EL ACCIDENTADO CAMINO DEL LITIO EN BOLIVIA: 17 AÑOS DE PROMESAS DE UN DESARROLLO ECONÓMICO QUE NO DESPEGA

Pese a tener una de las mayores reservas mundiales del mineral, las dificultades técnicas y la ineficiente gestión sitúan al país lejos del pregonado maná económico 

En la celebración del aniversario 192 de Bolivia, en 2017, el entonces expresidente Evo Morales protagonizó un largo discurso en el que regaló titulares a los medios: “El día que Bolivia llegue a la gran industria en el tema del litio, será otro país que mande en el mundo, como Arabia Saudí con el petróleo”. Dos años después, en 2019, el Gobierno proyectaba hasta 2025 la construcción de 14 plantas industriales para extraer anualmente 150.000 toneladas del oro blanco. Llamado así por su papel crucial en la transición energética —al ser materia prima de las baterías de coches eléctricos—, Bolivia posee una de las mayores reservas del mundo, con 21 millones de toneladas cúbicas, según datos gubernamentales. Sin embargo, a día de hoy, existe una sola planta industrial, de la que se extrajeron en 2024 unas 2.000 toneladas, y cuyos ingresos fueron tan ínfimos que el país no aparece en las listas de mercado de litio de portales especializados.
El proyecto de industrialización del litio en Bolivia comenzó en 2008, cuando se anunció su nacionalización. Desde entonces, el proceso ha sufrido una seguidilla de postergaciones que alejan cada vez más el prometido desarrollo económico, más urgente aún ahora que el país afronta mínimos históricos en sus reservas internacionales por la reducción en la exportación de gas. Las razones de la demora van desde las peculiaridades geográficas que dificultan la explotación del salar de Uyuni —el más grande del mundo y que concentra la mayor parte del mineral— hasta la crisis política de 2019, que terminó con el derrocamiento de Morales y el abandono del programa. Pero, sobre todo, por una gestión ineficiente y atropellada que ha llevado a 11 exmiembros de la empresa estatal dedicada a su industrialización, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), a ser acusados el año pasado por incumplimiento de deberes y otros delitos.
“La experiencia ha demostrado que la industrialización del litio tiene un alto nivel de complejidad, que para un país como Bolivia tal vez sea demasiado poder aspirar a un desarrollo con esta tecnología. No imposible, pero mucho más difícil de lo que cualquier gobernante hubiera imaginado”, comenta el sociólogo e investigador en actividades extractivistas Óscar Campanini.
“El gran problema es que nuestros gobernantes toman las peores decisiones posibles, no sé si consciente o inconscientemente, pero hay errores de orden técnico, de transparencia, de cómo operativizar la tecnología necesaria...”, continúa quien también es director del Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB). La institución ha sintetizado años de seguimiento en el reciente cortometraje documental La tortuosa carrera del litio en Bolivia.
Planta ineficiente
A pesar de que se construyó una planta piloto en 2010, el primer paso hacia la ilusión del litio se dio en 2018, con el inicio de la construcción de la planta industrial en la localidad de Llipi (Potosí). Se anunció entonces una inversión de 96 millones de dólares para producir potencialmente 15.000 toneladas anuales del mineral. El complejo debió ser entregado en 2020, pero recién empezó a funcionar en 2024, según el Estado, por la convulsión social de 2019 y el cambio de autoridades, seguido por la pandemia del coronavirus. Su producción el año pasado fue del 13% de su capacidad, lejos del 30% que había comunicado en la inauguración la presidenta de YLB, Karla Calderón, para su primer año y fase inicial. Este medio contacto a la empresa estatal para conocer su versión al respecto pero no ha obtenido respuesta.
La estabilización de una planta de litio de este tipo suele tomar tres años, pero no se prevé que su funcionamiento vaya a mejorar, según expertos y legisladores que estuvieron en las instalaciones. Es el caso de una comisión del Senado que investiga el bajo rendimiento de la infraestructura. “El principal problema son las piscinas de evaporación que proveen la materia prima. De las 20 líneas de piscinas que hay en la planta, solo 12 están impermeabilizadas; el resto ha sufrido deterioros y no funciona”, declara a este medio la senadora Elena Aguilar, presidenta de la comisión que realizó la última inspección en abril. Se trata de gigantescas estructuras que pueden llegar a medir lo equivalente a 10 campos de fútbol cada una. A ellas se traslada el agua extraída de debajo de los salares, conocida como salmuera.
Gracias al sol y al viento, el agua se evapora en un lento proceso de hasta 12 meses. El líquido residual precipitado es rico en litio. El fondo de las piscinas está revestido con varias capas de geomembranas que impiden la pérdida de las sales, filtros que faltan o ya están desgastados en muchas de las que están en la planta de Llipi, según denuncia la comisión y la misma YLB. “Existe una auditoría interna que concluye que hay un desajuste entre el precio presupuestado y el ejecutado para el recubrimiento”, apunta Aguilar.
Como resultado, YLB presentó una denuncia en abril contra varios exfuncionarios, entre ellos el exministro de Minería, Alberto Echazú, quien cumple detención domiciliaria. La productividad y cantidad de piscinas es fundamental en el proyecto boliviano del litio, debido a la alta presencia de magnesio en la salmuera de Uyuni, una impureza que se debe eliminar y cuya concentración es hasta 10 veces mayor que la que existe en Chile, por ejemplo.
Nuevo camino, nueva frustración
El mismo presidente, Luis Arce, afirmó que hay un tiempo “perdido” que el país debe recuperar. Su propuesta fue cambiar la tecnología de evaporación por el método de Extracción Directa de Litio (EDL). Esta alternativa promete procesar en dos horas lo que antes tomaba hasta un año, usar menos agua y tener menor impacto medioambiental. El Ejecutivo convocó a un concurso internacional en 2021 para implementar esta vía y prometió producir entre 45.000 y 100.000 toneladas de litio por año para 2024 y 2025. Australia y Chile, el primer y segundo productor mundial del mineral, produjeron 86.000 y 44.000 toneladas respectivamente en 2023.
El consorcio chino CBC y la empresa rusa Uranium One fueron anunciados como ganadores del concurso, y en 2023 se formularon los contratos para cada una. Las controvertidas condiciones de los documentos son el último capítulo del drama del oro blanco en Bolivia. “Desde una visión neutral, China se perfila como un buen socio porque es el país que controla casi el total de las tecnologías para fabricar baterías de litio y es el líder mundial en vehículos eléctricos. Sin embargo, cuando se ven las condiciones económicas y medioambientales, ya no parece tan interesante la alianza”, asegura el analista en minería y miembro de la Fundación Jubileo, Héctor Córdova. Esta organización dirigió los reclamos de la sociedad civil para que los contratos se hicieran públicos y presentó observaciones que tienen ahora su aprobación congelada en el Legislativo.
“La coyuntura económica de Bolivia ha presionado al Gobierno para aceptar estos contratos. El acuerdo con Rusia le permitiría al país obtener combustible, que tanto escasea. Por otra parte, una venta anticipada de carbonato de litio podría darle al Estado las divisas que necesita”, prosigue Córdova. En el aspecto monetario, le preocupa que el contrato con el consorcio chino contemple más que una inversión, un crédito, y que el Estado asuma la mayoría de los riesgos. “Es como un préstamo que debe ser pagado en 10 años, del que hemos calculado su tasa de interés —con base en consultas a bancos— en alrededor del 20%. La misma YLB ha hecho una estimación del 12%, que sigue siendo altísima”, agrega.
Otro aspecto que llama la atención es la desigualdad en las propuestas de producción entre ambas empresas. La rusa Uranium One ofrece, con un crédito de 976 millones de dólares, levantar una planta que produciría 14.000 toneladas de litio anuales. Mientras que la china CBC, con 1.030 millones de dólares, propone una planta con capacidad de 10.000 toneladas por año y otra para 25.000. Respecto al daño medioambiental, Campanini del CEDIB, alerta que existe un sector de comunidades que dependen del ecosistema del salar y que no fueron consultadas sobre los contratos, como manda la Constitución. “No se hizo un estudio del impacto hídrico que puede desestabilizar la región. Por eso hay una oposición con fundamento al proyecto desde estos pueblos”, asegura.
La amabilidad con el medio ambiente que se pregonaba de la técnica EDL no era tan cierta, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), citado por la Fundación Jubileo. “De acuerdo con esta investigación, este nuevo método conlleva un consumo de agua mucho mayor que el de las piscinas que se están utilizando actualmente”, sentencia Córdova. Los baches en los contratos han vuelto a alejar la esperanza del litio en Bolivia. A ello se suma la carrera contrarreloj que supone la mayor oferta del mineral, con nuevos países que se suman a su explotación. El litio llegó a tener un máximo histórico de cotización de 66.000 dólares por tonelada en 2020; su precio actual es de 8.600 por tonelada métrica.
Ruta correcta
Para los analistas, el panorama es poco alentador. Las ganancias recibidas por la estimada inversión de mil millones de dólares hasta la fecha les hacen pensar que el litio puede sumarse a la lista histórica de recursos desaprovechados por Bolivia en épocas de demanda. Sucedió con la goma en la segunda mitad del siglo XIX, con el estaño en las primeras décadas del siglo XX, y hasta hace poco con el gas. “Los beneficios quedaron concentrados en élites y empresas extranjeras, sin fortalecer instituciones ni diversificar la economía. Después, con la revolución de 1952, el Estado intentó redistribuir la renta mediante nacionalizaciones, pero la debilidad institucional y la corrupción impidieron que se canalizara hacia inversión productiva”, explica el economista Ricardo Fernández.
La crisis actual la atribuye a un modelo económico rentista redistributivo que funcionó bien mientras los precios internacionales eran altos y las reservas fiscales estaban llenas. ¿Qué hace falta, entonces, para que el país revierta con el litio esta tendencia histórica? “Si las plantas operan a plena capacidad, podrían generar entre 800 y 1.000 millones de dólares al año. No basta con extraer y exportar el mineral, la verdadera oportunidad está en fabricar en Bolivia productos de mayor valor, como cátodos o baterías”, sostiene Fernández. “Hay que auditar el uso de los recursos, crear tal vez un fondo soberano para invertir los ingresos en educación o tecnología, y asegurar que regiones como Potosí participen en los beneficios. Lamentablemente, la probabilidad de que se logre es baja”.
El País de España (https://n9.cl/1d7gb)
 
 
 
 
 

EL 'NUEVO ORO BLANCO' QUE AMENAZA A ESPAÑA: ASÍ SE ESTÁN QUEDANDO CON EL LITIO EXTREMEÑO SIN CONTROL DEL ESTADO
 
La fiebre del litio ha llegado a España. Bajo las sierras de Extremadura duerme una de las mayores reservas de litio de Europa, pero grandes intereses internacionales ya maniobran para explotar estos yacimientos sin garantías de control público. ¿Puede España quedarse fuera del mayor negocio del siglo XXI?
 
Estrella Digital de España (https://acortar.link/oSMIhZ)
 
El litio se ha convertido en el recurso estratégico más codiciado del planeta. Su uso en baterías eléctricas para móviles, ordenadores y, especialmente, vehículos eléctricos lo ha situado en el epicentro de la transición energética. Países como China, Estados Unidos y Alemania libran una guerra geoeconómica silenciosa por asegurarse el suministro de este mineral crítico.
España, y más concretamente Extremadura, alberga uno de los mayores yacimientos de litio de Europa en Cáceres: el proyecto Valdeflores. Se calcula que contiene más de 111.000 toneladas de litio extraíble, capaz de abastecer a millones de coches eléctricos. Sin embargo, el control de esta mina ya ha empezado a cederse a multinacionales como Infinity Lithium, con sede en Australia, y fondos de inversión de capital extranjero.
La Junta de Extremadura ha oscilado entre la parálisis y el entusiasmo. Y mientras tanto, la normativa estatal sobre minería ha demostrado ser obsoleta, sin capacidad de garantizar una participación pública en la extracción o beneficios fiscales relevantes para la comunidad autónoma.
Oportunidad perdida: ¿por qué España no tiene una empresa pública del litio?
Mientras países como Chile nacionalizan el litio y Bolivia negocia con Tesla desde el Estado, España carece de una estrategia nacional clara. No existe una empresa pública dedicada a este recurso, ni siquiera una legislación específica para minerales estratégicos.
Expertos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y catedráticos de Derecho Administrativo denuncian el vacío legal que permite a fondos extranjeros operar sin apenas compensaciones públicas.
Amenaza ambiental y resistencia social
El proyecto Valdeflores ha provocado una fuerte contestación ciudadana en Cáceres. Asociaciones como "Salvemos la Montaña" han reunido más de 30.000 firmas, alertando sobre los efectos irreversibles en el acuífero que abastece a toda la ciudad. La extracción con técnicas de minería a cielo abierto provocaría un impacto devastador en el ecosistema.
El propio Defensor del Pueblo ha recibido quejas formales por la opacidad de los procedimientos de evaluación ambiental.
Europa exige litio "verde" y España pierde el tren
La Unión Europea, a través del plan Critical Raw Materials Act, ha declarado el litio como "materia prima crítica" para la autonomía estratégica europea. Sin embargo, Bruselas también exige que la extracción sea sostenible, local y sujeta a parámetros ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza).
España tenía una ventaja competitiva con su yacimiento extremeño. Pero la falta de control público, sumada al conflicto social y la lentitud regulatoria, podría hacer que el litio español no cumpla los estándares exigidos y se pierda la oportunidad de ser clave en el suministro europeo.
La geopolítica del litio: el tablero invisible
El litio ha dejado de ser solo una materia prima. Ahora es un peón clave en la nueva geopolítica mundial. China ha comprado minas en África y Sudamérica, Estados Unidos busca acuerdos con Canadá y Australia, y Europa pugna por no quedar atrás.
España, con sus reservas de litio, tiene una oportunidad estratégica. Pero si no actúa ya, el “oro blanco” será otra oportunidad perdida para la soberanía industrial y energética del país.
¿Y ahora qué? Las propuestas que llegan tarde
Economistas y juristas ya plantean la creación de una Agencia Española del Litio, con competencias exclusivas para supervisar, intervenir o incluso explotar yacimientos directamente. La reforma del régimen de concesiones mineras, anclado en el siglo XIX, es otro punto urgente. También se reclama que el litio sea declarado "recurso estratégico de Estado", como el petróleo en su día.
Pero el reloj corre. Y mientras España lo piensa, empresas extranjeras ya mueven fichas en Cáceres, Galicia y Castilla-La Mancha.
El litio es el futuro. Pero el futuro no espera. Si España no reacciona, el tren del litio pasará de largo mientras otros se quedan con su riqueza. La pregunta no es si tenemos litio. Es: ¿a quién va a pertenecer?
 
 
 
 
 
PENSAMIENTO CRÍTICO. BOLIVIA. RAFAEL BAUTISTA: ¿CÓMO SE OFERTA UN PAÍS A LOS BUITRES!
 
Resumen Latinoamericano Org. (https://acortar.link/gTtha5)
 
Bolivia fue un experimento, ahora es un laboratorio nocivo. Mientras todos juegan con fuego, hay quienes hasta ofrecen las cerillas suficientes para seguir inflamando lo que creen de resistencia infinita. Consciente o inconscientemente, hay unanimidad, en la casta política, para conducirnos al caos; porque todos intuyen que, si hay solución verdadera (y no mero cálculo político), ya no son legítimos.
Por el lado del masismo fracturado, nadie se atreve a señalar que ya se ha perdido el horizonte político y hoy vivimos la siega de ese abandono, en todas sus variantes; por eso sólo buscan una testaruda permanencia contra los hechos. En el mundo de la posverdad, la autopercepción se convierte en el único criterio moral que les repite: el respaldo no es falso si crees en él.
Por eso no ven lo que se va tejiendo a expensas de estos; mientras los convencidos en Harvard son los encargados de diseminar la siempre recurrente idea de que Bolivia es apenas una quimera sin atributos. Lo cual además ha sido siempre el argumento de los hijos putativos que no tienen más gloria que la opaca nostalgia de un firmamento manchado de sangre; comparsas adulonas cuya diligencia nos arrojará a los cielos de la deuda eterna, dando fe de su idolatría: puede arder el mundo, pero el dólar no. El adagio eslavo está hecho precisamente para sociedades coloniales –como la nuestra– que no aprenden que, “el único queso gratis está en la trampa para ratones”. 
Vivimos la crisis global de modo local y si, en Europa, la médula ontológica anglosajona no quiere, bajo ninguna circunstancia, la paz; aquí tampoco la quieren los grupos de poder (incrustados en el “gobierno del cambio”, con la venia de su élite política). No en vano el capitalismo ha creado la crisis como forma de vida, porque sólo puede sobrevivir de ese modo. Desequilibrando la vida, afirma: “Yo soy la tempestad y sólo puede caminar a través de ella quien la ha creado. Los demás sólo buscan refugio”.
Pero todo aquel que se alinea al derrumbe del orden unipolar, también derrumbará su propia suerte. El mundo ya no es un mundo para todos, han determinado los billonarios globales, los cuatro jinetes apocalípticos (desde Washington hasta Bruselas, desde la City hasta Wall Street). Sumir al mundo en el caos es lo más rentable, por eso apuestan a la guerra, es decir, al reinicio global. Por eso, todos los que promueven en nuestro país el caos, se hacen funcionales a esta prescripción; queriendo salvarnos del caos nos conducen a él. En geopolítica esto supondría la balcanización de la región, que sólo espera la ignición en un “chokepoint” o punto crítico.
En esta espinosa coyuntura, cualquier alteración constitucional nos conduciría en esa dirección. Lo cual significaría, de nuevo, la apuesta por el golpe y, en consecuencia, la inflamación multiplicada de los conflictos. No somos del agrado de las oligarquías de los países vecinos, nunca lo fuimos, y el “Estado plurinacional” les ha provocado siempre un rechazo manifiesto. Esta vez no piensan desperdiciar la oportunidad; por eso la derecha es ilusa si cree que, llegado el momento, va a ser depositaria de la confianza de los patrocinadores externos de un nuevo golpe.
Anular a Bolivia, como fue la pretensión chilena en la usurpación del Litoral, significa ahora que este corredor geoestratégico de Sudamérica jamás se haga corazón geopolítico. De eso no habla ni se pronuncia la prensa, su ignorancia supina no lo permite; pero en ese asunto, el gobierno ya da muestras de desubicación absoluta; y el “evismo” ya no sabe cómo refrenar sus pretensiones que nos pueden conducir al caos exponencial, para beneficio único de la anti-nación. Ambos serán responsables, además de otros reciclados, de un probable desenlace funesto del “Estado plurinacional”.
  Ese Estado, que era la mediación política para encaminarnos, como pueblo, al horizonte que promueve la cultura de la vida y que la denominamos “vivir bien”, era el espíritu, el ajayu graficado en la wiphala (la unidad en la diversidad; porque sólo en el marco de igualdad básica, las diferencias no producen oposiciones irreconciliables y las divergencias aparecen no para divergir sino para converger) que ni el golpe pudo cercenar; ahora es el propio instrumento político el que hace el favor a una derecha carente de ideas propias.
El folklorismo adoptado por quienes no tenían ni tienen idea de lo que significa descolonizar el Estado liberal, redujo todo a un chauvinismo de canjes demagógicos. Pero, así como no hay un día para la gente buena, porque los buenos son humildes y no necesitan de un día para recordarnos de su existencia, así también, no se trataba de pregonar un sueño sino de crearlo. Y de eso trata lo político de la existencia. Y esta vez el pueblo, como el sujeto histórico-político, no deberá ceder su propia soberanía política (núcleo del poder popular) a un nuevo rapto del ámbito de decisiones, protagonizado por otro sujeto sustitutivo.
 
 
 
 
 
A TRES MESES DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES, BOLIVIA SE ENCUENTRA SUMIDA EN UNA CRISIS ECONÓMICA
 
World Socialist Web Site (https://n9.cl/4ddtl)
 
A menos de tres meses de las elecciones presidenciales, Bolivia se encuentra sumida en una crisis política y económica sin precedentes. El gobierno solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) que retrasara la publicación de un informe sobre la situación financiera de Bolivia, pero su contenido se filtró en redes sociales.
El informe destaca la alta inflación, la escasez de dólares estadounidenses que interrumpe el comercio y la escasez de combustible que provoca largas filas de camioneros en las gasolineras.
El panorama político está muy fragmentado, con el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) dividido en facciones que apoyan al expresidente Evo Morales, al actual presidente Luis Arce y a Andrónico Rodríguez, quien se separó de la facción de Morales para postularse a la presidencia con un nuevo partido, Alianza Popular.
Los partidos de derecha no lograron unirse tras un único candidato, y las próximas elecciones contarán con nueve candidatos de todo el espectro político.
Morales busca apoyo para su candidatura presidencial, a pesar de que la Constitución le prohíbe presentarse tras completar dos mandatos. Simpatizantes cocaleros han marchado exigiendo su elegibilidad, lo que ha provocado enfrentamientos con la policía, que utilizó gases lacrimógenos tras el lanzamiento de piedras por parte de los manifestantes. En un incidente preocupante, los manifestantes también atacaron a la prensa, incluyendo a un reportero chino.
Evo Morales comenzó su carrera política a finales de la década de 1990 como líder cocalero, oponiéndose a los esfuerzos estadounidenses por erradicar los cultivos de coca. En 1997, fundó el Movimiento al Socialismo (MAS), que obtuvo el apoyo de importantes organizaciones campesinas y obreras, convirtiéndose finalmente en la fuerza política dominante en Bolivia. En 2020, el candidato presidencial del MAS, Luis Arce, ganó con el 55por ciento de los votos.
Durante los primeros años de la presidencia de Evo Morales (2006-2019), Bolivia se benefició del auge de las materias primas que duró de 2002 a 2014. Crítico de la dominación imperialista estadounidense, Morales y Hugo Chávez, de Venezuela, promovieron el Socialismo del siglo XXI y una agenda nacionalista que incluía la promoción de la participación política de los pueblos indígenas. La Constitución de 2009 declaró a Bolivia un Estado Plurinacional.
En 2005, Morales nacionalizó los yacimientos petrolíferos de Bolivia, desafiando la agenda del FMI y el Banco Mundial para América Latina. Esta medida le permitió implementar subsidios a los productos básicos que contribuyeron significativamente a la reducción de la pobreza.
Sin embargo, durante su segundo mandato, la baja de los precios de las materias primas y la reducción de la inversión extranjera provocaron una desaceleración económica; de tal manera que, entre 2014 y 2024, los ingresos petroleros de Bolivia disminuyeron de US$ 5.491 millones a US$ 1.635 millones, y la producción de gas se redujo a la mitad, de aproximadamente 60 millones de metros cúbicos diarios a 29,55 millones.
El informe del FMI exige ajustes fiscales urgentes, incluyendo una devaluación inicial del tipo de cambio para restablecer la estabilidad. Considera insostenibles los controles de precios, los subsidios a los combustibles y las restricciones a las exportaciones, lo que obliga a poner fin al modelo económico populista plurinacional del MAS, incluso mientras la pobreza aumenta en Bolivia.
El FMI, según informó Infobae:
...presenta un panorama preocupante para Bolivia. La organización proyecta que la inflación alcanzará el 15,8 por ciento para 2025, más del doble de la previsión del gobierno del 7,5 por ciento. Además, se espera un crecimiento económico limitado, con un crecimiento del PIB previsto de tan solo el 1,1 por ciento.
Basado en el documento del FMI, Infobae informa que «En los primeros tres meses del año, la inflación acumulada alcanzó el 5 por ciento... y los precios de los hogares han aumentado significativamente en los últimos dos años».
Estadísticas recientes indican tendencias preocupantes en Bolivia. Anteriormente conocido por un índice de precios al consumidor (IPC) estable, este aumentó un 1,71 por ciento en marzo, alcanzando una tasa anual del 22,6 por ciento. Dado que la inflación se debe principalmente al aumento de los precios de los bienes domésticos, las familias más afectadas son las de clase trabajadora y campesinos.
El aumento de los precios de los alimentos está teniendo un grave impacto en la población boliviana: el pollo ha subido un 9,45 por ciento, la carne de res un 4,45 por ciento, el tomate un 25,58 por ciento y la cebolla un 22,83 por ciento.
El FMI señala la incapacidad del país para cumplir con sus compromisos financieros con el capital extranjero, según informa Infobae:
La situación fiscal es particularmente crítica. El déficit se financia cada vez más con préstamos del Banco Central, que ha agotado las reservas internacionales —que se prevé que estén casi agotadas para finales de 2023— y ha elevado la deuda pública al 84 por ciento del PIB.
Además, la disminución de las exportaciones de gas y las elevadas importaciones de combustibles han resultado en un déficit de la cuenta corriente del 5 por ciento del PIB.
Bloomberg Online ha reportado una perspectiva negativa para Bolivia entre los inversionistas globales, afirmando:
El aumento de precios en el país continúa en aumento, con una inflación interanual superior al 14,6 por ciento en marzo, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto posiciona a Bolivia como el cuarto país con mayor inflación en Latinoamérica, después de Argentina, Venezuela y Cuba, a pesar de tener una de las tasas de inflación más bajas a nivel mundial durante la pandemia.
A medida que las reservas económicas disminuyeron y las finanzas públicas se deterioraron, el gobierno ya no pudo mantener sus subsidios. Se enfrentó a una caída de popularidad y a conflictos internos que llevaron a una rivalidad entre Arce y Evo Morales por el control del partido.
La economía boliviana sufrió un revés con la cancelación de los contratos entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa china CBC, así como con el grupo ruso Uranium One. Bolivia posee las mayores reservas de litio del mundo, esenciales para vehículos eléctricos y productos de alta tecnología.
De cara a las elecciones, el MAS se ha dividido en tres tendencias, incluyendo a Morales:
•          Eduardo del Castillo, exministro de Gobierno respaldado por el presidente Luis Arce, representa la consolidación del 'arcismo' dentro del MAS.
•          Andrónico Rodríguez, presidente del Senado boliviano, se ha distanciado de Morales al postularse a la presidencia con el partido Alianza Popular.
•          Evo Morales fue descalificado de las elecciones por no registrar su nuevo partido, Evo Pueblo. Posteriormente intentó registrarse con el Partido Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL), pero este partido tampoco fue autorizado.
Los otros candidatos presidenciales principales comparten posturas de extrema derecha. Entre ellos se encuentran:
•          Samuel Doria Medina, empresario y político que lidera la coalición Unidad Nacional (UN), que incluye a figuras de derecha como Luis Fernando Camacho, quien durante el golpe de Estado de 2019, entró al Palacio de Gobierno con una Biblia, simbolizando su rechazo a lo que consideraba un régimen 'ateo y comunista'.
•          Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba desde 2021 y miembro del partido Autonomía Para Bolivia – Súmate (APB Súmate). Su padre, Armando Reyes Villa, fue ministro de Defensa durante el dictador Luis García Meza.
•          Reyes Villa, exmilitar y empresario, estudió en la Escuela de las Américas del Pentágono. Esta institución era conocida por enseñar estrategias de contrainsurgencia y promover la ideología anticomunista, con muchos exalumnos involucrados en violaciones de derechos humanos y golpes de Estado.
•          Chi Hyun Chung, pastor evangélico y médico ultraconservador nacido en Corea del Sur. Liderando el Movimiento Nacionalista Revolucionario, es partidario de Trump y ha sido apodado 'el Bolsonaro boliviano' por su férreo anticomunismo y su oposición a los derechos LGBTQ. Aboga por políticas provida y una Bolivia militarizada, a la vez que critica al Movimiento Al Socialismo (MAS) y a Evo Morales por promover un modelo 'comunista'. El Socialismo del Siglo XXI de Morales ha fracasado, contribuyendo a una crisis económica y a la amenaza de retorno al poder de la extrema derecha.
Tras ser excluido de la carrera presidencial, Morales movilizó a sus partidarios en una marcha hacia La Paz, lo que provocó enfrentamientos con la policía, siguiendo las órdenes del presidente Arce de detenerlos.
Independientemente de quién se convierta en presidente, la clase trabajadora y los campesinos cargarán con el peso de la crisis. Incluso si Morales se postulara y ganara, seguiría cumpliendo con las exigencias del FMI. Como informó el WSWS tras la destitución de Morales de la presidencia en noviembre de 2019:
Como lo demuestra su continua subordinación a las demandas del imperialismo y sus instituciones, como la OEA, cualquier papel futuro desempeñado por Morales, MAS y sus apologistas tendrá como objetivo proporcionar una cobertura democrática a la realidad de que la vida económica y política boliviana está dominada por las aristocracias financieras estadounidenses y europeas y sus títeres militares en Bolivia, mientras que no hay una sección de la clase dominante boliviana capaz de luchar contra el imperialismo.
 
 
 
 
 
BOLIVIA EN CRISIS / AL BORDE DEL COLAPSO Y PÁNICO EN EL NOA
 
Bolivia está inmersa en una crisis económica y política que tiene implicancias en los países linderos: ha aumentado el contrabando y crece el temor en el NOA argentino.
 
Urgente 24 de Argentina (https://acortar.link/vPl67s)
 
Bolivia enfrenta una profunda crisis económica y política que, como un efecto dominó, impacta a los países limítrofes, entre ellos Argentina. La economía boliviana se encuentra prácticamente paralizada, con una dinámica hiperinflacionaria, escasez de productos de primera necesidad, agotamiento de reservas internacionales y una intensa puja de poder entre el evismo, liderado por el expresidente Evo Morales, y el arcismo, encabezado por el actual mandatario Luis Arce.
En este contexto de debacle, sumado a la presión de sectores y sindicatos afines a Evo Morales que están paralizando el país, el gobierno de Luis Arce ha declarado que está considerando la intervención de las Fuerzas Armadas para contener la agitación social protagonizada por campesinos y otros grupos vinculados al ala evista.
"Si la situación se complica a un extremo realmente de poner en riesgo la estabilidad política, la estabilidad democrática y el proceso electoral, el alto mando militar se reunirá, bajo el liderazgo del capitán general (presidente Luis Arce), para considerar las medidas necesarias en resguardo de la institucionalidad, la paz social y los derechos ciudadanos, y también lo que es el proceso democrático que se lleva adelante", dijo este lunes Edmundo Novillo, ministro de Defensa.
El NOA argentino teme un aluvión inmigrante desde Bolivia
La escasez de combustibles en Bolivia, originada principalmente por el déficit de divisas en las arcas del Estado, ha generado largas filas de vehículos en las estaciones de servicio que buscan aprovisionarse de nafta y diésel.
Mientras tanto, el gobierno de Luis Arce se ve obligado a destinar millones de dólares para importar gas y combustibles, en un contexto donde el costo de vida no deja de aumentar y los artículos de primera necesidad comienzan a escasear, en un escenario cada vez más comparable al de Venezuela.
Como consecuencia del caos social, económico y político —acentuado por paros y cortes de calles impulsados por el evismo—, un número creciente de bolivianos estaría cruzando la frontera hacia el norte argentino en busca de mejores oportunidades. Esta situación coloca en una posición delicada a las provincias fronterizas de Jujuy y Salta, donde los servicios públicos, el empleo y la infraestructura ya se encuentran saturados.
Además del impacto migratorio, las relaciones diplomáticas y comerciales entre Bolivia y Argentina podrían verse afectadas si se intensifica la filtración de ciudadanos a través de pasos fronterizos ilegales. El gobierno de Javier Milei ya ha manifestado en reiteradas ocasiones su intención de combatir la inmigración irregular, al estilo de su par estadounidense Donald Trump, e incluso ha planteado la posibilidad de hacer un muro fronterizo o cobrar a los extranjeros por el uso del sistema de salud pública.
En este contexto, y considerando que Bolivia es un proveedor clave de gas para Argentina y Brasil, una medida de ese tipo —ya sea a través de un decreto nacional o por decisiones provinciales— podría escalar el conflicto bilateral. El cobro de la atención sanitaria a ciudadanos bolivianos, algo que Bolivia ya aplica a los argentinos en su territorio, podría ser interpretado por el gobierno de Luis Arce como una acción hostil, lo que abriría la puerta a represalias. Entre ellas, no se descarta la amenaza de interrumpir el suministro de gas, lo que pondría en riesgo la seguridad energética regional.
Hezbolá en la Triple Frontera y en La Paz
Otro punto relevante para que muchos bolivianos consideren vivir en el exilio es que el crimen organizado ha ganado fuerza en Bolivia en los últimos años. Según un experto en seguridad regional citado por La Nación, la situación actual del país representa “una amenaza para la seguridad regional”.
En ese sentido, el experto advirtió que en Bolivia no sólo operan cárteles del narcotráfico como en toda la región, sino también están varias células de Hezbolá, la milicia terrorista libanesa, así como de la Guardia Revolucionaria de Irán, que se dedicarían al contrabando y a la trata. Esta última presencia (la Hezbolá) estaría vinculada a un acuerdo controversial entre Teherán y Evo Morales durante su último mandato.
 
 
 
 
 
EVO MORALES CUMPLE LA AMENAZA Y SUS SEGUIDORES BLOQUEAN CARRETERAS DE BOLIVIA, PROVOCANDO PÉRDIDAS MILLONARIAS
 
ICN Diario de Argentina (https://n9.cl/298n5)
 
Evo Morales, impedido por la Constitución de Bolivia para repostularse a la presidencia e imputado por trata de personas y de haber embarazado a una menor cuando ejercía su mandato, ha cumplido sus amenazas y con sus seguidores ha comenzado a cortar las carreteras del país, evitando que lleguen alimentos a zonas carenciadas que dice defender, mientras exigen la renuncia del presidente Luis Arce.
Los bloqueos de carreteras, por parte de afines a Evo Morales, generaron la pérdida de más de Bs 764.000 en el cobro de peajes, informó este lunes el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño.
“Las pérdidas de Vías Bolivia ascienden a más de 764.000 bolivianos a la fecha”, indicó.
Según reporte de medios locales, seguidores de Morales bloquean diferentes rutas hacia La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro, con la finalidad de hacer habilitar la participación del dirigente cocalero en las elecciones de agosto próximo, a pesar de estar constitucionalmente inhabilitado.
“Están buscando que la sociedad, en su conjunto, se pueda manifestar y, obviamente, con eso consumar el golpe de Estado”, denunció el ministro y lamentó que ese tipo de medidas ocasionaran agio y especulación en el mercado.
De acuerdo con el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, en el departamento de Cochabamba se identificó al menos 9 puntos de bloqueo. La medida afecta el tránsito hacia el occidente y compromete el abastecimiento de productos y combustibles.
 
 
 
 
 
HIJO MENOR DEL PRESIDENTE DE BOLIVIA SE HACE RICO VIOLANDO LEYES
 
Compró tierras y, al quemarlas contra la ley, las deforestó para sembrar soya y maíz
 
Ojo de Perú (https://acortar.link/GzZGXo)
 
Un escándalo remece a Bolivia, a raíz de que Rafael Arce Mosqueira, hijo menor del presidente Luis Arce, compró con un crédito millonario 2 mil 187 hectáreas en Santa Cruz, que luego con una autorización ilegal deforestó y quemó -violando una prohibición dictada por su padre- para hacerse rico al cultivar soja y maíz.
Al hijo presidencial no le interesó la norma que prohibía quemar tierras, y lo hizo para sacar mayor dinero de ellas. Rafael Arce Mosqueira está en el ojo de la opinión pública de Bolivia por violar la ley.
El ministro Edgar Montaño comparó al hijo presidencial con Steve Jobs, fundador de Apple, porque no llama la atención que un joven haga negocios millonarios.
Convierte terrenos
Una investigación de la plataforma Connectas reveló que Arce Mosqueira compró el predio “Adán y Eva” en un área de bosque de protección por 3,3 millones de dólares en noviembre de 2021, cuando tenía 25 años.
Desde entonces, aceleró la conversión del terreno en extensos cultivos agrícolas pese a que pertenecen a una zona de conservación y uso sostenible de la tierra, refiere Infobae.
Pausa ambiental
Arce Mosqueira obtuvo permiso de la Autoridad de Bosques y Tierras para ampliar los desmontes y las imágenes satelitales confirman que desapareció bosques.
Tampoco acató la “pausa ambiental” que dictó el Gobierno de su padre en 2024 para prohibir las quemas cuando incendios asolaban el país, al quemar una tercera parte del predio “Adán y Eva” para ampliar las áreas de cultivo y sembrar soya y maíz.
 
 
 
 
 
UN KILO DE COCAÍNA PUESTA EN CALLAO PASA DE US$1.100 A US$12.000 ANTES DE LLEGAR A EUROPA: ESTAS SON LAS 4 RUTAS QUE EXPLICAN LA LENTA MUERTE DE LA AMAZONÍA
 
Laberinto sin salida. Más de 500 pistas ilegales distribuidas en territorios indígenas alimentan el trasiego de drogas hacia Brasil, Ecuador y Bolivia, dejando destrucción a su paso. Las 274 comunidades indígenas afectadas reviven episodios de explotación como en el pasado, pero esta vez enfrentan violencia, migración forzada y crisis ambiental
 
Infobae de Argentina (https://acortar.link/cIDoJ5)
 
El narcotráfico ha transformado profundamente los territorios indígenas de la Amazonía peruana, generando impactos sociales, culturales y ecológicos que van más allá de lo que tradicionalmente se ha entendido como un problema criminal. Según el informe titulado “Narcotráfico en territorios indígenas de la Amazonía peruana: Rutas, impactos y políticas erradas”, presentado por Ricardo Soberón, exjefe de DEVIDA y autor del documento, este fenómeno se ha convertido en un “huracán” que altera de manera radical las dinámicas de las comunidades indígenas y los ecosistemas de la región. El reporte destaca que esta problemática no es un hecho aislado, sino que forma parte de un ciclo histórico de explotación de recursos naturales en la Amazonía, similar a lo ocurrido con el caucho, la quina, el petróleo y otros recursos.
El azote de dios... llega desde el cielo
El narcotráfico afecta directamente a 274 comunidades pertenecientes a 22 de los 51 pueblos indígenas amazónicos, lo que representa una grave amenaza para sus territorios y modos de vida. Además, se estima que existen alrededor de 500 pistas de aterrizaje clandestinas en la Amazonía peruana, muchas ubicadas en tierras de propiedad colectiva de estas comunidades, facilitando el transporte de cargamentos de cocaína hacia Brasil, el cono sur, Ecuador y otros destinos internacionales.
De acuerdo con el informe, la producción de cocaína en la región andino-amazónica alcanza aproximadamente las 2.000 toneladas anuales, de las cuales 500 toneladas corresponden al Perú. Este país cuenta con 92.784 hectáreas de cultivos de coca en 2023, un incremento significativo respecto a las 80.681 hectáreas registradas en 2021 y las 61.777 de 2020.
El transporte aéreo desde las zonas de producción es la vía más eficiente para poner el producto en zonas de almacenamiento y destino final, en el Paraná y el Atlántico, con destino a Europa, por lo que reviste importancia generar suficientes obstáculos para hacer desistir a los traficantes de su uso.
¿Cuánto cuesta producir un kilogramo de cocaína en el Perú?
La cadena de producción y comercialización de la cocaína genera una rentabilidad extraordinaria para los traficantes. Por ejemplo, un kilo de cocaína que cuesta hasta 1.100 dólares en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) puede alcanzar un valor de 12.000 dólares al llegar al puerto del Callao. Una vez en mercados internacionales como Hamburgo, Rotterdam, Miami o Valencia, ese mismo kilo puede venderse por 40.000 dólares antes de ser adulterado y distribuido en pequeñas dosis, generando ingresos de hasta 240.000 dólares.
“Al coronar la operación internacional de tráfico en el puerto de destino (Hamburgo, Rotterdam, Miami o Valencia), ese mismo kilo de cocaína es pagado a US$40.000 antes de ser “cortado” ¨[mezclado] en tres, convirtiéndolo en 3 kilos con menor pureza y ponerse posteriormente a la venta en unidades de un gramo a US$80 cada una. Es decir, alguien en la cadena de distribución final recibe, aproximadamente, US$240.000 por ventas al por menor de las 3.000 unidades de gramos que se venden en calles, bares y discotecas europeas o estadounidenses”, dice Soberón.
El impacto del narcotráfico en las comunidades indígenas no se limita a la ocupación de sus territorios. Según el informe, estas actividades ilegales también afectan la vida de los líderes indígenas que se oponen a la expansión del narcotráfico, exponiéndolos a amenazas y violencia. Además, la deforestación vinculada al cultivo de coca es alarmante.
Para producir un kilo de clorhidrato de cocaína se requieren entre 2 y 4 kilos de pasta básica de cocaína, lo que a su vez demanda entre 75 y 136 kilos de hoja de coca. Una hectárea de bosque deforestado en la Amazonía puede producir aproximadamente 2 kilos de clorhidrato de cocaína, lo que evidencia el impacto ambiental de esta actividad ilícita.
Cocaína y poder: las cuatro rutas del narcotráfico del Perú
Las rutas del narcotráfico se han consolidado en dos direcciones principales: hacia el norte y hacia el sur, afectando tanto a las comunidades locales como al medio ambiente. Este fenómeno se intensificó durante la pandemia, cuando los cultivos ilícitos de coca en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) fueron temporalmente abandonados, lo que provocó una migración hacia otras áreas de la región.
De acuerdo con el informe, las rutas hacia el norte se dividen en tres subrutas principales. La primera conecta la región Amazonas con la Cordillera del Cóndor en Ecuador, desde donde la cocaína se transporta hacia los puertos de la costa ecuatoriana, como Guayaquil. Esta ruta ha afectado a la población Awajún en la provincia de Condorcanqui, quienes ya enfrentaban problemas derivados de la minería ilegal.
La segunda subruta sigue el curso del río Ucayali hacia el Trapecio Amazónico, atravesando las provincias de Putumayo y Mariscal Castilla en Loreto. En esta área, comunidades indígenas como los Ticuna y los Yaguas han sido particularmente impactadas, con la comunidad de Bellavista de Callaru registrando 676 hectáreas de cultivos de coca en 2023. La tercera subruta se encuentra en la región Ucayali, una zona estratégica para el narcotráfico debido a su gran extensión y baja densidad poblacional.
Por otro lado, la ruta hacia el sur conecta el VRAEM con las regiones de Cusco, Puno y Madre de Dios, extendiéndose hacia las fronteras con Brasil y Bolivia. Aunque esta ruta es principalmente aérea, también incluye territorios con cultivos de coca en comunidades nativas de La Convención, Cusco, y las selvas de Puno y Madre de Dios.
En esta última región, la carretera Interoceánica y las pistas de aterrizaje clandestinas dentro del Parque Nacional Bahuaja Sonene han facilitado las operaciones del narcotráfico. Desde Bolivia, la droga se transporta hacia Santa Cruz y, posteriormente, a través de la Hidrovía del Paraná hasta el puerto de Rosario en Argentina, con salida al Río de la Plata.
Pueblos indígenas en riesgo: coca y narcotráfico en su territorio
El informe también destaca las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica de las comunidades indígenas amazónicas. Según el Índice de Pobreza Multidimensional de COMEX para 2024, las regiones amazónicas presentan índices de pobreza que oscilan entre el 60% en Loreto y el 47% en Ucayali, muy por encima del promedio nacional del 33%.
En términos de pobreza monetaria, los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) de 2021 indican que el 38% de los pueblos indígenas viven en esta condición, frente al promedio nacional del 27,5%. Además, estas regiones tienen una participación marginal en el Producto Bruto Interno (PBI) nacional, con economías estancadas o en declive, como es el caso de Ucayali.
El territorio habitado por las comunidades indígenas amazónicas abarca más de 782.880 kilómetros cuadrados, caracterizados por una biodiversidad única y una importante contribución al oxígeno planetario. Sin embargo, la falta de reconocimiento pleno de los derechos de estos pueblos en la legislación peruana agrava su situación.
Aunque el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce diversos derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, la legislación nacional no está armonizada con este tratado. La Constitución de 1993 y las leyes posteriores tratan a las comunidades indígenas como comunidades campesinas y nativas, lo que limita su protección legal.
El 14% de los cultivos de coca están en territorios protegidos
El impacto del narcotráfico en los pueblos indígenas es alarmante. Según el Reporte de Monitoreo de Cultivos de Coca 2024, que incluye datos de 2023, se identificaron 13.054 hectáreas de cultivos de coca en los territorios de 274 comunidades nativas, lo que representa el 14% del total nacional de 92.784 hectáreas.
En particular, los pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV) enfrentan una amenaza crítica. La Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur, ubicada en Loreto, Ucayali y Huánuco, alberga aproximadamente 416 hectáreas de cultivos de coca, a pesar de ser un área intangible.
Además, otras tres reservas en proceso de creación también están siendo afectadas por cultivos ilícitos. Estas incluyen la Reserva Territorial Atacuari, habitada por el pueblo Marahua o Marubo; la Reserva Sierra del Divisor Occidental, hogar de los pueblos Remo o Iskonawa, Mayoruna y Kapanawa, con 162 hectáreas de cultivos; y la propuesta de Reserva Indígena Tamaya-Abujao, habitada por el pueblo Sacuya.
Soberon destaca que estas actividades no solo representan una amenaza para la biodiversidad de la Amazonía, sino también para la supervivencia de las comunidades indígenas, quienes dependen de estos ecosistemas para su sustento y cultura. La expansión del narcotráfico en estas áreas ha generado conflictos sociales, desplazamientos forzados y la pérdida de territorios ancestrales.
La cocaína, con todo e interdicciones, siempre es rentable
Soberón señala para Infobae Perú que la lucha contra el narcotráfico en la región andino-amazónica ha logrado incautar aproximadamente el 70% de la producción mundial de cocaína, según datos de organismos internacionales como Interpol, Europol, DEA y Scotland Yard.
Sin embargo, el carácter ilegal de la cocaína y su alta rentabilidad permiten que los traficantes continúen operando con tan solo el 30% del producto elaborado. Este modelo económico ilícito se ve favorecido por la cadena de precios que incrementa exponencialmente el valor de la cocaína desde su producción hasta su distribución final.
“En el caso de Ucayali, la región ha pasado de ser un área marginal en términos de narcotráfico a convertirse en un epicentro de lo que el informe denomina la amazonización del narcotráfico, especialmente tras la caída de los cárteles colombianos en 1995 y la llegada de los cárteles mexicanos”, dice Soberón.
No se trata de solo cultivar café y cacao
Por tal motivo, Soberón critica las políticas implementadas por el Estado peruano para combatir el narcotráfico, calificándolas de erradas y contraproducentes. Según el informe, durante los últimos 30 años, el Perú ha seguido un enfoque centrado en la reducción de la oferta, priorizando la erradicación de cultivos de coca sin considerar las complejidades del problema.
Esta estrategia, financiada en gran parte por la cooperación internacional, especialmente de Estados Unidos, ha generado efectos colaterales como la migración forzada de cocaleros hacia nuevas áreas, muchas de ellas en territorios indígenas. Soberón subraya que estas políticas no han sido diseñadas en diálogo con las comunidades afectadas, lo que ha llevado a una desconexión entre las estrategias gubernamentales y la realidad del territorio.
Un ejemplo paradigmático de los errores en las políticas públicas es el programa de titulación individual de tierras implementado entre 2014 y 2019, que promovió la entrega de títulos a colonos provenientes de regiones altoandinas. Según el informe, esta medida ignoró los derechos colectivos preexistentes de las comunidades indígenas, generando conflictos y fragmentando aún más los territorios. Soberón destaca que la única forma efectiva de combatir las economías ilícitas en la Amazonía es garantizar derechos territoriales plenos y seguros para las comunidades nativas, priorizando sus necesidades y formas de vida.
El informe también aborda la falta de representación política de los pueblos indígenas en los espacios de toma de decisiones, lo que agrava su vulnerabilidad frente al narcotráfico y otras amenazas. Según Soberón, esta debilidad institucional ha permitido que las políticas públicas sean diseñadas sin considerar las voces de las comunidades afectadas, perpetuando una deuda histórica entre la cultura andina y la amazónica en el Perú.
La Amazonía peruana: un laberinto sin salida
Entre las recomendaciones planteadas en el informe, se destaca la necesidad de un enfoque multisectorial que integre a todos los organismos reguladores y fiscalizadores, con una clara voluntad política para ordenar el territorio y priorizar los derechos de las comunidades indígenas. Además, se propone revisar las políticas públicas relacionadas con la Amazonía, incluyendo la creación de un sistema unificado de áreas naturales protegidas que garantice la sostenibilidad de los recursos y la protección de los pueblos indígenas.
El informe concluye que el mayor desafío de seguridad nacional para el Perú no es una amenaza externa, sino la protección de la Amazonía y sus habitantes. Para ello, se requiere un esfuerzo coordinado que involucre a las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Cultura, entre otros actores, con el objetivo de ejercer un control democrático y razonable sobre esta región estratégica.Según Soberón, el reporte busca ser una alerta para que el Estado peruano reevalúe sus políticas y adopte medidas que respeten los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y promuevan un desarrollo sostenible en la Amazonía.
En este contexto, el informe subraya la necesidad de replantear las políticas públicas dirigidas a combatir el narcotráfico y proteger los derechos de las comunidades indígenas. La combinación de pobreza, desigualdad, deforestación y violencia asociada al narcotráfico plantea desafíos urgentes para el gobierno peruano y la comunidad internacional.
 
 
 
 
 
ALERTA POR EL INCREMENTO DE TRÁFICO DE TORTUGAS DE LA AMAZONÍA BOLIVIANA HACIA BRASIL, PERÚ Y CHILE
 
Grupos de lugareños y extranjeros venden los huevos, carne y caparazón de la tortuga conocida como peta de río, a pesar de que está prohibido por la legislación boliviana. Hay brasileños que llegan a suelo boliviano para comprar e incluso capturar tortugas y sus huevos y llevarlos a su país para comercializarlos.
 
Revista Mongabay de Indonesia (https://acortar.link/5JYVik)
 
El 9 de mayo último, una caja llena de tortugas de río (Podocnemis unifilis), también conocidas como petas de río, fue encontrada en un mercado en la ciudad de Cochabamba, en el centro de Bolivia. Esa caja tenía al menos diez tortugas y huevos, y su destino era la ciudad de La Paz. Luego, pasarían hacia Chile. El tráfico de esta especie boliviana se incrementó en los últimos años con destino a Brasil y Perú, donde su carne y huevos son codiciados y llegan a pagar hasta 50 dólares por tortuga. Ante el avance de esta actividad ilícita, las instituciones públicas se están uniendo para frenar el tráfico de estos animales amazónicos.
La tortuga de río es la segunda especie más grande de su género, después de la Tataruga (Podocnemis expansa). Según algunas investigaciones, en Bolivia los machos llegan a medir 33.5 centímetros y las hembras pueden llegar a 50 centímetros. Suelen pesar entre nueve y 12 kilogramos. Tienen su nombre por las manchas amarillas que llevan en la cabeza, las que tienen un mayor brillo en los individuos juveniles, se mantienen en los machos y con el paso del tiempo se desvanecen en las hembras. Son conocidas también como tortugas de cuello lateral, ya que no pueden meter completamente sus cabezas dentro de su caparazón. En vez de ello, doblan el cuello hacia los costados para introducirla, dejando una parte expuesta.
Esta especie se distribuye en las cuencas hidrográficas de la Amazonía y del Orinoco, que incluye a países como Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Guyana, Guayana Francesa, Surinam y Brasil.
En Bolivia la peta de río habita en los departamentos de Pando, Beni, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Según el Libro Rojo de la Fauna Silvestre de los Vertebrados de Bolivia, esta especie de tortuga está categorizada como “Vulnerable”, lo que evidencia que enfrenta un riesgo moderado de extinción, ocasionado principalmente por el tráfico de la especie silvestre y los efectos del cambio climático. En muchas localidades de la Amazonía su carne y sus huevos son parte de la dieta de sus habitantes, pero existen amenazas que llevan a los investigadores a otros países.
El departamento de Pando es una de las regiones bolivianas donde hay más tortugas o petas de río. Las playas de los ríos Tahuamanu, Orthon y Manuripi son las ideales para que estas tortugas entierren sus huevos, debido a sus cálidas arenas. Las petas dejan sus huevos sin conocer el riesgo que corren: hay personas que esperan ese ciclo natural para desterrar los huevos de estas tortugas y luego llevarlos a Perú o Brasil. Estos traficantes también esperan a los reptiles para cazarlos y aprovechar su carne.
El director de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi, Denis Navarro Tuno, explicó que el comercio ilegal de esta especie se da a partir de julio, que es cuando las tortugas llegan a las playas para dejar sus huevos. El guardaparque detalló que en la zona del Manuripi, que es un área nacional protegida en el departamento de Pando, existen planes de cuidado para preservar a este reptil.
“Se hacen muchos tipos de trabajo para evitar que esta especie desaparezca. Por ejemplo, existe el Programa de Monitoreo y Conservación de la peta de río, que tiene como objetivo incrementar las posibilidades de supervivencia de los huevos. En su época, las petas salen del agua a desovar en las playas y los huevos son recolectados e instalados en nidos en una playa artificial para que, después de tres meses, los huevos eclosionen. Se trabaja en la conservación y repoblamiento de la especie”, destacó Navarro Tuno.
Según Homali Flores, secretaria departamental de Gestión Integral de la Secretaría de Madre Tierra de la Gobernación de Pando, los traficantes de esta especie optan por llevar la carne de la tortuga y sus huevos a ciudades grandes, pero también pasan la frontera hacia Perú y Brasil. A Perú lo hacen por la frontera norte, hasta llegar a la ciudad de Puerto Maldonado. En cambio, a Brasil es más fácil llevar a la peta, ya que la capital de Pando, la ciudad de Cobija, es fronteriza con las localidades brasileñas de Brasiléia y Epitaciolandia.
“Los contrabandistas se enfrentan a varios peligros inminentes, como ataques de caimanes y de sicuris (anacondas), y el constante acecho de las autoridades, pero no se conforman con la extracción de un solo nido de huevos de peta, sino que saquean hasta 50 nidos a la vez. Cada uno de los nidos alberga entre 30 y 35 huevos y el valor en el mercado negro puede llegar, por unidad, a quintuplicar el precio de uno de gallina, es decir que cada huevo puede llegar a costar unos seis bolivianos», casi un dólar, remarcó Flores.
Navarro Tuno afirmó que por lo general los cazadores de tortugas llegan a las playas de los ríos amazónicos por las noches y que luego de extraer los huevos y cazar las petas realizan sus transacciones clandestinas en algunas comunidades. “Ponen las petas en cajas, las suben a sus barcos y las llevan para la venta”, detalló.
El costo de la peta de río
Según una investigación de la Red Ambiental de Información (RAI), que se realizó en 2024, los cazadores de petas llegan al río Tahuamanu, en Pando, donde sacan los huevos de petas y luego pasan a Cachuelita, una comunidad en medio de la selva amazónica pandina. Ahí, realizan la venta de las tortugas y de los huevos. Los compradores llegan a pagar 300 reales por tortuga, el equivalente a 50 dólares.
En el trabajo de RAI se muestra a la comunidad de Cachuelita como una zona roja no solo para el tráfico de vida silvestre, sino también para otras actividades ilegales. “Es un punto clave, tanto de narcotráfico, de contrabando de productos, de (venta de) petas. Ahí está el punto de todos los ilícitos. El otro día nomás han cogido droga”, afirmó un policía a la RAI.
Según Federico Moreno, director del Centro de Investigación de Recursos Acuáticos (CIRA) de la Universidad Autónoma del Beni, la peta de río es sensible a los cambios ambientales, por lo tanto, funciona como un indicador biológico para determinar las variaciones en el ecosistema. Moreno afirma que la peta de río contribuye con una proporción significativa de biomasa a los ecosistemas acuáticos y también tiene un aporte valioso al ciclo de nutrientes. “Al ser una especie principalmente frugívora ingresa a los bosques inundados y se transforma en un importante dispersor de semillas en la Amazonía boliviana’’, explicó.
Durante la época seca, que va de agosto a septiembre, depositan entre seis y 52 huevos en las playas de los ríos amazónicos, a unos 20 centímetros de profundidad, los que luego incuban entre 60 y 80 días, aunque en algunos casos pueden llegar a los 90, dependiendo de las precipitaciones. El desove suele realizarse de noche y los huevos tienen un diámetro aproximado de cuatro por 25 centímetros.
En Pando, la carne y los huevos de peta de río tienen diferentes usos: el consumo de los huevos por sus supuestas propiedades afrodisíacas; la aplicación del aceite de la grasa corporal en tratamientos cutáneos y en la cura de hemorroides; el consumo de la carne en diferentes platos; el caparazón, como adorno; los huevos para hacer tortillas y la elaboración del “mushangué”, una preparación culinaria a base de huevos de peta crudos batidos con azúcar y leche.
La legislación boliviana prohíbe la captura, acopio y acondicionamiento de animales silvestres y sus productos derivados. Los artículos 110 y 111 de la Ley 1333 de Medio Ambiente establecen una pena de hasta tres años de privación de libertad para las personas que capturen y comercialicen especies de vida silvestre.
Asimismo, el artículo 223 del Código Penal determina hasta seis años de privación de libertad para las personas que deterioren o destruyan bienes del Estado y la riqueza nacional. Además, el Decreto Departamental 03/2022, en su artículo segundo, aprueba la veda anual de captura y caza de tortugas y recolecta de huevos en Pando, en el periodo comprendido entre el 20 de julio y el 31 de diciembre.
Las mafias y las rutas
En el norte de Bolivia opera el Primer Comando Capital (PCC) de Brasil, especialmente dedicado al narcotráfico. Sacan la droga boliviana a suelo brasileño por diferentes vías, pero esas rutas también son utilizadas por los traficantes de fauna silvestre, que en este caso hacen contrabando de las tortugas de río y sus huevos. Un policía que radica en Cobija relató a Mongabay Latam que no son los mismos clanes que se dedican a ambos delitos.
“Las mafias del narcotráfico son más grandes, son clanes familiares, son brasileños que están radicados en Bolivia. En cambio, los traficantes de fauna silvestre utilizan esas mismas vías para llevar su mercancía a Brasil, pero son los mismos, eso está claro”, destacó el efectivo policial.
Esa misma fuente confirmó que las rutas de salida a Brasil son por el norte, principalmente por Cobija y Santa Rosa del Abuná. Además, el policía también ratificó que el tráfico de fauna silvestre boliviano sale hacia Perú. “Lo hacen por Bolpebra y llegan a Puerto Maldonado. Ahora, también hay casos de salida de animales silvestres a Chile, y para eso utilizan las rutas a La Paz, también a Cochabamba”, dijo.
Al pequeño municipio pandino de Santa Rosa del Abuná, que está en plena frontera con Brasil, llegan contrabandistas brasileños desde la localidad de Capixaba, quienes se aventuran a cruzar esta intrincada frontera en la búsqueda de su tan codiciado botín: los huevos de peta. “Vienen por la noche en movilidades (camionetas) y se dirigen hacia Puerto Rico (municipio) y desde allí ya cogen su ruta hacia (los ríos) Manuripi, Orthon y Tahuamanu”, comentó otro policía a RAI.