LA DEMOCRACIA BOLIVIANA EN PELIGRO. EVO MORALES BUSCA UN GOLPE DE ESTADO
La Cancillería de Bolivia denunció, ante la comunidad internacional, las acciones desestabilizadoras promovidas por sectores sociales afines a Evo Morales para acortar el mandato del presidente Luis Arce e imponer una candidatura “inconstitucional”. Estos grupos, según el documento, han organizado para las próximas horas, “medidas de presión violentas que buscan provocar incertidumbre y malestar a la población boliviana”. “Los bloqueos de caminos y cercos de ciudades han retomado la consigna ya planteada durante el año 2024 de exigir la renuncia del presidente Luis Arce Catacora y de todos los integrantes del gobierno”, indica la Cancillería.
El Presidente Luis Arce acusó a Evo Morales de intentar imponer su candidatura “por ambiciones enfermizas de poder, incluso a costa del derramamiento de sangre” y la violencia generalizada. El pronunciamiento mediante redes sociales surge cuando el ala evista lleva adelante bloqueos de caminos en demanda de “soluciones a la economía” y que se habilite a Morales como candidato para las elecciones generales del 17 de agosto próximo.
Bolivia
tendrá en agosto las primeras elecciones de su historia última en las que no se
permitirá que todas las corrientes y todos los representantes políticos
participen libremente. Esto se consumará usando al sistema judicial para
maniatar al poder electoral y será justificado con diferentes pretextos
burocráticos.
Serán
una elecciones mutiladas y distorsionadas por el miedo y el odio al bloque
indígena y popular por parte de las élites sociales, económicas y políticas que
fueron desplazadas del poder por la revolución acaudillada por este bloque
desde 2006. En alianza espuria con el Gobierno del presidente Luis Arce y el
Poder Judicial que este controla, estas élites se están conjurando para impedir
que el expresidente Evo Morales ejerza su derecho a representar en las
elecciones a una parte considerable de la población, que así podría volver a
quedar fuera del juego democrático, como había ocurrido secularmente desde la
fundación de Bolivia hasta el gran triunfo popular del 22 de enero de 2006.
Esto sería especialmente así si, además, se extendiese la proscripción electoral
a Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, líder cocalero quechua y
candidato de un partido que ha sido observado judicialmente, por lo que su
concurso todavía está en duda.
El
objetivo compartido por los partidos de derecha, los comités cívicos y demás
fuerzas vivas regionales, el establishment mediático e intelectual y el
oficialismo no ha sido otro que impedir que el expresidente Morales tenga una
oportunidad de volver al poder. Para lograrlo estas fuerzas han inventado y
defendido “por consenso” una sentencia de un Tribunal Constitucional que cambia
la tradición política del país y prohíbe las reelecciones discontinuas,
mecanismo que siempre estuvo permitido en Bolivia. Como dijeron varios
analistas, fue una “sentencia hecha a
medida” para inhabilitar a Morales.
Por
otra parte, cada vez que los cocaleros y otros sectores sindicales se
movilizaron en contra de este recorte democrático fueron reprimidos por el
Gobierno de Arce, en concreto por el ministro de Seguridad, Eduardo del
Castillo, que llegó a hacer encarcelar a un centenar de manifestantes
campesinos bajo la acusación de “terrorismo”. Hoy, de una manera tristemente
simbólica, Del Castillo es el candidato presidencial del Movimiento al
Socialismo (MAS), el instrumento político creado por el movimiento indígena y
campesino boliviano tras muchos años de esfuerzos, luchas y resistencia, y que
le fue robado a Morales hace más o menos un año.
Por
otra parte, no se puede esconder que la escisión de este legendario partido de
izquierda ha sido catastrófica y suicida, ni que en ella han tenido su cuota de
responsabilidad tanto el presidente boliviano, que apostó por la inhabilitación
y persecución de su antiguo mentor político, como el propio expresidente por
reducir las opciones del bloque popular a una sola, él mismo, sin tomar en
cuenta que todo esfuerzo emancipador exige prácticas políticas colectivas,
cooperativas e igualitarias, libres del culto a la personalidad.
El
movimiento progresista internacional debe comenzar a pronunciarse con claridad
sobre la compleja situación boliviana actual. Se debe señalar el menoscabo de
la democracia que implica el cambio ad hoc de las leyes electorales para
bloquear a candidatos campesinos e indígenas, denunciar la represión estatal
contra quienes protestan y bloquean caminos para impedir la proscripción de la
izquierda boliviana y, finalmente, el progresismo debe exigir con vehemencia la
participación electoral del expresidente Morales, del senador Rodríguez y, por
esta vía, de aquellos a quienes estos dos líderes representan, que son los
indígenas y trabajadores bolivianos.
Red
de Uruguay (https://n9.cl/3ifro)
LOS
COCALEROS BLOQUEAN BOLIVIA: “SIN EVO MORALES, NO HAY ELECCIONES”
Los
sindicatos cortan la carretera que atraviesa el país, en protesta por la
exclusión electoral del expresidente
El
País de España (https://n9.cl/3l3ct)
“Sin
Evo [Morales] no hay elecciones”. Esta es la consigna de los sindicatos
cocaleros del Chapare o “trópico de Cochabamba” que este martes han comenzado a
bloquear la carretera que atraviesa Bolivia de oriente a occidente. También hay
bloqueos y protestas en otras partes del país. Algunos conflictos, como las
marchas de “evistas” alrededor del Tribunal Electoral en La Paz, están
vinculados a la demanda del expresidente Morales de participar en las
elecciones de agosto. Otras son manifestaciones espontáneas contra la grave
crisis económica boliviana. El Gobierno ha anunciado que las acciones buscan
derrocar al presidente Luis Arce y “bajar las elecciones”; y advirtió que
recurrirá a la fuerza militar si fuese necesario.
La
policía está despejando los cortes de ruta con éxito, pero el conflicto apenas
ha comenzado. Morales moviliza todas las fuerzas que le quedan para evitar que
se concrete la peor perspectiva para él y su grupo político: unas elecciones en
las que su foto no esté en la papeleta. O, más grave todavía, unas elecciones
en las que la voz indígena y popular sea representada por Andrónico Rodríguez,
su antiguo delfín, que luego de esperar mucho tiempo su bendición para
convertirse en el candidato alternativo rompió con él y ahora tiene vuelo
propio. Ha sido considerado un “traidor” en el Chapare y ha perdido los cargos
de dirigente cocalero que ostentaba. En cambio, sigue siendo el presidente del
Senado.
La
encuesta de la televisora UNITEL, publicada el 1 de junio, destacó a Rodríguez
como tercero en el podio y como el izquierdista mejor posicionado, con 14% de
la intención de voto. Mientras tanto, el candidato del Movimiento al Socialismo
(MAS), Eduardo del Castillo, no llegaba al 3%. El sondeo también mostró un
cambio fundamental en el humor político boliviano: el empresario de
centroderecha Samuel Doria Medina ocupaba la punta con 19%, seguido de cerca
por el expresidente derechista Jorge Quiroga (18%).
Esta
encuesta no tomó en cuenta a Morales porque el exmandatario no logró
inscribirse ante el Tribunal Electoral por falta de un partido. Rodríguez
tampoco lo tiene, pero sí logró “prestarse” una sigla e inscribirse, aunque de
una forma precaria. Su participación se halla en suspenso porque la
organización que quiere usar es blanco de varios procesos judiciales en busca
de cancelar su personería jurídica. Los voceros de Rodríguez han culpado de las
maniobras legales al MAS, que, según ellos, busca beneficiarse de la
eliminación de Andrónico Rodríguez y Evo Morales de las candidaturas, para
aparecer como el único partido de izquierda en la competencia.
Esta
salida casi dejaría a los indígenas bolivianos, que son el 48% de la población,
sin candidatos propios. Varios analistas han advertido de que un desenlace así
del proceso de inscripciones electorales, que ha sido el más desordenado e
impredecible en la historia democrática del país por la constante interferencia
de los jueces ordinarios, podría quitarle legitimidad al próximo gobierno.
La
situación también es resultado del resquebrajamiento del MAS, que fue el más
importante partido del país y que ahora aparece dividido en cuatro grupos
políticos distintos, dos registrados y dos (Rodríguez y Morales) sin ellos.
Esta es la consecuencia de una guerra fratricida de tres años entre Morales y
el presidente Arce, que también determinó una sentencia del Tribunal
Constitucional que limita las reelecciones a una continua y establece un máximo
de dos periodos seguidos para el presidente. Ningún boliviano que ya haya sido
presidente dos veces, como es el caso de Morales, puede aspirar a otra gestión
más. El expresidente desconoce este fallo, que considera inconstitucional.
La
encuesta también confirmó que la principal preocupación de los bolivianos es la
crisis económica, en especial la creciente inflación. El alza de los alimentos
es un drama para la mayoría, que además no puede contar con aumentos salariales
que le ayuden a paliarla, porque el 80% de la fuerza laboral boliviana es
informal. Los micro y pequeños negocios por “cuenta propia” tienen muy poco
margen para actualizar los precios de sus productos a fin de mejorar los
ingresos de sus propietarios, que deben afrontar la subida de los bienes
importados o producidos por las grandes agroindustrias, como el aceite, el
arroz, la harina y sobre todo, en este momento, la carne de res.
CRECE
LA TENSIÓN EN BOLIVIA ENTRE MORALES Y ARCE
Marchas
y bloqueos carreteros afines a líder cocalero piden la renuncia del actual
presidente
Agencia
ANSA de Italia (https://n9.cl/4ljcm)
Una
serie de movilizaciones afines al expresidente de Bolivia Evo Morales se
registró hoy en el centro de la ciudad de La Paz, además de bloqueos en varias
carreteras del país en demanda de la inscripción el exjefe de Estado como
candidato a la Presidencia para las próximas elecciones generales del 17 de
agosto, pese a su inhabilitación.
Al
respecto, el actual mandatario, Luis Arce, acusó a Morales de mentir cuando
dice que los bloqueos carreteros que instruyó es en protesta por la situación
económica del país y que en realidad su objetivo es forzar su habilitación para
las presidenciales.
"(Evo
Morales) miente cuando dice que su acción es por el bienestar de las familias
bolivianas.
Miente
cuando dice que su protesta es por la economía, contra la inflación y por la
canasta básica. Miente cuando dice 'obedecer al pueblo', y eso las bolivianas y
bolivianos lo saben".
El
jefe del Estado recordó en sus cuentas de las redes sociales que el líder
cocalero y su entorno persiguen su renuncia y la de todos los integrantes del
Gobierno, y que eso es solamente para habilitar su candidatura por la fuerza.
Morales
busca su candidatura para las elecciones con el objetivo de lograr un cuarto
mandato, pese a que el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció que la
reelección solo puede darse una vez, sea de forma continua o discontinua.
Además,
el plazo para la inscripción de candidaturas venció el pasado 19 de mayo, y
este 6 de junio se conocerá la lista de candidatos habilitados.
"En
las últimas horas, Evo Morales ha vuelto a instruir, como en otras
oportunidades, un bloqueo de carreteras para cortar las comunicaciones entre
regiones e impedir el paso de alimentos, el libre tránsito de las personas y
evitar la normalización de la provisión de combustibles, perjudicando la
economía de toda la población", afirmó, citado por el portal de noticias
Brújula Digital.
Estas
declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión política, marcada
por las protestas, amenazas de movilización y hasta bloqueos propiciados por
sectores evistas, que además reclaman medidas inmediatas frente a la crisis
económica, la escasez de combustible y dólares, y el alza de los precios.
Durante
la jornada, informó Brújula Digital, al menos 10 policías resultaron heridos
durante enfrentamientos con los bloqueadores evistas cuando intentaban
restablecer el tránsito en la ruta interdepartamental a la altura de Sipe Sipe,
en el departamento (provincia) de Cochabamba.
En
tanto, en La Paz, manifestantes marcharon por las principales calles de la
ciudad pidiendo la renuncia del presidente, Arce.
"Queremos
hacer conocer a la población que estas marchas no se cansan y vamos a seguir
hasta las últimas consecuencias, pedimos que renuncie el presidente",
afirmó una marchista. La movilización, que no pudo llegar a la Plaza Murillo,
donde se encuentra el Congreso nacional y el Palcio Presidencial, culminó sin
mayores enfrentamientos.
TENSIÓN
EN BOLIVIA: ARCE DENUNCIA QUE EVO MORALES ESTÁ DISPUESTO A LA VIOLENCIA Y
RUPTURA CONSTITUCIONAL POR SU CANDIDATURA
El
presidente Luis Arce dijo que Evo Morales, “Está dispuesto a llevar a nuestro
país al enfrentamiento entre hermanas y hermanos, a la violencia generalizada,
al derramamiento de sangre y a la ruptura del orden constitucional por sus
ambiciones enfermizas de poder”, advirtió y cuestionó que con su exigencia
pretende “obligar a la población y a las autoridades competentes a que se
vulnere la Constitución Política del Estado y las sentencias constitucionales
vigentes que le impiden otra reelección”
ICN
Diario de Argentina (https://n9.cl/akapx)
El
presidente de Bolivia, el izquierdista Luis Arce denunció que Evo Morales
pretende obligar el registro de su candidatura a las elecciones del 17 de
agosto “por las buenas o por las malas”, y está dispuesto en ese afán a llevar
a los bolivianos al enfrentamiento, a la violencia generalizada, al
derramamiento de sangre y a la ruptura del orden constitucional.
Sin
embargo, garantizó la realización de las elecciones generales, programadas para
el 17d e agosto próximo.
“Miente
cuando dice que su acción es por el bienestar de las familias bolivianas.
Miente cuando dice que su protesta es por la economía, contra la inflación y
por la canasta básica. Miente cuando dice “obedecer al pueblo”, y eso las
bolivianas y bolivianos lo saben”, afirmó en un post en sus redes sociales.
A
diferencia del discurso evista, Arce recordó que el mismo Morales y su entorno
revelaron en reiteradas ocasiones que “persiguen mi renuncia y la de todos los
integrantes del Gobierno, y esto solamente para habilitar su candidatura por la
fuerza”.
Sectores
afines al también dirigente cocalero empezaron el lunes un bloqueo de caminos
indefinido en diferentes puntos, aunque centrados en Cochabamba, exigiendo la
dimisión del presidente Arce, con el argumento de la situación económico. Sin
embargo, fue el propio Morales que les instruyó “hacerse respetar” en medio de
la demanda de inscribir su candidatura.
Morales
no cuenta con partido político, porque la organización que lo postulaba,
Pan-Bol, perdió su personería jurídica y, por otro lado, feneció el plazo
dispuesto por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el registro de
candidaturas. Además, existen sentencias constitucionales que inviabilizan esa
aspiración.
“Que
quede claro: su fin no es otro que su candidatura inconstitucional y, para
ello, está dispuesto a cercar ciudades e impedir el paso de alimentos, como lo
hizo antes. Y, de ratificarse su inhabilitación, busca que no se realice las
Elecciones Generales del 17 de agosto. Como dicen sus voceros: ‘sin Evo no
habrá elecciones’”, advirtió.
El
expresidente se atrincheró desde noviembre de 2024 en el Chapare, desde donde
promueve las acciones de protestas, por denuncias de haber mantenido una
relación con una menor en 2015. En un contacto con una cadena de televisión
brasilera dijo estar confiado con la habilitación de su candidatura como
resultado de la lucha legal o social.
Arce
afirmó que el bloqueo instruido por Morales, como lo hizo en otras ocasiones,
corta las comunicaciones entre regiones e impide el paso de alimentos, el libre
tránsito de las personas y evita la normalización en la provisión de
combustibles, perjudicando la economía de toda la población.
“Está
dispuesto a llevar a nuestro país al enfrentamiento entre hermanas y hermanos,
a la violencia generalizada, al derramamiento de sangre y a la ruptura del
orden constitucional por sus ambiciones enfermizas de poder”, advirtió y
cuestionó que con su exigencia pretende “obligar a la población y a las
autoridades competentes a que se vulnere la Constitución Política del Estado y
las sentencias constitucionales vigentes que le impiden otra reelección”.
En
esta jornada hubo violencia en lo puntos de bloqueo. Los movilizados emboscaron
a los policías desplazados para desbloquear en Bombeo, carretera
Cochabamba-Santa Cruz, con el saldo de 10 policías heridos. En Valle Grande,
Santa Cruz, la Policía encontró 100 bombas molotov en momentos en los que se
prepara el bloqueo evista.
Arce
garantizó la realización de las elecciones generales, programadas para el 17 de
agosto próximo.
“Como
Gobierno Nacional estamos absolutamente convencidos que debe haber elecciones
el 17 de agosto y que se debe respetar la Constitución Política del Estado”,
afirmó y recordó que Morales es responsable también del bloqueo de créditos en
el Legislativo por más de $us 1.800 millones, según informa la agencia ABI.
“No
le bastó con el sabotaje económico y político que propició estos años junto a
la derecha, desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, inviabilizando la
aprobación de créditos y, por lo tanto, negando el flujo normal de dólares
hacia nuestro país; además, rechazó la aprobación de leyes sociales en
beneficio del pueblo trabajador”, cuestionó.
SIN
PROPUESTAS: LA COMEDIA ELECTORAL EN MEDIO DE LA CRISIS BOLIVIANA
Resumen
Latinoamericano Org. (https://n9.cl/jp9j8)
Bolivia
atraviesa una tormenta económica y social sin precedentes en décadas. El
colapso de las reservas internacionales, la escasez crónica de dólares, la
dependencia excesiva de los hidrocarburos, el aumento acelerado de precios en
combustibles y alimentos, e incluso bloqueos de carreteras frecuentes han
empujado al país a una situación casi insostenible.
“A
abril de 2024 las Reservas Internacionales Netas apenas sumaban $us 1.796
millones, de los cuales solo $us 139 millones estaban en divisas líquidas (el
resto en oro y otros activos)” (Agencia de Noticias Fides, 2024).
Esta
falta de divisas ha dificultado la importación de insumos esenciales,
amplificando la inflación y la escasez de bienes básicos. La crisis de
combustible —con importaciones de diésel y gasolina restringidas por falta de
dólares— ha golpeado el transporte y la producción agrícola, encareciendo aún
más los alimentos en los mercados locales. Bolivia se encuentra al borde del
abismo económico, con una población que resiente el encarecimiento de la vida y
un modelo de desarrollo que muestra señales claras de agotamiento.
Detrás
de esta coyuntura hay causas estructurales profundas. Durante años, el país
confió en un modelo extractivista rentista (un modelo keynesiano), basado en la
exportación de gas natural y otras materias primas, cuyo auge financió más de
una década de estabilidad y programas sociales. “Sin embargo, ese “milagro
económico” comenzó a agrietarse cuando las reservas de gas se redujeron y los
precios internacionales cayeron” (Trigo, 2025). La falta de diversificación
productiva dejó a Bolivia vulnerable: al desplomarse los ingresos por gas,
también lo hicieron las fuentes de divisas, desatando una crisis financiera. El
resultado ha sido una economía estancada, con reservas agotadas y una población
enfrentando la inflación más alta en mucho tiempo. Aunque la inflación oficial
anual aún es de un dígito, la realidad en los mercados populares es de precios
de alimentos y combustibles cada vez más inalcanzables para el ciudadano común.
Esta situación de precariedad inédita alimenta la percepción de que el país vive
un declive acelerado, generando una “frustración generalizada” entre la gente.
Candidatos
“salvadores” sin propuestas concretas
Pese
a la gravedad de la crisis, el panorama político rumbo a las elecciones
generales de 2025 resulta desolador. Proliferan candidaturas que se promocionan
casi en tono mesiánico, prometiendo ser la salvación, pero carecen de planes
serios para afrontar los problemas de fondo. De hecho, más del 70% de las
organizaciones políticas creadas en las últimas dos décadas desaparecieron tras
su primera elección, reflejando la débil institucionalización de los partidos
en Bolivia (Sánchez Morales, 2025). Muchos de estos frágiles frentes
electorales no son más que trampolines personalistas: plataformas improvisadas
para candidatos que se erigen como “salvadores” sin propuestas concretas
(Sánchez Morales, 2025). En lugar de debates ideológicos sólidos o programas de
gobierno, abundan los slogans vacíos y las promesas populistas inviables (desde
gasolina más barata hasta empleos fantasiosos) que subestiman la complejidad de
la crisis.
Esta
alarmante desconexión entre los candidatos y la realidad del país ha sido
señalada por analistas de diversas tendencias. Incluso el presidente Luis Arce
–quien hasta hace poco se perfilaba como candidato oficialista– dio un mensaje
anual que fue ampliamente criticado por su vacío de soluciones. Su discurso del
22 de enero de 2025 estuvo “lleno de vacíos e insuficiencias, careciendo de
propuestas sólidas” para encarar la crisis económica, social y política
(Chávez, 2025). En vez de presentar un plan creíble para resolver la escasez de
dólares, la inflación o la caída productiva, Arce optó por anuncios genéricos
(un “pacto social” ambiguo y la promesa de un Proceso de Cambio 2.0) y por
culpar a enemigos externos –la derecha, el “imperialismo”– de todos los males.
Como señaló el economista Gonzalo Chávez, fue más un mitin de campaña
encubierto que un informe de gestión: un intento de victimización y
polarización antes que un ejercicio de autocrítica y solución real (Chávez,
2025).
Del
lado de la oposición tradicional, el panorama no es mucho mejor. Tras la
convulsión postelectoral de 2019 y la vuelta del MAS al poder en 2020, la
oposición de derecha quedó desarticulada y carente de un proyecto claro de
país. Persiste un ultrapersonalismo y “autismo” político –como lo describió un
columnista– que impide conectar con las necesidades sociales urgentes. Se
reciclan las mismas caras de siempre y “sin partidos, sin propuestas, sin
militancias”, las fuerzas opositoras bailan alrededor de sus propias egolatrías
en vez de aventurarse a construir alternativas programáticas genuinas (Sánchez
Morales, 2025). Es decir, mientras el oficialismo encarna un proceso de
implosión interna (con la pugna entre “evistas”, “arcistas” “androniquistas”
fragmentando el voto popular), la oposición no logra capitalizar el descontento
porque tampoco ofrece una visión de cambio estructural que entusiasme a las
mayorías. Ambas orillas del espectro político parecen cómodas en la
superficialidad: reducen la contienda a ataques personales, promesas fáciles o
a revivir viejas consignas, eludiendo el debate de fondo sobre cómo sacar al
país de la crisis.
Frustración
ciudadana y democracia en entredicho
La
consecuencia natural de esta desconexión política es un profundo hartazgo
ciudadano. Cada elección renueva la esperanza de encontrar líderes capaces de
transformar las desigualdades del país, pero esa ilusión choca una y otra vez
con la realidad del caudillismo, la corrupción y la distancia entre gobernantes
y gobernados. Lo que debería ser un ejercicio de fortalecimiento democrático
termina evidenciando la fragilidad institucional y alimentando el desencanto
popular. Muchos bolivianos sienten que, gobierne quien gobierne, no hay un
proyecto de país que responda a sus necesidades: el sistema político se ha
vuelto una “comedia de enredos” donde todos prometen y nadie cumple, y donde
los problemas de siempre (empleo precario, salud y educación deficientes,
inseguridad económica) permanecen sin soluciones de fondo.
Este
ciclo de promesas vacías y decepciones acumuladas ha derivado en una peligrosa
crisis de representación. La población percibe que ni el oficialismo ni la
oposición hablan por ella. El Movimiento Al Socialismo (MAS), antaño
instrumento aglutinador de indígenas, campesinos y sectores populares, hoy
aparece fracturado y sin norte ideológico claro. Retomando a Antonio Gramsci,
podríamos decir que “el bloque histórico del MAS sufre una crisis de hegemonía:
ya no logra representar los intereses de su base social ni articular un
proyecto de futuro creíble” (Machuca, 2024). La ruptura entre el expresidente
Evo Morales y el presidente Arce ha dejado un vacío político; ninguna figura
consigue encarnar a ese electorado amplio que antes votaba unido en torno al “proceso
de cambio”. En las encuestas con miras a 2025, por ejemplo, el joven líder
Andrónico Rodríguez –promovido por una facción masista– encabeza la intención
de voto con apenas 25%, un porcentaje muy lejos de las mayorías absolutas
(50-60%) que el MAS solía obtener en el pasado (Machuca, 2025). Es claro que,
dividido, el oficialismo difícilmente podrá ganar en segunda vuelta. Así, el
partido que dominó la última década hoy parece haber perdido su capacidad
unificadora, confirmando las tesis de Gramsci sobre la erosión de un bloque
dominante cuando éste deja de consensuar proyectos comunes.
Del
otro lado, la oposición derechista tampoco ofrece una representación
convincente. Sus líderes siguen enfrascados en disputas de ego y cálculos
cortoplacistas. En palabras de un analista, “persiste el ultrapersonalismo y el
autismo político” en esas filas, lo que genera una completa desconexión con las
demandas reales de la sociedad (La Razón, 2024). Sin partidos sólidos ni
militancias comprometidas, la oposición prefiere explotar la imagen de sus
caudillos “sagrados” –sean estos ex mandatarios, cívicos regionales u outsiders
de turno– en lugar de aventurarse a construir propuestas coherentes de
gobierno. El resultado es un vacío de alternativas: ante la ausencia de
narrativas esperanzadoras, muchos ciudadanos caen en la apatía o en la
polarización visceral (el “anti-MAS” vs el “anti-derecha”), sin expectativas
genuinas de mejora. Elegimos a menudo por afinidad emocional o por rechazo al
adversario antes que por evaluar planes de gobierno. Después de votar, la
sociedad civil vuelve a la pasividad, dejando de vigilar a las autoridades
hasta que estalla la siguiente crisis. Este círculo vicioso de descontrol y
desconfianza termina normalizando fenómenos como la corrupción sistemática
–donde nepotismo, clientelismo y uso electoral de recursos públicos campean sin
castigo (Sánchez Morales, 2025)– y, peor aún, erosionando la fe en la
democracia misma.
De
hecho, pensadores críticos latinoamericanos como Franz Hinkelammert han
advertido que, en nuestra región, el Estado a menudo funciona más como “aparato
de opresión” que, como Estado de derecho, dada la parcialidad de la justicia y
la corrupción endémica (Machuca, 2024). Bolivia no es la excepción: la captura
del sistema judicial para perseguir rivales –practicada tanto por el gobierno
de Arce como anteriormente por el entorno de Morales– ha convertido al aparato
estatal en instrumento de facción, minando la credibilidad de las
instituciones. Cuando amplios sectores perciben que el gobierno solo atiende a
sus propios intereses y que la oposición solo busca recuperar el poder para los
suyos, la legitimidad de todo el sistema democrático se pone en entredicho. Hoy
por hoy, la confianza pública en órganos fundamentales (Tribunal Electoral,
justicia, Parlamento) está por los suelos. Según un estudio reciente, menos de
3 de cada 10 bolivianos confían en su órgano electoral y la mayoría ve la
política con escepticismo y resignación (Sánchez Morales, 2025). Esta situación
es sumamente peligrosa: la deslegitimación democrática puede abrir la puerta a
salidas autoritarias o a estallidos de violencia, si la población siente que
las vías institucionales ya no sirven para canalizar sus demandas. El divorcio
entre dirigentes y ciudadanía –esa “alarmente desconexión” entre gobernantes y
gobernados– ha gestado un caldo de cultivo donde germinan la frustración y la
desesperanza, dos enemigos mortales de la democracia.
Impacto
y Reforma de la Subvención a los Combustibles en Bolivia
La
subvención a los combustibles fósiles en Bolivia se ha disparado a niveles
insostenibles: en 2024 costó cerca de $us 4.000 millones, el doble que el año
anterior (Brújula Digital, 2024), y para 2025 el Gobierno aún proyecta destinar
en torno a $us 2.900 millones (alrededor del 10% del presupuesto nacional).
Este enorme gasto ha erosionado las finanzas públicas y las reservas del Banco
Central. Bolivia importa más del 50% de la gasolina y 86% del diésel que
consume (Brújula Digital, 2024); la factura en divisas por combustibles pasó de
representar 4% a 9% del PIB (International Monetary Fund, 2024, p. 6), drenando
rápidamente las reservas internacionales (a fines de 2024 las líquidas caían a
niveles críticos (RT Staff Reporters, 2025)) y agravando el déficit fiscal (hoy
en torno al 9% del PIB). En el plano social, si bien la subvención ha mantenido
bajos los precios internos (conteniendo la inflación y protegiendo la canasta
básica), sus beneficios están mal distribuidos: al ser universal, termina favoreciendo
desproporcionadamente a los grandes consumidores de combustible. La
agroindustria del oriente –con alto consumo de diésel (3,3 millones de litros
diarios solo en ese departamento) y abundante capital transnacional– junto con
la minería (p.ej. cooperativas auríferas) se cuentan entre los principales
beneficiarios, al punto que el Gobierno ha priorizado su abastecimiento incluso
en plena escasez (RT Staff Reporters, 2025). Una parte importante del diésel
subvencionado ni siquiera llega al consumidor local, desviándose al contrabando
(se estima que el país pierde unos $us 600 millones al año por esta vía)
(Buttermann, 2025).
¿Cómo
salir de este laberinto? Desde una perspectiva crítica, la solución no pasa por
un “gasolinazo” neoliberal (que trasladaría de golpe el costo a las mayorías),
sino por reorientar la política de subsidios: reemplazar la subvención
indiscriminada por subsidios focalizados que protejan a los sectores populares
y productivos vulnerables (transporte público, pequeños productores campesinos,
etc.), emprender una transición energética que reduzca la dependencia de
hidrocarburos importados, y aplicar medidas de justicia redistributiva (por
ejemplo, gravar a las empresas que más se han beneficiado del diésel barato)
para que el ajuste no recaiga a los de abajo.
Hacia
una agenda económica de transformación
Frente
a este panorama de crisis estructural y vacío programático, es imperativo
replantear el proyecto de país desde una perspectiva crítica. No se trata de
inventar promesas demagógicas de campaña, sino de construir una agenda seria de
transformaciones económicas que aborde las raíces de nuestros problemas. A
continuación, se proponen algunas medidas y enfoques que podrían integrar esa
agenda de cambio:
• Fortalecimiento de la producción
nacional e industrialización con valor agregado
Es
urgente superar el modelo primario-exportador. Bolivia debe industrializar sus
recursos naturales en vez de exportarlos en bruto. Esto implica invertir en
plantas de procesamiento de gas, litio, minerales y productos agropecuarios, de
modo que el país exporte combustibles procesados, baterías de litio, metales
refinados y alimentos elaborados, capturando mayor valor agregado local. Solo
así se crearán empleos de calidad y se dejará atrás la dependencia de los
vaivenes de las materias primas. Experiencias pasadas enseñan que la
industrialización dirigida por el Estado, con planificación estratégica, puede
impulsar el desarrollo –tal como sucedió en países asiáticos– siempre y cuando
se combata a la par la corrupción y la ineficiencia burocrática. En este
sentido, resulta vital una economía con control nacional de los recursos y
diversificación productiva.
• Políticas activas de exportación y
equilibrio de la balanza de pagos:
Para
resolver la escasez de divisas, el país debe exportar más y depender menos de
las importaciones no esenciales. Esto requiere una política exterior económica
agresiva: abrir nuevos mercados para productos bolivianos, renegociar acuerdos
comerciales desfavorables y apoyar con incentivos fiscales a sectores con
potencial exportador (por ejemplo, manufacturas textiles, alimentos orgánicos,
turismo comunitario, litio industrializado). Al mismo tiempo, se deben
identificar y sustituir importaciones superfluas mediante producción local (lo
que fortalece la soberanía económica). Medidas como créditos blandos y
asistencia técnica a exportadores, junto con un tipo de cambio competitivo,
pueden incrementar el ingreso de dólares de manera sostenible (Machuca, 2024).
El objetivo central es lograr un equilibrio en la balanza de pagos, evitando
déficits crónicos. Un balance de pagos sano restablecería paulatinamente las
reservas internacionales y reduciría la vulnerabilidad externa. Cabe destacar
que incentivar ciertas inversiones extranjeras estratégicas –bajo condiciones
estrictas de transferencia tecnológica y sociedades público-privadas donde
Bolivia conserve mayoría accionaria– podría contribuir también a generar
divisas sin ceder soberanía. No obstante, cualquier apertura al capital externo
debe supeditarse al proyecto nacional de desarrollo y no al revés.
• Soberanía alimentaria y revolución
agroecológica:
La
reciente crisis ha evidenciado la peligrosidad de depender de la importación de
alimentos básicos. Es imprescindible avanzar hacia la soberanía alimentaria,
apoyando al campesino, cooperativas y pequeños productores para que aumenten la
producción de granos, hortalizas, carne y lácteos destinados al consumo
interno. El Estado debe proveer semillas, riego, maquinaria y asistencia
técnica, promoviendo una agricultura sostenible y climáticamente inteligente.
Además de garantizar el abastecimiento interno a precios justos, esto
diversifica la economía rural más allá del cultivo de coca o de la soya de
exportación. Un país que alimenta a su población sin depender del exterior es
un país verdaderamente soberano. Invertir en agricultura y ganadería local no
solo reducirá la factura de importaciones, sino que generará empleos rurales,
frenará la migración campo-ciudad y mejorará los ingresos de miles de familias
campesinas, reduciendo la pobreza en el área rural.
• Estrategia alternativa para el litio:
El
litio es el “oro blanco” del siglo XXI y Bolivia posee las mayores reservas
mundiales en el Salar de Uyuni. Sin embargo, hasta ahora su explotación ha sido
mínima y marcada por la intermediación de capitales extranjeros en condiciones
poco ventajosas. Una alternativa audaz, es vender directamente carbonato de
litio a países vecinos como Brasil, sin pasar por corporaciones
transnacionales. Un acuerdo bilateral con Brasil –que busca asegurar insumos
para su industria de baterías– podría proveer a Bolivia ingresos en divisas
considerables de inmediato. Pero a diferencia de los contratos opacos firmados
recientemente con empresas de China o Rusia (que han sido incluso suspendidos
por la justicia boliviana por falta de transparencia), este acuerdo debe negociarse
con total transparencia y soberanía, garantizando que la mayor parte de los
beneficios quede en Bolivia.
La
venta directa de litio, así como su industrialización local en plantas
estatales o mixtas, permitiría que el país retenga un porcentaje mucho mayor de
las ganancias. Además, librarse de la tutela tecnológica extranjera en la
cadena del litio sentaría un precedente de independencia en un rubro
estratégico. En paralelo, Bolivia podría liderar una alianza regional del litio
junto a naciones como Argentina, Chile y México, para coordinar precios justos
y evitar la depredación foránea de este recurso (una suerte de “OPEP del litio”
desde el Sur Global). El litio bien podría ser la palanca para un nuevo modelo
de desarrollo, siempre que se administre con visión de futuro y no como un
botín político.
• Reformas institucionales y pacto
nacional para el desarrollo:
Ningún
plan económico prosperará sin un mínimo de estabilidad política e
institucional. La fragmentación del MAS y la falta de una oposición responsable
hacen necesario un nuevo pacto nacional. Retomando ideas de Gramsci y Lenin, la
izquierda boliviana requeriría reconstruir un bloque histórico amplio, un
frente nacional-popular que incluya a movimientos sociales, sectores
progresistas e incluso a las bases desencantadas tanto del masismo como de la
oposición. Este frente podría impulsar un gobierno de transición o al menos una
agenda común para enfrentar la emergencia económica, con el compromiso de
rescatar las instituciones del Estado de su partidización. Una reforma profunda
del sistema judicial, por ejemplo, es ineludible para restablecer la confianza
de la gente (un poder judicial independiente que rompa con su uso como arma
política). Del mismo modo, se debe democratizar la toma de decisiones dentro de
los partidos: el liderazgo caudillista debe dar paso a mecanismos de
deliberación colectiva y renovación dirigencial. Solo con más democracia –tanto
en el Estado como al interior de las fuerzas políticas– podrá la sociedad
boliviana asumir un rol activo y vigilante para que se ejecuten las
transformaciones económicas propuestas. En última instancia, se trata de
recuperar la política como herramienta al servicio del bien común, y no como
espectáculo o comedia de enredos.
Retomar
el horizonte de un cambio real
Bolivia
se encuentra en una encrucijada histórica. La crisis múltiple que golpea al
país –económica, social, política– ha expuesto las fisuras de un modelo agotado
y de un sector dirigencial más preocupado por su supervivencia electoral que
por el destino nacional. Una elección sin propuestas reales, donde los
candidatos rehúyen debatir soluciones de fondo, amenaza con ser poco más que
una comedia electoral estéril que prolongue la agonía de la población y
profundice el desencanto con la democracia. Pero esta situación, por grave que
sea, también abre una oportunidad: la de pensar y construir un nuevo proyecto
de país.
Esa
construcción exige beber de nuestras mejores tradiciones de pensamiento crítico
–desde el marxismo hasta la filosofía de la liberación de Franz Hinkelammert– y
también aprender de los errores del pasado. Implica entender, como advertía
Carlos Marx, que las masas organizadas deben luchar con un propósito claro de
transformación estructural, evitando desgastarse en acciones aisladas o en
disputas mezquinas (Machuca, 2024). Implica reconocer, como señalaba Gramsci,
que la crisis consiste justamente en que lo viejo muere y lo nuevo no puede
nacer, y que en ese interregno surgen fenómenos morbosos. Hoy Bolivia vive su
propio interregno: el viejo modelo económico y político se desmorona, pero lo
nuevo aún no cuaja. Llenar ese vacío con esperanza concreta es la tarea de esta
generación.
No
será fácil. Requerirá unidad en la diversidad –un bloque amplio que anteponga
el interés nacional a las rencillas faccionales– y una ciudadanía vigilante que
empuje a sus líderes más allá de la comodidad. Requerirá también honestidad
intelectual para diagnosticar la crisis sin maquillajes y valentía política
para tomar decisiones difíciles (redirigir subsidios, enfrentar oligopolios,
revisar pactos fiscales con transnacionales, etc.). Sin duda, habrá
resistencias de aquellos que se benefician del orden existente. Pero la
alternativa –seguir por el camino de la inercia y la improvisación– solo augura
un agravamiento del colapso, con consecuencias impredecibles para la democracia
y el tejido social.
En
última instancia, lo contrario de la política sin propuestas es la política con
principios y proyecto. La Bolivia post-crisis debe aspirar a algo más que a
sobrevivir: debe proponerse vivir con dignidad, justicia y autonomía. Convertir
la actual frustración en acción colectiva transformadora es el gran desafío. Si
se logra articular esa agenda económica de corte popular y soberano, acompañada
de profundas reformas institucionales, quizás podamos dejar atrás la
tragicomedia electoral y dar paso a un nuevo capítulo histórico donde la
esperanza tenga asidero real. Como reza el adagio atribuido a Lenin, “hay
décadas en las que no pasa nada y semanas en las que pasan décadas”; Bolivia
podría estar adentrándose en esas semanas definitorias. Que nos encuentre,
entonces, con propuestas en mano y el pueblo empoderado, listos para convertir
la crisis en oportunidad y la resignación en un porvenir diferente. Solo así
esta comedia de errores podrá devenir, al fin, en una auténtica transformación
social.
Por
lo pronto, el escenario pre-electoral sigue dominado por la comedia amarga de
un oficialismo dividido, que amenaza con prolongar la inestabilidad en lugar de
resolverla. Las próximas semanas dirán si el MAS fracturado encuentra alguna
síntesis o si, por el contrario, la crisis de liderazgo termina pavimentando el
retorno de aquellos a quienes solía derrotar.
BOLIVIA:
CRISIS POR ESCASEZ, BLOQUEOS Y ELECCIONES
Precios
del arroz y el aceite se disparan en mercados, solo 40% del transporte urbano
opera y la población enfrenta filas por gasolina y gas
Radio
Pachamama de Perú (https://shorturl.at/xs1aW)
Bolivia
amanece hoy con una crisis generalizada, enfrentando escasez de alimentos, alza
del dólar y falta de combustible. Esto ha provocado bloqueos masivos de caminos
y protestas ciudadanas a nivel nacional.
Según
declaraciones de la periodista boliviana Lisbeth Vargas, la población protesta
por la exclusión de partidos políticos de izquierda en las elecciones generales
2025-2030 pues decisiones del Tribunal Constitucional y Electoral lo impiden,
generando fuerte rechazo.
Los
bloqueos de caminos son masivos en varias rutas importantes de Bolivia.
Afectando a Copacabana, Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca y otras incluso
extendiéndose al departamento de Potosí.
En
el país hay una grave escasez de alimentos, los productos básicos no se
encuentran o tienen precios muy altos en los mercados. Por ejemplo, el aceite
cuesta 23 bolivianos el litro.
El
arroz alcanza hasta 900 bolivianos el quintal en mercados normales. El pan
subvencionado subió a 70 centavos, y el no subvencionado a un boliviano,
afectando el bolsillo popular.
El
sueldo básico de 2300 bolivianos no alcanza para mantener familias grandes,
mientras el dólar subió drásticamente a 20 bolivianos. La moneda boliviana está
muy devaluada, según indica Lisbeth Vargas.
La
falta de combustible es crítica. Apenas 40% del transporte urbano funciona, el
resto hace fila buscando abastecerse. El gobierno acusa desvío a países vecinos
del combustible.
Se
prohíbe el ingreso de alimentos de países vecinos como Perú, Brasil y
Argentina, lo que empeora el desabastecimiento general. La situación recuerda
1986, pero sin importaciones que alivien la crisis.
BLOQUEOS
Y CRISIS ECONÓMICA AGRAVAN LA TENSIÓN EN BOLIVIA
Protestas
paralizan ciudades clave mientras crece la presión por habilitar la candidatura
de Evo Morales.
El
Líder USA de EEUU (https://n9.cl/0o2dg)
Bolivia
enfrenta una de las semanas más tensas del año. Desde el lunes, múltiples
bloqueos de carreteras y marchas masivas se extienden por diversas regiones del
país, afectando el tránsito, el comercio y el suministro de combustibles. Las
movilizaciones, que han paralizado ciudades como La Paz y Cochabamba, combinan
demandas económicas urgentes con una fuerte presión política en favor de la
postulación de Evo Morales a las elecciones presidenciales del 17 de agosto.
Escasez,
inflación y descontento popular
Los
manifestantes —que incluyen simpatizantes del expresidente Morales, pequeños
comerciantes, transportistas y campesinos— denuncian el impacto de la crisis
económica: escasez de diésel y gasolina, largas filas en estaciones de
servicio, falta de dólares y un aumento sostenido en los precios de alimentos e
insumos básicos.
La
inflación ha alcanzado niveles alarmantes y, según proyecciones del Fondo
Monetario Internacional, podría rozar el 15.8% en 2025. Mientras tanto, el tipo
de cambio en el mercado paralelo ha superado con creces la cotización oficial,
y la canasta básica se ha duplicado en algunas regiones.
En
este clima, las protestas se han radicalizado. En Cochabamba se reportaron al
menos diez puntos de bloqueo, y en La Paz, miles de personas descendieron desde
El Alto para exigir soluciones inmediatas a la crisis e incluso la renuncia del
presidente Luis Arce.
Presión
por la candidatura de Evo Morales
Además
de la emergencia económica, un sector importante de los manifestantes exige la
habilitación de Evo Morales como candidato presidencial. El Tribunal Supremo
Electoral rechazó su postulación tras la pérdida de personería jurídica del
partido PAN-Bol, por el cual Morales intentó inscribirse.
Simpatizantes
del exmandatario acusan al gobierno de Luis Arce y a la justicia electoral de
frenar deliberadamente su participación. En varias protestas se han mostrado
pancartas con la frase “Sin Evo no hay elecciones”, mientras líderes cocaleros
y sectores sociales afines al expresidente han advertido que las movilizaciones
se intensificarán si no se revierte la decisión.
Postura
del gobierno y tensión preelectoral
El
ministro de Gobierno, Roberto Ríos, ha calificado las protestas como un intento
de desestabilización electoral y afirmó que se tomarán “todas las acciones que
la norma prevé” para restablecer el orden. Hasta el momento, la intervención
policial ha sido limitada, aunque sí se han reportado incidentes, bloqueos
violentos y ataques a periodistas.
Con
menos de tres meses para los comicios presidenciales, Bolivia se encuentra en
una encrucijada. La combinación de crisis económica, presión política y
fragmentación partidaria amenaza con profundizar la inestabilidad y erosionar
la confianza en el proceso electoral.
BOLIVIA:
LAS PROTESTAS SE INTENSIFICAN EN MEDIO DE SU PEOR CRISIS ECONÓMICA
La
Voz de Argentina (https://n9.cl/ekfxe)
Los
bolivianos siguen protestando. Durante varios los días ya se registran
manifestaciones en el país andino debido a la crisis económica y política que
vive Bolivia. Los marchantes justifican sus acciones por la escasez de
combustibles y dólares y el aumento en los precios de los alimentos.
De
acuerdo con los medios locales, diversos movimientos políticos insisten en que
el país se mantenga protestando hasta que el actual presidente, Luis Arce,
renuncie. En ese sentido, el periódico Opinión explicó que el sector del
transporte -uno de los más fuertes en Bolivia-, anunció bloqueos desde este
martes. Sin embargo, algunos dirigentes del eje central del país desestimaron
acatar la medida.
Entre
tanto, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, no descartó la presencia de los
militares para ejercer el orden ante posibles hechos de violencia en bloqueos
que han sido convocados por el expresidente socialista Evo Morales.
“Nuestra
actuación siempre va a hacer en el marco constitucional, estamos obligados a
garantizar el orden interno a través de la Policía. Nuestras Fuerzas Armadas
también tienen atribuciones y competencias ante una situación de conmoción o
una situación que ponga en riesgo la vida de los ciudadanos, la colectividad y
el funcionamiento de las instituciones, esto será en un caso extremo”, sostuvo
Novillo.
Evo
Morales aprovecha la crisis
En
medio de la crisis económica y la escasez de combustibles y de dólares en el
país suramericano, el Gobierno de Luis Arce acusa a Evo Morales, de aprovechar
la situación para afectar las elecciones en el país convocadas para el próximo
17 de agosto. Arce fue el ministro de Economía de Evo por casi 12 años.
El
ministro de Gobierno, Roberto Ríos, acusa a los manifestantes de boicotear el
proceso electoral con la finalidad de forzar la candidatura de una persona que
está inhabilitada, en referencia a Morales.
YAPE
DE PERÚ CONQUISTA BOLIVIA: LA APP DEL BCP TIENE MÁS DE 3 MILLONES DE USUARIOS Y
ES LA FAVORITA DE LOS BOLIVIANOS
La
aplicación financiera del Banco de Crédito del Perú se ha consolidado como
líder en transacciones digitales, revolucionando el acceso a servicios y pagos
en el país andino durante el primer trimestre del 2025
Infobae
de Argentina (https://n9.cl/5dvka)
En
menos de dos años desde su llegada a Bolivia, Yape —la billetera digital del
Banco de Crédito del Perú (BCP)— se ha convertido en la aplicación financiera
más usada del país altiplánico. Solo en el primer trimestre del 2025, la app
superó los 3 millones de usuarios y ya cuenta con más de 1.35 millones de
negocios afiliados, liderando además en el número de transacciones mediante
códigos QR a nivel nacional.
La
expansión oficial de Yape en Bolivia comenzó en agosto de 2023, cuando
reemplazó a la plataforma Soli Pagos, que entonces contaba con una base de 800
mil usuarios. Desde ese momento, la adopción de la app fue acelerada. Su
facilidad de uso —que permite registrarse solo con un número celular, sin
necesidad de tener una cuenta bancaria— y su política de cero comisiones
eliminaron barreras que históricamente dificultaban el acceso a servicios
financieros formales en el país.
“Con
Yape todo es posible”, fue el mensaje que acompañó su campaña nacional,
reforzando la apuesta por la inclusión financiera y una economía digital más
accesible para todos.
Un
crecimiento récord en comparación con Perú
A
diferencia de su país de origen, donde alcanzó los 3 millones de usuarios
recién tras dos años de operaciones, en Bolivia Yape llegó a esa cifra en
tiempo récord. Actualmente, casi una cuarta parte de los bolivianos ya utiliza
esta aplicación, lo que demuestra no solo una estrategia de expansión efectiva,
sino también su capacidad de adaptación al contexto boliviano.
Este
éxito también ha sido impulsado por una conexión cultural estratégica. En 2025,
Yape fue auspiciador oficial del Carnaval de Oruro y del Carnaval de Santa
Cruz, dos de las festividades más importantes del país. Gracias a alianzas con
la A.C.F.O. y la A.C.C.C., más de 900 mil asistentes accedieron a soluciones de
pago sin efectivo, lo que reforzó el vínculo de la marca con la identidad
boliviana. Activaciones con danzas folclóricas, sorteos y la presencia del
personaje “Yapito” acompañaron esta apuesta por unir innovación y tradición.
Yape
en Bolivia ofrece transferencias interbancarias, pagos y cobros por QR,
recargas móviles, pago de servicios básicos y notificaciones en tiempo real,
todo con estándares de seguridad bancaria y sin comisiones. Esto ha permitido
que tanto emprendedores, trabajadores informales y usuarios sin experiencia en
banca digital encuentren en la app una solución útil y sencilla para gestionar
su dinero, en medio de una complicada situación económica.
En
Perú, la aplicación ya cuenta con un ecosistema más amplio, incluyendo remesas,
seguros y delivery. La proyección para Bolivia apunta en esa misma dirección:
consolidar a Yape como una plataforma financiera integral para millones.
Un
futuro digital en construcción
El
impacto de Yape en Bolivia va más allá de los números. La app ha transformado
la forma en que miles de personas se relacionan con el dinero, rompiendo con la
exclusión financiera que afectaba especialmente a sectores rurales y no
bancarizados. Su éxito no solo se debe a la tecnología, sino también a su
enfoque accesible, culturalmente sensible y sin fricciones para el usuario.
Yape
ha dejado claro que no se trata solo de una aplicación: es una herramienta de
empoderamiento digital que ya está modelando el futuro financiero del país.
EL
‘PABLO ESCOBAR URUGUAYO’ NO SOLO INCURSIONÓ EN EL NARCOTRÁFICO, TAMBIÉN TERMINÓ
VINCULADO AL FÚTBOL PROFESIONAL
Sebastián
Marset no solo invirtió dinero en el deporte, sino que utilizó el poder para
cumplir sus sueños.
Infobae
de Argentina (https://n9.cl/jb6tqx)
En
los últimos meses, uno de los nombres más mencionados por las autoridades en
Latinoamérica es el de Sebastián Marset, un narcotraficante del que se
desconoce su paradero y ha comenzado a ser llamado el ‘Pablo Escobar uruguayo’.
Sobre
Marset, el primer reporte policial en su contra se registró en 2013, cuando fue
acusado de recibir un paquete de drogas de Juan Viveros Cartes, tío de un
expresidente de Paraguay.
En
2019 se le vinculó con varias empresas que lavaron activos del narcotráfico en
la región, motivo por el que su esposa terminó siendo extraditada a España en
mayo del 2025.
Actualmente,
el uruguayo está en la lista de los fugitivos más buscados por la DEA, que
ofrece dos millones de dólares por información que permita la captura de
Marset, que presuntamente estaría refugiado en Venezuela.
La
comparación Con Escobar incluye su afición por el fútbol
En Colombia, el narco uruguayo ha sido
nombrado porque el fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, indicó que
Marset es investigado por el asesinato de Marcelo Pecci, registrado en mayo de
2022 en Barú.
“Me
habla ella de un segundo anillo de participantes intelectuales y lo ubica a
este señor Marset, que hoy está en la información como uno de los que podrían
ser responsables”, indicó Rolón al respecto.
Además,
las comparaciones con Pablo Escobar, por las excentricidades que tuvo durante
su auge criminal, han provocado que se encuentren puntos en común, siendo el
fútbol uno de ellos.
Cabe
recordar que Escobar, junto a otros narcos en los ochenta, invirtieron parte de
su capital en el fútbol profesional, llegando al punto de contratar figuras
nacionales e internacionales en las instituciones que fueron vinculadas al
narcotráfico.
En
Paraguay, que durante varios años fue la sede de su emporio criminal, Marset
intentó cumplir uno de sus sueños: jugar fútbol de manera profesional. A los 31
años, el uruguayo se convirtió en nuevo jugador del Deportivo Capiatá, en donde
recibió la camisa “10″.
Intentando
seguir los pasos de su ídolo, David Beckham, Marset era titular en Capiatá, en
donde el técnico, Jorge Núñez, reveló que los jugadores tenían conocimiento del
criminal que tenían como compañero y hasta le pedían al estratega no sacarlo
del equipo para seguir recibiendo los regalos, en dólares, que entregaba el
capo a varios de ellos.
En
una historia insólita del fútbol sudamericano, Deportivo Capiatá terminó
descendiendo a la tercera división y el uruguayo fue señalado como uno de los
responsables, puesto que falló un penal en uno de los partidos clave del
semestre.
Después
de que en Paraguay comenzó a ser identificado por sus crímenes, Marset se
radicó en Bolivia, en donde compró a El Torno FC, club vinculado a la liga de
Santa Cruz, y utilizó el dorsal ’23′ en honor a Beckham.
En
Bolivia también tenían conocimiento del accionar delictivo del uruguayo, que
comenzó a ser llamado por sus compañeros como “El rey del sur”, siendo uno de
los jugadores titulares en la institución durante el tiempo que estuvo allí.
Al
final, El Torno FC terminó pagando las consecuencias por ser cómplice de uno de
los criminales más buscados de la región, ya que terminó suspendido por
incumplir los estatutos del reglamento de la FIFA.
“Se
tomó la determinación de suspender a este club por mala inclusión y legalidad
de sus futbolistas. El Consejo Central es responsable de suspender a un miembro
que incumpla sus obligaciones derivadas de los estatutos y otros reglamentos de
la FIFA”, informó el presidente de la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF), Noel
Montaño.
REAPARECIÓ
MARSET CON UNA CARTA: “¿POR QUÉ NO SE OCUPAN MEJOR DE LOS PROBLEMAS DEL PAÍS Y
SE OLVIDAN DE MÍ?”
UY
Press de Uruguay (https://n9.cl/1gm4a)
Cuando
aún está en el candelero la discusión sobre la venia para la designación de
Carolina Ache como embajadora en Portugal, el narcotraficante Sebastián Marset
–a quien se le otorgó el pasaporte cuando la postulada era subsecretaria de
Exteriores- reapareció con una carta dirigida a las autoridades de cada uno de
los países que lo buscan.
Sebastián
Marset, el narcotraficante a quien se le otorgó el pasaporte llevando a la
caída de varias autoridades y que es afanosamente buscado por varios países,
reapareció este martes con una carta enviada a Informativo Carve.
La
misiva está dedicada "a cada uno de los países" que me
"persiguen", según afirma.
Respecto
a nuestro país, sostiene que "me fui en el año 2018 y nunca más volví. No
entiendo cuál es el deseo sexual que tienen conmigo. ¿Por qué no se ocupan
mejor de los problemas del país y se olvidan de mí, que estoy lejos hace siete
años?", expresa.
En
lo que refiere a Bolivia, Marset asegura que, como dijo "antes",
"el narcotráfico es el crecimiento del país". Según el requerido,
"el país se sustenta de eso, así que entre fantasmas no nos vamos a pisar
las sábanas. Tampoco hay una puta prueba contra mí ni mi familia; se inventaron
un caso que estoy tratando de revertir con dinero, que al final de cuentas eso
era lo que querían", responde.
Sobre
Paraguay, señaló que "también viven del narcotráfico", al tiempo que
criticó la extradición de su esposa, Gianina García Troche, que fuera
trasladada el pasado 21 de mayo desde España y permanece recluida en una cárcel
de máxima seguridad en Paraguay.
"Respeten
el narcotráfico, dejen de meterse con mi familia. Tienen a la madre de mis
hijos presa, sin ni siquiera una TV en su celda, aislada como si fuera una
delincuente peligrosa, y esa mujer no ha cometido ningún tipo de delito en toda
su vida, y ustedes lo tienen claro", señaló.
En
relación a Estados Unidos, que de forma reciente lo ubicó entre los fugitivos
más buscados por la DEA, Marset sentenció: "A esos malditos gringos no les
tengo ni un pelo de miedo, les dejo bien claro y ya lo tienen bien claro.
(También me quieren inventar un caso.) Yo jamás en mi puta vida ni siquiera he
hablado de ustedes; para mí no existen", expresó respecto a Estados
Unidos, que a través de la DEA recientemente lo ubicó como uno de los fugitivos
más buscados.
Marset
también se refirió al juicio en ese país contra Federico Santoro Vasallo, alias
"Capitán", sindicado como su testaferro y que se declaró culpable por
el lavado de millones de dólares provenientes del narcotráfico.
"Lo
que haya hecho el sapo de Federico Santoro mediante cuentas bancarias lo hizo
él; ese no era mi trabajo. Si él se convirtió en sapo ahora, que tenga los
huevos para asumir que ese era su trabajo. Yo no soy cambista, yo manejo mi
rubro bien manejado, y no me meto en los trabajos de otros. Nunca le pregunté
ni siquiera cómo bajaba el dinero. Así que, si lo hacía de Estados Unidos,
China o Chile, como dicen, a mí me chupa tres huevos. Yo no lo hice, por lo
tanto no he cometido ningún delito en los Estados Unidos", señaló.
Sobre
el final de la carta, Marset aseguró que "con tiempo y dinero"
solucionará "todos" sus problemas. "Y agarrarme no me van a
agarrar nunca, porque inteligencia tienen cero. Ustedes necesitan de sapos para
capturar, y los míos, los que están a mi lado, son leales. ¡Pueden ofrecer cien
millones de dólares si quieren; eso no me da ni un poquito de miedo!",
sostuvo.
"Creen
que estoy en Venezuela. Bueno, al menos aquí hay un presidente que tiene los
huevos bien puestos, y todo el gobierno es un narcogobierno, pero no lo niega
ni les da poder a esos gringos. Acá se paran en la línea y se mantienen firmes.
No son como los hipócritas paraguayos, que les lamen los huevos a los
estadounidenses, pero trafican sin parar", agregó.
"Si
en algún momento quieren llegar a un acuerdo conmigo, mis abogados pueden
sentarse a escuchar, pero dejen a mi familia en paz. Yo sé que nada es gratis,
pero digan la cifra y terminemos con esta farsa", concluyó.
La
respuesta del ministro Negro
El
ministro del Interior, Carlos Negro, fue tajante al responder a la carta de
Sebastián Marset: "Hace décadas" que el narcotráfico y las
organizaciones criminales envían mensajes de este tipo a "los sistemas
políticos y los Estados", afirmó en declaraciones consignadas por El País.
"Hay una disputa de poder entre las grandes organizaciones criminales por
la gran disponibilidad de recursos que se manejan", aseguró.
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