y por las discrepancias entre ambos Estados. Para Bolivia, el reclamo de su salida al mar como acceso al Océano Pacifico es nodal, no solo porque perfila un sentimiento profundo dentro de su identidad nacional, sino porque verdaderamente es una condición para su desarrollo económico y para el avance de sus infraestructuras comerciales.
A pesar de los acercamientos históricos, e incluso cuando han coincidido gobiernos de izquierdas en ambos países, ha sido imposible cerrar la cuestión. Bolivia seguirá reclamándolo, si bien ambos países afrontan elecciones cruciales en 2025 en las que la izquierda se encuentra en una coyuntura de gran fragilidad.
 
 
 
 
 
“EL CONTRABANDO NOS ESTÁ FUNDIENDO”: COMERCIANTES DEL NORTE SALTEÑO DENUNCIAN UNA SITUACIÓN LÍMITE
 
Frente al avance del contrabando desde Bolivia, comercios del departamento San Martín cierran sus puertas, reducen jornadas o aplican descuentos salariales para sobrevivir. Empresarios y trabajadores apuntan a la falta de controles y a una competencia desleal que se instala con aval del propio Estado.
 
El Tribuno de Argentina (https://n9.cl/rfi8j7)
 
Cierre de comercios establecidos desde hace años y, por lógica, de manera legal; disminución de las horas de trabajo del personal a media jornada; o quita de un porcentaje del sueldo para evitar despidos. Son algunas de las medidas que el sector comercial está adoptando para evitar un desenlace que parece inevitable: el cierre de supermercados, carnicerías, comercios de electrodomésticos y hasta farmacias, en una lucha desigual contra algo con lo que ningún comerciante o empresario puede competir: el contrabando que ingresa desde Bolivia y que prácticamente abarca todos los rubros.
La situación ya resulta insostenible. Por eso, el cierre de comercios en el centro de la ciudad es directamente proporcional a la apertura de puestos de venta callejera que se instalan en las veredas, al mismo estilo que en Bolivia. Pero a diferencia de los primeros, estos no contratan empleados registrados y solo abonan una tasa municipal, con lo cual ya se encuentran totalmente habilitados para vender lo que sea, bajo la denominación de “polirubros”.
La indignación del sector comercial y de los trabajadores mercantiles
Lo increíble de la situación es que el comercio ilegal se realiza a la vista de todos. Como lo explica el presidente del Centro de Empresarios de Tartagal, Franco Galeano: “No estamos hablando de la gente que va a Bolivia a comer, se compra ropa, un electrodoméstico o una bicicleta. Estamos hablando de gente que te trae diez heladeras, diez bolsones llenos de ropa americana, habilita el garage o la vereda de una casa, instala todo y se pone a vender”.
“No hay pedido o reclamo que en estos últimos 18 meses no hayamos realizado a todos los organismos competentes. Pero la situación es cada día peor y no tenemos forma de competir con productos que ingresan de contrabando a toda hora y que han generado la proliferación de estos comercios informales, porque cada día aparece uno nuevo sin que a ninguna autoridad se le pase por la cabeza evitar que esto siga sucediendo”, añadió Galeano.
“Porque en Bolivia no se pagan los impuestos que sí pagamos en Argentina, que implican un 48% del precio que abona el consumidor final. Esos fondos se destinan a solventar hospitales públicos, escuelas, rutas, seguridad. Si usted me pregunta si quiero vivir como se vive en Bolivia, donde todo se paga, yo le digo que no. Pero reitero: el daño enorme que se le está haciendo a un sector que fue pilar en la creación de los pueblos de frontera, como todos los del departamento San Martín, no lo causa el tartagalense que va a comprar ropa a Yacuiba. Lo causa el que trae 20 bicicletas y compite de forma totalmente desleal con el comercio local que se dedica a eso desde hace años, que tiene empleados en blanco y que paga todos sus impuestos”.
“Nos funden con nuestros propios impuestos”
Galeano describió con indignación: “Es tan insólito lo que sucede que es el propio municipio el que les acondicionó a los feriantes que venden todo de contrabando la plazoleta Moto Méndez, con luces, servicio de internet, calles pavimentadas en los alrededores para que lleguen sin mayores inconvenientes. Pero esas obras se hacen con los impuestos que aportamos los que estamos legalmente establecidos. Parece un chiste de pésimo gusto, pero no lo es”.
 
 
 
 
 
DENUNCIAN CONTROL DEL CJNG EN MINAS DE MERCURIO EN QUERÉTARO PARA TRÁFICO INTERNACIONAL
 
ONG revela operaciones industriales ilegales vinculadas al crimen organizado; el químico se exporta a Sudamérica para extracción de oro.
 
El Express de México (https://n9.cl/rv0t1)
 
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) habría tomado el control de varias minas de mercurio ubicadas en la Sierra Gorda de Querétaro para exportar ilegalmente este químico a países de Sudamérica como Colombia, Perú y Bolivia, denunció la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés) en su más reciente informe titulado “Los traficantes no dejan piedra sin remover”.
La organización no gubernamental documentó que las minas Cristo Vive, La Fe, La Peña, El Mono y La Perla, entre otras, están ahora bajo control del cártel, el cual ha instalado infraestructura de seguridad propia, como torres de vigilancia, cámaras, portones, puestos de control y alambres de púas.
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Y FORTIFICACIÓN ILEGAL EN LA SIERRA GORDA
“Mineros de otra comunidad explicaron con detalle que las minas alrededor de La Plazuela ahora están controladas por el extremadamente violento Cártel Jalisco Nueva Generación, y que el nivel de producción se ha disparado a un nivel casi industrial”, indica el informe.
El reporte señala que esta actividad criminal se ha intensificado desde diciembre de 2023, cuando aparecieron nuevas estructuras de control en la región. Investigadores de la EIA incluso recibieron amenazas directas durante su trabajo de campo, evidenciando el riesgo y el nivel de control territorial por parte del crimen organizado.
TRÁFICO HACIA LATINOAMÉRICA: MÁS DE 200 TONELADAS DESDE 2019
De acuerdo con las estimaciones de la EIA, los traficantes han contrabandeado al menos 200 toneladas de mercurio desde las minas en Querétaro hacia minas auríferas de Sudamérica entre abril de 2019 y junio de 2025. En estos países, el mercurio se utiliza en la minería artesanal para separar el oro, una práctica común a pesar de estar prohibida por sus efectos tóxicos en la salud y el medio ambiente.
Ante las restricciones legales en Colombia y Perú, los traficantes han ideado métodos de contrabando sofisticados, como la exportación de grava contaminada con mercurio bajo declaraciones falsas, en lugar del envío directo de mercurio líquido purificado.
SEÑALAN A EMPRESARIO Y POLÍTICA COMO PRESUNTOS IMPLICADOS
El informe también identifica al empresario minero Juan José Zamorano Dávila como uno de los principales responsables del tráfico de mercurio en la zona. Su hermano, “Joel”, habría sido presentado como cómplice, mientras que la actual pareja de Zamorano, Alejandra Pulido Briseño —militante del Partido Acción Nacional (PAN) y exfuncionaria en los gobiernos de Querétaro y Puebla—, es señalada como parte del círculo cercano vinculado a las operaciones.
EL ORO, FACTOR CLAVE DEL NEGOCIO ILEGAL
La EIA subraya que el alza en el precio internacional del oro ha incentivado la demanda de mercurio por parte de mineros informales, lo que a su vez ha hecho atractiva y rentable la operación para grupos criminales.
Este esquema de extracción, control territorial y tráfico internacional representa una amenaza múltiple: desde la salud pública y el medio ambiente, hasta la seguridad nacional y el estado de derecho en las zonas afectadas.
 
 
 
 
 
RETIENEN A ESPOSA DEL HERMANO DE SEBASTIÁN MARSET TRAS INTENTAR INGRESAR AL PAÍS
 
La Nación de Paraguay (https://n9.cl/qxhq6)
 
Tras descender de un vuelo proveniente de Brasil fue detenida en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi Emilia Cristina Mantilla Robles, quien sería esposa del hermano del presunto narcotraficante requerido por la justicia paraguaya Sebastián Marset.
La mujer de nacionalidad boliviana y con documentos brasileños arribó al país junto con un joven de nacionalidad uruguaya identificado como Santiago González Dizandez y un menor de edad. Los mismos fueron inadmitidos al país tras realizarse el registro migratorio.
Luego de la identificación, las autoridades de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) informaron a la Interpol, la cual dispuso que estas personas sean retenidas y fueran puestas a disposición del Ministerio Público.
El bloqueo de ingreso al país de estas personas se dio tras un intercambio de información entre agencias de seguridad y se confirmara que cuentan con antecedentes y supuestos nexos con causas que están siendo investigadas a nivel internacional.
Emilia Cristina Mantilla Robles contaría con antecedentes en Bolivia que datan del 2023, junto con una orden de captura emitida por la Fiscalía de Santa Cruz, ya que la misma estaría ligada a la estructura criminal liderada por Sebastián Marset.
En diciembre del 2023, Diego Nicolás Marset Alva, esposo de la ahora retenida, fue arrestado en la ciudad de Foz de Iguazú, Brasil, en el marco de una intervención policial. El hombre es requerido por la justicia paraguaya en el marco del caso A Ultranza PY, el cual continúa abierto.