Además de los
costos para la salud y saldos negativos en materia de seguridad y violencia que
el mercado de las drogas causa en países de América Latina como México, la
fabricación y eliminación de estupefacientes tienen importantes impactos en los
ecosistemas debido a los efectos contaminantes causados por los precursores
utilizados para su fabricación y por la deforestación de bosques para los
cultivos ilícitos, de acuerdo con la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes (JIFE), brazo de las Naciones Unidas.
Funcionarios y
especialistas de medio ambiente, consultados por El Economista, advierten que
la producción ilícita de drogas, como la cocaína, es una amenaza latente en
Centro y Latinoamérica; zona del continente americano que mayor actividad de
este tipo registra.
El viceministro
de Gestión Ambiental de Perú, Mariano Castro, explicó que el daño vinculado con
la producción de la droga tiene tres grandes impactos ambientales: la
deforestación de bosques amazónicos para habilitar tierras de cultivos
ilícitos; la degradación y contaminación del suelo por el cultivo intensivo de
coca en tierras forestales y de protección; y la contaminación del agua y el
suelo por el vertido de los insumos químicos utilizados para la producción de
los estupefacientes.
Al ser una
actividad ilegal se realiza sin cumplir ningún tipo de estándar, entre los que
se incluyen los medioambientales, advirtió el funcionario peruano. Tanto el proceso
de plantar las hierbas de las que se obtendrá la droga, como los mecanismos por
los cuales se destilarán, emplean químicos capaces de erosionar la tierra de
manera casi irreversible.
La JIFE explica
en su reporte mundial 2013 que el proceso mediante el que se eliminan las
sustancias empleadas en la fabricación de drogas ilícitas las introduce en el
medio ambiente a través de las aguas residuales, y a partir de ahí pueden
llegar a los sedimentos, a las aguas superficiales, subterráneas y a los tejidos
de vegetación y organismos acuáticos.
En
consecuencia, la fauna, la flora silvestre y los seres humanos pueden estar
expuestos de manera crónica a dosis muy bajas de la droga o de los productos
químicos utilizados para su fabricación ilícita. Esto genera costos para las
personas y para los gobiernos, que son responsables de garantizar la salud
pública.
De acuerdo con
la JIFE el cultivo ilícito del arbusto de coca y de la adormidera ha dado lugar
a la tala de bosques –en el caso de la coca–, principalmente en Bolivia,
Colombia y Perú. Algunos de los efectos devastadores que tiene ese cultivo para
la biodiversidad son la pérdida, la degradación y la fragmentación de los
bosques y la pérdida de zonas que podrían dedicarse al cultivo de alimentos.
Además de la deforestación
causada por el cultivo, los productos químicos utilizados para la elaboración
de drogas ilícitas pueden ser perjudiciales para la biodiversidad tanto en la
zona inmediata como aguas abajo, a consecuencia de la escorrentía. También
pueden tener efectos negativos los productos químicos que se utilizan para la
fumigación de cultivos ilícitos desde el aire.
Hacia 2010 la
JIFE advertía sobre un crecimiento “preocupante” del cultivo de amapola en el
país. En su informe anual de ese año reveló que la superficie total de cultivo
ilícito erradicado en México aumentó de 13 mil 95 hectáreas en 2008 a 14 mil
753 en 2009.
En tanto, hacia
2012 la JIFE reportó que en México el cultivo de adormidera permanecía y
observó que las incautaciones de anhídrido acético, sustancia extraída de esta
flor, han estado principalmente relacionadas con la fabricación ilícita de
P2-P, un precursor de la metanfetamina, y no con la fabricación ilícita de
heroína, que también existe. En el país las incautaciones comunicadas de anhídrido
acético aumentaron exponencialmente en el quinquenio 2007-2011, de 10 a 76,600
litros reveló el brazo de la ONU para la fiscalización de estupefacientes.
El abordaje
La
responsabilidad de atender y generar medidas para enfrentar y dar solución a los
impactos de los contaminantes de la agricultura y producción de la droga
compete a todas las naciones que son parte de la cadena: los productores,
comerciantes y los consumidores, recomendó Yolanda Díaz, directora del
Observatorio Ecológico Ambiental para América Latina.
A decir de
Cecilia Iglesias, de la Asociación Civil Red Ambiental, la industria de la
droga, como cualquier industria contaminante, debe abordarse globalmente,
porque de no homologarse las medidas el problema se traslada a países donde las
reglas son menos estrictas.
Mariano Castro
expuso que en la región el problema se aborda de maneras diferentes: la
transición a la regularización -dentro de lo posible-; la intervención directa
a extracción del cultivo ilegal a través del castigo a quienes ejercen esta
actividad ilícita y la rehabilitación de las áreas afectadas; finalmente el
fenómeno se ha tratado a través del reemplazo de los cultivos ilícitos hacia
plantíos legales, como el cacao en el caso de Perú.
El golpe de las
drogas al medio ambiente no es sólo un problema ecológico, abundó el
viceministro, también es económico y social, por ende debe abordarse desde una
perspectiva multisectorial y multilateral.
Ante ello,
recomendó que los gobiernos de América Latina deben trabajar de manera conjunta
compartiendo información respecto a lo que está en riesgo, las experiencias y
la promoción de una estrategia de aprovechamiento de biodiversidad y recursos
naturales. (www.eleconomista.com.mx/sociedad)
LA NARCO-DEFORESTACIÓN ARRASA CENTROAMÉRICA
El País de España (www.elpais.com)
La
narco-deforestación azota a Centroamérica. Los bosques y las montañas de un
corredor biológico en el Caribe y las comunidades indígenas sufren las
tropelías de los contrabandistas de droga, que se aprovechan de su trato con
gobiernos débiles, regímenes de propiedad conflictivos, alto nivel de pobreza,
cambio climático, tala ilegal, megaproyectos de infraestructura y expansión de
negocios agropecuarios.
La advertencia
está contenida en un paquete de informes divulgados este lunes en la capital
costarricense y elaborados por la Alianza
Mesoamericana de Pueblos y Bosques y el Programa Salvadoreño de Investigación
sobre Desarrollo y Medio Ambiente (PRISMA), en coordinación con
universidades de Estados Unidos y grupos no gubernamentales de México y
Centroamérica.
Pese a que la
crisis ataca con dureza a la región de La Mosquitia, en Honduras y en
Nicaragua, y en El Petén, en Guatemala, también zonas caribeñas más prósperas
como Panamá y Costa Rica están en riesgo.
“En los
paisajes rurales de Petén, objetos de disputa, se combinan sitios más nuevos de
transferencia primaria de drogas con rutas secundarias establecidas de
transbordo a México. En el Parque Nacional Laguna del Tigre y áreas protegidas
de la municipalidad de Sayaxché, la intensificación del narcotráfico ha
coincidido con tasas anuales de deforestación de 5% y 10%, respectivamente.
Análisis catastrales confirman que los narcotraficantes son propietarios de
grandes fincas dentro de Laguna del Tigre y otras áreas protegidas”, se lee en
el informe.
“Focos de
deforestación intensiva a menudo se superponen en el espacio con nodos de
tráfico, en particular cerca de centros primarios de transferencia de drogas en
las zonas orientales de Nicaragua y Honduras. Por ejemplo, en 2011, la Reserva
de la Biosfera Río Plátano de Honduras fue calificada por UNESCO (Organización de Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura) como Patrimonio de la
Humanidad en Peligro debido a las alarmantes tasas de pérdida de bosques
atribuidas a la presencia de narcotraficantes, según indicarían las múltiples
pistas de aterrizaje clandestinas a lo lago y a lo ancho de la reserva”,
puntualizó.
El área
deforestada en Honduras es la suma de las nuevas talas de más de 5,2 millones
de hectáreas, según el Espectroradiómetro de Imágenes de Media Resolución de la Administración Nacional del Espacio (NASA),
de Estados Unidos.
La
deforestación “fue aumentando al mismo ritmo que el aumento del tránsito de
cocaína por el bosque de Honduras oriental. El gran tamaño de los nuevos
manchones de deforestación detectados (más de 5,2 millones de hectáreas) en
relación con los cuadros agrícolas indígenas (menos de dos millones de
hectáreas) indicaría la presencia de agentes que cuentan con capital inusual en
el terreno. De manera similar, en El Petén en Guatemala, el ingreso de una
cantidad sin precedentes de cocaína en la región coincidió con un periodo de
gran deforestación”, explicó.
En una
minuciosa descripción del fenómeno, los estudios determinaron que los
narcotraficantes recurren a “tres mecanismos interrelacionados” para que la
deforestación esté atada al establecimiento de centros de tránsito de drogas.
El primero es
talar bosques para abrir caminos y pistas de aterrizajes clandestinas. El
segundo es intensificar las presiones “preexistentes” sobre los bosques, al
introducir cantidades “sin precedentes” de dinero y armas en zonas de frontera
“que de por sí tienen un gobierno débil”. “Cuando residentes productores,
cultivadores de palma de aceite, especuladores inmobiliarios y traficantes de
madera se involucran en el narcotráfico, se narco-capitalizan y se vuelven más
audaces, por lo que expanden sus actividades, generalmente en perjuicio de los
minifundistas (indígenas) que a menudo son defensores claves del bosque”,
precisó.
En este
escenario, añadió, indígenas y campesinos “se declaran impotentes contra los
sobornos, fraudes inmobiliarios y brutalidad que los despojan de sus tierras.
El gobierno del bosque a niveles más altos también está desgastado por la
violencia y la corrupción: los grupos de conservación han recibido amenazas y
temen ingresar a las ‘narco-zonas’ y los fiscales estatales reciben coimas a cambio
de desviar la mirada”.
El tercer paso
es que “las inmensas ganancias” obtenidas en el narcotráfico crean “fuertes
incentivos” en las redes criminales para invertirlas en actividades agrícolas.
“Convierten al bosque a la agricultura (generalmente pasturas o plantaciones de
palma de aceite). Las ganancias requieren ‘lavado’. La adquisición y
‘mejoramiento’ de tierras remotas (por deforestación) permite que los dólares
se conviertan en activos privados sin dejar rastro y, a la vez, legitima la
presencia” de los carteles del narcotráfico bajo la cobertura de una producción
agropecuaria, subrayó.
“Las grandes
‘narco-propiedades’ además sirven para monopolizar el territorio contra
organizaciones de narcotraficantes rivales y maximizar la zona de actividades de
los traficantes”, apuntó.
Aunque comprar
bosques en áreas protegidas e indígenas es ilegal, los narcotraficantes “tienen
suficiente influencia política como para asegurar su impunidad y, si hace
falta, falsificar los títulos de propiedad de las tierras. Así, pueden obtener
beneficios de la especulación inmobiliaria cuando las venden a organizaciones
criminales (nacionales y extranjeras) que con frecuencia cada vez mayor
utilizan el emprendimiento rural como rubro de diversificación”, alertó.
La situación se
agrava cuando el crimen organizado logra vender esas propiedades a “intereses
corporativos legítimos” que buscan invertir en negocios agropecuarios en
Centroamérica. “El resultado es que los bosques se convierten en forma
permanente en tierras agrícolas”, afirmó.
Según los
documentos, con fronteras permeables, corrupción y debilidad institucional
pública, sitios remotos de Guatemala y Honduras con “escasa población y poca
presencia estatal” en áreas limítrofes boscosas “ofrecen condiciones ideales”
para los traficantes, mientras Centroamérica se consolidó en los últimos años
como puente del contrabando de estupefacientes de Colombia a México y Estados
Unidos.
En una
entrevista con EL PAÍS, la estadounidense Kendra McSweeney, investigadora
del Departamento de Geografía de la Universidad del Estado de Ohio, y coautora
de los estudios, explicó que el fenómeno se agravó desde que el Ejército de
México lanzó, en 2006 y 2007, la guerra al narcotráfico, y los carteles
mexicanos desplazaron sus operaciones a Centroamérica.
“En los últimos
seis años, sobre todo, hemos visto un verdadero tsunami de cocaína que
pasa por vías terrestres en Mesoamérica. Siempre había droga pasando por
Centroamérica, pero nunca como en los últimos seis años”, aseguró. “Los
traficantes trabajan en zonas boscosas para traficar y limpiar sus ganancias
sucias e invierten sus dólares sucios en potreros, ganadería, minería,
agro—negocios como la palma africana y el bosque se convierte en pastizales por
el narcotráfico”, lamentó.
¿DE
QUIÉN ES EL NEGOCIO DE LA COCA?
El
Tribuno de Argentina (www.eltribuno.info/salta)
Por fin
escuché lo que quería, algo que me tenía loco desde que coqueo. Y mire lo que
son las cosas, tenía razón en mis pensamientos. Y me los aclaró nada más y nada
menos que Sergio Berni, secretario de Seguridad, en el reportaje que le hizo
nuestro compañero Hugo Krasnobroda.
Del ministro
teníamos una versión que había dicho que había que prohibir el ingreso de coca
al país y se armó el quilombo. La voz popular gritaba: “¡Está loco, si
coqueamos toda la vida los salteños!”. Ya nos veíamos armando acullicos de
ligustrines.
Pero, en el
reportaje de Krasnobroda, sobre la prohibición del coqueo, el ministro dijo:
“No, absolutamente.
Es una
cultura milenaria, lo que yo dije fue sacado de contexto. Yo lo que digo es que
en un país donde la ley permite el coqueo también debe permitir la
comercialización de la hoja de coca y no estar penada.
Hoy se genera
un actividad ilícita como sucede con la hoja de coca. Si nosotros en una ley
permitimos que se puede coquear, los legisladores deben legislar para permitir
que esa hoja de coca se comercialice regulada”.
Ahí apuntaba yo. Por un lado prohíben el ingreso de coca y por otra nos dicen que es legal coquear. ¿De quién es el negocio de la coca que compramos todos los días?
Ahí apuntaba yo. Por un lado prohíben el ingreso de coca y por otra nos dicen que es legal coquear. ¿De quién es el negocio de la coca que compramos todos los días?
Y si por esas
casualidades andamos por el otro lado de la frontera, por Bolivia, y se nos
ocurre traer algo de cocarda, la Aduana nos pone un tope que es mínimo, pero
acá en Salta podemos comprar la cantidad que queramos en los lugares
permitidos.
Ojo, no les
quiero arruinar el negocio a nadie, simplemente considero que hay que hacerle
caso al ministro, repito: “Si nosotros en una ley permitimos que se puede
coquear, los legisladores deben legislar para permitir que esa hoja de coca se
comercialice regulada”.
Cambiando de
ángulo, el miércoles pasado se festejó el Día Internacional del Acullico en
Bolivia, me lo contó el Coco Salas. El objetivo, según las autoridades, fue
demostrar que la hoja es, en su estado natural, es remedio para la diabetes y
un energizante que ayuda en labores de gran esfuerzo físico. ¿Qué tal,
Tartagal?
BRASIL Y BOLIVIA COMO EJEMPLOS PARA IMPLANTAR VOTO
ELECTRÓNICO
El Metro de Puerto Rico (www.metro.pr)
El asesor del
presidente del Tribunal Supremo Electoral de Brasil, Paulo Camarao, presentó
hoy una ponencia ante el Senado, donde detalló cómo el proceso electoral
brasileño ha ido avanzando tecnológicamente desde 1996, cuando se celebraron
las primeras elecciones con voto electrónico en este país de América del Sur.
La presentación
de Camarao se da ante la posibilidad de que se implemente el voto electrónico
en la isla en las elecciones generales de 2016, que tendría un costo de 27
millones de dólares y que incluiría el despliegue de cerca de seis mil
máquinas.
“Desde el año
1996 estamos ejerciendo el derecho al voto electoral de manera computadorizada.
Es un proceso de incuestionable transparencia para los partidos candidatos y
electores. Es un proceso que se ha ido mejorando en cada elección y hasta hoy
no tenemos un solo de fraude que haya sido comprobado”, dijo Camarao.
Camarao declaró
en una audiencia pública conjunta de las Comisiones de Gobierno y Hacienda del
Senado, que analizan la resolución 249, que ordena a la Comisión Estatal de
Elecciones (CEE) a incorporar el escrutinio electrónico en Puerto Rico para las
elecciones de 2016.
“El proyecto
electoral de un país no sirve para otro. Cada cual tiene que crear su sistema
electrónico, por las leyes aplicables y realidad cultural de cada grupo”,
indicó el brasileño.
Camarao recordó
que en Brasil “tenemos 201 millones de habitantes y 140 millones de votantes, en
territorio de 85 millones de kilómetros cuadrados y el sistema funciona
perfectamente. Por ejemplo, el estado de Sao Paulo, con 20 millones electores,
está dividido en 40 zonas, que funcionan como colegios electorales”.
Mientras,
Marcello Carvahlo, exdirector de Misión Electoral de la Organización de Estados
Americanos y actual consultor electoral, presentó el caso de Bolivia: “Es un
país tremendamente pobre que decidió aplicar la tecnología al proceso electoral
y actualizaron su registro electoral en cuatro meses”.
Agregó que
“allá reinscribieron a todos los electores, hasta los residentes del altiplano,
a cuatro mil metros de altura. Finalmente fueron cinco millones de electores
registrados con un sistema biométrico, con las diez huellas digitales, foto de
la cara y coordinación con el registro civil. Eso se logró en cuatro meses con
un sistema sencillo”.
NO A LA REELECCIÓN INDEFINIDA
El Universo de Ecuador (www.eluniverso.com)
En el ejercicio
de la política se utilizan muchos trucos. Uno de ellos es prometer lo
imposible. Otro es sostener un día una cosa para después afirmar lo contrario.
Juan Montalvo lo sabía muy bien cuando lo interpelaron por haber caído en una
contradicción y muy suelto de huesos contestó algo así como “a otros hechos
otras palabras”.
Descreo de las
declaraciones sobre la reelección presidencial indefinida y digo por qué:
1.- El Gobierno
tiene un proyecto a largo, 300 años más o menos. Recién van siete. Se sostiene
que la revolución necesita consolidar sus conquistas. Los políticos se
justifican con el bien común y la lucha contra la pobreza. El partido no tiene
todavía sucesor.
2.- Se trata de
un proyecto continental que trata de implantar esa entelequia que se llama
Socialismo Siglo XXI. La revolución ciudadana ha planificado su versión en
Ecuador, con matices diferentes de los aplicados en Venezuela, Nicaragua,
Bolivia y Argentina. La vía utilizada es el voto popular. Sus caudillos tienen
el carisma que les concita el apoyo del pueblo, aunque no sepa adónde lo
llevan. La gente recibe los subsidios, las sonrisas y las obras públicas.
Agradece votando por los líderes.
3.- El Gobierno
ecuatoriano domina todos los poderes. No los va a ceder en aras de principios
que corresponden a otras épocas y que son sostenidos por la burguesía y los
grupos de presión, incluyendo la prensa denominada corrupta.
4.- Todo
gobernante siente la angustia del tiempo que se escapa y no le permite resolver
los problemas como quisiera. Es la tentación de la permanencia en el poder y
ciertos caracteres caen fácilmente en ese pecado, especialmente cuando se han
convencido a sí propios que son perfectos. Si se equivocan, la culpa es de los
otros.
5.- Con mayoría
en el Parlamento, reformar la Constitución es fácil. Pero se pondrán en
evidencia las verdaderas intenciones del gobernante. Vale la pena preguntarse:
¿estos diputados, representan ahora la voluntad popular?
Los argumentos
anteriores resultan banales ante el hecho de que el pueblo, que sufre los
desaciertos y abusos de los poderosos, derrotó a los candidatos promovidos por
el Gobierno. Rechazó el proyecto del Socialismo Siglo XXI porque lo ha visto
fracasar en Venezuela y en Argentina. Eso es lo que nos gritan los resultados
del 23F. Si el Gobierno se siente tan seguro de sus aciertos, ¿por qué razón no
le pregunta directamente al soberano si aprueba una reforma de la Constitución
para cambiar las disposiciones sobre la reelección presidencial? No lo hará si
teme un nuevo fracaso.
Nadie podrá
resolver nunca todos los problemas de una sociedad, porque esta es un ser vivo
que siempre crea desafíos nuevos, cualquiera que sea el tipo de organización.
Esta es una poderosa razón a favor de la alternabilidad republicana: que vengan
otras personas con nuevas ideas para progresar.
No podemos
engañarnos otra vez. Se aprobará la reelección indefinida en el Congreso. Pero
debemos luchar para que el pueblo sea consultado. La oposición debe prepararse,
aunque sea con distintas voces, para explicarle por qué debe decir que no a la
dictadura perpetua.
SE PODRÁ LLEGAR A LA PAZ A TRAVÉS DE 2 TRAMOS
Diario Correo de Perú (www.diariocorreo.pe)
La
reclasificación de ruta regional a nacional de la carretera Tacna - Collpa por
el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones permite que se pueda llegar a la ciudad
de La Paz (Bolivia) por dos frentes una vez se culmine los trabajos de la
carretera de 164 kilómetros.
TRAMOS.
En la
reclasificación el MTC
realizo el cambio a la ruta PE-40 cuya trayectoria es: Tacna- Pachía- Palca - Alto Perú –Rosaspata –
Ancomarca – Tripartito (frontera con Bolivia y Chile) y también
PE-40 A de trayecto: Rosaspata –
Pocuyo – Collpa (frontera con Bolivia).
Una salida por
la zona del Tripartito era un sueño de los pobladores y autoridades de Palca
que ahora el gobierno central lo cristaliza con la construcción de un ramal a
Bolivia.
"Nos hemos
comprometido asumir la competencia de esta vía y hoy estamos cumpliendo para
poder pavimentarla y que nos conecte con Bolivia. Ahora se trata de agilizar
los estudios que faltan para empezar lo más rápido posible y convocar la
ejecución de esta carretera de suma importancia para Tacna", anoto el
ministro Carlos Paredes Rodríguez en una nota de prensa.
TRABAJOS.
La elaboración
del expediente técnico y la ejecución demandará S/. 512 millones al estado, la
vía se hará en asfalto en caliente, de 6.6 m de ancho, bermas y veredas.
Proyecto. El
expediente técnico debe culminar en febrero del 2015 e iniciar su licitación en
julio y la construcción de la vía comenzar en setiembre.
Global Voice de España (www.es.globalvoicesonline.org)
El 13 de
febrero, el tribunal supremo de Bolivia dictó una esperada resolución sobre
ciertas cláusulas del código penal, que penaliza el aborto excepto en caso de
violación, incesto o peligro para la vida o la salud de la madre.
En un caso muy
mediático que se ha eternizado durante dos años, el Tribunal Constitucional
Plurinacional (TCP) rechazó una enmienda a una ley de 1972, basada en la nueva
constitución boliviana, que garantiza los derechos sexuales y reproductivos de
la mujer, y prohíbe la discriminación basada en el sexo. Pero también anuló una
regla que exige el consentimiento de un juez para llevar a cabo un aborto
legal, exigencia que ha sido un importante obstáculo para realizar abortos sin
riesgo en los casos permitidos por la ley.
Tanto los
partidarios como los detractores del aborto encuentran razones para celebrar la
salomónica decisión. El Catholic Family and Human Rights Institute,
C-FAM [en] (Instituto de la Familia Católica y los Derechos Humanos), citando
el explícito rechazo del TCP al aborto como derecho reproductivo
constitucional, tilda la sentencia de «hiriente derrota» de los que proponen la
despenalización. El TCP también afirmó que el respeto por la vida es un pilar
fundamental del estado boliviano.
Pero para IPAS [en], una ONG internacional que apoya a grupos bolivianos
defensores de los derechos reproductivos, el hecho de que el TCP haya eliminado
el consentimiento judicial es un «paso positivo e importante para los derechos
femeninos en la región». Un estudio de IPAS [en] de 2012 descubrió que se niega la
autorización judicial para los abortos terapéuticos de forma rutinaria, dejando
incluso a las víctimas de violación y mujeres cuya salud peligra a merced de
prácticas clandestinas. Según consta, en más de 40 años desde que se aprobó el
nuevo código penal, solo se han aprobado seis abortos.
La eliminación
del consentimiento judicial era una de las principales exigencias de dos
comités de las Naciones Unidas que el año pasado apremiaron a Bolivia para que
se adecuase al creciente cuerpo de jurisprudencia nacional e internacional,
ratificando el derecho de la mujer al aborto. Entre otros aspectos positivos de
la resolución, IPAS cita la llamada del TCP al Congreso y al ejecutivo
bolivianos para que aseguren el acceso universal al aborto terapéutico seguro,
y para que desarrollen programas educativos y sanitarios que protejan los
derechos sexuales y reproductivos de la mujer.
También es
interesante el novedoso marco legal que utiliza el TCP para racionalizar su
decisión, en un aparente esfuerzo por reconciliar los principios
constitucionales bolivianos con los tratados internacionales y las creencias indígenas
tradicionales. En defensa del limitado derecho al aborto de Bolivia, la
resolución adopta una visión andina de la vida humana como parte de un ciclo
cósmico, sin principio ni final, que está protegido por la constitución. Al
mismo tiempo, reconoce la responsabilidad de Bolivia, como estado miembro de
tratados internacionales, de garantizar el aborto seguro para los casos
protegidos por la ley.
Por el momento,
al menos, el dictamen ha servido para apaciguar el debate, de gran carga emocional,
que suscita el caso en este país de ingente mayoría católica e indígena. Los
que se oponen a la despenalización utilizan argumentos en gran medida de índole
moral y religiosa.
En palabras de
la diputada indígena Emiliana Ayza, dirigente del grupo parlamentario del partido
gobernante MAS (Movimiento Al Socialismo) en la Cámara de los Diputados, el
aborto «es un asesinato y ganamos un pecado delante de Dios». De acuerdo con un
sondeo de 2010 [en], cerca de un 80% de las mujeres bolivianas
comparten esta opinión. Aún así, el 34% de los encuestados pensaban que ante un
embarazo no deseado, una mujer debe considerar el aborto.
La Iglesia
Católica, de fuerte presencia en Bolivia a lo largo de toda su historia (aunque
la religión católica perdió en 2009 su estatus de religión oficial del estado),
ha desempeñado un papel primordial en la oposición al aborto tanto en el ámbito
político como en el religioso. Según el Arzobispo de Santa Cruz, Sergio Gualberti, el aborto forma parte de la estrategia
imperialista para el control de la población, promovido por ONG internacionales
y gobiernos extranjeros que pretenden minar la soberanía boliviana. Este
argumento evoca la controversia que se produjo en la década de los 60 sobre las
supuestas actividades del U.S. Peace Corp para esterilizar mujeres
indígenas, que acabó con la expulsión de Bolivia de dicho cuerpo.
Los defensores
de la despenalización se centran en la crisis sanitaria [en] que rodea el aborto ilegal, cuyas
principales víctimas son las mujeres pobres e indígenas. A pesar de las
actuales restricciones, se estima que en Bolivia se practican anualmente entre 60 000 y 80 000 abortos, a menudo por métodos poco seguros, y
con frecuencia en las periferias urbanas empobrecidas, donde se concentran las
poblaciones indígenas. En casi la mitad de los casos es necesario administrar
cuidados hospitalarios de urgencia después del aborto.
Los estudios
muestran que los abortos sin garantías son los responsables de casi un tercio
de las muertes maternas de Bolivia, que tiene una de las mayores tasas de
mortalidad materna de América Latina. El gran número de embarazos no deseados
también está estrechamente vinculado a la violencia sexual, que sufren siete de cada
diez mujeres bolivianas (la segunda tasa más alta de Latinoamérica,
después de Haití).
Los estudios
también citan un «número
alarmante» [en] de investigaciones (775 casos solo en los distritos
de La Paz y Santa Cruz entre 2008 y 2012) contra mujeres sospechosas de haberse
sometido a un aborto ilegal, en su inmensa mayoría pobres e indígenas.
Instigadas por sanitarios, familiares y fiscales, estas querellas suelen
languidecer durante años en el sistema judicial, aunque un número relativamente
bajo ha terminado en sentencias de prisión (bajo la ley, el acto de someterse,
practicar o asistir en un aborto ilegal está castigado con penas de uno a seis
años).
Los activistas
a favor de los derechos reproductivos dicen que estas querellas se utilizan con
frecuencia para acosar e intimidar a las mujeres. En un caso muy sonado, una
mujer guaraní víctima de una violación pasó ocho meses en arresto preventivo
antes de conseguir su liberación por lo que quedaba de su sentencia de dos
años.
La dirección
del partido gobernante MAS, que suele cerrar filas en público, está
abiertamente dividida en este tema. Mientras que el presidente Evo Morales ha
manifestado su creencia personal en que el aborto es un crimen, cinco ministros de su gabinete (entre ellos, tres mujeres) han
mostrado su apoyo a la despenalización. El caso original que cuestionaba la
constitucionalidad de la restrictiva ley del aborto fue iniciado por la diputada
indígena Patricia Mancilla.
La resolución
del TCP es la última de una tendencia creciente [en] de acciones judiciales y legislativas
que reducen las barreras del aborto legal en Latinoamérica, una región con
algunas de las leyes de derechos reproductivos más restrictivas del mundo. A
finales de 2013, Uruguay aprobó el aborto sin restricciones en las primeras fases
del embarazo, sumándose a otros tres estados (Cuba, Puerto Rico y Guyana),
México D.F. y el departamento francés de ultramar de la Guayana Francesa,
donde el aborto está prácticamente despenalizado. Seis países latinoamericanos
(Argentina, Colombia, Perú, Guatemala, Venezuela y Ecuador) permiten abortos
terapéuticos en circunstancias similares a las de Bolivia. En siete países
(Chile, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam y República
Dominicana) el aborto sigue totalmente prohibido.
Aunque las
nuevas disposiciones no acabarán con los abortos de riesgo, los defensores
bolivianos de los derechos reproductivos son optimistas, ya que hará los
abortos legales más fáciles, rápidos y asequibles a un mayor sector de la
población. «Para las mujeres ha sido un avance» dice Patricia Mancilla, pero «la lucha recién empieza».
DEFENSORES
DE JUJUY Y BOLIVIA ACORDARON COOPERACIÓN BINACIONAL
El
Libertario de Argentina (www.ellibertario.com)
Los
defensores del Pueblo de Jujuy, Víctor Galarza, y del Estado Plurinacional de
Bolivia, Rolando Villega Villena, firmaron un convenio de cooperación
interinstitucional con el fin de “promover la defensa de los derechos humanos
de los ciudadanos bolivianos en territorio argentino, como así también los de
los jujeños en el vecino país”.
Por el
acuerdo, los defensores se comprometieron a impulsar acciones de amparo,
defensa y promoción de los derechos humanos en el territorio de sus
competencias.
Las
instituciones, en el marco del entendimiento, brindarán “cooperación y apoyo
necesario en el límite de sus competencias a los ciudadanos de ambas naciones
al momento de recibir denuncias y que se brindará información mutua inmediata
en casos de vulneraciones de los derechos humanos de bolivianos en nuestra
provincia, como así también de ciudadanos jujeños que se encuentren en
territorio boliviano”, se indico oficialmente.
El
intercambio pone énfasis además, en desarrollar estrategias de prevención
relacionadas con la trata y tráfico de niños en las zonas de frontera y el
intercambio de información institucional sobre temáticas de derechos humanos,
en especial cuando estén vinculados a los migrantes. De la misma manera se
prevé el diseño e implementación de programas de visitas, pasantías y otras
actividades de capacitación técnico-profesional, promoviendo la cooperación
institucional en foros nacionales e internacionales.
Asimismo, los
defensores acordaron instrumentar proyectos, intercambios técnicos, operaciones
y actividades como campañas de promoción y protección de los derechos humanos.
Para
concretar lo planteado en el convenio, se elaborarán planes de trabajo
previamente concertados por los defensores y se establecerá un programa
conjunto para desarrollar estrategias, se anunció.
Del acto de
firma del acuerdo tomaron parte los defensores adjuntos Hugo Eleit y Julio
Costas; la responsable de Tarija de la Defensoría boliviana, Gladys Sandoval y
la responsable del Departamento de Potosí, Jackeline Alarcón. También
asistieron la cónsul de Bolivia en Jujuy, Evelín Agreda Rodríguez y Juan José
Arévalos en representación del intendente de La Quiaca.
IMPUTADOS
LOS PADRES DE LA MENOR DE L'HOSPITALET SECUESTRADA EN BOLIVIA
El
Periódico de España (www.elperiodico.com/es)
El titular
del Juzgado de Instrucción número 1 de L'Hospitalet, que instruye el caso de la
menor marroquí residente en l'Hospitalet que estuvo secuestrada en Bolivia, ha
citado como imputados a los padres de la pequeña, que este lunes por la mañana
ha llegado al aeropuerto de El Prat. El juez les atribuye un delito de abandono
de familia.
La niña, de
10 años, fue liberada hace dos semanas en Bolivia tras permanecer secuestrada
siete meses. En el aeropuerto del Prat le esperaban sus padres, acompañados de
varios mossos d’Esquadra de la unidad central de secuestros. La pequeña
aterrizó de madrugada en Barajas, tras un largo viaje con los dos oficiales de
la Guardia Civil que se trasladaron hace un mes a Bolivia a seguir de cerca las
investigaciones sobre su localización y rescate.
El regreso de
la niña se ha retrasado debido a su situación en España, donde como el resto de
familiares carece de papeles. Para agilizar su vuelta, finalmente se le tramitó
un salvoconducto de urgencia que le ha permitido entrar finalmente en España.
El juez ha
pedido a la Generalitat informes sobre la conveniencia de que la pequeña vuelva
o no con su familia. La menor ha podido reunirse con su familia en el
aeropuerto, ante los que se ha mostrado contenta. A continuación, la pequeña ha
sido trasladada al hospital de Sant Joan de Deu, donde está siendo examinada
por los médicos. La pequeña presentaba buena cara.
El juez ha
ordenado que, con carácter provisional, la niña quede ingresada en un centro de
la Direcció General de Protecció a la Infància (DGAIA) hasta que reciba los
informes y pueda tomar una decisión. Mientras tanto, podrá ver a su familia
pero en un entorno "controlado".
Madre del
secuestrador a prisión
La menor fue
puesta en libertad el pasado día 8, tras permanecer casi siete meses en poder
de un ciudadano boliviano de 35 años que se la llevo a Bolivia con el permiso
de sus padres. El hombre está ingresado en la prisión de El Abra, en
Cochabamba, y la Fiscalía de Bolivia le ha imputado los delitos de trata de
personas, asociación delictiva y abuso sexual. También está en prisión la madre
del secuestrador que ayudó a su hijo a esconder a la niña las primeras semanas
y que no quiso colaborar con las autoridades bolivianas cuando el hombre se
adentró con la menor en la selva.
Operación en
Bolivia
En la
operación de rescate, de gran complejidad al tratarse de una zona de difícil
acceso, participaron de forma coordinada las fuerzas especiales contra el crimen
organizado de Bolivia y dos guardias civiles que se trasladaron al país andino,
con la participación de los Mossos d’Esquadra, y con el respaldo de la Embajada
de España en La Paz.
El presunto
captor era vecino de rellano de los padres de la niña, que dieron su permiso
para que la menor le acompañara a unas vacaciones al país andino. La pequeña
llegó a Bolivia en agosto del año pasado y dos semanas después la familia había
perdido el contacto con ella. Entonces denunció su desaparición ante los Mossos
de'Esquadra.
DETIENEN
A CUATRO CAMIONEROS EBRIOS EN LA FRONTERA CON BOLIVIA
Cuatro
camioneros bolivianos fueron demorados preventivamente ayer al ser descubiertos
conduciendo en estado de ebriedad rumbo a la frontera norte del país
El
Intransigente de Argentina (www.elintransigente.com/notas)
Cuatro camioneros bolivianos fueron demorados
preventivamente ayer al ser descubiertos
conduciendo en estado de ebriedad rumbo a la frontera norte del país. Los
procedimientos se concretaron ayer en la Sección Seguridad Vial de Río Las
Pavas, próximo al límite entre nuestra provincia y Jujuy, sobre la Ruta
Nacional 34 cerca de las 16.
El primero de
los conductores controlados evidenció 0.08 gramos/litro de alcohol en sangre;
mientras que el segundo caso fue a las 16.16 ocasión en que el chofer marco
0,52 de alcohol en sangre.
Diez minutos
más tarde un tercer camionero fue demorado al constatarse que presentaba estado
alcohólico en un grado de 0,45 mientras que el último presento etilismo en 0,39
gramos en litro de sangre.
Estas
personas, domiciliados en La Paz, Yacuiba y Tarija, fueron demoradas en el
marco de actuaciones por infracción al artículo 48 inciso A de la ley 24.449.
Se hace notar que los vehículos, cuatro camiones Volvo, circulaban procedentes
de la República de Chile con destino a Bolivia, siendo los mismos transportes
de cargas peligrosas como alcohol.
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