El
suceso fue denunciado en el municipio de Yapacaní, en la región oriental de
Santa Cruz, donde la menor vivía bajo el cuidado de su abuelastro de 61 años,
ya que sus padres viajaban constantemente por motivos de trabajo, según
informaba EFE. La familia, que desconocía el embarazo de la pequeña, descubrió
lo que estaba pasando cuando la niña le contó a una prima "que sentía unos
movimientos extraños en su vientre". Es entonces cuando la prima decide
decírselo a su madre, siendo la tía quien presenta la denuncia, tal y como
explicaba este domingo a Efe la directora ejecutiva de la Casa de la Mujer, Ana
Paola García.
El
agresor fue encarcelado y la menor, con 21 semanas de gestación, está ingresada
en un hospital maternológico cruceño. Según García, en un principio la madre de
la niña pidió la interrupción del embarazo acogiéndose a una sentencia
constitucional de 2014 que establece que una víctima de violencia sexual puede
abortar sin necesidad de una orden judicial y al margen del periodo de
gestación en que se encuentre. Sin embargo, por la "injerencia" de
una organización perteneciente a la Iglesia católica la mujer desistió de que
se interrumpa el embarazo de su niña, que ya había iniciado el proceso.
Una
de las cuestiones más polémicas en torno a este caso es que la menor ha
manifestado previamente a una junta médica que "no quiere ser madre",
por lo que se le suministró una primera dosis del medicamento para interrumpir
la gestación.
Sin
embargo, posteriormente una abogada que la organización religiosa puso a la
madre de la menor presentó un memorial de desistimiento junto a una carta
manuscrita en que la menor supuestamente manifiesta que ya no quiere someterse
al procedimiento, que por ahora ha sido paralizado."Es un crimen lo que se
está haciendo con esta criatura porque en un país justo las niñas no son
madres", sostuvo García.
Esto
plantea la pregunta de si una menor de 11 años es suficientemente mayor para
poder decidir qué hacer con su cuerpo, o si, por otro el contrario, debe de ser
su madre o su padre el que decida qué ocurre con el embarazo.
Aborto
en Bolivia
Según
las últimas decisiones comunicadas, el aborto en Bolivia es legal "bajo
condiciones de delitos de carácter sexual" desde 1970, aunque antes se
requería una orden judicial para el procedimiento. Es a partir del fallo
constitucional de 2014, cuando se permite la interrupción legal "con la
fotocopia simple de la denuncia" y "con el procedimiento informado a
la víctima", tal y como explicaba García a EFE.
Según
relataba, en 2020 se reportaron 39.999 embarazos de menores de 18 años, lo que
supone que "104 niñas se embarazan por día en Bolivia, de las cuales seis
son menores de 13 años". Una situación que calificaba de
"alarmante", además de añadir que "la violencia sexual flagela a
Bolivia todavía y las niñas siguen siendo las principales víctimas".
Consultado
por los medios sobre el caso, el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo Del
Castillo, opinó que se debería evaluar psicológicamente a la menor y si decide
interrumpir su embarazo "se le debe generar todas las condiciones
materiales para que así lo haga".
"Imagínense
una niña de 11 años que todos los días tenga que ver a su hijo o a su hija
producto de una violación. No podemos tolerar este tipo de conductas dentro de
nuestro país y no podemos destruirle la vida a una niña de 11 años. Debemos
generar las condiciones materiales para que se interrumpa este embarazo si así
se lo define", manifestó.
Por
el contrario, la Iglesia católica abogó en un comunicado por "salvar,
cuidar y apoyar con amor de las dos vidas" y ofreció "acogida y
atención a la niña y a la criaturita que tiene en su vientre" en un centro
para madres adolescentes con el apoyo "material, médico, psicológico y
espiritual" correspondiente.
La
iglesia manifestó su "más firme repudio por la brutal violación"
sufrida por la niña, pero insistió en que "ambas son vidas humanas
independientes" porque un feto de 5 meses ya es una criatura
"bastante formada" que goza de protección legal, alegando que
"un crimen no se soluciona con otro crimen". Ante estas alarmantes
declaraciones, García insistió en que debe prevalecer el bienestar físico y
emocional de la menor y consideró que el Estado debería intervenir para velar
por sus derechos
Otros
casos
Pero
no solo ocurre esta alarmante situación en Bolivia, varios países
Latinoamericanos continúan con casos preocupantes, como el de una niña de 11
años forzada a dar a luz en Argentina. La pequeña había expresado su deseo de
interrumpir su embarazo porque era fruto del abuso sexual cometido por el novio
de su abuela.“Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”, le dijo
a los médicos, según afirmaban sus abogados.
Un
caso polémico porque la violación es una de las pocas circunstancias en las que
las argentinas pueden acceder a un aborto legal. Pero las autoridades en su
provincia del norte de Argentina vacilaron durante semanas, lo que provocó que
la niña fuera forzada a someterse a una cesárea para dar a luz al bebé.
En
Nicaragua, una niña de 13 años moría tras dar a luz en un municipio pobre del
sureste. El corazón de la niña se detuvo (shock hipovolémico) como consecuencia
de una “hemorragia posparto, por desgarro de útero, más atonía uterina”, es
decir, que el útero no se contrajo tras el parto, según el reporte del
Ministerio de Salud. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS),
Centroamérica y el Caribe ocupan “el segundo lugar en embarazo adolescente,
después de África, con una tasa cercana a 100 embarazos por cada 1.000
adolescentes”.
Guatemala,
Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Guyana son “los países con las tasas
más altas de fecundidad en adolescentes”, conforme a la información de la OPS.
En Nicaragua el porcentaje de mujeres de 20 a 24 años que contrajo matrimonio o
se encontró en una unión antes de los 18 años supera el 30 %, ha advertido el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). “La mortalidad materna
es una de las principales causas de muerte en las adolescentes y jóvenes de 15
a 24 años en la región de las Américas”, afirmaba la OPS.
En
el Carnaval del 2016 de Bolivia también conocíamos la historia de un terrible
caso en el que cinco hombres eran detenidos tras una violación grupal que
grabaron en vídeo y se difundió después en Internet desde España. Esa
"Manada boliviana" fue un punto de inflexión para el movimiento
feminista que consiguió una gran movilización en las calles. Con esta denuncia
colectiva se consiguió que el gobierno de Evo Morales promulgara una ley que
tipificaba hasta 16 delitos contra las mujeres. El agravante en los casos de
violación grupal elevaba las penas hasta los 30 años, pero parece que en el
caso de los abortos cuesta establecer una ley justa.
Datos
preocupantes
La
directora de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y en Razón de
Género, Pilar Díaz, informaba hace unos meses que en Bolivia, en lo que va del
año, se han reportado 11.133 casos en delitos enmarcados en la Ley Nº 348
Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
“Durante
este periodo de tiempo el delito con mayor denuncia es violencia familiar o
doméstica con 9.109, seguido de violación con 554 casos, abuso sexual 522,
violación de infante, niña, niño o adolescente 433, estupro 369, acoso sexual
44, violencia económica 28, aborto 25, entre otros”, denunció Díaz.
Este
último caso en Bolivia ha reavivado el debate sobre los derechos reproductivos
y de la mujer en Latinoamérica, que sigue teniendo leyes distintas en la legalización
de la interrupción del embarazo dependiendo del país. El Español de España
(https://bit.ly/3jDElgK)
BOLIVIA:
A LA ESPERA DE UN MARCO NORMATIVO QUE IMPULSE LA INVERSIÓN EXTERIOR
Empresa Exterior de España
(https://bit.ly/3vSeir1)
España
fue el segundo mayor inversor en Bolivia en 2019 (último dato disponible) en
términos de flujos, y se encuentra entre los principales inversores en términos
de stock.
Acercar
las infraestructuras y servicios a toda la población ha sido un desafío constante
y fuente de oportunidades de trabajo en Bolivia, país situado en el corazón de
Sudamérica, que alberga a más de once millones y medio de habitantes y cuya
densidad de población apenas llega a los 10 habitantes por kilómetro cuadrado.
Configurado
como un país relativamente pequeño, pero con un peso no desdeñable en la
región, su economía ha experimentado una constante evolución en las últimas
décadas. Su PIB per cápita es de 3.196€, según los datos correspondientes a
2019 y, aunque es uno de los más bajos de la región, ha experimentado un
crecimiento notable en los últimos años.
Una
mirada al grado de cohesión social que nos proporciona el índice de Gini, que
mide la desigualdad en la distribución de la renta (donde 1 es la perfecta
desigualdad y 0 la perfecta igualdad), nos muestra que se ha evolucionado de un
registro de 0,58% en 2005, a otro de 0,41 en 2019, según datos del Banco
Mundial, lo que denota la mejora progresiva de la situación en el país.
Bolivia
terminó 2020 con una deuda interna y externa que llega, en total, al 47,79% del
PIB, cifra que se ha elevado significativamente respecto a 2019, pero que los
economistas consideran manejable, siempre que se ajuste el gasto y se realice
una inversión pública inteligente.
La
integración internacional del país se estructura sobre dos ejes: la Comunidad
Andina, creada en 1969, y de la que fue fundador, y el Mercado Común del Sur
(Mercosur), club al que ingresó como miembro de pleno derecho en julio de 2015.
La
importancia económica de Bolivia en la región deriva de dos factores
principales, su capacidad para suministrar gas natural (de hecho, esta fuente
de energía representó su principal exportación en 2019, seguido por el oro y
otros minerales) y su condición de eje articulador de las comunicaciones terrestres
en Sudamérica.
En
2019 y 2020, el principal destino de las exportaciones de Bolivia fue Mercosur,
representando en 2019 el 33,6% de sus
exportaciones totales. A este mercado siguió en importancia el representado por
los países miembros de la Comunidad Andina, con el 10,8%, y los Emiratos Árabes
Unidos, con el 9,3% del total. La Unión Europea se situó como cuarto socio
comercial, con un 9% de sus ventas al exterior, siendo además el tercer origen
principal de sus importaciones, con un 10,7% de cuota.
En
lo que a la inversión respecta, la pandemia impactó de manera significativa en
los datos de Inversión Extranjera Directa (IED) en el país, de acuerdo con los
datos del Banco Central de Bolivia. En 2020, los flujos de inversión directa
extranjera neta fueron negativos, agravando la tendencia de 2019. Se pasó de
-217 millones de dólares en este año a -1.048 millones en 2020.
Estos
datos, que a priori parecen negativos, se explican no sólo por el golpe
infligido por la pandemia, sino también por la dependencia de la economía
boliviana de las materias primas, sector que sufrió fuertes pérdidas en los
mercados internacionales. Sin embargo, tras el auge actual del precio de las
materias primas, esta tendencia podría invertirse.
Además,
esta situación no solo afecta a Bolivia, sino a toda la región, pues en el
contexto de pandemia y recesión económica, en América del Sur los flujos de IED
se redujeron con relación a 2019. Si ese año el flujo de inversiones ascendió a
160.721 millones de dólares, esta cifra ha sufrido una reducción que se sitúa
entre el 45% y el 55%.
En
el ámbito legal, resulta significativo señalar que el 4 de abril de 2014 se
promulgó una nueva Ley de Promoción de Inversiones, la Ley Nº 516, que
establece un marco jurídico e institucional para la promoción de inversiones en
Bolivia, y que el 25 de junio de 2015 fue aprobada la Ley 708 de Conciliación y
Arbitraje con la finalidad de aumentar la seguridad jurídica de los
inversionistas. Además, por lo que se refiere a la relación con España, desde
1998 existe un convenio de doble imposición. A este se sumó en 2001 un acuerdo
para la promoción y la protección recíproca de inversiones, que dejó de estar
en vigor en 2012 tras ser denunciado por Bolivia.
Las
relaciones bilaterales entre España y Bolivia han sido tradicionalmente
cordiales. Nos une el idioma y unas relaciones culturales que se remontan a
siglos. Sin embargo, en el plano económico, nuestros intercambios han
experimentado una tendencia decreciente en los últimos años, si bien se ha conservado
un saldo comercial positivo para España.
Por
otra parte, España fue el segundo mayor inversor en Bolivia en 2019 (último
dato disponible) en términos de flujos, y se encuentra entre los principales
inversores en términos de stock.
Entre
los sectores de oportunidad que presenta el país, cabe mencionar el sector de
las infraestructuras de transporte (carretera, aeroportuario y ferroviario),
hospitalarias, y agua y riego, aparte de hidrocarburos y minería (vehículos y
equipamiento), turismo y ocio, vehículos y equipamientos para infraestructuras,
editorial, farmacéutico, químico y tecnologías de la información.
En
suma, se trata de un país con unas perspectivas de crecimiento notables que,
gracias al idioma y la cercanía cultural, podrían ser fácilmente aprovechadas
por las empresas españolas. Ahora bien, sería deseable un desarrollo
legislativo en materia de inversión extranjera que ofreciese un marco de
seguridad jurídica, lo que favorecería, sin duda, un mayor dinamismo y
crecimiento de la economía boliviana.
EVO
Y LA SEDICIÓN EN EL SUR PERUANO
Expreso de Perú
(https://bit.ly/3nrLx0t)
Mientras
en Lima la clase política sigue sin tomar la decisión de la vacancia
presidencial, pese a que es la única salida para restablecer la democracia, en
el sur los truenos de la sedición están sonando muy fuerte.
Se
viene pregonando la creación inmediata de una nueva “República independiente
del Perú” que no se refiere a una refundación nacional (caballito de batalla de
un sector comunista), sino al separatismo de un país diferente constituido por
los departamentos de Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa, Moquegua, Tacna y
Madre de Dios.
Se
trata de un proyecto de recreación de la extinta Confederación peruano
boliviana de 1836–1839. En la perspectiva ideológica Evo Morales, ex dictador
boliviano, alienta el llamado “Proyecto Runa Sur”, que consiste, según sus
publicaciones, en construir “un mecanismo de integración plurinacional entre
los pueblos indígenas, afrodescendientes, organizaciones sociales, sindicales,
territoriales y movimientos sociales de la región”. Para tal efecto, que
coincide con los planteamientos del Unasur creado por el socialismo del siglo
XX, se está difundiendo un decálogo en el cual se mezclan desde la “lucha
antiimperialista” hasta la “descolonización”.
Detrás
de ese cascarón se encuentra un peligro mayor: el interés boliviano de encontrar
una salida al mar ante la convicción, harto debatible, de que mientras se
mantenga la mediterraneidad no será posible el desarrollo; algo que el
comunismo ha sido incapaz de lograr según lo demuestran sus indicadores
económicos, que son los peores alcanzados en los siete últimos decenios.
Morales
pretende responsabilizar de todo a dificultades con Chile por las altas tarifas
portuarias en Arica, Tarapacá y Antofagasta; e intenta desconocer el Tratado de
límites de 1904. Cuestión que nunca fue amparada por la corte de La Haya, que
negó la absurda “obligatoriedad” de renegociar las fronteras.
El
sur peruano es, entonces, el escenario ideal para el expansionismo boliviano y
por eso Morales no solo ingresa a nuestro territorio reiteradamente sin control,
sino que atrevidamente ha fundado una filial de su partido Movimiento al
Socialismo en el Cusco. Adicionalmente, en lo que constituye inaceptable
injerencia, está reuniéndose con los cabecillas cocaleros del Vraem y con
sediciosos con la Coordinadora Continental Bolivariana.
Pedro
Castillo en su campaña ya cometió la insensatez de asegurarle salida al mar a
los bolivianos y estos días viajará a La Paz. ¿Para qué? ¿Busca partir al país?
Cuidado, todo esto huele a traición y nuestras FF.AA. deben estar atentas para
impedirlo, cueste lo que cueste.
RIESGOS
DE GOBERNABILIDAD EN AMÉRICA DEL SUR
Vivimos en una región compleja que
cuando parecía girar a la izquierda surgen situaciones en otra dirección.
Los Andes de Argentina
(https://bit.ly/3noJGJU)
Acasi
un mes de las elecciones regionales de Venezuela, las conversaciones entre
oficialismo y oposición fueron interrumpidas por Maduro. Su argumento fue la
extradición que el gobierno de Cabo Verde hizo del empresario Alex Saab -de
origen colombiano- a los Estados Unidos. La justicia estadounidense lo requiere
por lavado de dinero y otros delitos. Saab es considerado uno de los
empresarios más importantes del chavismo y es muy próximo al Presidente, quien
le había otorgado una designación de embajador para darle inmunidad
diplomática, durante las conversaciones que hoy se han interrumpido. La
oposición celebró la extradición y al mismo tiempo pidió volver a las
negociaciones. Estas tienen lugar en México y han sido gestionadas por el Reino
de Noruega. No está claro si la actitud de Maduro apunta a negociar algo o ya
es un pretexto para llevar adelante el proceso electoral sin el consenso de la
oposición. La Unión Europea ha comprometido una importante cantidad de
observadores para garantizar la transparencia de esta elección. Tras
confirmarse la extradición, el gobierno venezolano levantó la prisión
domiciliaria de ex directivos de nacionalidad estadounidense de Citgo, la
filial de la petrolera estatal PDVSA, que cumplen condena en Venezuela por
corrupción, y los llevó a un lugar de detención desconocido. La medida fue
interpretada como una réplica a la extradición de Saab, que será juzgado por un
tribunal del estado de Florida.
El
lunes 18 de octubre se cumplieron dos años del inicio de las protestas
violentas en Chile, que derivaron en la convocatoria de una Asamblea
Constituyente. El viernes 15, se realizó una marcha en la capital, Santiago de
Chile, cuyo reclamo principal fue la libertad de los protagonistas de las duras
protestas que siguen detenidos. También pidieron la renuncia del Presidente
Sebastián Piñera. El lunes 18, al cumplirse los dos años del inicio de las
protestas, las manifestaciones se reiteraron, con señales de violencia. La
Constituyente que está funcionando está integrada por 155 miembros, 48 de los
cuales son independientes y 17 son escaños otorgados a las diferentes etnias
(la más combativa de ellas, la mapuche, tiene 8).
La
Asamblea tiene entre 9 y 12 meses para redactar la nueva Constitución, que
deberá ser ratificada en un plebiscito que se haría en 2022. Pero el 21 de
noviembre se realiza la primera vuelta de la elección presidencial, con un
pronóstico de baja concurrencia y fuerte fraccionamiento y debilitamiento de
las estructuras partidarias tradicionales. El primer lugar hoy lo obtendría
Gabriel Boric, un candidato emergente de las protestas, aunque no de su ala más
radicalizada. Ronda el 20%. El segundo lugar lo tendría, sorprendentemente, el
candidato de la ultraderecha, José Antonio Kast, que ha crecido en las últimas
semanas.
En
Perú, se ha profundizado el conflicto entre el Presidente Pedro Castillo y el
partido Perú Libre, que lo presentó como candidato. Tras el reemplazo del Jefe
de Gabinete, este partido (que se define como marxista-leninista) anunció que
no apoyará al nuevo gobierno y acusó al Presidente de haber girado a la
derecha. Pero el líder del partido, Vladimir Cerrón, dijo después, vía Twitter,
que “Perú Libre no ha pasado a la oposición”. En los últimos años, Perú ha
mostrado una fuerte inestabilidad política. En el período presidencial
precedente se sucedieron cuatro mandatarios. El conflicto entre Castillo y Perú
Libre se plantea cuando el oficialismo se apresta a cumplir los primeros cien
días de gobierno. Además del Jefe de Gabinete (Guido Bellido), el Presidente reemplazó
a siete ministros y seis viceministros. La reemplazante de Bellido es Mirtha
Vázquez, militante de los derechos humanos y considerada una “izquierdista
dialoguista”. Los nuevos ministros deben ser aprobados por el Parlamento,
integrado por 130 legisladores y se requieren 66 votos para aprobar un nuevo
gobierno. Perú Libre tiene sólo 37, pero hoy no está claro cuántos de ellos
responden a Castillo por un lado, o a Vladimir Cerrón por el otro.
Ecuador
vive también una crisis de gobernabilidad, con el enfrentamiento entre el
Presidente y el Congreso. Este está integrado por 137 legisladores, de los
cuales sólo 25 responden al Presidente. El 29 de septiembre, el Congreso
rechazó un proyecto de reformas presentado por Lasso, fortalecido en la opinión
pública por la masiva vacunación que logró llevar adelante. En esta situación,
Guillermo Lasso ha dicho que recurrirá al procedimiento constitucional de
“muerte cruzada”, por el cual, cuando los conflictos entre el Ejecutivo y el
Legislativo impiden la gobernabilidad, el Presidente puede disolver el Congreso
y llamar nuevamente a elecciones legislativas. Se trata del artículo 148 de la
Constitución ecuatoriana sancionada en 2008, que nunca ha sido aplicado hasta
ahora. Para poner en marcha este mecanismo, se requiere el acuerdo de la Corte
Constitucional.
Durante
el periodo que medie entre la disolución del Congreso y la puesta en funciones
del nuevo, el Presidente deberá gobernar bajo la tutela de esta Corte. La
imagen presidencial parece haberse visto afectada en las últimas semanas por la
inclusión de Lasso en los Pandora Papers. El Presidente denunció una
“conspiración” liderada por el expresidente Rafael Correa.
En
Bolivia, la crisis política desatada a comienzos de octubre con fuertes
manifestaciones en las calles a favor y en contra del Gobierno, han llevado al
Presidente Luis Arce a denunciar un intento de “voltear” su gobierno.
En
conclusión, una región compleja que cuando parecía girar a la izquierda, surgen
situaciones en otra dirección.
LA
HOJA DE COCA EN EL PERÚ
El Expreso de Perú
(https://bit.ly/3144JtR)
El
Perú lleva años tratando de controlar el cultivo de la hoja de coca, un
porcentaje pequeño, entre el 5% al 10%, va al consumo tradicional, el resto a
convertirse en PBC o cocaína, producto cuya comercialización y consumo están
prohibidos en el Perú y en gran parte de los países del mundo.
Hace
alrededor de 30 a 40 años, el área de mayor producción estaba localizada en la
región San Martín (Juanjuí – Tocache), pero en esta región se construyeron
carreteras conectadas a las redes nacionales, mejoraron los servicios públicos,
las comunicaciones de teléfono y celulares, con ello un mayor control de parte
del gobierno, impulsando los servicios educativos y de salud, se efectuaron
desarrollos agrícolas importantes de Palma y Cacao, disminuyendo
considerablemente el cultivo de la hoja de coca, trasladándose al río Putumayo,
frontera con Colombia y al Vraem, donde también llegaron los satélites de la
coca: el terrorismo y narcotráfico trayendo violencia, corrupción y evitando el
desarrollo.
Actualmente,
se estima que los cultivos de coca en el país estarían superando las 60 mil
hectáreas y por primera vez, un gobierno a través de su ministro del Interior
Luis Barranzuela, estaría apoyando suspender la indispensable erradicación,
sosteniendo que hay que industrializarla, pero sin tener a la fecha ningún
proyecto y sin considerar que Evo Morales en Bolivia no tuvo éxito.
La
consecuencia será un nefasto crecimiento del área de sembrío de coca inclusive,
ya se han presentado huelgas de cocaleros que producen desorden y daños a la
propiedad.
Una
hectárea de sembrío produce 2 toneladas de hoja de coca, se extraen 12.5 kg de
PBC que rinden 5 kg de cocaína, teniendo 60 mil Has. de cultivo se alcanza una
producción anual de 300 toneladas de cocaína, que salen en vuelos de avioneta a
Bolivia y Colombia, país que cultiva 170 mil Has. de hoja de coca.
El
precio de la hoja de coca varía mucho, pudiendo llegar a rendirle al productor
agrícola alrededor de 4 mil dólares por hectárea, muy superior al rendimiento
de cultivos tradicionales como la palma $1,600 (80 toneladas de fruto a $20.00)
o el café $1,500, cacao a $3,000 y los arándanos alrededor de $4,000 por Ha.
Por su parte el precio de venta de la cocaína en su destino final está en el
orden de $10,000 por kilo.
En
conclusión, todas estas cifras podrían variar, pero confirman que la cadena de
producción de cocaína redunda en altas ganancias ilícitas, razón por la que su
producción y comercialización resultan complicadas de controlar, a pesar de su
prohibición.
Para
lograr el control en el Vraem se demanda construir carreteras, aeropuertos,
etc., de tal manera que la presencia del Estado y la inversión privada puedan
llegar con facilidad, pero siempre controlando la producción de coca, incluso
en cualquier otra área alejada en la que se instalen.
Finalmente,
oponerse a la erradicación de la hoja de coca que se utiliza para producir
drogas prohibidas, debería denunciarse judicialmente, de esta manera el país se
librará de un nuevo y negativo enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso.
PUEBLOS
INDÍGENAS DE A. LATINA DECIDIRÁN SU PLAN 2021-2023 CON ASAMBLEA EN BOLIVIA
La República de Ecuador
(https://bit.ly/312oLVz)
Los
efectos de la pandemia de la COVID-19 y el desplazamiento de los pueblos
originarios fuera de sus territorios serán motivo de análisis en la
decimoquinta Asamblea General del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas de América Latina y el Caribe (Filac) que se celebrará en Bolivia
esta semana.
En
un encuentro con periodistas en La Paz, el secretario técnico del Filac, el
colombiano Gabriel Muyuy, y el vicecanciller boliviano, Freddy Mamani Machaca,
presentaron este lunes el evento, previsto para este jueves y viernes con un
formato «híbrido», es decir, con algunas participaciones presenciales y otras
telemáticas.
La
Asamblea General es la «máxima autoridad» del Filac que abordará en esta
ocasión temas como la pandemia de la COVID-19 que «ha puesto en evidencia la
situación de los pueblos indígenas y de toda la humanidad» ante carencias y
problemas como la salud, seguridad alimentaria y la crisis ambiental, entre
otros, indicó Muyuy.
El
representante del Filac sostuvo que preocupa particularmente «el fenómeno de la
migración de muchas comunidades y familias indígenas».
«Alrededor
del 40 % de los indígenas de América Latina están fuera de su territorio
generando un proceso y un problema que lo estamos denominando el fenómeno de la
desterritorialización», advirtió.
Esto
no ocurre porque «los pueblos indígenas quieran irse de sus territorios», sino
que «hay una situación de presión que está afectando y llevando a este
fenómeno» y si no se actúa al respecto, se prevé que en cinco años el
porcentaje llegue al 70 %, alertó.
Estos
asuntos serán parte de la agenda de la Asamblea General del Filac, en la que
representantes de los Gobiernos de Iberoamérica y los pueblos indígenas
regionales trazarán un «plan de trabajo» para afrontar y superar estas
dificultades.
Está
anunciada la participación del relator especial de las Naciones Unidas para los
Pueblos Indígenas, el guatemalteco José Francisco Calí Tzay.
Elaboración
del Plan 2021-2023
Se
espera la participación presencial de 23 delegados, de los que 17 son representantes
gubernamentales y seis de los pueblos indígenas, según información del Filac.
La
asamblea comenzará el jueves con un ritual ancestral andino y luego se
presentará un informe sobre las actividades técnicas y financieras cumplidas en
el periodo 2017-2021.
Para
el viernes se prevén las deliberaciones y adopción del Plan 2021-2023, además
de la elección de un nuevo Consejo Directivo integrado por 12 miembros, seis
delegados indígenas e igual número de representantes gubernamentales que se
encargarán de poner en marcha el programa bianual.
Con
sede permanente en Bolivia, el Filac es un organismo internacional creado en
1992 por la II Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada
en Madrid, para apoyar los procesos de desarrollo y promoción de los derechos
de los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas de América Latina y El
Caribe.
El
organismo está integrado por Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y los Estados
«extrarregionales» de Bélgica, España y Portugal.
En
América Latina y el Caribe actualmente hay unos 825 pueblos indígenas «en
situaciones muy diferentes», dijo Muyuy.
EL
PRISMA WIPHALA
Telesur de Venezuela
(https://bit.ly/3BfB0KR)
Significa
un reconocimiento al símbolo de lucha por los derechos de los pueblos
originarios hasta llegar a todas las comunidades indígenas del Abya Yala.
La
bandera multicolor surgió con un sentido pacífico, pero se convirtió en
guerrera desde la llegada de los españoles. Hoy por hoy es la insignia más
conocida de los pueblos originarios del Abya Yala (América).
¿Cómo
descolonizar la enseñanza de la historia, si nos dejamos robar la identidad?
Para
visibilizar la lucha de los pueblos originarios, el reconocimiento de sus
derechos y supervivencia, conviene entender el origen de su tradición.
Justamente
ahora, cuando todavía el mundo celebra la llegada de la hispanidad, que vista
desde el Sur, fue el genocidio más largo de la historia y el impacto entre
culturas, con toda intención aniquilador para los americanos.
El
nuestro, es un abigarrado relato de las vejaciones vs resistencia, que América
Latina ha sufrido a manos de los intentos colonizadores.
Defender
los símbolos originarios, reafirmar su tenacidad frente al colonialismo y el
capitalismo globales, es reivindicar la esencia de los pueblos indígenas.
No
hay símbolo pequeño
Se
estima que alrededor de un 90 por ciento de la población había muerto, hacia
1600, como consecuencias de la invasión española al continente americano.
Envuelto
en un aura gloriosa, cada 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad,
ante el desconcierto de los pueblos indígenas, quienes quedaron "con la
esperanza en un hilo" y sus descendientes, hasta hoy tiran del mismo,
aferrados a la vida.
Entonces,
no hay símbolo pequeño entre los pueblos originarios. Cada uno ha sido
defendido con el valor de su resistencia o únicamente a través de los
guardianes de la memoria, los abuelos.
A
propósito, no puede parecernos de menor interés la defensa de sus íconos.
Porque primero te quitan tu cultura, y después la vida.
Para
que las guerras sean eficaces, deben ser lucrativas. Entonces, anular un
símbolo lleva un único interés, imponer o mejor, venderte otro.
La
Wiphala es un prisma
¿A
quién le puede importar que la Wiphala fue inspirada en la descomposición del
Sol? Al sentimiento espiritual de los pueblos originarios, que desde las
comunidades del Lago Titicaca, en el actual límite entre Bolivia y Perú,
identificaban sus balsas de totora con insignias con los colores del arcoíris.
Es
su filosofía, capaz de refractar, reflejar y descomponer la luz de la vida en
los colores del arcoíris.
Proveniente
de la cultura Aimara, la etimología de la palabra contiene el triunfo: Wiphay y
el fluir del viento, en su Lamphaqi. Asi ven a su bandera y a la vida: un
triunfo a favor del viento.
En
aquella República que vino después, entre indios y blancos, fue definitoria la
ruta recorrida por los movimientos indígenas entre 1900 y 1947.
Las
demandas fueron por la justicia, la educación, la organización sindical y la
abolición de la servidumbre. Ante ello, la República de blancos reprimía todas
las rebeliones de los originarios, encabezados por hacendados, las autoridades
y la oligarquía, con ayuda del aparato estatal.
Aun
así, gracias a su tenacidad, trascendió el reconocimiento de los indígenas como
interlocutores válidos, silenciados hasta ese momento.
En
mayo de 1945 una gran marcha campesina llegó a La Paz, desde varios puntos del
país, conformada por varias etnias, incluso algunas del oriente.
Inició
el Primer Congreso Indígena, del 10 al 15 de mayo de 1945. Unos mil delegados
de todo el país exigieron al Estado el reconocimiento de los pueblos indígenas
en el estatuto de la nación.
Visto
con muy malos ojos por los sectores conservadores y particularmente por los
terratenientes, se acordó abolir el régimen del pongueaje.
La
tierra era vendida incluyendo los animales y los pongos, así, como esclavos.
También el mitanaje, servicio gratuito y obligatorio de trabajo en favor del
hacendado y “en teoría” sería abolido el sistema esclavista, porque en la
realidad ha sido otra la práctica.
Se
autorizó la libre circulación de los indígenas por las calles de ciudades, pero
no se tocó el tema fundamental: el de la tierra.
Fue
en el primer congreso indigenista en 1945 cuando surgió el concepto de la
Wiphala. El estandarte se convirtió en referente de las comunidades indígenas
aimaras y hasta el día de hoy, cobró gran valor entre todos los grupos
originarios andinos.
Para
el expresidente de Bolivia, Evo Morales, la Wiphala es el emblema del Abya
Yala, nombre de nuestro continente antes de la invasión española. “Es hoy
emblema de integración de la patria grande y de la lucha de los pueblos del
mundo, por la dignidad y la liberación”.
Dos
congresos regionales antecedieron a ese encuentro, en 1941 y 1943, ambos
celebrados en la ciudad de Sucre, con la presencia y liderato del cacique
Santos Marca Tola, de Pacajes.
La
voluntad de "ver orgullosos a todos los compañeros indios de haciendas y
comunidades, a los que trabajen en agricultura o en cualquier actividad o
industria, sean mujeres u hombres", en síntesis, "que todos sean
libres", se expresa en el documento final.
"El
hombre no puede servir nunca de pongo y las mujeres jamás de mittani, aunque el
patrón quiera pagar en plata o en oro, es una gran vergüenza hacer esos
servicios. Los patrones que se sirvan ellos mismos", afirman e instan a
"aprender a defenderse por sí solo", a "perder el miedo y entrar
a las oficinas".
"Debe
aprender a pensar en sus necesidades, debe luchar hasta poner remedio a ellas.
No debe dejarse explotar con nadie ni en su dinero ni en su voluntad. No debe
servir de instrumento a los malos", refiere el documento.
“Por
eso se debe consultar primero al compañero indio y convenir el precio del
salario o jornal". "El indio ha de ir a la escuela, ya no ha de ser
más la bestia de carga. Ha de ser el ciudadano que haga respetar Bolivia. Ahora
el Comité Indigenal nos ha unido y se respetarán nuestros derechos".
El
presidente, coronel Gualberto Villarroel, respaldó al Congreso Indigenal y
solicitó -a los integrantes del comité- no abandonar la lucha. "Trabajen
con entusiasmo la tierra, cumplan con su deber, pero no se humillen. Todos
somos iguales”, afirmó.
El
emblema indígena
Los
amautas aseguran que hubo restos de un estandarte con características
similares, en la costa del pacífico peruano, con una antigüedad de 800 años. Lo
que indica que fue asumida por comunidades indígenas de distinto origen,
representadas con este emblema.
Significa
un reconocimiento al símbolo de lucha por los derechos de los pueblos
originarios hasta llegar a todas las comunidades indígenas del Abya Yala. No
por gusto, durante el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales, en
noviembre de 2019, en varias regiones de Bolivia pisotearon y quemaron la
multicolor Wiphala.
Entre
1825, año de su independencia, y 2006, Bolivia conoció las consecuencias de 188
golpes de Estado, más de uno por año. El líder sindical aimara Evo Morales fue
el primer presidente indígena en la historia de este país. Obtuvo el 54 por
ciento del voto popular en las elecciones de diciembre de 2005.
Durante
13 años, el líder originario estableció un programa social para reducir la
pobreza extrema en Bolivia. Un 62 por ciento de los bolivianos alcanzó un
ingreso medio.
Con
su gestión de Gobierno consiguió notables avances en materia social, ubicando a
su nación entre las de mayor crecimiento económico de la región. Resalta en
esta etapa la nacionalización de los hidrocarburos bolivianos, que permitió al
Estado aumentar los programas sociales.
En
2019 sucedió la asonada golpista, la senadora Jeanine Añez se autoproclamó
presidenta de Bolivia. Rodeada de soldados, líderes de organizaciones racistas
y de representantes de la patronal. Ninguno de ellos había sido elegido para el
cargo que ostentaba.
Así
lo describió Le Mond Diplomatique: “La oposición tradicional se vio
sorprendida, la izquierda paralizada, la derecha reaccionaria enardecida.
Informado de que habían puesto precio a su cabeza, Evo Morales se va. Camacho
–Luis Fernando Camacho, líder derechista de oposición- entra en el palacio presidencial, donde
coloca, rodeado de los policías amotinados, una biblia encima de la bandera del
país”.
“Las
residencias de varios representantes estatales y de familiares de Evo Morales
son saqueadas, cuando no quemadas. Y en el momento en que la población sale a
las calles, el ejército orquesta la represión, con un gran número de
helicópteros y vehículos de combate blindados. No duda en disparar munición
real porque precisamente la nueva “presidenta” ha firmado un decreto que exime
a las Fuerzas Armadas de cualquier responsabilidad penal”.
Los
actos de vejación del símbolo Wiphala fueron calificados - por el Movimiento
indigenista- como racistas. En respuesta, grandes grupos de comunidades
indígenas y campesinas salieron a las calles con la proclama: "¡La wiphala
se respeta, carajo!".
Recientemente,
con un llamado a no olvidar la pérdida de muchos hermanos de lucha por el golpe
de Estado, el secretario departamental del MAS en La Paz, Eddy Loza, enfatizó
que “no podemos olvidar esos hechos criminales. La historia de aquella asonada
sangrienta no puede quedar impune”.
Igualmente
reveló que entre los enlistados está la exmandataria del Gobierno de facto,
Jeanine Áñez, entre otros actores políticos, así como exautoridades,
expresidentes y líderes opositores. También los exministros de Gobierno, Arturo
Murillo, y de Defensa, Fernando López, y el expresidente del colegio Médico de
La Paz, Luis Larrea.
No
es una tela cuadrada
Los
miembros del Consejo de Amautas Indígenas del Tawantinsuyu aseguran que no hace
falta pertenecer a un pueblo originario para sentirse representado por la
Whipala.
En
este nuevo Pachakutyk o ciclo cósmico de 500 años de luz, se han abierto -a
toda la humanidad- las puertas del conocimiento, el sentir y la sabiduría. En un principio se originó en
los runas, reconocidos los hombres de origen andino amazónico.
“Todos
los que nos consideramos hijos de Pachamama y vivimos de acuerdo a sus procesos
naturales, somos indígenas sin diferencias de color de piel, de cabellos, ojos
o vestimenta”, agregan.
“La
Unancha y la Wiphala nos representan y nos hermanan en todos los extremos del
Abya Yala (América) y del mundo. Donde exista una Wiphala o una Unancha estará
representado el amor y el respeto al universo, a Pachamama, a los animales, a
las plantas, a la tierra, a las comunidades y a la allpa mama (naturaleza)”.
Según
narra el escritor Eduardo Galeano, un hombre originario latinoamericano, que
pudo subir alto y volvió, observó lo siguiente:
“-El
mundo es eso -reveló-. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona
brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay
fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores”.
“Hay
gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que
llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman;
pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear,
y quien se acerca, se enciende”.
Eso
pasa también con los símbolos originarios, no se pueden mirar sin parpadear.
Tejidos por siglos de consistente fibra histórica, con hilos de amor y dolor,
de esperanza. Ignorados por los libros de las repúblicas de blancos.
No
admirados por quienes interpretan a su modo el despiadado momento que fueron
siglos, de la presencia colonizadora hispana en Latinoamérica, la que trajo la
Biblia que puso sobre la bandera boliviana y ordenó pisotear la Wiphala, la
presidenta golpista.
BUSCAN
ALEMANES EL LITIO MEXICANO
Luces del Siglo de México
(https://bit.ly/3jDHxJk)
La
empresa alemana ACI Group expresó al Gobierno federal su interés por invertir
en litio, luego de que una de sus filiales concretó acuerdos con la
administración de Evo Morales, en 2018, para la industrialización del mineral.
Ejecutivos
de la compañía europea realizaron el planteamiento de manera directa a
funcionarios de la Secretaría de Economía y del Servicio Geológico Mexicano.
El
registro del encuentro privado quedó plasmado en un “Informe de Comisión”,
elaborado por Flor de María Harp Iturribarría, directora general del Servicio
Geológico Mexicano.
“Una
servidora comentó brevemente sobre las cuatro asignaciones mineras del SGM
sobre litio, aclarando que están todas en una etapa temprana de exploración”,
planteó la funcionaria.
De
acuerdo con el reporte, los ejecutivos se reunieron con la entonces Secretaria
de Economía, Graciela Márquez, para exponer sus planteamientos.
En
el diálogo, realizado en la Ciudad de México en enero de 2020, las autoridades
mexicanas colocaron sobre la mesa algunos de los compromisos que tienen que
cumplir las empresas del sector minero para poder trabajar en México.
“Los
inversionistas alemanes expusieron el interés que tienen de conocer las áreas
con potencial para contener litio, cobalto y níquel, especialmente el primero de
ellos.
“Se
hizo una exposición breve de la minería en México, de las responsabilidades de
seguridad, sociales y ambientales a las que se tienen que comprometer”, indicó
el reporte.
Según
el documento, en representación de la empresa alemana ACI Group estuvieron
presentes Stefan Kosel, responsable de Ventas, y el geólogo Michael Biste.
Aunque
este último aparece registrado como representante de la compañía, existen
registros de que antes de desempeñó como cónsul honorario de Alemania en Santa
Cruz, Bolivia.
Por
su parte, Kosel, se habría desempeñado como responsable de Ventas y Desarrollo
Estratégico de Negocios en Sudamérica y también es identificada como Gerente
General de Acisa, la empresa mixta creada por la sociedad entre la alemana ACI
Systems y la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB).
El
primero de octubre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso
una iniciativa para prohibir la entrega de concesiones privadas para la
explotación del litio. Cuatro días después, dijo tener información de que
extranjeros tienen interés en el litio mexicano.
“Yo
estoy informado de que les importa mucho a los extranjeros el litio en México y
es un recurso que nosotros queremos que siga siendo de la nación. Es un mineral
fundamental para el desarrollo de las nuevas tecnologías, todo lo que tiene que
ver con los teléfonos celulares, la posibilidad de tener las pilas, baterías
para que haya carros eléctricos, para muchas otras cosas”.
Logró
ACI Group acceder a Bolivia
En
2018, Bolivia eligió a ACI Group para la industrialización de litio, lo que
incluía la instalación de la planta de fabricación de baterías, con fines de
exportación a Europa.
La
compañía fue seleccionada para trabajar con la empresa estatal YLB -con una
participación de 51 por ciento para la gubernamental y 49 por ciento para los
privados-, con el fin de industrializar el mineral de manera conjunta.
Sin
embargo, los disturbios y el conflicto postelectoral registrados en Bolivia, en
noviembre 2019, frenaron el desarrollo del proyecto.
Un
año después, Evo Morales aseguró que los grandes yacimientos de litio que
existen en Bolivia motivaron el “golpe de Estado” que lo obligó a salir de su
país y recibir asilo en México.
En
mayo de este año, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, reveló que México
recibía asesoría de Bolivia sobre la explotación de litio.
“Con
la visita del Presidente de Bolivia, Luis Arce, se acordó que por la
experiencia que ellos tienen en la explotación de este mineral, que nos
ayudaran para analizar qué es lo más conveniente para la Nación, qué es lo que
más conviene”, dijo entonces.
Actualmente
en México solo existen ocho concesiones otorgadas a empresas privadas , mismas
que podrán mantenerse, siempre y cuando comprueben, ante la Comisión Federal de
Electricidad y la Secretaría de Energía que han iniciado el proceso de
exploración y que están en los términos previstos para empezar la producción.
LOS
INDÍGENAS BOLIVIANOS TOMAN LA DEFENSA DE SU TIERRA EN SUS PROPIAS MANOS
Los miembros de la comunidad
indígena en la región boliviana de Lomerío se ofrecen como voluntarios para
servir como miembros socioambientales en un intento por proteger su territorio.
Tienen la tarea de confirmar la información satelital que identifica la
ubicación de posibles incendios, protegerse contra la minería ilegal y la
extracción de petróleo y gas, y las invasiones de sus tierras. Alrededor de 50
monitores de cuatro territorios indígenas están participando en el programa, al
que denominan “una experiencia increíble”.
Mongabay de Indonesia
(https://bit.ly/3CkfqpY)
Cuando
las amenazas de potencial actividad minera llegaron a la comunidad boliviana de
Las Mangas, en el territorio indígena Lomerío, la comunidad sostuvo una reunión
donde decidieron frenar la minería. Ailin Vaca Diez, la líder de la comunidad,
tomó una posición. “Quería dejar claro que, por unos pesos, perderíamos nuestra
flora y fauna”, dice.
En
2018, en reconocimiento a sus esfuerzos por proteger su territorio comunal, a
Vaca Diez se le solicitó unirse a un grupo de monitores socioambientales que
trabajan con el Centro de Ordenamiento Territorial Autonómico (CPTA),
iniciativa del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales. Research (CEJIS), una
ONG.
En
los últimos meses, este grupo de 50 monitores ha jugado un papel fundamental en
la lucha contra los incendios. A medida que se acerca la temporada de
incendios, el equipo permanece alerta ante cualquier riesgo para su territorio.
Pero también tienen otras responsabilidades.
Como
guardianes de sus territorios, los monitores también están atentos a las
posibles actividades mineras y de exploración de petróleo y gas en sus bosques,
así como a la amenaza de sequías que podrían afectar a lagos y ríos. Además,
reciben capacitación continua sobre cómo aplicar la legislación ambiental
boliviana para que cuenten con información veraz a la hora de defender su
tierra.
Tecnología
en territorios indígenas
Lomerío,
ubicado en el centro de Bolivia, es uno de los cuatro territorios indígenas que
cuenta con monitores socioambientales comprometidos.
En
estas áreas Indígenas, los monitores se han convertido en aliados clave del
monitoreo satelital que ya hace CEJIS. Verifican en el suelo lo que recogen las
imágenes de satélite, incluidas las alertas de puntos calientes que podrían
convertirse en incendios.
En
caso de incendio, los monitores utilizan teléfonos móviles con GPS y
aplicaciones para recopilar información geográfica precisa.
Victoria
Aguilera, geógrafa del equipo de investigación de la CPTA, dice que cuando una
alerta satelital apunta a un área potencialmente afectada, los monitores
reciben la información geográfica y la visitan para verificar si hay un
incendio. “Recopilan las coordenadas a través de aplicaciones e ingresan una
descripción del problema, y los datos se cargan en la nube tan pronto como el
teléfono tiene conexión a Internet. La información llega casi en tiempo real ”,
dice.
Aguilera
dice que cuando se propusieron crear equipos de monitores, fueron los propios
miembros de la comunidad quienes propusieron representantes para capacitarse en
el uso de las herramientas tecnológicas. “Nos sorprendió el gran interés que
mostró la gente”, dice Aguilera.
Los
equipos están formados por jóvenes desde los 16 años hasta miembros mayores de
50 años. “De estos, al menos el 30% son mujeres, aunque en algunas comunidades
la cifra llega al 50%”, dice Aguilera.
“Los
equipos necesitaban capacitación sobre cómo usar estas herramientas para el
monitoreo territorial”, dice Aguilera. “Los jóvenes manejan muy bien los
teléfonos celulares, pero al mismo tiempo necesitan la perspectiva de quienes
conocen la tierra”.
Además
de estar alerta a los incendios, los monitores también vigilan los recursos
hídricos. “Lo que más me preocupa es el problema del agua”, dice la líder
comunitaria Vaca Diez. "Las lagunas naturales se están secando debido a
problemas como el cambio climático y la quema de colonias menonitas".
El
trabajo de los monitores no es fácil. Vaca Diez dice que cuando necesita
revisar las lagunas, tiene que levantarse temprano para preparar las cosas en
casa para sus tres hijos. Luego, después de un largo día de caminata, regresa a
casa para cuidar una vez más de su familia.
Vigilar
las actividades mineras y petroleras también entra dentro de las competencias
de los monitores, así como las amenazas de invasión: entrada ilegal en sus
territorios por parte de forasteros que buscan expandir sus tierras de cultivo.
Más
allá de la monitorización
“Los
monitores socioambientales generan sus propios datos y están al tanto de los
cambios que se están produciendo dentro de sus territorios”, dice el sociólogo
Arturo Revollo del equipo regional de gestión territorial indígena de Santa
Cruz del CEJIS.
Revollo
dice que es vital que los miembros de la comunidad administren dicha información,
ya que esta es la única forma en que pueden tomar decisiones informadas sobre
el futuro de sus territorios.
La
idea detrás del monitoreo, dice Revollo, es que las poblaciones indígenas
comprendan y tengan control sobre los problemas que ponen en riesgo sus
bosques. “Esto es fundamental para la toma de decisiones y una buena gestión
territorial”, dice.
Por
ello, los monitores están capacitados para comprender las leyes, reglamentos,
tratados, acuerdos y, en general, las normas bolivianas e internacionales que
les permitan tomar las decisiones más adecuadas y evitar daños ambientales en
sus comunidades.
“Me
convertí en monitor luego de una disputa, cuando los mineros llegaron a mi
comunidad sin consulta, como si nos estuvieran subyugando”, dice José Cuasace,
monitor de la comunidad de Totoca, en el territorio de Lomerío. “Fue entonces
cuando decidí que quería formar parte de este equipo de monitores”.
Comenzaron
aprendiendo sobre la ley de minería y la Constitución de Bolivia, dice Cuasace,
así como visitando áreas en el territorio donde los mineros operaban
ilegalmente. Luego fueron capacitados para usar tecnología GPS y teléfonos
celulares para ubicar áreas según las coordenadas.
“Durante
dos años hemos estado observando con preocupación cómo se ha incendiado nuestro
territorio”, dice Cuasace. “Por esta razón, ahora hemos sido capacitados como
bomberos voluntarios y seguimos luchando contra esta amenaza”.
Los
monitores son parte de CICOL, la unión de comunidades indígenas de Lomerío.
“Somos el brazo operativo socioambiental de nuestra organización”, dice
Cuasace.
Organizarse
de esta manera ya ha cosechado recompensas, agrega. “Hemos logrado relevar la
mayor parte de nuestro territorio”, además de haber detenido las amenazas.
“Antes, había mucha usurpación y tráfico de madera. Ahora conocemos nuestros
límites territoriales y tratamos de evitar disputas. Es una experiencia
increíble ”.
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