Con el cambio
de guardia en las legaciones bolivianas en Chile y Perú, además del próximo
nombramiento de un embajador itinerante, el Gobierno refuerza su estrategia
diplomática para promover la reintegración marítima.
El presidente
Evo Morales decidió ayer en la reunión de gabinete cambiar al general Hugo de
la Fuente, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, por la historiadora y
docente emérita de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) Magdalena Cajías
de la Vega, quien ya fue ministra de Educación (2007-2008).
Morales, en una
declaración de prensa efectuada en el Palacio Quemado, afirmó que se trata de
“reforzar el servicio exterior” y anticipó que similar criterio se aplicará en
la Embajada de Bolivia en Perú, actualmente dirigida por Jorge Ledesma, dirigente
del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS). “Oportunamente comunicaremos (el
nombre del nuevo embajador)”, afirmó Morales.
“Además, hemos
decidido que habrá un embajador itinerante con el tema del mar (para que
promocione) en todo el mundo”, dijo el Jefe de Estado, aunque no anticipó el
nombre de la autoridad diplomática que elegirá. “Estamos en la etapa de cómo
conseguir alguna personalidad, hombre o mujer, que nos pueda representar en el
mundo con el tema único que es el tema del mar”, apuntó.
La decisión del
Gobierno se dio en un momento en el que la agenda con Chile está congelada y las
conversaciones oficiales con Perú quedaron a la espera de una reunión entre los
presidentes Evo Morales y Ollanta Humala. De acuerdo con expertos,
historiadores y diplomáticos, la relación con ambas naciones vecinas es clave
para que Bolivia pueda canalizar la demanda de reintegración marítima.
El expresidente
Carlos Mesa en reiteradas ocasiones llamó al Gobierno a recuperar las
relaciones políticas con Perú, país con el que además existe un Tratado de
Mercado Común y el proyecto de integración Gran Mariscal de Santa Cruz que dio
vida al convenio de Ilo, que establece facilidades portuarias, turísticas y de
zona franca en una zona costera de 163 hectáreas por 99 años. No obstante, el
convenio todavía debe ser ratificado por el Congreso del Perú.
La presidenta
de la Comisión de Relaciones Internacionales, Betty Tejada, dijo que pedirá la
conformación de una comisión de legisladores que viaje a Lima para hacer “un
acompañamiento protocolar” al proceso de ratificación del convenio de Ilo. Aclaró
que la iniciativa no tiene el afán de hacer un seguimiento ni pretende
inmiscuirse en los procedimientos soberanos que tiene el Legislativo del vecino
país. El entendimiento de Ilo se firmó hace tres años.
La nueva cónsul
de Bolivia en Chile, Magdalena Cajías, anticipó ayer a La Razón que en breve se
trasladará a Santiago para asumir funciones oficialmente. “Todo mi futuro
trabajo en Chile será muy importante (...) Tengo muchos sentimientos positivos
en la cabeza, proyección, posibilidades y desafíos con los cuales me siento muy
comprometida”, aseguró.
Itinerante. El
17 de abril, el Gobierno presentará en La Haya (Holanda), ante la Corte
Internacional de Justicia (CIJ), la memoria histórica con la que se
fundamentará el proceso legal planteado contra Chile para lograr una
negociación formal sobre el reclamo de Bolivia de volver al Pacífico, un acceso
que perdió tras la Guerra del Pacífico (1979-1883).
El presidente
de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, dijo que este proceso legal será acompañado
por la “estrategia” que anunció ayer el Jefe de Estado que incluye la
designación de un embajador itinerante. “Eso nos servirá mucho más para mejorar
las relaciones y trabajar el tema marítimo (...) el embajador que trabaje a
nivel internacional, son estrategias que aseguran bilateralmente,
internacionalmente el trabajo; esto es fortalecer”, remarcó. Bolivia nombró
anteriormente embajadores itinerantes para promover acciones en la OEA.
Escenarios bilaterales y Globales
Embajadas
Bolivia envía
una señal a Chile con el cambio en la legación. La apuesta es la apertura al
diálogo integral. Cajías es la primera mujer que dirige el consulado boliviano.
Global
El embajador
itinerante divulgará la demanda boliviana de acceder al mar con la perspectiva
anticipada por el presidente Evo Morales, vinculada con la diplomacia de los
pueblos.
La Haya
La memoria se
presenta el 17 de abril.
Bachelet espera el ‘diálogo que corresponde’
EFE
La presidenta
de Chile, Michelle Bachelet, expresó ayer el deseo de “retomar la agenda de
trabajo” con Bolivia, en alusión a los temas políticos, económicos y
fronterizos que en 2006 acordaron discutir los dos gobiernos. “Esperamos tener
el diálogo que corresponde y retomar la agenda de trabajo”, declaró a la prensa
la Mandataria chilena durante la visita a unas obras viales.
El presidente
Evo Morales expresó el domingo el deseo de que el gobierno de Bachelet pueda
avanzar más allá de lo que en su momento hizo el dictador Augusto Pinochet,
quien en 1975 propuso una salida territorial para la salida al mar que Bolivia
perdió en la Guerra del Pacífico, en 1879.
Al respecto,
Bachelet recordó que en abril de 2013 el gobierno de Morales demandó a Chile
ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) para forzar una
negociación que haga posible que Bolivia tenga un acceso al mar con soberanía.
“El Gobierno de
Bolivia unilateralmente decidió llevar este punto a La Haya y, por lo tanto,
será en ese lugar donde Chile represente los intereses del país”,
precisó. La postura de La Paz es que, con independencia de que Bolivia
haya recurrido al alto tribunal de las Naciones Unidas, Chile y Bolivia pueden
abordar este asunto dentro de la agenda bilateral.
Esta
planteamiento fue defendido el martes por el vicepresidente, Álvaro García
Linera, durante la visita privada de 24 horas que realizó a Chile para recibir
un doctorado “honoris causa”. “La demanda ante el Tribunal Internacional de
Justicia no la vamos a sacar (...) paralelamente están abiertas las puertas a
dialogar con el Gobierno de Chile absolutamente de todos los temas, incluida la
salida soberana al océano Pacífico”, afirmó. (La Razón)
¿QUÉ
TAN JOVEN ES DEMASIADO JOVEN? BOLIVIA SE DEBATE LA LEY EL TRABAJO INFANTIL
La
ley boliviana establece que la edad mínima para trabajar en 14 años, pero el
Congreso está discutiendo cambios. ¿Le ayuda prohibición del trabajo infantil
los niños de la pobreza o se les empuje en el trabajo más peligroso?
Christian
Sciencia de USA (www.csmonitor.com/World)
El cementerio
en la ciudad boliviana de Potosí es un laberinto, pero Juan Carlos Espinoza
nunca pierde su forma. Subiendo una escalera de metal de longitud, el 13-años
de edad, trabaja aquí después de la escuela, el pulido lápidas incrustadas en
altas paredes de aproximadamente 0,70 dólares un trabajo.
Los niños
trabajadores se ven a menudo como trabajadores no tienen voz , pero en Bolivia
, miles de jóvenes de 6 a 17 años se han unido para exigir libres del abuso
puestos de trabajo, y el reconocimiento legal de su derecho al trabajo.
Actualmente ,
el Congreso de Bolivia está revisando la legislación que afecta a los niños en
general , incluyendo la edad legal para trabajar . Algunos jóvenes , como Juan
Carlos , quien es miembro de la Unión Boliviana de la Persona Adolescente
Trabajadora ( UNATSBO ) Infantil y , quieren ver los límites de edad
disminuidas o eliminadas . En el centro del debate está la cuestión de si la
prohibición del trabajo infantil en los países de bajos ingresos ofrece a los
niños una manera de salir de la pobreza, o si perjudican todavía más pobres
jóvenes empujándolos a trabajar aún más peligrosa y oculta.
"Esto me
afecta ", dice Juan Carlos del debate sobre la edad mínima. Su madre murió
hace años , y su padre le da poco apoyo. "Así es como puedo pagar por mis
estudios - para todo. "
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Ilegal y omnipresente
Ilegal y omnipresente
El trabajo
infantil es altamente visible en Bolivia . La gran mayoría de estos jóvenes
trabajan de forma independiente o con sus familias , no en fábricas o empresas
de gran escala. Ellos brillan los zapatos en las calles de la ciudad ocupada ,
trabajan bajo tierra en las minas en pequeña escala , y las ovejas del rebaño y
llamas en el campo.
Actualmente
la ley boliviana establece la edad mínima para trabajar a los 14 años , como lo
hace (OIT ) sobre la edad mínima de la Organización Internacional del Trabajo ,
de los cuales Bolivia es parte. Pero la ley rara vez se aplica : en un país de
sólo 10 millones de personas , 800.000 niños que trabajan son o bien la edad
mínima , o son de 14 a 17 años y haciendo trabajos considerados perjudiciales
para su salud .
Hay poca
aplicación de la ley para evitar que los niños lleven a cabo estas tareas.
En la
actualidad, están en marcha varios programas diseñados para sacar a las
familias de la pobreza en Bolivia , incluyendo un programa de transferencias
monetarias condicionadas que recompensa los niños y sus familias para mantener
a los niños en la escuela. La pobreza extrema está disminuyendo, pero muchos de
muy pobre de Bolivia - una población de aproximadamente un millón de personas
que viven con menos de 1,25 dólares al día - están sin ningún tipo de red de
seguridad.
Mientras que
muchos niños dicen que trabajan para ayudar a sus familias empobrecidas
sobrevivir , Lars Johansen, del Programa Internacional de la OIT para la
Erradicación del Trabajo Infantil , dice que realmente arriesgan quedar
atrapados en el mismo ciclo de bajos ingresos y con sus padres .
"Los
niños más temprano empiecen a trabajar cuanto mayor es la probabilidad de que
abandonen la educación y perpetúan la pobreza ", dice el señor Johansen.
" Si usted va a luchar contra la pobreza somos de la firme opinión de que
hay que luchar contra el trabajo infantil .... Si pones la edad mínima a los 14
años que no es la realidad hoy en día, pero al menos es un objetivo de luchar
por . "
Juan Carlos
dice que prohíbe el trabajo infantil hace que sea más difícil para los niños a
obtener reparación por el abuso físico y verbal, y asegurarse de que se les
paga . Eso, dice , es por eso que su sindicato, UNATSBO , propone una edad
mínima para los trabajadores independientes , como lustrabotas , y una edad
mínima de 12 para los niños que trabajan para un "jefe ", como en una
panadería comercial.
Niños , uníos!
Niños , uníos!
El presidente
Evo Morales , quien cuando era niño pastoreaba llamas, recientemente expresó su
simpatía por el movimiento . "De acuerdo con mi experiencia , el trabajo
de las niñas , niños y adolescentes no debe ser eliminado, sino que también no
debe ser forzado o explotación en el trabajo , un poco de trabajo por necesidad
", el presidente Morales dijo al diario estatal Cambio .
Organizaciones
como UNATSBO proporcionan un lugar para los niños que trabajan para hacer sus
tareas , aprender sobre sus derechos, y hablar a través de sus problemas en el
hogar y en el trabajo. En los últimos meses , los niños trabajadores
organizados han cumplido con los legisladores , que se celebró reuniones
sindicales nacionales , y el 23 de diciembre incluso habló con el presidente.
Pero a medida que se hacen más visibles en el debate sobre la edad mínima ,
algunos se preguntan si el activismo de estos niños está siendo manipulado por
los adultos que tienen su propia agenda y puede preferir reglas laxas .
Jenny Miranda
, líder nacional de UNATSBO , vende zapatos en los mercados locales . Ella es
ahora de 17 años , desde que tenía seis años ha hecho de todo, desde la venta
de dulces a la minería de oro en las montañas al noreste de la ciudad.
"La
gente cree que estamos siendo manipulados , pero ese no es el caso", dice
Jenny . " Tenemos reuniones , hablamos con los niños, y que participamos y
definir lo que quieren.
Pero Ulises
Carguani , también de 17 años, está de acuerdo. Comenzó acompañando a su madre
a trabajar como un niño, y ahora trabaja en un café Internet en la ciudad de El
Alto.
" Un
niño no quiere estar trabajando , un niño quiere jugar y con amigos ",
dice Ulises , quien dirige una pequeña organización de adolescentes llamada
Manos Unidas por el Cambio , que cree que la edad mínima para trabajar no debe
ser bajado .
Él dice que
el gobierno debe evitar que los niños trabajan por necesidad económica mediante
la generación de más empleos para sus padres que ofrecen salarios y beneficios
decentes.
' Miles de personas ' La legislación propuesta - llamados los Niños , Niñas y Adolescentes Código - requeriría la creación de un censo nacional de niños trabajadores , dice el congresista Javier Zavaleta , quien dirige la red de parlamentarios sobre los niños y los adolescentes. El censo de entonces sería seguido por una serie de programas de bienestar social dirigida a los niños más necesitados y sus familias.
' Miles de personas ' La legislación propuesta - llamados los Niños , Niñas y Adolescentes Código - requeriría la creación de un censo nacional de niños trabajadores , dice el congresista Javier Zavaleta , quien dirige la red de parlamentarios sobre los niños y los adolescentes. El censo de entonces sería seguido por una serie de programas de bienestar social dirigida a los niños más necesitados y sus familias.
"
Después del censo , el programa estatal ... responder con toda una batería de
medidas para asegurarse de que un niño o una niña no tiene que trabajar por
necesidad ", dice Zavaleta . " El Estado va a cubrir lo que no tienen
, desde la vivienda hasta los zapatos , para que puedan ir a la escuela .
"
Sr. Johansen
de la OIT dice que los programas que ofrecen un amplio apoyo a las familias muy
pobres se han reducido con éxito el trabajo infantil en lugares como México y
Brasil , y tienen el potencial de hacer lo mismo en Bolivia .
Pero Jenny,
el dirigente sindical joven , dudas niños que trabajan se encargará de que el
nivel de ayuda del gobierno en el corto plazo . "No somos sólo una o 10
familias - estamos a miles de personas", dice Jenny .
“SI NO RECIBIMOS EL DINERO, MATAREMOS A LOS DOS NIÑOS”
El País de España (www.politica.elpais.com)
“Ténganlo
claro: si no recibimos el dinero, mataremos a los niños”. Eso dijo uno de los
hombres que mantenían
secuestrados en algún lugar de Bolivia a Manuel, de 11 años, y a su
hermanito, de solo tres meses. El ultimátum finalizaba ayer, miércoles. Por
suerte, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Bolivia y la Sección de
Secuestros y Extorsiones de la policía española lograron antes dar con el
paradero de los chiquillos. Los liberaron en la ciudad de Santa Cruz y, a la
vez, detuvieron a cuatro personas.
La historia
comenzó cuando Noelia Magaña, la madre de los niños, fue convencida para que
hiciese de mula (transportista) de un paquete con un kilo de cocaína. Noelia,
que llegó a Bolivia hace tres años, vivía en una habitación alquilada en Santa
Cruz de la Sierra y estaba pasando estrecheces económicas. Así que aceptó.
La mujer voló,
vía Brasil, hasta el aeropuerto de El Prat (Barcelona). Llevaba la droga
escondida entre su ropa. Sorteó los controles aduaneros y después logró
entregar la mercancía. Sin embargo, el pasado día 16 fue detenida en un control
policial en Yecla (Murcia) por llevar encima 35 gramos de cocaína y 16.000
euros.
Al dar con sus
huesos en la cárcel, Noelia dejó de cumplir las instrucciones de los
narcotraficantes bolivianos. Estos le habían exigido que, una vez entregada la
droga, debería mandarles a través de Western Union 20.000 euros en 10 entregas
de 2.000 euros. Había hecho dos envíos de dinero, pero, al caer presa, no pudo
hacer los demás.
Al no recibir
el resto del dinero, los narcos creyeron que estaban siendo engañados por la
mujer, por lo que decidieron secuestrar a sus hijos Manuel y Francisco para
obligarla a efectuar el pago total. Los menores habían quedado al cuidado de
Álex, un boliviano con el que Noelia había tenido relaciones y con el que había
engendrado cuatro años atrás a una niña que convive con él.
Los
secuestradores averiguaron que los chiquillos estaban en la casa de Álex y se
los llevaron: el mayor quedó en poder de un tal Toni Dorado, mientras que
Carlos Fernando Durán, el actual compañero sentimental de Noelia, se quedó con
el menor, que lleva su apellido. El bebé y su hermano estuvieron desde entonces
en casas separadas.
“Hace ocho días
me enteré de que mi expareja Noelia había sido detenida. Fui a la comisaría y
pregunté por mi hijo Manuel. Así supe que se había quedado en Bolivia. Durante
los últimos años solo he hablado con él por teléfono o por Facebook”, explica
el ecuatoriano Jorge C., que trabaja como instalador de gomaespuma en Murcia.
En los días posteriores, Jorge empezaría a recibir angustiosas llamadas y
mensajes de la familia de su expareja dándole cuenta de que el chiquillo estaba
en poder de unos secuestradores.
Interpol-Madrid
coordinó la operación de rescate con la Embajada de España en Bolivia. La
Sección de Secuestros y Extorsiones de la policía envió a dos negociadores a
Yecla, junto con el negociador de Murcia, para controlar el tráfico de llamadas
entre los secuestradores y la familia. Otros dos agentes de secuestros volaron
el pasado sábado a Bolivia.
En el curso de
las negociaciones, los agentes exigieron a los raptores una “prueba de vida”. Y
los raptores fueron y llevaron al pequeño Manuel a una tienda y le hicieron
hablar por un teléfono público. Apenas pudo balbucear una frase: “Estoy bien”.
Pero esa llamada fue la pista que condujo hasta los raptores, que en ese
momento pactaron un rescate de 2.000 euros por los rehenes.
La policía de
Santa Cruz liberó a los menores y arrestó a Toni Dorado Chaves, de 31 años;
Zulema Fuentes Siles, de 36; Fernando Dorado Palacios, de 37, y Carlos Fernando
Durán Dorado, de 35. Este último, compañero sentimental de Noelia, es el
presunto “autor intelectual” del secuestro, según declaró el general Walter
Willarpando, de la Policía Nacional de Bolivia.
Ayer, los
agentes españoles desplazados al país andino estaban trabajando, junto con el
juez español y la fiscalía de menores boliviana, para conseguir la repatriación
de los niños a España.
LA POLICÍA DETIENE EN MURCIA POR POSESIÓN DE DROGA A LA
MADRE DE LOS NIÑOS LIBERADOS EN BOLIVIA
Fueron secuestrados como garantía de pago por una deuda
vinculada al narcotráfico
La actual pareja de la mujer se llevó a los pequeños al
no recibir el dinero
La madre vivía con sus hijos en Bolivia y fue detenida en
España con parte de la droga
El Mundo de España (www.elmundo.es/espana)
La Policía
Nacional, en una operación realizada junto a la policía boliviana bajo la
coordinación de Interpol, ha liberado a
dos niños, de 11 años y tres meses, que habían sido secuestrados en Bolivia como garantía de pago
de una deuda vinculada al tráfico de cocaína contraída por su madre, que
fue detenida por estos agentes en Yecla (Murcia) con parte de la droga y 16.000
euros que debía mandar a la organización.
Dos agentes de
la Sección de Secuestros y Extorsiones de la Policía Nacional se desplazaron a
Bolivia para participar en el dispositivo
de búsqueda junto a los agentes bolivianos. En total, tres personas han sido detenidas en la
ciudad boliviana de Santa Cruz en relación con este secuestro.
La madre de
estos pequeños, de 29 años y natural de
Jumilla (Murcia), fue detenida el pasado 16 de marzo en un control
rutinario de tráfico en Yecla, donde había residido durante bastantes años
antes de su traslado a Bolivia. Actualmente, se encuentra en prisión preventiva
por un presunto delito contra la salud pública.
La detenida
había sido captada en Bolivia por unos
narcotraficantes para transportar y realizar la entrega de casi un kilo de
cocaína en España. La mujer logró introducir la droga escondida entre
sus ropas pero fue detenida en Yecla el
día 16 con 35 gramos de coca y 16.000 euros en efectivo. Según la
arrestada, ese dinero debía remitírselo a los traficantes en pagos de 2.000
euros, de los que ya había efectuado dos.
Los narcos se
sintieron engañados
Los
narcotraficantes, al no recibir el
resto del dinero, creyeron que ésta les había engañado, por lo que
decidieron secuestrar a sus hijos para obligarla a efectuar el pago total. Los
menores, que vivían junto a su madre en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia),
habían quedado bajo la custodia de un conocido pero la actual pareja de la mujer, también relacionado con la red de
traficantes, se llevó a los pequeños
como garantía de pago.
A partir de
entonces, se sucedieron las llamadas y
mensajes vía whatsapp a la abuela de los niños y madre de la arrestada,
a los hermanos de la mujer y al padre biológico de uno de los menores, que
actualmente reside en Yecla y que denunció inmediatamente los hechos.
La Policía
Nacional activó el protocolo de secuestros internacional notificando los hechos a Interpol,
quien coordinó el dispositivo junto al agregado de Interior de la Embajada de
España en Bolivia.
La Sección de
Secuestros y Extorsiones envió dos
negociadores a Yecla, junto con el negociador territorial de la Jefatura
de Murcia, para controlar el tráfico de llamadas entre los secuestradores y la
familia. De forma simultánea, otros dos agentes se trasladaron a Santa Cruz de
la Sierra en Bolivia para participar en el dispositivo de búsqueda.
Los
investigadores lograron ubicar los
domicilios de la persona que debía recibir el dinero, uno de los sujetos
que estaba realizando las llamadas y la pareja de la mujer que se llevó a los
pequeños. Los tres fueron detenidos, por lo que se procedió al rescate del niño
y el bebé, que se encontraban secuestrados en distintas viviendas.
La operación ha
sido realizada por la Sección de Secuestros y Extorsiones de la UDEV Central de
la Comisaría General de Policía Judicial, con la colaboración de la Policía de
Bolivia, y coordinada por Interpol.
Una menor
secuestrada en la selva
A comienzos de
este mismo mes, una niña marroquí
de nueve años que vivía en L'Hospitalet de Llobregat fue rescatada por la
Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra tras pasar siete meses
en la selva.
Ambos casos no están relacionados, según han
precisado fuentes de la investigación.
La pequeña ha regresado a España pero ha ingresado en un
centro de menores de la Generalitat catalana hasta que no quede aclarado
el papel de sus padres en el caso.
LOS NIÑOS LIBERADOS EN BOLIVIA FUERON RAPTADOS POR LOS
NARCOS QUE USARON A SU MADRE PARA METER DROGA
Una juez envía a prisión a los tres presuntos
secuestradores de los críos, que utilizaron a los pequeños como garantía de
pago de los 16.000 euros que tenía que abonar su madre. El caso se destapó tras
el arresto en Yecla de la progenitora por llevar cocaína escondida en el coche
La Información de España (www.diarioinformacion.com)
Una jueza
boliviana ordenó prisión preventiva para los tres presuntos secuestradores de
dos menores españoles en Bolivia, en un caso relacionado con el narcotráfico,
según fuentes policiales. El comandante de la Policía del departamento de Santa
Cruz dijo que la jueza decretó el martes por la noche la entrada en el penal de
Palmasola de los bolivianos Carlos Durán Dorado, Fernando Dorado Palacios y
Tony Dorado Chávez, que son primos.
Policías
bolivianos y españoles liberaron el lunes en Bolivia a un niño de 11 años y a
un bebé de tres meses que habían sido secuestrados durante una semana como
garantía de pago de una deuda vinculada al tráfico de cocaína contraída por su
madre.
La mujer había
sido captada 0en Bolivia por unos narcotraficantes para transportar y realizar
la entrega de casi un kilo de cocaína en España, según la Policía Nacional, que
añade que logró introducir la droga escondida entre sus ropas, pero que fue
detenida en Yecla el pasado 16 de marzo con 35 gramos de coca y 16.000 euros en
efectivo. Según la arrestada, ese dinero debía remitírselo a los
narcotraficantes en pagos de 2.000 euros, de los que ya había efectuado dos.
El niño de 11
años llegará hoy a España junto a los policías españoles que participaron en su
liberación, según fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Murcia. El otro
menor ha quedado a disposición de los servicios sociales de aquel país y, por
ahora, no será repatriado a España porque tiene familia paterna allí.
Esta mujer, de
29 años y en prisión preventiva por un presunto delito contra la salud pública,
fue sorprendida con 16.000 euros en un coche y, al no poder justificar su
procedencia, la policía inspeccionó el turismo y encontró 35 gramos de cocaína.
La detenida había sido captada en Bolivia por unos narcotraficantes para
transportar y realizar la entrega de casi un kilo de cocaína en España. El dinero
encontrado en el coche debía remitírselo a los narcotraficantes en pagos de
2.000 euros, de los que ya había efectuado dos. El secuestro lo perpetró, al
parecer, la pareja sentimental de la mujer en colaboración con otros narcos
porque creyeron que estaban siendo engañados al no haber recibido más entregas.
En declaraciones a Onda Regional, Miguel Pérez, hermano de la detenida, dijo
que su hermana fue engañada para traer la droga a España y que la operación
policial se inició tras varias denuncias, al principio infructuosas, en la
comisaría de Yecla. Contó también que el padre del bebé de tres meses, que está
bajo la custodia de los servicios sociales bolivianos, es un taxista de ese
país.
Dijo que él
mismo había recibido por whatsapp amenazas de muerte hacia él y su mujer. La
Policía informó de que los menores vivían junto a su madre en Santa Cruz de la
Sierra y habían quedado bajo la custodia de un conocido cuando ella viajó a
España. Los investigadores creen que la actual pareja de la mujer se llevó a
los pequeños como garantía de pago de la droga traída a España.
La Verdad de España (www.laverdad.es/murcia)
Una historia de
amor llevó a Noelia hasta Bolivia, a sus 26 años, junto con su hijo, de 11
años, fruto de una relación anterior en España. Una vez en Bolivia, esta
jumillana tuvo otro hijo con su pareja aunque la relación se deterioró y
Natalia tuvo que buscarse un sustento económico.
«No tenía
dinero ni para comprar la leche para el bebé», explica su hermano, Miguel. En
un país que no es el suyo, sin nadie a quien recurrir y con dos hijos a su
cargo, a esta joven no le quedó otro remedio que luchar. Encontró un trabajo en
un bar donde conoció a Carlos, un cliente con el que cogió la suficiente
confianza como para pedirle ayuda económica. «Le pidió dinero y Carlos le dijo
que a cambio tenía que ir a España a llevarle algo a unos amigos suyos»,
explica Miguel. «Ella asegura que no sabía que era droga».
Noelia llevaba
algo más que ropa en el interior de la maleta con la que volvió a España. Un
kilo de cocaína era parte del equipaje con el que aterrizó en Barajas, aunque
no fue allí donde fue detenida. «Luego se fue unos días a Barcelona y,
posteriormente, vino a Yecla», asegura. Poco después fue detenida e ingresó en
prisión preventiva.
LA ONU DESTACA EL MAYOR RECONOCIMIENTO A DERECHOS
INDÍGENAS, PERO FALTA POR HACER
El
País de España (www.economia.elpais.com)
Cada vez más
Estados y empresas reconocen los derechos de los pueblos indígenas y que deben
consultarles para realizar proyectos en sus territorios, aunque todavía queda
mucho por hacer en la práctica, afirmó hoy en Bolivia el relator especial de la
ONU para los derechos del sector, James Anaya.
El alto
funcionario se refirió al tema en una conferencia organizada por Naciones
Unidas y la Universidad Andina Simón Bolívar en La Paz, la sede del Gobierno de
Bolivia, país que Anaya visita por primera vez en su gestión, próxima a
terminar.
"Lo que
estamos viendo es cada vez más un reconocimiento de las empresas y de los
Gobiernos de que deben respetar los derechos humanos, los derechos de los
pueblos indígenas", dijo Anaya, al ser consultado sobre el "derecho a
la consulta" de los indígenas.
Según Anaya,
hay empresas trasnacionales petroleras y mineras que cuentan con políticas
escritas sobre el respeto a derechos de las etnias y los inversores demandan
cada vez más su aplicación.
"En mi
trabajo de relator rara vez he escuchado a un Gobierno decir 'no tenemos que
hacer caso de los derechos de los pueblos indígenas'. Eso no dicen los estados
(...) Y rara vez las empresas trasnacionales dicen que pueden hacer lo que
quieran", sostuvo.
Sin embargo,
advirtió que una cosa es que lo digan y que los estados tengan una ley o
reglamentos para hacer respetar los derechos, pero otra cosa es ver toda esa
normativa en aplicación.
"Todavía
vemos mucho por hacer. En mi trabajo como relator, más que ver éxitos en este
sentido de respeto a los derechos humanos, he visto fracasos donde realmente no
se han respetado", expresó.
Además, Anaya
recomendó a los estados, empresas e indígenas dejar de hablar de forma
abstracta para avanzar en concreto en la solución de los casos puntuales con
buena fe de todas las partes.
El Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que los
estados deben consultar a las etnias y obtener su consentimiento sobre medidas
legislativas o administrativas que les afecten.
Anaya reconoció
que hay una desigualdad de poderes y capacidades en el contexto de consulta por
lo que ha planteado "la obligación de los estados y las empresas de no
aprovecharse de esa desigualdad".
En su criterio,
el Estado debe proveer de técnicos y de especialistas independientes a los
pueblos indígenas, pero éstos también tienen la responsabilidad de preparar su
capacidad técnica para que las conversaciones busquen decisiones consensuadas.
Las
organizaciones indígenas, agregó, deben asegurar internamente una plena
participación en los procesos de consulta para tomar decisiones sin excluir,
por ejemplo, a las mujeres.
LA ESPADA Y LA PARED. AMÉRICA LATINA, ENTRE EL
EXTRACTIVISMO Y EL BUEN VIVIR
La Tercera de España (www.tercerainformacion.es)
Durante los
últimos años han florecido en distintos países de América Latina procesos de
transformación que, desde las instituciones, vienen a romper con décadas de
políticas neoliberales y parecen abrir la puerta a modelos más justos en lo
económico y más respetuosos con la diversidad cultural y el medio ambiente. En
este camino, los Gobiernos se encuentran con la tarea de afrontar el
extraordinario peso que sigue teniendo el extractivismo en la economía, como
principal fuente de ingresos, pero también como causante de conflictos sociales
crecientes.
Al acercarse a
la realidad latinoamericana actual, resulta complicado abstraerse de dos
dinámicas contradictorias, que colisionan en este espacio-tiempo y que nos
obligan a posicionarnos. Por un lado persiste -con mayor o menor fuerza,
dependiendo del país del que hablemos- una férrea oposición desde las
oligarquías tradicionales y los poderes fácticos neoliberales a los procesos de
transformación abiertos en diferentes Estados. Y por otro, se van dibujando,
cada vez con mayor nitidez, posturas críticas hacia dichos procesos nacidas en
el seno de los mismos movimientos sociales que fueron la base popular y el
nutriente teórico y práctico fundamental para que este ciclo de cambios fuese
posible.
Si bien la
primera dinámica exige de nuestra atención urgente -merece la pena recordar los
recientes golpes de Estado en Honduras y Paraguay, así como los persistentes
intentos de desestabilización en Venezuela-, resulta de especial interés
abordar, de una manera razonada y huyendo de dogmatismos estériles, las
críticas lanzadas desde los sectores populares. Y entre ellas, por lo que
representan en cuanto a la construcción de propuestas realmente subversivas y
trascendentes al capitalismo, cabe detenerse en las demandas que nacen desde
los pueblos indígenas.
Nuevos
paradigmas, más allá del discurso
Los actuales
textos constitucionales de países como Ecuador y Bolivia -por poner los dos
ejemplos que más han avanzado en el reconocimiento legal de los nuevos
paradigmas políticos, económicos y sociales- incluyen entre sus preceptos el
Buen Vivir como modelo al que se aspira en el marco de unas realidades
estatales plurinacionales en construcción. Ambos textos fueron elaborados
gracias al aporte decidido y determinante de los movimientos indígenas, que no
sólo mostraron su apoyo político e hicieron contribuciones teóricas
fundamentales, sino que defendieron el proceso constituyente en las calles,
poniendo en juego y dejándose por el camino las vidas de decenas de militantes.
marcha bolivia
boerries nehe ccEs la movilización de los pueblos, y no los acuerdos tomados
por las élites, la causa primera de los innegables y remarcables avances que se
han dado en los últimos años en la lucha contra la pobreza en todo el
subcontinenteEs cierto que la normativa no termina por cubrir todas las
expectativas planteadas desde los pueblos y que, mucho menos, supone un armazón
terminado de ese Estado que tendría que venir a superar al modelo colonial,
capitalista y patriarcal. Pero también es verdad que establecen algunas líneas
maestras que, de ser profundizadas, podrían llegar a transformar de manera
radical la realidad excluyente que persiste en América Latina.
En todos y cada
uno de estos Estados en proceso de transformación -desde Argentina hasta
Nicaragua- podemos encontrar intentos más o menos sinceros por llevar hasta las
últimas consecuencias este camino de cambio y por lograr efectivamente una
transformación profunda de las estructuras de explotación. Todos estos pasos se
dieron siempre como consecuencia de la presión o del acompañamiento de los
movimientos populares. Es más, podemos asegurar que es la movilización de los
pueblos, y no los acuerdos tomados por las élites, la causa primera de los
innegables y remarcables avances que se han dado en los últimos años en la
lucha contra la pobreza en todo el subcontinente.
Sin embargo, es
precisamente en este punto -la mejora de las condiciones sociales de la
población-, que bien podría ser un espacio de encuentro entre las diferentes
corrientes que participan en los procesos de cambio, donde encontramos las
principales controversias. Exagerando las posturas, por un lado encontramos la
posición institucional de gobiernos y administraciones públicas, que sitúan en
las rentas petroleras y mineras el motor económico que posibilita las mejoras
en los niveles de vida de las mayorías. Y por otro, a los pueblos indígenas y a
una parte importante de los movimientos ambientalistas y campesinos, que
señalan la incongruencia existente entre el discurso del Buen Vivir y de los
derechos de la Madre Tierra, frente a una práctica política que da continuidad
al modelo extractivista.
La pregunta es
¿el modelo propuesto por estos Gobiernos es una mera extensión del abanderado
por los denostados Estados neoliberales del pasado, o estamos ante una nueva
propuesta que pone los beneficios de la actividad extractiva al servicio del
proceso de transformación?
Los límites del
neo-extractivismo
Analizar el
extractivismo desde un prisma exclusivamente económico nos daría una visión
incompleta y sesgada del fenómeno. Los grandes proyectos mineros han sido y
continúan siendo la piedra angular del sistema de exclusión y despojo
territorial en el que asentó primero la Colonia y después los estados racistas
surgidos de la independencia. En su nombre se cometieron las mayores
atrocidades que ha vivido el continente, desde el exterminio de las sociedades
originarias en el siglo XVI hasta el intento de genocidio que sufrieronlos
pueblos supervivientes, como el mapuche en el siglo XIX o los mayas a finales
del siglo XX. Con la excusa del progreso se selló la dependencia económica
latinoamericana, asentada en la posición de la región como productora de
materias primas a escala global, y se levantó el sistema colonial, capitalista
y patriarcal que aún persiste. Extractivismo no es, pues, un término neutro,
sino una construcción que guarda un profundo significado simbólico e histórico.
desaljo Quinich polochicEn nombre del extractivismo se cometieron las mayores
atrocidades que ha vivido el continente, desde el exterminio de las sociedades
originarias en el siglo XVI hasta el intento de genocidio que sufrieron los
pueblos supervivientes
Siendo
conocedores de este punto de partida, los actuales Gobiernos progresistas se
han esforzado por construir -con éxito dispar- un discurso alternativo al
tradicional. Surge así el imaginario de lo que se conoce como
neo-extractivismo, propuesta que abogaría por seguir aprovechando los recursos
naturales para financiar las necesidades sociales de las poblaciones,
remarcando el carácter transicional del modelo, garantizando un mayor respeto
por los valores ambientales y asegurando el reparto de las rentas obtenidas en
base a una mayor presencia del Estado, como una poderosa herramienta de
redistribución de la riqueza.
Dos fracasos
recientes se encargan de mostrar las debilidades del discurso. Por un lado, el
caso de la explotación petrolera en el territorio mapuche de Neuquén (Estado
argentino): el Gobierno optó por expropiar la empresa YPF a la transnacional de
origen español Repsol, retomándose el control público de la misma y por tanto,
de sus operaciones. Entre ellas, las que se llevan a cabo sin consentimiento en
diferentes comunidades mapuche. Tras un periodo de carencia que parecía abrir
un nuevo escenario, YPF alcanzó un pacto con Chevron para reabrir explotación
de los yacimientos expropiados. De esta manera se ha permitido la entrada de
una de las compañías petroleras más dañinas del mundo, prófuga de la justicia
ecuatoriana por los destrozos causados en la Amazonía, la cual empleará además
el fracking para extraer el petróleo neuquino.
Por otro lado,
lo sucedido con la iniciativa Yasuní ITT en Ecuador. Esta iniciativa pretendía
que se constituyese un fondo internacional que gestionaría el Estado
ecuatoriano, a cambio de dejar intacto el Parque Nacional del Yasuní, donde
habitan numerosos pueblos indígenas, entre ellos, algunos en aislamiento
voluntario. Tras meses de tímidas gestiones y llamados gubernamentales, se
terminó por abandonar la propuesta por parte del Gobierno, tras constatar los
insuficientes apoyos recabados.
Se evidencia
así la persistencia de algunas de las debilidades que el neo-extractivismo
pretendía resolver: ni se garantiza un menor impacto ambiental, ni se limita el
poder de los sujetos privados transnacionales, ni se toman en cuenta las
decisiones tomadas por los pueblos que habitan en los territorios afectados.
El recurso de
la represión
Pero aún más
grave es la constatación de que los tics represivos que caracterizaban al
extractivismo tradicional permanecen, y lo hacen en forma de criminalización y
ataques contra los colectivos que se oponen a los grandes proyectos de
infraestructuras, mineros o de producción energética. Entre ellos, muy
especialmente, las expresiones de resistencia indígena que nacen -como siempre
lo hicieron- en las comunidades que sufren el despojo territorial causado por
estas formas de progreso.
represion tipnis2Aún
más grave es la constatación de que los tics represivos que caracterizaban al
extractivismo tradicional permanecen, y lo hacen en forma de criminalización y
ataques contra los colectivos que se oponen a los grandes proyectos de
infraestructuras, mineros o de producción energéticaEn Ecuador siguen su curso
al menos 40 procesos judiciales en contra de dirigentes de la Confederación de
Pueblos y Nacionalidades Indígenas (CONAIE), por delitos de terrorismo,
sabotaje y obstrucción de vías, entre otros. Y en Bolivia continúa abierta la
dolorosa herida de la represión policial en Chaparina, desatada contra las
personas participantes en la VII Marcha Indígena de los Pueblos del Oriente,
Chaco y Amazonía Boliviana, en 2011, como expresión de la oposición de diferentes
colectivos a la construcción de una carretera que atravesaría el Territorio
Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS).
Es justo
señalar que el nivel de violencia institucional es incomparablemente menor que
el practicado por los anteriores gobiernos neoliberales -basta recordar la
cruenta represión desatada en Bolivia durante las guerras del gas y del agua de
principios de la década pasada- y también que está a años luz del terror que
padecen decenas de comunidades indígenas de Guatemala o de Colombia, cuyos
principales dirigentes son amenazados, detenidos o asesinados de una forma
tristemente cotidiana. No obstante, parece clara la incongruencia de estas
respuestas en el marco de un modelo que debería tender hacia el Buen Vivir, es
decir, hacia la armonía y el equilibrio entre las diferentes comunidades
humanas, y entre éstas y la Naturaleza.
En la
encrucijada
En este
escenario, las posibilidades de encontrar puntos de encuentro entre los
sectores enfrentados, que propicien espacios de acuerdo y diálogo, parecen
remotas. La brecha abierta entre gobiernos -arropados, no se olvide, por un
notorio apoyo electoral y por diversas expresiones sociales organizadas,
incluyendo parte del movimiento indígena- y colectivos opositores, parece
crecer a diario, como consecuencia de posturas cada vez más cerradas de una y
otra parte. Situación que es bien vista, e incluso alentada, por sectores
ajenos al proceso, los cuales no dudan en aprovechar cada paso en falso para
tratar de truncar unas posibilidades de transformación que siguen
abiertas.marcha bolivia boerries nehe2 ccLos pueblos indígenas están en una
encrucijada extremadamente compleja, de cuya resolución puede depender nada
menos que las posibilidades de hallar un modelo verdaderamente trascendente al
sistema impuesto por la globalización
Los pueblos
indígenas se sitúan así en una disyuntiva que se está resolviendo de manera
diferente en cada caso. O bien optan por participar en el proceso, tratando de
reducir sus contradicciones, de vencer las reminiscencias coloniales,
capitalistas y patriarcales que siguen arrastrando las instituciones y de
conducirlo hacia un horizonte de radicalidad democrática, pero aceptando
también el riesgo de ser cooptados y asumiendo el compromiso de reducir el
nivel de la crítica. O bien eligen situarse al margen del proceso, ora
confrontando sus expresiones más nocivas, ora construyendo otros escenarios en
base a la autonomía indígena, siendo conscientes de que este posicionamiento
puede debilitar los esfuerzos institucionales de cambio e incluso, en
ocasiones, facilitar el camino a los intereses espurios de la oligarquía y del
capital transnacional.
Una encrucijada
extremadamente compleja, de cuya resolución puede depender nada menos que las
posibilidades de hallar un modelo verdaderamente trascendente al sistema
impuesto por la globalización.
EL ESPAL INICIA SUS ACTIVIDADES PARALELAS CON LA MUESTRA
‘BOLIVIA’
El Diario de España (www.eldiario.es)
El XXIV
Encuentro de Solidaridad con los Pueblos de África y Latinoamérica, ESPAL,
inicia este miércoles su programa de actividades paralelas con la exposición de
fotografías Bolivia, de Borja Suárez, para la Ong Solidaridad Médica. La
muestra, que se inaugura a las 20.30 horas en la sala Felo Monzón del Ateneo
Municipal de Vecindario, estará abierta al público hasta el día 11 de abril.
La serie de 40
imágenes que componen Bolivia es el resultado de la colaboración del
fotógrafo y reportero de prensa del municipio con la Ong Solidaridad Médica
España y el trabajo que realiza dando atención sanitaria y ayuda humanitaria en
comunidades indígenas Tsimanes, que viven adentrados en la selva boliviana.
Muchas de esas fotografías son parte del calendario solidario de 2014 para
recaudar fondos para esta asociación solidaria.
Borja Suárez
explica que "son imágenes tomadas durante los 26 días que permanecí junto
a otros cooperantes en estas comunidades indígenas que habitan de forma
dispersa al norte de Bolivia, y a las que había que llegar por interminables
caminos de tierra o el cauce de ríos", y añade que "además de mostrar
el trabajo que desarrollan los miembros de Solidaridad Médica pude recoger
imágenes de la realidad y el día a día de estas comunidades, castigadas por la
pobreza y la falta de recursos".
El comisario de
la muestra, Nono Castro, afirma que "este trabajo de Borja Suárez Melián
nos lleva a ese viaje necesario para el conocimiento de realidades lejanas en
la distancia, pero cerca de los corazones de aquellos que abogan por una
sociedad donde las exclusiones desaparezcan, sean de la índole que sea, sobre
todo la exclusión de los pueblos por ni siquiera darles la visibilidad de la
existencia".
Charlas,
exposiciones colectivas, cine, mesas redondas y conciertos son otras de las
actividades que conforman el programa del XXIV Encuentro de Solidaridad con los
Pueblos de África y Latinoamérica, que se celebra en el municipio del 21 al 27
de abril.
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